Desde hace varias semanas, las redes sociales del Museo Británico de Londres están inundadas de comentarios, muchos de ellos escritos en español. Estos comentarios, que no tienen ninguna relación con las publicaciones del museo, han sido escritos por internautas chilenos. Piden la devolución de un moái robado en la Isla de Pascua en 1868. RFI ha hablado con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa.  Son dos estatuas, una grande tallada en basalto y una pequeña. Estos dos moáis se encuentran en el Museo Británico de Londres y desde que un influencer en Chile acusó a Reino Unido de haberlos robado, están en el ojo público. El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, nos contó que la campaña no se originó en la isla de Pascua, que por cierto, lleva años dialogando con el museo."El Consejo de Ancianos ha estado llevando conversaciones con el museo desde el año 2018 con el propósito de establecer que los moáis que están en el museo son propiedad del pueblo Rapanui", explica el alcalde a RFI. "El museo tiene una versión que dice que el moái fue donado por los rapanui y nosotros no aceptamos esa versión, creemos que hay que continuar conversando hasta que se agoten los medios diplomáticos de conversación", explica al edil, quien no descarta llevar al Museo Británico de Londres a la justicia. "En el caso de que no funcionen los diálogos diplomáticos y si insisten en que les fue donado, entonces van a tener que traer las pruebas ante el juez", añade. Reconocer la propiedad de los Moáis no forzosamente llevaría a devolver este patrimonio. Pedro Edmunds Paoa propone varias opciones. "Tiene que haber una consulta en Rapa Nui, si el pueblo quiere que nuestro ancestro vuelva a nuestro museo o que nuestro ancestro se mantenga a modo de embajador del pueblo Rapa Nui y de la cultura Rapa Nui en el Museo Británico", propone. Además, también contempla una especie de asociación entre Rapa Nui y el Museo Británico para que participe en la conservación. "La conservación de los otros sitios que nosotros tenemos en la isla. Y no hay dinero para eso en el estado de Chile. Sería lo ideal, lo sensato, considerando que nuestros sitios de mayor valor lo necesitan urgentemente", concluye el alcalde Pedro Edmunds Paoa.

RFI: El Senado estadounidense aprobó a inicios de febrero un paquete de 90.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán, impulsado por la administración Biden y apoyado por un pequeño grupo de Republicanos, pese al rechazo de Donald Trump.Ahora el proyecto debe pasar a la Cámara de representantes y eso no será tarea fácil, como lo explica la especialista en Defensa, Carla Martínez Machain, profesora de la Universidad de Buffalo. Carla Martínez Machain: 'Tradicionalmente, al menos los últimos treinta años, los republicanos han sido un partido internacionalista. Han estado a favor de las intervenciones militares de Estados Unidos que puedan votar. Lo que estamos viendo hoy en día es que están divididos. Los congresistas de la extrema derecha que apoyan a Donld Trump no están apoyando a Ucrania y también creo que se ha convertido en una lucha política interna en el sentido de que si se aprueba sería una victoria política para Joe Biden. Esto empezó como una negociación de que a cambio del paquete de financiamiento a Ucrania los republicanos pedían una reforma migratoria para la frontera sur, pero a estas alturas creo que esto no se va a realizar y que se va a negociar básicamente nada más que la ayuda financiera a Ucrania. Al pasar del Senado a la cámara baja, la Cámara de representantes y entonces el problema que tenemos es que aquí hay mayoría republicana. El presidente de la Cámara de representantes Mike Johnson no quiere que se deje pasar el voto, no lo pueden hacer solos los demócratas porque están en minoría, entonces tendrían que conseguir no sólo votos de algunos republicanos, pero también los votos de algunos demócratas, que son los más de izquierdas del partido que de momento no se planean  votar el paquete de ayuda financiera, porque el paquete también incluye ayudas a Israel."           RFI: Según altos oficiales del ejército estadounidense, el tiempo corre y de no recibir financiamiento de aquí a mayo, las operaciones relacionadas con Ucrania se pueden quedar sin fondos suficientes. Carla Martínez Machain: "Lo vimos recientemente con la caída de Avdíivka en manos de los rusos hace pocos días,  básicamente fue por falta de armas, porque los rusos tienen superioridad aérea, pero la ayuda financiera de Estados Unidos va a importar muchísimo Y eso va desde municiones hasta los aviones de caza F-16 como hemos oído recientemente  Si parece que les van a entregar algunos Dinamarca, Holanda, pero eso solo va a alcanzar para uno o dos escuadrones. Se va a tener que continuar con el programa de entrenamiento de los pilotos  de los caza F-16 y para eso también se necesita que se apruebe el paquete de ayudas financieras.”   

RFI entrevistó a la especialista en Defensa Carla Martinez Machain, profesora de la Universidad de Buffalo, sobre las tensiones entre demócratas y republicanos en torno a la ayuda militar a Ucrania, mientras este país entra en su tercer año de guerra contra Rusia. 'Los congresistas más de extrema derecha, los que apoyan a Trump, no están respaldando a Ucrania', subraya la especialista. El gobierno del presidente Volodimir Zelenski ha hecho un llamado a sus aliados internacionales, rogándoles que no bajen los brazos y sigan enviando ayuda militar. Sin embargo, en Estados Unidos, este apoyo se ha convertido en un punto de fricción política entre los partidos y, de manera más general, en la población.El Senado estadounidense aprobó a principios de febrero un paquete de 90.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, impulsado por la administración Biden y apoyado por un pequeño grupo de republicanos, a pesar del rechazo del precandidato republicano Trump, favorito en la campaña de ese partido.El proyecto debe pasar a la Cámara de Representantes y eso no será tarea fácil, explicó a RFI la especialista en Defensa Carla Martinez Machain, profesora de la Universidad de Buffalo."Tradicionalmente, al menos en los últimos 30 años, los republicanos han sido un partido internacionalista que ha estado a favor de las intervenciones militares de Estados Unidos. Recordemos a George W. Bush. Hoy en día, en cambio, vemos que los republicanos están divididos. Los congresistas más de extrema derecha, los que apoyan a Donald Trump, no están respaldando a Ucrania. Esto se ha convertido en una lucha política interna en el sentido de que, básicamente, si se aprueba, es percibido como una victoria política para Joe Biden", sostiene Carla Martínez.El forcejeo político en torno a esta cuestión comenzó con una solicitud de los republicanos en el frente migratorio."Esto empezó como una negociación en la que, a cambio del paquete de financiamiento a Ucrania, los republicanos querían una reforma migratoria en la frontera sur. Pero en este punto, creo que eso no se va a realizar y va a tener que negociarse solamente la ayuda financiera a Ucrania. Del Senado, la solicitud de ayuda financiera ahora pasó a la Cámara de Representantes. Pero ahí, en la Cámara Baja, hay mayoría republicana. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no quiere que se deje pasar el voto. Los demócratas no pueden hacer aprobar esto solos porque son minoritarios en esta cuestión. Entonces tendrían que conseguir no solo los votos de algunos republicanos, sino también los de algunos demócratas, en particular aquellos que son más de izquierda en el partido, los cuales por el momento tampoco planean votar a favor del paquete de ayuda financiera porque incluye ayuda a Israel", resume esta especialista.Según altos oficiales del ejército estadounidense, el tiempo corre y si no se recibe financiamiento para mayo, las operaciones relacionadas con el apoyo a Ucrania pueden quedarse sin fondos suficientes."La reciente caída en manos de los rusos de Avdiivka se debió básicamente a la falta de armas. Los rusos tienen superioridad aérea. Por eso, la ayuda financiera de Estados Unidos va a tener muchísima importancia. Es una ayuda que cubre desde municiones hasta, por ejemplo, aviones caza F-16, como ha sido evocado últimamente en las noticias. Parece que Dinamarca y Holanda van a entregar varios de estos aviones a Ucrania. Algunos vienen también de Estados Unidos. Pero esto no va a alcanzar escasamente para formar uno o dos escuadrones. Y también hay que continuar el programa de entrenamiento con los pilotos de los cazas F-16. Para esto último también se necesita que se apruebe el paquete de ayuda financiera", puntualiza Carla Martinez Machain, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Buffalo en el estado de Nueva York.

Las profundas divisiones internacionales en torno a las guerras de Ucrania y Gaza quedaron patentes en la primera jornada de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Brasil. Una reunión que se realiza en medio de la tensión diplomática entre Israel y Brasil por la guerra en Gaza. Esta es, sin embargo, una oportunidad para Lula para demostrar su capacidad de negociación y liderazgo. La reunión de ministros del G20, que se celebra a orillas de la sublime bahía de Río de Janeiro, debatirá este jueves la "reforma de la gobernanza mundial". Se trata de un tema de gran interés para Brasil, que quiere dar más peso a los países del Sur en instituciones como la ONU, el FMI y el Banco Mundial. Las otras dos prioridades de la presidencia brasileña del G20 son la lucha contra el hambre y el calentamiento global.En medio de estas conversaciones se han colado, sin embargo, la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza. Temas que - pese a la posición contraria de Lula al accionar de Israel y de declararse neutro en la práctica sobre la guerra a Ucrania - no le afectan políticamente como explica Héctor Sampier, director del instituto de políticas públicas de la Universidad Estatal PaulistaYa hubo una reunión entre Lula y el envido de los Estados Unidos, reunión cordial. La tensión diplomática es entre la diplomacia brasileña y la diplomacia israelí. En general, inclusive la reunión con el representante norteamericano, inclusive la declaración de Estados Unidos, que obviamente fue crítica a Lula, fue tibiamente crítica porque es lo que corresponde, es el único país que apoya incondicionalmente a Israel. De manera general Brasil siempre tuvo una buena relación con los Estados Unidos, Brasil tiene un general brasil de la nativa en la linea en la cadena de comando del Comando Sur, eso quiere decir una cadena estratégica fuertemente establecida. Pero claro, cuando va en búsqueda de autonomía en un mundo que cada vez está más tenso en relación a una mudanza que se avecina en ese sistema internacional, es considerado una tensión pero son juegos normales en la política internacional. El conflicto en Medio Oriente no es el único tema sobre el que tiene que hacer equilibrismo Brasil, en tanto que líder del G20, a esta cita acudió también el canciller ruso Serguei Lavrov. Explicaciones sobre este tema de Héctor Sampier, director del instituto de políticas públicas de la Universidad Estatal PaulistaBrasil también ha buscado interceder en la guerra en Ucrania y Blinden ha asegurado que no hay condiciones actualmente para una mediación diplomática. Brasil se declaró neutral, condenó la invasión rusa a Ucrania pero se declaró neutral al punto de negar el envío de municiones para los tanques alemanes que serían enviados para Ucrania. Es decir, Lula es reconocido internacionalmente por su capacidad de negociación y en medio de poco liderazgo político internacional que tenga posibilidad de transitar entre ámbitos políticos antagónicos, Lula es uno de ellos. Va a ser una reunión interesante. 

La justicia estadounidense escuchará nuevos testigos y recibirá nuevas pruebas en el caso de Juan Orlando Hérnandez. RFI habla con Michael Vigil es exjefe de operaciones internacionales de la DEA quien espera "un tsunami" de pruebas ahora en el caso. Aún puede negociar un acuerdo para colaborar con las autoridades estadounidenses y dar más nombres JOH, el acrónimo por el que es conocido en Honduras donde también presidió el Congreso, está acusado de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. A cambio, según la fiscalía neoyorquina, recibió "millones de dólares" de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, igual su hermano Tony Hernández y el colaborador de éste Geovanny FuentesJuan Orlando Hernández reitera que es inocente y víctima de una venganza. Lo cierto es que dos años después de haber condenado a su hermano Tony Hernández, la justicia estadounidense escuchará nuevos testigos y recibirá nuevas pruebas. Michael Vigil es ex jefe de Operaciones internacionales de la DEA y ha afirmado en la antena de RFI: "Van a presentar bastantes evidencias. Hay una narco libreta que le pertenecía a Magdaleno Meza, que estaba vinculado con Tony Hernández y Juan Orlando, y en esa narco libreta tiene los iniciales J o H. Juan Orlando Hernández Meza estaba en una prisión en Honduras y entraron otros presos armados con cuchillos, con armas de fuego y le dispararon. También hay conversaciones que están grabados, Van a ver narcotraficantes que van a vinculados con Juan Orlando, se van a formar a un tsunami que dice la misma cosa corrupción y el narcotráfico".Juan Orlando Hernández podría ser sentenciado a cadena perpetua y aún puede negociar un acuerdo para colaborar con las autoridades estadounidenses y dar más nombres. La DEA ya lo tenía señalado desde que era congresista, pero eso no impidió que Washington firmara acuerdos migratorios con el expresidente."Estados Unidos no va a cerrar las puertas completamente con un país, porque sabemos perfectamente bien que muchas veces tenemos que navegar por la corrupción de estos países. Entonces seguimos con nuestra investigación. Muchas veces se demoran muchos años, entonces muchas personas del Comando Sur yo creo que tampoco sabían que la DEA estaba llevando a cabo una investigación porque la DEA no va a compartir esto con todo el mundo hasta que se llegue a lograr una acusación formal. Esa época estaba Donald Trump como presidente, tenía buena relación con Juan Orlando porque Juan Orlando paraba las caravanas y con la otra mano estaba haciendo actividades criminales." nos relata Michael Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA. AntecedentesHernández alega que durante su gestión se aprobaron leyes contra el narcotráfico, como la que facilitó su propia extradición.No es habitual ver a un expresidente siendo juzgado en una corte estadounidense. Antes que él, fueron condenados por la justicia estadounidense el panameño Manuel Antonio Noriega, en 1992, y el guatemalteco Alfonso Portillo, en 2014.El año pasado, el exsecretario de Seguridad Nacional de México, Genaro García Luna, el funcionario mexicano de mayor rango en sentarse en un banquillo en Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico, entre otros cargos. El próximo 24 de junio está previsto el anuncio de su condena, tras ser retrasado en varias ocasiones.

El partido del presidente dominicano, Luis Abinader, fue el ganador de las elecciones municipales de este fin de semana, un triunfo que, según expertos, abre el camino a su reelección en las presidenciales de mayo. Luis Abinader pone rumbo a su reelección como presidente de República Dominicana tras la victoria aplastante de su Partido Revolucionario Moderno en las elecciones locales realizadas el pasado fin de semana. Aun con los datos provisionales, el PRM, habría obtenido la victoria en 30 de las 32 provincias dominicanas. Un triunfo que lo consolida como el primer partido político del país a tan sólo tres meses de que se celebren las elecciones generales y presidenciales.Análisis del politólogo internacionalista dominicano, Luis González.RFI: ¿Cuáles serían las claves de la victoria apabullante del PRM en las elecciones locales del país? Politólogo Luis González: El gobierno del presidente Luis Abinader y él, como persona, está bien medido todavía, independientemente del desgaste de cuatro años. Llegó al poder en momentos difíciles para el planeta con la pandemia y aún así él ha mantenido a flote el país. La economía está entre 4.ª y 5.ª de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Somos la potencia turística del Caribe, superando 10.3 millones de turistas. Inversión extranjera, alianza público privada. Creo que esa ha sido la razón. Y segundo, que la oposición, desafortunadamente, aunque plantearon que iban a una unidad, no hubo tal unidad y es todo lo contrario. Yo creo que está más dividida que nunca. Precisamente es significativo que los opositores PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Revolución Dominicana, el PRD, hayan constituido la alianza de rescate llamada RD. ¿Esta es la única vía, la única opción de derrocar a Betancur en las elecciones generales?Es que precisamente le decía ellos han planteado eso, pero eso es semántico. Realmente no hay tal unidad. Creo que el presidente Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta, aún se unan, aún estén consolidados. Se puede hacer la lectura de que el dominio político del Partido Revolucionario Moderno obedece también al cansancio que pudo ejercer en la ciudadanía esos años seguidos en los que gobernó el Partido de Liberación Dominicano, hoy el mayor partido de la oposición. Sí, totalmente de acuerdo. Venían de 16 años consecutivos (2004- 2020). Es más difícil para ellos conectar. ¿Cómo pueden decir que van a resolver los problemas nacionales y tuvieron 20 años, 16 consecutivos y no los resolvieron? Es complicado para ellos. Mientras tienen a un partido que se está consolidando. Leer también'República Domicana no puede pacificar sola a Haití', dice analista Iván GatónEl presidente en funciones, Luis Abinader y el exmandatario Leonel Fernández, serán los dos grandes candidatos en la pugna por la presidencia dominicana el domingo 19 de mayo, sin que ningún candidato supere el 50% de los sufragios. La segunda vuelta estaría prevista para el 30 de junio. 

El próximo 21 de abril Ecuador celebrará un referéndum en plena guerra contra las pandillas y el crimen organizado. El Gobierno de Daniel Noboa planteará una consulta en la que el tema principal será la seguridad y si dar más poder al Ejército en su lucha contra los grupos criminales.  El 9 de enero, tras la toma en directo de uno de los principales canales de televisión de Ecuador por un grupo armado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretaba el estado de emergencia en el país.  Este hecho fue la gota que colmó el vaso tras meses de extrema violencia e inseguridad en Ecuador. Ha pasado casi un mes de aquello y ahora el Gobierno anuncia un referéndum para el próximo 21 de abril, donde el tema principal será la seguridad: Si dar o no más poder al Ejército para acabar con el crimen organizado y la extradición de connacionales.  Daniel Pontón, experto en análisis en violencia y seguridad en Ecuador, lo analiza para RFI: "Las 20 preguntas que se quedaron en 10. Se tratan varios temas de seguridad, elevación de pena, el tema de la extradición y algunas cosas más, que evidentemente no necesitan una consulta para llegar a ellas, salvo el tema de la extradición, que creo que es el tema más sensible. En este proceso se requiere una reforma constitucional".Este referéndum es un termómetro político, marca un poco la dirección que el Gobierno debe tomar de acá en adelante.Para Pontón, la consulta servirá para asentar una política al respecto: "Este referéndum es un termómetro político, marca un poco la dirección que el Gobierno debe tomar de acá en adelante. Debe ser sostenido con políticas de largo plazo o acciones de largo plazo. Me parece que todavía no existe una claridad al respecto por parte de la del poder político". El referéndum planteado por Noboa se dará en un contexto de guerra contra una veintena de bandas criminales en Ecuador, que han causado, solo en 2023, más de 8.000 muertes en el país."Somos conocidos los últimos años por ser un país que ha tenido un nivel muy explosivo de la violencia. Y no solamente de violencia, sino también muchos actos muy sanguinarios como terrorismo y disputas de bandas criminales carcelarias", explica Daniel Pontón. ¿El nuevo Nayib Bukele?Ante tal violencia, el presidente lo tiene claro. Más militares y más cárceles. Algunos ya le ven como el próximo 'Nayib Bukele', aunque otros, como el profesor Daniel Pontón, no lo tienen tan claro: "Son proyectos de cárcel relativamente pequeñas. Tengo entendido que son cárceles que no tendrán más de 1.000 personas cada una. La cárcel de Nayib Bukele es de más de 40.000 personas. Si sumas las dos cárceles que ha prometido, no sumarán más de 2.000 o 3.000 personas. Ni de lejos es una megacárcel al lado de la de El Salvador"."Ecuador  también ha tenido ya construcción de megacárceles. Correa las creó y no fue una buena experiencia para el Ecuador, porque ahí se originó la parte del problema actual", concluye el experto.Los resultados del referéndum se sabrán el próximo 5 de junio. Mientras tanto, desde que el país entró en estado de emergencia, se han detenido ya a más de 7500 personas y se han confiscado 50 toneladas de droga.  

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició una gira por África. Este jueves se reunirá con su homólogo egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi. Posteriormente viajará a Etiopía para asistir a la Cumbre de la Unión Africana. Lula busca renovar la descuidada relación que Brasil tuvo con este continente durante los años de Bolsonaro. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició una gira por África para renovar las relaciones que ya tenía el gigante suramericano con este continente y que fueron descuidadas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, presidente entre 2029 y 2022.En sus dos primeros mandatos, de 2003 a 2011, Luiz Inácio Lula da Silva llevó a Brasil a todos los rincones del mundo, al continente africano. Viajó 30 veces, abrió embajadas en Liberia, Sierra Leona y Ghana, que serían cerradas posteriormente por Bolsonaro. Ya anunció la reapertura de estas y otras sedes diplomáticas y aunque no lo diga expresamente, sus viajes a esa región del mundo, y concretamente su política exterior africana, tiene un objetivo a largo plazo que nos explica Natalia Barceló, profesora en la Universidad de la República y experta en la política exterior de Brasil.“Hay muchos países de África que tienen proyecciones muy positivas de crecimiento económico, pero que también lo han tenido, digamos, a lo largo de las últimas décadas. Y creo que Brasil ha sabido aprovechar esta bonanza en materia de cooperación económica, comercial, en intercambios comerciales. Después de China, Brasil es uno de los países que tiene más cantidades de inversiones extranjeras directas en el territorio africano. Brasil ha jugado un rol fundamental para la inclusión de este continente en la toma de decisiones que son relevantes para el mundo. Por eso creo que tiene gran importancia esta gira que está iniciando el presidente Lula da Silva por ese continente”.África también mira con buenos ojos a Brasil. Prueba de ello es que la Unión Africana ingresó al exclusivo bloque del G20 gracias al apoyo del mandatario brasileño. “Aquí no hay que olvidar que Lula participará también en lo que es una cúpula de jefes de Estado y de la Unión Africana en Etiopía, de bloques que de alguna manera buscan proyectar y coordinar aspectos vinculados a la integración energética, de infraestructura. Y bueno, esa adecuación y esa necesidad de tener más voces, de tener un mundo más multipolar, creo que en el caso de Brasil, pero también en este caso de la Unión Africana, lo ha adoptado digamos como una pauta a desarrollar y que en este tercer gobierno de Lula da Silva es retomado con muchísima más fuerza, con más contundencia”, puntualiza Natalia Barceló.Un cálculo de la ONU estima que para 2050 África concentrará un cuarto de la población mundial.

2024 se anuncia como el año electoral más grande de la historia de México por la cantidad de cargos en juego, más de 20.000, incluida la Presidencia de la República, gobernantes estatales y municipales. Pero también puede ser histórico por la violencia electoral. En este proceso, la ONG Laboratorio Electoral reporta 33 personas que han sido asesinadas, entre ellas 16 aspirantes. La coordinadora de la ONG, Daniela Arias, explicó a RFI que tanto los aspirantes de Morena, el partido en el poder, como los de la oposición, se han visto afectados de igual manera.“Encontramos que el partido que más casos de violencia electoral sufre es Morena por la presencia que tiene el partido en el país. Es mayoritario, ocupa 21 gubernaturas, la mayoría en 22 congresos locales y muchísimas municipalidades. Ese nivel de presencia en proporción nos deja ver una mayor cantidad de personas asesinadas en ese partido", puntualiza. "Cuando hacemos el zoom sobre casos de aspirantes por partido político, no hay mucha diferencia entre aspirantes de Morena versus aspirantes de la oposición, como de partidos como el PAN o Movimiento Ciudadano, que es un partido que va por vía propia”, destaca Arias.Algunos de los políticos que han sido asesinados son Ricardo Taja Ramírez, quien buscaba ser presidente de Acapulco por Morena, el partido en el poder; Giovanni Lezama, quien aspiraba a ser diputado federal por el Partido Acción Nacional de la oposición; o el caso de Miriam Nohemí Ríos, del partido Movimiento Ciudadano, también de oposición. El número de asesinatos podría incrementar en los próximos días, cuando los candidatos oficialicen su registro.“Pensando en que todavía nos falta todo febrero va a ser el mes en el que las y los aspirantes van a empezar a inscribirse. Nos llama la atención que incluso antes de empezar, digamos esta misma etapa que empieza el 15 de febrero de este año, ya tengamos pues 33 personas asesinadas, entre ellas 16 aspirantes. Nosotros esperamos que no, pero existe la posibilidad de que durante este mes haya un repunte de los casos, justamente para evitar que las personas se registren como candidatas de manera oficial ante la autoridad electoral, como ya ha pasado en otras elecciones”, explica.En las elecciones de 2018 fueron asesinados 145 políticos, de los cuales 48 eran candidatos.

En la misa de domingo, Javier Milei y el Papa Francisco tuvieron su primer encuentro en el Vaticano. Es la primera vez que se ven frente a frente antes de la audiencia programada para el lunes 12 de febrero, donde podrán hablar extendidamente. La posible visita del Papa a Argentina es un tema importante para Milei, cuyo gobierno es contestado en las calles de su país.  Disruptiva, como su campaña política, la vista de Javier Milei en El Vaticano.Hace años, Milei llamó al sumo pontífice “imbécil”, “representante del maligno” y cuando era candidato lo acusó de “injerencia política”. Ahora que es presidente de Argentina su postura ha cambiado y busca una buena relación con “el argentino más importante de la historia”, como se refirió al Papa horas antes de la misa.   Con este encuentro Milei espera acercarse al Vaticano, algo necesario para guardar a su importante núcleo de votantes conservadores con el que cuenta. El analista político argentino Germán Galarza dijo a RFI que “la Carta de Javier Milei enviada al Papa fue decisiva para llegar al electorado conversador” que estaba alarmado por aquellos propósitos.Galarza puntualizó que Milei, al destacar en la carta que su gobierno heredaba “una situación compleja en materia económica” y por lo cual le expresaba su necesario acompañamiento, Milei le pidió indirectamente al Papa que avalara sus medidas gubernamentales.En la carta también se puede leer que su visita “traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos, ansiosos de superar divisiones y enfrentamientos”.Un argentino sin regresarOtro tema importante que Milei quiere cerrar con la Santa Sede es la potencial visita del Papa Francisco a Argentina. Hasta ahora, Jorge Bergoglio no ha regresado a su país de nacimiento como Papa. De momento el Vaticano ha dado indicios positivos de que el viaje tenga lugar antes de que acabe 2024, pero sin confirmación oficial. De conseguirlo, sería un importante logro para Milei, no solo ante sus votantes conservadores."En un contexto socioeconómico muy complejo, que venga el Papa, la imagen de Milei podría ser favorable porque sería el presidente que logró que regresara a Argentina", dijo Germán Galarza.En una entrevista con Vatican News, el actual arzobispo de Buenos Aires Jorge Ignacio García Cuerva manifestó la impaciencia que hay por ver a Francisco en Argentina, cuya visita sería "el encuentro del pastor con su pueblo".Aunque también reconoció las suspicacias políticas en torno a una figura cuyas afirmaciones y omisiones se siguen con lupa en su país: "a veces, los argentinos a Bergoglio no lo hemos dejado ser Francisco, y lo hemos metido en el barro de nuestras discusiones"."Ojalá el presidente y lo convenza y lo tengamos" este año en Argentina, dijo a radio Mitre el ministro del Interior, Guillermo Francos, que acompaña a Milei en la visita a Roma y el Vaticano.

Ya inhabilitado por propagar noticias falsas, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro podría afrontar incluso la cárcel. El exmandatario afronta una investigación por tentativa de golpe de Estado por intentar revertir los resultados de las últimas elecciones que dieron la victoria a Lula da Silva. Un presunto plan con aires trumpistas, que pasaba por alentar las protestas de la población, sembrar dudas en el sistema electoral y para culminarlo, llamar al Ejército para prorrogarse en el poder. El 8 de enero de 2022, seguidores radicales de Jair Bolsonaro tomaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasil, irrumpiendo en la sede del Congreso e intentando entrar en el Palacio de Planalto.Intención final de desplegar al EjércitoPor lo ocurrido en aquella fecha, se investiga ahora al expresidente por "tentativa de golpe de Estado", que se ha plasmado en una gran operación policial este jueves en Brasil. El exmandatario ha tenido que entregar su pasaporte. La operación involucra además a otros cuatro generales y a dos exministros. Los implicados habrían tratado de revertir la victoria de Lula da Silva en las elecciones.Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, explica las similitudes con lo intentado por Donald Trump en Estados Unidos, alentando dudas sobre el sistema electoral y llamando a la revuelta, pero en este caso, con la intención final de desplegar al Ejército.Según él, se dio “al estilo de Trump”, con “la cuestión de las redes sociales, las mismas fake news, que van a crear un enojo de parte de la población acerca de la democracia, de los sistemas políticos”. “El estándar sería un golpe militar tradicional”, recalca, pero la idea era, después de las manifestaciones en Brasilia, “llamar a los militares para garantizar la ley y la orden”.¿Qué impacto sobre sus seguidores?No en vano Bolsonaro, ya inhabilitado por propagar noticias falsas, habría preparado incluso un decreto para consolidar el alzamiento. Ahora podría afrontar penas de cárcel.En la segunda vuelta de las elecciones logró el 49% de los votos. ¿Cómo afrontarán sus seguidores la actual investigación sobre su candidato? La respuesta podría ser menos radical de lo esperado.Para Marcos Cordeiro Pires, hay que dividirlos entre “aquellos que son personas conservadoras” y “los militantes de extrema derecha”. El profesor estima que, en cuanto a “la gente que no es ideológica, que tiene una percepción acerca de la familia o la cuestión de la economía, que es pobre y más conservadora”, Lula puede “disminuir su polarización”.

En Viña del Mar, miles de voluntarios aportan su ayuda a las víctimas de los incendios, colaborando en lo que se puede a pesar del fuerte impacto psicológico que esto implica. Por nuestra corresponsal Yasna Mussa, desde Viña del MarAunque el centro de Viña del Mar, en la costa, está nublado y fresco, la realidad en las entrañas de los cerros de esta ciudad turística y conocida por su festival de música, es muy distinta. Allí el sol golpea fuerte mientras miles de personas trabajan en cadena en una red de solidaridad que se va construyendo cada día.Impacto psicológico y físicoMaximiliano Águila viene llegando de remover escombros y junto a un grupo de jóvenes bañados en cenizas llega a recobrar fuerzas al hotel O'Higgins, hoy convertido en centro de acopio. “Muy difícil, ya que el impacto psicológico más que físico del trabajo es bastante fuerte. Ya las familias están bastante acabadas, no quieren saber nada realmente. Aparte que la ayuda para allá fue escasa, es complicado llegar con manos”, cuenta a RFI.Junto a él y a un grupo de al menos 30 jóvenes, viene Amparo, quien desde Santiago decidió cambiar el rumbo de sus vacaciones de verano y sumarse a ayudar por la urgencia de la situación. “Están devastadas. Creo que si me pasara a mí querría que la gente me pudiera ayudar porque yo como persona que acabo de perder todo creo que no me querría hacer cargo de mi casa. Igual había niños con los que traté de jugar también”, explica.Ninoska Bouillet, oriunda de Maipú, una comuna de Santiago, está instalada bajo un toldo revolviendo una enorme olla humeante. Dice que su hijo convocó a toda la familia para venir a ayudar: “Mi hijo Jonathan juntó en Maipú cositas, llegó a Quinteros y de ahí nos vinimos en caravana. En familia. Ahora estamos haciendo un consomé de pollito”.Es una organización que ha surgido casi siempre de manera espontánea, y que hoy tiene un ritmo distinto, con calles repletas de personas de diversos orígenes y condiciones colaborando en lo que se puede, aportando comprometidos con levantar esta parte del país que fue arrasada por las llamas.“Para que no sientan que están solos”Desde Valparaíso, una ciudad que conoce muy de cerca las consecuencias de los megaincendios, llegó un sindicato con 30 personas y un carro con comida para repartir durante el día.“Somos un grupo que trabajamos en Caleta Abarca. Somos comerciantes. Muchos somos de Viña, otros de Valparaíso, y nos nace de corazón porque somos de aquí, somos de la zona. Gracias a Dios nuestras casas no se vieron afectadas. Nosotros ya vivimos el incendio de 2014, pero gracias a Dios ahora no hay nadie afectado en el grupo que estamos acá”, expresa Emilio.Nelson Araya nos cuenta que trajeron más de 500 almuerzos para repartir: “Si igual vivimos eso, fue algo bien trágico, pero ahora vinimos acá a apoyar a la gente, para que no sientan que están solos. Porque a uno cuando le pasan estas tragedias lo primero que piensa es que está solo y no es así”.

Todavía impactado por la noticia, Chile dice adiós al empresario, al parlamentario y al dos veces presidente del país, fallecido en un accidente de helicóptero. ¿Qué legado deja Sebastián Piñera? “En ese accidente un helicóptero capotó, había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el ex presidente Sebastián Piñera”, comunicó la ministra de Interior, Carolina Tohá, en una rueda de prensa.Figura política destacadaChile, todavía impactado por la noticia, dice adiós al líder de una derecha distinta, al que hizo temblar a la izquierda chilena, al empresario, al parlamentario y al dos veces presidente del país, pero también al creador de las piñericosas por sus desafortunados errores que acabaron siendo legendarios memes en redes sociales.Hasta sus últimos días, Sebastián Piñera fue una figura política destacada en Latinoamérica. “Su principal legado político es primero tomar, darle identidad propia a la derecha, a la centroderecha de base liberal, hacer una distinción con lo que fue el Gobierno de dictadura militar. Él toma distancia de todo ello, incluso votó No en el plebiscito del año 1988, es decir, en lo político tuvo una clara posición de defensa de la democracia y de estar en una agenda claramente internacional de protección de medio ambiente, de inclusión de las diversidades sexuales, de protección de la mujer, de ampliación de derechos a los ciudadanos”, cuenta para RFI en español, Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad Valparaíso de Chile.Leer tambiénChile: Se multiplican los homenajes al expresidente Piñera tras su muerteLuces y sombrasUna carrera política de luces, pero también de sombras. Se enfrentó a varios estallidos sociales de los que fue acusado por organizaciones internacionales de vulnerar los derechos humanos, y también a importantes casos de corrupción por su uso de información privilegiada y financiamiento irregular. El caso Bancard, el Penta o el Cascadas le llevaron a acusaciones constitucionales de las que fue absuelto.Su primer mandato quedará marcado por ser el primer presidente de Chile de derechas desde el retorno a la democracia en 1990, y en general, su carrera política, por impulsar la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario. Sus dos mandatos le supieron a poco y muchos ya le veían como el próximo candidato a las presidenciales de 2025.“Probablemente estando en buenas condiciones físicas e intelectuales, probablemente hubiese ganado. El vacío que deja Piñera ahora en la centroderecha es importante. Es un vacío de liderazgo”, recalca Holzmann.Los que lo conocían lo señalaban con cariño como un "descarado". Como un "listillo" que amaba volar con su helicóptero por el Lago Ranco. Y paradójicamente, fue su pasión la que le robó sus alas. Hoy Chile se viste de luto durante tres días para despedirse de Sebastián Piñera.

Los custodios de las cárceles cumplen un papel esencial en las cárceles mexicanas. Algunos de ellos son víctimas, otros, victimarios. De una forma u otra, todos son testigos de primera mano de lo que sucede dentro de las prisiones, desde el corazón del sistema carcelario. Radio Francia Internacional entrevistó a una custodia. La llamaremos Gabriela. Lleva muchos años en este ingrato y desgastante trabajo. Ella conoce centímetro a centímetro diversos penales donde ha trabajado, así como el funcionamiento, legal e ilegal del sistema penitenciario.RFI: ¿Las prisiones cumplen su función de readaptación social?Gabriela: No, porque son un negocio muy lucrativo. Existen demasiados intereses creados, en especial económicos y la delincuencia organizada cogobierna los reclusorios. Los centros penitenciarios en México no son para la readaptación como manda la ley, sino que son una fuente de extorsión a los presos y sus familias; también son centros operativos del crimen organizado.¿Las autoridades participan?Son cómplices. Claro que lo saben y se benefician de ello. De hecho, ellos venden lujos y trato preferencial a los “padrinos” es decir, a los presos de mucho dinero y poder que disfrutan una zona especial. Para ellos, la prisión puede ser un hotel de lujo, para los pobres, un infierno. Los privilegios no solo se traducen en comodidad y entretenimiento dentro de las celdas de los padrinos, sino el no ser enviados a un penal de alta seguridad, donde la disciplina es de hierro. Los privilegios son muy caros. También se puede comprar una fuga. La evasión de presos que hemos tenido fueron pactadas desde muy arriba. Físicamente es imposible salir, a menos de que todo esté acordado. En los videos de los hoy prófugos, se les ve con traje y folders llenos de papeles. La ilegalidad se practica desde las más altas esferas del penal. Un botón de muestra es Antonio Hazael Ruíz Ortega que cuando fue Subsecretario del Sistema Penitenciario, acumuló trece fugas de cárceles de la Ciudad de México.El personal del penal extorsiona a los presos y a sus familias. La venta de estupefacientes está exclusivamente en manos de los miembros de los cárteles. Si a un custodio se le ocurre vender drogas en el penal, firma su sentencia de muerte. Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, pero se alquilan. En los centros penitenciarios, con dinero, se puede conseguir lo que sea.¿Puede suceder en México lo que pasó en Ecuador, donde la fuga de un preso de altísima peligrosidad, desembocó en mucha violencia callejera y muertos?Sí, sin duda puede suceder lo mismo acá. El crimen organizado ha crecido tanto que ya es un poder en sí que compite, que se enfrenta a los poderes establecidos por la ley. El crimen organizado ejerce un gran despliegue de violencia para proteger a sus cabecillas. Además, no hay que perder de vista que actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión de Tepito están en una guerra abierta contra el Cártel de Sinaloa por el control de los 13 centros penitenciarios de la capital del país y 24 del Estado de México. No pelean dentro y fuera de los penales solamente por el monopolio de la venta de droga dentro de las cárceles, sino porque éstos son centros de extorsión y centros de operaciones.La necesidadGabriela tomó este peligroso y desgastante trabajo por pura necesidad. Aunque tiene estudios universitarios, no encontró otra oferta laboral. Nuestra entrevistada nos confió: “Al principio, cuando el entrenamiento, yo lloraba en las noches, todo me dolía y estuve a punto de tirar la toalla, pero cuando el padre de mis hijos – que siempre me menospreciaba- me dijo que yo no tenía la capacidad, que no podía con el paquete, me enojé muchísimo. Por el puro coraje y por mi orgullo herido, terminé el entrenamiento y me convertí en custodia. Actualmente hay muchas madres solteras en este trabajo”.¿Y qué hacen las custodias mujeres cuando hay un motín?Hacemos de tripas corazón y cumplimos los protocolos. Además, en cuanto damos la alarma, los helicópteros con tropas especiales aterrizan en el patio del penal mientras otras unidades llegan por tierra. Con ellos no se juega.

La sanción llega tras un acuerdo entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y Estados Unidos para el envío de armas a Ucrania. El banano es un elemento fundamental en la economía y las exportaciones del país. No obstante, más que buscar un golpe económico, parece que Rusia pretende dar un toque de atención diplomático al país, según el presidente la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador. Rusia impone una sanción a la importación del banano de Ecuador. Ha sido la respuesta de Moscú al anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de aceptar un canje de sus armas soviéticas por otras más modernas de Estados Unidos, que destinará las armas antiguas en el frente en Ucrania para ser utilizadas contra las tropas rusas.Sin embargo, lo que suena a importante castigo económico, ya que el banano supone el 2% del PIB nacional ecuatoriano y Rusia es su principal comprador, tiene echa mano a un argumento de otra naturaleza.Las autoridades rusas aseguran que la decisión llega tras detectar restos de la mosca jorobada en los envíos, pero la sanción no se aplica contra el producto, sino contra cinco empresas exportadoras de esta fruta. Un detalle, que como explica a RFI Franklin Torres presidente de FENABE, la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, deja claro que se trata de un asunto diplomático y no sanitario."Sólo cinco empresas, en realidad, de las más de 40 empresas que llegan a Rusia. Entre ellas está la del que es dueño el actual ministro de Agricultura en la actualidad. Y eso de alguna forma, creo, le da algún tinte político a la situación. Tiene que entender las declaraciones del presidente de la semana anterior, que nosotros creemos que fueron un poco desatinadas porque de alguna forma no podemos tratar a uno de nuestros principales socios comerciales, sobre todo con la sensibilidad geopolítica que tenemos en la actualidad debido a tantas guerras que tenemos, y que debió haber sido un poco más tino a las declaraciones del presidente".Esas cinco empresas proveen un 15% de los bananos exportados y sus ventas podrían, al menos a corto plazo, ser asumidas por otras compañías.Aún así, entre enero y noviembre de 2023, Ecuador exportó bananos por un valor de 689 millones de dólares y un 21% fue a Rusia. Por ello Franklin Torres pide una doble solución: por un lado cerciorarse de que se respetan los estándares de producción, y por otro, que el Gobierno acerque posturas con Rusia, importante aliado comercial."Pienso que Ecuador tiene que, de alguna manera, corresponder a ese toque con una medida primero técnica, tenemos que reforzar las medidas de seguridad, de bioseguridad, de asepsia, de higiene, y obviamente la diplomática, que de alguna forma tiene que subsanar ese impase que ha habido y que de alguna forma nos está abriendo brechas con un socio comercial no solo para banano a Rusia llega a banano, flores, aguacate, pitahaya, cacao y eso realmente podría tener un impacto muy fuerte dentro de la economía ecuatoriana".Además, el peso de esta fruta en la economía del país es fundamental, dando trabajo a 300.000 familias de forma directa. Por ello, es preferible que el problema no se enquiste a largo plazo.

Manifestantes paralizaron este 5 de febrero las principales ciudades de Haití, enfrentándose a la policía, para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Se agota la confianza para el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry. Al sufrimiento de la población, que sigue sumida en una ola intensa de violencia e inseguridad, se suma ahora el desapego y el escepticismo de los pocos actores políticos que habían apoyado a Henry hasta la fecha.“Expresión del rechazo de la población”Por ello, la sociedad civil del país convocó movilizaciones antigubernamentales que se iniciaron el domingo y que tienen previsto finalizar el 7 de febrero, fecha que conmemora la caída de la dictadura impuesta por el clan Duvalier, y día en el que Ariel Henry tenía previsto finalizar su mandato.“Hay mucha incertidumbre porque anunciaron manifestaciones, movilizaciones, huelga… Es un poco la expresión del cansancio y de la indignación de la población: después de 30 meses de un gobierno provisional totalmente ilegal e ilegítimo, las condiciones de vida son pésimas desde el punto de vista económico, social, y la inseguridad ha empeorado. Así que es un poco la expresión del rechazo de la población a esta forma de gobierno y la forma de dominación del imperialismo norteamericano”, explica a RFI Camille Chalmers, profesor de Economía y de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Príncipe.“Juego bastante confuso”Las actuales protestas en Haití han generado una cierta confusión entre la población, ya que entre los impulsores de estas movilizaciones destacan el ex policía y ahora líder paramilitar Guy Philippe, a su vez uno de los impulsores del golpe de Estado de 2004, y el exsenador Jean-Charles Moïse, el mayor líder de la oposición.“Guy Philippe fue encarcelado en Estados Unidos. Sé que reconoció sus actividades de narcotraficante y que regresó al país con un discurso muy sorprendente, aprovechando un poco el cansancio de la población para decir que quiere hacer una revolución. Discurso bastante sorprendente que no tiene nada que ver con su pasado. Jean-Charles Moïse había tenido un peso político importante, pero fue un poco desacreditado por la confusión en su alianza con un ala de la extrema derecha. Así que no tiene el mismo peso político que tenía hace como cuatro o cinco años”, comenta Chalmers.El profesor subraya que hay “una confusión enorme en la coyuntura política”, debida a que “los métodos y la visión política de Philippe no tienen mucha diferencia con el accionar de las bandas, e incluso alguna gente prevé una cierta alianza entre las pandillas y Philippe. Así que es un juego bastante confuso”. “Y también hay la hipótesis que todo eso puede llevarnos a una nueva ocupación militar extranjera de Estados Unidos”, agrega.La situación de inseguridad que experimenta el país por la acción de grupos criminales ha provocado el éxodo de más de 300.000 personas dentro de su propio territorio. Entre tanto, el estancamiento del envío de la misión internacional aprobada por la ONU ha generado incertidumbre y desesperanza entre la población.

Los contrapoderes en El Salvador están cada vez más asfixiados por la concentración de poder de Nayib Bukele. Un juez independiente y un periodista de El Faro explican a RFI cómo funcionan las cloacas del poder del modelo del presidente. Por nuestro enviado especial a El Salvador, Carlos HerranzPartiendo de la base de que el actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ganará las elecciones este domingo, el magistrado Antonio Durán expone el riesgo al que se enfrenta el país.Leer tambiénVicepresidente salvadoreño a RFI: si funcionarios negociaron con maras, ‘hay que castigarlos’“El éxito de Bukele es la propaganda”“Todo va a depender del domingo. Si el presidente logra una mayoría calificada, de 41 diputados, con eso va a tener mayoría calificada para nombrar a los funcionarios de elección de segundo grado. Esto es fiscal general de la República, el Ministerio Público en general, procuradora general de la República, procurador de Derechos Humanos”, explica Durán.“Si la gente le da ese voto de confianza, vamos a ir directo a que él logre concentrar todo el poder político. Y lo ha hecho manipulando sentimientos, emociones de la gente, porque él ha roto las reglas del juego. Se ha puesto por encima de la ley. ¿Están conscientes de que estas resoluciones que han habilitado la reelección son a todas luces inconstitucionales? El éxito de Bukele es la propaganda, es la construcción mediática de su figura”, recalca el magistrado.Leer tambiénBitcoin: ¿Convence a los salvadoreños la apuesta de Nayib Bukele?“Hasta el cuello con el tema de las negociaciones con pandillas”De hecho, la prensa independiente es un reducto. Muchos de los periodistas del medio El Faro han tenido que salir del país. Gabriel Labrador, aún desde El Salvador, pone el dedo en la llaga. Según él, las negociaciones bajo cuerda con las pandillas son la cuestión más espinosa para Bukele.“Bukele está hasta el cuello con el tema de las negociaciones con pandillas, que ya incluso están siendo ventiladas en una corte de Estados Unidos, donde hay pandilleros salvadoreños procesados, algunos ya detenidos”, comenta.Leer también‘Va a ganar con el 90%’: Bukele encara las elecciones con una enorme popularidad en El Salvador“Hay grabaciones de funcionarios del Gobierno de Bukele, testimonios de pandillas en las que ellos dan cuenta de la vigencia del pacto del Gobierno de Bukele con las estructuras de pandillas para, por un lado, el Gobierno, favorecerse de los índices bajos de homicidio, y por otro lado, las pandillas, obtener ciertas prerrogativas en las cárceles, Las estructuras de liderazgo en las pandillas con este pacto tenían ciertas preferencias y comodidades”, detalla Gabriel Labrador.Algunas voces independientes incluso han señalado a RFI que tienen preparados planes concretos para escapar del país si la presión sobre ellos aumenta.

Cerca de 25.000 personas están confinadas desde hace varios días y en riesgo de quedarse sin alimentos en pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, en el departamento del Caquetá. Esta situación se debe a amenazas de las disidencias de las FARC, informaron las autoridades. Un audio atribuido a un supuesto jefe guerrillero circula entre los pobladores desde la semana pasada: "Nadie puede transitar por el río (...) No vaya a ser que caiga por ahí gente inocente (...) Todo el mundo quieto", advierte la grabación."Existe una restricción a la movilidad sobre los ríos Orteguaza y Caquetá que perjudica principalmente" a dos comunidades indígenas cercanas a la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, explicó el gobernador departamental Luis Francisco Ruiz en entrevista con Blu Radio."Es inminente un enfrentamiento""Esta zona del Caquetá ha sido históricamente una zona de presencia guerrillera, sobre todo las FARC. Después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las FARC, aparecieron grupos residuales. Hace ocho días, llegó la información de que iba a ser imposible salir por bote, que es la única vía que se puede tomar en esa zona porque es una zona selvática. El anuncio es que puede demorarse unos 15 o 20 días más este bloqueo", comenta para RFI el periodista Gerald Bermúdez, quien acaba de regresar.Según el gobernador Ruiz, "es inminente un enfrentamiento" en la región entre el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, estructuras escindidas del grueso de la guerrilla que firmó un acuerdo de paz en 2016."Son zonas en disputa y controladas por los grupos armados. La información que nos dieron es que es una orden de la Segunda Marquetalia, no del Estado Mayor Central. Esa es la información que nos dieron de parte de las comunidades, lo cual genera zozobra. Pero sí hay presencia y hay una disputa desde hace unos tres o cuatro años por esta región, entre ambos grupos", precisa Bermúdez.Posibilidad de desabastecimientoUnas "25.000 personas aproximadamente" están aisladas por las restricciones en los ríos en una zona donde el "único acceso al momento es por vía acuática", aseguró Ruiz. En los últimos diez días sólo han podido ingresar "dos barcazas (...) con alimentos no perecederos", que fueron distribuidos en el casco urbano del municipio de Solano y poblaciones cercanas."En poblaciones como Solano, como Milán, que son cascos urbanos, algunas personas podrían estar sufriendo desabastecimiento. También otras poblaciones que no necesariamente son campesinas, que necesitan pues del abastecimiento de combustible, por ejemplo, para las plantas eléctricas que les proveen energía eléctrica, o necesitan harina, trigo... ", detalla Gerald Bermúdez."Ya había sucedido en otra parte de ese río una amenaza similar. Y cuando la población decidió pedir a las empresas de transporte que por favor hubiera movimiento fluvial, se hizo a despecho de las órdenes y después de eso asesinaron al gerente de esa empresa de transporte que lo hizo", subraya el periodista.  Y con la AFP

Desde el 7 de septiembre de 2021, la criptomoneda bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. Una política impulsada por el presidente Nayib Bukele, que aspira ahora a su reelección. ¿Es positivo el balance de esta medida? Por nuestro enviado especial a El Salvador, Carlos HerranzA 40 kilómetros de San Salvador, está la playa del Zonte, apodada la Bitcoin Beach, un pueblo de turismo de surf internacional donde un donante quiso crear la primera economía circular de bitcoin del mundo.Bitcoin BeachGustavo tiene un pequeño hotel en esta playa: “Yo utilizo bitcoin para hacer cobros, más que todo cobros. Más que todo se utiliza con el extranjero, personas que vienen desde el exterior y lo utilizan para hacer sus pagos, ya sea en alimentación, hospedaje”, cuenta.Raquel es camarera en uno de los restaurantes de primera línea de la Bitcoin Beach, y también explica que “la mayoría de los turistas pagan con bitcoin”. Según ella, es muy fácil de usar: “Nada más va a recepción, dice que va a pagar con bitcoin y ahí ya pone el número de cantidad de bitcoin que va a utilizar. Y así ya hace la transferencia. Es súper fácil y rápido”, asegura.Dos años luego de que El Salvador asombrara al mundo, convirtiéndose en el primer país en hacer del bitcoin una divisa oficial, el balance no ha sido el esperado. La economista Julia Evelyn ha estudiado a fondo el uso de esta criptomoneda, pese a la opacidad del Gobierno. Para ella, “es un balance negativo”.Un balance negativoEsta política pública de Nayib Bukele tenía dos objetivos que no se han cumplido, estima la economista: “Uno, aumentar la inclusión financiera de la población salvadoreña que no tiene acceso a servicios financieros en la banca. Entonces él pretendía que este 70% de la población que está excluida de la banca formal, a través del bitcoin pudiera realizar transacciones, pudiera realizar depósitos, pudiera tener ahorros... Sin embargo, eso no se ha cumplido debido a que el 88% de la población salvadoreña no utiliza bitcoin”.“En segundo lugar, el otro objetivo era contribuir a la dinamización de la economía salvadoreña y a la creación de empleos, pues lamentablemente tampoco eso se ha podido cumplir. Menos del 1% de las micro y pequeñas y medianas empresas de El Salvador utilizan el bitcoin en sus transacciones”, recalca Julia Evelyn.El experimento empezó con varias compras por parte del Gobierno de Bukele. El monto exacto del bitcoin que tiene El Salvador como parte de sus reservas internacionales no se sabe con exactitud, ya que el Gobierno no lleva un registro público. Una opacidad denunciada por los críticos a Bukele.

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, viajó este jueves a Bruselas para hablar del Mercosur con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta reunión se da en un contexto de fuertes manifestaciones de campesinos. Los franceses consideran que hay una desleal competencia al interior de Europa, la cual se agravaría si se permite el libre comercio con Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y próximamente Bolivia.  No obstante, el acuerdo sigue en negociaciones, y esta situación podría llevar a los mandatarios de ambos lados del Atlántico a replantear sus exigencias, más allá de los temas agrícola y medioambiental. En los últimos meses, el Mercosur ha tenido avances, pero más retrocesos debido a las normas ambientales exigidas por Europa. Con las manifestaciones de los campesinos que se oponen a dicho acuerdo comercial, este tema resurge en la opinión pública europea.“Un intercambio de concesiones”Pero si se quiere hablar seriamente del Mercosur, el economista Antoine Bouët, de la Universidad de Bordeaux, considera que no se puede reducir este tratado exclusivamente a productos agrícolas: “No podemos separar la parte de la agricultura de los otros sectores. No podemos imponerles a los sudamericanos un acuerdo que abriría a su industria tecnológica, especialmente que beneficie a la importación de tecnología proveniente de Europa, y nosotros no concederles nada en cuestiones agrícolas”.“Este tratado también incluye recursos minerales. Pensamos, por ejemplo en Argentina, que cuenta con mucho litio, en Bolivia, que está en trámites de ingreso y recordemos que el litio es esencial para la producción de baterías y vehículos eléctricos. Un tratado de libre comercio es sobre todo un intercambio de concesiones”, añade.Agricultura contra tecnología“Desde nuestra visión sudamericana tenemos una situación inversa”, comenta por su parte Oscar Fernández-Guillén, becario doctoral del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, en la Universidad Nacional del Sur, Argentina.Coincide con el economista Antoine Bouët, y precisa las cuestiones tecnológicas: “Lo que para el caso europeo representa la agricultura en términos de competitividad y competencia, para nosotros a la inversa, lo representaría todo el desarrollo tecnológico. Hay que ir más allá de lo que se está discutiendo y se deben hacer concesiones que sirvan a ambas partes”.“Nosotros necesitamos, a nivel del Mercosur, vender los productos en donde tenemos ventajas comparativas básicamente, que son todos los agrícolas, y también necesitamos traer todo lo que no se produce acá en términos de media y alta tecnología”, analiza.“Situación de win win”Mientras Francia pone atención a los temas agrícolas, Alemania está interesado en la industria farmacéutica, automotriz, aeronáutica. Por su lado, Uruguay, país cuya producción agrícola representa la mayor parte de sus exportaciones, pide liberar los obstáculos comerciales europeos. “Así como la Unión Europea tiene exigencias, América Latina y en el caso de Mercosur también tiene exigencias. Entonces el pacto se cierra cuando estemos en una situación de win-win, que por supuesto es lo deseado para las partes”, concluye Fernández-Guillén.El tratado comercial del Mercosur podría integrar a 800 millones de habitantes.

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se encamina a ganar la reelección en los comicios de este domingo 4 de febrero. Su política contra la inseguridad convence a la mayor parte de la población. Por nuestro enviado especial a San Salvador, Carlos HerranzVendedores ambulantes desfilan alrededor de la plaza Gerardo Barrios con la Catedral Metropolitana al fondo y enfrente el contraste del moderno y suntuoso edificio de la Biblioteca Nacional, regalo de China terminado hace tan sólo unos meses.La limpieza es absoluta, el pavimento renovado y los militares casi en cada esquina de este centro histórico de San Salvador, por el que ahora, a diferencia de hace tan solo dos años, sí que deambulan turistas.“Yo lo apoyo”Mauricio, jubilado de 73 años, está sentado en la plaza y nos dice claramente lo que sucederá en las elecciones del domingo: ‘Por qué va a ganar el presidente Bukele? Él va a ganar con el 90%. Yo lo apoyo. Usted anda libre aquí, no es como antes que usted no podía venir aquí porque rápido la delincuencia lo mataba a usted.Erlinda, de 48 años, es una de las vendedoras ambulantes de esta plaza. A la pregunta de si va a votar por Bukele, contesta: “Sí, claro que sí porque hay una gran mejoría aquí en El Salvador. La seguridad más que todo. Antes estaba tremendo”.A su lado pasa Saúl, 56 años, que trabaja en la administración pública: “Bueno, es buen presidente. Ha llegado a quitar toda la escoria mala que había en este país”.La enorme popularidad de Bukele se percibe a cada paso. Los sondeos apuntan a una victoria apabullante que comprobamos incluso tardando en encontrar una voz crítica o mínimamente matizada.Una oposición debilitada“Se ve como que sí, hemos mejorado, pero más que todo en la ciudad. Pero en lo que es agricultura, ha bajado, ya no les ayuda. En lo que es escuelas, no se ve la mejoría. Las promesas que hizo con las escuelas no las cumplió”, denuncia María, de 40 años, que tiene un puesto de tortillas.La oposición se juega el domingo no quedar en la irrelevancia más absoluta. La disidencia son reductos. Francisco y Ernesto forman parte de una asociación de trabajadores retirados. Nos reciben en su local a tan solo unas cuadras del centro.“Entonces esto ha llevado a una serie de abusos y capturas que han sido noticia a nivel internacional, violaciones a personas. El régimen de excepción para Bukele es su mayor logro. Para él, porque en las demás áreas ha sido un fracaso total”, explican.“Se le va a dar poder al fiscal para que él designe quiénes son terroristas y ahí nosotros corremos peligro. ¿Por qué? Porque si nos califican como terroristas, esta central sindical, van a venir a meterse aquí””, recalcan.Los dos partidos tradicionales que durante tres décadas controlaron el escenario político del país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido Alianza Republicana Nacionalista, han perdido gran parte de sus bases de apoyo a pesar de sus insistentes discursos de renovación.No logran recuperarlas ni hacer frente a la popularidad de Bukele, que ha generado un estado de satisfacción en materia de seguridad ciudadana bajo una premisa colectivamente asumida: el fin puede justificar los medios cuando el historial de violencia se hace insoportable. 

Tras la inhabilitación de María Corina Machado, la principal opositora al gobierno de Nicolás Maduro, este martes Estados Unidos anunció la restauración de las sanciones contra Venezuela. Con esta decisión, se detendría por el momento lo acordado en Barbados (elecciones libres, liberación de preso políticos y el levantamiento de sanciones económicas) Pero prudencia, pues Estados Unidos actuaría a partir del mes de abril, cuando se decida si se renuevan o no las facilidades comerciales que Washington otorgó a Maduro. Estados Unidos anunció que implementará nuevamente su política de sanciones contra Venezuela, principalmente contra su sector energético, pero como en la mesa de negociaciones hay quienes se levantan y se van, y más tarde se vuelven a sentar, el economista Francisco Rodriguez, de la Universidad de Denver, considera que es muy temprano para conocer si Estados Unidos cumplirá lo anunciado, y en todo caso, cuáles serían las consecuencias: “Todavía hay mucho por definir. Todavía falta mucho. El momento más importante es abril, que es en el momento en el que se puede renovar o no la licencia 44”, estima el economista.Revertir la licencia 44La licencia N°44 a la que se refiere Francisco Rodríguez es una de las licencias otorgadas por Washington que prevé medidas de alivio para Venezuela respecto al petróleo. Otra es la N°43 que autoriza transacciones de Minerven, empresa minera perteneciente al gobierno venezolano, y la licencia 41, otorgada especialmente a Chevron para extraer petróleo.No creo que vamos a ver un efecto inmediato hasta que se revierta la licencia 44. La licencia 43, que es la que cubre a la compañía estatal de minería Minerven, hasta ahora no había tenido mayores implicaciones prácticas. Esa reversión de la licencia de Minerven creo que es esencialmente simbólica. Incluso si se da una reversión de la licencia 44, que es la licencia petrolera”, comenta Francisco Rodríguez.“Lo que hay que entender es que, hasta ahora, no hay ninguna compañía petrolera mayor que esté usando la licencia 44, por lo menos para extracción de petróleo, porque Chevron está utilizando la licencia 41, que fue la que obtuvo en el 2022, una licencia específica que probablemente se mantenga”, subraya.Relaciones comercialesLas sanciones de los Estados Unidos también podrían perturbar las relaciones comerciales que tiene Venezuela con otros países. “Aquí también mucho depende de la práctica. Por ejemplo, si el Gobierno de Estados Unidos decidiese que va a revocar la licencia 44 en abril, pero sin embargo le envía una señal a las compañías de Europa de la India que pueden seguir operando en Venezuela y/o comerciando con Venezuela, entonces el impacto no sería tan grande”.“Si Estados Unidos señala explícitamente, como lo hizo a lo largo de los últimos años, que está dispuesto a sancionar a compañías extranjeras que comercian con Venezuela, a pesar de que eso no está involucrado directamente en la jurisdicción de las licencias emitidas por Estados Unidos, entonces ahí sí podría ser un efecto mayor”, concluye el economista.Como respuesta, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales que se trata de un grosero e indebido chantaje por parte de los Estados Unidos.

Demian Duarte, trabajador en la televisora estatal de México, es uno de los 300 periodistas afectados por la filtración de datos de los comunicadores acreditados a las conferencias de prensa matutinas presidenciales.  “Me enteré a través de las redes”, nos cuenta Duarte. “En el proceso de acreditación, entregamos datos personales, copias de nuestras identificaciones, nuestro domicilio, nuestros teléfonos y entonces obviamente es una situación en donde sí te alarma saber que tus datos, el lugar donde vives, donde trabajas, pueden estar expuestos a quién sabe qué intereses.Se filtraron sólo los datos de los periodistas acreditados a las mañaneras lo que puede ser un indicio de por dónde ha podido llegar este hackeo, según el periodista.“Va como muy dirigido y se trata, me queda clarísimo a mí, de una cuestión de sembrar incertidumbre. El ataque y la vulneración de la base de datos fue muy específicamente puesta sobre quienes participamos en la mañanera. Hay periodistas que estamos de parte del proyecto o el proceso que encabeza el presidente y a quienes están en contra. Y es muy interesante porque muchos de los datos que se dan a conocer tienen que ver con eh grupo de periodistas que tenemos, de cierta manera, pues una empatía”, explica.El escándalo que supuso este “hackeo” fue descubierto por Víctor Ruiz, fundador de la firma de seguridad cibernética Silikn, quien denunció en la red social X la filtración de los nombres y datos personales los periodistas.“En la empresa de ciberseguridad en la cual estoy colaborando hacemos un ciber patrullaje continuo. En este caso estábamos realizando esta actividad de monitoreo y nos encontramos con una base de datos que nos llamó la atención, a diferencia de otras que hemos encontrado anteriormente, no estaban pidiendo ningún tipo de dinero por descargarlas”, nos dice Ruiz. “Al corroborar esta base de datos vimos que se trataba de una base de datos real que contiene datos de alrededor de 300 periodistas. Decidimos avisar con la finalidad de que pudieran tomar algunas medidas de precaución, inclusive pues levantar algún tipo de denuncia”, agrega.  A la espera de que se resuelva la investigación, el presidente del gobierno Andrés Manuel López Obrador acusaba a sus adversarios políticos de esta filtración al mismo tiempo que reconocía el falló en la seguridad asumiendo acciones legales contra los responsables.

Argentina atraviesa una crisis habitacional, que se evidencia en la dificultad de acceso a las viviendas de alquiler, algo que es notorio en la ciudad de Buenos Aires. El precio de publicación de departamentos de dos ambientes se multiplicó por cuatro a lo largo de 2023, según cifras del gobierno de la capital. La situación se ha visto potenciada por la muy alta inflación general y por el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei en diciembre. Reportaje del corresponsal en Argentina Natalio CosoyEl decreto dejó sin efecto la ley de alquileres de 2020, que garantizaba contratos de un mínimo de tres años y que establecía, tras una modificación, actualizaciones semestrales con un índice que promediaba el aumento de los salarios y de la inflación.Para los propietarios e inmobiliarias, el decreto ayudó a abrir el mercado, pero para los inquilinos ha significado un incremento en los precios, que algunos fueran fijados en dólares, algo que estaba prohibido antes, y una modificación en los plazos y formas de actualización de la renta a pagar.Incremento del alquiler del 25% del precioEn diciembre de 2023 Romina Mamani, una docente de 43 años, se enteró de que la renovación del contrato que había apalabrado con la propietaria del departamento que alquila y en el que vive con su hijo de 15 años, ya no regía. Para firmar uno nuevo iba a tener que aceptar un 25% de aumento por encima de lo que había acordado originalmente.Dijo que no y se puso a buscar alternativas. “No encontré nada, y todo lo que era por la zona o aledaño eran números exorbitantes, precio moneda extranjera, dólar, y regulado por IPC”, dice a RFI.El IPC es el índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación. Si un alquiler aumenta según ese índice es difícil, por no decir imposible, que Mamani pueda sostenerlo con su sueldo de docente, especialmente cuando la inflación en Argentina ya es del 211% anual.“Hay una situación gravísima, de contratos muy cortos para vivienda, de tres meses, seis meses, un año, aumentos de entre el 300 y el 500%”, explica Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, una organización de la sociedad civil que busca proteger los derechos de aquéllos que alquilan una vivienda, como Romina Mamani.Para Muñoz, el decreto de necesidad y urgencia, mediante el que el gobierno dio libertad de negociación en el mercado de alquileres, ha ido en detrimento de los inquilinos.Los propietarios aplauden la medidaSin embargo, propietarios e inmobiliarias consideran que el decreto fue positivo. Claudio Vodanovich, secretario general de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios y ex secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, cree que, gracias al decreto, el mercado se estabilizará y aumentará la oferta.“Va a producir, por un lado, el descenso de los precios, la posibilidad del inquilino de poder optar entre distintas alternativas para su vivienda, y también el acomodamiento de los precios”, asegura.Por ahora, ésta no ha sido la experiencia de Romina Mamani, que no encontró otro lugar para vivir que pueda pagar y cuando quiso volver a aceptar la oferta de la propietaria, se encontró con que la única alternativa que le daba era firmar un convenio de desalojo.Un convenio por el que tiene garantizada la vivienda hasta junio de 2024, pero cuando llegue ese mes deberá irse del departamento.“Yo estoy buscando, y mis contactos también están buscando. El tema es que encuentre a alguien que no me pida una locura y por eso me dijeron que espere”, nos cuenta.Hasta entonces el Congreso o la Corte Suprema podrían rechazar el decreto y que vuelva a entrar en vigencia la Ley de alquileres de 2020. También puede ser que el decreto quede vigente.En cualquiera de los casos, si la inflación sigue siendo tan alta, las condiciones que encontrarán Romina Mamani y otros que están buscando vivienda para alquilar seguirán siendo complicadas.

Colombia enfrenta desde hace varios días una serie de incendios que han alcanzado incluso los cerros que rodean la capital de Bogotá, con graves consecuencias para la calidad del aire. Además de la crisis climática general del planeta, una experta en meteorología señala que el fenómeno de El Niño intensifica esta situación. Por el momento, Colombia ha perdido más de 17mil  hectáreas de vegetación a causa de los incendios, lo que equivale a 25 mil canchas de fútbol.En el Páramo de Berlín (departamenot de Santander), los frailejones, plantas endémicas de alta montaña que crecen al ritmo de 1 cm por año de altura fueron reducidos a cenizas .Y buena parte del país está en alerta indicó la directora del Instituto de Meteorología Nacional, el IDEAM, Ghisliane Echeverry: “Tenemos, a nuestra actualización del mediodía (del viernes 26 de enero), más de 900 municipios amenazados por incendios forestales esto es prácticamente casi todo el país”.Desde la semana pasada, Colombia lucha contra varios incendios que afectan bosques, ecosistemas montañosos en los que nace el agua y los cerros aledaños a Bogotá. Según el IDEAM, esta situación se debe a tres factores, Ghisliane Echeverry:  “Lo que está sucediendo en este momento es que además de ser temporada seca, está intensificado ese efecto por un fenómeno de fondo que es el fenómeno del Niño; (esto) está haciendo que esta sea una época mucho más seca de lo habitual y además estamos dentro del marco de una crisis climática."Acabamos de cerrar el año 2023 como el año más caliente de la historia y eso también está afectando por supuesto, las temperaturas en todo el territorio nacional. Municipios como Jerusalén (departamento de Cundinamarca) ha alcanzado 40.6 °C de temperatura. Esa es la temperatura más alta que ha alcanzado este municipio para un mes de enero. Esto puede indicar que también estaría configurándose el enero más caliente, teniendo en cuenta que tenemos datos de 30 años de seguimiento a la temperatura".Estado de calamidad decretadoEl presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de calamidad para movilizar fondos adicionales y ha solicitado ayuda internacional si los bomberos nacionales llegaran al límite de su capacidad.En Bogotá, la calidad del aire se vio afectada por los incendios con niveles altos de partículas finas. Paula Henao, jefa de bomberos de la capital: “Hemos tenido sectores afectados donde hemos recomendado no realizar deporte al aire libre, usar tapabocas, se ha suspendido clase en algunos colegios, pero digamos que la calidad del aire no está afectada en todas partes, está afectada en las zonas donde se han venido presentando los incendios”.Según las previsiones de IDEAM, el fenómeno el Niño que agrava el calor en Colombia podría durar hasta el mes de abril.

En el puerto mexicano de Acapulco, 32 personas siguen desaparecidas tres meses después del paso de Otis, un huracán de categoría 5 que dejó un saldo de 52 muertos y 250.000 viviendas afectadas. Raphael Morán entrevistó a Cristina Sánchez, esposa de un marino desaparecido. Fernando Parra trabajaba como maquinista en el yate Litos, una embarcación turística de 30 metros del puerto de Acapulco. El pasado 24 de octubre, junto con otros tres tripulantes, se quedaron a bordo más tarde de lo habitual para cuidar la embarcación, a pesar de la inminente llegada del huracán Otis. Estaban en una pequeña bahía, no lejos del puerto, cuando el huracán tocó tierra con vientos de 270 km por hora. Cristina Sánchez, su esposa, sigue sin noticias de él."Ellos estaban anclados en Puerto Marqués y se movieron a una zona situada en la base naval donde, por protocolo, la mayoría de las embarcaciones siempre se refugiaban. Se esperaba que el huracán fuera de categoría 2, pero escaló conforme transcurría el día, llegando a categoría 5, según recuerdo. La última comunicación que tuve con él fue aproximadamente a las 10:30 o 11:00. Él me dijo que se estaban preparando para el huracán", relata Sánchez.Al día siguiente, se descubrió la magnitud de la catástrofe. Otis dejó 250.000 viviendas afectadas, cerros enteros sin vegetación y cientos de embarcaciones desaparecidas. Cristina Sánchez hace un recuento de las búsquedas desde entonces."Las primeras búsquedas fueron privadas, a cargo del dueño de la embarcación y de los familiares. Después comenzó la búsqueda de la Marina mexicana. Prácticamente todas las embarcaciones en Acapulco resultaron dañadas y se hundieron. Por ejemplo, la embarcación Litos era de fibra de vidrio y teca, por lo que prácticamente se desbarató. Encontraron los motores detrás de la roqueta, hundidos. También han estado encontrando restos de artículos personales, ropa por ejemplo", apunta.Tras realizar protestas, los familiares de desaparecidos en el huracán Otis lograron que la Marina mexicana realizara búsquedas cotidianas. Hace unos días, Cristina Sánchez acompañó una de estas misiones en la zona donde podría haberse hundido el yate donde trabajaba su esposo."A estas alturas, seguimos con la esperanza de recuperar los cuerpos de nuestros familiares. Queremos que sigan buscando. Aquí en la bahía de Acapulco hay una zona hacia la cual se dirige el viento, una zona de arrastre de todas las embarcaciones. Puede ser que ahí, debajo de los escombros, haya restos, pero si no los mueven nunca va a haber manera de poder sacarlos", subraya.A esta desgracia se suma la inmensa tarea de la reconstrucción del puerto. El costo de los daños se estimó en 15 mil millones de dólares.

En Argentina, los diputados revisan el megapaquete de la llamada “ley ómnibus”, que contiene más de 500 artículos para flexibilizar el derecho laboral, impulsar privatizaciones y eliminar las elecciones primarias obligatorias. Pero el Gobierno del ultraliberal Javier Milei quiere también modificar varias leyes de protección del medioambiente para impulsar actividades económicas, lo que despierta las alarmas de los ecologistas. Tras una movilización de decenas de organizaciones ecologistas, el Ejecutivo argentino dio finalmente marcha atrás a la modificación de varias leyes ambientales en el marco de la llamada “ley ómnibus”.Quema de camposEn su versión más reciente, el proyecto que será presentado a los diputados ya no incluye modificaciones a la ley de protección de los bosques que hubieran permitido otorgar permisos de tala de madera en zonas protegidas. Sin embargo, el Gobierno mantiene su intención de debilitar la ley que regula la quema controlada de campos y pastizales, actualmente sometida a una autorización previa.“¿Para qué se hace la quema de campos, de pastizales y humedales, si es para modificar el uso del suelo? Los terratenientes se encuentran en la posibilidad de hacer una quema controlada, o sea, tratar de quemar una determinada zona, cuando sabemos que, en una crisis climática de sequía, es absolutamente imposible hacer una control de quema. Y después termina ocurriendo lo que ya ha pasado en Argentina: desastres, incendios forestales en humedales y bosques nativos”, denuncia Diego Salas, director de programas de la ONG Greenpeace región andina.“Lo que plantea esta modificación que pretende la ‘ley ómnibus’ es que el pedido de autorización de la quema, si no hay una respuesta porque el análisis conlleva más de 90 días, se daría por aprobado automáticamente. O sea, superado ese plazo, sería un sí, estás autorizado a seguir quemando tus campos, cosa que es absolutamente ridícula, ¿verdad?”, subraya Salas.Zona periglaciarLa ONG teme también que el Gobierno modifique la definición de las zonas que rodean los glaciares para eventualmente autorizar actividades económicas actualmente prohibidas: “Los glaciares, es una ley argentina que debería aplicarse en el mundo porque protege no sólo la zona glaciar, que es la reserva de agua dulce más importante que tiene la humanidad, sino que también protege la zona periglaciar, que es aquella que resguarda el glaciar. Para entender lo que sería la zona periglaciar, sería como la nevera que contiene el hielo. Ahora con la nueva versión estaría prohibido desarrollar actividad sobre la zona periglaciar también, pero pone en jaque y en cuestión la definición de la zona periglaciar, por lo que le estarían cambiando el nombre a la nevera”, detalla Diego Salas.La presentación ante los diputados argentinos de este paquete de desregulación masiva debería iniciar la semana entrante.

Desde principios de 2024, crece la polémica en Chile acerca de la actuación del cantante Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Un artista que corea narcoversos y que ha abierto un debate sobre la narcocultura en Chile. El cantante mexicano Peso Pluma ha conseguido a sus 24 años incomodar a todo un Estado con sus narcoversos, y especialmente a la política chilena, al poner de nuevo sobre la mesa el debate de los narcocorridos debido a su próxima presencia en el Festival de Viña del Mar 2024.Un fenómeno “muy importante”Este debate pilla a Chile en un momento sensible. El país enfrenta una grave crisis de seguridad, con un aumento de la violencia y los asesinatos por arma de fuego.Ahora, con la actuación de Peso Pluma en el mítico festival, de nuevo surgen las preguntas: ¿El narcocorrido es un estilo musical que sólo le pertenece a México? ¿Es apología de la violencia? ¿Qué hay detrás de todo esto? “La narcocultura en Chile se está desarrollando de manera muy rápida. México, Colombia y luego Chile tienen una producción de narcocultura, sobre todo visual, importante. Está en la música, en las noticias y en todas partes, pues entonces es algo que está muy cercano a la realidad. Figuras como Peso Pluma son parte de este fenómeno. Es un fenómeno muy importante”, explica a RFI Juan Carlos Ramírez Pimienta, profesor en la Universidad de San Diego Imperial Valley y experto en narcocorridos.“Celebración del narcotraficante”La narcocultura no es algo nuevo. Según el profesor Ramírez, quien lleva años estudiando este fenómeno, los primeros narcocorridos datan de 1930, aunque asegura que han ido evolucionando con los años. “Los primeros corridos eran corridos donde había una moraleja o un juicio moral sobre el narcotráfico y el narcotraficante. En los nuevos corridos, ese juicio moral ha sido suspendido y vemos una celebración del narcotraficante. Vemos que son corridos panegíricos, es decir que hacen una alabanza”, denuncia.Detrás de este fenómeno socio-musical, hay una nueva forma de consumo de la música que poco tiene que ver con seguir las canciones al pie de la letra: “Los jóvenes escuchan esas canciones, pero no la consumen de manera acrítica, sino que la consumen de manera crítica. Reconceptualizan el mensaje. Hay un corrido que se hizo muy famoso, ‘Dijeron que no la iba a lograr’. Ese verso lo tomaron decenas de jóvenes en TikTok y entonces ponían esa frase, ‘Dijeron que no la iba a lograr’ y ahora miren”, detalla Juan Carlos Ramírez Pimienta.Miles de jóvenes hicieron de ese verso su historia. “Dijeron que no la iba a lograr y conseguí mi maestría”, publica una joven de Estados Unidos. “Dijeron que no la iba a lograr y abrí mi propio negocio”, cuenta otro desde El Salvador. Y así hasta miles de videos en internet. Quizás, como dicen, la música no es de quien la canta sino de quien la siente y ya... o quizás no.

RFI entrevistó a Rocío Suárez, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans de México, sobre el asesinato de Samantha Fonseca, excandidata de MORENA al Senado y activista de la comunidad LGBT. Fonseca es la última persona trans asesinada en ese país, que se ha convertido en el segundo con más asesinatos de personas trans en el mundo, solo superado por Brasil y Estados Unidos.  Samantha Fonseca fue asesinada el domingo después de haber visitado una cárcel en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Con este crimen, ya son 5 los "trans-feminicidios" cometidos en el país norteamericano desde que arrancó 2024.Esta situación dramática no es nueva para esta comunidad, dijo a RFI Rocío Suárez, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans en México."Esta ola de trans-feminicidios en México es una constante. Nosotros documentamos el asesinato de personas trans desde 2007. Es un tema de violencia que se ha dado durante todo este tiempo y que refleja estas realidades de falta de políticas públicas en favor de las personas trans. Es importante señalar que en varias legislaciones se tipifican los llamados crímenes de odio. Sin embargo, incluso esta tipificación no ha tomado en cuenta la violencia hacia las poblaciones trans".Sobre la acción del gobierno para luchar contra este fenómeno, si las autoridades han lanzado iniciativas, un plan de ayuda, o al menos investigaciones integrales y exhaustivas de los hechos, Rocío Suárez se muestra escéptica."El Gobierno no ha iniciado ningún plan de ayuda. Se han realizado investigaciones integrales y exhaustivas de los hechos, pero en México no existen sanciones ejemplares respecto a los discursos de odio emitidos por servidores públicos. Es necesario que se tomen medidas para sancionarlos", sostiene Suárez.De acuerdo con el monitoreo de asesinatos Trans 2023 de Transgender Europe, América Latina y el Caribe fueron las regiones que registraron el mayor número de personas trans y de género diverso asesinadas entre el 1° de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023."En América Latina se concentran 3/4 de los asesinatos de personas trans de todo el mundo. Este dato muestra que la violencia hacia las personas trans se ha concentrado (en esta región). El otro punto que también es importante señalar es por qué no se habla de otras regiones. Una de las razones es que estas violencias están invisibilizadas".¿Ocurre también este fenómeno en otras regiones de América Latina? “Así es. Las organizaciones hemos logrado un nivel de especialización que nos permite acceder a esta información de mejor forma. Y las redes sociales también han jugado un papel muy importante para la difusión y la denuncia de estos casos”.Según datos de la organización Letra Ese, en 2022 se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTI+ en México por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género. Esta cifra representa un aumento en relación con la de los años anteriores, 78 para 2022 y 79 para 2021.

En el año fiscal 2023, el canal de Panamá ingresó 3.344 millones de dólares por el tránsito de embarcaciones y la prestación de diversos servicios. Mientras que este año, las medidas restrictivas harán que el canal de Panamá ingrese de 500 a 700 millones de dólares menos por peajes. Panamá ya está estudiando alternativas para que los efectos del Niño no pasen factura a su economía.  El 2024, la economía panameña se enfrenta a un gran desafío, el canal de Panamá se seca. En los tres primeros meses del año fiscal que comienza en septiembre, ha habido 791 transitos menos, esto es un 20% menos de arga que en el mismo periodo del año anterior, eso se traduce en menos peajes y en un aumento del precio de los cupos para poder pasar. Olmedo Estrada, economista y secretario general del Colegio de Economistas de Panamá, ha señalado en la antena de RFI: "El canal requiere de mucha agua para poder tener los niveles de calado suficiente para el tránsito de embarcaciones de gran tamaño. Entonces, el fenómeno del niño,que este año nos ha atacado muy fuerte,  y eso ha obligado al Canal de Panamá, a su Administración, a disminuir la cantidad de tránsitos diarios de 35, 38 que se mantenían hasta 25. Esto va a representar entre 500 y 700 millones de dólares este año de ingresos menos. Y eso va a afectar a la economía".El canal funciona con agua de lluvia que obtiene de los lagos Gatún y Alhajuela y ya estan explorando otras alternativas para conseguir agua.    La situación se complica porque la cuenca de la vía marítima abastece de agua a casi la mitad de los 4,2 millones de panameños.Las alarmas también se han encendido con la construcción, ya programada, de nuevas potabilizadoras, que competirán con el canal por el agua."Es algo inédito y que realmente nos nos pone en una situación donde tenemos que buscar alternativas  para los próximos años. Para que cualquier efecto del fenómeno del niño no nos haga tanto daño a la economía" dice en RFI  Olmedo Estrada, secretario general del Colegio de Economistas de Panamá, y añade: "se están buscando fuentes alternativas con ríos muy cercanos a la cuenca del canal, pero también se está investigando la posibilidad de transformar el agua salada a agua dulce. Esa es otra alternativa que está en la mesa. Tiene un alto costo, pero este lo vale porque realmente el negocio del tránsito del canal es  muy lucrativo  y está aportando muchos ingresos a Panamá".El canal de Panamá ingresó en el año fiscal 2023, 3.344 millones de dólares. Une en 80 kilómetros el océano Pacífico y el mar Caribe y por él pasa el 6% del comercio marítimo mundial, sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.Ante la incertidumbre por restricciones algunas navieras han decidido transportar su mercancía por otras rutas. La danesa Maersk, una de las más importantes del mundo, anunció hace días que los buques que operan entre Oceanía y América comenzarán a evitar su navegación por el Canal.

La policía de Ecuador detuvo este 19 de enero a dos sospechosos del asesinato la víspera del fiscal antimafias César Suárez, cuando el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados.  Las autoridades reconocieron que "no tenía custodia policial permanente", pese a la violencia y las amenazas. “Me amenazaron en diciembre del año 2023, según el panfleto, porque no estaba aliada del crimen organizado. Lo enviaron por WhatsApp. Desde ahí mantengo la custodia policial”, cuenta Heidy Borja Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces en la provincia del Guayas. Como otras personas del gremio, continúa ejerciendo a pesar de las amenazas.El asesinato del fiscal César Suárez, en plena calle en Guayaquil, ha puesto de manifiesto las numerosas fallas de protección a los fiscales, jueces y abogados que se encargan de casos muy peligrosos. Suárez estaba investigando, entre otras cosas, el ataque al canal TC Televisión.“¿Por qué lo mataron? Pues la primera vulneración que tenemos los jueces y fiscales en el Ecuador es porque no tenemos un sistema de protección. No hay garantías mínimas de seguridad. Sobre todo, una persona que tenía un alto riesgo debido a que manejaba muchos casos contra la corrupción, muchos casos contra la mafia y la delincuencia organizada, no de ahora, sino desde hace varios años”, explica la jueza.“Inclusive era un fiscal quien siempre tenía delegaciones por parte de la fiscal general para que realice muchas investigaciones, tanto en la provincia del Guayas como en otras provincias, donde se refleja un alto índice de criminalidad. De lo que tengo entendido, si tenía protección policial y eso es algo que tendrá que averiguar la Policía Nacional, si cumplieron con la protección al fiscal. Evidentemente no, ya que fue asesinado”, recalca.Plazos y disponibilidad presupuestariaHeidy Borja Hernández lamenta que, aunque existe un protocolo de protección policial, no funciona. “Existe un acuerdo ministerial, número 0150, que fue aprobado por el ministro del Interior en diciembre del año 2023, en el cual modifica el nuevo protocolo para conceder protección policial a los funcionarios judiciales que lo requieran, sea por amenaza o porque se encuentran en riesgo. Lo lamentable de este protocolo es que prácticamente concede un plazo de 15 días para que te den custodia policial. Es decir, yo soy amenazada de muerte y tengo que esperar máximo 15 días que me den protección policial”, denuncia.Leer tambiénAsesinan al fiscal antimafia y anticorrupción César Suárez en Ecuador“Así mismo, este protocolo exige que el Consejo de la Judicatura emita una certificación de disponibilidad presupuestaria para que se pueda cubrir el gasto de hospedaje, alimentación y viáticos de la custodia policial. Y en muchos casos en que un juez o fiscal es amenazado, nosotros, los jueces y fiscales en nuestro bolsillo, terminamos asumiendo esos gastos. Y también para cubrir los gastos de un seguro médico privado y un seguro de vida, porque tampoco te lo da el Estado ecuatoriano”, subraya asimismo la jueza.Jueces con miedoLo más preocupante según ella es que “claro que hay miedo en los jueces, sobre todo en los jueces penales. Y ese miedo afecta mucho el desempeño de nuestras funciones, porque tú estás teniendo jueces con miedo. Eso afecta mucho a la salud mental de los jueces y todo eso tiene que considerarse. Por eso, no es simplemente que estamos reclamando como síntoma de rebeldía”.“Aquí ya estamos protestando porque es nuestra vida la que está en riesgo. Nosotros no nos vamos a conformar con que simplemente emitan un acuerdo de condolencia y ya está. Lo que queremos es que más vidas no se pierdan cumpliendo nuestras funciones, sobre todo los buenos jueces y fiscales en este país. Si esto es un conflicto interno armado, todos tenemos que articular esfuerzos y todos tenemos que estar protegidos”, concluye Heidy Borja Hernández.

El puerto belga de Amberes, uno de los principales puntos de entrada a Europa para los cárteles sudamericanos, interceptó en 2023 un volumen récord de cocaína, que alcanzó las 116 toneladas. Les hablamos de esas rutas que cruzan el Atlántico y de por qué se ha multiplicado la exportación de cocaína. La cocaína se produce particularmente en Colombia, Perú y Bolivia, aunque hay otras plantaciones pequeñas e incipientes como en Guatemala, por ejemplo. Carolina Sampó, experta en las rutas de la cocaína del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en Argentina, nos explica que su producción se ha multiplicado en los últimos tiempos en América Latina.“Una inundación”“Introducen cambios tecnológicos que permiten alcanzar mayor cantidad de cocaína. Hay más hectáreas cultivadas y de esas hectáreas cultivadas, además, sacó más cocaína. Se está hablando más o menos de 2.000 toneladas de cocaína pura. Esa cantidad es anual. Eso quiere decir que eso se puede multiplicar por cuatro, cinco, ocho. Estamos hablando de realmente una inundación”, explica Sampó.Y, añade la experta, “en el caso de la región Colombia, Perú, Bolivia, en menor medida porque es el productor más chico de los tres, tienen que sacar su cargamento por todos los puertos que les sea posible. En el caso de Perú, el Callao, en el caso de Colombia, la bahía de Cartagena, Guayaquil en Ecuador, Brasil, la ruta del río Solimões, la ruta caipira, las rutas tradicionales de salida de cocaína”.“Innumerables formas de mover la cocaína”A esto hay que añadir otros puertos, otras rutas alternativas como puertos en Uruguay, Argentina o Chile en el Cono Sur. Se usan barcos contenedores o veleros, incluso submarinos. La cocaína es escondida entre la mercancía, por ejemplo, entre las frutas. “Cuando vos envías un contenedor, en general siempre tocan los mismos puertos. Por eso no es casual que muchas de las incautaciones se den en Rotterdam, en Amberes y en Hamburgo”, dice Sampó.“Se han descubierto innumerables formas de mover la cocaína dentro de los contenedores. En esto tenemos dos problemas. El primero es que muy pocos contenedores se escanean, entre 2% y 5% del total de contenedores que se mueven a nivel mundial. Segundo, no todos los escáneres tienen la misma definición. Por ejemplo, muchos de los escáneres que se usan en América del Sur no pueden detectar la cocaína si ella está escondida con productos congelados, porque la densidad del hielo es parecida a la densidad de la cocaína. Y lo que se hace en muchos casos es se utiliza papel aluminio para esconder, debajo de la fruta, del bien que vas a mover, la cocaína”, detalla la experta.Perú y Ecuador han advertido recientemente de que la mafia albanesa controla una parte del narcotráfico en su territorio. Este miércoles, fue capturado justamente en Lima, adonde había llegado procedente de Brasil, Oltjon Belulaj, un albanés de 33 años y requerido por Francia, que le acusa de haber importado un contenedor frigorífico con un cargamento de cocaína a un puerto de Bretaña.

En México, la iniciativa presidencial para que los mexicanos se jubilen con una pensión equivalente al 100% de su último salario suscita interrogantes entre varios sectores. ¿Cómo se financiará? El gobierno intenta tranquilizar a los empresarios afirmando que el estado asumirá la mayor parte del coste.  El 5 de febrero el Congreso recibirá un texto para reformar las pensiones. Valeria Moy, economista y directora del Imco, Centro de Investigación en Política Pública no nos escondía su sorpresa. “Ni siquiera sabemos cómo se va a fondear ni de qué trabajadores se habla, porque claro, hay que ver la dinámica poblaciones del país: si son para todos los trabajadores, para los que se retiren este año o los que se retiren el año que entra. No tenemos idea”.“Normalmente, estos cambios tienen que tener cierta gradualidad, porque le pueden meter una presión una presión importante a las finanzas públicas o al propio sistema financiero”, recuerda Valeria Moy. “Sobre cómo se va a implementar, no tenemos ni idea. [El presidente] solo ha dicho que el objetivo es tener una tasa de reemplazo del 100%”.La tasa de reemplazo - nivel de la pensión con relación al sueldo recibido durante el periodo de actividad – varía del 40% en países como Japón y Canadá hasta superar el 90% del sueldo en naciones como Holanda y Portugal. En México, esta tasa es de 62% para un trabajador con salario promedio.En estos momentos en México, hay dos sistemas que conviven entre los cotizantes. Uno que se rige por un sistema de solidaridad por el que los trabajadores financian a través de impuestos las pensiones de los jubilados y otro sistema por el que se aporta a una cuenta individual de cada trabajador a la que tiene acceso cuando uno se retira, llamado Afores.“Hoy por hoy si una persona que empezó al sistema de Afores se retira, tendría una tasa de reemplazo del 30% que se muy baja. Pero con la reforma de 2020, un joven de ahora, que empiece a cotizar en 2030 –por la reforma que ya se aprobó -, tendría una tasa de reemplazo de alrededor del 75% que ya no es una mala tasa de reemplazo”, prevé Valeria Moy.La economista advierte sin embargo que “una tasa de 100% suena muy bien, me encantaría, pero ¿quién lo va a pagar? Cuando además tenemos un país donde el mercado laboral está completamente segmentado entre un mercado laboral formal que cotiza a la seguridad social y un mercado informal o independiente que no cotiza”.“Uno de los grandes problemas es que la mayor parte de la población ocupada lo hace de manera informal: 56 de cada 100 personas que trabajan, lo hacen de manera informal”, recuerda Valeria Moy.“Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemorice, el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, adelantó el presidente López Obrador, al anunciar su reforma.Su partido, Morena, deberá sin embargo buscar los votos de la oposición para alcanzar la mayoría necesaria para dicha reforma.

Bernardo Arévalo llega al poder con unas finanzas bloqueadas. Su antecesor, Alejandro Giammattei, le dejó congelado su presupuesto y por el momento no puede concentrarse en cómo va a cumplir lo que prometió en campaña. Bernardo Arévalo dejó en claro que su principal lucha será contra la corrupción, pero la pobreza aparece también como uno de los grandes problemas que aquejan a Guatemala: de sus 17 millones de habitantes, más de la mitad son pobres.“Ejecutando el presupuesto vigente de 2023”Para Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, los planes de Arévalo se complican ahora que se ve obligado a usar el plan presupuestal diseñado por Alejandro Giammattei, su antecesor.“El mecanismo, la última acción que hizo el expresidente Giammattei, fue sancionarlo porque ese presupuesto fue aprobado por el Congreso. Esta era la propuesta que el Ejecutivo le presentó al Congreso el 2 de septiembre. El Congreso la aprobó el 30 de noviembre”, explica.“El presidente Giammattei lo sancionó, pero el acto de aprobación del Congreso fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, debido a esa acción, en 2024 el ejercicio fiscal arrancó y al día de hoy estamos ejecutando el presupuesto vigente de 2023 en 2024”, prosigue Barrientos.Ampliación del techo globalEn 2023, el presupuesto fue de 14.300 millones de dólares, y de acuerdo con el economista, el Gobierno de Arévalo ha pedido que a esta cifra se le aumenten unos 800 millones de dólares.“El Gobierno del presidente Arévalo en 2024 está ejecutando el presupuesto de 2023. En este caso se evitan los problemas más graves, pero no es un escenario ideal. Por ejemplo, la proyección de ingresos tributarios y la meta de recaudación que está vigente para 2024 claramente está subestimada, porque este es un presupuesto que tiene un techo global muy por debajo de lo que el entonces equipo de transición le solicitó.Entonces, es muy probable que el Gobierno vaya a querer acudir al Congreso para pedir, ahora sí, una ampliación del techo global y tener mejores posibilidades de cumplir sus promesas de campaña y lo que ellos plantearon en su plan de Gobierno”.La deliberación de la Corte de Constitucionalidad definirá si las finanzas siguen el camino trazado por Giammattei o dan paso a uno nuevo y liderado por Bernardo Arévalo.

Este 14 de enero está previsto que Bernardo Arévalo asuma el cargo como presidente de Guatemala tras vencer en las pasadas elecciones. Sin embargo, la transición se ha visto llena de obstáculos e intentos para invalidar los comicios por instituciones afines al oficialismo, lo que el presidente electo ha calificado de intento de golpe de Estado. Ante tanta presión, Estados Unidos se ha mostrado como aliado inquebrantable de Arévalo. La ofensiva del Ministerio Público de Guatemala para evitar la presidencia de Bernardo Arévalo ha llegado en muchas formas. La Fiscalía general, afín al Gobierno actual y dirigida por María Consuelo Porras, ha maniobrado, de momento sin éxito, para invalidar los resultados electorales y desmontar el Tribunal electoral.“Esperamos que ese apoyo internacional se mantenga”Arévalo ha buscado apoyo en la comunidad internacional. A Estados Unidos se ha desplazado varias veces en busca de garantías para poder asumir su presidencia este domingo. No en vano: allí se encuentran medio centenar de magistrados, exiliados tras ser perseguidos legalmente en Guatemala.Una de ellos es Thelma Aldana, ex fiscal general del país: “Estados Unidos y la comunidad internacional han estado apoyando al pueblo guatemalteco para que se respete su ejercicio democrático al momento de elegir al presidente Bernardo Arévalo. Y como sabemos que ha sido atacado de diferentes formas mediante el Ministerio Público, con amenazas de muerte, entonces ha habido un apoyo muy, muy importante de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y de otros países. Y nosotros esperamos que ese apoyo internacional se mantenga para Guatemala, para ayudar a la democracia del país”, asegura.Posibilidad de sancionesEstados Unidos ha bloqueado parte de sus fondos a Guatemala, además de sancionar a varios de sus funcionarios por corrupción. Para Pamela Ruiz, analista de Centro América del International Crisis Group, Washington tiene claro que con Arévalo, las relaciones serán más fluidas y transparentes que con el actual mandatario Alejandro Giammattei.“Bajo la administración de Giammattei, lo que se ha visto es que ha sido un poco tensa esa relación en términos de que Estados Unidos llegó hasta un punto de removerle fondos a Guatemala. Ahora bien, lo que sí hemos visto entre conversaciones entre Estados Unidos y Bernardo Arévalo, es que los países tienen ciertos temas que son de mutuo interés, como el tema de migración, así como la prevención del tráfico de droga y mejorar la transparencia en las entidades o las instituciones guatemaltecas, ya que también la administración de Arévalo viene con un plan anticorrupción”, subraya la analista.De hecho, si finalmente hay alguna maniobra que impida la llegada de Arévalo a la presidencia, Pamela Ruiz cree que Estados Unidos reaccionará con dureza: “Creo que los senadores han sido muy claros en que primeramente se podría remover todos los fondos que entran a ese país por medio de USAID. Creo que veríamos tal vez una nueva lista de nombres, ya sea a la Lista Engel, removiendo, quitando visas. También hay la posibilidad de que se agreguen personas a la lista de Magnitsky. Y también creo que vendrían unas sanciones para el país de Guatemala, que creo que no es ni conveniente para Guatemala ni conveniente para Estados Unidos”, recalca.Por su parte, el presidente saliente Alejandro Giammattei ha considerado estas acciones como intentos de injerencia extranjera.

Se cumple un mes de mandato de Javier Milei como presidente de Argentina. Desde que el 10 de diciembre jurase el cargo, el libertario y ultraliberal mandatario no ha perdido el tiempo, con numerosas reformas y derogaciones para desregularizar la economía y recortar el gasto público, que ya han tenido su impacto y no han estado exentas de protestas en las calles. Se cumple un mes desde que Javier Milei asumiese la presidencia de Argentina, prometiendo una política de choque para enmendar la maltrecha economía del país, y lanzase su famosa advertencia: “Y lamentablemente tengo que decírselos: de nuevo, no hay plata”.En este mes, el nuevo presidente ha lanzado numerosas reformas para desregularizar la economía y privatizar empresas públicas. Dos iniciativas destacan: la “ley omnibús” (ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y el Decreto de Necesidad y Urgencia, que derogan y modifican cientos de leyes principalmente en esos dos sentidos.“Precoz y caótico”Para el analista político e historiador argentino Lucas Doroñuk, este mes de Milei refleja mucha acción en poco tiempo y eso es difícil de digerir: “Si yo tengo que ponerle un título corto, hasta televisivo, sería ‘Precoz y caótico’. Desde el punto de vista político es muy precoz, muy rápido, muy inmediato. Intenta tener un shock verdadero y caótico, por también lo que ha generado en la sociedad, porque es mucha la incertidumbre que se tiene hoy en día”, estima.El recorte del gasto público ha puesto fin a muchos subsidios, lo que a juicio de Doroñuk ha hecho mella en su popularidad: “Hay encuestas de encuestadoras privadas que dicen que, por cada día de gestión de Milei, bajó un punto su popularidad. Que la gente votó a Milei porque Milei prometió que le iba a arreglar la economía, porque lo que a la gente le molesta es el bolsillo. Y sobre todo hay algo particular, que es que Milei enfocó su discurso en contra de lo que él denomina ‘la casta’ y con una quita de subsidios inconmensurable, que la está pagando la gente. Estamos hablando de lugares muy sensibles de la economía como combustibles, transportes, energía, góndolas, carnes…”, explica.“No hay relación” con los sindicatosOtro aspecto fundamental fue lanzar la reforma del mercado laboral, que al igual que el despido de funcionarios, le ha valido varias protestas y la convocatoria de un paro general para el 24 de enero. Los sindicatos han sido la principal oposición a Milei en este mes de mandato.“La relación no existe porque Milei fue muy crítico con los sindicatos. Su tendencia ideológica cree que no debe existir la mediación con un sindicato, y los sindicatos de alguna manera, o al menos los líderes sindicales, son de otro color político. Es decir, no hay relación’, subraya el analista político.De momento, los tribunales están poniendo trabas a su reforma laboral. Esa batalla legal se une a la que afronta en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras, por lo que la puesta en marcha de sus reformas necesita de negociaciones. De ahí las críticas que ha sufrido igualmente por querer aprobar una ley de emergencia que le permitiría tener potestad sobre temas en los que en situaciones normales sólo el Parlamento puede legislar.

El precio de la gasolina en Cuba registrará un aumento de más del 500% a partir del 1 de febrero como parte de una batería de medidas para tratar de disminuir el fuerte déficit fiscal. Según el ministro de Economía, Alejandro Gil, es "insostenible" continuar vendiendo el combustible a precios subsidiados. Mauricio de Miranda, economista cubano y experto en economía internacional y desarrollo valora la situación en RFI  El gobierno cubano anunció el lunes un aumento del precio de los carburantes. La gasolina normal, la especial, el diésel y todos los combustibles se verán afectados por esta subida de 500%. Así, el litro de gasolina normal pasará de 25 pesos cubanos (20 centavos de dólar) a 132 pesos (1,10 dólares), lo que equivale a un aumento de 528%, mientras que la especial aumentará de 30 (25 centavos de dólar) a 156 pesos cubanos (1,30 dólares), lo que representa +520%, detalló el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, en la televisión estatal.El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez, precisó este martes por el mismo medio que las empresas del Estado y los porteadores privados podrán comprar el combustible "a precios mayoristas", que solo aumentarán en un 50%.Mauricio de Miranda, economista cubano y experto en economía internacional y desarrollo, ha señalado en RFI: "la razón por la cual el Gobierno menciona la necesidad de cambiar estos precios, de incrementar los precios, se debe fundamentalmente a una tasa de cambio que el gobierno cubano utilizó equivocadamente. Y a pesar de que la mayor parte de los economistas advertimos cuando establecieron esa tasa de cambio, que esa tasa de cambio no era una tasa de cambio que se ajustaba a las condiciones del mercado, era una tasa sobrevalorada. Es decir, habían sobrevalorado el peso cubano y las tarifas de los combustibles las ajustaron a una tasa de cambio de 24 $ por uno, cuando en realidad en el mercado en ese momento el peso cubano se estaba cotizando en el mercado informal a 40 $ por dólar, luego subió a 50 a 100, a 150 ha superado ya los 250 $ por dólar"Según el ministro de Economía, Alejandro Gil, es "insostenible" continuar vendiendo el combustible a precios subsidiados con relación a otros países. Sin embargo, los salarios de la población no aumentan en la misma escala. Esta subida de precios, sumada a las consecuencias de la pandemia, el fortalecimiento de las sanciones estadounidenses y las debilidades estructurales del país golpearán al ciudadano de a pie."En primer lugar, van a subir los precios de montones de productos y servicios. Lo primero es el transporte. Hoy precisamente en horas de la tarde habrá un programa de televisión que yo trataré de ver a través de Internet, donde se van a anunciar las tarifas de transporte. Ya veremos si apegados a una medida que han querido utilizar en otras ocasiones y que ha demostrado un rotundo fracaso que es establecer precios topados. Vamos a ver si el gobierno vuelve a apelar a la medida de topar los precios de los privados, pero el transporte público tendrá que subir también. Ahora, eso también va a afectar a todo el sistema productivo, porque todo el sistema productivo funciona con combustible. El sistema eléctrico funciona con combustible. Entonces esto va a golpear por supuesto el bolsillo, sobre todo de las personas con menores ingresos, además de elevar notablemente los costos en toda la actividad económica" sentencia el economista Mauricio de Miranda en RFI. Según estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo un 2%, mientras que la inflación alcanzó el 30% en 2023.Cuba, con 11 millones de habitantes, afronta una crónica crisis de combustibles, agravada en abril de 2023. El gobierno también confirmó un incremento del 25% en la tarifa de electricidad a partir de marzo para los grandes consumidores en el sector residencial. También habrá un aumento en la factura del gas licuado y el agua, así como una reforma de la cartilla de racionamiento, la famosa "libreta de abastecimiento".

Al menos un millar de migrantes volvió a organizarse este 8 de enero en el sur de México en una caravana rumbo a Estados Unidos, tras acusar a las autoridades locales de incumplir sus promesas de otorgarles permisos para transitar por el país. Detrás de una enorme manta que reza "Éxodo de la pobreza" y al grito de "¡No somos criminales! ¡somos trabajadores internacionales!", los extranjeros sin papeles reanudaron su marcha en el estado de Chiapas (sur), fronterizo con Guatemala, saliendo de la localidad de Arriaga al amanecer. El grupo está compuesto por familias enteras, en su mayoría de origen venezolano y numerosos centroamericanos.Estos migrantes habían lanzado una caravana de miles de personas el 24 de diciembre desde Chiapas, decididos a llegar a Estados Unidos para pedir refugio por razones humanitarias. Pero la columna se dispersó el 2 de enero, luego de que autoridades migratorias prometieron atender sus demandas, entre ellas que les otorguen salvoconductos para poder circular por México. Una promesa que incumplieron, según los migrantes.“Todos venimos con mucho miedo”“Primero nos prometieron una visa para trasladarnos libremente hasta la Ciudad de México y de ahí esperar nuestra cita, de lo cual nada era cierto. Más bien fuimos ultrajados, nos robaron, nos asaltaron. La misma gente de migración, la misma gente de la policía por cada alcabala que pasamos son 300, 200 pesos, no los tenemos”, cuenta un migrante procedente de Monagas en Venezuela, que viaja con su mujer y su hijo de tres años. Otros han denunciado que en los albergues les cobraron unos 25 dólares y les robaron algunas de sus pertenencias.¿Cómo, en estas condiciones, encontrar la fuerza para seguir? “Vamos a paso de vencedores con un poco de hambre, pero vamos luchando y evadiendo cada punto de control que se nos hace, porque pasamos uno y nos ponen cinco más adelante. Y tenemos huyendo de un país donde la miseria y el hambre sobrepasan nuestros límites como humanos”, prosigue el hombre.“Mi objetivo es cruzar la frontera y llegar a Texas. Yo era político en Venezuela, entonces me han venido persiguiendo, y como todos venimos con mucho miedo”, agrega, subrayando que los migrantes salen por hambre y por necesidad.“Tenemos regadas familias por todas partes”Entretanto, activistas e integrantes acusaron al Gobierno mexicano de abandonar a su suerte a los extranjeros que subieron el martes a los autobuses que fletó el Instituto Nacional de Migración con la promesa de regularizarse a cambio de disolver el grupo.“El día 2 y 3 de enero en Mapastepec, Chiapas, se entregaron aproximadamente 3.000 personas, donde eran puras familias, pura gente vulnerable, con la promesa de un documento donde se comprometían a regularizarlos, a darles una tarjeta válida en todo el territorio nacional por un año. ¿Qué fue lo que pasó? Los repartieron en cuatro o cinco albergues de Chiapas, no les dieron nada y los tuvieron encerrados. Y a los demás los fueron a dejar a San Pedro Tapanatepec, Villahermosa o lugares muy distantes, a sabiendas de que la gente no tiene recursos, a sabiendas de que separaron [familias]”, explica a RFI el coordinador del Centro por la Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, quien encabeza esta caravana.“Migración no reconoció como familiares a los padrastros, no reconoció, por ejemplo, a los primos, a los tíos, a los sobrinos. Entonces tenemos regadas familias por todos lados”, añade. Entre las personas desaparecidas, les falta encontrar a “12 personas que ya está buscando, incluso, la Fiscalía General”, precisa.Los caminantes esperan que en dos días más la caravana totalice a 10.000 personas. El grupo calcula llegar en los próximos días al estado de Oaxaca.

En Ecuador el presidente Daniel Noboa anunció el jueves que construirá dos cárceles de máxima seguridad, inspirado en el modelo impulsado por su par salvadoreño Nayib Bukele. Los detalles con Alejo Schapire. El presidente ecuatoriano afirma que las dos nuevas cárceles serán igualitas a las de Bukele, ya que serán construidas por la misma empresa y con el el mismo diseño utilizado para las prisiones de México y El Salvador.RFI: La primera piedra de estas construcciones se colocará el próximo 11 de enero. Estarán ubicadas en la amazónica provincia de Pastaza (este) y en la costera Santa Elena (suroeste). ¿En qué se caracterizan? Daniel Pontón es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad Central del Ecuador, experto en seguridad.Daniel Pontón: "La particularidad de estas cárceles es que son de alta seguridad, modelos adaptados del contexto anglosajón que se ha ido imponiendo en varios países como solución al crimen. Pero en particular en El Salvador tuvo la característica de que sus cárceles son de 40.000 personas, no sé si existen a nivel mundial cárceles tan grandes, que tienen como propósito la incapacitación de las personas, para nada les interesa la rehabilitación, para nada interesa que esta gente salga, sino que básicamente tienen la lógica de ser contenedores sociales".      RFI: El presidente Noboa ha advertido que su plan es separar a los reclusos más peligrosos y con ello frenar las masacres carcelarias que desde febrero de 2021 dejan 460 presos muertos. ¿Cuáles son los méritos y las carencias de las cárceles anunciadas en el contexto de Ecuador? Daniel Pontón.Daniel Pontón: "El mérito es que por lo menos está poniendo el ojo en las cárceles, pero el grave problema del crimen en Ecuador es un problema latente y creo que el germen de eso es el problema carcelario. Por lo menos el presidente tiene claro que si no interviene en las cárceles el problema del crimen va a ser muy complicado de arreglar. Eso es lo positivo, lo negativo es que el modelo en si no ha sido pensado en clave de su capacidad, porque el plan penitenciario no solo implica su estructura, implica todo un modelo gestión. Ese es gran parte del problema. Eso le pasó a Correa, porque el también creó cárceles grandes con lógicas de 'super-max', no obstante años más tarde colapsó ese modelo por que el modelo de gestión fue corrompido, se implementaron lógicas del pasado, se flexibilizó el control, se manejaron lógicas de autogobierno y eso facilitó el crecimiento de las bandas penitenciarias". RFI: Añadir que el presidente de Ecuador presentó el miércoles los ejes de una consulta popular con la que pretende incrementar las penas para el crimen organizado y asignar más funciones a las fuerzas armadas en un país castigado por el narcotráfico.

En Perú, la Asociación Nacional de Periodistas denuncia un 2023 negro para la libertad de informar con un récord de agresiones a los reporteros. La organización afirma que hubo 352 ataques y agresiones en 2023, un año marcado por las violentas protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La Asociación Nacional de periodistas del Perú informó el miércoles que por segundo año consecutivo, las agresiones contra reporteros superaron las 300 y la del 2023 fue la mayor cifra registrada de agresiones en un siglo.La violencia se dio significativamente en el marco de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, que fueron de diciembre de 2022 hasta marzo de 2023. Las agresiones más frecuentes a los periodistas consistieron en ataques físicos, amenazas y hostigamiento a su labor informativa.  "Lo que estamos viviendo en Perú con la actividad periodística en realidad es una evidencia más de la situación que estamos viviendo en el país. Nos encontramos en un escenario de constante confrontación política, de alta conflictividad social. Esto se está viendo reflejado en ataques a periodistas, medios de comunicación, comunicadores y comunicadoras, personas con ataques con acusaciones judiciales, con detenciones que hemos registrado con algunos intentos, incluso desde el legislativo de plantear leyes que criminalizaban la actividad informativa", explica Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.¿Quiénes están detrás de estas agresiones?  El número mayor de agresores está entre los civiles: "En civiles, si bien vamos a encontrar algunos sectores de manifestantes, de personas que salen a la calle, se movilizan y en medio de la ofuscación y de una continuidad, de un discurso estigmatizante que viene de las autoridades, trascienden y ya hostigan o agreden a colegas. También encontramos grupos radicales, mayormente de extrema derecha, que tienen una visión anti derechos", detalla Chávez.Por otro lado, están los agentes de seguridad: "Las fuerzas públicas han hecho un uso excesivo, se han extralimitado en su función de control del orden, con un uso desproporcionado de la fuerza, generando lesiones muy graves", agrega.De los 352 ataques contra periodistas en 2023, 208 fueron señalados en Lima. 

El martes, el relator de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, pidió explicaciones al Gobierno de Cuba sobre supuestos abusos que sufren personal médico y otros profesionales del país cuando desarrollan misiones en el exterior. Cuba ya rechazó en el pasado esas acusaciones, pero el relator volvió a expresar su preocupación por la vigilancia, abusos, a veces sexuales, explotación a los que se verían sometidos estos trabajadores con un salario en gran parte confiscado. Médicos, pero también marinos, artistas o deportistas cubanos trabajan en el extranjero con contratos establecidos por el régimen caribeño. Retención de pasaporte, del salario, acoso, abusos sexuales son algunas de las acusaciones sobre las que el relator de la ONU ha pedido explicaciones a Cuba. La ONU retomó las denuncias realizadas por la ONG con sede en España Prisoners Defenders.“Retención de salario media del 85%”“Los médicos cubanos, los ingenieros cubanos, los profesores cubanos, los artistas cubanos, los deportistas cubanos van al extranjero a través de empresas cubanas o del propio Estado cubano, con una retención de salario media del 85%”, explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.“El Gobierno cubano negocia 4.700 $ en Calabria y sólo le da al médico cubano 1.200. Entonces están trabajando en Italia por 1.200 $ al mes, por debajo del salario mínimo en dicho país. En otros países pasa a un nivel muy superior, por ejemplo en Catar son 700 $, que es por debajo del nivel de la pobreza, cuando el Gobierno cubano cobra hasta 13.000 $ por cada médico”, ejemplifica.Vigilancia e intimidaciónAparte de la explotación económica, Javier Larrondo denuncia la vigilancia e intimidación a la que están sometidos estos trabajadores cubanos: “El régimen cubano impone su legislación en el exterior, de tal modo que si dejas el trabajo tienes ocho años de prisión por el Código Penal, artículo 176. Pero además tienes otra legislación que regula las misiones y que te dice, por ejemplo, entre los deberes de los colaboradores, que tienes que informar de tus relaciones amorosas o de amistad con cualquier persona del país donde trabajas, a tu jefe de misión. No puedes salir, tienes toque de queda, no puedes hablar con nadie”, detalla.Pero según él, “hay algo todavía mucho peor”: el 50% de los médicos que salen tienen hijos chicos “porque los eligen con ese arraigo en Cuba para que no se escapen”. Y si eligen dejar el trabajo, “como no los pueden meter ocho años en prisión, lo que hacen es impedirles volver a la isla en ocho años”.Según la ONG Prisoners Defenders, son entre médicos, enfermeras y otros profesionales unas 50.000 personas que viven esta situación de abusos por parte de funcionarios cubanos.

A 30 años del levantamiento zapatista y 40 de su formación, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas sigue luchando por democratizar el país sin tomar el poder. En un contexto de agresiones paramilitares y de grupos del crimen organizado, las comunidades campesinas resisten y han fortalecido sus instituciones propias. A pesar de los grupos paramilitares, de los ataques de grupos del crimen organizado, del olvido y el desdén de los gobiernos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo celebraron tres décadas del levantamiento armado y cuatro de su formación. Con marimba, baile, tamales, obras de teatro, poemas y conciertos, las comunidades zapatistas lo hicieron en grande.En la última semana del 2023 y en la última noche del año en el caracol en Dolores Hidalgo, en Ocosingo, jóvenes y niños de diversas comunidades presentaron un festival cultural. El 31 de diciembre hubo un desfile de los soldados zapatistas en el que, en lugar de marchar, bailaron, donde en lugar de los himnos a la lucha, hubo música popular. ¿Por qué? Para burlarse de la marcialidad de la vida castrense.Al terminar el desfile militar, el Subcomandante insurgente Moisés dio un largo discurso en tzotzil y en “la castilla” es decir , en español, donde recordó a los desaparecidos de México, a los zapatistas caídos en combate, a la lucha contra el capitalismo salvaje y la defensa de la autonomía, la dignidad y la tierra.Sobre la madre tierraEl vocero oficial del EZLN dijo en su mensaje que la tierra es común, la tierra no es de nadie sino de quien la trabaja. “La propiedad debe de ser del pueblo y común, y el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo”, dijo. “No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender”, afirmó asimismo.Quien alguna vez fue el vocero, traductor y puente del EZLN, el Subcomandante Marcos, hoy capitán Marcos, se ha ido retirando de la vida pública y no se le vio en la celebración. Hasta hace pocos años todos reflectores apuntaban a su persona desdeñando a los comandantes indígenas, por esto, desde hace años, el capitán Marcos hizo mutis.La metamorfosisA lo largo de varios meses y de 20 comunicados, los zapatistas han explicado cómo será la nueva estructura del movimiento, en la que los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas del Bueno Gobierno se transformarán a Gobiernos Autónomos Locales (GAL) que responden a la asamblea de cada población sin importar lo chica o grande que sea.El poder, de esta manera, pasa al núcleo de cada población, de cada comunidad que se organizará de manera regional para crear así los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. En otras palabras, los GAL serán el organismo más importante de la toma de decisiones zapatistas. Todos estos cambios están encaminados a repartir el poder de manera más horizontal y enfrentar de la mejor manera los embates y las agresiones tanto de del crimen organizado y/o paramilitares, como el de las grandes empresas.Transformación permanenteLos zapatistas se transforman constantemente; si una estrategia no les funciona, buscan otra. Si un camino no los lleva hacia donde quieren, buscan otro. Como cualquier organización tienen conflictos internos, crisis, pleitos, y hasta deserciones, sin embargo, a tres décadas de su aparición en público y cuatro de su fundación, siguen luchando por lo mismo: autonomía, libertad, justicia, democracia y contra el mal gobierno.Actualmente, el mayor peligro, el mayor flagelo es el crimen organizado, cuyos ejércitos salidos del infierno tienen en jaque al país entero. Los zapatistas han hecho propuestas muy concretas para democratizar el país que han puesto en práctica y por lo menos a ellos, les han funcionado.

Culminó el primer año de presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil con puntos positivos respecto a su programa económico. El desempleo cayó en un 7.5% en el primer trimestre y la inflación parece controlada. Sin embargo, sigue habiendo muchos desafíos y mucha incertidumbre.  El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, inició un nuevo mandato convulso el 1° de enero del 2023. Pocos días después de su investidura, Brasil presenció un inédito asalto del Congreso por parte de seguidores de Jair Bolsonaro, perdedor de las elecciones.  La polarización sigue vigente, pero superado ese violento episodio, los brasileños hoy están en condición de juzgar la gestión de Lula da Silva en función de sus resultados.  Este primer año de mandato ha permitido resultados positivos, como una baja del desempleo. Este alcanzó el nivel más bajo desde el 2015. La inflación se mantuvo por debajo del 5%.Reciclaje de programas de años anteriores“Hubo el remplazo del techo de gas y realizó ajustes microfiscales”, recalca Thiago Vidal, director de análisis político de la red Prospectiva Public Affairs LATAM en Brasil. "También hubo la reforma tributaria, pero ésta no vino del gobierno sino del Congreso. Sin embargo, hay retos en términos de política pública porque estos programas son reciclajes de programas de gobierno del PT de años anteriores, como la Bolsa Familia, la farmacia popular o el programa de aceleración del crecimiento”. “No hay una política sectorial y sobre todo no hay una política industrial”, afirma el analista. Para 2024, Lula da Silva enfrenta además un desafío político mayor: las elecciones municipales de octubre. Debe cumplir promesas electorales como la protección de la Amazonía. Enfrenta también la inseguridad ciudadana, tras una ola de criminalidad en los estados de Río de Janeiro y Bahía. 

En Cuba las fiestas de fin de año han sido opacadas por la grave crisis económica que azota el país. El Gobierno de Miguel Diaz Canel presento un paquete de medidas ante el Parlamento para dinamizar la economía y reformar las instituciones. El plan aún no ha sido revelado del todo, pero se multiplican las críticas, y sus detractores denuncian un paquete neoliberal. El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel admitió que el nuevo plan económico presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular podía acrecentar determinadas problemáticas, pero descartó crear un paquete neoliberal contra las poblaciones más pobres. Aún los detalles quedan por descubrirse, pero para el economista Arturo López Levy de la universidad de Denver, en Estados Unidos, ese plan es necesario y debe basarse en el impulso del empresariado y así como en el freno la inflación."Lo que el Gobierno cubano se ha propuesto es controlar la espiral inflacionaria y procurar un plan de reactivación económica a través de ajustes importantes. Yo creo que llamar a ese ese conjunto de medidas de subida de impuestos, de reducción de gastos, "un paquete neoliberal" es simple y llanamente una exageración, porque son medidas que desde el punto de vista económico son racionales", explica el economista. Impacto en la clases populares"La preguntas a plantearse son dos -prosigue López Levy- ¿Es necesario un ajuste? Sin lugar a dudas, una situación hiperinflacionaria como la que ya está viviendo Cuba no es razonable ni saludable para ninguna economía. La segunda pregunta habría que hacerse es: ¿Ese ajuste tiene que ser pagado por los sectores más populares? Yo creo que sin lugar a duda los sectores más populares van a tener que pagar un costo, porque la lógica económica indica que tiene que haber una reducción del gasto público y también de incentivos al creciente y aciente sector empresarial son imprescindible para la reactivación económica". Se habla de alzas tarifarias en los servicios básicos como la electricidad y el gas. ¿Serán las poblaciones más desfavorecidas las más impactadas?Nuestro entrevistado inisite: "Que las clases populares van a sufrir, no me queda ninguna duda. Va a haber cortes importantes y aumentos de precio en áreas como el consumo de electricidad, el transporte, la alimentación… Ese paso de lo que ellos llaman 'subsidios a productos' a 'subsidios a las personas' va a traer un coste importante a sectores de lo que en Cuba se podría llamar, o en el resto del mundo, una clase media baja e incluso clase trabajadora". Leer tambiénCuba: ¿Qué desafíos esperan a Miguel Díaz-Canel para su segundo mandato?Unas de las causas de la crisis son la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones de Washington. Sabiendo que el país tiene planificación centralizada y un predominio de la empresa estatal, ¿cuáles serían las medidas que aplicar de manera urgente?En la mayoría de los casos, están hablando de cuestiones que son mera racionalidad de economía básica."Cuba está viviendo en condiciones que pueden ser calificadas de hiperinflacionaria y eso es un problema real para la reforma, para el cálculo de los actores, para su visión estratégica, para la inversión... Para un mero plan de negocio, eso se convierte en un desaliento muy importante, así que creo que las medidas habría que preguntarse si van a ser suficiente, pero yo creo que la mayoría de los casos están hablando de cuestiones que son mera racionalidad de economía básica", conlcuye.

Nace la primera asociación nacional de víctimas de pederastia de la Iglesia en Bolivia. Bajo el nombre Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, pretende erigirse como un lugar seguro en el que las víctimas puedan compartir sus historias para poder avanzar con sus vidas y a la vez, poner fin a la impunidad. Ya hay 500 afectados que hablan por primera vez después de décadas de silencio.  La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, primera asociación nacional de víctimas de pederastia de la Iglesia en Bolivia va creciendo. Cada día se suman más víctimas a la lista de los que fueron abusados sexualmente en el país por los curas católicos. “La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de abuso sexual eclesial nace a partir de una necesidad de organizarnos. A principios de mayo el periódico ‘El País’ saca a la luz el diario de un pederasta. Se destapa toda una ola de abuso sexual de un cura en el colegio internado Juan 23. Los jesuitas hábilmente abren canales de escucha para captar a las víctimas. A muchos les han cooptado con trabajo. Todo este tiempo, estos 40 años, están acostumbrados a resolver las cosas bajo la mesa”, explica a RFI el presidente de esta asociación, Wilder Flores.El sacerdote español Alfonso Pedrajas confesó haber abusado de unos 85 menores entre los años 60 y los años 2000. El jesuita falleció y nunca tuvo que responder ante la institución ni la justicia. Mientras tanto, y tras el escándalo que fue revelado por el diario ‘El País’, Bolivia, inició una investigación.“El segundo perpetrador, Francesc Peris, tenía persecución penal en España y lo traen a Bolivia y lo ponen como director del internado, donde comete sus fechorías. Después, otro caso que tenemos muy grave el padre Luis Tó. Él tenía sentencia penal por violación de una niña de ocho años en España. Y lo traen aquí y lo llevan al Alto de La Paz. Lo ponen a cargo de la formación Catequesis de niños, de novicios, como responsable de moral sexual y ética”, explica Flores.40 años de abusos sexuales reconocidos y encubiertos por la Iglesia, que no se han denunciado hasta ahora.  “Cuando nos pasó todo esto éramos niños. 12, 13, 14, 15, hasta 16 años máximo. Entonces, ¿a quién vas a contar? ¿Quién te va a creer cuando piensas que has sido el único? Estábamos bajo su absoluta responsabilidad. Reemplazaban la figura paterna, la autoridad paterna. Ejercían todo el poder sobre nosotros. Entonces ¿cómo denunciar? ¿Quién nos iba a creer? Era realmente complicado”, recuerda a RFI Wilder Flores.

Miles de migrantes se congregaron en el extremo sur de México para hacer la ruta en caravana hacia Estados Unidos. La iniciativa responde a que las autoridades mexicanas impiden la libre circulación de los migrantes negándoles permiso de tránsito con el objetivo de limitar las llegadas a la frontera norte. La caravana de los migrantes va desde la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, y pretende llegar a la frontera norte de México, el paso para llegar al territorio estadounidense. Unas 10.000 personas, entre ellas latinoamericanos, africanos y asiáticos partieron el domingo pasado.“Nosotros con dignidad vamos a caminar hasta alcanzar nuestro objetivo. Son 24 nacionalidades, principalmente de Honduras, Cuba, de Haití, pero también hay gente de Nicaragua, de Guatemala, Salvador, República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, Venezuela, Brasil. Tenemos también a iraníes, paquistaníes, hindúes, gente de Siria, China, Bangladesh y de varios países de África”, explica a RFI Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana que viaja con el grupo de migrantes.Decidieron emprender el camino tras haber pasado varios meses varados en Tapachula en situación de extrema pobreza. Desde el domingo, la caravana va creciendo y los migrantes se van sumando en el camino. Ya serían 14.000.“Es gente muy necesitada, varada en Tapachula desde hace siete u ocho meses, que no es atendida por el Instituto Nacional de Migración, y esa es la razón por la cual hemos decidido caminar. Estamos en el tercer día de caminata y se ha incrementado el número caminando por la carretera costera de Chiapas. Yo creo que es el mayor movimiento de seres humanos de tal magnitud caminando juntos”, afirma García Villagrán.“Yo creo que es la primera vez en la historia del sureste de México que, en las carreteras, en vez de ver árboles y se ve mujeres y niños caminando. Creemos que al salir de Chiapas vamos a tener un contingente de 16.000 personas y de ser así va a ser mucha gente la que va a llegar a la Ciudad de México”, advierte el director del Centro de Dignificación Humana.Desde el mes de septiembre, el Instituto Nacional de Migraciones no estaría otorgando permiso para circular por México, dejando una situación humanitaria caótica como lo denuncian las ONG de Tapachula.“El Estado mexicano nos ha dejado a expensas del crimen desorganizado, es decir, de los cárteles, porque al negarse a dar documentación y a cumplir la ley y los reglamentos de migración, así como de asilo en México, los migrantes han decidido irse con los coyotes, con los traficantes de humanos y esto ha puesto en riesgo a muchas mujeres y niños, por lo cual la única forma segura es caminar diez y hasta 12 horas diarias, bajo un sol aquí en la costa de Chiapas apabullante”, explica.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el flujo de migrantes aumenta en estos últimos meses y en las últimas semanas, la policía fronteriza estadounidense dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que semanas previas.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Tren Interoceánico, un transporte de pasajeros y mercancías que va del puerto de Coatzacoalcos, en el Atlántico, al de Salina Cruz, en el Pacífico. Con esta obra México abre una nueva ruta comercial para ir de un océano al otro, pero los expertos aseguran que el Interoceánico no representa una competencia para el Canal de Panamá, ya que los trenes y barcos tienen sus propios clientes. Al inaugurar el Tren Interoceánico, López Obrador dijo que los mexicanos recordarán el 22 de diciembre de 2023 como el día en el que las aguas del Pacífico y del Atlántico se enlazaron con la tierra, gracias a este tren que llevará pasajeros y mercancías por más de 300 kilómetros, la distancia que separa las costas mexicanas en esta estrecha parte del país.   No obstante, al atravesar montañas, ciénagas, y bosques de niebla, se calcula una extensión de vías férreas de 1 200 km, que pasarán por 11 poblaciones y donde se pretende crear polos industriales.  El Canal de Panamá era hasta entonces la vía más rápida para atravesar mercancías de un océano al otro, y dada la cercanía de México con Estados Unidos, este tren podría ser atractivo para las empresas.“La comunicación interoceánica conlleva dos tipos de transporte: trasladar el contenedor a la plataforma del tren, y de ahí llevarlo a la costa este de Estados Unidos y Canadá. Esto supone otra alternativa para la empresas, sobre todo las asiáticas”, asegura José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México.El mandatario mexicano reiteró que en ningún momento pretende competir con el Canal de Panamá, y aunque quisiera, el tránsito por tierra es muy diferente del marítimo.“El tren mexicano está planteado para cargas generales. Con lo cual, no se puede hablar de una competencia directa, sino de una oferta complementaria. Sin embargo, cualquier iniciativa que abra una nueva vía de transporte, compite con las existentes. La cantidad de viajes o frecuencia del tren y la oferta que le haga el mercado podría llegar a ser competitivo”, detalló a RFI Jesús Martínez Marín , Director de los Estudios universitarios de logística y negocios marítimos del TecnoCampus (Universidad Pompeu Fabra).El tiempo para llegar de un océano al otro será de siete horas, y por el momento sólo hay una salida por día en ambos sentidos. 

El fin de año no está siendo fácil en Argentina. Las medidas de ajuste del flamante Gobierno de Javier Milei, asumido el 10 de diciembre pasado, ya están impactando en la economía, especialmente en una fuerte escalada de precios, que tiene preocupada a la población. Milei dijo que su programa de ajuste es inevitable para estabilizar la economía, y advirtió que será duro y empeorará las condiciones de vastos sectores de la población. En un local de venta de cotillón de Buenos Aires, que en este momento está enfocado a las fiestas, con disfraces de Papá Noel, guirnaldas y pelotas para el árbol de Navidad, la gente está haciendo fila para pagar sus compras.“Nunca se sabe”“Tuve que bajar un montón las compras, la verdad que sí. Pero bueno, esperemos que ahora venga algo mejor”, afirma Cinthia, una empleada administrativa de 31 años, que hizo una pequeña compra.Franco, que trabaja en la tienda, dice que la inflación hace que los precios puedan cambiar repentinamente: “Hay muchas cosas que no tiene precio, por ende, hay mucha gente que viene a preguntar qué pasó con los precios, si aumentó, si va a seguir aumentando, y es algo que nosotros no sabemos exactamente. Entonces, sí, le tenemos que decir ‘mirá, estos son precios de hoy, ya el día de mañana esperemos que siga el mismo, pero nunca se sabe’”, subraya.La inflación ya era muy alta, pero se aceleró tras la devaluación de más del 50% del pasado 12 de diciembre, lo que generó aumentos de precios que en algunos casos estuvieron por encima del 100%.Un combo “muy explosivo”Eso, sumado a las fuertes medidas de ajuste que anunció el Gobierno de Javier Milei, tendrá profundas consecuencias, según Leandro Bona, economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.“Yo no estimaba que la devaluación fuera tan alta. Va a tener un impacto todavía más fuerte de lo esperado. Así que son meses donde vamos a rozar, tal vez la hiperinflación, que es un 50% mensual. Y con una muy fuerte caída de los ingresos reales, un aumento muy fuerte de los precios de vuelta y se le agrega el aumento del desempleo. Así que es un combo realmente muy, muy explosivo en términos sociales: esto va a disparar la pobreza y la indigencia de manera notable”, indica el economista.“La tradición no se puede perder”De regreso en el local de cotillón, Carlos, que llegó desde Venezuela a Argentina hace seis años, también está de compras y sorprendido por la inflación: “Desde estos últimos 15 días ha sido un aumento total y desmesurado y han aumentado mucho las cosas. Pero sí, he tenido que ajustarme”, cuenta. Pero en lo que tiene que ver con las fiestas, incluso en ese contexto de ajuste, Carlos cree “que la tradición independientemente de la situación no se puede perder”.Por ahora, vienen las fiestas, y el foco, como dice Carlos, estará en la celebración y las reuniones familiares. Pero el trasfondo del ajuste, la inflación y sus efectos, no desaparece. Y podría acrecentarse a medida que avancen las semanas.

Pocos días tras haber asumido su cargo como presidente de Argentina, Javier Milei se enfrenta a su primera protesta general por el ajuste económico con el que busca equilibrar las cuentas del país. Este 22 de diciembre, el Sindicato de los Trabajadores del Estado Nacional convocó a una Jornada Nacional de la Lucha. RFI entrevistó a Rodolfo Aguilar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “En principio es la primera respuesta a lo que nosotros decimos un ajuste brutal, regresivo, que se está descargando sobre las espaldas de los trabajadores, de las jubiladas y los jubilados, y los sectores populares”, empieza explicando Rodolfo Aguilar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).“El Gobierno ha decidido declarar la guerra”“En el caso particularmente de los estatales”, precisa a RFI, “el Gobierno ha decidido declarar la guerra, adelantando que va a combatir el empleo militante y, por supuesto, refiriendo a que va a llevar adelante despidos masivos de todas las áreas estatales, además de privatizar, traspasar a manos de sectores privados numerosas empresas públicas”.Leer tambiénFuerte debate en Argentina ante las medidas económicas de Milei“Frente a esto, nosotros hemos decidido llevar adelante la primera medida de fuerza nacional, una medida que intenta frenar políticas que hasta aquí han destruido el poder adquisitivo de los salarios y de todas las jubilaciones”, agrega Aguilar.“Tenemos una economía que va a caer”A la pregunta de sise manifiestan por el legado del pasado gobierno o por lo que está por venir, el sindicalista contesta que “nosotros veníamos sufriendo con el anterior gobierno la falta de respuestas a las principales demandas que teníamos los trabajadores. El anterior gobierno termina con un 45% de pobreza, la mitad de los trabajadores en la informalidad, el 60% de todos los asalariados formales pobres y el 80% de las jubiladas y los jubilados bajo la línea de la indigencia. Ahora el Gobierno de Milei pretende aplicar un programa de ajuste y se nos ha mentido porque la motosierra, el recorte, está lejos de pasar por la política y se está aplicando sobre la gente y sus derechos”.“Lo cierto es que nos están llevando al peor de los infiernos, porque en muy poco tiempo tenemos una economía que va a caer. Con el aumento de la inflación, esto va a ser imposible para las argentinas y los argentinos”, concluye Aguilar.

En menos de un mes, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, deberá asumir la presidencia. Desde su paso al balotaje, la Fiscalía guatemalteca ha hecho de todo para impedir que llegue al poder. Ante esta situación, la comunidad internacional reitera día tras día su apoyo para que asuma el cargo, pero sobre todo Estados Unidos, un país con quien Guatemala tiene una larga historia de dependencia y problemas compartidos. Todos contra la Fiscalía de Guatemala. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y los aliados de este país de Centroamérica, han condenado los intentos del Ministerio Público para impedir que Bernardo Arévalo, el presidente electo, tome el poder el próximo 14 de enero. Incluso lo han llamado como un “intento de golpe de Estado”. En esta historia, Estados Unidos se ha mostrado muy interesado.Institucionalidad“La relación con Estados Unidos ha sido históricamente una relación de dependencia. Tratan de asegurarse de que en este caso particularmente, no se rompa la institucionalidad”, explica a RFI Daniel Matul, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Costa Rica.“Primero, porque no les conviene tener una inestabilidad que pueda luego contagiarse a El Salvador, Honduras, Nicaragua. Segundo, porque hay una serie de compromisos internacionales desde la salida de la famosa CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, por mantener una institucionalidad que aparente estar funcionando. Creo que además la lucha contra la corrupción se ha convertido en el principal tema, digamos, de la relación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala. Y se ha hablado mucho del papel de los tribunales, de su debilidad institucional y creo que esa parte también le interesa mucho a Estados Unidos”, detalla el especialista.InmigraciónStephanie Lissette Rodríguez, autora del reporte “Elecciones 2023 en Guatemala, una democracia en crisis” publicado por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), puntualiza que la migración también es un tema de interés para Estados Unidos, puesto que los acuerdos bilaterales son fundamentales para atender la crisis humanitaria en esta región.“Creo que el tema de la inmigración juega un papel importante porque en Guatemala, es un tema muy importante que seguramente el próximo gobierno va a tener que abordar. Y creo que el acompañamiento no debe durar hasta el 14 de enero, sino que debe continuar. Han sido muy solidarios con nosotros en diferentes momentos, sobre todo desde los Acuerdos de Paz, hace casi 30 años. Entonces, ojalá sigan acompañando sobre todo a la ciudadanía en esta lucha por tener un país democrático”, enfatiza Rodríguez.Además de la cooperación internacional, Rodríguez recuerda que el respaldo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para garantizar la juramentación es un hecho sin precedentes.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa dio su primer gran paso para reformar la economía del país. Este martes el Congreso aprobó una ley que facilitará las inversiones extranjeras, el flujo de capitales y la creación empleos. Aunque para ello se crearán unas seductoras "zonas francas", donde las empresas pagarán menos impuestos, algunos especialistas consideran que lo primero que buscan los inversores es una sociedad estable y segura.  El pasado martes 19 de diciembre, Daniel Noboa se declaró “muy contento” después de que el Congreso aprobara la Ley de eficiencia Económica y generación de Empleo que, según dijo “va a beneficiar a los jóvenes y va a poder ayudar a traer inversión extranjera”. Con estrategias liberales, Noboa pretende sacar a Ecuador de una crisis marcada por el desempleo y la violencia. Pero por más que le apueste al capital extranjero, especialistas como Raúl Aldaz, economista e investigador en la Universidad San Francisco de Quito, consideran que los inversionistas buscan ante todo estabilidad. “La ley o las estimaciones oficiales que esperan recaudar casi 900 millones de dólares para el año 2024. El 2023 lo vamos a cerrar con un déficit de 5.000 millones”, destaca Aldaz. “Entonces en magnitud estamos muy lejos de resolver el problema de fondo, que necesita una reforma tributaria más profunda”.  El economista explica que esto no va a facilitar una inversión extranjera y que se esperan señales de un país mucho más estable en cuanto a política pública, incluyendo la tributaria. “La generación de empleo, la creación de nuevos trabajos es uno de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana, es decir, es una economía que le cuesta generar nuevas plazas de trabajo”, dice. "3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal"En vísperas de la aprobación de la, diferentes gremios se organizaron para manifestar su rechazo al considerar que sus garantías laborales se encontraban en riesgo.  “De cada 10 ecuatorianos, únicamente tres tienen empleo, el resto está en la informalidad”, dice a RFI Juan Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores de Ecuador. “Y con esto lo que van a hacer es agravar la situación. Al implementar zonas francas, que es el mecanismo y el mensaje para generar empleo en los jóvenes, se aplicaría un contrato que puede ser renovado una y 100 veces. Estos nuevos mecanismos de ley van a agudizar aún más a quienes generamos la riqueza que somos de los trabajadores”, afirma. El gobierno de Noboa se encamina ahora a reformar las leyes energéticas.  

La intervención militar y policial de este 18 de diciembre en la cárcel de Tacumbú, en Paraguay, tenía como objetivo trasladar a un jefe narcotraficante que dominaba el penal y recuperar el control del recinto. ¿Tendrá un impacto real? “Con firmeza y determinación hemos realizado una operación histórica y sin precedentes con el fin de construir un país más seguro para nuestras familias”, declaró el presidente paraguayo Santiago Peña, sobre la sorpresiva “Operación Veneratio” que terminó con la captura y el traslado a otra prisión del narcotraficante paraguayo Javier Rotela. “Hoy el Gobierno de Paraguay dijo basta a un modelo penitenciario que convertía a las cárceles en verdaderas escuelas del delito y del crimen”, señaló Peña en su mensaje.Clan RotelaEl narcotraficante se había hecho con el control interno de la prisión de Tacumbú, desde donde manejaba a su vez el tráfico de drogas en los centros urbanos de Paraguay.El criminólogo y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP), Juan Alberto Martens, describe para RFI la figura de Rotela: “Javier Rotela es una persona con una trayectoria delictiva amplia. Criminológicamente, un delincuente de alto riesgo, que empezó muy abajo en la estructura criminal, siendo pequeño distribuidor de drogas, hasta convertirse en la cabeza de lo que se llama Clan Rotela o La Jungla, que es una estructura criminal a la que están adheridas unas 7.000 personas dentro del sistema penitenciario, y que está presente en prácticamente todas las penitenciarías de varones”, explica.“Y desde la cárcel Tacumbú, que es la Penitenciaría Nacional, coordina la venta al menudeo de estupefacientes al área metropolitana de la capital y otras ciudades, capitales departamentales”, añade.Rotela fue capturado en el sector conocido como La Jungla, inexpugnable bajo su dominio desde hace varios años, y trasladado de inmediato al penal militar Viñascué, en las afueras de la capital.“Eso era absolutamente innecesario”Pero para el profesor Martens el operativo gestionado por el Gobierno para anular la capacidad de Rotela no acabará con el actual sistema de corrupción penitenciario. Obedece más bien a un lavado de imagen a favor de Peña que acaba de cumplir sus 100 primeros días de mandato bajo un delicado índice de popularidad.“Lo que pasó se dio en un momento político de mucha impopularidad en los 100 días de Gobierno. El Gobierno necesitaba una foto de tapa al estilo Bukele, populista, violatorio de los derechos humanos, incluso presentando a personas semidesnudas en televisión, sacando fotos”, denuncia Martens.“O sea, eso era absolutamente innecesario desde la perspectiva del control territorial al interior de las cárceles, pero sí necesario para aumentar la legitimidad y para aumentar un poco la imagen caída por tomas de decisiones impopulares en los últimos meses”, prosigue.“Entonces, si no hay una reforma estructural del sistema penitenciario, si no hay un combate claro a la corrupción y si no hay una decisión de cumplir las leyes dentro del sistema penitenciario, esto va a pasar a una anécdota de aquí a poco”, concluye el criminólogo.Paraguay es el cuarto país en el mundo con más presos sin condena. El 65 % de las personas privadas de libertad están esperando un juicio. El hacinamiento en las cárceles hace que la tasa de población carcelaria supere las 16.000 personas.  

En entrevista con RFI, Marco Antonio Gandarillas, Director Ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), dice que las inversiones de empresas chinas en América Latina son 'rechazadas en muchos casos por la población local' y su principal problema es que 'afectan los derechos ambientales'. China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina aportando una financiación de más de 140 mil millones de dólares a nueve países de la región para mega proyectos, entre otros, el Tren Maya y el megapuerto de Chancay en Perú. Pero, ¿qué hay detrás de esta relación e interés comercial?"La relación entre América Latina y Chine se ha vuelto muy vibrante. En lo que va de 2023, alrededor de siete presidentes de los países más grandes de América Latina han tenido visitas a China o se han reunido con importantes jefes, empezando por Lula en Brasil. En todos los casos se han firmado una serie de acuerdos. Brasil firmó más de 30 acuerdos nuevos con China en áreas estratégicas para Brasil y también para China", dice Marco Antonio Gandarillas, Director Ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB),Varias investigaciones, entre otras, las del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA), señalan que estas inversiones son peligrosas para los derechos sociales y medioambientales de los países concernidos. Al menos en una decena de casos, los proyectos carecían de una licencia ambiental adecuada y afectaban a zonas protegidas."Son áreas problemáticas desde el punto de vista social y ambiental. Las empresas chinas seleccionan donde deciden invertir en la región y tienen en muchos casos el rechazo de la población local. Su principal problema es que afectan derechos ambientales", agrega Gandarillas.La falta de transparencia de muchas de estas negociaciones y ciertos oscuros acontecimientos han hecho que salten las alarmas sobre el interés de China en Latinoamérica y viceversa.El 31 de octubre de 2022 en la televisión Telemazonas de Ecuador, el periodista Fernando Villavicencio, denunció un claro caso de corrupción entre empresas chinas y el gobierno ecuatoriano en ese entonces: "Provenían desde China y ¿quién autorizó el ingreso de este acero? La empresa fiscalizadora de la familia del ministro", denunció el periodista en ese entonces. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, siendo candidato a la presidencia de Ecuador.La caja de Pandora, sin embargo, ya se había abierto. Varios periodistas ecuatorianos han publicado una investigación, "Los secretos de la deuda china", en la que denuncian el caso PetroChina, corrupción, negligencias, violación de tratados ambientales y derechos humanos, pero también censura informativa."[En los contratos con las empresas chinas] hay cláusulas de confidencialidad para que los países no divulguen la información completa e integral a su población sobre sobre las condiciones del financiamiento de China", apunta Marco Antonio GandarillasLa relación entre los países de América Latina y China navega entre dos aguas. La necesidad de esos países de crecer y seguir desarrollándose y la preocupación de no poder proteger uno de sus bienes más preciados, sus recursos.

El Gobierno de México presentó este 14 de diciembre un polémico informe que indica la localización de 16.681 personas, reportadas como desaparecidas, en el marco de un registro nacional que reúne un total de más de 110.000 casos. Una mayoría fueron asesinadas en un contexto de guerra de carteles ligada al narcotráfico. “Echamos a andar a partir del 1ro de mayo de 2023, la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16.681 personas”, anunció Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Es decir, un 15% de los más de 110.000 casos que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cifras que las ONG de las familias de las víctimas, y los politólogos, ponen en tela de juicio.“Maquillar los números”“De acuerdo con la información de los grupos de búsqueda, es decir, de los colectivos que están conformados por madres, esposas, hijas, parejas de las personas desaparecidas, no nos refieren que haya este nivel de localización de personas. De hecho, no tenemos como tal un registro que pudiéramos verificar nombre por nombre con nombres, direcciones, teléfonos, casos en concreto de cuántas personas están efectivamente localizadas. Hay esta presunción de que el Gobierno federal quiso reducir de manera artificial y maquillar los números. No tengo la certeza de que sean reales”, explica David Saucedo, consultor en programas de gobierno y analista en seguridad pública.“Pongo un ejemplo”, prosigue. “El presidente Manuel López Obrador refiere constantemente que hay una reducción en el número de homicidios. Es una cifra que él ha presentado como muestra del éxito del Gobierno en el combate a la inseguridad, pero en paralelo hay un incremento de las personas desaparecidas. Entonces, por un lado, tenemos una reducción del número de homicidios aparente, y por el otro, un incremento del número de personas desaparecidas. Es decir, las personas desaparecidas no están desaparecidas, muchas están muertas y no están localizando los cadáveres. Es decir, no hay una reducción de homicidios”, subraya el analista.“A costa de su propia vida”Estos homicidios son producidos en su gran mayoría por grupos de crimen organizado, en el marco del narcotráfico. Los colectivos y familiares siguen buscando. “La labor más importante que están haciendo los grupos de búsqueda, las organizaciones no gubernamentales, es la labor que no realizan las autoridades, de estar investigando a costa de su propia vida, las narcofosas, recuperando cadáveres, haciendo labores de antropología forense”, indica David Saucedo.“Obviamente no tienen ni el presupuesto ni la capacitación para hacerlo, pero lo están intentando. Es algo de mucho mérito porque incluso los grupos de crimen organizado ya han dirigido sus ataques en contra de los buscadores y buscadoras de personas”, concluye.Se espera que en los próximos meses, las ONG tengan acceso a las carpetas de investigación, aún confidenciales.

Chile realizará el domingo 17 de diciembre un plebiscito constitucional en el que los ciudadanos deberán elegir si respaldan o desechan la propuesta de texto que entregó el Consejo Constitucional al presidente Gabriel Boric. Pero muchos han perdido el entusiasmo en este largo proceso. El país ha batido su propio récord asistiendo como nunca a las urnas durante los cuatro últimos años. Entre elecciones de autoridades, plebiscitos y consultas ciudadanas que han ido en un vaivén de ideas políticas desde la revuelta social de 2019.“La gente ya está aburrida”Hoy en las calles de Santiago se respira un ambiente distinto al de los últimos comicios. Hablamos con Catalina, madre y joven trabajadora, quien no ve muy bien el sentido de la votación del próximo domingo 17 de diciembre.“Yo creo que este año no hay mucho interés por leer la propuesta ni por nada del asunto en general. La gente ya está aburrida, está cansada de este proceso tan tortuoso que ha sido, por así decirlo. Así que voy a votar porque tengo que ir a votar, pero no muy feliz”, dice Catalina.Y es que el desgaste político y social que ha significado este camino y lo que algunos ven como un cierre del proceso que comenzó el 18 de octubre 2019, se ha traducido en un desinterés general.“Nada me gusta de esta propuesta”Las principales demandas por las que la ciudadanía salió a las calles para protestar contra la desigualdad y exigir mejores pensiones, sistema de salud y una serie de derechos sociales, parecen cada vez más lejos de concretarse.Cecilia, por ejemplo, es una mujer jubilada que salió a la calle para conseguir mejores pensiones y aún siente que no ha ganado nada: “Yo voy a votar en contra. Nada me gusta de esta propuesta. No favorece para nada a la mujer. Y segundo, yo lo único que quiero, yo soy pensionada, es que pueda salir la ley de pensiones. Eso es lo más necesito”, afirma.El cambio de rumbo ha sido innegable: de una propuesta catalogada como progresista y feminista a otra en la que se impuso una mirada conservadora en un proceso liderado por la derecha. Todo en menos de un año.“Hay que votar no más”Pero además, y como en las ocasiones anteriores, la participación en este plebiscito es obligatoria. De lo contrario, quienes se abstengan arriesgan el pago de multas que podrían alcanzar los 200 euros.Esa es la única razón que tiene Edison para ir a votar este domingo: “Hay que votar no más. Por sí o por no hay que votar. Ahí vamos a ver”. Admite que perdió el entusiasmo, “porque las otras veces que ha pasado lo mismo no hemos ganado nada. Nadie ha ganado nada. El pueblo al menos. Pura pérdida de plata esa asamblea que hacen. En cambio, esos recursos podrían ocuparlo en otro lado”, explica Edison.

El nuevo gobierno ha presentado un paquete de urgencia para evitar la hiperinflación de Argentina, justo cuando el país registra 160,9% de inflación.  El Ministro de economía de Argentina, Luís Caputo, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida y anunciar el paquete de medidas de urgencia para paliar la crisis que atraviesa Argentina. “Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia, un país donde los argentinos somos cada vez más pobres”, afirmaba Caputo.  Un paquete que medidas que suponen el mayor recorte económico que se recuerda en el país: devaluación de la moneda un 50%, suspensión de obras públicas, reducción de subsidios de energía y transporte, reducción de funcionarios... El presidente Javier Milei fue claro con sus ciudadanos: “No hay plata”, y no dude en advertirles que vendrán tiempos difíciles. Lo hace justo cuando el país se encuentra con un 160,9% de inflación.  “Pienso que el comercio, que es donde yo trabajo, va a recibir el golpe más fuerte. Si ya estuvimos tanto tiempo en crisis, que estemos un tiempito más para poder salir adelante, me parece que aguantamos el golpe”, cuenta Tatiana Victor, una vendedora de Buenos Aires, entre risas.  Un paso atrás para coger impulso Una terapia de choque, según Milei, es un paso atrás para coger impulso con un impacto que afectará, especialmente a la clase trabajadora. Ariel Slipak, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, para RFI: “El gobierno entrante fue muy hábil en tejer un discurso, en donde se le atribuyen los costos de estas medidas a los 100 años de decadencia Argentina. Estas medidas va a generar un importante incremento en el costo de vida para la población Argentina, en general. Tanto al menor ingreso, como la de ingreso medio”. A pesar de la polémica que generan estos ajustes, el Fondo Monetario Internacional ya ha respaldado estas primeras medidas. Un beneplácito que no convence a los expertos por el historial previo que hay entre Argentina y el FMI.Leer tambiénMilei promete un "shock" económico al asumir la presidencia de ArgentinaArgentina está atada a un programa con el FMI por la deuda de 45.000 millones de dólares que contrajo en 2018. Antes de abril de 2024, el país está obligado a cancelar 10.000 millones de dólares con organismos internacionales y acreedores privados. “Es bastante lógico que el Fondo Monetario Internacional reaccione de esta manera, porque en general, sonplanes de ajuste y megadevaluaciones, incluso en renegociaciones de deudas, que en el caso argentino, no se llevará a cabo”, explica Slipek.  No todos son recortes. El nuevo gobierno también ha anunciado que aumentará el monto de ayuda social porque, la crisis irá peor en los próximos meses y la clase obrera será la que más se verá afectada con el aumento – aún más- de precios de los productos básicos y la devaluación de la moneda.  Un inicio de legislatura dura pero, tal y como afirmaba este miércoles el ministro de Economía, el gobierno prefiere “decir una verdad incómoda que una mentira confortable” a los argentinos.  

Se estima que, al mes, 16.000 personas realizan este vía crucis migratorio ."Las personas migrantes suelen ser un fin, no solo para las autoridades sino también para el crimen organizado", afirma Melisa Vértiz, secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria Familias enteras con niños llegan por tierra o por las aguas de río Suchiate entre México y Guatemala. Todos huyen de lo mismo. De la violencia de las pandillas, la persecución política o la crisis económica, y todos buscan lo mismo: alcanzar el sueño americano."Quiero un futuro para mis hijos, para mi familia. En Venezuela no hay. Por eso decidí tomar rumbo a EE. UU. a pie", Julio Andrade, venezolano y migrante.    Según el Centro de Dignificación Humana, un millón de migrantes procedentes de distintas partes de América del Sur han llegado este año a México. Un pico de migración histórico que ha colapsado, aún más, el sistema migratorio mexicano. Melissa Vértiz Hernández, Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. "No hay un perfil concreto. Suelen ser personas que buscan oportunidades de trabajo. Buscan también posibilidades de atención médica o inclusive buscan asilo en México". Se estima que, al mes, realizan este vía cruzis migratorio unas 16.000 personas, pero no todos consiguen llegar a su destino. Este año, 90 personas han fallecido en el intento de llegar a pie a EE. UU.  Aunque 2022, fue aún peor. Cerca de 900 personas murieron, según las ONG’s. Las organizaciones piden a los gobiernos mayores infraestructuras para acoger a los miles de migrantes que llegan diariamente a Tapachula. Un territorio conocido también como la cárcel méxicana a cielo abierto, donde los migrantes quedan atrapados entre las mafias y la corrupción administrativa. Situaciones límite que llevan a muchos, a pagar hasta 90.000 pesos, unos 5.000€ a las mafias para poder llegar a EE. UU. "Las personas migrantes suelen ser un fin, no solo para las autoridades sino también para el crimen organizado", afirma Melisa. Leer tambiénMiles de migrantes atrapados al sur de la frontera de MéxicoLas caravanas migratorias se han convertido en todo un símbolo en Latinoamerica, a las que cada vez se unen más migrantes que recorren a pie miles de kilómetros. No hay edad ni un perfil concreto, advierten las organizaciones. “Cada vez se ven más familias enteras cruzando a pie la región para buscar una vida mejor. Huyen de las pandillas, de la persecución política, de la falta de trabajo...”. México ha endurecido sus políticas migratorias, y muchos señalan a EE. UU., como responsable de este endurecimiento."Hemos identificado que cuando hay algún tipo de negociaciones con el gobierno de EE.UU. se empiezan a endurecen las medidas, como por ejemplo, la creación de la Guardia", señala Melissa. En 2023, México registró un 60% más de migración Este año, México ha visto incrementada la migración irregular un 60%. Las organizaciones insisten y presionan al gobierno mexicano para que trabaje en medidas efectivas, ya que “los migrantes no dejaran de llegar” afirman.Las ONG’s advierten de la necesidad de invertir en una mayor infraestuctura pra recibir a migrantes que no van a dejar de llegar, porque ellos lo tienen claro: alcanzar el sueño americano a cualquier precio.  Leer tambiénDesarticulan caravana de migrantes en Tapachula

En Guatemala empezó el juicio por el asesinato del francés Benoît Maria, quien trabajaba en una ONG en el país. En agosto de 2020, murió tiroteado en una emboscada, y aún no se saben los motivos del crimen. Benoît Maria había trabajado durante 20 años en apoyo a las comunidades indígenas mayas en el desarrollo agrícola, cuando fue asesinado fue el 10 de agosto de 2020, a la edad de 52 años, mientras conducía su camioneta en un camino hacia el pueblo indígena de San Antonio Ilotenango, en el departamento de Quiché.“Una sentencia condenatoria”Tres años después se abre el juicio por esta causa en el que sólo una persona, Diego Tay Vicente, ocupa el banquillo de los acusados, enfrentándose a la familia de Benoît Maria que defiende el abogado Edgar Pérez Archila.“Hay un sentimiento todavía de incertidumbre. Obviamente no están acostumbrados al desarrollo de estos juicios. El tema de la aceptación de cargos generó dudas. Sin embargo, el debate apenas está iniciando en estos momentos. Vamos a discutir con la familia para explicarles, pero sí hay esta situación de evaluación de cómo está la traducción, porque no hablan español”, explica el abogado.Según él, estarían “satisfechos con que el Tribunal logre entender la hipótesis acusatoria en el sentido de que hay una responsabilidad del señor Diego Tay Vicente en la ejecución de los hechos en contra de la vida de Benito Maria. Una sentencia condenatoria, con eso estaríamos satisfechos. Es decir, que el tribunal dé como acreditado que efectivamente los hechos fueron cometidos por la familia Tay Vicente y en este caso por el señor Diego Tay Vicente”.“Cuál es el móvil?”Benoît Maria es recordado a día de hoy por sus compañeros como un activista de vocación que desde joven tuvo el deseo de involucrarse en una ONG rural internacional. Desde su asesinato, su entorno aún se sigue preguntando cuáles fueron los motivos del crimen.“Todos tenemos exactamente la misma interrogante. ¿Cuál es realmente el móvil, el motivo? Porque el que se maneja ahora a través de la hipótesis del Ministerio Público es que al señor Benito María lo mataron por no haber pagado un peaje. Sin embargo, todavía se tiene la duda si realmente fue por eso. Pero ésa es la acusación y la investigación que se ha realizado es que los rumores que habían en la comunidad era que efectivamente no pagó un peaje y que era un roba niños y por eso tomaron la decisión de quitarle la vida”, subraya Edgar Pérez Archila.La justicia francesa también es competente para investigar en este caso. Paralelamente a las investigaciones en Guatemala, se llevó a cabo una investigación preliminar en Francia al mismo tiempo que en febrero de 2021 se nombró a un juez de instrucción en el Tribunal de Casación de París.

En Honduras, niñas, niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, así lo alerta la Agencia de la ONU para los Refugiados  (ACNUR), que junto con la Coalición contra la vinculación jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), trabajaron en el primer informe sobre esta situación. El estudio se llama “La Tarea Pendiente” e incluye recomendaciones jurídicas para luchar contra este grave problema.  Por Laura Valentina Torres  “La Tarea Pendiente” es el primer informe de recomendaciones jurídicas, que recolecta cifras, recomendaciones y prácticas para mitigar un problema poco conocido y poco visible, y sin embargo muy grave: el reclutamiento forzado por bandas criminales de niños y adolescentes.Honduras tiene una alta tasa de homicidios, doble a la de Guatemala y cinco veces más que la de El salvador. Los principales grupos delictivos son las pandillas y "maras", quienes además de llevar el mando de la violencia en el país, reclutan forzadamente a niños, niñas y adolescentes vinculándolos a sus clanes.Los menores en condiciones de pobreza, exclusión social y difícil acceso a la educación, son el "caldo de cultivo" para este reclutamiento, según Rodrigo de la Barra, oficial de protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, l’ACNUR, en Honduras al micrófono de RFI: "Estos grupos se presentan como "buenos amigos" que van a ayudar a los niños, niñas y adolescentes a superar la precaria situación y poco a poco los van involucrando en tareas cada vez más significativas y por supuesto, más conectadas todavía con el crimen, hasta el momento en que comienzan a hacer parte efectiva del grupo."En el caso, por ejemplo, de los niños, hemos observado en nuestro trabajo en las comunidades, que muchas veces son empleados como informantes, lo que se conoce coloquialmente como “banderas”, incluso son colocados a hacer cobros de extorsión y llegan hasta a obligarlos a hacer narcomenudeo.“En el caso de las niñas, observamos que muchas veces son forzadas a ser pareja de los integrantes de los grupos, produciéndose incluso en algunos casos matrimonios forzados.Es importante entender que los niños, niñas, y  adolescentes que han sido reclutados, lo han sido de una manera forzada, y a muy temprana edad.” concluye Rodrigo de la Barra.Escuche aquí el programa de radio:Víctimas y no actoresLos que caen en la red, se ven obligados a realizar actividades criminales. Los que no, pero estuvieron en riesgo, optan por partir.El 10 %  de las quejas presentadas a la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)  por desplazamiento interno en Honduras, fueron a causa del reclutamiento infantil, y  de los  247 090 desplazamientos entre 2004 y 2018, 1853 hogares aseguraron también, que el reclutamiento forzado de menores, fue la razón de su partida.Y aunque el gobierno trabaja ya en conjunto con el ministerio público y con las instituciones locales, la articulación de los sistemas de protección de niñez, trata y desplazamiento interno, son todavía en Honduras, "una tarea pendiente".

La batalla sobre la vuelta de los toros a México no ha llegado a su fin, aunque los animalistas admiten que es un "paso atrás".  Desde hace un año y medio, las corridas de toros en Ciudad de México dejaron de celebrarse tras la decisión de un juez federal de prohibir los espectáculos taurinos en la Monumental de Ciudad de México, la plaza más importante del país, por las denuncias de distintas organizaciones animalistas. Un ataque contra el medioambiente y la degradación del toro, según organizaciones animalistas, que parece que puede volver a las plazas de la capital mexicana tras el levantamiento del veto por parte del Alto Tribunal de México. Aunque no es una decisión en firme, los taurinos ya celebran este último paso. Por el lado de los animalistas, según Jerónimo Sánchez, Director General de ANIMAL HEROES, es "un paso atrás para coger impulso".  No es la primera vez Una polémica tradición que no es la primera vez que se prohíbe en México, pero para explicarlo hay que remontarse a varios (o muchos) años atrás.No es un misterio que la "fiesta brava" fue importada por los españoles. La primera corrida registrada en México se celebró en 1526, en la Plaza del Marqués con el virreinado. Aunque, ya en 1867 se prohibieron, por primera vez, por motivos administrativos hasta 1920.Para los defensores de los animales, ahora es momento de avanzar;"Es insostenible, es insoportable, es inmoral, es ilegal que todavía se siga permitiendo la gallística, la tauromaquia, las carreras de cabos. O sea, ya no puede ser tolerable ya esto ya tiene que acabar la violencia ejercida a cualquier ser humano o cualquier ser vivo tiene que parar", afirma Gabriela Ramirez, activista antitaurina.  Tras años de celebración, en 2013, el estado de Sonora volvió a prohibir las corridas de toros, y a este estado le siguieron otros, como: Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo o el último, Guadalajara. Una prohibición que se expande y que continúa creando polémica.Leer tambiénEl debate de las corridas de toros, ¿arte o tortura?La tauromaquia: 80.000 puestos de trabajoLos taurinos insisten en que el toro genera, solo en México, 80.000 puestos de trabajo directos y 140.000 indirectos. Para ellos, prohibir las corridas supondría ir en contra de la libertad de expresión y de asociación. Así lo expresaba el joven torero mexicano, Isaac Fonseca, en una manifestación a favor de la tauromaquia: "¡Exijo libertad, exijo que se respeten mis derechos! Sobre todo, porque es mi fuente de empleo, y de tantos otros que estamos aquí". En cambio, Jerónimo Sánchez, Director General de ANIMAL HEROES, afirma que, "jamás se han aportado pruebas, cuando se han pedido, sobre los datos de la cantidad de puestos de trabajo que genera la tauromaquia". Además añade que, en México las plazas de toros cada vez, se utilizan más a menudo para conciertos que para las propias corridas. "Si fuera solo por las corridas, que ya le digo que no se llenan las plazas. La gente del toro no podría subsistir". La batalla sobre la vuelta de los toros a México no ha llegado a su fin. Aún queda esperar a la sentencia que puede ser recurrida en segunda instancia. También, los mexicanos esperan el famoso referéndum, que prometió el presidente López Obrador hace ya un par de años, y que sigue sin llegar. Leer tambiénEl debate sobre la prohibición de la corrida vuelve a la arena política francesa

La UNESCO ha declarado el ceviche peruano Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero sus orígenes llevan cientos de años generando debate.  La UNESCO acaba de declarar el ceviche peruano como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De nuevo, la gastronomia demuestra que no es solo una cuestión de comer, también es identidad, cultura y territorio.  Existen tantas cocinas en el mundo como pueblos, pero si rebuscas entre ellas, al final, solo hay una cocina. Entonces, ¿de dónde viene el ceviche? ¿Es realmente peruano? ¿Español? ¿Árabe? O ¿japonés? Durante cientos de años, el origen incierto del ceviche ha despertado dudas y ha levantado polémicas por sus distintas maneras de prepararlo. Incluso, la manera en cómo se escribe: seviche, ceviche, cebiche... Sin saber, en muchas ocasiones, que todas están aceptadas por la Real Academia Española. El prestigioso chef peruano, José Antonio del Castillo, cuenta para RFI la importancia de este platillo para los peruanos: "La receta más veraz y la que los cocineros respetamos y consideramos importante, es una que viene de los primeros habitantes del norte del Perú, que son los moches. Los pescadores moches, que son inicialmente los que comían el pescado con sal y ají. No tenían cítrico, era pescado salado curado y con ají. Hay muchas otras versiones, pero digamos que esta es la que más se ajusta al ceviche, que ya es una filosofia en Perú".  ¿Árabe? o ¿español?La primera hipotesis lanzada por el ensayista peruano Federico More, en 1952, afirmaba que la palabra ceviche proviene del vocablo “cebo”, que era una manera despectiva con la que se referían en el siglo 16 a un plato de escaso valor, crudo y pequeño.  Años después, apareció otra teoria que cada vez cobra más fuerza. El ceviche también proviene del vocablo árabe iskebech (escabeche en español), que a su vez es un préstamo de la palabra persa que significa vinagre.  Hasta día de hoy, nadie ha conseguido resolver el misterio de los orígenes del ceviche. Algunos historiadores españoles creen que la receta peruana fue influida por los colonos españoles. Según ellos, cuando los españoles llegaron al Perú, fusionaron sus productos con los locales, y las “esclavas blancas”, moriscas esclavidazas, fueron las encargadas de guisar esos productos, adaptando su estilo a la cocina del Perú.   "El ceviche nos enseñó a los peruanos a valorar la biodiversidad que tiene nuestro país y aprender a valorar todo aquello que interviene el agricultor, el productor de limones en el norte, el trabajo del pescador artesanal...", afirma José Antonio del Castillo. Leer tambiénEl cebiche, el barco insignia de la cocina peruana que conquistó el mundoUn plantillo de cineEl ceviche no entiende de clases sociales ni fronteras, y ha conseguido conquistar hasta al expresidente Alberto Fujimori, quién celebró su 71 cumpleaños en la cárcel con un buen ceviche. También, Robert de Niro, que quedó tan fascinado por la comida peruana y este platillo, que decidió emprender un restaurante peruano en Hollywood.  Es tal el prestigio que se ha convertido en uno de los principales platos de grandes restaurantes pero desde hace años el ceviche está en peligro, como consecuencia de la sobrepesca y su éxito. Es por eso que distintas asociaciones y presitigiosos chefs de Perú, como Javier Vargas, piden a las autoridades regular la pesca para evitar que el ceviche acabe siendo un platillo en peligro de extinción. "El ceviche nos hace amar más lo nuestro, respetar más. Y por ende, hacer que la gente lo valore más", sentencia el chef del Castillo. El ceviche ha demostrado una vez más que más importante que la propiedad de un plato, es su historia. Es por eso que, a partir de hoy se convierte en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Tres misiones de investigación y 83 entrevistas de Amnistía Internacional han determinado que El Salvador vive una de sus peores crisis democráticas desde la guerra civil entre 1980 y 1992.  Violaciones masivas de derechos humanos, el debilitamiento del Estado de derecho, deterioro grave del acceso a la información pública...  Este martes, Amnistía Internacional ha hecho publico un informe demoledor, en el que denuncia el preocupante deteriodo de los derechos humanos en El Salvador. Desde el pasado marzo de 2022, el país vive en un estado de excepción con el objetivo, según el presidente, de acabar con las pandillas. ¿Estamos ante el fin de las pandillas, pero también ante el fin de los derechos humanos en El Salvador?  Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, nos cuenta para RFIla situación que se vive en El Salvador. "La seguridad no puede conseguirse a costa de violar derechos humanos. Cuando se violan derechos humanos, también hay inseguridad para las personas. Cuando tú sustituyes la violencia de pandillas, por la violencia que comete el estado, en definitiva, estás continuando una situación de inseguridad. Estas detenciones masivas se producen muchas veces sin que haya ninguna justificación ni evidencia de una investigación previa, ni nada", explica. Según el último informe de Amnistía Internacional, desde que empezó la "guerra contra las pandillas" hace 20 meses, en total se han detenido a 74.000 presuntos pandilleros. La mayoría sin proceso judicial y sin pruebas. Además, el informe refleja que, actualmente hay más de 300 personas desaparecidas y casi 200 personas fallecidas bajo custodia policial. "Es difícil saber exactamente cuántas personas son pandilleros y cuántos no. Precisamente, no hay información transparente y esa es una de las críticas que también estamos haciendo. Hay familias que ni siquiera saben a dónde se llevaron a sus familiares, dónde están, en qué condiciones están... Pudimos hablar con muchas personas que, efectivamente, no tenían vinculación con pandillas. Quizás tenían vinculación porque vivían en una zona similar, o por familiares. Incluso algunos habían sido denunciados anónimamente, sin saber el motivo", denuncia Piquer. Cuando hablamos de El Salvador y Nayib Bukele es inevitable hablar de las pandillas, aunque, según Ana Piquer, las violaciones de Derechos Humanos en el país van mucho más allá. "Algunos de los elementos que identificamos tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a la asociación. También, hay vulneraciones de derechos de las mujeres, como la prohibición del aborto en El Salvador", estima. Según Amnistía Internacional, en estos momentos hay dos mujeres encarceladas por llevar a cabo abortos, y otras seis salvadoreñas se encuentran en pleno proceso judicial, por lo mismo.Leer tambiénNayib Bukele: el fin de las pandillas (y los derechos humanos)Tres misiones de investigación y 83 entrevistas de la organización internacional han determinado que detrás del velo de popularidad del sistema bukele, El Salvador vive una de sus peores crisis democráticas desde el fin de la guerra civil entre 1980 y 1992. Mientras tanto, el congreso de El Salvador ha aprobado la licencia para que Nayib Bukele pueda presentarse de nuevo, a una reelección como presidente. Algo que hasta el momento no estaba permitido, según la Constitución del país. 

El domingo, dos masacres dejaron a siete fallecidos en Colombia. Mientras las investigaciones avanzan, el número de muertes asciende y la cifra de masacres se mantiene en Colombia al pasar de los años: fueron 90 en 2023, casi igual que el año pasado. Así lo alertó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en su último reporte del 3 de diciembre. A pocos días de terminar el año, este domingo, dos masacres más se sumaron al escalofriante número de masacres en Colombia: 90 tan sólo en 2023, una cifra que no desciende en los últimos años.“A esta misma fecha, es decir, al 4 de diciembre, el año pasado iban 92 masacres. Entonces, el informe que hemos presentado es un informe de una alerta, especialmente al Gobierno, porque, aunque en los últimos años el número de masacres se ha mantenido: 91 en 2020, 95 en 2021, 94 en 2022, y al día de hoy ya van 90. Es una cifra muy alta para estar en una política de paz total, especialmente con diálogos entre los grupos armados”, explica Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en Bogotá.Pequeñas bandasEn el contexto actual, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha podido reducir este fenómeno de violencia en el país. Era, sin embargo, una de sus promesas de gobierno después de la administración anterior de Iván Duque quien entabló el proceso de paz de 2016. Los cuatro años de la etapa Duque arrancaron en 2018 con 17 masacres, y en 2022, al entregar el mandato a Petro, eran 94.“El Gobierno de Petro se ha centrado especialmente en los diálogos con grupos armados de alto impacto: las Autodefensas Gaitanistas, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN. Pero se ha descuidado especialmente con las pequeñas bandas de las ciudades. Y la gran mayoría de las masacres que se están cometiendo se están presentando en zonas que son pobladas, pero también por microtráfico y por la disputa entre estas pequeñas bandas”, estima González.En este momento, Colombia es el país que mayor índice de criminalidad de Latinoamérica presenta, seguido de México. Ambos ocupan este año la segunda y cuarta posición, respectivamente, dentro del ranking mundial de países más violentos, según datos recolectados por el portal de estadísticas internacional Statista en octubre de 2023.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió este jueves una licencia del Congreso para lanzarse a la campaña a la reelección en los comicios de febrero y será reemplazado por la secretaria de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, cercana al mandatario.Las elecciones generales en El Salvador se celebrán el próximo 4 de febrero.  La licencia al popular dirigente fue aprobada con los votos de 67 diputados del bloque oficialista, que controlan el Congreso, mientras 12 diputados votaron en contra. Hay que remontarse a los años treinta del siglo pasado para encontrar una maniobra similar. Los asesores del dictador Maximiliano Hernández Martínez le propusieron que pidiera una licencia y asi optara a seguir en el poder. Emulando al general, Nayib Bukele acaba de hacer la misma jugada. En este 2023 la Constitución continúa prohibiendo la reelección presidencial inmediata, pero con una diferencia, en septiembre de 2021, La Corte Suprema de Justicia habilitó a Bukele a buscar la reelección. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explica en la antena de RFI: "Desde 1983 que se emitió esa Constitución, no nos habíamos enfrentado a esta situación porque todos estábamos en el entendido que el presidente no se puede reelegir, ¿verdad? Obviamente se está dando licencia para que continúe violando la Constitución. La Constitución establece que no puede ser candidato a la presidencia una persona que ha ocupado más de seis meses consecutivos la Presidencia de la República. El presidente Bukele ha utilizado a sus abogados, que ha colocado como magistrados en la Sala de lo Constitucional para pervertir el sentido de la Constitución y posibilitar la reelección", señala. Le reemplaza, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, muy cercana al mandatario, trabaja con él desde hace una década, cuando era alcalde. "Dijo no va a participar en la toma de decisiones, ya en la gestión pública...supuestamente ya no, pero sabemos que eso no es así. Su círculo cercano son los que van a estar tomando las decisiones. Osea, la persona que han colocado es su secretaria privada de la presidencia, o sea, una persona de confianza" dice Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana,A pesar de todo, Nayib Bukele goza de una popularidad casi inalcanzable para los opositores en los próximos comicios. "Está por verse si eso se traduce en una votación arrolladora, como ellos lo quieren hacer ver, puede haber un margen mayor para que la oposición obtenga una cuota de poder, pero ya el gobierno y el partido oficial hicieron su movimiento. Hicieron un par de reformas electorales que ponen cuesta arriba las posibilidades de la oposición" sentencia Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana,Las elecciones generales en El Salvador se celebrán el próximo 4 de febrero. La popularidad de Bukele creció desde marzo de 2022 cuando declaró una guerra contra las temidas pandillas que mantenían control territorial y se financiaban con extorsiones, tras lo cual el país recuperó la tranquilidad. Amparadas en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y que es criticado por organismos de derechos humanos, las autoridades han encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros, pero unos 7.000 inocentes fueron liberados.

La académica cubana, Alina Bárbara López Hernández, apelará la decisión de un tribunal que la declaró culpable de "desobediencia". La doctora en Ciencias filosóficas y prestigiosa intelectual de la isla se manifestó por los derechos humanos de forma recurrente en solitario en Matanzas desde marzo, cada día 18, coincidiendo con el centenario de la protesta en 1923 de 13 intelectuales contra el entonces Gobierno de Alfredo Zayas. La acusan de desobediencia por no haber acudido a un interrogatorio. Entrevista. RFI: Usted dijo que iban a apelar a la instancia provincial. ¿Cuándo?Alina Bárbara López Hernández: Tenemos hasta el martes para presentarlo. En este caso, la apelación sería una vista, que no es una vista pública porque es solamente la letrada presentando los argumentos donde ella demuestre las violaciones que han existido ya al debido proceso, y una serie de violaciones a las garantías constitucionales en la instancia provincial, pero sería sin una vista pública. De todas maneras, me dice que si yo lo considero necesario se pudiera pedir una vista pública, pero no lo considero necesario porque, en definitiva, la importancia que esto tiene es que atienden los argumentos, deciden para yo tomar también mi determinación. Y lo que queda es esperar, me dijo que después me precisaría la demora, pero no debe ser mucho.RFI:  Usted se manifiesta desde hace un tiempo, pero no pertenece a ninguna organización. Todo el mundo la conoce porque es una prestigiosa académica. Explíquenos por qué decide salir a manifestarse en solitario de forma recurrente.Alina Bárbara López Hernández: Ante todo quisiera aclarar algo, porque muchas personas pueden pensar que a mí me están condenando, llevando a juicio, haciéndome pasar por un proceso legal, porque yo me manifiesto y no es así. El aparato de seguridad del Estado se cuida mucho de no acusar a nadie abiertamente de manifestación, porque es un derecho constitucionalmente establecido. Tampoco condenan por cuestiones relativas a las opiniones expresadas, porque también hay un derecho que tiene que ver con eso, que es en el artículo 56, “libertad de expresión”. El aparato siempre busca subterfugios o pretextos para condenar a las personas por delitos comunes, pero en realidad son delitos políticos. Entonces a mí en este caso la condena es por desobediencia, no es por manifestarme, ni es por decir o por criticar o por escribir artículos críticos contra el gobierno. ¿Cómo es esto? A mí me traen una citación para que yo vaya a la policía porque debo ser entrevistada. Yo me asesoro legalmente, no hay motivos para que yo asista porque nadie me pudo decir si hay una investigación abierta, si yo estoy respondiendo un proceso, si se presume que estoy vinculada con alguna comisión de delitos, si estoy como testigo en algún proceso, como imputada, si al menos hay sospechas sobre mí, nadie sabe nada y yo no voy a una cita a ciegas. Esa es la manera en que durante muchos años el aparato de seguridad del Estado en Cuba lleva amenazando a las personas en esas citas y entrevistas. Entonces te amenazan con diferentes formas: en el trabajo, presionar a tu familia, si tienes un viaje al extranjero, a un evento, en fin, también te puedes limitar para que tú no hagas críticas, para que no hagas una manifestación si la pensabas hacer. A veces incluso para que no des un me gusta en un medio, en una red social o no hagas un comentario así.Entonces cuando yo determino no asistir porque no hay ninguna fuerza legal que me obligue a mí a obedecer una orden que no tiene un motivo ni tiene un fundamento, es cuando a mí me detienen, me acusan del cargo, me instruyen de cargo por desobediencia y me condenan en ese juicio. Entonces, lo interesante es que todavía hoy, cinco meses y medio después del momento en que yo fui instruida de cargos, en el juicio, la abogada preguntó a la teniente que supuestamente era la persona que fue la que me trajo la citación y que la que me debía entrevistar, y la teniente reconoció que ella nunca ha sabido por qué tenía que entrevistarme a mí, que ella no tiene un motivo, que le dijeron que yo tenía que ir y que ella vino a citarme. Entonces usted comprenderá que yo no puedo admitir ser condenada por desobedecer una orden, porque yo no soy militar, yo tengo que obedecer la ley. Y la ley obliga a que, cuando a ti te citan con fuerza legal, tiene que existir un motivo. No puede ser que tú vayas porque ellos quieran y es lo que ocurre. Entonces, esa es todo el quid de la cuestión. En el fondo sabemos que la motivación es política.Ahora sí le voy a responder su pregunta original. Yo llevo muchos años escribiendo, analizando, sobre economía, política, análisis politológico, la sociedad cubana, los temas de políticas gubernamentales, el tema de la justicia social y todo el aumento de la pobreza en Cuba, el sistema político de partido único… Realmente yo nunca he sido una opositora estructurada, organizada. No pertenezco a ningún partido político, a ninguna asociación. Yo soy académica, soy una ciudadana, tengo derechos. Están en la Constitución. Yo no tengo que pertenecer a ninguna organización política para salir y hacer una protesta pacífica o escribir algo. Ese es mi derecho, y lo estoy ejerciendo. Yo empecé desde marzo de este año 2023 a hacer una especie de protesta simbólica en el parque de mi ciudad de Matanza, el Parque de la Libertad, porque en el año 1923 en Cuba, hace un siglo atrás, hubo un grupo de intelectuales jóvenes, críticos, que se unificaron en algo que se llamó “la protesta de los 13”. Eran 13 intelectuales que se pronunciaron públicamente contra el Gobierno de Alfredo Zayas, por un negocio turbio, por una cuestión de un fraude con el erario público. La manera en que eso pasó a la historia fue como “la protesta de los 13” y es el compromiso de una intelectualidad en aquella época en empezar a asumir un camino político. Entonces, ese día 18 de marzo de 2023, cuando hacía un siglo, yo decidí hacer ese acto y lo he seguido haciendo todos los 18, menos en junio porque sí me detuvieron ese día, pero el resto de los meses, y ya son unos cuantos, hago esa acción.Y por lo demás yo lo que hago es escribir. Yo soy articulista, yo soy investigadora, yo soy historiadora, soy ensayista, soy miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba, soy miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la Sección de Literatura. Trabajo en una editorial estatal. O sea, yo soy una persona que pertenezco a las instituciones culturales cubanas. Ni siquiera soy una típica opositora vinculada con alguna organización. No, simplemente he decidido ser libre para tomar las decisiones que como académica y como ciudadana yo entiendo que son justas. Yo debo denunciar las cosas que en mi país están mal, y hay muchas cosas que están mal en Cuba. Yo no puedo permanecer en silencio, yo no puedo ver las cárceles con tantos presos políticos y no levantar mi voz. Yo no puedo ver a los ancianos pasando hambre, necesidad, a los jubilados, a las personas asistencias que prácticamente han quedado desamparados y no levantar mi voz. Yo no puedo ver que se haya aprobado una Constitución donde los derechos que establece, que son unos cuantos, sean como una vitrina que el Gobierno utiliza sólo para pararse en los organismos internacionales, ante la ONU y decir miren, aquí están escritos, nosotros respetamos, Cuba es un Estado democrático. No es así, porque esos derechos sí están escritos, pero no permiten que se ejerzan. Y por eso precisamente yo estoy acusada y he sido condenada por un cargo de desobediencia. Entonces, si eso me ha ocurrido a mí, que soy, como usted dijo, una intelectual con cierta visibilidad y reconocimiento, imagínese cómo será para las familias y personas que salieron, que son gente de pueblo, gente sencilla, que no tienen un gran nivel de instrucción, que viven en barrios venidos a menos. ¿Qué pasará con esas personas que están en las cárceles cubanas? Yo no puedo callar.RFI: ¿Cree que usted se ha convertido en una amenaza para el Gobierno cubano y por eso van a por usted y la acusan de desobediencia?Alina Bárbara López Hernández: ¿Qué es lo que ocurre? Yo no soy una amenaza desde el punto de vista de que yo soy una persona pacífica, que nunca he apelado a métodos violentos, que he estado en contra y he sido hasta criticada por eso, por considerar que en Cuba debe existir transformaciones mediante un diálogo nacional en el cual el Gobierno sea también un interlocutor. Claro, yo sí creo que hay que presionar al Gobierno con métodos pacíficos como los que la Constitución misma establece. Manifestaciones pacíficas y protestas pacíficas. Yo sí creo que hay que presionar desde abajo. Pero ni siquiera he negado el carácter de interlocutor del Gobierno. No creo en levantamientos armados. Por lo tanto, yo en realidad no soy tácitamente una amenaza.Ahora, desde el punto de vista que el Estado cubano es un Estado absolutista, totalitario, con ribetes de monarquía, pues claro que cualquier persona que pueda argumentar un discurso propio, que pueda desmontar los falsos discursos manipuladores del poder, que pueda demostrar los grandes errores, las falsedades, los sesgos de la política, la corrupción, lógicamente, en ese sentido sí podría ser una amenaza. Quiero insistir en algo: el Gobierno se presenta como un gobierno socialista y de hecho el partido en el poder, el partido único, es un partido comunista. Eso es una falacia porque para el Gobierno de Cuba, todo pensamiento crítico, toda postura discrepante, sea de cualquier sector ideológico, de cualquier preferencia política, siempre va a ser el enemigo, va a ser un peligro y va a ser satanizado, criminalizado, venga de donde venga. Eso es algo que llevan años haciendo, pero con la entrada de internet a Cuba, las posibilidades de que las personas tengan acceso a la información, que puedan articular opiniones, que tengan acceso a otros medios, pues eso ha abierto un espectro de mayor crítica, de mayor sentido de participación ciudadana. Y yo creo que estamos en un momento interesante en Cuba. Es un nuevo momento histórico donde este modelo de socialismo real, de partido único, no tiene ya nada que dar, ya lo ha demostrado todo y nos toca a nosotros entonces presionar para transformaciones democráticas dentro de Cuba.RFI: Ha recibido el apoyo de otras personas de la academia, de gente que también es prestigiosa. ¿Hay, a su nivel, gente que como usted está dispuesta a no callarse? Alina Bárbara López Hernández: Voy a aclarar algo. Ha habido, yo he sentido y estoy muy agradecida, un enorme apoyo dentro de Cuba y fuera de Cuba también. Hay una carta que firmaron más de mil personas y otras firmas llegaron después, pero ya habíamos cerrado por las cuestiones de correo e internet que son difíciles en Cuba. Hay muchas personas que trabajan incluso en universidades en Cuba, que trabajan en centros de investigación en Cuba, que son profesionales o jubilados... Yo no puedo decir ni que hay una preferencia etaria, ni ideológica, ni de género, hay hombres, hay mujeres. O sea, yo he sentido un apoyo muy general. Yo creo que soy una persona que he sabido ganarme el afecto y también un poco el respeto de la gente, porque siempre he sido muy clara en las cosas que planteo. Trato de ser muy objetiva, muy comedida, y eso las personas lo agradecen. Yo no tengo un discurso estridente, nunca lo he tenido. Y entonces siento apoyo, verdaderamente hay muchos intelectuales que sí han estado conmigo, pero del gremio específicamente de los historiadores no lo he sentido así, y es normal. Yo eso ni siquiera lo tomo a mal porque un sistema totalitario, aunque esté en una etapa de post totalitarismo, descomposición o demás, genera un control muy grande sobre las ciencias sociales y específicamente sobre la historia, porque la historia genera una narrativa afín al poder cuando es manejada, es controlada, es supervisada, es construida. Es lo que nosotros llamamos la historia oficial, esa historia que propende a mantener las glorias de la clase política que está en el poder. Y cuando intentas un poco revisitar, deconstruir esa historia oficial, bueno, también eres el enemigo. A mí me ha ocurrido porque yo como historiadora he tenido puntos de vista de otras lecturas sobre hechos, figuras, aspectos del pasado, y entonces te acusan de que eres una revisionista.Es complicado porque el sector de la historia es básico para la narrativa gubernamental y por eso hay mucho control. Y yo sé que hay colegas que me apoyan, que yo les simpatizo, pero que no se atreven a decirlo. Y ya le digo, no lo tomo a mal, porque un sistema como este genera muchos tipos de víctimas. Hay víctimas como puedo ser yo o las personas que han sido reprimidas abiertamente por sus ideas políticas. Los que están presos son víctimas mucho peores todavía. Pero también hay víctimas de su propio miedo, de su autocensura. Y las personas tienen que ir reaccionando según sus tiempos. No me gusta imponerle a nadie. Nunca le digo a nadie que por eso es que prefiero decir “voy a hacer esta acción sola”. No porque yo crea que una acción personal independiente pueda marcar definitivamente un cambio. En todo caso pudiera ser un ejemplo. Y a veces los ejemplos y los símbolos también son importantes, pero ni siquiera es eso. Es que yo creo que las personas deben responsabilizarse de manera autónoma e independiente, no responder a convocatorias de nadie. Nosotros hemos sido un pueblo que ha sido convocado constantemente desde que yo soy una niña. Ya tengo 58 años. Yo he sido convocada a todo, a una acción, a una actividad, a un congreso, un evento. O sea, nosotros como ciudadanía, como sociedad civil, no tenemos autonomía alguna. Yo digo siempre “Cuba cambia si nosotros cambiamos”. Que las personas se responsabilicen por sus actos, que cuando vayan a dar un paso lo hagan conscientes, convencidas, con convicciones. Y es lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, ya le digo, en el sector de los historiadores y de las ciencias sociales en general, no ha sido grande el apoyo, pero yo lo interpreto y lo entiendo de esa manera y hasta puedo comprenderlo.

El próximo domingo 3 de diciembre, los venezolanos tienen una cita en las urnas, pero no se trata de una elección popular, sino de un referéndum para ponerle fin al conflicto del Esequibo, en disputa con Guyana desde mediados del siglo 19. Entre las cinco preguntas a las que habrá que contestar en el referéndum del 3 de diciembre sobre Esequibo, el Gobierno venezolano consultará si se debe otorgar la ciudadanía a los residentes de este territorio, y también si hay que reconocer, o no, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver este problema.Abogados estadounidenses y un árbitro ruso fueron quienes delimitaron la frontera oriental de Venezuela en la segunda mitad del siglo 19, e Inglaterra obligó al país sudamericano a aceptar dicho trazado en 1901. Durante más de 100 años, los diferentes gobiernos venezolanos han rechazado esta repartición territorial, pero recientemente, con el descubrimiento de las riquezas petroleras de la región, la disputa ha llevado a la Guyana y a Venezuela a fuertes enfrentamientos diplomáticos.“A partir del 2015, todo eso tendió a intensificarse más cuando la Exxon Mobil, haciendo exploraciones sin autorización, encontró bastante petróleo en esa plataforma marina. Y todo eso es lo que ha llevado a que este problema se haya intensificado y haya llegado a la Corte Internacional de Justicia, y que estemos a este nivel de intensidad entre Guyana y Venezuela. Se ve el interés que tiene la transnacional, que es la que está pagando todos los abogados y toda la representación de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia”, indica Claudio Briceño, investigador en la Universidad de los Andes y especialista del Esequibo.Frontera marítima en juegoY aunque sea difícil de acceder a la información de la petrolera Exxon Mobil, el historiador considera que es evidente la intervención del Gobierno estadounidense en este conflicto, a través de esta transnacional.“Eso es una información que no la sabemos, pero estamos seguros que en el fondo eso es lo que está. El Gobierno estadounidense nunca había ido a Guyana desde su independencia en mayo del 66, y es muy extraño que, en el 2020, en plena pandemia, haya ido el secretario de Estado de Estados Unidos”, subraya.“Las transnacionales petroleras están aprovechando todo su poder. Imagínense, nosotros que somos un país petrolero que nacionalizamos nuestra industria en la década del 70, para la década del 40 teníamos un fifty fifty, que era el 50% para las transnacionales y el 50% para nosotros. Actualmente en Guyana, Exxon Mobil tiene el 60% de la renta petrolera y el 40% solamente para Guyana. Es decir, esto es un interés que va más allá de la delimitación y demarcación de la frontera terrestre, porque está en juego ahora lo que es la frontera marítima”, recalca.El Esequibo, esta tierra en disputa, tiene una dimensión de unos 160 000 km2, casi el tamaño de Uruguay.

El régimen de excepción del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el cual pretende acabar con la delincuencia del país, en realidad está acabando con los derechos humanos. “El Modelo Bukele” es el nombre de la política de seguridad que se le ha dado al régimen de excepción decretado por el joven y carismático mandatario salvadoreño. Las polémicas medidas con la que se combaten a las pandillas han sido cuestionadas desde su inicio. No obstante, este régimen autoritario también va contra los defensores de los derechos humanos, pero con métodos diferentes. Noah Bullock, presidente de la ONG Cristosal para RFI.- Hasta ahora en El Salvador, las organizaciones de derechos humanos no se han tenido que cerrar a diferencia de Nicaragua. Sin embargo, en El Salvador hay un acoso administrativo, hay un acoso hacía los  defensores de derechos humanos, que obligan a que las organizaciones tomen decisiones, establecer operaciones afuera del país o bajar el perfil con las esperanza de que no les pase nada. ¿Y qué sucede con las organizaciones más pequeñas que trabajan a nivel local?- Otra cosa es la asociación de los defensores más locales, más comunitarios, quienes están defendiendo los intereses de sus comunidades, como el acceso al agua a temas de medio ambiente, incluso quienes han organizado para denunciar los graves abusos de violación de derechos humanos durante el régimen de excepción. A estas personas, sí que han sufrido capturas de miembros de sus familias, detenciones arbitrarias en el marco del mismo estado de excepción. Nayib Bukele busca la reelección, algo inédito y prohibido por la constitución del país. Si lo logra, ¿estaría rebasando la última barrera jurídica que impediría la perpetuación de su política autoritaria?- En El Salvador, la constitución es muy contundente y clara en su prohibición absoluta a la reelección inmediato de Presidente. La intención de buscar la reelección, implica para el sistema político salvadoreño, que se está agotando uno de los últimos contrapesos que hay sobre poder ejecutivo. Entonces, el escenario para la sociedad civil, para las organizaciones de derechos humanos, después de potenciar la reelección del presidente es aún más incierto, pero yo confío también de que la capacidad de la sociedad de unirse es muy fuerte y muy grande. Es la fuerza que tenemos entre todos nuestro solidaridad.  Leer tambiénEl creciente autoritarismo de Bukele, presidente milenial, 'cool' y tuiteroLa ONG Cristosal publicó este martes 28 de noviembre de 2023, un informe donde detalla la experiencia de 71 organizaciones en El Savador. El texto detalla cómo la supuesta estrategia con la que se combatiría la delincuencia, estaría dirigida contra toda persona que intente cuestionar al gobierno.  

RFI entrevistó a Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales, sobre la difícil situación que viven camioneros salvadoreños que llevan casi un mes y medio bloqueados en Panamá a raíz de las protestas en ese país por las denuncias de inconstitucionalidad de un contrato con la minera canadiense First Quantum. Edwin Rolando Alfaro es camionero y transporta medicamentos con destino a Nicaragua. Este salvadoreño es uno de los camioneros centroamericanos que han quedado bloqueados por las manifestaciones en Panamá. Alfaro guarda la esperanza de poder reunirse pronto con los suyos."La esperanza que hemos puesto en Dios es reunirnos al menos en Navidad. Esperamos que a esta gente [los manifestantes] se les ablande el corazón. Ellos están peleando por su objetivo, pero nosotros somos extranjeros. Nosotros no tenemos nada que ver en el problema que está sucediendo aquí en Panamá", sostiene Alfaro.Las protestas en Panamá estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó un contrato firmado por el gobierno que permite a la minera canadiense First Quantum operar por 40 años una mina situada en el Caribe panameño. Desde entonces hay cortes de ruta que han afectado a casi todos los sectores productivos y han ocasionado pérdidas millonarias."Estamos pidiéndole a la dirigencia que nos apoye, porque el gobierno de acá (Panamá) no se pronuncia. El Señor Presidente no da la cara por este problema que tiene con el transporte internacional", agrega Alfaro.Edwin Rolando Alfaro es una de las víctimas colaterales de las protestas en Panamá. Los bloqueos en las vías impiden los desplazamientos por carretera y las autoridades panameñas no pueden garantizar la seguridad de los vehículos ni de la mercancía."Somos [camioneros] guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, costarricenses y panameños. Llevamos un mes y once días acá. No tenemos un baño a dónde ir. Nuestra alimentación y nuestro dinero ya caducó. Hay muchas necesidades de alimentación de los compañeros enfermos. Algunos padecen problemas de presión. Hay personal con diabetes. Tenemos un compañero con una úlcera en un pie. Nuestra estadía está pésima, pésima, pésima", insiste el transportista.Ante esta situación, el gobierno de El Salvador ha expresado su preocupación a través de un comunicado en el cual insta a las autoridades panameñas y a los líderes de la sociedad civil a que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños regresar a su país.Esta es una medida "insuficiente", opina por su parte Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales, quien afirma que la verdadera presión para que se genere este corredor tiene que salir de la presión que ejerza el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele.Raúl Alfaro admite que no tiene una cifra precisa del número de camiones bloqueados. "Nadie tiene ese dato", dice. Según él, podrían ser entre 60 y 100 camiones. Los conductores son de las distintas nacionalidades de Centroamérica, agrega. Y luego insiste en que "la situación es grave. Aquí se necesita una hoja firmada por el mismo Bukele que le diga al gobierno en Panamá lo que él solicita en calidad de presidente" (del Salvador).El transporte terrestre por Centroamérica se ha complicado en los últimos meses debido a las protestas en Guatemala y ahora las protestas en Panamá, donde se reciben diariamente 250 camiones tráiler procedentes de todos los puntos de Centroamérica.

La Corte Suprema de Panamá comenzó este viernes deliberaciones para pronunciarse sobre varias impugnaciones constitucionales al contrato de la canadiense First Quantum que otorga a su mina de cobre en el país un derecho de explotación minera de 20 años, con opción a prorrogarlo otros 20, a cambio de 375 millones de dólares de ingresos anuales para la nación latinoamericana. El mercado mundial del cobre y los inversores tienen el ojo puesto en el fallo del máximo tribunal. First Quantum Minerals se ha enfrentado a protestas masivas desde que el Gobierno panameño firmó el 20 de octubre, un nuevo contrato con Cobre Panamá, una de las más grandes del mundo, luego de que en 2017 ya la Corte Suprema había declarado inconstitucional la concesión hecha a la minera por haberse otorgado sin cumplir con la ley de contrataciones públicas.Lina Vega, abogada ambientalista y presidenta en Panamá de Transparencia Internacional, este nuevo contrato impugnado otorga, sin embargo, mayores beneficios al país centroamericano en términos de compensación."Este logro que el Gobierno presentó no satisface a nadie. La gente ya estaba en otra posición con respecto al daño ambiental a la afectación ecológica y se produjo un rechazo ciudadano a tal nivel, que el Gobierno está ahora mismo en una encrucijada, porque lo que decida la Corte Suprema va a ser probablemente una situación de tener que cerrar la mina". ¿Es esa la expectativa de ecologistas y del movimiento de protesta ciudadano, el cierre de la mina?Sí, la expectativa de los grupos ambientalistas y ha sido ese por mucho tiempo, pero jamás pensamos que íbamos a recibir el apoyo ciudadano al nivel que lo que lo recibimos, sobre todo en las jóvenes que salieron masivamente a la calle contra el contrato. Además, los cambios que se han producido van más allá de este contrato y de esta concesión, porque el Gobierno aprobó una moratoria minera para todo el resto de las concesiones, que habían muchas muchas solicitudes y concesiones en marcha en todo el país.  Un fallo en contra de First Quantum tendría enormes repercusionesLa incertidumbre ya ha hecho desaparecer unos 17,300 millones de dólares o el 50% de su valor de mercado, en aproximadamente un mes. Además, ha afectado a los precios del cobre y podría suponer un duro golpe para la nación centroamericana para el que la muna representa alrededor del 5% de su PIB."Sin lugar a dudas, es una situación complicada solamente, por digamos, lo que vamos a dejar de recibir como consecuencia de la suspensión de esta actividad, sino que seguramente vamos a enfrentar un proceso de arbitraje con la empresa.  Por eso, para nosotros un fallo de inconstitucionalidad en derecho, bien sustentado y bien argumentado, es fundamental como parte de las herramientas que Panamá debe llevar a un juicio arbitral que seguramente viene. También, estamos hablando de una situación complicadísima en términos económicos.  Esa región ha recibido mucho movimiento económico, justamente porque la mina está donde está, y eso va suspenderse.  El tema de la falta de de cobre en el mundo también es un problema, porque es un elemento fundamental para la transición energética, pero al mismo tiempo decimos, nuestra actividad está alrededor del canal. De alguna manera, todas las mentes más lúcidas de este país tienen que sentarse a ver cuáles son las alternativas, porque el país entero ha dicho, "no queremos minería a cielo abierto". No hay nada que hacer allí. Si el fallo del acuerdo fuese a favor de la mina. Yo pronostico una crisis enorme en este país".   Si el tribunal considera inconstitucional el contrato, Panamá se encontraría en una situación delicada, según los abogados, ya que el Gobierno firmó el 3 de noviembre un proyecto de ley que prohíbe nuevas concesiones mineras y sus prórrogas. Esto impediría a las dos partes negociar un nuevo acuerdo.

Este 23 de noviembre fue una jornada de huelga sin precedentes en Quebec con una gran manifestación frente a la Asamblea Nacional. Cerca de 600 mil trabajadores y trabajadoras se movilizaron en todas las ciudades de la provincia canadiense para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales. La huelga empezó el 21 de noviembre, y el 95% del Frente Común Intersindical ha votado a favor de una huelga general indefinida. “Vengan a la mesa de negociaciones. A cambio de flexibilidad, estamos dispuestos a mejorar nuestra oferta”, dijo a los sindicatos el primer ministro de Quebec François Legault. Enzarzado en difíciles negociaciones con el sector público, Legault se declaró dispuesto a mejorar la oferta del Gobierno, que consiste en un aumento salarial del 10,3% en cinco años, pero sólo a condición de que los sindicatos acepten una mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo.“El gran esfuerzo definitivamente tiene que hacerlo el Gobierno”“Lo primero es que la negociación se pase en la mesa de negociación, porque uno de los inconvenientes que hemos tenido en las negociaciones con el actual Gobierno es justamente que quieren hacer la negociación en la plaza pública, a través de los medios de comunicación, y eso no hace sino en trabar el proceso. Por ejemplo, ayer hubo una ronda de negociación y no hubo nada a nivel salarial y hoy sale con una oferta anunciándola públicamente delante de todos los medios de comunicación. Y ayer, cuando tuvimos la reunión, no fue capaz de anunciarlo”, denuncia Alfonso Ibarra Ramírez, presidente del Consejo Central de los Sindicatos Nacionales del Outaouais (CCSNO).“En esta negociación, el gran esfuerzo definitivamente tiene que hacerlo el Gobierno, porque hace muchísimos años que el Gobierno no ha dado las condiciones necesarias. La gente está dispuesta a ir hasta la huelga general si es necesario, porque sabemos que hay un atraso a nivel salarial que es de 11.9%, según el Instituto de Estadística de Quebec, y que esta negociación es más que una negociación exclusiva de las condiciones salariales y de trabajo, es una negociación de la cual depende también la supervivencia de nuestros servicios públicos. Y por eso la gente ha respondido de manera tan masiva a la movilización, y por eso la gente está tan indignada, incluso en cólera contra el Gobierno”, subraya.Éxodo masivoEn una rueda de prensa en los pasillos de la Asamblea Nacional, el premier François Legault insistió en la necesidad de que los sindicatos hagan concesiones, sobre todo en lo que respecta a la composición de los horarios de trabajo. Esto se aplica tanto a la sanidad como a la educación. Sólo así podremos mejorar los servicios públicos, aseguró.“La flexibilidad que exige el Gobierno, es el tiempo suplementario obligatorio, por ejemplo, que a veces se les impone a los trabajadores del sector de la salud, que no pueden rechazar y que sin duda, es una traba también a nivel de la atracción y de la retención de la mano de obra. Porque mucha gente, viendo esas condiciones, va a decir ‘bueno, puedo tener un salario que al límite puede ser interesante, pero unas condiciones que no lo acompañan’. Así que van a buscar trabajo en el sector privado o van a irse a otras provincias donde van a tener mejores condiciones”, indica Ibarra Ramírez.“Es el caso de la ciudad donde yo estoy. Nosotros estamos del lado francófono en la región del Outaouais, ciudad de Gatineau. A cinco minutos atravesando el puente está Ottawa, y desafortunadamente hemos vivido un éxodo masivo de trabajadores del sector de la salud en el transcurso de los últimos años, que atraviesan el puente y tienen mejores condiciones salariales. Por ejemplo, hay sectores de empleo donde la diferencia salarial anual puede llegar a 17 o 25.000 dólares. Es bastante. Entonces, cuando nosotros proponemos mejorar las condiciones salariales y de trabajo del conjunto del sector público, pues también es tratando de prevenir ese éxodo masivo que se ha presentado en algunas regiones”, detalla.

Elegido el 15 de octubre pasado frente a la candidata correísta Luisa González, el empresario Daniel Noboa es investido oficialmente este 23 de noviembre como presidente de la República de Ecuador. Hijo de un multimillonario y cinco veces candidato presidencial, Noboa fue elegido con una plataforma neoliberal en unas elecciones marcadas por la violencia que asola el país desde hace varios años. Pocos días antes de su investidura, Daniel Noboa negoció un acuerdo con el derechista Partido Social Cristiano (PSC) y con el partido socialista de su antiguo adversario, el Movimiento Revolución Ciudadana (RC) de Rafael Correa, para formar una alianza en la Asamblea que da al nuevo presidente una cómoda mayoría. Un socialcristiano será el presidente del legislativo, un correísta el vicepresidente y un diputado del partido de Noboa, la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), el segundo vicepresidente.“Romper esa lógica correísmo/anticorreísmo”Para Franklyn Ramírez, profesor de Sociología Política en Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), en esta alianza tripartita todos ganan: “El Gobierno de Noboa tiene un partido pequeño, ADN, casi inexistente, que tiene una bancada muy, muy chiquita en la Asamblea. Entonces, primero Noboa gana un bloque de mayoría que le da gobernabilidad y le aseguraría aprobar dos leyes urgentes que presentará en diciembre, una reforma tributaria y una reforma energética. Y además pacta con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que son partidos con experiencia política, más creíbles, que no van a entrar en los juegos de extorsivo usuales con los que entran las fuerzas pequeñas”, explica.“El Partido Social Cristiano, que estaba de capa caída con esta alianza, recupera una influencia en el Gobierno. Parece que va a tener directamente representantes en el poder ejecutivo, ganó ya la presidencia de la Asamblea... Y la Revolución Ciudadana, me parece, y esto es lo principal, que sale de la marginalidad política que ha tenido estos años, sale del destrato que ha recibido del resto de los partidos políticos”.Entonces, lo que hace Noboa, y este es el gesto más importante, es romper esa lógica correísmo/anticorreísmo que ha dominado la lucha institucional. Pacta con la principal fuerza política, aunque ese pacto no está del todo claro cuál es su alcance, pero por primera vez, sin disputas, sacando la polarización, aislando a estos sectores que representan la política del odio, la intransigencia, la persecución, digamos que de algún modo rompe con esta tendencia que vemos en el resto de América Latina, en que la centroderecha o la derecha moderada le hace el juego a los sectores más extremos y radicales de esa derecha”, subraya Ramírez.¿Una alianza frágil?Algunos analistas estiman que la alianza legislativa de Noboa con la otra derecha y con un partido que, en principio, está en las antípodas programáticas de su gobierno, pende de un hilo. Para Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cdes), “es una alianza que tiene patas cortas. Va a permitir estructurar la Asamblea, negociar las comisiones, pero se va a romper en el momento en que se empiece a discutir cómo se va a fiscalizar los decretos que Noboa tiene preparado para privatizar el sector petrolero, y fiscalizar las obras de hidroeléctricas y concesiones mineras. Hasta ahí va a llegar la alianza y Noboa va a tener que buscar otro tipo de alianzas para pasar procesos de fiscalización y poder repartir el pastel de que va a dejar las privatizaciones”.La izquierda liderada por Luisa González cuenta con el grupo más numeroso de la Asamblea, 51 diputados, y presidirá una de las comisiones más importantes: la de Fiscalización y Control Político, con potestad para iniciar procedimientos de destitución contra representantes electos. Ciertas medidas anunciadas por el Gobierno ya han provocado duras reacciones de la izquierda, como el plan de fusión de los ministerios de Gobernación e Interior. Un "gravísimo error", según el ex presidente Rafael Correa.“Los dos ministerios funcionaban separados y esto dio buenos resultados porque permitía a un segmento de los funcionarios especializarse precisamente en seguridad. Este es un pésimo signo, el de la fusión, porque es un indicador de que habrá continuidad del modelo de austeridad que empezó a implementarlo Lenín Moreno. La fusión viene también con un recorte de presupuesto para gestionarlos, tanto los temas de seguridad como los de gestión política, que deberían ser cuestiones diferentes”, recalca Iturralde.Seguridad y economíaEl presidente Correa dice que la seguridad debe ser gestionada por una autoridad civil. “Así es, ese es el otro cambio. Además de la fusión, se plantea que el Ministerio esté llevado por un policía o por un militar. Es problemático. Primero, porque la autoridad, tanto sobre la policía como sobre la autoridad militar, debería estar siempre subordinada a un civil, constitucionalmente. Pero además, el problema de seguridad en el país ya implica a la propia policía, es decir, la permea. Tener una autoridad, por ejemplo de la policía, podría generar mayores incentivos para que se siga corrompiendo la institución. Como la policía tiene una cierta autonomía respecto al Gobierno, por las diferentes reformas que han existido en el país desde el año 2017 en las que se le ha ido dando autonomía a la policía, se han ido consolidando estructuras que funcionan paralelamente a la autoridad del Gobierno. Y poner en el Ministerio a un policía o un militar fortalecería esas estructuras paralelas que están permeadas ahora por la delincuencia”, analiza el director del Cdes.Otro problema lastra a Ecuador: se trata de esa economía que presenta un déficit fiscal de más de cinco mil millones de dólares. En su visita a Estados Unidos a principios de noviembre, como presidente electo, Noboa se reunió con representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para solicitar préstamos. Una posición contraria a la presidencia correísta, que logró una mejora de la situación social y económica con políticas que le dieron la espalda al FMI.“Es muy grave, porque Ecuador acaba de terminar un programa con el Fondo Monetario Internacional, que implicó un sacrificio social y productivo enorme. Y sin embargo, el problema está intacto. El déficit sigue siendo igual de escandaloso o peor, las reservas internacionales se siguen consumiendo como antes y necesitamos un nuevo crédito con el FMI. Es decir, aunque se demostró que el programa con el Fondo fue un fracaso porque estamos en la misma situación, se vuelve a pedir un crédito que implican nuevas condiciones, con nuevos sacrificios sociales y nuevos sacrificios productivos. Esta solicitud al FMI, además, el presidente Noboa la ha hecho de manera muy explícita, ¿con qué objetivos? Prácticamente le está pidiendo al FMI que financie su campaña porque requiere de esos recursos, dijo, para poder reelegirse y evitar que el correísmo vuelva al gobierno”, denuncia Pablo Iturralde.El joven multimillonario estará en la presidencia hasta mayo de 2025 para completar el mandato dejado vacante por su predecesor Guillermo Lasso. Lasso optó por disolver la Asamblea Nacional para poner fin a una crisis de gobernabilidad tras su implicación en escándalos de corrupción, lo que llevó a la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

El Fondo Monetario Internacional exhortó a Chile a reformar impuestos y pensiones y promover la inversión para financiar las necesidades sociales y avanzar hacia una transición verde. "Chile es un país de ingresos altos pero con pensiones de un país de ingresos bajos", analiza el economista Gonzalo Durán. En su evaluación periódica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó este martes al país suramericano a reformar impuestos y pensiones y promover la inversión para financiar las necesidades sociales y avanzar hacia una transición verde. "Los desequilibrios macroeconómicos que Chile acumuló durante la pandemia se han corregido en gran medida, pero la coyuntura externa sigue siendo complicada", afirman los expertos del Fondo.Según los expertos del FMI Chile, gobernado por el presidente de izquierda Gabriel Boric, necesita "reformar el régimen tributario y de jubilaciones para financiar las necesidades sociales".Gonzalo Durán, académico de la facultad de Trabajo Social en la Universidad de Chile y economista de la Fundación Sol, estima que lo que el FMI busca con sus recomendaciones es destrabar una discusión no resuelta por décadas sobre reformas estructurales que urgen en el país.“El FMI no da indicaciones hacia dónde avanzar, sino que simplemente se solucione. Chile es un país de ingresos altos, de acuerdo a la OCDE, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial y del propio FMI, sin embargo, tiene salarios y pensiones que son de un país de ingresos bajo”, subraya el economista.Pensiones insuficientes“La mitad de las y los trabajadores percibe ingresos al mes que son menores a 530 euros, cuando un arriendo de una pieza algo muy básico puede costar 400 euros. Lo que tenemos es un endeudamiento estructural, más de 11 millones de personas endeudadas, eso es más que la cantidad de trabajadores y trabajadoras sumadas a los desempleados, eso es bastante atípico”, agrega Gonzalo Durán, entrevistado por RFI.El economista estima que el sistema de pensiones se encuentra en crisis estructural: “Hoy día la pensión garantizada que estableció el gobierno es cercana a los 216 euros, que eso es el equivalente al 44% del salario mínimo. El 82% de las pensiones que se pagan en Chile es con cargo al gasto público. Eso parece ser una paradoja rara, porque estamos diciendo que un sistema que está totalmente privatizado, pero el Estado está pagando producto de que las pensiones son tan bajas, entonces es un sistema totalmente fracasado”.El 'candado' del nuevo proyecto de ConstituciónHace un año, fue rechazado en consulta popular el texto de nueva Carta Magna elaborado por una Asamblea Constituyente de corte progresista para reemplazar la Constitución que rige en el país desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. En diciembre, los chilenos acudirán a las urnas para aprobar o no un segundo texto constitucional. Sin embargo, de ser adoptado, el proyecto no resolverá el problema del sistema de pensiones, dice a RFI Gonzalo Durán:“El texto que se está proponiendo hay que considerar que fue elaborado en una comisión ad hoc, con fuerzas mayoritarias de esa comisión que vienen de sectores de extrema derecha. Entonces hay regresiones que son bastante evidentes, como, por ejemplo, en lugar de avanzar hacia un Estado democrático y de derechos sociales que garantice la seguridad social, lo que este texto propone es constitucionalizar el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, cosa que actualmente no lo es, entonces eso le pone un cerrojo o un candado que hace mucho más difícil que en el futuro esto pueda haberse modificado.”“El sistema de las administradoras de fondo de pensiones (AFP) es lo que hoy día tenemos en Chile desde la dictadura, lo que hace es fortalecer la capitalización individual en desmedro de lo que podría ser un sistema con un pilar público de pensiones. Es algo que no va a favorecer a la clase trabajadora de ningún modo”, insiste Durán.En sus recomendaciones, el FMI aboga también por un pacto fiscal que dice contribuya a una economía más equitativa y más dinámica. “Ahí también hay un problema grave en el caso chileno, porque la mayor parte de la recaudación de los impuestos viene por la vía del IVA, que es el impuesto indirecto. Es totalmente opuesto a las naciones del norte global donde la mayor recaudación viene a partir del impuesto directo a la renta”, comenta el economista.“De ahí a pensar en que podamos tener un Estado con mayores derechos sociales donde se financien las necesidades que el pueblo que exigió en la revuelta del año 2019, más bien eso parece estar fuera del horizonte”, anticipa el académico. “Este texto va a apuntar a la estrategia que ocupó el candidato Milei en Argentina, que es básicamente la seguridad, el tema de la migración y están haciendo la campaña en esas coordenadas”, concluye Durán.El FMI destaca asimismo el persistente descontento social por la desigualdad y la inseguridad en Chile. 

RFI entrevistó a los politólogos Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, y Augusto Wagner, de la Universidad Federal de Paraíba, sobre la política exterior del presidente electo argentino Javier Milei. Milei sostuvo que sus dos principales aliados fuera de la región serán Israel y Estados Unidos. ¿Qué pasará con Brasil, su vecino y socio, y con China, rival comercial de Estados Uniods? Brasil había sido hasta la fecha el destino del primer viaje oficial del mandatario argentino cuando asume el poder. El gigante sudamericano no es solamente vecino de Argentina, sino socio del Mercosur y principal socio comercial. Milei va a romper con esta tradición, pues ya anunció que sus principales aliados serán Israel y Estados Unidos, países a los que visitará antes.Con este gesto, el líder de La Libertad Avanza comienza a dar pistas sobre la dirección que tomará su administración en temas relacionados con la política exterior del país. Pero los planes de la política exterior del presidente electo Javier Milei se presentan con una gran incertidumbre, al igual que el futuro de la economía, la lucha contra la pobreza y la inseguridad.Durante su campaña electoral, Milei anunció que rompería las relaciones con "gobiernos comunistas". Preguntamos a la profesora de ciencias políticas de la Universidad de Columbia, Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, quiénes podrían ser los países aliados del futuro gobierno Milei."Entre los aliados naturales de Milei en la región figura Ecuador. Este es un gobierno muy débil y de poca duración, pero, en este momento, está alineado ideológicamente con Milei. Después habría que ver si Mieli mira a la región centroamericana. Ahí hay que considerar el liderazgo de Bukele. Pero, históricamente, Argentina no ha mirado esa región, salvo durante la dictadura y, en ese caso, fue por solicitud de Estados Unidos. Por eso me parece muy difícil que busque por ahí. Yo creo más bien que en materia de política exterior, va a tratar de enfocarse fuera de la región", dice Victoria Murillo, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Columbia.Milei sostuvo que sus dos principales aliados fuera de la región serán Israel y Estados Unidos. Precisamente los dos primeros países que visitará en su agenda. Al mismo tiempo tendrá que ser cauto con Brasil y China, países que no son de su agrado, pero que representaron un tercio del comercio exterior de la Argentina en 2022. Augusto Wagner, politólogo en relaciones internacionales de la Universidad Federal de Paraíba en Brasil, piensa que Milei se enfrentará a algunos obstáculos si aspira a mantener relaciones exteriores con China y Estados Unidos al mismo tiempo."La competición extra regional entre Estados Unidos y China también se hace en Latinoamérica. Estados Unidos, con Biden o con Trump, podrían considerar que la Argentina es un país que, en términos de cooperación, podría hacer que la región tome distancias de China. Ahora bien, yo no creo que este plan tenga éxito, porque China es muy importante no solo para Brasil sino para la misma Argentina en términos económicos. En este sentido, Milei tendrá entonces muchos problemas para tomar medidas de protección o “hedging” ante posibles riesgos o fluctuaciones en las de su país con China y Estados Unidos".

El fentanilo, un opioide sintético, ha causado decenas de miles de muertos en Estados Unidos y algunos sectores acusan a los cárteles mexicanos de ser responsables de esa comercialización. Al margen de la Cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en San Francisco, Amlo se comprometió ante su homólogo estadounidense a luchar contra el tráfico de esta droga.  "La Administración de Biden ha establecido que la mayor cantidad de fentanilo que llega a Estados Unidos y que ya se vende a nivel de la calle, es decir, no ya para fines farmacéuticos, proviene de México y proviene por vías no legales”, explica a RFI, Ismene Ithaí Bras-Ruiz, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió el viernes pasado en San Francisco a luchar contra este tráfico. 'Hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en los Estados Unidos. Este asunto tiene que ver con nuestros hermanos y es un acto de solidaridad", dijo el presidente mexicano. El tema del fentanilo "ha golpeado bastante a la imagen de México por ejemplo con todo lo que se encontró en un barco en Hong Kong, el cual estaba lleno de fentanilo. Entonces la preocupación, creo que, en términos de la opinión pública, es que México probablemente ya se está convirtiendo completamente en un productor de fentanilo, que es capaz de exportar. Por allí creo que va la idea de hacer este tipo de declaraciones y afirmar de que habrá un mayor control sobre esto para que no sea usado más allá de fines farmacéuticos", explica la experta. Por su parte, Joe Biden le agradeció a AMLO su liderazgo para atender el asunto migratorio, otro de los temas fuente de tensión entre los dos países. “Hemos visto nuestra cooperación para abordar niveles históricos de migración y quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a su equipo, lo digo en serio, por la cooperación y su liderazgo al asumir este desafío. Sé que no es fácil. Por eso quiero agradecerle nuevamente, todas las cosas que son importantes para nosotros. No podría tener un mejor socio y aliado que usted señor presidente”, afirmó el presidente estadounidense. 

La Fiscalía de Guatemala pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, por el caso de la ocupación de una universidad en 2022. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019. Según la Fiscalía, los delitos que se le imputan al presidente electo, a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, además de a otros seis legisladores opositores, son "depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias". Los 13 meses que estuvo tomada la Universidad de San Carlos (USAC) en 2022 significó una plataforma política para candidatos de Movimiento Semilla y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), según la tesis del Ministerio Público, revelada este jueves 16 de noviembre.“Se nos quiere meter presos para callarnos”Poco antes del anuncio, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, por la ocupación de la universidad. Uno de los abogados defensores del caso, Ramón Cadena, está bajo orden de arresto y fue contactado por RFI.“Cuando los abogados actuamos, defendiendo a José Rubén Zamora o defendiendo a Claudia González o defendiendo a la lucha en contra de la corrupción, se nos ataca y se nos quiere meter presos para callarnos”, denuncia Cadena.Por otro lado, “el caso de la Universidad de San Carlos es un caso gravísimo porque el Estado de Guatemala y el rector actual es impune y no ganó las elecciones, cometió un fraude y por eso Walter Mazariegos es el actual rector”, recuerda el abogado, que subraya que es por ese caso que está siendo actualmente “perseguido, a punto de que me metan preso”.“Esta dictadura hay que pararla”Con el caso de la universidad ocupada para denunciar un fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Bernardo Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de desestimar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó su triunfo en las elecciones. Arévalo, que debería asumir el cargo de presidente de Guatemala el próximo 14 de enero, denuncia un golpe de Estado antes de su investidura.Ramón Cadena, también director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), insiste en que “lo que están haciendo es una barbaridad. Es una barbaridad total y están persiguiendo a gente buena. A mí me están persiguiendo. Yo soy un abogado que he defendido a comunidades toda mi vida y ahora me llaman. Ya se había metido en mi casa un comando militar. Me quedé en Guatemala porque dije ‘me quedo’. No puede ser que me estén persiguiendo por mi trabajo. Mi trabajo es honesto, es claro y yo sigo aquí”.“Esto ya no se aguanta más. Esta dictadura hay que pararla y sólo la puede parar la calle con las poblaciones o la comunidad internacional con las sanciones económicas. Nada más. Es la forma de pararla”, recalca.La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles los intentos de "impedir una transición pacífica del poder" en Guatemala, mientras Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en el cual Arévalo se impuso por amplia mayoría.

En Cuba, 17 personas fueron detenidas según denunció la líder opositora Berta Soler este fin de semana.  Esto sucedió en La Habana, y en las provincias de Matanza y Holguín, en momentos en que acudían a la misa dominical. Soler fue detenida junto a su esposo, Ángel Moya, a la salida de la sede de las Damas de Blanco, hecho recurrente desde 2022. RFI la contactó. Las militantes de las Damas de Blanco han sido arrestadas casi todos los domingos desde que, en enero de 2022, decidieron volver a salir a marchar, tras una larga pausa debido a la pandemia de Covid, para reclamar la excarcelación de los detenidos en las protestas del 11 de Julio 2021, entre otros.Berta Soler, líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, denunció haber estado presa este domingo, así como al menos 17 integrantes de este colectivo: “17 Damas de Blanco fueron detenidas en diferentes lugares aquí en La Habana, lo mismo en Matanzas como en Holguín. Unas 15 mujeres Damas de Blanco pudieron participar en mesas en diferentes iglesias o con sus estrategias que pudieron llegar y participar en mesa oral por la libertad de todos los presos políticos. Pero de estas damas que fueron detenidas, todas fueron liberadas a las seis, cuatro o cinco horas después, excepto una que fue liberada pasado 18 horas de haber sido detenida”, explica.“Desorden público”Los domingos, las Damas de Blanco acuden a la misa católica para pedir la excarcelación de los familiares opositores. Berta Soler lleva más de 60 veces detenida: “Cuando salimos a la calle todos los días, en el caso mío, tenemos a la policía uniformada y el Departamento de Seguridad del Estado, que nos hace un seguimiento donde quiera que vamos tras de nosotras. Lo mismo a pie, con patrulla detrás de nosotras 24 por 24”, comenta.En cuanto a los cargos en contra de las militantes, se trata de “desorden público por violar dispositivos de seguridad. Y también a veces nos ponen por estar indocumentadas. Somos multadas con 30 pesos moneda nacional, con 100. Dos damas de blanco tienen medida cautelar desde el 2021, desde el 2022. Una de estas es Leticia Ramos Herrería, al igual que quien les habla Beta Soler, que es una prisión domiciliar sin ninguna orden por parte de un tribunal o un fiscal. Y bueno, realmente no acatamos esto y seguimos saliendo a la calle”, concluye Soler.El movimiento Damas de Blanco se compone de esposas y madres de los 75 disidentes que fueron condenados a elevadas penas de cárcel durante el período de represión conocido como la "primavera negra".

Recta final esta semana para los electores argentinos que deberán elegir el próximo domingo a su presidente. El balotaje es un punto clave para la política latinoamericana. Los líderes se posicionaron en dos bandos. Los que apoyan a Javier Milei y lo que apoyan a Sergio Massa, como es el caso del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, el principal socio económico de la región. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva no dejo lugar al misterio. Eligió el campo del oficialista Sergio Massa como candidato ideal a la presidencia de Argentina."Cuánto podemos crecer juntos”, dijo indirectamente Lula en redes sociales acerca de Massa.El balotaje del domingo se acerca y el mandatario brasileño utiliza el argumento de las buenas relaciones comerciales que hay que proteger entre ambos países.El mensaje de Lula da Silva es económico, pero también diplomático, con fondo de marketing político. “Su declaración se suma a la de otros dirigentes”, dice a RFI Thiago Vidal, director de análisis político de Prospectiva Public Affairs Latinoamérica, en referencia al apoyo por ejemplo de la expresidenta Michele Bachelet.“El tono de la campaña de Massa, ya sea mediante comerciales, propagandas, discursos que ha hecho el candidato o debates presidenciales, se vio muy claramente la influencia de ‘marketeros’, como se les llama en Brasil”, apunta Vidal.A menos de una semana del balotaje, la inflación se sitúa en un 142,7% interanual, uno de los índices más elevados del mundo, mientras la pobreza se calcula en 40% en Argentina."Segunda marea rosa"El presidente brasileño Lula da Silva también declaró que Argentina necesita “un presidente que le guste la democracia, que respete las instituciones, que le guste el Mercosur y América del Sur”.Para Thiago Vidal es una clara crítica al candidato Javier Milei. “Lo ve como si fuera Bolsonaro.  Por su estilo y su discurso, pero también por la relación que hay entre Milei y la familia de Bolsonaro. Milei es un candidato mucho más sofisticado porque maneja bien el tema de la economía. No forzosamente es cierto lo que defiende desde una perspectiva económica, pero lo hace con datos y eso suena mucho más convincente”, explica.El politólogo añade que además Latinoamérica está viviendo una “segunda marea rosa”. “La primera fue justamente en la que participó Lula durante sus dos primeros gobiernos y en la cual participaron los Kirchner en Argentina en aquel mismo momento”. Dice que la marea rosa 2.0 es “muy distinta a la primera porque el 80% del PIB de América Latina hoy está en las manos de presidentes de izquierda o centro izquierda”.Las encuestas indican un empate técnico en Argentina entre ambos candidatos para las elecciones del 19 de noviembre. Expresidentes como el argentino Mauricio Macri, como los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el colombiano Iván Duque y el chileno Sebastián Piñera llamaron por su parte a apoyar a Javier Milei.

El municipio de La Matanza ilustra bien lo que está en juego este domingo en las urnas argentinas. En este distrito de tradición peronista, el más poblado de la periferia capitalina, la crisis económica ha dividido más que nunca a los votantes. Sea quien sea el próximo presidente, deberá reparar posiciones fuertemente contrarias. RFI en español habló allí con electores y militantes de uno y otro lado. Como en muchas otras elecciones argentinas, los 24 ultrapoblados municipios que rodean a la capital Buenos Aires apuntan a ser clave a la hora de inclinar la balanza el 19 de noviembre por el peronista Sergio Massa o el ultraliberal Javier Milei. En este conurbano bonaerense se concentra casi un tercio de la población del país y el peronismo es especialmente fuerte en varios de ellos, como el municipio de La Matanza, el más poblado, con un millón de electores. Aquí, en la primera vuelta, Massa sacó más del 53% de los votos, pero la sorpresa la dio Milei, quien en territorio adverso obtuvo más del 22%.En una esquina de una plaza de una zona comercial de La Matanza con mucha actividad hay un pequeño puesto desde el que militantes de Sergio Massa entregan volantes de su candidato. Paula Cardozo es una de ellos: "¿Por qué voy a votar por Masa? Por los derechos. Por los derechos de mis hijos. Él tiene experiencia como intendente. Por todos los cargos que tuvo, por la experiencia, todo eso me parece importante. Además que es joven, eso también es bueno".A unos kilómetros de allí, frente al taller de autos de su familia, Agustín, que se define como peronista, dice que, aunque votará por Massa, no le está entregando un cheque en blanco. "Hay que estar atento. Si se baja los pantalones con el Fondo Monetario Internacional, hay que salir a la calle a hacer lo que haya que hacer, a reclamar".  Leer tambiénÁspero cruce entre Massa y Milei en el último debate presidencialA pocos metros del taller, en otra plaza de La Matanza, están reunidos jóvenes militantes de Milei con camisetas violetas y la imagen de un león, el ícono del candidato. Aylén Pérez forma parte del grupo y dice que, de llegar a la presidencia, Milei representaría a la que ella llama "la gente de bien": "Yo creo que la gente de bien es la que quiere progresar día a día y el Estado no la deja. Los políticos no los dejan. La gente de bien es la gente que trabaja más de 12 horas por día para poder tener algo y no puede. Yo creo que para esa gente hay que gobernar. Creo que se lo merece".En el grupo no todos recibieron bien la alianza que Milei selló con Patricia Bullrich, la candidata de centroderecha que quedó en tercer lugar en la primera vuelta y a la que antes el candidato liberal criticaba duramente. "No me gustó mucho, sinceramente, porque hay muchas ideas controversiales entre los dos", dice Nahuel Vera, quien al final terminó aceptando el acuerdo. "Como dicen algunos, 'en tiempos de defender la patria, hay que aliarse'".Más allá de las críticas que sus seguidores puedan hacerle a Milei o a Massa, las de uno y otro lado son visiones de país prácticamente irreconciliables. Eso planteará un gran desafío para la convivencia en Argentina, gane quien gane el domingo 19 de noviembre.

La justicia ecuatoriana estudiará a finales de noviembre el pedido de una mujer con una enfermedad incurable para 'legalizar la eutanasia', anunció la Corte Constitucional. Se trata de Paola Roldán, de 42 años y quien padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Roldán interpuso en agosto una demanda contra el artículo de la Constitución que castiga con entre 10 y 13 años de prisión a 'la persona que mate a otra'. Hace 3 años Paola Roldan recibió el diagnostico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La enfermedad ha paralizado su cuerpo y la obliga a usar un respirador mecánico. Ella se ha convertido en un referente en Ecuador al luchar jurídicamente para que la eutanasia sea legal en su país."Sé que quizá esta Corte no lo acepte, pero eventualmente esto llegará, porque es el derecho humano más básico que existe", dice Paola Roldán.  La eutanasia es considerada un delito en Ecuador, por lo que Paola Roldan demandó ante la corte institucional de Ecuador, la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que "la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años".Para uno de los abogados de Roldan, Farith Simón, el caso de su clienta reabrió un debate público que estaba aparcado en Ecuador:"Las condiciones del caso Paola son especialmente dolorosas. Ella es una mujer muy inteligente, 42 años, joven, tiene un hijo pequeño, está enamorada profundamente de su esposo, ella tiene una inteligencia, una lucidez, una claridad para reflexionar y presentar sus temas. Paola lo que dice es 'yo quiero poder decidir, eso no significa necesariamente que voy a hacerlo, pero quiero poder tomar la decisión porque sé que voy a morir y esa muerte puede ser muy dolorosa'. El debate público que se ha abierto ha dejado claro que el país tiene una posición mayoritariamente favorable a la posibilidad de que las personas decidan el bien morir, morir dignamente".A la espera de que el próximo lunes se celebre una audiencia pública en la corte constitucional, que contará con el testimonio de Paola Roldan, muchos otros enfermos terminales se han visto esperanzados y reflejados con este caso. César Paz-y-Miño Cepeda, médico genetista, investigador en genética en la facultad de ciencias de la Salud Eugenio Espejo en la universidad UTE, explicó a RFI que después de lo que ha pasado con el caso de Paola Roldán "hay otros pacientes que dicen 'yo quisiera también entrar en esta opción', 'también quiero tener este derecho'. Los médicos que manejamos pacientes terminales con enfermedades raras entendemos perfectamente los sufrimientos de estas personas. Y hay otro mensaje importantísimo: evitar el ensañamiento de la medicina con pacientes terminales, evitar el ensañamiento social y familiar con pacientes que tienen estas enfermedades que los hacen sufrir y enfrentarse a lo que podríamos llamar un 'suicidio asistido', la eutanasia, como está hablándose ahora'.La eutanasia directa está prohibida en la totalidad de países de América Latina a excepción de Colombia donde la eutanasia fue despenalizada en 1997, para convertirse en ley en 2015.

Gustavo Petro ha evitado condenar el ataque del grupo islamista del 7 de octubre, pero sí ha acusado al primer ministro israelí Bejamin Netanyahu de crímenes de guerra, y además apoya la iniciativa de Argelia para llevar al dirigente israelí a la Corte Penal Internacional (CPI). El canciller colombiano Álvaro Leyva estuvo presente en el “Foro de París sobre la Paz” y durante su paso por la capital francesa habló con RFI sobre la postura del gobierno colombiano en el conflicto palestino-israelí. El mandatario argelino, Abdelmadjid Tebboune, publicó un mensaje dirigido a los defensores de los derechos humanos pidiéndoles que llevaran a Israel ante la CPI por los “crímenes que está cometiendo contra los palestinos en Gaza”. Tebboune considera que sólo así se podría acabar con una “impune ocupación israelí” realizada durante décadas.El pasado 9 de noviembre, Petro publicó en su red social X que "Colombia va a coadyuvar" la propuesta argelina.RFI: ¿Qué significa la iniciativa de ‘coadyuvar’ la denuncia de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra Benjamin Netanyahu?Álvaro Leyva: Esto significa que tendría más interés para que haya una visión de justicia más amplia. El presidente dijo “coadyuvar a Argelia” pero en realidad se coadyuva la ‘filosofía’ [de la propuesta] pues Argelia no forma parte de la Corte Penal Internacional.RFI: Tampoco Israel.Álvaro Leyva: Efectivamente, tampoco Israel, pero eso no quiere decir que no haya que buscar una solución. Veamos el caso de Rusia, en el cual también se está actuando a través de la CPI: son llamados de atención y yo creo que son propicios.RFI: ¿Por qué Gustavo Petro no ha condenado el ataque de Hamás contra civiles, en el cual murieron 1 400 personas, además de los secuestros?Álvaro Leyva: Es una manera de ver las cosas. Él lo que condena es la integridad y la intensidad del conflicto. Y para dirimir el conflicto, él se basa en una decisión que no es de hoy ni de hace cinco ni diez años. Se trata de la decisión de 1947, y que no se ha querido aplicar: reconocer dos naciones con fronteras claras, dos países, dos Estados, y que se tienen que respetar el uno al otro. En su origen milenario, se trata de una sola comunidad que surge en Mesopotamia.  Y si hablamos de Hamás, pues se le puede atacar hoy, pero mañana aparecerán diez.RFI:  El mandatario colombiano se ha abstenido de condenar el pogromo del 7 de octubre, no obstante ha hecho una equivalencia acusatoria entre la Franja de Gaza y los campos de concentración de Auschwitz que para muchos es chocante.Álvaro Leyva: Lo dejo a su juicio de valor…RFI: ¿Usted no tiene uno?Álvaro Leyva: ¿Es chocante? Claro que todo es chocante. ¡Qué más chocante que ver caer a los niños de un lado y otro como si nada hubiera ocurrido!RFI: ¿Se puede construir la paz con Hamás, que gobierna la Franja de Gaza después de haber ganado las elecciones y en cuya carta fundacional tiene la eliminación de Israel y de los judíos?Álvaro Leyva: Palestina no es Hamás. No se le puede atribuir a los niños palestinos esta barbaridad. Esto no se puede hacer porque se perdería toda autoridad moral.RFI: ¿Cuál sería entonces el interlocutor palestino para hablar sobre los procesos de paz?  Álvaro Leyva: Para encontrar un interlocutor, primeramente, ambas partes deben detener las hostilidades. Un alto al fuego. Después, convocar a una conferencia mundial en la que tienen que participar todos. No sólo los amigos de un sólo lado. Yo me he tomado la libertad de hablar con varias personas. Me han llamado de Arabia Saudita para decirme que la posición de Gustavo Petro ayuda. El mandatario colombiano no es un “sabelotodo”, pero es una posición que, por fortuna, hoy comienza a darle la razón.

Cinco deportistas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos Santiago-2023 que finalizaron el domingo, y que se quedaron en Chile, solicitaron refugio esta semana, informó la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá. En la madrugada o corriendo, cada atleta tuvo que burlar la vigilancia de los oficiales de seguridad cubanos.  La ministra chilena de Interior informó este miércoles que cinco deportistas cubanos ya solicitaron refugio y se reservó dar más detalles, añadiendo apenas que otro atleta ya había hecho el mismo pedido. En total son 11 los atletas que se fugaron del régimen cubano para vivir en Chile. El abogado de los atletas, Mijaíl Bonito, contó a RFI su escape, digno de la época de la Guerra Fría."Para algunos de los atletas cubanos fue realmente complicado escaparse porque a su llegada a Chile les retuvieron los pasaportes. Cuando salían a la calle, siempre estaban acompañados por algún oficial de la seguridad cubana que viene en la delegación o por los jefes de la delegación, que son miembros del Instituto Nacional de Deportes de Cuba. Estos son funcionarios gubernamentales que están vigilando lo que hacen los atletas. Por eso, todos tuvieron que escaparse de ellos de una u otra manera. Por ejemplo, uno de ellos salió a las cinco de la madrugada de la Villa Panamericana. Otras tres muchachas salieron de un juego, llegaron a la villa y, en lugar de ducharse y cambiarse de ropa, recogieron las mochilas que tenían y se fueron. Pero cuando iban saliendo, se toparon con oficiales de la delegación y tuvieron que esconderse  y ponerse a correr. Todos ellos tuvieron literalmente que escaparse", explica Mijaíl Bonito.Y, ¿cómo se encuentran los atletas después de haberse librado de los funcionarios cubanos? El abogado Mijaíl Bonito estima que albergan "muchas esperanzas y están más tranquilos que en los días anteriores. El estrés ha disminuido bastante. Ya el gobierno chileno ha respondido positivamente a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que se hicieron, las cuales fueron como la mitad de las solicitudes. Ahora van a comenzar los procesos. Eso también implica que se les otorga un visado temporal que después se prorroga automáticamente mientras el proceso continúe. Por lo tanto, ya están cubiertos por esa protección. Esto era lo principal que estábamos buscando. De esta manera se logran otros mecanismos de protección complementaria. Desde ese punto de vista, estamos muy tranquilos", concluye el abogado de los atletas, quien considera que “el Servicio Nacional de Migraciones (de Chile) se ha comportado de la forma usual. Gracias a Dios la institución chilena, por regla general, funciona correctamente y, en este caso, lo ha demostrado".Según cifras del régimen cubano, desde 2022 hasta la fecha, 187 atletas cubanos de alto rendimiento han dejado la isla.

En Brasil, la policía informó el miércoles de que arrestó a dos individuos en Sao Paulo que planificaban "actos terroristas" en el país. La prensa local indicó que estas dos personas estaban respaldadas por el grupo islamista Hezbolá y tenían por objetivo a la comunidad judía.  La policía indicó que las dos detenciones en Sao Paulo permitieron "interrumpir la preparación de acciones terroristas y obtener pruebas del posible reclutamiento de brasileños para cometer actos extremistas en el país".El operativo se apoyó en 11 redadas tanto en la ciudad paulista como en Brasilia y el estado de Minas. El blanco de los detenidos: Sinagogas y otros edificios judíos, según señala el sitio de noticias brasileño UOL.Fuentes policiales citadas por TV Globo aseguraron que los investigadores sospechan que los detenidos tienen lazos con el movimiento islamista libanés Hezbolá y que recientemente habían viajado a Beirut.Andrei Sabin Point es presidente de la CRIES, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: "Sabemos que se detuvieron a dos personas en Sao Paulo. Una de esas se la detuvo en el aeropuerto de Guarulhos llegando del Líbano en un vuelo. Fue detenido en Guarulhos y a partir de esto habría salido el pedido de detención de otros dos brasileños que están en el Líbano en este momento"."Las fuentes también indican que esto fue un trabajo de Inteligencia brasileña en conjunto con Inteligencia de Israel -prosigue-. ¿Por qué? Estos dos elementos nos dan a pensar que esto no es solo la Policía Federal en Brasil investigando el tema sino que hay un trasfondo de cooperación entre agencias de inteligencia brasileñas y de Israel y monitoreando a personas que se encuentran no solo dentro de Brasil, sino fuera de Brasil. Nos da a pensar de que realmente es una amenaza real o latente o legítima".Dos sospechosos más en LíbanoSegún la prensa brasileña, la policía pidió a Interpol emitir un pedido de arresto contra otros dos sospechosos con doble nacionalidad brasileña-libanesa que actualmente están en Líbano."El hecho de que hay dos pedidos de capturas que surgen de esta investigación y de estos arrestos para dos sujetos en el Líbano, va a ser interesante ver la interacción con las autoridades libanesas. Ver si sale más información sobre cómo estaba armada esta estructura y cómo estaban reclutando. No es lo mismo, estar reclutando dentro de una comunidad en particular, con ciertas similitudes o que compartan ciertos elementos identitarios, que si ese reclutamiento está vinculado más con incentivos financieros o con otro tipo de asociaciones con grupos preexistentes", concluye Andrei Sabin Point.Entretanto, el Gobierno israelí confirmó este miércoles que sus servicios de Inteligencia, la Seguridad brasileña y otras agencias internacionales frustaron un ataque terrorista en Brasil planificado por el Hezbolá y financiado por Irán.

En El Salvador, partidos opositores y abogados presentaron el lunes y el martes solicitudes para que el Tribunal Supremo Electoral anule la candidatura de Nayib Bukele a la reelección inmediata por considerarla inconstitucional. Bukele, que goza de un récord de popularidad por su mano dura contra el crimen de las pandillas, asegura tener allanado el camino para renover su mandato en 2024.  El partido de oposición salvadoreño Nuestro Tiempo, centrista, y dos abogados presentaron este martes sendas solicitudes para que el Tribunal Supremo Electoral anule la candidatura presidencial de Nayib Bukele. El lunes lo hizo la derechista y exgobernante Alianza Republicana Nacionalista, Arena.Esto llegó luego de que Bukele obtuviera el viernes la luz verde del Tribunal Supremo Electoral para presentarse a los comicios presidenciales del 4 de febrero, aunque la oposición repita que la reelección está prohibida por la Constitución. El actual mandatario contó con el aval de magistrados de la Corte Constitucional nombrados por un Congreso dominado por el oficialismo.De este modo, Nayib Bukele parece tener el camino allanado para continuar en el poder. RFI entrevistó al respecto a Tiziano Breda, investigador para América Latina del Instituto de Asuntos Internaciones de Italia: "Lo que estamos enfrentando es la crónica de una victoria anunciada. Bukele primero que todo, hace fuerza por su popularidad y basa esta candidatura en la voluntad del pueblo, en el argumento populista de que al final de cuentas la mayoría de la población quiere que su gobierno se mantenga y por tanto, tiene el derecho a elegirlo otra vez"."Además, está claramente la falta de alternativas políticas, ya que los partidos políticos tradicionales todavía siguen muy debilitados. Además, hay un tercer elemento que creo que es del panorama regional. Algunos países vecinos como Nicaragua y Honduras, forcejearon Constitución para permitir la reelección", continúa. Control de las instituciones¿Queda entonces algún obstáculo para impedir que Bukele se presente a un nuevo mandato? Responde Tiziano Breda: "En principio los órganos que pudieran obstaculizar o reclamar en contra de la candidatura de Bukele son la Corte Constitucional y la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y el Tribunal Supremo Electoral"."El problema -continúa Breda- es que Bukele ya ha pensado en esto y en cuanto su partido Nuevas Ideas tomó el control absoluto de la Asamblea Legislativa en 2021, inmediatamente procuró reemplazar dos tercios de la Corte Suprema, incluida la sala constitucional, y llenar todas las instituciones de fieles. Por lo tanto no hay independencia real en esos otros poderes del Estado que haga pensar que de alguna forma se pongan en contra de esta candidatura". A la espera del fallo de los recursos contra su candidatura, Bukele continúa su plan para permanecer en el poder aupado por una popularidad del 90 % de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio por la oenegé Latinobarómetro 2023.

El diputado independiente Roberto Arroyo explica a RFI que la izquierda y la derecha tuvieron la oportunidad de sacar adelante una nueva Constitución, pero 'no fueron capaces de proponer algo que realmente defienda a la gente'. El diputado de derecha Diego Schalper estima, en cambio, que el nuevo proyecto de Constitución 'mejora bastante la situación constitucional del país' en frentes como la seguridad pública, la custodia del medio ambiente y el resguardo del derecho de las mujeres. La ceremonia de entrega oficial del proyecto de nueva Constitución en presencia del presidente Boric se celebra este martes. Trece meses después del primer intento fallido, el nuevo proyecto constitucional chileno está abocado muy probablemente al mismo desenlace que el primero, según indican las encuestas.En la primera ocasión fueron los oficialistas, en su mayoría, quienes plantearon la remodelación de la Carta Magna. Esta vez les tocó el turno a los miembros de la derecha y la ultraderecha."Ha surgido un texto de base creado por los expertos el cual ha derivado en algunas modificaciones introducidas por el Consejo que buscaban empatizar con algunas demandas ciudadanas bastante sentidas", dijo a RFI el diputado de derecha Diego Schalper.El texto que ha resultado de ese proceso, según este diputado, "mejora bastante la situación constitucional del país en materia de seguridad pública, custodia del medio ambiente, resguardo del derecho de las mujeres, derechos sociales, así como reforma al sistema político”. Esos avances, según él, hubieran sido “posiblemente difíciles de impulsar desde el Congreso".¿Qué sigue de aquí en adelante para Schalper? "Esperar la deliberación de la ciudadanía que tiene la última palabra el 17 de diciembre. Nuestra expectativa es que se apruebe este texto, que sin duda le devolvería la estabilidad al país".A pesar del optimismo de Sharper, los sondeos apuntan a un amplio rechazo del nuevo reajuste constitucional como ocurriese en septiembre de 2022. Para el diputado independiente Roberto Arroyo las razones de este muy probable nuevo fracaso no son tanto de orden jurídico y político, sino que responden a una disociación con la ciudadanía a la hora de elaborar la nueva propuesta constitucional."Ambos sectores políticos han tenido cada uno una oportunidad porque tuvieron mayoría en cada uno de los procesos. Pero en ninguno de ellos fueron capaces de sacar algo que realmente defienda a la gente", estima Arroyo. Sobre el estado de ánimo de la sociedad chilena ante el reto de dotarse de una nueva Constitución, el diputado Roberto Arroyo estima que "la gente está cansada de este segundo proceso y tampoco hay ánimo ni fuerza ni dinero como para hacer un tercer proceso. Hemos pasado por tantas votaciones en tan poco tiempo que la gente ya no desea seguir en este propósito. Al mismo tiempo, la gente sí necesita y quiere que le solucionen las demandas sociales que siempre han pedido, ya sea en salud, vivienda y educación, así en la lucha contra la violencia y garantizar la seguridad en las calles".El nuevo texto será sometido a plebiscito el próximo 17 de diciembre. En caso de rechazo, la posibilidad de introducir cambios a la Constitución actual quedaría en manos del Congreso ya que la ley vigente no reconoce un tercer proceso constitucional.

Martes 5 de noviembre de 2024 es la fecha prevista para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. A un año de la contienda electoral, las encuestas y los analistas políticos consideran que los estadounidenses podrían asistir a las urnas y encontrar en las papeletas el nombre de los mismos candidatos de 2020: Donald Trump y Joe Biden. Sin embargo, en los últimos tres años el mundo ha cambiado, y los Estados Unidos, también. La pasada elección de 2020 dejó profundamente dividida a la sociedad estadounidense, y el actual contexto internacional vino a aumentar sus diferencias. Para conocer el estado actual de la contienda electoral, RFI conversó con el politólogo Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida.RFI: A un año de la contienda electoral, quince candidatos aspiran a la presidencia de los Estados Unidos: nueve republicanos y cuatro demócratas. ¿Cuál es la situación actual del partido republicano? Eduardo Gamarra:  Donald Trump es el líder indiscutible del partido republicano. Eso ha hecho que paralelamente haya una campaña entre candidatos que ni juntos llegan al 20%. Además, en este partido están sucediendo cosas completamente ilógicas: en total Trump tiene 91 cargos en los diferentes procesos penales.No obstante, mientras cada acusación lo debilita judicialmente, paralelamente él se fortalece electoralmente. Esa paradoja es muy difícil de explicar. Yo dudo que cualquiera de los candidatos republicanos pueda tener un impacto al final. La contienda entre los demás podría interpretarse entonces como una contienda para elegir al vicepresidente de Trump.RFI: Del lado de los demócratas, pareciera que el presidente Joe Biden tiene camino libre para ser el abanderado de este partido. ¿Qué podría obstruirle esta aspiración?El ‘talón de Aquiles’ del presidente es su edad. Es un presidente octogenario. A veces da la imagen de debilidad, en un contexto mundial extremadamente complicado. Además, tiene un partido completamente dividido, con un ala progresista (o de izquierda) que no está contenta con él. Y ahora le ha tocado una situación muy compleja respecto al tema de Israel, pues esta corriente de los demócratas considera que Biden no está haciendo lo suficiente respecto al tema palestino.El presidente Biden actualmente está enfrentando una candidatura muy débil de un congresista [Dean Phillips] que nadie lo conoce. Quizá, en los próximos meses veamos surgir otro movimiento con alguien un poco más joven.  RFI: En las elecciones pasadas, las de 2020, no había ni guerra en Ucrania, ni un conflicto bélico entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, ni los Estados Unidos experimenta una huelga tan grande como la reciente liderada por los trabajadores de la industria automotriz. ¿Cómo está influyendo este contexto en la contienda electoral?Eduardo Gamarra: Primero hay que observar que hay contradicciones tanto del lado de los republicanos como de los demócratas.Hay un sector muy importante dentro del partido de los republicanos que no piensa que ya es hora de dejar de financiar a Ucrania. Entonces, ellos, como partido de extrema derecha, tienen la mayoría en la cámara baja. Entonces el paquete económico que envió el presidente Biden que proporcionaba ayuda a Israel y a Ucrania ha sido dividido. Ahora los republicanos envían un paquete a la cámara alta en el cual mezclan temas domésticos con externos. Concretamente, para que haya un financiamiento a Israel, los republicanos piden reducir la recaudación de impuestos, es decir, el funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos (IRS).Y del otro lado se encuentra dividido el partido demócrata, cuya ala progresista no quiere brindarle ninguna ayuda a Israel, pero sí exige ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.  Estos van a ser temas de campaña en los próximos meses.  

Este 2 de noviembre, el partido Semilla, la plataforma política que ganó las elecciones presidenciales en Guatemala, ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Desde su inesperado pase al balotaje, a finales de junio, el entonces candidato Bernardo Arévalo ha visto pasar un desfile de demandas y decenas de citas ante tribunales para impedirle llegar a la presidencia. Las batallas las han librado, y los militantes aseguran que esta acción no será la excepción. El 31 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala validaba los resultados de las elecciones generales. Oficialmente Bernardo Arévalo es declarado presidente electo, así como su bancada.No obstante, en esta batalla que parecía concluida, el partido Semilla recibió este jueves un último golpe: el Tribunal Supremo Electoral validó la orden de un juez penal para inhabilitar al partido. La razón, la misma de siempre: irregularidades en el proceso de inscripción.“Ordenamiento jurídico específico para los partidos”El jefe de la bancada de Semilla en la nueva legislatura, Samuel Pérez, explica a RFI que esta acción de la justicia electoral guatemalteca es ilegal: “Hay un recurso de apelación, que vamos a trabajar en cuanto nos notifique el Tribunal Supremo. Pero hay algo importantísimo que es lo más fundamental de todo esto: un juez penal, que es lo que está pasando en este momento, no puede, bajo ninguna circunstancia, cancelar ni suspender un partido político. Él se encarga de la persecución penal, no puede hacerla en contra de una organización política”, apunta.“Hay un ordenamiento jurídico específico para los partidos, que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La autoridad que puede cancelar o suspender un partido político es el Tribunal Supremo Electoral, no un juez penal. Y esa diferencia es importantísima y por eso, en este caso, se les tiene que caer eventualmente, porque no hay, digamos, procedimientos para suspensión de un partido ni una bancada en el Congreso a partir de una resolución de un juez”, precisa.“Miedoa perder el modelo de corrupción y de impunidad”Samuel Pérez, quien vivió de cerca todos los enfrentamientos jurídicos, las manifestaciones y obstáculos de la contienda electoral, considera que los ataques contra Semilla provienen de los actuales gobernantes, quienes temen perder sus privilegios.“Yo diría que hay una motivación profunda de temor de las autoridades actuales, que básicamente tienen miedo a perder el modelo de corrupción y de impunidad que han sostenido a sus partidos políticos y sus estructuras criminales dentro del Estado, y que un partido como Semilla va a llegar decidido a acabar con eso de una vez por todas”, señala.“Entonces continúan con ataques de intentar amedrentar, de intentar amenazar, aunque sepan que es completamente ilegal lo que están haciendo. Todavía les quedan algunos recursos, no son legales, pero que sí tienen una motivación política clarísima de intentar ya no necesariamente tumbarse el proceso electoral, pero sí intentar tumbarse el partido porque, digamos, permite continuidad del proyecto en el largo plazo. Y eso también es un objetivo que ellos quieren evitar que suceda”, concluye Pérez.Bernardo Arévalo tomará posesión el 14 de enero de 2024.

Bolivia rompió esta semana relaciones diplomáticas con Israel mientras Colombia y Chile decidieron llamar a consultas a sus embajadores en el Estado hebreo. Después de la guerra en Ucrania, Latinoamérica vuelve a marcar posiciones y alineamientos en el ajedrez global con el conflicto en Gaza. Para analizar la situación, RFI conversó con Víctor Mijares, director del Observatorio de Seguridad Global en Colombia. RFI: Frente al conflicto en Gaza, Bolivia fue el primer país de la región en romper relaciones con Israel. ¿La izquierda de gobierno en América Latina se encamina a este tipo de escenarios?Víctor Mijares: Hay una tradición de tener una relación muy cercana con la causa palestina por parte de la izquierda mundial y muy específicamente la latinoamericana. Y es muy probable que, si bien no todos los gobiernos de izquierda tomen la misma decisión, sí podría haber una tendencia a un distanciamiento e incluso una crítica, en algunos casos mucho más directa y otros casos más indirecta, a las acciones militares que está tomando Israel sobre el territorio de Gaza en contra de Hamás. Sobre esto se ha hablado mucho, se ha discutido acerca de distintas izquierdas y distintas derechas, pero parece que cuando nos encontramos en situaciones de crisis como esta nueva guerra en Oriente Próximo, pues la polarización vuelve a sus niveles más extremos y también más simplistas en cuanto a esa ubicación ideológica, por parte sobre todo de los gobiernos latinoamericanos.RFI: Por ejemplo, Colombia, ¿qué posición ha tomado desde el principio del conflicto? Víctor Mijares: La posición de Colombia ha sido tomada directamente por el presidente Petro, incluso desautorizando a la propia Cancillería de Colombia que había tenido de algún modo una posición bastante cercana a Israel. Recordemos que Colombia tiene a Israel como su segundo proveedor en materia de armamento. La posición del presidente Petro ha sido la de crítica muy, muy dura directamente a Israel, y a su vez se le ha criticado a Petro de no haber hecho ningún tipo de señalamiento en contra de Hamás. Porque muchos países latinoamericanos, como por ejemplo el Brasil de Lula, sí mantuvieron una posición de cuestionar y de condenar a Hamás y luego criticar a Israel por las acciones en Gaza.RFI: Entonces digamos que Brasil ocupa ahora una especie de zona gris. ¿Qué postura está tomando y qué objetivo podría tener?  Víctor Mijares: Este nuevo Gobierno de Lula es un poco el relanzamiento de la política exterior brasileña. Pasa también por tratar de ser un mediador. Por supuesto, aquí el juego es muy difícil. Es muy difícil porque es el juego de la equidistancia estratégica que está tratando de llevar adelante Brasil. Con lo cual queda muy difícil, no solamente por su poco peso económico y militar en el mundo, sino también por sus dificultades internas y frente a esas polarizaciones tanto domésticas como internacionales, que pueda efectivamente asumir un rol mediador en un conflicto tan difícil como este.RFI: Si hablamos en cuanto a población, vemos posiciones muy distintas entre la chilena y la argentina, por ejemplo. Chile tiene la mayor población descendiente palestina, mientras que Argentina tiene una gran población judía. ¿Qué papel juegan esas comunidades a la hora de pesar en cuanto a relaciones y diplomacia? Víctor Mijares: Estas comunidades son muy importantes porque hacen por supuesto todo el cabildeo para tratar de llevar a sus gobiernos a tomar ciertas decisiones. Desde el punto de vista de la población en general, pareciera que más allá de algunos grupos movilizados, los asuntos internacionales -sobre todo asuntos apremiantes como la guerra de Ucrania o la guerra en Gaza- no están convocando tanto a la opinión pública latinoamericana. Se siguen viendo como problemas muy lejanos, que ya se ha entendido que tienen repercusiones en materia económica, por ejemplo, como lo vimos con la invasión de Rusia a Ucrania y todo el impacto que tuvo en combustibles, en fertilizantes, alimentos, etc., pero se siguen viendo como temas lejanos.

Más de 7 000 personas partieron el lunes de Tapachula, en el sur de México, con destino a la frontera con Estados Unidos. En su mayoría se trata de migrantes centroamericanos, haitianos y venezolanos. Según los organizadores, esta nueva caravana masiva se produce debido a la preocupante situación humana en Tapachula, donde los migrantes se han amontonado a la espera de documentos de tránsito. Tapachula, Chiapas, se ha convertido en "Tapachula-Haití", ironiza Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos sin fronteras y organizador de una  nueva caravana con unos 7 000 migrantes que partió esta semana del sur de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, pero también para denunciar los riesgos que enfrentan durante su camino y la lenta administración mexicana. En entrevista para RFI, Mujica explicó que la situación en Tapachula es desoladora. “Las caravanas nos son más que un síntoma de lo que está pasando en la zona sur, por ello, la única opción que le queda al Instituto Nacional de Migración (INM) es contenerlos [en esta parte del país]”, alertó. “Para ellos es un infierno”, resumió Mujica. Los migrantes, recién llegados, viven en las calles cuyas condiciones deterioran su salud.Por otra parte, el aumento de migrantes en esta ciudad sureña de México ha hecho que el panorama de la urbe cambie, tanto que los precios de las rentas ahora son más elevados. Con mensualidades que van de los 400 a 800 dólares, “todos los tapachultecos han hecho un negociazo ahí”, dijo Mujica.Regresar a la caravana   Compuesta en su mayoría por centroamericanos, haitianos y venezolanos, algunos, dice Mujica, lo hacen por segunda vez. Tal es el caso de una familia de haitianos que partió primeramente en una caravana, pero que fueron deportados, y que decidieron intentar la travesía nuevamente. “De una familia de cinco”, precisó Mujica, “dos podría ser secuestrados o asesinados. Yo por eso ya no los invito más”.El objetivo de estas caravanas ha adquirido, en los últimos meses, un tono que reclama al gobierno mexicano la autorización de permisos de tránsito para llegar a la frontera con Estados Unidos “sin ser detenidos o deportados”. Estos permisos son otorgados por Instituto de Migración a cuenta gotas, cuando no cancela sencillamente su emisión, y a precios que no pueden pagar los migrantes.“Lo obtienes si lo pagas. La gente que viene en las caravanas, que no tiene dinero para pagar, que tiene niños y que tiene que decidir si come, si los duerme en un parque o en la calle. Su única esperanza es sobrevivir”.Además, el crimen organizado está encima de los migrantes, por eso con esta movilización se trata de salvar vidas y que los migrantes no sean secuestrados.Este año las autoridades han desactivado caravanas enteras entregando permisos de tránsito.Washington acordó recientemente con el gobierno de Venezuela un plan para deportar a ciudadanos de ese país que hayan ingresado ilegalmente después del 31 de julio. En tanto, México se comprometió con Estados Unidos a recibir a los migrantes indocumentados y entregarlos a las autoridades de sus países de origen.

Este 29 de octubre en Colombia, el triunfo fue para la política tradicional. Con un 55% de participación ciudadana, las alcaldías de las ciudades principales del país quedaron en manos de opositores o candidatos desligados del gobierno izquierdista de Gustavo Petro. ¿Cómo se explica este giro inesperado, después de un último periodo de gobiernos que se alejó de las líneas políticas tradicionales? Colombia vuelve a elegir a sus candidatos conocidos. Después de cuatro años caracterizados por gobiernos atípicos para la historia del país, la izquierda oficialista perdió los comicios regionales en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y aunque la mayoría de los elegidos se muestran críticos con el presidente, su diversidad ideológica impide pensar que son parte de un mismo movimiento.“Cierta estabilidad”Según Andrés Segura, experto en gobierno y política pública, no se trata de una elección exclusivamente partidista: “Más allá de leerlo como de partidos o de izquierda a derecha, el país volvió a su zona de confort. Es decir, esos son los políticos de siempre. Los otros nos rompieron el corazón, no está funcionando. El presidente Petro ha generado muchas polémicas y muchas decepciones. Entonces como que volvamos a los que sean bonitos, pero que al final nos pongan otra vez en cierta estabilidad. Y eso fue lo que paso en general en las administraciones regionales”, estima.Gustavo Petro obtuvo solo dos de las 32 gobernaciones del país, lo que representa una derrota simbólica que baja sus proyecciones para negociar las nuevas políticas que regirán los gobiernos locales de 2024 a 2027.Disyuntiva“Lo que demostró Petro es que no pudo organizar políticamente al Pacto Histórico. Entonces lo que va a ver es que, en sus reformas, cuando entra a negociar los apoyos de los partidos, pues tendrá una posición débil”, subraya Segura.El experto señala que entonces Petro estará “nuevamente en la disyuntiva que siempre lo ha caracterizado”. Es decir, o “regresa otra vez al punto moderado con el que inició el gobierno el año pasado, y en ese caso tendría que habilitar mucha negociación burocrática”, en un “escenario donde pueda empezar a entregar cuotas burocráticas a diferentes partidos para buscar apoyos”.O bien, “la que ya pasó a principios de este año, que fue en su primera crisis, que en vez de buscar ser moderado, lo que hizo fue radicalizarse y entonces replegar fuerzas y consolidar un núcleo que le garantizara la lealtad entre sus seguidores”, concluye Segura.

RFI entrevistó al periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero sobre el anuncio que hizo el presidente Bukele de que aspiraría a su reelección, lo que va en contravía de la Constitución de El Salvador.  El presidente Bukele confirmó que se presentará a la reelección como presidente de El Salvador. Algunos índices le dan un apoyo en la población de hasta el 90% gracias, principalmente, a una dura política contra las pandillas, amparada en un estado de excepción que tras su declaración en 2022 ha sumado 72.000 presos en las cárceles nacionales.Sus detractores defienden que la Constitución no permite la reelección continuada. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que el propio Bukele había cambiado a cinco magistrados previamente, hizo una nueva interpretación del texto que sí le habilita para presentarse en los comicios de 2024. RFI habló al respecto con el periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero.“El tema de popularidad es indiscutible. Definitivamente el presidente tiene un apoyo mayoritario en El Salvador. El punto específico es la legalidad o la constitucionalidad de ese acto de buscar una presidencia por aclamación popular. Para eso existe también en la Constitución salvadoreña un artículo según el cual el poder emana del pueblo. El pueblo tiene el poder de poner y quitar gobernantes, pero ese mismo artículo te dice, atención, que, aunque el poder emana del pueblo, ese poder que emana del pueblo estará limitado por esa misma Constitución”.Bukele llegaría a las elecciones de 2024 con la victoria prácticamente garantizada, muy por encima de los dos partidos tradicionales, ARENA y el FMLN, los cuales se han quedado con un peso político minoritario.El periodista Fernando Romero considera que estas formaciones han tenido su responsabilidad en la ostentación de poder indiscutible que tiene actualmente el presidente. Sobre la responsabilidad de la popularidad de Bukele, Romero considera que “es culpa 100% de los partidos que ahora son oposición, los cuales en su momento fueron gobierno. No hubo mejoras en lo social, no hubo mejoras en infraestructura y lo que más le ha dolido al ciudadano salvadoreño es haber sabido, en la década anterior, a través de investigaciones periodísticas logramos contarle a la gente que estos partidos, cada cual por su lado, buscaron el apoyo de las pandillas para tener apoyo político”.De hecho, el propio periodista de investigación considera que Nuevas Ideas el partido del presidente ganará los próximos comicios de manera clara, se presente o no Bukele como cabeza de cartel.

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe llega a su fin este viernes. El objetivo fue preparar a Latinoamérica para la COP28, prevista a finales del año, en Dubái. Este jueves, 30 ministros de Medioambiente de la región elaboraron su “nueva hoja de ruta”, sin abundar en el espinoso tema de cómo financiar las acciones que limiten el calentamiento del planeta. En 2015, con la firma del Acuerdo de París, los países se comprometieron a trabajar a lo largo del siglo 21 para limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 grados. Y aunque este objetivo es necesario e inapelable, el Acuerdo de París vino a ampliar las brechas de las desigualdades, pues muchos países no cuentan ni con el capital ni con las tecnologías necesarias para abandonar el petróleo y otras energías fósiles.Perdón o canje de deudasPara Sandra Guzmán, directora de la ONG Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, el primer paso sería reconfigurar el sistema financiero internacional: “El tema fundamental es transformar el aparato del sistema financiero. Actualmente hay una conversación internacional sobre modificar la operación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otros bancos multilaterales para que sus instrumentos de financiamiento no endeuden tanto a los países, que haya nuevas y mejores condiciones de acceso a préstamos por ejemplo, con mejores condiciones de pago, que las tasas de interés no sean tan altas y que se busque que, cuando se trate de proyectos más sostenibles, las condiciones sean todavía más flexibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tratamiento de la deuda es un paso inmediato”, explica.El perdón de las deudas podría ser un instrumento financiero, así como el canje de deuda: “Es una medida importante porque, en lugar de pagar la deuda, vas a poder pagar por acciones en materia de cambio climático, ayudar a llevar a cabo algunas políticas y digamos, para algunos países que están fuertemente endeudados (por ejemplo, Argentina o algunos otros casos), que en lugar de pagar esa deuda, puedan invertir en acción climática. Es un avance”, subraya Guzmán.El caso PetroGustavo Petro, desde que tomó la presidencia de Colombia, ha expresado su interés en las cuestiones ambientales, y también en cómo financiar los proyectos encaminados a cumplir el Acuerdo de París.“El presidente Gustavo Petro de Colombia ha sido un vocero muy importante para generar nuevos mecanismos de financiamiento.  ¿De dónde vamos a sacar más ingresos? Esto, por ejemplo, viene a través de esquemas de tributación. Internacionalmente se ha hablado de que hay que hacer tasas, por ejemplo, a los que más contaminen, a los que más ganan, a los que más emiten...”, comenta la experta.“El presidente ha sido muy enfático en generar estos nuevos mecanismos innovadores que permitan ampliar aún más la recaudación de recursos que permitan a su vez reinvertir en acción climática”, recalca.En la COP 27 de Egipto, Gustavo Petro calificó a las conferencias sobre el cambio climático como un fracaso, pues nadie se compromete a dejar de consumir energías fósiles.

Desde el inicio de su sexenio, en 2018, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra a la Suprema Corte de Justicia, y esta semana logró una alianza con el legislativo para aprobar una ley que reduciría el presupuesto de todas las instituciones del poder judicial. Se trata de unos fideicomisos estimados en 15 mil millones de pesos (800 millones de euros) que pasarían a los programas sociales del mandatario, quien ha dicho que prefiere crear becas que continuar pagando los exorbitantes salarios de los magistrados de 700 mil pesos mensuales (unos 35 mil euros).“Equilibrio entre poderes”Aunque sólo le falta publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador continúa justificando los recortes al poder judicial.Sin embargo, de acuerdo con Luis Miguel González, director editorial del diario mexicano El Economista, estas instituciones ya operan con precariedad: “En México, el poder judicial tiene un porcentaje del PIB de 0,25%, que es mucho menor al que tienen, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Chile. México no ha valorado presupuestalmente al poder judicial como se merece”, explica.“De fondo es un asunto mucho más político. Tiene mucho más que ver con el equilibrio entre poderes que con asuntos presupuestales. Esta discusión por los fideicomisos es una vuelta de tuerca. Es el presupuesto como una manera de establecer quién manda, si el poder ejecutivo o el poder judicial”, subraya el periodista.“Totalmente incongruente”El mandatario mexicano ha declarado que los recursos de los fideicomisos serían destinados a becas de educación básica, o para repartirlos en las arcas de las 32 entidades federales, algo que no tiene lógica desde el punto de vista económico, dice a RFI Miguel González Ibarra, investigador en la UNAM y coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía.“Evidentemente, es una decisión de López Obrador de tratar de subordinar al único poder que continúa autónomo, porque en realidad, desde el punto de vista económico, él está creando nuevos fideicomisos, y entonces 15 mil millones, 13 mil millones, no pintan, y está creando unos nuevos para subvencionar sus obras en el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. Y eso le está dando recursos”, comenta el académico.“Entonces”, prosigue, “resulta totalmente incongruente desde el punto de vista económico, que trate de quedarse con los recursos de un fideicomiso que afecta a un poder autónomo y que va a afectar a cerca de 60.000 personas, y todas no son de la Suprema Corte. La Suprema Corte sólo representaría en los recursos menos del 7%. Son en realidad los jueces de circuito, los jueces que están realmente atendiendo a la población”.Funcionarios de tribunales federales ya anunciaron que promoverán una acción de amparo para resguardar los fideicomisos. Si pasara a tribunales, esta ley podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, encargada de dar el fallo final.  

Mientras Panamá organiza una cumbre climática preparatoria de la COP28, las calles de la capital han sido desbordadas por las protestas en contra de los nuevos contratos concedidos el viernes, de manera exprés, por el Legislativo y el presidente Cortizo, a la empresa canadiense First Quantum Minerals que podrá seguir explotando la mayor mina de cobre de Centroamérica. Los ambientalistas denuncian daños irreparables a los ecosistemas. Las manifestaciones en contra de la minera canadiense First Quantum Minerals, que representa ella sola el 4% de la economía panameña, estallaron este lunes, coincidiendo con la Semana del Clima de América Latina y el Caribe. Hubo cierre de caminos, enfrentamientos entre policías y manifestantes y paro de actividades.Para Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el descontento de los habitantes es tan grande que no han prestado atención a esta cubre regional. "Al Gobierno -dice Ramos a RFI- solamente le interesa el problema por una cuestión de imagen, realmente no le interesa el ecosistema ni el manejo ambiental interno del país. Para la sociedad esta cumbre ha pasado totalmente de largo y la mayoría de la población no tenía idea de que se realizaba esta semana y las coyunturas han coincidido con la aprobación del contrato minero".En 2017, la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el contrato ley. No obstante, el mandatario panameño, Laurentino Cortizo aprobó el pasado viernes una nueva versión del contrato para explotar una zona boscosa del norte de Panamá.Se trata de un contrato leonino, de acuerdo con Liliana Guevara, directora ejecutiva del CIAM: "El contrato es leonino porque lesiona la soberanía de nuestro país, limitando las posibilidades de que el Estado panameño ejerza competencias públicas. Así pues, les da la facultad de producir energía y agua y de vendérnosla"."Les permite crear toda una serie de actividades económicas dentro de esa concesión que nada tiene que ver con la explotación minera. Esta mina supone una gran deforestación y destrucción irreparable de zonas y de fuentes hídricas que van directo a las comunidades de la región. Esos daños inestimables no pueden ser compensados. Es una relación realmente injusta", concluye Guevara.De continuar vigente el nuevo contrato, la minera canadiense podría operar durante los próximos 20 años.

RFI entrevistó a Mariana Aparicio, profesora de Relaciones Internacionales de la UNAM, sobre la Cumbre Inmigración realizada en el sitio arqueológico de Palenque, en el sureño Estado mexicano de Chiapas. Una decena de países latinoamericanos pidieron a las naciones que reciben migración irregular como Estados Unidos, pero sin mencionarlo, que revisen su política migratoria. Entre los 13 puntos del comunicado final de la Declaración de Palenque figuran el de exhortar a los países destino a que abandonen políticas y prácticas que vulneren los derechos humanos de los migrantes y replantear la deuda externa. Muy notable ha sido la ausencia de Estados Unidos en esta reunión. Para Mariana Aparicio, profesora de Relaciones Internacionales de la UNAM, esto podría significar el deseo de los vecinos del Sur de tener su propia política migratoria."Si bien es cierto que Estados Unidos no fue invitado, eso podría sugerir que es una iniciativa propia del Estado mexicano para tener un nivel de interlocución y diálogo con sus pares en América Latina y el Caribe. Todo parece indicar que se trata de una propuesta del gobierno mexicano para recordarle a sus vecinos del Sur que existen una serie de proyectos y programas y que México está en posición de cooperar y apalear la crisis migratoria. Por supuesto que hay que celebrar este diálogo entre los países, pero a partir de los resultados de la cumbre, pues parece que no hay nada nuevo que no se haya dicho anteriormente", dice Aparicio.Estados Unidos comenzó a externalizar este año su control migratorio con las llamadas oficinas de Movilidad Segura, que ya funcionan en Guatemala y Colombia. Estas nuevas medidas son criticadas por la forma en que son seleccionados los migrantes, pero la Cumbre en Palenque no ofreció ninguna alternativa, según Mariana Aparicio."A mí no me parece que esta Cumbre esté dando una opción alternativa porque al final lo que busca los migrantes es llegar a Estados Unidos, independientemente de dónde estén esperando para la cita", subraya la profesora de la universidad mexicana UNAM.Cuba y Venezuela pidieron el levantamiento de sanciones económicas, pero Estados Unidos difícilmente aceptaría esta propuesta, analiza también Mariana Aparicio."Las sanciones económicas que implementa Estados Unidos responden a una decisión de política interna de ese país. Es muy complicado establecer, obligar o que exista una modificación de la política interna de Estados Unidos respecto a uno de los instrumentos económicos y comerciales que tiene ese país para implementar en otro país y que modifique su comportamiento. La Asamblea General de Naciones Unidas, año tras año, el 98% de los países miembros, votan en una resolución para exhortar al gobierno de Estados Unidos a eliminar las sanciones económicas. Lo que se conoce comúnmente como ‘el bloqueo’. Pero Estados Unidos no ha hecho caso a lo que la comunidad internacional expresa", concluye.El mandatario mexicano anunció que en su próxima reunión con Joe Biden, programada para noviembre, le pedirá levantar las sanciones por razones humanitarias.

Preguntamos a varios electores de la candidata que llegó tercera en la primera vuelta, la opositora macrista Patricia Bullrich, por quien votarán dentro de un mes en el balotaje entre el candidato oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei. Ese casi 24% de los electores será decisivo. Un reportaje de Alejo Schapire, enviado especial de RFI. La zona de Barrio Norte en Buenos Aires amaneció con caras largas, en particular el barrio de Recoleta, donde se concentra el voto duro para Patricia Bullrich, quien no logró calificarse para la segunda vuelta.Los votantes de Juntos por el Cambio, partido creado como una coalición republicana anti-kirchnerista, enfrentan ahora la disyuntiva del balotaje entre el opositor y neoliberal Javier Milei, que ofrece medidas y un estilo que muchos juzgan extremo, y Sergio Massa, al que algunos consideran un peronista moderado. El voto en blanco es otra opción.En un café nos cruzamos con Adriana, psicóloga, y su amiga Estela, que trabaja en una inmobiliaria. Ambas votaron por Patricia Bullrich. "Yo creo que la gente que votó a Patricia va a ser muy difícil que vote a Milei porque tienen miedo de los cambios abruptos que él quiere llevar a cabo. Lo de la 'motosierra', ese cambio así'.'Este país fue, es y será peronista' Milei ha salido en campaña con una motosierra prometiendo cortes severos al gasto público, incluyendo la desaparición de varios ministerios. Adriana aclara sin embargo que "hay muchas cosas en las que coincido con Milei, pero uno ya es grande [adulto] y también pienso que este país fue, es y será peronista".Su amiga Estela aclara que ella es "un poquito más cerrada" que su amiga y por eso va a votar por Milei, aunque se muestra fatalista sobre el resultado final. "Soy anti-peronista, siempre lo he sido. Ellos gobernaron los últimos 20 años. Solo cuatro años no gobernaron. Y sin embargo le echan la culpa a Macri. Pero bueno, este es un país peronista y tenemos lo que nos merecemos".También cruzamos a Cecilia, jubilada: "Anoche pensé: ¿y si voto en blanco? Seguro que no votaré por Massa. Votar por Milei… vamos a ver. Yo lo único que le pido a Milei es que baje la agresividad. Pero no entiendo a nuestro pueblo. Hay mucha inseguridad, hay mucha pobreza y seguimos votando algo que nos está castigando. No entiendo".Juan es abogado y está indeciso: "Tengo un mes por delante de mucha reflexión porque no comparto las medidas que quiere impulsar Milei. Por un lado, la dolarización, el tema de la eliminación de un montón de sectores del Estado que a mi criterio son estratégicos. Tengo un mes de mucha reflexión por delante para ver cómo se van encaminando y posicionando los diferentes candidatos".

En su reciente visita a China, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, invitó a su homólogo chino, Xi Jinping, a visitar la Antártica chilena,  visita que éste último aceptó y, aunque no quedó una fecha agendada, podría concretarse el próximo año, informó la comitiva parlamentaria que acompañó a la delegación chilena. Pero China podría poner en peligro este santuario de la naturaleza protegido hasta ahora por el Tratado Antártico. Chile, el país más austral del planeta, también es la puerta a la Antártida, donde las capas de hielo llegan hasta los 5 kilómetros de grosor. Es aquí donde vendría Xi Jinping, el mandatario chino, cuyos intereses extractivistas contrastan con las políticas de protección actuales de este santuario de la naturaleza.Karen Manzano, profesora de la Universidad de San Sebastián y especialista de la Antártida chilena expresó: "Chile desde que empezó a trabajar en el sistema del Tratado Antártico, (firmado en 1959), siempre ha tenido una posición de protección de los recursos naturales, sin embargo, la relación de China con la Antártida, ha sido en muchas ocasiones de explotación y de exploración."China va en una intento de competencia para ver qué hacer sobre los recursos de la Antártida y ¿por qué uno puede observar estos datos? porque en junio pasado se adoptó la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA)  y una de las cosas que quiso hacer Chile y Argentina fue potenciar las áreas marinas protegidas y uno de los votos en contra fue precisamente de China, porque acá había claramente intereses en torno a la industria pesquera".“La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos”, se puede leer en el artículo primero del Tratado Antártico de 1959. Y aunque en el año 2048 los 12 países signatarios se reunirán para revisar el texto, Luis Valentín Ferrada, Director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, considera que la esencia del Tratado no debería ser modificado, por el bien del planeta: "Hasta el año 2048 está prohibido cualquier tipo de actividad con los minerales que hay en la Antártica activamente. A partir de esa fecha se abre la posibilidad de volver a discutir un eventual régimen de explotación de minerales. Desde esa perspectiva imagínese, ¿qué pasaría si las costas antárticas empiezan a ser explotadas? ¿Qué pasaría si hay derrames de petróleo en la Antártica? Todo eso afectaría directamente al Chile americano también."Chile debiera ser un país especialmente preocupado de la preservación del medio ambiente antártico. Piénsese que muchas de los ventajas que tiene Chile, la riqueza pesquera que tiene gracias a la Corriente de Humboldt, en gran manera se debe, a nuestra cercanía con la Antártida. "Yo espero que la Antártica permanezca siempre como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Pero claro, los distintos países miran conforme sus objetivos e intereses, que es lo que está sucediendo ahí", concluye Luis Valentín Ferrada.Además de Chile, el gigante asiático trabaja sus alianzas con Argentina para así, intervenir en la geopolítica del continente antártico.Escuche los reportajes: Amundsen y el capitán Scott: "A la conquista del Polo Sur"Jean Baptiste Charcot: el puerto de Havre le consagra una muestra al gran explorador de la AntártidaPlantas de la Antártica que producen sus propios filtros solares

Elecciones presidenciales este domingo 22 de octubre en Argentina. Entre los favoritos para suceder a Alberto Fernández se encuentra la sorpresa de esta elección, Javier Milei. Nacida al calor de las redes sociales, su figura carismática atrae a los electores más jóvenes, una novedad ya que hasta ahora solían acompañar al kirchnerismo. Un reportaje de nuestro enviado especial a Buenos Aires, Alejo Schapire. De nuestro enviado especial a Buenos Aires, Alejo SchapireEn la década pasada, el kirchnerismo pareció tener el monopolio del voto joven. Las agendas de las políticas de género, la legalización del aborto, una economía que permitía una mayor asistencia social atraían a una generación que se reconocía en estas banderas.Hoy, el voto joven está migrando hacia una propuesta en las antípodas, el neoliberal Javier Milei, defensor de un capitalismo sin complejos y socialmente conservador.Salimos al centro de Buenos Aires a hablar con quienes van a poner su nombre en la urna. Nicolás tiene 21 años y se coloca en una esquina el uniforme de repartidor de comida a domicilio antes de subirse a la bicicleta: "Voto por Milei por la propuesta que tiene, el cambio que propone y unpoco salir de estos 100 años de gobierno, él propone capitalismo, hoy en día estamos en un gobierno que es socialista..."Son muchos los repartidores que dicen que van a votar a Milei, pero no solo. Tomás es desocupado y tiene 24 años. Lo cruzamos caminando por la avenida 9 de julio, nos cuenta lo que le atrae del candidato libertario: "Es alguien nuevo, que no tiene antecedentes, por éso mismo". La novedad, la falta de antecedentes,  parece ser uno de los mayores atractivos de Javier Milei. Sol es tucumana, del norte argentino, y estudia diseño en la facultad. Ella explica su voto por Milei: "Porque quiero algo diferente para la Argentina. Alejo Schapire: ¿Qué es lo que más te seduce de él?  Sol: "Su locura, necesitamos a alguien que esté loco como él, para que cambie las cosas. La gente que está ahora, como que no hace nada, no impone ni siquiera autoridad" Alejo Schapire: ¿Qué cambio te gustaría más que haga (Milei)?Sol: "El dólar" Sin la épica de kirchnerismo, la nueva generación de electores han encontrado en Javier Milei a un loco como dicen, pero cuya propuesta seduce por ofrecer un horizonte económico previsible atado a una moneda confiable, lo que en la Argentina de hoy no es poco. Desde Buenos Aires, Alejo Schapire para RFI.Sobre el mismo tema, programa Escala en París:El fenómeno Milei: 'Nadie saltó tan rápido de la televisión a las puertas de la Casa Rosada'Otro reporte de nuestro enviado especial a Buenos Aires:'Espero que traiga dólares': la inflación, factor determinante en los comicios argentinos

A tres días de las elecciones presidenciales en Argentina, la inflación y el costo de vida son temas que pesan en las elecciones presidenciales. Con nuestro enviado especial en Buenos Aires, Alejo Schapire.El barrio de Retiro, en Buenos Aires, es un bastión de la oposición al gobierno kirchnerista. En Argentina, la inflación del 12% por ciento mensual y del 138% en el último año, está desbocada.En este día primaveral, en el mercado de alimentos frescos, el constante aumento de precios y las elecciones presidenciales del domingo están en boca de todos.“Es una locura y lo peor de todo es que el sueldo nuestro está en el mismo lugar”, comenta a RFI una clienta.Lucía es profesora. Hace las compras con su bebé. “La inflación va a seguir subiendo. Si se sabe que el lunes va a saltar el dólar, no importa quién gane”, dice y añade que sin duda votará por Patricia Bullrich.Alejandro tiene 42 años, es terapeuta y está preocupado por los precios. Sus hábitos de compra cambiaron. “No sube todo a la vez, pero uno va notando que todo sube. Ahora compro algunas cosas con tarjeta de crédito. Yo tengo mellizos, tengo perros, o sea que compro con tarjetas la comida de los perros, los gastos grandes, los pañales y sé que por lo menos el 12% me lo come la inflación”, explica.“No hay chance que vote este gobierno”, señala.Mientras muchos prefieren no decir por qué candidato van a votar, si por el oficialista Sergio Massa, el ultraliberal Javier Milei, la centroderechista Patricia Bullrich o la izquierdista Myriam Bregman, otros lo declaran sin vueltas."Milei está un poquito loco pero no me importa"Facundo es empleado de la pescadería del mercado. A los 17 años, vota por primera vez y lo hará por Milei.“Porque me gusta la forma de hablar. Porque espero que traiga dólares”, dice.En menos de dos días, explica, se le acaba el sueldo. “Me sustento de los animales. Vendo los huevos de la gallina. Me sale bien alguna vez. Está un poquito loco Milei, pero eso no me importa mientras que cambie acá”.En este contexto de inflación récord, el salto a lo desconocido es algo que muchos votantes de Javier Milei están dispuestos a dar.

El gobierno mexicano dio un paso importante para esclarecer el caso de Ayotzinapa. Por primera vez, reconoció que el ejército estaba al tanto de lo que pasaba el día de la desaparición de los estudiantes y que además los militares tenían información en tiempo real. Acceder a los documentos del ejército sigue siendo una de las batallas de los padres, así como conocer qué sucedió con sus hijos. “El Gobierno de México ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes”, así concluía a finales de septiembre Alejandro Encinas, al mandato de la Comisión por la Verdad, una institución del Gobierno mexicano creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Aunque, al presentar su segundo informe, Alejandro Encinas haya señalado al Estado mexicano como responsable, el gobierno esperó hasta el martes 17 de octubre para aceptar que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, pues su servicio de inteligencia contaba con espías en la región.La declaración es importante al provenir del gobierno, pero para Mario González, padre de uno de los jóvenes, esto no es ninguna novedad. “Tenemos años gritando esa misma consigna. Toda esta información que están sacando apenas, pues viene del GIEI. Esto no es nuevo pero desafortunadamente nadie lo había dicho a cielo abierto como lo ha hecho Encinas”, opina González, entrevistado por RFI.“A nosotros siempre nos habían dicho que no había información como tal de saber el paradero de los muchachos o saber qué había pasado”, añade.Leer también"El Estado nos negó información": GIEI entrega último informe sobre desaparecidos de AyotzinapaInformación negadaLos padres han perdido el acceso a la información del ejército, la cual siempre les ha sido negada. “No había absolutamente nada, mientras que nosotros ya sabíamos que sí existía”, recuerda González. “Hay muchas líneas de investigaciones a donde estaban arrojando datos duros, que hubo participación y movilización en los momentos críticos del ataque a los muchachos”.Además, la reciente condecoración del general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa, cuando sucedió la desaparición de los estudiantes, sería una paradoja.“No sé qué tantos pactos tan fuertes tengan el presidente con el ejército, porque recordemos que él fue el primero que obstruyó la verdad”, denuncia el padre del estudiante desaparecido. “Él fue el que dijo no se van a declarar los muchachitos y nadie los va a tocar, es un delito grave”.Mario González dice que para los familiares de los desaparecidos va a costar mucho trabajo obtener respuestas.Los padres han solicitado la entrega de 800 documentos relacionados al espionaje militar. El gobierno mexicano sigue sin responder.

Con Patricia Bullrich, la oposición de centro derecha de Juntos por el Cambio busca volver al poder tras la gestión de Mauricio Macri (2015 - 2019). En un país carcomido por la corrupción y la crisis económica, la ex ministra de Seguridad promete mano dura, terminar con el kirchnerismo y garantizar una mejor gobernabilidad frente a su gran rival a su derecha, Javier Milei.  "Tener seguridad, tener impuestos razonables, tranquilidad, certezas, terminar las incertidumbres, un gobierno que tenga reglas claras y duraderas". Así resume Patricia Bullrich su propuesta con la que intenta proyectar una imagen de mujer fuerte, que no se doblega, y que impone orden.Bullrich, de 67 años, es politóloga. Pertenece al ala más dura de Juntos por el Cambio, aunque comenzó su carrera política en los 70 como militante de la juventud peronista.Leer tambiénJavier Milei, el ultraliberal que rompió el molde político de ArgentinaA fines de los 90 formó parte del gobierno de la coalición de centro La Alianza, que terminó en forma anticipada con la traumática crisis financiera de 2001. Luego fue diputada y entre 2015 y 2019 fue ministra de Seguridad de la Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri.En una economía en crisis, con una inflación interanual de casi el 140%, Bullrich promete combatir el aumento de los precios, aunque suele ser cuestionada por su falta de solidez al explicar sus propuestas en esa materia. "Yo vengo a terminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas, más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación comprás sin sorpresas, podes comprar una casa. Sin inflación no la compras. Es así de simple y duro."Leer tambiénSergio Massa, el 'malabarista' candidato oficialista y de oposición a la vezAdemás de sus compromisos en economía y su promesa de orden y lucha contra el narcotráfico, la otra gran bandera de Patricia Bullrich es terminar con el kirchnerismo, la variante del peronismo que es la socia mayoritaria de la coalición que hoy gobierna el país. En un acto de campaña, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, Sergio, cuenta que lo que valora de la candidata es "la experiencia que tuvo ya con Macri, que sabe lo que se le viene y creo que está preparada para eso. Después estoy tranquilo con respecto a todo lo demás y esperando a que se termine para siempre el peronismo, o el kirchnerismo, como lo quieran llamar."Leer tambiénCon ilusiones y dólares, así llega Milei a los corazones argentinos En las primarias de agosto, Juntos por el Cambio sacó el 28% de los votos. Pero su interna fue la más competitiva, y hay que ver si los votos del otro candidato, el actual alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, quien tenía una propuesta más de centro, terminan yendo mayoritariamente a Bullrich o no. Otros analistas aseguran que esa interna le habría hechoperder terreno frente a los dos otros favoritos, el peronista Sergio Massa y el ultraliberal Javier Milei.

En Colombia, rige desde el martes 17 de octubre un cese el fuego entre el ejército y el EMC, el principal grupo de disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Ambas partes instalaron una mesa de negociaciones para alcanzar la paz a pesar de un acercamiento complicado y tenso. Es la disidencia más importante de la ex guerrilla de las FARC. El grupo de Estado Mayor Central (EMC) agrupa alrededor de 3.000 hombres.Los disidentes afirman que no estaban de acuerdo con algunos puntos del acuerdo de paz y desmovilización de 2016. Alegaban, por ejemplo, que otros grupos armados iban a ocupar las zonas liberadas.Esta semana el gobierno colombiano abrió una mesa de negociación con el EMC. ¿Qué se sabe de este grupo armado? “En algún momento, algunos de sus líderes o comandantes tuvieron una relación con las hoy extintas FARC”, dice a RFI Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC.Estos grupos han crecido de manera notoria, explica Restrepo. “Hoy en día son responsables del mayor número de acciones violentas que han ocurrido en el país. Es un indicativo de lo formidables que son en términos de la capacidad de generar violencia, miedo y terror en Colombia”.Acerca de cómo calificar estos grupos, Restrepo dice que “no las llamaría insurgentes porque este no es un cuerpo armado organizado, es más una federación, una agrupación sombrilla que reúne muchos grupos que incluso en ocasiones están enfrentados entre ellos”.Esta “disidencia”, como se le conoce también en el país, es la principal responsable también de gran parte del tráfico de narcóticos y su producción en Colombia.Cese al fuegoAún falta precisar los puntos de la agenda de negociaciones, pero ya hay una decisión concreta. Se ha decretado un cese al fuego bilateral por tres meses. “Un primer logro significativo”, según el directos del CERAC.“Ya inicialmente, a comienzos de este año, el gobierno había decretado unilateralmente un cese al fuego al que adhirió este grupo, pero que no cumplió. Esto no llevó a una reducción de la violencia, sino que los niveles de violencia se mantuvieron”, apunta Restrepo.Opina que la negociación ha sido “muy desestructurada”, aunque esto “se ha logrado resolver en parte por el acompañamiento de la comunidad internacional, los diferentes países garantes, la Iglesia católica, incluso la participación de la misión de Naciones Unidas que han logrado presionar a las partes para darle más estructura a la negociación”.En paralelo, el gobierno colombiano mantiene conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Ambas negociaciones se enmarcan en el proceso de paz total prometida por el presidente Gustavo Petro.

El más novato de los candidatos a la presidencia argentina irrumpió en la política hace apenas dos años con promesas de transformación tan radicales como su vocabulario. Javier Milei se define como libertario y apuesta a ganar las elecciones del 22 de octubre en primera vuelta. Las encuestas se inclinan más por un ballotage frente al peronista Sergio Massa o a la conservadora Patricia Bullrich. Javier Milei es el más disruptivo de los candidatos a la presidencia de Argentina. Es economista de formación y es el postulante que menos historia tiene dentro del Estado. Su primer cargo público es su puesto actual como diputado nacional, al que llegó en 2021 tras haber fundado La Libertad Avanza (LLA), un movimiento libertario en temas económicos pero conservador en lo social.Su ejercicio profesional se había concentrado en el sector privado. Entre otros, prestó sus servicios en las empresas de Eduardo Eurnekián, una de las personas más ricas de Argentina, con intereses en los sectores de energía, aeropuertos, infraestructura y agroindustria.Antes de ser diputado, Milei se convirtió en una figura pública por su persistente aparición en programas de televisión, en los que expresaba posiciones críticas respecto al manejo de la economía y otros asuntos públicos de manera muy histriónica y con un aspecto más de rockero despeinado que de político tradicional.Leer también‘Milei aprende que para competir tiene que convertirse en una mezcla de bufón, profeta y sabio’Su discurso se centra justamente en cuestionar lo que denomina "la casta", el 'establishment' de la política local. "El modelo de la casta parte de una premisa nefasta, que dice que donde hay una necesidad hay un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos."Milei considera que deben recortarse dramáticamente los gastos del Estado. Entre sus propuestas se encuentra la de dolarizar la economía, o al menos lanzar una libre competencia de monedas que, dice él, desembocaría en una dolarización, y cerrar el Banco Central.También prevé privatizar empresas públicas, bajar impuestos y llevar adelante una reforma laboral. Milei, quien se presenta como libertario, anarcocapitalista y, minarquista, también tiene posiciones conservadoras y de derecha. Niega la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura, se opone al aborto legal y quiere que la educación sexual integral deje de ser obligatoria en las escuelas.Para sus seguidores, el principal activo de Milei es simplemente ser diferente. En un acto del candidato en la localidad de San Martín, en las afueras de Buenos Aires, Elvio, uno de sus votantes asegura a RFI en español que "la seguridad que me da Javier Milei hoy en día, a mí y creo que a un montón de gente, es que no es político, y todo lo que él dice nace del sentido común."Leer tambiénEl ultra Milei capitaliza la bronca para asaltar la presidencia de ArgentinaEn las primarias de agosto, La Libertad Avanza sacó el 29,86% de los votos. El sistema electoral argentino preve la victoria con la mitad más uno de los votos o con el 40% y una diferencia de diez puntos con el segundo más votado.La esperanza de Milei es ganar en primera vuelta este 22 de octubre, el mismo día en que  cumplirá 53 años.

La sorpresa finalmente se confirmó y Daniel Noboa será el próximo presidente de Ecuador. Hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, el nuevo presidente es relativamente desconocido como político. Ante sí tendrá numerosos desafíos, el principal, frenar la ola de violencia en Ecuador ¿Qué esperar de su presidencia? Al decir “mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia”, Daniel Noboa tiene muy claro cuál es el primer desafío que debe afrontar tras su sorpresiva y finalmente victoriosa carrera a la presidencia: la violencia, en un país que cerró el año pasado con más de 2.500 crímenes violentos, y donde uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, fue asesinado en plena campaña por sicarios. El hecho de que sean elecciones anticipadas hace que su mandato no sea completo, sólo durará hasta 2025.Violencia: “El tiempo es muy corto”“La diferencia de Noboa frente a otros candidatos más bien de derecha, es que no tenía un discurso tan autoritario basado en el punitivismo penal, pero sus propuestas tienen que ver más con la militarización de los puertos, el uso de tecnología de punta, especialmente de origen israelí, para controlar las fronteras, los puertos, las aduanas”, explica a RFI Alexis Medina, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Besançon.Pero, señala, “el problema es que el tiempo es muy corto para resolver un problema estructural tan fuerte como es el de la violencia en Ecuador. Y por otra parte, esta ola de violencia tiene que ver con eventos que también escapan al control del presidente, es decir, tiene que ver con la reconfiguración de las rutas del narcotráfico en particular”.Economía y medioambienteOtro reto es relanzar la economía: “Daniel Noboa intentó construir la imagen de un hombre joven, pragmático, más bien como de centroizquierda. Pero detrás de este discurso y de toda la comunicación política, finalmente lo que él promueve es un modelo de desarrollo bastante clásico”, comenta Alexis Medina.“Uno de sus proyectos”, precisa el profesor, “es atraer las inversiones extranjeras creando zonas francas, es decir, zonas donde las empresas transnacionales que se instalen no paguen impuestos y donde también se puedan aplicar normas laborales específicas que no sean las del código laboral que se aplican en el resto del país”.Además, contará con el problema de que sus ingresos por petróleo se verán mermados tras el plebiscito a favor de terminar con la explotación del yacimiento del Parque Nacional Yasuní. Los pueblos indígenas pueden suponer además una feroz oposición ante cualquier política contraria al medioambiente.“También dependerá de la resistencia que susciten sus reformas entre los movimientos sociales, en el movimiento indígena que es el más poderoso. Puede ser en reformas laborales, puede ser en reformas que busquen acentuar el extractivismo, digamos, extender la frontera petrolera, profundizar la minería a gran escala, ese tipo de cosas”, concluye Medina.

Sergio Massa es el candidato para las elecciones presidenciales de Argentina del próximo 22 de octubre por Unión por la Patria, la coalición peronista que hoy gobierna el país. Llega con el peso de ser el actual ministro de Economía, en un contexto de profunda crisis, que se agravó en su gestión, y con el objetivo de convencer a la gente que un eventual gobierno suyo será diferente al del actual presidente, Alberto Fernández. ¿Quién es Sergio Massa? "Los que creemos en el trabajo registrado, los que defendemos el derecho de nuestros trabajadores..." decía Sergio Massa en un reciente acto proselitista. Para enfrentar a los dos candidatos de la derecha el 22 de octubre (Javier Milei y Patricia Bullrich), el candidato peronista pone cada vez más el acento en la defensa de los derechos de los trabajadores, que siempre ha sido la bandera histórica de ese movimiento político.Si bien se sumó al peronismo hace décadas y hoy es candidato de una coalición peronista de centro izquierda, Massa comenzó a hacer política en su adolescencia en las filas de un partido liberal, la Unión de Centro Democrático.Abogado, de 51 años y ministro de Economía desde agosto 2022, Massa es hoy uno de los tres principales socios de la coalición peronista que llegó al poder tres años antes, junto al presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner, hasta ahora la más poderosa de los tres.Pero si Cristina Fernández representa una suerte de izquierda dentro del peronismo, Massa está más cercano al centro. Tiene buenos vínculos con diversos sectores de la política, el empresariado, los sindicatos y en el extranjero.Su gran desafío es intentar demostrar que un gobierno que lo tenga como presidente será distinto del actual, que lo tiene como jefe de Economía. En un acto en la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, Massa hacía referencia a ese malabarismo asegurando tener "el coraje para hacer los cambios que hagan falta, para cambiar los funcionarios y las medidas que hagan falta, para empezar un nuevo gobierno y una nueva etapa en la política argentina."A los votantes de Massa les preocupa sobre todo qué podría pasar si gana uno de los otros candidatos. Uno de ellos es Martín, para quien "los candidatos que tenemos en frente son muy contra el pueblo. Nosotros somos gente del pueblo y esto es lo popular, el Justicialismo es un partido popular, de la gente del pueblo, de la gente humilde y trabajadora."En las primarias de agosto, Unión por la Patria sacó el 27,28 por ciento de los votos.En un espectro en el que la opinión pública parecer partida por primera vez en tres tercios, pocos especulan con una victoria en primera vuelta. La apuesta del oficialismo para el 22 de octubre es clasificar a la segunda ronda contra Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, para intentar entonces ganar la presidencia.

Líderes indígenas anunciaron que mantendrán los bloqueos en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, a quien acusan de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo. En la antena de RFI, el constitucionalista Edgar Ortiz ha afirmado que si bien es cierto Giammattei no puede remover a la fiscal de forma propia, "sí que puede pedir la renuncia como jefe de Estado Líderes indígenas guatemaltecos anunciaron el pasado jueves que mantendrán los bloqueos en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, a quien acusan de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo, tras fracasar una reunión con el gobernante Alejandro Giammattei y delegados de la OEA. Seis representantes de organizaciones indígenas conversaron en la Casa Presidencial, en la capital, con Giammattei y una misión mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), y pidieron al mandatario solicitarle la renuncia a la polémica fiscal Consuelo Porras.  Sin embargo, Giammattei les dijo que por ley no puede hacer ese pedido, dijo a periodistas el líder indígena Luis Pacheco, dirigente de la organización de 48 cantones del municipio de Totonicapán (oeste).En la antena de RFI, el constitucionalista Edgar Ortiz ha afirmado que si bien es cierto Giammattei no puede remover a la fiscal de forma propia, "sí que puede pedir la renuncia como jefe de Estado, como representante de la unidad nacional y se está escudando en un falso formalismo legal" y explica Ortiz un precedente en 2020 cuando ya pasó. Sobre una posible vía de salida al bloqueo, Ortiz afirma en RFI :"Hay que apelar a la virtud cívica y esperar que más interlocutores se unan en esa narrativa y también exista que la corte constitucional tome acciones contra estos funcionarios y yo diría que la presión internacional es importante en momentos clave. Estamos viviendo un golpe de estado a cámara lenta. Evidentemente no son claros como los golpes militares del pasado, pero los movimientos nos llevan a ese punto y es importante que la comunidad internacional lo reconozca"Desde hace 11 días, miles de manifestantes mantienen los bloqueos para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.Los tres funcionarios, calificados por Estados Unidos como "corruptos" y "antidemocráticos", son señalados por el opositor Arévalo, de 65 años, de orquestar un "golpe de Estado" para evitar que asuma el poder el 14 de enero.Además del cierre de vías, un grupo de manifestantes ocupó el miércoles una hidroeléctrica en el norte del país, aunque esta se mantiene en funcionamiento, de acuerdo con el vocero del Ejército, Rubén Tellez.

Ecuador vuelve este domingo a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentan la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa. Los comicios se llevan a cabo en un clima de violencia, enrarecido tras el asesinato del aspirante presidencial Fernando Villavicencio. Ecuador vota en medio de un estado de excepción debido a los altos niveles de violencia, decretado por el presidente Guillermo Lasso un día después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, en agosto.En estas elecciones anticipadas por el mecanismo de “muerte cruzada”, en las que Lasso evitó el juicio político disolviendo la Asamblea Nacional, llegaron al balotaje presidencial las figuras de la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa.En entrevista con RFI, Simón Pachano, profesor de Flacso Ecuador, consideró que la población ecuatoriana se encuentra frente a dos incertidumbres sobre el desarrollo de la jornada electoral del próximo 15 de octubre.Por un lado, los dos candidatos no eran favoritos, “ni conocidos públicamente. El electorado recién comenzó a conocerlos durante la primera y la segunda vuelta”, a pesar de que González y Noboa era legisladores. Pachano estimó que fue hasta el debate presidencial del pasado 1ro de octubre que el electorado ecuatoriano tuvo claridad de quiénes eran los candidatos.Y el segundo factor que explica el clima de incertidumbre está relacionado con la violencia que azotado al país. El asesinato de un candidato presidencial en plena campaña electoral fue “un hecho inédito en Ecuador y que creó una situación muy grave y de confusión en el electorado”, dijo.La violencia y la segunda vuelta En un contexto de violencia, no menos de 7 personas vinculadas al magnicidio del candidato Villavicencio fueron asesinadas en prisión, se impuso naturalmente el tema de la inseguridad.Leer tambiénSéptimo sicario colombiano muere en prisión relacionado con asesinato de Villavicencio“Es el tema que preocupa más a la ciudadanía”, reiteró Pachano. “En todas las encuestas aparece como la preocupación mayor de la ciudadanía, pero los planteamientos de los dos candidatos son muy generales: equipamiento y profesionalización de las entidades policiales, militares, etc. Pero no hay una visión de conjunto en eso.Las últimas encuestas publicadas indican un virtual empate técnico entre los candidatos, aunque con una leve ventaja para el aspirante de derecha.

En pleno invierno Sudamérica vivió temperaturas récords que superaron holgadamente los 40 grados. Los expertos en medioambiente de la región apuntan a la deforestación masiva en país como Brasil y Bolivia y parecen impotentes ante el poderío de la agroindustria que genera recursos "demasiado" altos y vitales para cualquier Estado.  La ciudad boliviana de Villamontes vivió el 22 de agosto una jornada "histórica": En pleno invierno los termómetros marcaron 45° grados centígrados. Fue la temperatura más alta registrada en esta época del año en el hemisferio sur. Un día después, Paraguay rompía su propio récord invernal con casi 42°C. Son cifras que disparan las alarmas en todos los países de la región por las consecuencias que ya se están sintiendo, por ejemplo, en la agricultura.También le quita el sueño a los expertos en medio ambiente. ¿Cómo explican ellos el fenómeno sudamericano? Sandra Quiroga, ingeniera ambiental y activista climática en Bolvia  explica a RFI en español que la región no escapa a la modificación del clima a nivel global:  "Lo que pasa es que en Sudamérica están los principales países del mundo que, como Brasil y Bolivia. Entonces, el sacar los bosques y la cobertura arbórea, en cualquier país del planeta que sea, aumenta el riesgo del aumento de la temperatura. Y esto se explica porque los bosques y las áreas verdes minimizan los efectos del calor en el municipio, departamentos o país donde se encuentran."Leer tambiénLa Amazonía profunda de Colombia, a la espera de una política eficaz contra la deforestaciónAparte del fenómeno El Niño, relacionado con el calentamiento climático en el océano Pacífico oriental ecuatorial, la explotación de los suelos agrava una situación ambiental que choca con otro imperativo mayor: la necesidad económica de una región emergente. Para Quiroga "Sudamérica se está convirtiendo en la región que proporciona alimentos a otras potencias, como China. Es el caso de Brasil, cuya mayor cuota de exportación de carne va al gigante asiático. Y esa producción se ve reflejada muy claramente en muchas zonas de la Amazonía que han sido totalmente deforestadas para la producción agrícola. Lo mismo ocurre en Bolivia, Paraguay o Argentina." Pero a pesar del diagnóstico, la experta boliviana expresa cierta impotencia sobre una eventual toma de conciencia de los gobiernos. "Creo que no hay una forma de ir para atrás porque al final de cuentas todos los sectores productivos generan demasiados recursos económicos, no solamente para ellos, sino también para el país. Creo que hoy, la parte ambiental, muy ligada al tema del la modificación del clima, no puede competir con los recursos económicos que producen los pequeños y grandes empresarios" de la agroindustria.

República Dominicana anunció la reapertura parcial de su frontera con Haití, cerrada hace un mes, para reactivar las exportaciones hacia el país vecino, pero mantuvo "de manera indefinida" el bloqueo a la migración. Esto ocurre de cara a la eventual llegada de una misión internacional de la ONU a Haití. Un giro que podría encarrilar el dialogo entre vecinos. República Dominicana ha anunciado la reapertura parcial de su frontera con Haití, cerrada hace un mes, para reactivar las exportaciones hacia el país vecino, pero mantuvo “de manera indefinida” el bloqueo a la migración. Bajo “estricto control militar”, los pasos limítrofes abren hoy miércoles 11 de octubre, a las 8 de la mañana locales, informó el portavoz del gobierno dominicano, Homero Figueroa, tras una reunión del Consejo Nacional de Seguridad sobre nuevas medidas en la frontera.Nelson Espinal Baéz, abogado dominicano experto en mediación ha afirmado en RFI: "la República dominicana empieza a flexibilizar su posición, dando pasos concretos y precisos para abordar esto de la mejor manera posible. Habrá una posibilidad de comercializar bienes y servicios entre los dos países, restringido, pero ya es un paso de cara a una mesa de negociación"La tensión entre ambos países aumentó en los últimos tiempos, en gran parte debido a la crisis de gobernabilidad que vive Haití a causa de la acción de grupos criminales que Puerto Príncipe no ha logrado controlar. Huyendo de esta situación, decenas de miles de haitianos cruzaron la frontera hacia Dominicana, pero en muchos casos acabaron siendo deportados por el gobierno de Abinader.Espinal Baéz subraya en RFI: "al no haber un estado organizado en Haití, eso es terreno para mucha ilicitud. Yo presumo que una vez entre la fuerza internacional en Haití y recobren ellos y el estado el monopolio de la violencia, entonces mejorará la relación entre ambas.  Porque ese es uno de los temores de las autoridades dominicanas, ante la ausencia de autoridad, mantener la frontera abierta en estos momentos"El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció hace un mes que cerraría las fronteras con su país vecino.En febrero de 2022, el mandatario había inaugurado las obras para la construcción de una “verja perimetral inteligente” —una mezcla de muro de hormigón armado y estructuras metálicas— para bloquear el paso en las "áreas más pobladas y sensibles de la frontera".“La República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de ese país (Haití) ni resolver el resto de sus problemas", dijo entonces Abinader.Haití, el país más pobre de América, es el segundo socio comercial de Dominicana, receptor del 8,4% de sus exportaciones, que rondaron los 1.040 millones de dólares en 2022.

El pasado 7 de octubre, la Comisión Experta recibió la propuesta de la que sería la futura Constitución de Chile. Para llegar a esta versión, los 50 integrantes del Consejo Constitucional, donde la derecha tiene la mayoría, mantuvieron intensos debates desde el pasado mes de junio, repletos de acuerdos, desacuerdos e inconformidades. La Comisión tiene hasta el 12 de octubre para expresar sus observaciones. Con el golpe de Estado de 1973, Augusto Pinochet tomó la presidencia de Chile, y aprobó en 1980 la actual Carta Magna que rige al país y que durante muchos años fue el símbolo del neoliberalismo latinoamericano.En ese momento el mundo aún estaba dividido por el muro de Berlín, los científicos apenas comenzaban a entender el vertiginoso calentamiento del planeta y en Europa, las instituciones del Estado de bienestar se reforzaban.Este 2023, la posible aprobación de una nueva Constitución brindaría a la nación chilena una normativa a la altura de los desafíos del siglo 21, o retrocedería en el tiempo.“Uno pensaría que esta Constitución debiera mirar a los próximos 30 o 50 años en adelante y no se ven normas que vayan en ese sentido, sino más bien nos estamos quedando con el statu quo”, comenta Ximena Insunza Corvalán, profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.“Lo primero que ve en esta relación que hay entre la Comisión Experta y el Consejo Constitucional es tratar de reponer este Estado social y democrático en el artículo primero, para que sea el horizonte de la Carta Constitucional de nuestro país. El haberla puesto ya en el artículo segundo, da un indicio de la ideología que hay detrás de aquellos que eran mayoría en este Consejo Constitucional. Entonces, en el contexto completo de este texto constitucional, uno no ve necesariamente que es una Constitución progresista que pueda hacerse cargo de estos problemas”,subraya la investigadora.Insunza lamenta que este proyecto constitucional no apostara por un equilibrio entre la protección del medioambiente y la extracción de recursos naturales, imperativos para el desarrollo del país: “Si uno ve el capítulo 13, que es el capítulo de Medio Ambiente, podemos decir que es una Constitución más bien noventera de los años 2000, que no necesariamente tiene los resguardos necesarios para hacer frente a lo que va a ser esta crisis que estamos viviendo. Las cosas se pueden hacer de manera muy distinta y es ahí donde muchas veces encontramos resistencia y no tenemos la normativa suficiente para imponer condiciones”.  El próximo 17 de diciembre, los chilenos regresarán a las urnas para aprobar o rechazar esta Constitución.

Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y Costa Rica, Rodrigo Chaves, se desplazaron el 6 de octubre hasta la región de Darién para abordar juntos la crisis migratoria. Y aunque los dos mandatarios apuestan por una migración controlada y segura, su estrategia tendría que enfrentar primeramente a las corporaciones ilegales que controlan el paso por esta selva, y que además han creado un sistema financiero para migrar. Durante esta reunión, y con una clara simpatía hacia la política migratoria de Estados Unidos, el mandatario costarricense abogó para que los países "emisores" y los "de paso" de migrantes aseguren que la gente migre “de manera legal, ordenada y humanitaria". En la misma línea, su homólogo panameño añadió que los países acuerden urgentemente estas medidas y así "evitar el viacrucis inhumano" por el Darién. "No esperemos que lleguen a la frontera con Texas, hagámoslo antes", subrayó.No obstante, los testimonios recogidos por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la ONG Médicos sin fronteras contrastan con la estrategia de los Estados Unidos.Violencia, peligro y deudaResbalar por precipicios, morir ahogado, ser secuestrados por criminales, presenciar violaciones y sufrir un sentimiento de impotencia ante las amenazas de los delincuentes, son algunos de los testimonios recopilados por la OIM y Médicos sin fronteras.Además de esos peligros, Xavier Castellanos Mosquera, subsecretario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asegura que los migrantes que están cruzando El Darién sufren físicamente las extremas condiciones ambientales. “Tienen su piel completamente carcomida por mosquitos, por animales de la selva”, dijo.“En el caso del Darién, hay algo que es mucho más grave y que casi nadie quiere mencionar”, alertó Castellanos Mosquera. “Existen “bancos comerciales dispuestos a dar préstamos a comunidades para que inicien la ruta migratoria. Las familias se endeudan para hacer acuerdos con coyotes. Eso es algo que hay que averiguar”, resaltó.Los testimonios recogidos afirmaron que al llegar a Colombia hay organizaciones ilegales que imponen las reglas para cruzar. “Uno paga, uno pasa”, dijo uno de ellos. “A ti te secuestran hasta que pagues”, contó una mujer’. Los mandatarios, que decidieron sobrevolar áreas como Río Tres Bocas, Canaán Membrillo y Bajo Chiquito, comunidades utilizadas por migrantes en su ruta a través de la selva del Darién, no pudieron constatar lo relatado.México convocó a los jefes de Estado de la región a una reunión el próximo 22 de octubre, con el objetivo de “lograr resultados efectivos a corto y largo plazo” sobre esta crisis migratoria.El Darién, se ha convertido en un multitudinario paso de migrantes por el que hasta finales de septiembre habían cruzado más de 400 000 personas, según el ministerio de Seguridad de Panamá. La mayoría son venezolanos (más de 265.000), ecuatorianos y haitianos, aunque también hay asiáticos y africanos.Tras atravesar esta inhóspita selva, de 266 km de largo, los viajeros intentan llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden aprobó el uso de fondos para ampliar el muro fronterizo con México, una decisión calificada de "retroceso" por su par Andrés Manuel López Obrador. Esto mientras el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el jefe de la diplomacia Antony Blinken y el fiscal general Merrick Garland se encuentran en México para hablar de migración y de una estrategia conjunta contra el tráfico de fentanilo. Como ocurre con el tema migración, la retórica de Estados Unidos y México respecto al creciente tráfico y consumo de fentanilo es disonante. Para Washington, es un problema de salud pública, pues esta droga se ha cobrado más de 100 mil vidas en el país, pero pide a México enfrentar el flagelo con seguridad.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusa por su parte a los políticos estadounidenses de hacer propaganda y utilizar a su país como chivo expiatorio del número récord de sobredosis en Estados Unidos. ¿Puede haber una estrategia conjunta?“México no tiene un problema en materia de salud”“No se trata de una estrategia conjunta, se trata más bien de una serie de directrices impuestas por el Gobierno de Washington al Gobierno de México. Porque México no tiene un problema en materia de salud, sino un problema de seguridad, pero derivado de las imposiciones de Washington”, explica David Saucedo, experto en seguridad.“No hay en México como tal una crisis de consumo de fentanilo, por la más elemental de las razones: para los grupos de narcotráfico que se dedican a la comercialización y fabricación de fentanilo, es más rentable vender el producto en Estados Unidos. En México apenas tienen detectadas 10 ciudades donde hay consumo de fentanilo, son muy pocas. El número de muertes producto de esta nueva droga también es un número reducido”, subraya Saucedo.Entonces, dice, “los grupos de narcotráfico que se dedican a esta actividad comercializan con el objetivo en México de pagar gastos operativos, pero el grueso de la producción, que llega a granel desde China o el empastillado de fentanilo que se genera aquí en México, es llevado a Estados Unidos”.“Estrategia de contención”Toda esta cacofonía que hay en la retórica, tanto de Estados Unidos como de México sobre la estrategia a seguir, trasluce que no hay una política pública para combatir este flagelo del fentanilo.“Lo que hay es una estrategia de contención que tiene distintas vertientes. La vertiente punitiva, persecutoria, la vertiente internacional de presionar al gobierno chino: México se subió a la presión diplomática en contra de China por petición de Washington. Hay una estrategia de difusión del uso de esta sustancia que neutraliza la sobredosis para reducir el número de muertes producto de la ingesta de fentanilo. Hay una presión en contra del cártel de Sinaloa, identificado por Estados Unidos como la organización criminal que más hace envíos de fentanilo. Hay una petición desde la época de Joe Biden para que los puertos del Pacífico sur de México se cierren a los precursores químicos”, detalla David Saucedo.“Sí hay una política pública, lo que falla, evidentemente son los indicadores de éxito. De acuerdo con las propias autoridades estadounidenses, quizá el impacto, en el mejor escenario, sea de tan sólo 20%. Yo creo que es menos todavía. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Ese es el impacto real de sus políticas. Es decir, pasa el 80% de los precursores del fentanilo hacia Estados Unidos. Esta estrategia global, pero inducida por Estados Unidos hacia México, es una estrategia fallida”, concluye el experto en seguridad.

Se cumplen cuatro días de paro indefinido, bloqueos y protestas de las autoridades indígenas en Guatemala. A la consigna de "Adiós Consuelo", los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de orquestar un golpe de Estado para evitar que el electo presidente Bernardo Arévalo asuma la presidencia. RFI entrevistó a Álvaro Montenegro, jurista y fundador de la organización de la sociedad civil Justicia Ya. RFI: Consuelo Porras está señalada de bloquear investigaciones y criminalizar a jueces y fiscales. Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos y le retiró la visa de entrada al país. Desde las últimas elecciones en Guatemala, la fiscal ha estado más cuestionada que nunca. Álvaro Montenegro, usted es jurista, fundador de Justicia Ya y líder de las protestas anticorrupción de 2015. ¿Quién es esta figura que encabeza el Ministerio Público en Guatemala?Álvaro Montenegro: Ella es una persona que tiene un arraigo muy cercano a las élites militares del país y desde que llegó en 2018 ya llegó con el ánimo de desbaratar la lucha anticorrupción. Este combate había tenido un auge muy fuerte desde 2015, cuando el pueblo salió a las calles en contra de la corrupción y logró la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien ahora se encuentra condenado y encarcelado.En 2022 ella se eligió en un contexto de muchas amenazas, de mucha criminalización, en contra del ente que estaba evaluando los expedientes para fiscal general. De hecho, este ente, que se llama Comisión de Postulación, no quería que ella fuera reelecta y no la había incorporado en la lista final, pero ella amenazó con investigar a algunos miembros de esta comisión y luego plantearon un amparo ante el Tribunal Constitucional y este ordenó que la incorporaran a la lista.RFI: El presidente electo, Bernardo Arévalo, acusa directamente a la fiscal Porras de orquestar un golpe de Estado para evitar que él asuma la presidencia.Álvaro Montenegro: Ella es la autora más visible de lo que en Guatemala se le conoce como pacto de corruptos. Sin embargo, alrededor de ella hay militares señalados de violaciones a los derechos humanos, empresarios comprometidos con la corrupción, con financiamiento ilícito de partidos políticos, defraudación fiscal.Ha tenido muchas denuncias de ilegalidades de un uso indebido del derecho penal y ha utilizado delitos por analogía, que es una violación flagrante del derecho penal y de los derechos humanos. Es decir, ha inventado delitos.Cuenta con el apoyo del presidente Giammattei y cuenta con el apoyo de esta élite que se ha beneficiado de estos años. Ahora está teniendo un papel protagónico para proteger al sistema corrupto.Tratando de evitar que Bernardo Arévalo llegue a la presidencia del país, ha iniciado investigaciones contra gente del partido Semilla y contra miembros del Tribunal Electoral con el ánimo de sembrar miedo, criminalización, tal como lo ha venido haciendo contra jueces y fiscales, periodistas y activistas que han luchado en favor de la justicia.RFI: En caso de que el presidente Bernardo Arévalo asuma el poder, como lo decidieron los ciudadanos guatemaltecos en las urnas, ¿cuál será el futuro si Consuelo Porras sigue en la Fiscalía? ¿Cuál será la relación de ella y el Gobierno?Álvaro Montenegro: Parecería que esa relación es insalvable. Ella todavía tiene un mandato de más de dos años. Sin embargo, el presidente Arévalo ha estado solicitando su renuncia. Las calles están solicitando su renuncia. Hay un bloqueo masivo en las carreteras del país, incluso afuera de la sede de la Fiscalía. Parecería que la única manera viable de que haya gobernabilidad en el país es la salida de ella.

La campaña electoral en El Salvador arrancó el 3 de octubre. El presidente Nayib Bukele es el favorito según las encuestas, pese a las denuncias sobre la inconstitucionalidad de su candidatura a la reelección y sus estrategias para garantizarse un gobierno con control en el legislativo y el territorio. La campaña para las elecciones del 4 de febrero, en las que el presidente Nayib Bukele buscará una polémica reelección, arrancó este martes en El Salvador.Bukele anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección después de que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema lo habilitara para un segundo mandato, lo que desató una polémica pues la Constitución no lo permitía.Previo al inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció una reorganización de la división del país, que reduce el número de municipios de 262 a 44.Además, el mandatario pidió al legislativo, de amplia mayoría oficialista, reducir antes de las elecciones la cifra de congresistas de 84 a 60.Al micrófono de RFI, Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana que defiende el Estado de derecho, denuncia una estrategia de control electoral de parte del presidente salvadoreño que, según las encuestas, podría ser reelegido. “Esta reforma no busca mejorar la representación, no busca modernizar el sistema electoral, o sea, no es como dijo el gobierno, economizar fondos. Hacer más ágil la gestión municipal, llevar más obras, sino que el trasfondo de las reformas es concentrar poder”, advierte Escobar.“Lo que busca el gobierno es mantener o ampliar el control sobre la Asamblea Legislativa y tener control territorial por medio de las municipalidades. Esa es la lógica de esa reforma. Obviamente a nivel municipal, puede llevar un componente financiero. Tener control sobre las obras municipales, tener control sobre los presupuestos municipales porque han rediseñado las circunscripciones a modo de que el partido Nuevas Ideas pueda ganar 40 de los 44 concejos municipales si se repiten los resultados de 2021”, sostiene Eduardo Escobar.Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados al Congreso unicameral. Más de seis millones de salvadoreños están convocados a las urnas.En el caso de la Asamblea Nacional, el partido Nuevas Ideas de Bukele buscará mantener las dos mayorías que tiene: “la mayoría absoluta y la mayoría calificada, porque con los resultados de 2021, si se repitieran, el partido puede ganar hasta el 83% de las diputaciones”, anticipa el activista.La ONG teme también violaciones a las leyes electorales. El Tribunal Supremo Electoral ya ha recibido denuncias de campañas anticipadas. “El presidente estuvo publicando un video donde decía que si ganaba la oposición volvían las pandillas a la calle, entonces era campaña electoral”, alerta Eduardo Escobar.Escuche la entrevista completa con Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana:

El candidato libertario Javier Milei logró colocarse en el centro del debate argentino para las presidenciales del 22 de octubre con un discurso tan inédito como radical. ¿Quiénes son sus votantes, que apoyan a un novato en política, sin experiencia de gestión, que ofrece un plan motosierra para recortar el estado y la promesa de la dolarización para estabilizar la economía? RFI en español se acercó a un acto de campaña en las afueras de Buenos Aires. Solía haber una grieta en Argentina que ponía en veredas opuestas a quienes defendían al peronismo -específicamente el peronismo kirchnerista- y quienes se le oponían. Esa grieta parecía cada vez más profunda, decisiva y perenne.Pero desde las primarias de agosto de 2023 esa grieta voló en pedazos con la irrupción de Javier Milei, el polémico candidato libertario que se colocó en el centro del debate político. En las afueras de la capital, cientos de personas ven pasar al candidato despeinado recorriendo unos 200 metros en la parte trasera de una camioneta. Regala autógrafos y agita una motosierra, el símbolo del recorte de gastos del Estado que promete hacer. Además de acabar con "la casta", como el candidato libertario tilda al establishment político, Milei promete grandes cambios. Entre otros, dolarizar la economía, algo que, según varios expertos, es muy difícil y riesgoso.Pero esta propuesta entusiasma a sus seguidores, como a Leandro, un joven de 19 años que sostiene un billete gigante de 100 $ con el rostro de Milei en el centro: "Al haber una economía dolarizada -asegura a RFI- la gente va poder ahorrar e invertir. Por ende, yo podría tener capacidad de ahorro para poder proyectar a futuro las metas que yo quiero a nivel personal".Aunque se pensaba que los varones jóvenes como Leandro constituían el núcleo del voto a Milei, la realidad es más compleja. "Hay una transversalidad en el votante de Milei. Este candidato rompe con la lógica de grieta que vemos siempre entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Milei saca votos en lugares pobres y ricos. Esto es algo que se constata en todo el país. La cantidad de votos que sacó es bastante estable", dice Juan Ignacio Beavis, codirector de Beta Lab. Esta consultora de datos electorales realizó un análisis que dio cuenta de que el candidato libertario atrae votos de todo tipo de sectores y por eso no representa un fenómeno de clase ni geográfico.Milei comenzó su carrera política en 2021, cuando se convirtió en diputado, y ahora busca la Presidencia tras ser el candidato más votado en las primarias. De posiciones extremas, histriónico, muchas veces agresivo, genera una atracción muy fuerte entre sus votantes que entienden su mensaje antiestablishment, escencialmente las dos coaliciones mayoritarias, la del peronismo de Unión por la Patria y la oposición de derecha de Juntos por el Cambio.En el acto de campaña, una mujer y su hija adolescente sonrien tomándose una foto frente a un vehículo que tiene impreso el rostro del candidato. La madre, que se llama Eleonora, votó en su momento por Cristina Fernández de Kirchner y luego por Mauricio Macri, quienes fueron por años los principales rostros de la grieta política argentina. Hoy ambas votan por Milei. "Al final de cuentas, dicen a RFI en español, son cuatro años. Al resto de los políticos ya los venimos escuchando desde hace varios años, llevan más de 40 años en sus curules. Votar por Milei es algo nuevo para darle un poco de aire al país, me parece".Mientras cantan "se van, se van", los simpatizantes de Milei se ilusionan con que tras las elecciones presidenciales se dé el cambio que ellos tanto anhelan.Pero ocurra lo que ocurra, la llegada de Milei ya ha reconfigurado el escenario político de Argentina.

'Me han convencido de que soy el candidato. Voy a ser candidato. Me han obligado', dijo el ex presidente Evo Morales sobre su candidatura presidencial para 2025. El silencio del presidente Luis Arce sobre sus propias intenciones de ser reelegido suscita interrogaciones. RFI entrevistó al politólogo Marcelo Arequipa sobre lo que pasa en el MAS.  Manuel Terradillos, RFIEl ex presidente boliviano Evo Morales no ocultaba sus intenciones hace unos días de convertirse en candidato en 2025. El congreso que su formación, el Movimiento al Socialismo (MAS), inicia este martes puede servir para escenificarlas.La reunión llega en plena división entre los seguidores del ex presidente y líder de la formación, motivado para presentarse a los comicios de 2025, y los del actual presidente Luis Arce, quien no ha indicado si buscará la reelección.La ruptura es tal que los Arcistas no conceden legitimidad a la cita. De hecho, el propio Luis Arce no asistirá. En 2024 tendrán lugar las elecciones primarias para determinar a los candidatos. ¿Qué buscan los seguidores de Evo Morales, el Evismo, con la organización de este congreso?"Quieren cerrar filas en torno a la candidatura de Evo Morales, es decir, garantizar su candidatura para el 2025", dice a Radio Francia Internacional el politólogo Marcelo Arequipa. "El Evismo no está dispuesto a esperar al año 2024, momento en el que se tienen que llevar adelante las primarias electorales en Bolivia y se necesita tener sellada y certificada la posibilidad de que solamente Evo Morales va a ser candidato", agrega.Pero, ¿por qué Luis Arce no confirma su candidatura? ¿Qué está esperando?"Luis Arce tiene que jugar ahora mismo una suerte de malabarismo. Por un lado, a la población en general tiene que mandarle el mensaje de que está preocupado por los temas de gestión y no por la discusión interna dentro del MAS ni por su posible candidatura presidencial. Si la gente comienza a percibir que Luis Arce quiere ser candidato, que quiere aspirar a la reelección, en ese momento se generaría otro tipo de problema, pues una parte de la población podría alejarse del presidente Luis Arce y quitarle respaldo", sostiene.Para Marcelo Arequipa, esta ruptura se mantendrá hasta las primarias, aunque no cree que pase excesiva factura al MAS en cuanto a una posible desafección de sus seguidores."Es posible que para un sector del votante del MAS, el sector, digamos, simpatizante, pero que no está tan cerrado en términos de militancia, esto puede generar cierta desafección con ese partido político. Pero para que se genere esa desafección, esto tendría que venir acompañado de una propuesta alternativa. En contraparte, es decir, en el bloque de las posiciones políticas, tiene que haber una alternativa y, al menos por ahora, ésta no existe", sostiene Marcelo Arequipa.Arequipa no descarta que una parte del MAS quiera tratar de buscar una salida anticipada de Luis Arce del poder, pero considera igualmente que la situación social en el país no es tan negativa como para poder provocar una caída del presidente.

'La diversidad es necesaria e indispensable', dijo el Papa el sábado en la Plaza San Pedro durante el Nuevo Consistorio, al ordenar a 21 nuevos cardenales. RFI entrevistó al cardenal salvadoreño monseñor Gregorio Rosa Chávez sobre el alcance de estas nominaciones. La veintena de cardenales ordenados por Francisco provienen de los cuatro continentes: cinco son latinoamericanos, tres argentinos, un colombiano y un venezolano. Otro hispanohablante se encuentra en la lista, además de un cardenal de Malasia y otro de Sudán del Sur, países que nunca habían tenido cardenal. También se observa una dimensión política en la ordenación con la inclusión de un cardenal de Hong Kong.¿Cómo resumir el significado de estas nominaciones? "Periferia y proximidad a la vez", explicaba el viernes el nuevo cardenal arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo Cano. "Necesitamos aprender a funcionar en nuestras iglesias, responder a las necesidades de los pobres y las esperanzas que llegan a nuestras parroquias. Queremos integrarlos. También debemos escuchar a los migrantes y adaptar nuestras comunidades a estos desafíos que enfrentamos en cada ciudad y pueblo", agregó Cobo Cano.De los actuales 137 cardenales electores, casi tres de cada cuatro han sido nombrados por el papa Francisco, lo que aumenta la posibilidad de que su sucesor comparta su visión de una Iglesia más inclusiva y progresista. En este contexto, RFI entrevistó al cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, desde el Estado Pontificio. ¿Está el Papa preparando el futuro, especialmente su sucesión, con la ordenación de estos cardenales afines a su línea?"Creo que estamos avanzando en esa dirección; él está preparando su sucesión para que esa visión desde los más necesitados no se pierda en la futura Iglesia", respondió monseñor Rosa Chávez. "Esta intención es evidente en la lista de nombres que él ha elaborado gradualmente en sus diez años de pontificado. Estamos claramente yendo hacia donde el mundo debería dirigirse, según el Papa Francisco", afirma el cardenal salvadoreño, quien cumplió 80 años en 2022 y, por lo tanto, no podrá votar en el próximo cónclave para la sucesión de Francisco.En cuanto a la creación de estos nuevos cardenales de las periferias, monseñor de la Rosa Vega también dijo a RFI que la mejor manera de resumirlo es "unidad en la diversidad" y "preferencia por las periferias".En este contexto, monseñor Rosa Vega citó el reciente viaje de Francisco a Francia como ejemplo: "El Papa solo visitó el puerto de Marsella por los migrantes. Su elección es clara, apoyando a los más vulnerables y dando voz a los que no la tienen. Es un mensaje valiente y poderoso, respaldado por el extraordinario testimonio del Papa. Las periferias están siendo desprotegidas y oprimidas. El hecho de que el Mediterráneo se haya convertido en el cementerio más grande del mundo, como dice el Papa, es un drama que afecta profundamente a Europa y la obliga a tomar decisiones éticas, no simplemente pragmáticas. El Papa ha sido extremadamente claro en este aspecto".

La pobreza en Argentina alcanzó a 40,1% de la población al cierre del primer semestre de 2023, según cifras oficiales publicadas este 27 de septiembre, a semanas de una elección presidencial marcada por la crítica situación económica. El instituto estadístico estatal Indec informó además que la indigencia, que señala a las personas que no alcanzan a cubrir los gastos alimentarios básicos, se ubicó en 9,3%. Una situación que empeora mes a mes porque la inflación sigue desbocada. Tres factores explican el alto porcentaje de pobreza en Argentina, el primero es de índole estructural. Tras un pico del 52% tras la crisis del 2001, el porcentaje se estancó a partir del 2008 en un 28% con algunos altibajos. Una tasa que nunca se ha podido revertir.Clase media afectadaEl segundo factor es la pandemia que paralizó la producción y el comercio, y el tercero, la inflación estratosférica actual del 120% anual. Esto ha generado el nacimiento de nuevos pobres. “Hay una inflación que carcome y cada vez limita más la capacidad de compra de la familia. Los nuevos pobres son gran parte de esa clase media afectada”, explica Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina.“Argentina se caracterizó, a diferencia de otros países de América Latina, al tener una clase media muy expandida, gran parte de la población era de clase media. Teníamos también lo que se denomina movilidad social ascendente. Los hijos están mejor que los padres y esos padres estuvieron mejor que sus abuelos. Esa es otra cuestión que se rompió, que no es tan generalizada como era antes”, detalla.“Escenario laboral precarizado”Una situación muy preocupante, señala Donza, que pasa por salir de la precarización del mercado laboral: “La situación es preocupante, sobre todo por la tendencia que tiene Argentina de ir deslizándose a cada vez situaciones peores. Ya hemos probado diferentes tipos de gobiernos con diferentes pensamientos, tanto políticos como económicos, y ninguno logró la solución total”, estima.Sobre todo, recalca el investigador, “porque la calidad de vida de la población está muy asociada a la calidad del mercado de trabajo. Y el escenario laboral argentino es un escenario laboral precarizado. Hay solamente un 35% de los trabajadores ocupados que están en un sector dinámico, formal de la economía, como sería una economía de un país central”.“Es la estructura productiva que no pudo acompañar el crecimiento del país y el crecimiento poblacional, y no pudo generar los puestos de trabajo. En eso habría que focalizar para encontrar la solución”, concluye Eduardo Donza.

Venezuela y la Guyana llevan más de 100 años disputándose el territorio del Esequibo, un terreno que comprende más de dos tercios del territorio de la Guyana y que Caracas considera que le fue usurpado durante el colonialismo británico. La Corte Internacional de Justicia debe fallar si, como lo han solicitado las autoridades guyanesas, prevalece el Laudo Arbitral de 1899, favorable a sus intereses fronterizos, mientras Venezuela pide una negociación para determinar dónde establecer la línea de separación entre ambos países. “Yo, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estoy listo para reunirme con usted muy pronto”, dijo el mandatario venezolano, pidiendo una reunión de alto nivel a su homólogo guyanés.El motivo, una disputa que lleva más de 100 años abierta, el diferendo por el territorio del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Caracas considera que le corresponden unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. El contencioso se encuentra ahora en la Corte Internacional de Justicia.Laudo vs. acuerdoGuyana defiende el Laudo Arbitral de París de 1899, año en el que logró su independencia de Gran Bretaña y que estipula unas fronteras que responden a sus exigencias actuales.Venezuela, por su parte, defiende que ese acuerdo tuvo lugar bajo presión de los británicos, entonces gran potencia colonial, y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que insta a ambas partes a negociar.“Si la Corte decide que el laudo es nulo, entonces Venezuela y Guyana deben volver al Acuerdo de Ginebra y escoger otro mecanismo establecido en ese acuerdo para delimitar la frontera. Una vez que la Corte decida que el laudo es nulo, la frontera entre Guyana y Venezuela, que se estableció en 1899, pierde validez y nosotros como países, debemos entonces delimitar el territorio”, explica a RFI Alejandro Fleming, exviceministro de Exteriores venezolano y doctor en relaciones internacionales.Recursos naturalesEl territorio es además rico en recursos naturales, como el petróleo. Desde 2015, ExxonMobil ha hallado varios yacimientos importantes, y las autoridades guyanesas han abierto procesos de licitación para su explotación, algo que Caracas rechaza.Alejandro Fleming asegura no obstante que ése no es el motivo de la controversia: “Sin duda alguna es un territorio con muchos recursos naturales. Pero no es ésa la razón que nos lleva a nosotros a reivindicar que no se ha devuelto el territorio. ¿Por qué? Porque es una demanda de Venezuela, una solicitud venezolana desde el siglo XIX. No sabíamos que allí había petróleo”, afirma.Ante los recelos actuales que apuntan a una posible operación militar venezolana, el diplomático los rechaza totalmente: “Nosotros, que somos promotores del Acuerdo de Ginebra, promovemos una solución pacífica de controversia. Esa ha sido siempre la prioridad de Venezuela”.

El juicio por los sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), fue postergado nuevamente sin fecha definida, informó este martes el poder judicial. El juicio por los sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), fue postergado nuevamente sin fecha definida, informó este martes el poder judicial.La diligencia estaba programada para celebrarse del 1 al 18 de agosto, pero fue postergada entonces porque la jueza a cargo aún estaba analizando las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. Ahora, ha vuelto a ser pospuesta por el mismo motivo.El tribunal "dispuso no llevar a cabo la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht", prevista para el miércoles, "debido a que aún se encuentran en la etapa de admisibilidad las pruebas que serán usadas durante el juicio", notificó en un comunicado.Según la nota del órgano judicial, la nueva fecha para la celebración de la audiencia "será fijada oportunamente".Martinelli y Varela, los dos últimos expresidentes panameños, están imputados por este caso por recibir presuntamente dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero durante sus mandatos.También está acusada otra veintena de personas, incluidos varios exministros.En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.En Panamá, la compañía brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas. "No sabemos en realidad cuánto nos costó. Hay un cálculo que está alrededor de los 1000 millones de dólares. Fueron 19 contratos. Fue el país donde la empresa logró más contrataciones públicas en base a controlar la voluntad política de los gobiernos que se sucedieron", subraya Olga de Obaldia, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.Dos hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, fueron condenados en Estados Unidos en 2022 tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólaresSin embargo, los hijos del expresidente no pueden ser juzgados en Panamá por un tribunal ordinario al contar con fuero penal por ser diputados del Parlamento Centroamericano."Este juicio es un juicio donde se está llamando a 38 personas que no fueron las únicas involucradas. Hay un número multiple de personas que estuvieron involucradas y que por distintas razones no están enfrentando la justicia en este momento, y hay delitos que prescribieron", lamenta Olga de Obaldia.Martinelli buscará junto a su esposa como candidata a vicepresidenta un nuevo mandato en las elecciones de 2024, pese a estar condenado en primera instancia por blanqueo de capitales.La investigación sobre Odebrecht, de 2.829 tomos, comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.Con AFP.

Este martes se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, con muchos interrogantes sobre quiénes estuvieron implicados, con las miradas puestas en el Ejército, y qué hicieron con los jóvenes. El presidente López Obrador se reunió con las familias para entregarles una nueva serie de documentos, pero siguen sin ver satisfechas sus demandas. Nueve años sin respuestas. Hace nueve años, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, desaparecieron cuando trataban de hacerse con unos autobuses con los que viajar a Ciudad de México para participar en una manifestación. La versión oficial del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto acusó a policías locales y al crimen organizado del asesinato y desaparición de los cuerpos.“No es suficiente”Sin embargo, investigaciones posteriores echaron por tierra esa afirmación e incluso salpicaron al Ejército. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, señaló que soldados conocían los hechos, pese a negarlo inicialmente, e incluso pudieron ser testigos. Tras años de investigación, el GIEI dio por concluida su misión, ante la falta de colaboración del Ejército y la imposibilidad de acceder a los documentos necesarios.Varios militares han sido detenidos, pero como explica a Radio Francia Internacional Isidoro Vicario, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero y representante legal de las familias, no es suficiente: “De los 14 que han sido detenidos, dos son de alto mando, pero para los padres y madres eso no es suficiente porque no han aportado la información para saber del paradero de los 43 estudiantes”, dice.Para los familiares, ya no se trata tanto el castigo a los responsables, sino de saber qué es lo que pasó y dónde están sus hijos. “Y para saber a estas alturas, tras nueve años, es indispensable contar con toda la información de las instituciones”, recalca Vicario.“No hay mucha diferencia”El cambio de Gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con sus promesas de llevar ante la justicia a los responsables, dio nuevas esperanzas a las familias que poco a poco se tornaron en decepción ante la falta de avances claros hasta la fecha. Un desgaste que no ha provocado, no obstante, que pierdan la esperanza de recuperar a sus hijos.Según Isidoro Vicario, hay “sobre todo mucho cansancio físico y emocional, pero aun así, mantienen la esperanza de saber la verdad de lo que ocurrió con sus hijos. Por lo menos los padres y madres lo han manifestado también de manera pública, que mientras no tengan pruebas contundentes y científicas de qué fue lo que pasó con los estudiantes o que no tengan pruebas para decir que los estudiantes ya no estén con vida, siguen manteniendo esa esperanza de exigir la presentación con vida de sus hijos”.Vicario subraya asimismo que los familiares dieron “un voto de confianza” a la administración de AMLO, diferente de cuando ocurrieron los hechos bajo el mandato de Enrique Peña Nieto con el PRI. Pero “con el transcurso de los años están viendo que no hay mucha diferencia. Pues no, no hay mucha diferencia”, a pesar de un discurso de apoyo a los padres, lamenta.Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes, señaló por su parte que la investigación del Gobierno de AMLO se acerca más a "la verdad histórica", como se llamó a la pesquisa del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival.

Dolarizar la economía es la propuesta central del candidato presidencial ultraliberal Javier Milei, para acabar con la inflación. Durante los últimos meses, economistas de diferentes partes del mundo han intentado entender qué pasaría si la moneda nacional es sustituida por el dólar. Y aunque concluyen que dicha propuesta es inviable, los fieles a su movimiento no dudan de él, pues han encontrado en Milei la promesa de estabilidad y justicia que buscaban desde hace años. La dolarización “más que una solución, pone en evidencia la acumulación de fracasos de los diferentes gobiernos”, explicó a RFI Ariel Wilkis, investigador en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES). “Lo que Milei está proponiendo es un castigo a la clase política argentina”.“Cortarle la mano a los políticos es la metáfora que él utiliza para indicar que dolarizando la economía las autoridades no pueden apretar el botón de la emisión monetaria. Le habla entonces a una sociedad que dice: lo que nos han ofrecido hasta ahora ha fracaso, probemos con algo que no hemos intentado. Ahí está su clave del éxito”, aseguró.Un proyecto sin fundamentosJavier Milei, quien desde las elecciones primarias de agosto se convirtió oficialmente en el candidato favorito a la presidencia (30% total de los votos), tendría que demostrar cómo la dolarización resolvería los problemas del país frente a los políticos de carrera Sergio Massa, abanderado de la expresidenta Cristina Kirchner, y la exministra del Interior, Patricia Bullrich.No obstante, el candidato sólo ha agregado una línea a su discurso: dolarizar no se hace de la noche a la mañana. “Se trata de una fórmula muy atractiva para comunicar cómo se puede resolver el problema de la estabilidad [económica]”, aseguró Wilkis, quien además recordó que en este país el dólar sirve como referente popular, desde mediados del siglo XX, pues al saber qué está pasando con esta moneda, los argentinos saben qué está pasando con la política y la economía del país.Además, Wilkis destacó que la propuesta de dolarización ha tendido tanta fama por el complicado contexto económico que atraviesan los argentinos, ya que “hay proyecciones de que la inflación va a llegar a 150%, y anteriormente la sociedad argentina ya ha sufrido periodos hiperinflacionarios”.“Esto que se experimenta y se sufre cotidianamente produce una demanda de una promesa desde la política para solucionar la inflación. Milei ha dado con la promesa. Pero también promete castigar a los culpables de la situación económica de Argentina: los políticos”.Las elecciones generales están programadas el próximo 22 de octubre, pero las encuestas pronostican un balotaje entre Milei (con 32% a 35%) y Massa (con 29% y 32%), ya que la ley exige un 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los votos, y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto al principal opositor. Esta segunda vuelta tendría lugar el 19 de noviembre.

Ser periodista en la Amazonía brasileña, y denunciar la corrupción o la violación de leyes y derechos humanos o medioambientales, se puede traducir en amenazas y hasta puede costar la vida. El informe "Las tierras quemadas del periodismo en Amazonía", de Reporteros Sin Fronteras, revela hasta 66 ataques contra la libertad de prensa en la región, incluyendo dos asesinatos, en el plazo de un año. Llevan una diana en la espalda. Así describe Reporteros Sin Fronteras (RSF) la situación de los periodistas en la Amazonía de Brasil. El informe de la ONG "Las tierras quemadas del periodismo en Amazonía" revela que entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de este año, hubo 66 ataques contra la libertad de prensa en la zona.Múltiples temas tabúes“Ya sean agricultores, ganaderos, madereros, buscadores de oro o directivos de empresas mineras, quienes acaparan la tierra y los recursos naturales buscan silenciar cualquier voz que denuncie abusos y vulneraciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental”, reza el informe.“Los temas tabúes o los temas que más han generado represalias han sido política nacional, pero también local, involucrando temas de la administración y las municipalidades en la región de Amazonía, pero que siempre involucran casos de corrupción, y también, por supuesto y con mucha énfasis, temas socioambientales, la acción de las minerías, crímenes ambientales en la región, conflictos de tierra con las comunidades tradicionales y pueblos indígenas”, detalla para RFI Artur Romeu, director de la oficina regional de Latinoamérica de Reporteros Sin Fronteras.De los 66 casos registrados, 16 estaban precisamente relacionados con investigaciones sobre la industria agrícola, la explotación minera, los pueblos indígenas y los derechos humanos. El más destacado fue el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira por personas ligadas al narcotráfico en el Valle del Yavarí. Sin embargo, estas agresiones tienen muchas formas y caras.Amenazas variadas“El fotorreportero que ilustra la portada del informe se llama Edmar Barros, es un fotorreportero brasileño que está justamente fotografiando un área de quemada en el sur del estado de Amazonas en 2023, y al regresar de la misión de su cobertura, recibe llamadas en las cuales dicen que si continúa a dar visibilidad a las quemadas, él mismo va a terminar quemado”, ejemplifica Artur Romeu.Las amenazas toman varias formas, añade: “Amenazas de muerte, impedimentos de cobertura, acoso judicial, acoso moral, destrucción de equipo, robo de equipo, destrucción de medios, de las instalaciones de medios de comunicación locales”.Reporteros Sin Fronteras destaca que es necesaria una mayor involucración de las autoridades para aplicar las leyes y proteger la labor de los periodistas y los medios, así como una mayor educación mediática para prevenir la propagación de noticias falsas que tienen como objetivo desviar la atención o incluso justificar estas violaciones de derechos.

Son más de 400.000 los migrantes que han cruzado Honduras en el presente año, dirección a Estados Unidos. Más del doble que en 2022 en su totalidad. Todo un desafío para un país a la hora de asistir a aquellos que van de tránsito, pero también a los que, por falta de medios, no consiguen completar su camino ni pueden regresar a sus países, quedándose varados en Honduras. El flujo de migración en Centroamérica, rumbo a Estados Unidos, sigue al alza. En lo que va de año, casi 420.000 personas cruzaron Honduras hacia el norte, más del doble que el año pasado al completo, cuando fueron 188.000, según su Instituto Nacional de Migración. Proceden principalmente de Venezuela, Cuba, Ecuador y Haití.Nuevos rostrosEl migrante medio ha cambiado. Ya no son hombres que quieren enviar remesas a sus familias, sino también familias al completo. El múltiple perfil de estos desplazados añade un grado de complicación al encontrarse también personas mayores o con discapacidad.“Detrás de la migración hay varios rostros. Hay un rostro de mujer, hay rostros de niñez, hay rostros de adultos mayores y ahora un rostro más presente, el de discapacidad. Personas con discapacidad de diferente tipo, discapacidad auditiva, visual, física, que refleja un poco cómo el grupo familiar va arrastrándose, la familia en conjunto buscando una nueva oportunidad. Y esa población, creo que hay que hacer un esfuerzo por contabilizarla más, porque es parte de esas múltiples pobrezas de la población”, explica Roberto Bussi, director de País de la fundación Ayuda en Acción en Honduras.“Explotación sexual comercial”Trojes y Danlí, en el sur, cerca de la frontera con Nicaragua, son dos de los puntos calientes de entrada. Poblaciones pequeñas, que se desbordan fácilmente. Las autoridades han llegado a habilitar autobuses para facilitar que los migrantes atraviesen el país. Sin embargo, no todos tienen los medios económicos o la fortaleza física y la salud para aguantar el viaje. Surge ahí un segundo desafío.“Van quedando poblaciones que ya no tienen recursos. Ves en las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula, en las principales ciudades, que ya hay una población importante de venezolanos, haitianos, pidiendo dinero en la calle para cubrir sus necesidades. Se estacionan, digamos, acá”, subraya Bussi.“Y esto lleva a otro tema, de explotación sexual comercial, que es otro riesgo importante, muy poco documentado, pero hay casos importantes de eso. Puede haber algunas comunidades, como adolescentes, mujeres, jóvenes, chicos y chicas, que se ven expuestos a esa precariedad”, recalca.Los que sí consiguen cruzar Honduras tienen aún mucho camino por delante antes de alcanzar Estados Unidos: deben pasar por Guatemala y México. Este último también afronta desafíos: allí un operador ferroviario ha debido inmovilizar 60 trenes de carga, ante la gran cantidad de migrantes que trepaban para cruzar la frontera con Estados Unidos, corriendo el riesgo de padecer amputaciones o incluso perecer atropellados por los vagones.

La declaratoria se produce cuando Argentina conmemora 40 años desde el regreso a la democracia y enfrenta el desafío de la ultraderecha. El Gobierno ha celebrado que el anuncio “constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan el terrorismo de Estado” La Unesco ha declarado patrimonio Mundial al Museo Sitio de Memoria ESMA, creado en 2019 en el lugar donde funcionaba el mayor centro clandestino de detención del país. Alega el organismo que es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en las décadas de los setenta y ochenta sobre la base de la desaparición forzada de personas.  “Es el símbolo más prominente del terrorismo estatal”, determinó la conclusión del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. "La memoria hay que mantenerla viva para que las malas experiencias no se repitan. En la ESMA se expresó lo peor del terrorismo de Estado. Argentina en esos años sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura militar. Algunos fueron perseguidos, algunos fueron detenidos, casi todos fueron sometidos a torturas; otros terminaron exiliados, muchos fueron asesinados y muchos desaparecieron de la faz de la tierra”, dijo el presidente Alberto Fernández desde Nueva York, donde acudía a la Asamblea de la ONU. "Logramos esto porque hubo muchos y muchas que caminaron antes, en los momentos de dictadura y en los peores momentos de democracia denunciar la impunidad. Un largo recorrido que empezó a tener otra mirada  a partir del momento en el que la política pública abrazó la lucha de esos organismos por los Derechos Humanos" dice para RFI Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina.La dictadura argentina puso en funcionamiento alrededor de 700 centros clandestinos de detención y tortura en todo el país. El espacio integrado en la lista del Patrimonio Mundial este martes fue “el centro clandestino más emblemático de Sudamérica”, según detalla la Secretaría de Derechos humanos, que comenzó las gestiones para presentar la candidatura ante la ONU en 2015"Hoy la ex-ESMA no es de los argentinos sino de toda la Humanidad" concluye Pietragalla en nuestros micrófonos. A unas semanas de las elecciones argetinas, esta declaración tiene un sentido especial ya que llaman la atención las voces nostálgicas con la dictadura como la de la candidata a vicepresidenta por la extrema derecha Victoria Villarroel junto a Javier Milei. "Es una declaración que nos viene muy bien en este momento. Lo que es el negacionismo, el avance de discursos de odio sobre todo en la figura de Villarroel, que reivindica la dictadura....La declaración es un decir ''nunca más' a esos discursos" señala Rodolgo Llansón, abogado de víctimas que pasaron por el Esma, en RFI.Los edificios de la antigua ESMA se ubican en un predio de 17 hectáreas que fue cedido a principios del siglo pasado al Ejército. 

La crisis diplomática entre Haití y República Dominicana podría convertirse en una crisis humanitaria, según advirtió este 18 de septiembre la ONU. Haití, que recibe al menos el 25% de los alimentos de su país vecino y que depende de la importación de medicamentos, podría agravar su crisis social tras el cierre total de la frontera. ¿Es responsable la gestión del Río Masacre?  La construcción de un canal en el Río Masacre, que llevaría agua hacia Haití, provocó que República Dominicana cerrara su frontera a sus vecinos el pasado 15 de septiembre. El río es a la vez un límite natural, fuente de agua para ambas poblaciones, y también un problema más a las ya complicadas relaciones entre ambas naciones. ¿Cómo repartir justamente un recurso natural?“Los intereses de ambas naciones no están en conflicto”“Este tema está estructurado o reglamentado por un acuerdo del año 1929, pero lamentablemente nunca se negoció lo que se llama un protocolo de implementación de esos acuerdos. Una aproximación posible es a través de las vías legales internacionales, pero soy de opinión de que es perfectamente posible una negociación”, contesta para RFI el abogado dominicano Nelson Espinal Báez, experto en negociación y mediación.“Lo que hay es un conflicto de posiciones, no un conflicto de intereses. Los intereses de ambas naciones no están en conflicto. Al contrario, a República Dominicana le conviene que ese pueblo tenga agua y que tenga electricidad, que tenga desarrollo agropecuario. Clave es la gestión eficiente del mismo y que no venga a dañar los intereses de República Dominicana. Y es perfectamente posible desarrollar una propuesta, una solución de ganancia para ambas naciones”, subraya el abogado.“Un pretexto para otra cosa”El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, habría aceptado la creación de este canal en mayo de 2021. Es por esta razón que el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre considera que podría haber otros motivos que llevaron a Santo Domingo a tomar medidas radicales.“No hay razón para que República Dominicana tome esa posición de cerrar la frontera. Y yo creo que más que una posición técnica, hasta política, hay otros intereses. Es como si esta situación es un pretexto para otra cosa. En el caso dominicano, creo que [hay] temas políticos, electorales, y en el caso haitiano, bueno, la debilidad institucional es lo que explica todo eso”, explica.El próximo 1ro de octubre se celebrarán las elecciones primarias de las agrupaciones políticas dominicanas. En mayo de 2024 serán las presidenciales.

Fernando Botero falleció el pasado 15 de septiembre, en Mónaco. Tenía 91 años. Sophia Vari, su esposa, había fallecido en mayo pasado. La obra de Botero, presente alrededor del mundo, abarcó temas universales como el dolor y la indiferencia, y también la violencia en América Latina. Fernando Botero descubrió que al deformar la realidad con curvas renacentistas y voluminosas, semejantes a frutas jugosas que dan ganas de tocar, el espectador puede comprender con mayor claridad situaciones de la vida cotidiana, pero también situaciones más complejas, y de todos los tiempos, como la serie sobre el Viacrucis, donde representa el dolor y la indiferencia.“No es un viacrucis que se apegue a la visión que tiene el Vaticano. Botero aborda este tema y lo despoja de todo animo sobrenatural. Incluso hay tres obras donde Cristo no es golpeado por un soldado romano, sino por un policía. El maestro Fernando Botero trabajó estos personajes con una forma muy personal de entender la vida de Cristo. Hay una obra monumental y muy conmovedora que muestra a Cristo crucificado, en el Central Park de Nueva York. Muestra cómo algo enorme, podría no parece importarle a nadie; la vida continúa”, explicó a RFI Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia.Botero fue un artista universal, pero también profundamente ligado a su natal Colombia, así como a sus problemas.“El tema de la violencia en la obra de Fernando Botero estuvo presente a lo largo de toda su obra, sobre todo la violencia en Colombia. Hay dos cuadros titulados ‘motosierra’, para referirse a dos momentos donde la violencia fue sistemática en el país: los años 40 y 50, período que quedó en la memoria histórica colombiana. Y luego, a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, donde esa motosierra representaba una forma más reciente de la violencia, donde se descuartizan cuerpos, personas vivas, por parte de los paramilitares”, explicó el sociólogo y teórico del arte, Elkin Rubiano, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.Además de donar una parte de sus obras a museos colombianos, Fernando Botero también donó cuadros de Picasso, Miró y Bonnard. Murió acompañado por su hija y nieta tras vivir varios años con la enfermedad de Párkinson.

Cuba recibe este fin de semana a más de una centena de países en la cumbre extraordinaria del G77+China. Durante este viernes y sábado, jefes de Estado y representantes de gobierno del "Sur global" mantendrán una serie de discusiones sobre el actual orden de las relaciones internacionales. Con la Agenda 2030, las potencias mundiales se presentan en la cumbre extraordinaria del G77 en Cuba. Su vocero, el secretario de la ONU, António Guterres, ha reiterado que defenderá en la isla caribeña este proyecto que podría garantizar el combate a la pobreza y la lucha contra el cambio climático.Orden global injustoY aunque suene muy global, Ernesto Domínguez López, historiador e investigador en la Universidad de la Habana, explica que esta visión del mundo es ambigua, pues los países del Sur aún tienen mucho que decir sobre la actual política internacional. Este encuentro, precisa, podría llevar a “discusiones, incluso en algunos casos intensas”.“La Agenda 2030, y prácticamente todos los proyectos que se han generado dentro de las Naciones Unidas, son expresiones de la correlación de fuerzas precedente que implica, por supuesto, un desarrollo desigual”, estima el analista.Y según él, es interesante ver que “algunos medios dicen que la convocatoria es para lograr un orden global menos ‘injusto’, y entre comillas injusto, como si realmente fuera una locura pensar que el orden global es injusto, cuando en realidad lo que vemos es un orden desigual. Si entendemos que la desigualdad es típicamente una injusticia, me parece que es muy claro que hay niveles de injusticia importantes en ese orden global”.Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró en conferencia de prensa que al término de la cumbre se pretende publicar una declaración conjunta sobre “los principales obstáculos de acceso al desarrollo de los países del sur” e hizo un "llamado al establecimiento de un orden económico internacional nuevo".“Espacios para el diálogo”Dada la numerosa presencia de jefes de Estado y de representantes de alto nivel, Domínguez López consideró que en esta cumbre habrá espacios de diálogo "en los cuales puede haber acuerdo y concertación, considerando que la Agenda 2030 toca aspectos que realmente son vitales para el desarrollo futuro y para incluso la supervivencia de la humanidad”.“Pienso que va a dar espacio a contradicciones importantes y va a ser interesante ver cómo esto se manifiesta, porque evidentemente no toda la representación ni todos los Estados y gobiernos de ese G77+China tienen posiciones similares. Hay una gran diversidad de enfoques y en las condiciones en que estamos, esto es un evento que puede dar resultados importantes de impacto, o también existe la posibilidad de que no llegue a ninguna parte, que está claro en esto no hay un camino preestablecido que nos permita saber de antemano qué va a salir de esta cumbre”.Después de las Naciones Unidad, el G77 es la segunda agrupación más grande del mundo, con 134 países, incluida China, que se identifica como un país del Sur global. 

Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2024 y Nicolás Maduro trata de acumular apoyos. El presidente venezolano se ha desplazado a China, uno de los principales acreedores del país latinoamericano, en busca de más inversiones con las que paliar la maltrecha situación de su economía. El presidente venezolano Nicolás Maduro cierra este jueves una visita de siete días a China en las que ambos países aseguran haber elevado su nivel de cooperación y entendimiento. Maduró visitó varias ciudades antes de llegar a Pekín para el plato fuerte, la reunión anunciada por su homólogo Xi Jinping.“Cuanto más líquido mejor”¿Qué busca Maduro? Según explica a RFI el economista venezolano Ángel García Banchs, inversiones en el sector del petróleo, pero sobre todo, liquidez: “Desde un enfoque de economía política no es otra cosa sino dinero, recursos. Cuanto más líquido mejor. Pues hay unas elecciones que se tienen que llevar a cabo, y por supuesto no alcanzan de la factura petrolera, dado que contrario al objetivo de China, que siempre contribuyó para que Venezuela produjese más petróleo, lo que ha ocurrido en los últimos años es que la producción petrolera se ha desplomado”.De acuerdo con el Centro de Investigación Chino Latinoamericano, la deuda de Venezuela con el gigante asiático supera los 11.000 millones de dólares. Para García Banchs, las inversiones chinas tenían como fin el acceso al petróleo venezolano, pero la corrupción ha impedido que estas ayudas potencien el desarrollo del sector en el país latinoamericano, lo que ahora lleva al recelo de Pekín. “Una cosa es la China y la relación de China con Venezuela hace digamos, 15 años atrás, y otra cosa es hoy. La verdad es que los entregables prometidos nunca llegaron. ¿Cuáles eran esos entregables? Una industria petrolera que incrementara su producción para poder garantizar a China por la vía del acuerdo bilateral hacerse de recursos petroleros, en este caso distintos commodities que tiene Venezuela, pero fundamentalmente petróleo. Y esa asignación de recursos hacia la corrupción en vez de hacia el desarrollo de la industria, ha significado que evidentemente los entregables no han llegado”, precisa el economista.“La confianza se perdió”Con motivo de la visita, ambos países han anunciado la firma de hasta 31 tratados, los principales de índole económico. Sin embargo, García Banchs entiende que se trata más bien de un gesto que de una inversión real.“Puede llegar algo, sí, pero jamás llegaría lo que desea Maduro que llegue y será para mantener las relaciones, pero no para escalarlas ni nada por el estilo. Digamos, sobre todo más promesas es lo que pueden venir, más que entregas de liquidez de aquí a las elecciones, por una razón muy sencilla: la confianza se perdió”, concluye el analista.

Según un informe presentado por la ONG Global Witness, al menos 177 personas "defensoras de la tierra y el medioambiente" fueron asesinadas en 2022 en todo el mundo. Además, el reporte indica que el 88 % de los crímenes tuvieron lugar en América Latina, con Colombia encabezando la lista de países con más ataques mortales dirigidos a activistas ambientales. Defender el medio ambiente o los territorios indígenas se puede pagar con la vida. Entre 2012 y 2022 se produjeron 1.910 asesinatos de estos activistas en todo el planeta y siete de cada diez de ellos tuvieron lugar en países latinoamericanos, según un informe de Global Witness.Si atendemos solo al pasado año, son casi nueve de cada 10. Tierra de importantes recursos naturales y medio ambientales, el alto activismo en la región, mezclado con la impunidad de los perpetradores, da lugar a un cóctel explosivo. Laura Furones, coautora del estudio, lo ha explicado en la antena de RFI: "En Latinoamérica se dan varias circunstancias a la vez. Por un lado, es una región en la que hay organizaciones de base muy fuertes que hacen mucho trabajo de defensa del territorio y del medio ambiente. Pero precisamente por esa defensa que hacen, por esa visibilidad que tienen, son más atacadas tal vez que en otras regiones. Esto lo que denota es, por un lado, una falta de protección efectiva por parte de los gobiernos y unas tasas de impunidad absolutamente desorbitadas. Muy pocos casos terminan con gente enjuiciada y mucho menos con gente en la cárcel".Según el conteo de Global Witness, de los 177 asesinatos ocurridos mundialmente, 139 de ellos fueron en distintos países de Latinoamérica. Colombia fue el país más peligroso. Allí tuvieron lugar 382 muertes en estos 11 años. Brasil fue el segundo con 376. En México y Honduras se superó holgadamente el centenar de asesinatos. Además, la Amazonía, pulmón del mundo y sus poblaciones indígenas, se ha convertido también en blanco fácil. "Uno de cada cinco asesinatos a nivel global sucede en la Amazonía. Es decir, es una zona donde los ataques son muy importantes, no solo a nivel regional, sino a nivel global y donde también tenemos una presencia muy importante de ataques a pueblos indígenas. Las comunidades se encuentran en una situación particularmente vulnerable y también paradójica. Son posiblemente de las que más labor de defensa están haciendo, pero también son las que están siendo particularmente atacadas. Y esto es por varias razones. Por un lado, están en una situación de importante vulnerabilidad porque están alejados de los centros donde se toman decisiones, alejados de los centros donde se hace justicia. Pero además, por otro lado, estamos hablando de pueblos que tienen una lucha histórica por la defensa de sus territorios. Muchas de ellas todavía no tienen ni siquiera los títulos de sus tierras, tierras ancestralmente que les corresponden, asegurados a nivel legal" ha afirmado Laura Furones. Además, no solo se trata de asesinatos. En ocasiones los activistas son objetos de ataques digitales para minar su imagen o por la vía legal. "Pongamos por ejemplo, una persona defensora se opone a un proyecto de extracción minera en una zona boscosa de Colombia o en la Amazonía brasileña. Lo que hace a lo mejor esa empresa es llevarla a juicio porque considera que alterando el orden público considera que ha hecho actos terroristas, cuando a lo mejor lo único que está haciendo es manifestarse de forma pacífica dentro de la legalidad. Lo que pasa es que una vez se ha metido en un proceso judicial, la persona defensora está obligada a asistir a los juicios, a pagar los costes de un abogado. La vida de la persona de repente consiste en defenderse legalmente. Es un David contra Goliat. Es una defensa de una persona que a lo mejor puede ser un pequeño campesino, una persona indígena, un activista local frente a maquinarias empresariales con departamentos legales muy, muy poderosos. De ahí la razón de que sea una estrategia tan efectiva de silenciamiento" sentencia Furones en RFI .En este último sentido, Global Witness considera que las empresas tienen que buscar un papel conciliador, negociando no solo con gobiernos, sino también tendiendo puentes con las comunidades locales. El informe ha sido presentado en vísperas de la COP28. Los líderes mundiales se reunirán el próximo noviembre en Emiratos Árabes Unidos para discutir la situación climática actual. Un espacio en donde es urgente también abordar la protección a todos aquellos que defienden la vida en el planeta, y que por ello, la de ellos corre un gran riesgo.

Tras una extensa lista de denuncias medioambientales durante los últimos años, el olvido de este tema en la pasada Cumbre Amazónica y el interés de la UNESCO por visitar la zona, el Gobierno venezolano se decidió a dar un primer paso en la lucha contra la minería ilegal, desalojando a más de 11.500 mineros ilícitos que operaban en el Parque Nacional Yapacana. Pero, ¿es suficiente esa operación? Hace unos días, militares de Venezuela destruyeron 86 "estructuras clandestinas" utilizadas "para ejercer la minería ilegal", ubicadas dentro del Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas. Una acción que fue aplaudida por la ONG SOS Orinoco a pesar de que esta zona sea solo un pequeño punto de una extensa área en el sur del país que sufre el mismo problema.“Estas minas están en auge”“El desalojo de más de 11.000 mineros en Yapacana es un hecho, pero eso no es suficiente, porque en Yapacana está demostrado que puede haber cerca de 20.000 mineros. Entonces todavía quedan muchos mineros. Los testigos en el terreno dicen que han sacado a los jefes guerrilleros que están encontrando en las minas y que ahora los que están controlando las minas son los propios militares. Y que todavía hay minas importantes como la mina El Cacique, que es como el centro operativo de Yapacana que no se ha desalojado”, explica a RFI Cristina Burelli, directora de la ONG.Por otro lado, recalca, “este operativo en Yapacana lo aplaudimos, pero tiene que haber operativos en toda la zona sur del Orinoco, en las cabeceras del río Orinoco, en el Parque Nacional Canaima, en La Paragua, en el Caura, en el Cerro Duida, el Parque Nacional Duida... Todo el sur está lleno de minas ilegales y estas minas están en auge. Están creciendo. Entonces, hacer un operativo en una esquina del Yapacana es insuficiente”.La consecuencia de la minería ilegal y el Arco Minero no únicamente se limita a la tala de árboles y destrucción de sabanas, sino también se traduce en la contaminación del agua y los ríos por la presencia del mercurio que se usa para amalgamar el oro.Suministro de combustibleSegún Cristina Burelli, este desalojo masivo no será suficiente para acabar con esta práctica prohibida, ya que Maduro sigue permitiendo el suministro de combustible a todos los operarios que explotan las 23 minas ilegales contabilizadas en el Parque Yapacana.“Si Maduro realmente quiere acabar con la minería ilegal, lo que tiene que hacer es dar la orden a la CVM, la Corporación Venezolana Minera, de detener el suministro de combustible a todas las minas del sur de Venezuela. Entonces, no podemos hablar de un solo lugar que es Yapacana y decir que con eso es un ejemplo que se está acabando con la minería ilegal en Venezuela, no”, enfatiza.La minería ilegal en Venezuela está acabando no solo con uno de los recursos naturales y energéticos del país, sino también con los parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosferas y territorios indígenas de un aérea que abarca el 12% del territorio de esta nación.La ONG SOS Orinoco, crítica con el gobierno, indicó que para agosto de 2023 unas 23 minas ilegales afectaban 3.316 hectáreas del parque Yapacana.

Con ocasión de los 50 años del golpe de Estado contra Allende en Chile este lunes, RFI entrevistó a Peter Kornbluh, autor de 'Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile'. Le preguntamos sobre el papel que desempeño Estados Unidos en los eventos que dieron inicio a casi dos décadas de dictadura militar.  La administración Biden publicó documentos secretos sobre el golpe de Estado en Chile. Se trata de los informes diarios que recibió el entonces presidente Richard Nixon del 8 al 11 de septiembre de 1973.Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación de Chile del Archivo Nacional de Seguridad en Washington, estima que "no hay revelaciónes ni informaciones importantes en esos documentos, pero han salido muchos otros documentos en estos años, incluyendo los documentos operacionales de la CIA y otros que son de la Casa Blanca".Para este investigador, lo más importante en esos documentos es una llamada telefóbica entre el presidente Nixon y su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, en los días posteriores al golpe. "Nixon dice a Kissinger que, sobre el rol de los Estados Unidos, 'no se pueden ver nuestras manos'. Y Kissinger responde: 'Bueno, no lo hicimos nosotros'. Se refería al hecho de que los agentes de los Estados Unidos no estaban ahí al lado de los militares el 11 de septiembre, ayudándoles en el golpe de Estado. Y sigue Kissinger. 'Quiero decirle que los ayudamos. Estados Unidos creó las mejores condiciones posibles para fomentar el caos, desestabilizar la economía, crear problemas grandes contra Allende y su gobierno", sostiene Peter Kornbluh.Algunos parlamentarios socialistas chilenos hicieron un pedido mediante la embajada de Estados Unidos para que se desclasifiquen miles de documentos que van de 1970 a 1994, pues según ellos hay ciertos puntos que deben esclarecerse."Hay documentos sobre el caso Orlando Letelier y Ronni Moffitt (su colaboradora) que fueron asesinados en las calles de Washington D.C. por agentes de la DINA.  Esto es un acto de terrorismo internacional que fue ordenado por Pinochet. Mis fuentes me han dicho que hay un borrador de un juicio contra él para juzgarlo. Toda la evidencia se encuentra en un lugar. Obviamente esto puede ser relevante inmediatamente, pues en Chile hay un debate sobre el carácter de Augusto Pinochet, sobre su rol, etc. Obviamente Pinochet fue el violador más grande de los derechos humanos y los Estados Unidos tienen documentos que demuestran que era muy corrupto".

Cuando China invitó a los países de América latina y el Caribe a unirse a la "Ruta de la seda", aseguró que se trataba de una plataforma para una cooperación mutuamente benéfica desde el Cono Sur hasta México. China es hoy un socio comercial esencial para la región. El análisis de Eduardo Daniel Oviedo, investigador en Argentina del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario y sobre todo un conocedor de los vínculos de Pekín con Latinoamérica. RFI: Diez años después de haberse echado a andar La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) (en inglés: Belt and Road Initiative, BRI), ¿cómo les va a los países latinoamericanos?, ¿quiénes ganan y quienes pierden? Eduardo Daniel Oviedo: En la relación entre China y América Latina en el marco de la franja y la ruta no podemos decir que haya ganadores absolutos o perdedores absolutos. Hay casos muy claros de Estados ganadores en la relación comercial con amplios superávits que le permiten a esos países a cumular divisas y mantener estables sus monedas. El caso de Brasil, de Chile o México, en donde si bien tiene déficit comercial, México importa muchos manufacturados que luego ensambla y exporta hacia Estados Unidos, Canadá o los venden en México; obteniendo un beneficio. Entonces esos países tienen un círculo virtuoso. En otros casos, hay perdedores, como el caso de Argentina, país exportador de materias primas y China, país importador de materias primas. En esta relación que podría ser muy positiva, hace 15 años que tiene déficit comercial. Allí aparece China como una suerte de prestador, de cooperador ante los problemas financieros argentinos, y se inicia la suerte de cooperación financiera que yo la denomino como un círculo vicioso, en donde tenemos déficit comercial y luego viene China a resolver nuestros problemas financieros a partir de ya haber obtenido esos déficits comerciales. O sea, ¿podríamos decir que es una dependencia financiera de un país como Argentina frente a China? En el intercambio, es ese centro periférico, pero a su vez también tiene una relación norte sur, porque la mayoría de los países de América latina son países del sur, son economías periféricas, son economías, digamos algunas intermedias, y China es un país ya del norte, no un país del sur. No existe ese modelo de cooperación sur-sur que utópicamente los chinos plantean. Eso existía en la década del 70 del siglo pasado, en la década del 80, donde las economías tenían una proporción similar o parecida. Hoy China es la segunda economía del mundo y los países de América latina están posible en el puesto número 16,17,18. Entonces ahí se marca esa relación norte-sur. Sin embargo, los países occidentales critican la iniciativa y acusan a Pekín de querer extender su influencia geopolítica y estratégica en la región. Estados Unidos se vea amenazada también su influencia en lo que durante décadas se consideró como su patio trasero. China tiene en estos momentos al menos cuatro iniciativas: La franja y la ruta, La comunidad de destino humano, La iniciativa de Desarrollo Social y La iniciativa de desarrollo y de seguridad global. Esas cuatro iniciativas, yo diría que es un poco la búsqueda de institucionalizar el poder chino en el mundo. Es decir, China se ha transformado en una potencia de gran envergadura, y está viendo cómo obviamente alcanza un rol mayor que sería el de superpotencia. En este caso está planteando algunas iniciativas, como las llaman ellos, que son marcos regulatorios que buscan consolidar ese poder que tiene China en El Mundo. Esa es un poco la clave. Obviamente que tiene que ser mirada el caso de La franja y la ruta como una iniciativa geopolítica, económica, financiera e incluso de otras índoles, porque la comparación puede ser en diferentes ámbitos. Además de la influencia geopolítica y estratégica de China, algunas oenegés acusan a los proyectos chinos a que se llevan a cabo en América Latina de violar los derechos humanos, sobre todo de no respetar las normas medioambientales… Sí, hay muchos proyectos que han tenido consecuencias desagradables para muchas poblaciones. El primer caso, recordemos allá por la década del 90, la célebre minera Shoukan, que estuvo a realizando inversiones en Perú y tuvo un impacto muy negativo en las comunidades aborígenes. La pesca es otro tema también muy sensible. En países como Ecuador, Perú, incluso también en Argentina, donde ha habido no solamente numerosos incidentes con pesqueros en el mar argentino, sino también se ha cuestionado a China por sus prácticas violatorias de distinta índole en los barcos que operan, por ejemplo, en el Atlántico Sur o el impacto en algunas otras comunidades respecto a inversiones. En estos momentos en Argentina es claro que también China está buscando la forma de mitigar esos impactos. Pongo un ejemplo, en el caso de la pesca en el océano Atlántico sudoccidental, lo que se está tratando de hacer es mecanizar el proceso de trabajo en el barco. De esa manera, limitar el uso de mano de obra y, por ende, también evitar las condenas o críticas que se realizan a China, no solamente a cómo es el tratamiento de los recursos que se pescan, sino también al tema de Derechos Humanos. Entonces creo que China está buscando mitigar de alguna manera y tratando de aprender en estos últimos años de qué manera se pueden hacer proyectos de inversión en América latina e ir restringiendo ese impacto tanto en el medio ambiente como en las comunidades.

La Suprema Corte de Justicia de México tomó una decisión histórica este 6 de septiembre para impedir que se encarcele a las mujeres por interrumpir su embarazo. Los jueces aprobaron un amparo presentado por una asociación para anular el artículo del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto al considerarlo inconstitucional. Las ONG que defienden los derechos reproductivos en México llevaban años esperando este fallo. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia validaron por unanimidad el amparo del GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, y despenalizaron el aborto a nivel federal.Despenalización del aborto“Lo que resolvió la Corte es que, para estas instituciones federales, es decir, instituciones de salud que están regidas por el Código Penal Federal y que están en todo lo largo y ancho del país, el aborto debe dejar de ser considerado como un delito. Entonces, por primera vez en nuestro país tenemos una decisión en relación con la despenalización del aborto, que tiene un alcance nacional sin que necesariamente alcance a todos los servicios del país”, explica a RFI Rebeca Ramos, la directora de la asociación civil GIRE.“En cuanto a los efectos concretos de esta decisión, detalla que “por ejemplo, una mujer que es derechohabiente del Seguro Social y que vive en el estado de Campeche y tiene un embarazo de ocho semanas no deseado y quiere interrumpirlo, pueda acudir a su hospital del Seguro Social, solicite ese servicio y le sea proveído”, prosigue Ramos.“Antes del día de hoy, esa misma mujer en Campeche no podía acudir ni a el hospital estatal ni al hospital federal, al del Seguro Social. Hubiera tenido que viajar, por ejemplo, al estado de Veracruz o a la Ciudad de México para poder interrumpir ese embarazo no deseado”, añade.Estrategia “de mayor alcance”Aún quedan etapas para que este proceso sea total: “Es un fallo histórico definitivamente, aunque todavía nos falta en México que 20 estados del país modifiquen sus códigos penales. Es decir, todavía no podemos decir que es ley en absolutamente todo México, porque hay estos dos ámbitos, el federal y el local. Pero logramos que a nivel federal el aborto deje de ser considerado un delito. Sí es una resolución histórica en ese sentido”, comenta Ramos.“Esta acción no únicamente se hizo en contra del Código Penal Federal, sino que hemos presentado amparos junto con organizaciones de cada uno de los estados en donde el aborto sigue siendo un delito. Entonces, es una estrategia nacional de mayor alcance y esperamos que tarde o temprano, se resuelva en el mismo sentido que se resolvió el día de hoy, y que el aborto deje de ser un delito ahora sí, en todos los códigos penales de México”, concluye la directora del GIRE, precisando que este proceso tomará aún meses y meses.

Las autoridades cubanas denuncian una red de trata que opera desde Rusia para reclutar cubanos que participen "en operaciones bélicas en Ucrania"  La cancillería aclaró que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y que actuará enérgicamente contra quienes desde su territorio participen en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento Una red de trata que opera desde Rusia para reclutar cubanos que participen "en operaciones bélicas en Ucrania" fue identificada por autoridades de la isla, que iniciaron procesos penales contra personas involucradas en este tráfico, informó el lunes la cancillería. El ministerio del Interior "trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania", dijo la cancillería en un comunicado. El canciller Bruno Rodríguez aseguró que el gobierno cubano "actúa con la fuerza de la ley" contra esas operaciones, en un mensaje en su cuenta de la red social X.  El diario América TeVe de Miami dio a conocer el pasado viernes los testimonios de dos adolescentes que se encontraban en Cuba cuando fueron reclutados bajo engaño por personas que los contactaron por Facebook para trabajar como albañiles en obras de construcción en Ucrania junto al ejército ruso.En declaraciones a RFI, el investigador Arturo Pérez Levy, experto en Cuba de la universidad de Denver, señala que "muchas veces buscan personas desesperadas, en situación muy precaria para reclutar. La red ha sido descubierto y la han tratado como una red criminal". En este sentido,  las autoridades competentes iniciaron "procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades", señaló el comunicado.La cancillería aclaró que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y que actuará enérgicamente contra quienes desde su territorio participen en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o "mercenarismo" para que sus ciudadanos tomen las armas contra cualquier país. Sin embargo, según voces expertas la posición de Cuba en este sentido no ha sido clara. "Una de las cuestiones que ha traído una verdadera confusión ha sido la posición cubana y a veces una actitud de acercamiento muy fuerte con Rusia a partir de una relación muy difícil con EE.UU. donde la administración Biden ha incumplido la grna mayoría de sus promesas de restaurar la polìtica de Obama respecto a Cuba" explica Pérez Levy en la antena de RFI.  "Cuba tiene una posición desesperada económicamente y ahí es donde ha aparecido una mayor dispoiciión a buscar alianzas. El gobierno cubano quería hacer una reforma y dijo querer aprender de Rusia. En lo positivo y lo negativo""Cuba nunca ha votado sola en Naciones Unidas. Por eso se ha abstenido sin condenar pero tampoco rechazar la condena a la invasión a Ucrania. Se ha dado cuenta ahora que es un intento de involucrar a Cuba en una condición a la que no quiere ser arrastrada"   remata Pérez Levy en RFI. Moscú y La Habana han estrechado desde el año pasado sus relaciones en términos políticos y diplomáticos, mientras que representantes del gobierno de Vladimir Putin han expresado su voluntad de apoyar a Cuba en medio de su peor crisis económica desde la implosión del bloque soviético en 1991.  A finales de 2022, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con Putin en Moscú y este año sendas delegaciones de empresarios y oficiales han visitado ambos países.

La Justicia chilena dictaminó que 31 de los 33 mineros atrapados en la mina de San José en 2010 recibirán indemnización por su traumática experiencia. Dos mineros no se unieron a la demanda. “Tengo el privilegio de informarles que todos los mineros rescatados, incluyendo el señor jefe de turno, don Luis Urzúa, están en perfectas condiciones”: de este modo se anunciaba en 2010 el final de la operación de rescate del accidente minero más mediático que se recuerde en América.Trece años después, 31 de los 33 trabajadores que pasaron 68 días atrapados en la mina San José, a 720 metros de profundidad, recibirán una indemnización por parte del Estado chileno. Fue la resolución de un juicio bastante largo y complejo que estableció finalmente la responsabilidad del Gobierno en el accidente que sepultó a los mineros de Atacama.“Resguardar las medidas de seguridad”“Nos pone contentos que se logre establecer que en este caso no solamente existía responsabilidad de los entes privados, sino también de los entes públicos, cuya finalidad es resguardar las medidas de seguridad, y que en este caso no se habría cumplido. Y por eso nos deja contento el fallo, que es un fallo no común dentro de la jurisprudencia chilena y permite establecer la responsabilidad del fisco en los hechos”, comenta a RFI el abogado de las víctimas, Jorge Ríos.El Estado de Chile deberá pagar en total 1,4 millón de dólares, es decir unos 46 mil dólares a cada minero: “Lo fijado por el tribunal de segunda instancia, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, es de 40 millones de pesos chilenos, y eso lo deberían recibir por medio de un procedimiento interno que se gestiona para el cobro, en este caso en Chile, en aproximadamente tres, cuatro meses, que es lo que se demora internamente el Estado de Chile en pagar”, detalla el abogado.Tantos años después del accidente, la mayoría de los mineros involucrados habían perdido la esperanza de percibir una indemnización, que fue recibida con agrado y sorpresa. Según Jorge Ríos, “los 31 mineros de los 33 que accionaron en contra del Estado estaban contentos, principalmente porque se había logrado establecer que en este caso no era el único responsable la empresa, la minera San José, sino que también había negligencia, lo que se conoce también como falta de servicio, por parte de los órganos públicos chilenos, quienes no salvaguardaron el cumplimiento de las medidas de seguridad dentro de la mina”.“Cambio en sus vidas”A pesar de poner punto y final de manera jurídica, los mineros supervivientes de la mina San José tendrán difícil poner un epilogo a un accidente que les cambió sus vidas para siempre. “Este hecho difícilmente pueda ser olvidado. Por el contrario, todos han sufrido un cambio en sus vidas. Han tenido que abandonar la profesión que ellos tenían, que era de mineros. Actualmente la mayoría se dedica a otras actividades. Si bien judicialmente se terminaría el tema para ellos, personalmente este hecho continúa”, subraya su abogado.Luis Bustos y Juan Illanes fueron los únicos dos de los 33 mineros de Atacama que decidieron no sumarse a la demanda contra el Estado por decisión personal.

En Ecuador, cerca de 60 guardias y policías fueron retenidos por rehenes que se rebelaron durante cerca de 2 días la semana pasada. El episodio de violencia se produce en un contexto de intervenciones militares en las cárceles para tratar de restablecer el orden. Pero el sistema carcelario de Ecuador paga el precio de los drásticos recortes presupuestarios de los gobiernos de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso. Por Raphaël MoránLas cárceles ecuatorianas vivieron un nuevo episodio de crisis. A la larga lista de motines sangrientos que causaron 431 muertos desde 2021 se añade la toma de rehenes de la semana pasada.Ecuador: coches bomba y toma de rehenes en las cárceles, la ola de violencia continúaReos de 6 cárceles retuvieron cerca de 60 guardias y policías durante al menos 2 días. A pesar de sus promesas de mano dura, el presidente Guillermo Lasso cuyo mandato llega a su término, no puso fin al caos en las cárceles heredado del mandato de Lenin Moreno.Recordar que Ecuador está en plena campaña electoral para la segunda vuelta. Se enfrentarán Luisa González, candidata correísta contra Daniel Noboa, hijo de un millonario. Pero no cabe duda que el tema de la violencia carcelaria estará presente en esta contienda.Escuche el análisis de Carla Álvarez, experta en temas de seguridad:Entrevistada: Carla Álvarez, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo que prometió luchar contra la corrupción aún no ha asumido su cargo pero ya enfrenta un primer obstáculo. Las autoridades electorales confirmaron su elección, pero al mismo tiempo suspendieron su partido, el Movimiento Semilla. Una decisión muy criticada por la comunidad internacional. ¿Cómo afectará esta decisión al presidente electo? La suspensión del Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernard Arévalo, genera confusión en Guatemala. Las autoridades electorales tomaron esta decisión siguiendo la orden del juez Freddy Orellana en el marco de una investigación del fiscal Rafael Curruchiche por supuestas inscripciones irregulares de afiliados en la creación del partido en 2017. Sin embargo, tanto Orellana como Curruchiche aparecen en la lista de los funcionarios centroamericanos corruptos señalados por Estados Unidos.“Es sumamente grave”Alejandro Balsells, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Guatemala, denuncia en RFI una ofensiva política: “Guatemala tiene desde 1985 una ley electoral y de partidos políticos que tiene rango constitucional y, en consecuencia, tiene mayor jerarquía que cualquier norma ordinaria. A los partidos políticos no se les puede aplicar ninguna ley ordinaria, sólo se les puede aplicar la ley electoral y de partidos políticos. En consecuencia, una decisión de un juez, por cierto, bastante cuestionado, a solicitud de una fiscalía, también bastante cuestionada, que consigue una orden de suspensión del partido que salió ganador en una elección, pero además con base en una ley que ni siquiera es el Código Penal, es sumamente grave”.“Lo que estamos viendo en Guatemala es un ataque político, pero orquestado desde el poder, utilizando herramientas judiciales. Aquí es un golpe de Estado lo que están tratando de hacer, pero como ya en América Latina no valen los cuartelazos, están utilizando a los jueces”, insiste Balsells.“Arévalo ya fue oficializado”Varios expertos indican que la suspensión del partido implica que los 23 diputados del Movimiento Semilla ya no podrán participar en comisiones legislativas. ¿Afectará esta decisión al presidente Bernardo Arévalo para gobernar?“Obviamente eso es lo que tratan ellos de afectar, de confundir. Lo que existe muchísimo en Guatemala es un deseo por confundir a una población, y recordemos que buena parte de la población guatemalteca no tiene la escolaridad mínima. Pero el presidente Bernardo Arévalo, incluso ya fue oficializado por la autoridad electoral y ya no hay nada que hacer ahí”, contesta el experto en Derecho Constitucional.El partido Semilla del presidente electo impugnó la decisión del tribunal electoral. Por su parte, la Organización de Estados Americanos estima que la suspensión del partido se da "sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado".

Los profesores chilenos piden que el Estado salde con ellos una deuda que entienden que fue contraída en los años 80, cuando hubo un aumento general de los sueldos de los trabajadores públicos que no llegó al sector de la educación por falta de recursos. El Gobierno de Boric ha presentado propuestas para financiarla con impuestos a los ricos y el sector minero que de momento no han prosperado.  En 1981, el Estado chileno delegó el manejo de los colegios a los municipios. Sin embargo, las autoridades locales no aplicaron los aumentos salariales previstos por la ley por falta de recursos. Decenas de miles de docentes quedaron entonces perjudicados con sueldos bajos y pensiones miserables de alrededor de 200 dólares. Reparar esta deuda es una de las ocho reivindicaciones del movimiento de docentes chilenos.Carlos Díaz Merchant, líder del colegio de docentes de Chile, detalla estas demandas: “La deuda histórica es una situación que sufrieron en el año 81 los profesores cuando se produjo el traspaso desde los colegios del estado a los municipios. En ese momento se produjo un aumento salarial importante para todos los trabajadores del sector público, pero a los profesores ese aumento no se les otorgó”.“Por lo tanto – continúa -, queda una deuda que se mantiene con estos profesores. Inicialmente eran más de 100.000, hoy quedan 60.000. Están identificados, pero desde el año 81 no se les ha pagado esa bonificación, ese aumento salarial, que en su momento operó para todo el sector público, incluidas las Fuerzas Armadas. Hoy en día estamos pidiendo la reparación de la deuda, no el pago íntegro, porque es una cifra muy grande, pero por lo menos una reparación a la deuda”.El problema de financiaciónLas reivindicaciones que sometieron al ministro de educación incluyen también un cambio al modelo de financiamiento de la educación en Chile. ¿Por qué?“Aquí tenemos es el sistema de financiamiento por ‘vouchers’ en el que el Estado no se hace cargo, sino que entrega a privados recursos para que operen la educación, o en su defecto a municipios”, explica Díaz Merchant.El profesor pide que el Estado se involucre más: “Indudablemente nos parece que debemos avanzar a un sistema de financiamiento basal en el que el Estado se haga cargo de financiar la educación para todas y todos, porque hoy en día el problema que tenemos es que el financiamiento de la educación tiene en el abandono a la educación pública, porque no llegan los recursos y no están las posibilidades de arreglar los establecimientos educacionales y porque en definitiva no hay las condiciones mínimas garantizadas para que se pueda desarrollar la educación que los estudiantes se merecen”.Leer tambiénProfesores marchan en Chile para reclamar millonaria deuda con la educación públicaEl Colegio de Docentes de Chile también pide instaurar la jornada escolar completa, así como un plan para acabar con la violencia en los colegios.En marzo pasado la oposición rechazó una reforma fiscal del presidente de izquierda Gabriel Boric que buscaba aumentar los impuestos a los más ricos y al sector minero. Sin esos recursos adicionales, el Gobierno careció de financiación suficiente para cumplir con la promesa del presidente de saldar la deuda del estado con los docentes chilenos. Pero el mandatario insiste y presentará una nueva propuesta.

Es muy probable que el próximo año México proclame por primera vez a una mujer al frente de la Presidencia de su gobierno. Las encuestas y la recta final de la precampaña en los dos partidos mayoritarios así lo apuntan, ya que del lado oficialista la exalcaldesa de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, toma una ligera ventaja, mientras que del lado opositor la favorita es la senadora Xóchitl Gálvez. La recta final de las precampañas presidenciales en México empieza esta semana para el oficialismo y la oposición con un resultado que parece previsible: las elegidas de aquí al 6 de septiembre serán mujeres.Claudia Sheinbaum, de 61 años, es la favorita junto con el excanciller Marcelo Ebrard en la carrera por la postulación presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda nacionalista), que ocupa el poder desde 2018.Del lado opositor, la senadora derechista Xóchitl Gálvez es la favorita en la encuesta que la confronta con otra mujer, Beatriz Paredes, del partido -antes hegemónico- PRI. De ascendencia indígena otomí y de origen popular, Gálvez recibió el apoyo de un pilar del partido derechista PAN, Santiago Creel, también precandidato que declinó a su favor.“Cambio en los patrones de conducta y percepción”Sin embargo, no será la primera vez que una mujer de este país se presente a las elecciones generales, explica a RFI Ricardo de la Peña, secretario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE): “Ya había habido candidatas a la Presidencia de la República desde tiempo atrás, en 1994 Celia Soto, en 2012 Josefina Vázquez Mota. De forma tal que la presencia de mujeres a nivel de candidatura a la Presidencia no es algo extraño. Lo que sí es extraño es que esta vez pareciera que las principales contendientes serán mujeres, muy factiblemente, y que es posible que para el 2024 haya una primera presidenta de la República”, detalla.Según De la Peña, esto “forma parte de un cambio en los patrones de conducta y de percepción de la relación entre géneros por parte de la sociedad mexicana. Y forma parte de un recambio de cultura que participa de un proceso a nivel mundial”.“No es previsible una elección muy abierta”En el caso de que tanto Gálvez como Sheinbaum sean las elegidas por sus grupos políticos, se divisaría un confrontamiento muy reñido durante la campaña electoral como lo anuncian las encuestas.“En principio, las mediciones más serias muestran una condición relativamente cerrada entre Morena y sus aliados, y lo que es el bloque opositor que hoy día conforma el Frente Amplio por México. De manera tal que no es previsible una elección muy abierta y en todo caso, el resultado final va a depender de factores y de sucesos que están por el momento fuera de cualquier capacidad predictiva”, subraya Ricardo de la Peña.Para conocer al candidato a la presidencia de Morena habrá que esperar al 6 de septiembre, mientras que del lado opositor se conocerá tan sólo tres días antes. 

Guatemala ha reforzado la seguridad del presidente electo del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y su dupla, la vicepresidenta Karin Herrera. RFI habló con el abogado del partido Semilla sobre las amenazas y las medidas cautelares para protegerlos. La Comisión Interamericana de DDHH pidió medidas cautelares y el Gobierno de Guatemala anunció que refuerza el círculo de seguridad. Guatemala ha reforzado la seguridad del presidente electo del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y su dupla, la vicepresidenta Karin Herrera, ganadores de las elecciones con el 58% de los votos. Y es que se han descubierto presuntos planes para eliminarlos, según anunció el gobierno. RFI habló con el abogado del partido Semilla sobre las amenazas y las medidas cautelares para protegerlos. La primera alerta se dio el 20 de agosto, después de que se descubrieran supuestos planes para atentar contra Arévalo y Herrera. La segunda se dio en el marco de una investigación a bandas criminales gracias a las escuchas que estaba haciendo la policía. El abogado del Movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero ha recalcado en la antena de RFI: "Sobre el primer caso no tenemos acceso a mayor información soibre quién podría ser el autor; pero en el segundo caso sí sabemos que hubo una estructura criminal que también está bajo investigación por parte del ministerio público a través de la fiscalía correspondiente. Ellos ya estaban investigando por otro hecho relacionado con la estorsión a una empresa y así es como llegaron a la información sobre un posible atentado contra el binomio presidencial". La Comisión Interamericana de DDHH pidió medidas cautelares y el Gobierno de Guatemala anunció que refuerza el círculo de seguridad. "Ya hemos establecido un programa para establecer los círculos de seguridad. Ahora se van a fortalecer esos círculos" subraya Juan Gerardo Guerrero. Estas amenazas se añaden a un panorama complicado por las acciones del Fiscal Rafael Curruchiche que mantiene abierta una investigación contra el partido ganador por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su conformación en 2017. "Estamos convencidos que la legitimidad que nos otorgó 2.441.661 ciudadanos nos da la fortaleza para asumir el 14 de enero la presidencia" dice Juan Gerardo Guerrero, abogado del partido Semilla de Guatemala.

Entrevistamos a Jimmy Guevara, comunicador social nicaragüense exiliado en Costa Rica, sobre la decisión del régimen de Ortega de cancelar la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús, con lo que todos los bienes de los jesuitas en ese país pasan al Estado. También fue confiscada la Universidad Centroamericana por acusaciones de "terrorismo".  Todos los bienes de los jesuitas en Nicaragua han pasado a manos del Estado, incluyendo la emblemática Universidad Centroamericana de Managua (UCA) que era gestionada por la orden católica. En la UCA, ha estudiado una buena parte de la élite nicaragüense, incluida la sandinista. Para muchos, se trata de una estocada mortal a uno de los bastiones del libre pensamiento."Perder la UCA es perder uno de los últimos bastiones de conciencia que quedaban en Nicaragua", dijo a RFI Jimmy Guevara, graduado en Comunicación Social en esa universidad."En Nicaragua, la educación está controlada mayoritariamente por la dictadura. Las escuelas privadas, los colegios privados, las universidades privadas como la UCA, eran los últimos centros donde uno podía recibir una educación sin adoctrinamiento", afirma Guevara, quien se encuentra exiliado desde hace cinco años en Costa Rica.A los estudiantes matriculados en la Universidad Centroamericana les quedan pocas opciones, explica. "Se les ha dicho que continúen bajo el nuevo mandato de la universidad, la cual va a tener nuevos rectores. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes no están de acuerdo en quedarse. Muchos han intentado ir a otras universidades, por ejemplo, la Universidad Americana", precisa Jimmy Guevara, director del medio Criterios.El problema es que "la dictadura mandó a decir a esas otras universidades que se les prohibía matricular a los estudiantes de la UCA. Por eso, la única opción que están dando a los estudiantes matriculados en la UCA es regresar a la universidad que tomó la dictadura o quedarse sin estudiar".¿Cómo analiza Jimmy Guevara lo que ha hecho el régimen nicaragüense con la UCA?"Es una embestida (de las autoridades nicaragüenses) contra toda la juventud y contra las personas que, de alguna manera, piensan que hay que cambiar las cosas y rebelarse dentro de Nicaragua. También es un ataque directo hacia la Iglesia, lo cual no es nuevo. Aquí en Nicaragua tenemos a un monseñor preso, Rolando Álvarez. Es un ataque directo también a la Iglesia católica", sostiene.Jimmy Guevara no descarta que la confiscación de esta universidad esté motivada asimismo por razones materiales. El régimen estaría "buscando de alguna forma oxígeno económico", es decir, "robarse las propiedades privadas, confiscarlas y luego venderlas". Según él, ya se ha visto que las autoridades venden las propiedades que han confiscado. "Seguramente esto es como una forma que ellos encontraron para tener un respiro económico".

En entrevista con nuestra emisora, el candidato derechista a la silla presidencia ecuatoriana, explicó que, de ser electo, el principal objetivo de su gobierno será luchar contra el desempleo en su país. Daniel Noboa habla con seguridad y con voz fresca. Tiene apenas 35 años y podría convertirse en el presidente más joven en la historia de Ecuador. Ha tenido un ascenso espectacular en los comicios presidenciales, logrando un sorpresivo segundo lugar en las elecciones del pasado domingo.Tras asegurar haber sido víctima de un atentado con disparos, se enfrentará a la candidata del correísmo, la izquierdista Luisa González, en la segunda vuelta, prevista el próximo 15 de octubre.Daniel Noboa es casi un desconocido en política, aunque proviene de una familia con trayectoria: es hijo del ex candidato a la presidencia Alvaro Noboa, y nieto de Luis Noboa Naranjo, uno de los empresarios más importantes del país.En esta entrevista, contó a RFI que su principal preocupación, de ser electo presidente, es reactivar el empleo seguro en su país, donde están en proceso de cierre 40.000 de las 184.000 empresas que existían hace un año: Explica también el apoyo obtenido por parte de los jóvenes y de las mujeres ecuatorianos, quienes votaron mayoritariamente por él.

En Bolivia, el divorcio entre el presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales, parece ya irreversible. El Movimiento al Socialismo (MAS) debe decidir qué candidato presenta para los comicios de 2025 y la fractura no hace más que ahondarse día tras día entre estos dos ex aliados que quieren repetir en la Presidencia. La situación podría incluso desembocar en dos Congresos y en dos candidatos. No es un fenómeno nuevo en América Latina: un presidente escoge a su sucesor, lo aúpa y, una vez instalado en el poder, se convierte en su principal rival. Ocurrió en Colombia, entre Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos; en Ecuador, entre Rafael Correa y Lenín Moreno; y ahora se repite el guión en Bolivia, entre el presidente Luis Arce y el exmandatario y líder del MAS, Evo Morales. Y eso que Arce fue ministro de Economía de Morales del 2006 al 2017 y es presentado como el padre del milagro económico boliviano.¿Por qué ahora hay esta fractura? Para entender esta pugna entre estos dos sectores del MAS hay que remontarse a la elección de Arce como presidente en 2020 en medio de la crisis política que estaba viviendo Bolivia.“Todo el movimiento al socialismo sabía que Luis Arce simplemente era un candidato de emergencia que posteriormente, pasado el mandato del 2025, Evo Morales iba a retornar a la presidencia de Bolivia”, explica Gabriel Villalba Pérez, Director del Centro de Estudios Geopolíticos CENAC de Bolivia.“Ese es el principal óbice que se encuentra actualmente en el movimiento al socialismo, porque el presidente Luis Arce y todo su equipo de la mano, fundamentalmente de David Choquehuanca, asumen que ellos podrían repostularse con las siglas del movimiento al socialismo y ellos podrían continuar pasado el 2025 una gestión más”, agrega.Esto podría desembocar en una escisión del MAS que se está cristalizando en acusaciones entre lo que el analista llama MAS orgánico y MAS burocrático, incluso con enfrentamientos como pudimos ver el fin de semana pasado durante el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia: 450 heridos y dos directivas, una reconocida por el gobierno y otra por Morales. Ante este panorama, ya se habla de una tercera vía, la que podría representar Andrónico Rodríguez de 34 años, sindicalista cocalero y presidente de Senadores. “Creo que Andrónico Rodríguez va a ser el presidente de Bolivia, pero no el 2025. Creo que le falta una madurez política que todavía no está consiguiendo. Él es bastante joven y los espacios donde le ha tocado estar la presidencia de la Cámara de Senadores no ha sido del todo gratificante para que se siga fortaleciendo su liderazgo político a nivel nacional”, estima Villalba Pérez.“Sin lugar a dudas es un personaje muy importante de la política boliviana. El futuro del proceso de cambio me animaría a decir, pero creo yo que le debe también muchísimo a Evo Morales, porque es el vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba puesto en ese cargo justamente por Evo Morales. Podríamos decir el pupilo de Evo Morales en una construcción de evolución de ese sujeto histórico indígena, originario y campesino, que sin lugar a dudas tiene que cohesionar mucho más al ámbito rural con el ámbito urbano. Y esa va a ser su ganancia”, concluye el director del CENAC.

El diputado del Movimiento Semilla Samuel Pérez explicó a RFI las razones del triunfo de Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, así como el inmenso desafío que significa 'recuperar un Estado' que ha caído en manos de 'un grupo de criminales'.  Tras romper todos los pronósticos, Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, pasó a la segunda vuelta y venció a la ex primera dama de la Nación, Sandra Torres. Arévalo, quien a escasos 20 días de las elecciones solo contaba con un 2% de las intenciones de voto, fue elegido presidente con el 58% frente al 37% de su rival. Este resultado causó sorpresa inclusive en las propias filas del movimiento."Trabajamos para alcanzar un resultado favorable. Sin embargo, esta diferencia no es algo que teníamos proyectado. Me parece que nadie esperaba este resultado", dijo a RFI el diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez.Las claves del éxito de la candidatura de Arévalo son, entre otras, "el hostigamiento de parte del Ministerio Público en medio de un régimen de corrupción e impunidad que nunca antes se había visto en Guatemala. Semilla es un partido completamente diferente, con un proyecto pensado para construir un futuro en donde quepa todo el mundo. La otra razón es que la juventud se volcó masivamente para apoyar a Semilla. Hicieron un trabajo de militancia sin ser afiliados o afiliadas al partido. Esto fue una clave fundamental", sostiene Samuel Pérez.El Movimiento Semilla es progresista y Guatemala es un país de mayoría conservadora y de tradición gobernante de derecha. ¿Qué piensa de esto el diputado guatemalteco?"En realidad, nunca nos enfrentamos a una batalla ideológica, sino contra un grupo de criminales que tiene capturado el Estado. Ese Estado tenemos que empezar a recuperarlo para que las instituciones empiecen a funcionar a favor del pueblo. Este régimen de corrupción no le da resultados absolutamente a nadie más que a ellos mismos. Ellos son un pequeño grupo que tiene que legitimarse, además, a partir de la fuerza y la represión, en lugar de hacerlo a partir de resultados sociales", arguye el diputado Samuel Pérez.Sobre la primera impronta que aspira dejar el Movimiento Semilla, el diputado Samuel Pérez no duda en decir que es "combatir la corrupción". Un proceso que, según él, "no pasa solamente por reformas institucionales y medidas de políticas públicas, sino también por decisiones políticas. Mucho de lo que sucede con respecto a la corrupción en Guatemala es porque tiene el aval o el consentimiento de los presidentes de turno. Ellos se roban el dinero del pueblo y se lo dan a sus diputados, a sus financistas, mediante plazas en los ministerios, proyectos, contratos con el Estado o dinero en efectivo bajo la mesa. Un dinero que es del pueblo de Guatemala", concluye Pérez.Bernardo Arévalo asumirá el cargo de presidente el 14 de enero de 2024.

Hace un año, los pandilleros tomaron el barrio de Village de Dieux (Pueblo de Dios), a un paso de Carrefour-Feuille, el barrio que ha sido atacado esta semana al norte de la capital de Haití. Hasta el momento las fuerzas policiacas no han dado ninguna respuesta para lo que ha sucedido en estos dos barrios. Los pandilleros aprovechan la fragilidad del gobierno para expandir su territorio.   “Escuché a los pandilleros entrar a la casa de los vecinos, violarlos y matarlos” cuenta aterrado un habitante de Carrefour-Feuille, el barrio que ha sido atacado en las últimas semanas por los pandilleros de Gran Ravine.“Saquearon las viviendas, y a lo que no podían llevarse, le prendían fuego. ¡Imagínese! Mi hijo de nueve años ha sido testigo de esas escenas. Estará traumatizado el resto de su vida. Yo mismo estoy traumatizado. Me pregunto si debo ver a un especialista, porque me estoy volviendo loco”.  Como este hombre, quien por razones de seguridad se guarda el anonimato, otros habitantes del norte de Puerto Príncipe, son víctimas de los ataques y matanzas, algunos han logrado esconder a sus familias mientras ellos defienden sus casas sin ninguna ayuda. Muchos acusan al gobierno de dejarlos a merced de las bandas criminales.“Las autoridades nos entregan a esta carnicería. En las noches no podemos dormir. Los criminales atacan a la gente, a las ancianas, a las embarazadas, a los niños. Retroceden sólo cuando no tienen municiones. Es el caos total", contó a RFI otro habitante, cuyo anonimato también es asegurado por seguridad.  Un gobierno sin gobierno Según un primer balance de organizaciones de defensa de derechos humanos en Haití, al menos 10 mil habitantes han huido de esta barriada ante el avance de las bandas armadas. Pero no es la primera vez que un éxodo así ocurre en Puerto Príncipe. De acuerdo con Joseph Harold Pierre, economista y politólogo haitiano, el mismo fenómeno sucedió hace un año, en el Village de Dieu,  donde “más de 30 000 perosnas en menos de un mes tuvieron que abandonar sus hogares por esa misma situación”, dijo a RFI.El politólogo precisó que las autoridades no han podido entrar hasta ahora al Village de Dieu, lo que lo convierte en el primer barrio a completa merced de los criminales, y dada su cercanía con Carrefour-Feuille, era evidente que los pandilleros expandieran su territorio hacia este barrio, del cual han sido expulsados unos 5 000 habitantes.“Las personas que huyeron de Carrefour-Feuille están ahora en las calles, en las casas de amigos, en la intemperie. Y el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Nunca ha dado respuesta”, expresó Harold Pierre, escéptico de que el gobierno vaya a tomar medidas.Haití, el país más pobre de América, ha estado sumido desde hace años en una crisis económica, política y de seguridad, agravada por la violencia de las pandillas criminales que dominan áreas del país. Las estrevistas fueron realizadas por Stefanie Schüler y Carlos Pizarro

RFI entrevistó a David Saucedo, analista de seguridad en México, sobre el hallazgo de los restos de cuatro personas en una finca del estado de Jalisco durante las pesquisas para localizar a cinco jóvenes desaparecidos cuyo cautiverio y probable asesinato fue difundido en violentas imágenes que han conmocionado al país. Los restos óseos y los cuatro cráneos con huellas de calcinación hallados no permiten determinar los rasgos físicos, la edad y el sexo de las víctimas. La Fiscalía del estado de Jalisco informó que los investigadores forenses trabajan para identificarlas.Se sospecha que pueda tratarse de los restos de un grupo de jóvenes de entre 19 y 22 años que desapareció en la localidad de Lagos de Moreno el viernes 11 de agosto. Según testimonios, son amigos desde la infancia. El padre de uno de ellos reconoció que los restos encontrados podrían pertenecer a su hijo y sus compañeros, pero prefiere aguardar el informe de las autoridades.El analista en seguridad David Saucedo dijo a RFI que este caso "seguramente se dio en el contexto de un reclutamiento forzado durante el cual los obligaron asesinar a sus propios compañeros. En México, sabemos desde hace tiempo que el Cártel de Jalisco Nueva Generación, para fortalecer una especie de 'muralla' que trata de levantar para impedir que el Cártel de Sinaloa avance hacia su vasto imperio, ha estado reclutando y contratando jóvenes. Su propósito es incorporarlos a su red de sicarios. Para ello tienen centros de entrenamiento donde los obligan a cometer un acto atroz. Éste suele ser un asesinato o bien la ingesta de carne humana. Esto lo han contado los propios reclutas que han logrado escapar de esos centros del Cártel Jalisco Nueva Generación". Estos asesinatos han recordado a muchos mexicanos el caso de tres estudiantes de cine, ocurrido también en el estado de Jalisco, que fueron hallados muertos en 2018. En su momento, ese hecho causó una conmoción tan grande como la que se está produciéndose hoy.David Saucedo subraya a este respecto que "es una conducta sistemática del Cártel Jalisco Nueva Generación el secuestro de jóvenes de entre 15 y 25 años. En ese caso, los jóvenes eran, efectivamente, estudiantes de cine. Todo parece indicar, de acuerdo con las últimas investigaciones, que ellos fueron confundidos. Fueron reclutados en un centro de llamadas y llevados con engaños para su incorporación en una red de seguridad privada. Les prometieron un empleo de alto salario con todas las prestaciones. Todo ello mediante engaños. Fueron llevados a lo que era, en realidad, un centro de reclutamiento de ese cártel".  Conmoción por difusión de imágenes En el caso reciente de los cinco jóvenes desaparecidos, existe una imagen y un video de ellos que fueron difundidos en redes sociales. En la fotografía se observa a los cinco jóvenes arrodillados y maniatados. En el video se ve el momento en el que uno de ellos es atado con un objeto contundente y un cuchillo cerca de otros cuerpos que yacen en el suelo.Sobre el impacto de estas imágenes, David Saucedo recalca el hecho de que "fue la opinión pública, los medios de comunicación, los que finalmente generaron la presión suficiente para que hubiera una reacción por parte de las autoridades estatales y federales, pues éstas se habían mantenido omisas. Empezaron a circular videos en redes sociales en donde se les ve sometidos, maniatados, hincados. Incluso uno de ellos se le proporciona un machete y con ese machete decapita a uno de sus compañeros. Solamente cuando estas imágenes circularon en redes sociales las autoridades se pusieron a la obra".Hace poco, el gobernador del Estado de Jalisco dijo que prohibía las investigaciones de la policía local por un ataque que se había producido precisamente contra cuerpos de seguridad de ese estado. ¿Cómo interpretar esta instrucción?"Sí, es una actitud un poco extraña del gobernador de Jalisco estar solicitando de manera insistente que sea el gobierno federal el que se haga cargo de la seguridad de su propio Estado. En México, las soluciones que se dan en materia de seguridad tienen que ser soluciones locales, evidentemente con el respaldo del gobierno federal. La alta violencia homicida que se vive en Jalisco se debe en parte a esa actitud distante que ha tenido su gobernador en la atención de los delitos de alto impacto, específicamente, el crecimiento de las mafias criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su nombre, justamente, porque su cuartel principal se encuentra en el estado de Jalisco, es decir, esta organización criminal liderada por Nemesio Ceguera, alias El Mencho, ha crecido y florecido justo bajo el sexenio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Es gracias a la actitud de brazos caídos del gobernador Alfaro que ha germinado este grupo y que está rivalizando a nivel nacional con el cartel de Sinaloa".

El Canal de Panamá, una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, padece el impacto del cambio climático.  Los buques comerciales se enfrentan a largas colas y retrasos para atravesar el Canal debido a una prolongada sequía en el país centroamericano agravada por el fenómeno del Niño. Bordeado al oeste por el océano Pacífico y al este por el mar Caribe, y atravesado de sur a norte por un canal donde transita el 6% del comercio marítimo mundial, Panamá depende esencialmente del agua. La crisis climática se ensaña con el líquido precioso. Lluvias diluvianas o sequías extremas traen nefastos impactos para la economía y la vida del país. “El cambio climático definitivamente llegó para quedarse, estamos viendo eventos cada vez más continuos, más extensos, y más intensos también en su efecto. Este año estamos viendo un pronóstico del Niño, que es de escasez de lluvia, que ya inició realmente y se va a conectar con la próxima estación seca. Vamos a tener un Niño mucho más extremo e intenso que lo que hemos tenido en años anteriores”, explicó a RFI Oscar Vallarino, biólogo marino que trabajó durante 20 años en el Canal de Panamá.“¿Por qué? -prosigue-. En estos momentos estamos supuestamente en época de lluvias, que es cuando el canal aprovecha para llenar los lagosm para tenerlos a su máximo nivel operativo. Es de 27 metros en el lago Gatún, que es por donde transitan los buques en diciembre. Así, cuando comienza la temporada seca en enero, los lagos esta llenos y se pueden administrar y pasar la temporada seca sin tener que hacer restricción de calado”.La actual situación ha llevado a los gestores del Canal de Panamá a reformular la logística para adecuarse a la escasez de agua: “En este momento el canal está tomando varias medidas para poder lograr optimizar y ahorrar agua. Han reducido el número de buques que transitan por el canal, lo han bajado a 32 buques por día”.Además, deberán portar menos carga para facilitar la flotabilidad: “Eso además dando una restricción de calado. Entonces los buques que vienen ahora posiblemente no pueden pasar totalmente cargados y tienen que descargar y mandar esos contenedores por tren o por camiones”, continúa Vallarino, quien advierte de que en con las actuales condiciones, las medidas deberían mantenerse unos 10 meses.El exceso de agua también causa problemasMás del 50% de agua potable que consumen los panameños viene de las aguas crudas de los lagos que administra y opera el Canal. Las lluvias extremas e inundaciones, consecuencia del cambio climático, terminan por dejar sin agua potable al país, tal como ocurrió en 2010. “Llegó el momento que el Canal tuvo que abrir todas las compuertas de los embalses para dejar que el agua fluyera hacia el mar, porque seguía lloviendo y no había ya forma de seguir embalsando esa enorme cantidad de agua”, aclara nuestro invitado.“Como hubo extensas lluvias, ocurrió lo opuesto, el lago Alajuela se llenó de turbiedad porque la lluvia produjo muchos sedimentos de los lados del lago. Se requirieron varios días antes de que se pudieran bajar los niveles de turbiedad en la potabilizadora de Chilibre para dar agua potable. Hubo mucha restricción de agua potable en las ciudades”“El cambio climático afecta en ambas vías. Si hay mucha agua, no es bueno y si hay escasez de agua tampoco lo es”, concluye. La autoridad del Canal de Panamá afirma que la gravedad de la sequía que enfrenta actualmente no tiene precedentes históricos, ni siquiera es comparable con la última sequía de 2019 y 2020. 

Hubo 951 líderes populares y 317 excombatientes firmantes de la paz asesinados en seis años de paz. Estos números y las historias que están detrás aparecen en el informe “Reclamar y morir: exterminio de liderazgo social de base en Colombia 2016 2022”, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep-Programa por la Paz). RFI entrevistó a los autores del estudio, Claudia Bahamon, abogada, y Carlos Garaviz, filósofo. RFI: Ustedes son investigadores sociales del Banco de datos en derechos humanos y violencia del  Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y coautores de este informe, cuyas cifras de homicidios son tan altas como el grado de impunidad que los rodea… Claudia Bahamon (CB):  Las cifras de impunidad son altísimas, casi el 90% de los casos que llegan a la justicia, porque claramente no todos llegan pues uno de los grandes inconvenientes es que la mayoría de presuntos responsables están en el anonimato. Pero también está el segundo problema, y es que no se cuenta con una confianza en la institucionalidad. Y esto también influye en que los índices de impunidad sean altísimos, que se continúe eso que llamamos la 'guerra sucia', precisamente porque se perpetúan los hechos y no se tiene juridico resultado alguno. ¿No hay un perfil de los agresores?CB: La mayoría de casos, como se ve en el documento, son hombres armados, encapuchados, que se movilizaban en motocicleta, personas sin identificar… De los 951 casos de asesinatos a líderes y lideresas, 682 no ceuntan con información de los presuntos responsables. En los casos restantes, los responsables son el Estado colombiano, a través de la fuerza pública, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, y también grupos de guerrilla y paramilitares. La investigación también reporta 128 agresiones como una forma de represalia contra los familiares de estos líderes y exguerrilleros. Carlos Garaviz (CG): En últimos quizás cinco años esto se ha venido disparando en relación con las familias como una manera de intimidar y de decirle a los líderes, pero sobre todo a los excombatientes y a sus familiares: 'ojo con los que se vayan a meter a X o Y grupo porque les puede pasar esto'. Y es un hecho muy grave porque afecta el derecho internacional humanitario y además horroriza el conflicto que vivimos, pues una cosa es la libre personalidad del combatiente que decide tomar armas y otra cosa es el familiar que no está metido en armas. Entonces se degrada el conflicto de por sí. ¿Hay un perfil específico de estos 317 excombatientes de la guerrilla de las FARC que le cumplieron a la paz, que firmaron el acuerdo y que han sido asesinados? CG: Hay dos hechos. Uno es que desde que se dio el proceso de paz el 24 noviembre del 2016, que fue la última rectificación del acuerdo, se desintegró la guerrilla. Por un lado, están en los que se acogieron al proceso y, por otro, los que no se acogieron, que son los que llamamos disidencias. Este nuevo grupo de disidencias empezó a presionar a aquellos que siguieron la vida civil y no optaron por las armas y que, por no hacerlo, los fueron amenazando y asesinando. Muchos de estos asesinatos tienen una característica y es que son a líderes en sus territorios. Algunos quisieron montar, por ejemplo, microempresas y tenían un liderazgo en ese sentido y eran las cabezas visibles de estos centros donde el Gobierno los acomodó. Y algunos, incluso, eran líderes sociales también en sus zonas rurales, presidentes de Junta de acción comunal, o no necesariamente de Junta de acción comunal, sino que tenían un liderazgo propio por su formación. Es decir, las víctimas son implementadores de la paz, tanto aquellos que han sido excombatientes como aquellos que no han estado en una guerrilla, pero que están a la cabeza de procesos sociales para sus comunidades sobre la base de la implementación del acuerdo de paz… CB: Parte de acabar con los procesos y con las voces de los liderazgos sociales es exterminar los procesos de base, es exterminar  todos aquellos impulsos y  lo que ya se está desarrollado en la lucha por los territorios, en la lucha por la igualdad, en la lucha por tener una perspectiva desde lo territorial, desde las comunidades étnicas, campesinas, negras y, precisamente, es buscar que no se pueda continuar con estos procesos organizativos. En la investigación no solo hablamos de asesinatos, sino también hablamos de los atentados y de  amenazas queson una clara señal del enfrentamiento directo y total a estos procesos de base por los que tantos años han luchado quienes vieron en el acuerdo de paz  una posibilidad de desarrollar sus acciones y emprender otras en sus territorios. CG: En últimas, con el fin de querer acallar su liderazgo en la región y que se vayan de la misma para que no molesten a los industriales o a los dueños de la tierra donde precisamente esos líderes están protestando. El informe de ustedes reclamar y morir también da cuenta de líderes y de lideresas que han sobrevivido a los ataques, pero que son víctimas de mutilaciones, pérdidas de órganos, heridas, disfunciones orgánicas y traumatismos y, además, 36 casos confirmados de desaparición forzada en estos 6 años de paz.  

Reputada como un paraíso, Hawái se convirtió en un infierno a causa del incendio que arrasó la localidad de Lahaina, en la isla de Maui, causando al menos un centenar de muertos, si bien las autoridades temen que la cifra se pueda triplicar. RFI recogió el testimonio de dos habitantes sobre lo que espera a los sobrevivientes, en particular, a los migrantes latinoamericanos.    El guatemalteco Roland Monzón se encontraba en Hawái por motivos familiares cuando ocurrió la tragedia. "Ese día tuvimos aquí vientos de unos 50 kilómetros por hora. Yo salí a caminar un poco ese día y el viento me empujaba. Esos vientos fueron los que provocaron que el incendio fuera mucho más grande en toda el área de Maui. Además, como hay mucha madera, el bosque y los techos, también muchas estructuras de madera, el fuego se propagó muy rápido. La gente trató de huir, algunos se lanzaron al agua y otros tomaron sus vehículos. Algunos tuvieron que bajarse de los vehículos y trataron de escapar como pudieron", dijo Monzón a RFI.La comunicación con Maui es ahora mismo imposible, a no ser a través de los militares o por la ayuda de urgencia. Monzón precisa que "el acceso para turistas y para los ‘no locales’ está efectivamente cerrado. No se puede entrar a la ciudad de Lahaina. Mucha gente que está buscando a sus familiares desaparecidos tiene que hacer cola afuera. Las autoridades los tienen varados ahí, no los dejan pasar, pero ellos no se quieren retirar e insisten en buscar a sus seres queridos", explica.Según las autoridades del condado de Maui, las llamas destruyeron más de 2700 inmuebles en la región occidental de la isla, en su mayoría residencias. Esto representa el 87% de los hogares. Por eso, la prioridad de los voluntarios y las ONG es asistir y dar cobijo a los miles de desplazados, entre ellos, a los inmigrantes.Alejandra Guadalupe Ramírez, originaria de Lahaina, presta ayuda a varios de ellos procedentes de América Latina. "Mucha gente de Lahaina trabajaba en los hoteles y los restaurantes. Todos ellos se quedaron sin nada, perdieron sus casas, sus empleos y todo su dinero. Lo peor de todo es que no tienen pasaportes ni cualquier otro tipo de documento de identificación para poder irse de la isla. Están bloqueados. Ahora estamos tratando de conseguir dinero para esos inmigrantes, pues ellos no van a poder aplicar a las ayudas del gobierno. Cuando yo fui al voluntariado el primer día, conocí a una familia de cubanos. También hay argentinos, mexicanos, guatemaltecos, hay de todo. Uno de los problemas más grandes que estamos viendo es que los consulados no quieren venir a Maui, no quieren venir porque piensan que es peligroso. Eso es muy triste", subraya.Las autoridades han lanzado varias investigaciones para descubrir por qué no hubo sirenas que alertaran a la gente del peligro o por qué la compañía eléctrica no cortó la corriente a tiempo. Estos incendios son los más letales del último siglo en Estados Unidos.

A principios de agosto, el gobierno cubano lanzó su “Programa para la bancarización del país”, con el cual pretende incentivar las trasferencias electrónicas para así reducir el uso de efectivo. Estrategia moderna, pero la población cubana, acostumbrada a salir con bolsas llenas de billetes para pagar sus cuentas, desconfía del funcionamiento de la bancarización dadas las deficientes infraestructuras, la falta de educación financiera y la escasez de modernos celulares entre los habitantes. Incluir a Cuba en la economía electrónica es uno de los nuevos objetivos del gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de acuerdo con un comunicado. Con esta estrategia, se podría también aliviar la presión sobre los bancos, donde son normales las largas colas de personas esperando para poder sacar su dinero, y se podrá tener un mayor control de las transacciones. El Banco Central de Cuba ha dado un plazo de seis meses para crear las condiciones necesarias para esta bancarización.Y aunque esta acción es positiva teóricamente, el economista cubano Omar Everleny, contribuidor principal a Horizonte Cubano, explicó a RFI que la Isla no está preparada para un cambio tan rápido debido a la deficiente infraestructura técnica. “Es un proceso en el que Cuba está atrasado desde hace mucho tiempo. Las personas no usan las tarjetas para los pagos”, aseguró Everleny. “Muchos locales no tienen terminales para utilizarlas”.Además de dicho impedimento material, el economista cubano asegura que una parte de la población cubana carece de educación financiera pues, “la población cubana está envejecida, no todo el mundo sabe usar las tarjetas y, sobre todo, los Smartphone (teléfonos celulares)”, necesarios para este tipo de transferencias. “No todo el mundo tiene un buen teléfono”.Everleny destacó que dicha estrategia financiera “no se puede hacer por decreto, aunque teóricamente bancarizar es muy bueno porque puedes realizar todas las transacciones por vías electrónicas”.Desde que el gobierno implementó una reforma monetaria en enero de 2021, cada vez es más común que los cubanos lleven consigo fajos de billetes en bolsas o mochilas para pagar una simple cuenta de restaurante o un servicio en un taller mecánico.Controlar el efectivo"Hay hoy un nivel de efectivo importante que está fuera del sistema bancario. Ese dinero no circula en los circuitos lógicos de la economía y solamente se transa entre personas naturales", explicó el lunes Joaquín Alonso, presidente del Banco Central, en un programa de la televisión estatal.No obstante, limitar el flujo de efectivo puede tener un impacto en la producción de bienes, ya que las empresas no podrán importar los elementos necesarios para ello, principalmente las pequeñas y medianas empresas (PyMES), obligadas a utilizar dólares para este tipo de acciones.De acuerdo con Everleny, las autoridades cubanas no venden las divisas por canales oficiales a las PyMES, por lo cual tienen que adquirirlas “por la vía informal, y la vía informal te exige el pago en efectivo. Si tu presionas al privado para que no importe ahora porque no puedes sacar efectivo para comprar la divisa, [el privado] va disminuir las importaciones, y si disminuyen las importaciones disminuyen las producciones. Entonces en un mundo donde hay una escasez de productos no puedes tomar unas medidas que afecten la producción”, explicó.Leer tambiénCuba tiene que importar casi el 100% de sus alimentosIncentivar la educación financieraOmar Everleny considera que la bancarización sí puede funcionar, siempre y cuando no se imponga, y esté acompañada de estrategias para promoverla.  “¡Que no sea por decreto!”, exclamó.  “Mejor que si se paga la electricidad o el teléfono mediante una transacción, se obtenga un descuento”, puso como ejemplo.El gobierno cubano aceptó en un comunicado que lleva años de retraso en la bancarización y que aún es largo el camino para normalizar en la ciudadanía las transferencias electrónicas. “¿Qué actividades son las que más demanda la población y cuánto se ha avanzado en la bancarización de ellas?, ¿qué queda por bancarizar?, ¿qué servicios u ofertas se brindan sin que medie el efectivo?”, son algunas de las preguntas que se hace el gobierno cubano.

¿Por qué fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato segundo en intenciones de voto para las elecciones presidenciales de Ecuador? El ex periodista había imputado al Gobierno de Guillermo Lasso, pero también de Rafael Correa de estar infiltrados por el narcotráfico, apunta Diego Pérez Enríquez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos estudios nacionales de Ecuador. Este miércoles, Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, era asesinado a balazos mientras se retiraba de un acto de campaña. La investigación apunta a una ejecución por parte de sicarios.Los seis detenidos por el asesinato son colombianos, informó la policía de este país azotado por la violencia del narcotráfico. Un presunto atacante que murió tras un cruce de balas con agentes de la seguridad del experiodista es de la misma nacionalidad.Por otro lado,  Villavicencio había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña de parte del detenido líder del grupo Los Choneros, con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.Antiguo periodista, Villavicencio otorgaba un papel especial en su campaña la lucha contra la corrupción y la violencia de las bandas. ¿Por qué fue asesinado? Diego Pérez Enríquez es decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos estudios nacionales de Ecuador. “La razón por la que Fernando Villavicencio termina en el centro de este conflicto y este asesinato es que él se opuso muy abiertamente a las organizaciones criminales que habían penetrado el Gobierno. Fue muy explícito en mencionar que había una penetración del crimen organizado, del narcotráfico en el Gobierno actual, pero también en el Gobierno de Correa. De hecho, hay declaraciones de dos días antes de ayer que fue el asesinato en las que él incluso vinculaba a la policía. Señalaba que había una falta de acción de la policía, y él era muy explícito en estos términos, o de señalar los vínculos perversos del crimen organizado con el Estado”.Un asesinato con un objetivo claro, pero que también podría servir para hacer llegar un mensaje de miedo. No obstante, según Diego Pérez Enríquez, sin visos de provocar que los demás candidatos reculen en temas de seguridad, sino todo lo contrario. "Un mensaje muy fuerte"“Este crimen da un mensaje muy fuerte para los actores políticos de señalar que algo está sucediendo, y ese algo es una condición de guerra entre el crimen organizado y los actores de la sociedad civil. Yo dudo que esto sirva para que los candidatos sean más cautelosos en cuanto a sus posiciones. Al contrario, me parece que todos, no solamente que han rechazado el crimen, sino que han mencionado la necesidad de pensar en articular respuestas de algún tipo por parte del Estado y además han señalado que sería interesante construir propuestas conjuntas entre los candidatos”.La ejecución de Villavicencio tendrá por lo tanto, según Pérez Enríquez, un efecto amplificador que hará que la lucha contra el crimen organizado y la violencia de las bandas sea aún más prioritaria en la campaña. Tras el crimen cometido, Ecuador decretó el jueves el estado de excepción por 60 días y anunció que recibirá ayuda del FBI para investigar el hecho.El estado de excepción permite el patrullaje de militares en las calles y busca garantizar el desarrollo de los comicios.

Un informe de The Economist revela que los países latinoamericanos cuentan con los elementos necesarios para situarse a la vanguardia a nivel mundial en la alimentación, los recursos mineros y la energía en el próximo siglo. No obstante, contar con las materias primas no es una garantía. A nivel alimentario, Latinoamérica produce ya un tercio del vacuno, el maíz, las aves de corral y el azúcar que se oferta a nivel mundial, y hasta un 60% de la soja, cuyo principal comprador es el gigante chino. No obstante, la región cobra una mayor importancia en cuanto a sus recursos mineros, por su riqueza en minerales necesarios para la transición ecológica. De aquí procede un tercio del cobre mundial y hasta un 60% del litio, especialmente de Chile, Argentina y Bolivia, un elemento fundamental en la fabricación de baterías.Sin embargo, contar con altas reservas no es garantía. En el pasado, fueron el wolframio o el salitre los materiales demandados y la tecnología avanza.“El potencia minero de Latinoamérica es una realidad. Si bien es cierto que pueda transformarse en una potencia, la cuestión es que pueda desarrollar sus recursos de forma responsable y también teniendo en cuenta el avance de la tecnología”, explica a RFI Javier Rojas, director de la consultora Argentina Mining.“Por ejemplo, si hablamos de litio hoy, el momento del litio es ahora porque uno no sabe por cuánto tiempo más ese mineral va a ser posible su utilización en las baterías. Quizá el día de mañana aparece una nueva tecnología que lo deja obsoleto a este mineral. Entonces es como cuando hay un freno en la actividad exploratoria de los proyectos, eso hace daño al desarrollo, pero el potencial es concreto de Latinoamérica”, sostiene.El pero que a Latinoamérica se le puede poner en este campo su poca inversión. Solo un 0,6% de su producto interior bruto va a investigación y desarrollo. Como resultado, la producción de bienes como las baterías con estos minerales se hace en países extranjeros mejor equipados. Hay cierta analogía con la propia extracción de los minerales, donde el capital es extranjero.“Muchas de las inversiones que se realizan en minería en general son de alto riesgo. Para dar, un ejemplo de 100 proyectos que se exploran uno se transforma en mina, entonces esencialmente en Argentina, la exploración se lleva a cabo por empresas, ya sea de Canadá, de Australia, de menor medida de China y de Estados Unidos”, resalta.El tercer elemento es la energía. Tanto en energía verde, con el ejemplo de Brasil, donde el 45% del consumo energético procede de renovables, como fósiles: Argentina, Brasil, Guyana y México podrían producir 11 millones de barriles diarios de petróleo en 2030, tanto como produjo el año pasado Arabia Saudita, uno de los gigantes mundiales.

Este domingo, los argentinos votan en las primarias obligatorias, de donde saldrán los candidatos que se medirán en las presidenciales de octubre. Los electores acuden a las urnas en el marco de una inflación de 115% anual y niveles de pobreza de 40%. El corresponsal de RFI en Buenos Aires conversó con votantes preocupados por la situación económica. El domingo 13 de agosto se llevarán a cabo en Argentina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO, previas a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Son internas en las que vota todo el padrón electoral para determinar quiénes serán los candidatos de cada fuerza política que competirán en las presidenciales. También funcionan como un primer termómetro electoral. La coalición oficialista, la peronista Unión por la Patria presenta dos fórmulas para presidente y vice, aunque solo una es realmente competitiva, la que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa.La verdadera disputa de las primarias será dentro de la coalición de oposición de Juntos por el Cambio, de centro derecha, en la que se enfrentan el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich.Otro candidato que podría hacer una buena elección según las encuestas es Javier Milei, actual diputado y relativo novato en la política, que presenta una propuesta libertaria en lo económico y conservadora en lo social.Con ese escenario de cara a los comicios, y en el marco de una crisis económica en la que la inflación se encuentra por encima del 115% anual, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, salió a conversar con habitantes de ese país en la ciudad de Buenos Aires."La gente se ajusta"En esta zona céntrica de la ciudad de buenos aires hay muchos comercios y vendedores ambulantes. Uno de ellos es Ezequiel, que tiene 25 años y hace más de siete que vende churros aquí y explica cómo repercute el aumento de precios en su trabajo."Capaz que la gente por ahí se ajusta, ¿viste? Por la inflación que tenemos, porque la gente cada vez se ajusta más. Antes lo vendíamos a 300 pesos [0,5 dólares en el mercado no oficial], ahora vale 500, y la gente ya se ajusta”, explica a RFI.Los argentinos enfrentan una persistente pérdida de la capacidad de compra de sus ingresos, entre otras cosas por la altísima inflación. Desde 2015 el salario mínimo real cayó más de un 30%. “Yo soy trabajadora estatal, y el sueldo no alcanza, siempre va detrás de la inflación, por lo tanto, con esta realidad, la verdad es que nosotros los argentinos vamos a estar cada vez más pobres”, cuenta Rosa, que tiene 57 años y les pide a los candidatos que prioricen las necesidades de la ciudadanía.“Primero que se pongan a trabajar por el pueblo argentino, que dejen de lado esta mezquindad que tienen entre ellos de criticarse, de no existir una continuidad en las políticas públicas, porque eso es lo que pasa, asume uno, critica y mientras tanto el pueblo es el que sufre”, agrega.Hay en general un clima de decepción y desengaño en este año electoral. Es algo que manifiesta, por ejemplo, Nelly, de 49 años.“Primero, te soy sincera, me gustaría que se vayan todos, porque son muy repetitivos, no varía el gobierno por más que suba quien suba, no varía. Siempre terminamos con los sueldos bajos. Yo tengo una antigüedad de 28 años en una escuela estatal y cobro 150.000 pesos [unos 250 dólares], de cocinera”.“Y bueno, alquilo con 55.000 pesos, tengo que tener otros trabajos aparte, changas que hago los fines de semana para subsistir, pero bueno. No me compro ropa, voy a las ferias, o bueno, lo que deja mi hija trato de no engordar como para que me entre”, cuenta a RFI.Así, que cambie esta situación de ingresos que no alcanzan es la demanda central de los votantes que irán a las urnas el 13 de agosto.

Joe Biden pone fin de manera práctica a la minería de Uranio en los alrededores del Gran Cañón. El presidente de Estados Unidos ha anunciado el nombramiento como monumento nacional de la zona, restringiendo de manera permanente su extracción. La decisión ha sido hecha pública en Arizona, primera parada de dentro de una gira por el oeste en la que quiere destacar su apuesta por la protección del medioambiente de cara campaña para las presidenciales de 2024. La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de nombrar “monumento nacional” una vasta zona alrededor del Gran Cañón tiene una implicación importante por la que activistas y tribus llevan años peleando.El nuevo estatuto de estas tierras, de una superficie de 400.000 hectáreas, pondrá fin de manera definitiva a la minería de uranio en la zona. La extracción de este mineral está restringida desde 2012 de manera temporal, pero ahora la prohibición será permanente.Dentro del Gran Cañón no hay ninguna mina activa, pero sí en los alrededores, además de haber proyectos y solicitudes para nuevas puestas en marcha.Según el grupo conservacionista hispano HECHO, además de la preservación histórica y turística, hay un riesgo muy importante, como explica su portavoz Daniela Zavala.“Salvaguarda las fuentes vitales de agua para la vida silvestre y millones de personas en la región. La minería de uranio aquí en Arizona ha causado estragos en el pasado, especialmente en las tierras de las comunidades indígenas. En el 2008, varias agencias gubernamentales, tribales y federales identificaron 29 fuentes de agua con niveles de uranio que excedían los estándares de agua potable segura en la nación navajo”, subraya.“El río Colorado recorre 277 millas a través del Parque Nacional del Gran cañón y la extracción de uranio alrededor de este ícono de Arizona era una amenaza para esta fuente de agua crítica para alrededor de 40.000.000 de personas que dependen de ella”, destaca Zavala.¿Pero es necesario minar uranio en la zona? Según la Administración de Información Energética nacional, en 2021, último registro antes de la guerra en Ucrania, Estados Unidos apenas producía el 5% del uranio consumido por sus centrales nucleares. El resto, lo importaba.Además, según The Grand Canyon Trust, con las estimaciones más optimistas el uranio potencialmente minable en la zona apenas supone el 2,5% de las reservas nacionales. Unas cifras que para Daniela Zavala no justifican el riesgo.“La cantidad de uranio que se puede extraer del Gran Cañón es insignificante y el riesgo de extraer uranio en estas áreas de tierras públicas alrededor del Gran Cañón no valen la pena. El riesgo por esa cantidad de uranio que se puede extraer”, concluye la militante ecologista.La administración Biden ha confirmado no obstante que esta decisión prohibirá los nuevos proyectos de explotación de uranio, pero no afecta los derechos mineros ya existentes.

Se abre la cumbre de países de la Amazonía, con la intención de que los presidentes de la región puedan exponer sus preocupaciones y alternativas en su empeño por salvar el pulmón de la tierra. La cita se presenta como un llamado de urgencia para frenar las altas tasas de deforestación en la Amazonía, así como el extractivismo y la agresión contra sus culturas e identidades. Carlos Lazary es el director ejecutivo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica es un organismo intergubernamental construido por ocho países miembros Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Es el único bloque socio ambiental de países dedicado a la Amazonía. La última reunión de presidentes de los países miembros se realizó en el 2009 en la ciudad de Manaos, Brasil. Anteriormente se habían reunido en 1989 y en 1992.RFI: ¿Cuáles son los objetivos principales de esta cumbre 2023?Carlos Lazary: Es fortalecer la cooperación amazónica y la institución que los países han creado para lidiar con este tema, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que ahora cumple 21 años. Este año, el tratado ya tiene 45 años y el objetivo es generar todo un avance en materia de monitoreo de la Amazonía y de incorporación de otros actores en ese proceso de construcción de la cooperación.Incluye entes subnacionales, los gobiernos estatales, las alcaldías, la participación de la población de la región amazónica, que son más de 40 millones de personas, los pueblos indígenas, los ribereños u otras comunidades locales.Hay otros objetivos como retomar las redes de diálogo y cooperación entre las universidades y los centros de investigación. La Cumbre va a reforzar también la producción en la región de la mejor información disponible y garantizar que ésta sea la base para las políticas públicas en la región.Los problemas son comunes y las soluciones deben ser de todos, en conjunto. Por ejemplo, el tema del mercurio, los temas de la salud en la región, la disminución de la biodiversidad, el tema de recursos hídricos, el monitoreo de la calidad del agua, el flujo de los ríos.Todo esto formará parte de la declaración y creo que eso va a ser reforzado en los discursos de los presidentes ahora en Belém, después en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, y más tarde en la COP28 de Dubái.Leer tambiénCumbre en Brasil busca hoja de ruta para salvar la AmazoníaRFI: ¿No será lo más difícil poner de acuerdo a todos los países miembros en un frente común?Carlos Lazary: Hay muchos denominadores comunes. Lo que hemos logrado hasta ahora aprobar por unanimidad son los programas de bosques, el programa de biodiversidad, el memorando de manejo integral de fuego. Incluso un gran proyecto que acabamos de aprobar y que inicia a fines de este año: el mapeo de los acuíferos en toda la región amazónica, lo que va al acceso a agua potable, agua fresca de calidad. Los países han apoyado todo un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar los problemas de saneamiento básico de ciertos sólidos y también la cuestión del plástico.RFI: En la reunión previa, la Secretaría de la OTCA anunciaba que falta una mayor presencia del Estado para enfrentar los crímenes que se han incrustado en la Amazonía, como los ilícitos ambientales.Carlos Lazary:  Era una parte importante de la Organización de Naciones Sudamericanas, la Unasur, que infelizmente considero es un revés diplomático de los países. Dejaron que se desactivara esa organización y creo que el gobierno Lula hace muy bien de tratar de impulsar su reactivación.Tenía avances en temas de confianza, de infraestructura y logística y de seguridad pública, apuntando específicamente a los temas de los ilícitos en toda la región, incluyendo la Amazonía. Esos eran los tres pilares grandes de la Unasur. Pero como la Unasur todavía no está reactivada, estamos listos para trabajar en la cuestión de ilícitos, apenas tengamos el apoyo de los países. Mi opinión es que debemos empezar por un trabajo muy fuerte en materia de inteligencia.RFI: ¿Con qué se irá satisfecho después de estos dos días de cumbre?Carlos Lazary: Para nosotros es muy importante que se camine hacia la construcción de una voz amazónica, que los países puedan coincidir y llevar este compromiso a todos los foros. Mostrar que los países están efectivamente comprometidos en trabajar en conjunto. Al mismo tiempo tiene la capacidad y la voluntad de lidiar con ese gran desafío que es el desarrollo sostenible de la Amazonía. Estamos atentos a los discursos de los presidentes: que el compromiso sea con la mejor información científica disponible como base para la construcción de las políticas públicas.

El presidente Lula cumplió 100 días de presidencia tras su elección para un tercer mandato. Sin embargo, su luna de miel con los electores poco ha durado, con una baja popularidad del 38%. A pesar de varias medidas sociales emblemáticas, Lula enfrenta varios retos: ambientales, con la protección de la Amazonia; políticos, con un país fuertemente polarizado y económico, con un margen de maniobra limitado en materia presupuestaria.  En estos primeros tres meses de su tercer mandato, Lula da Silva amplió el emblemático programa de subsidios Bolsa Familia y restableció los criterios originales de este programa que ayudó a reducir la pobreza: se vuelve a exigir que los niños vayan a la escuela y que estén vacunados. Se creó además un subsidio adicional por cada hijo menor. Se anunció también una política de cuotas en los altos cargos públicos para los afrobrasileños y mestizos, marginados en la sociedad. Lula revocó también varias leyes del gobierno que facilitaban el porte de armas. Sin embargo, su aprobación es de solo 38% por cientos según la encuestadora Datafolha, más que Bolsonaro al cabo de 100 días de poder, pero menos que durante sus mandatos anteriores. ¿Cómo explicar esta cifra? Responde el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Fluminense, de Brasil,  Marcial García Suárez:     En materia de protección de la Amazonia, Lula tomó medidas de urgencia pero aún no se ha podido frenar la deforestación: de enero a marzo, el desmonte alcanzó cifras históricamente altas, justo detrás de la que ocurrió en 2022. En el plano internacional, Lula rompió con la política de Bolsonaro y reanuda su ambición de hacer de Brasil una potencia no alineada. Tendió puentes con Venezuela, criticó al presidente de Ucrania y la semana pasada, Brasil se reincorporó al organismo continente Unasur. Entrevistado: Marcial García Suárez, profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. 

En Chile, tras el asesinato de dos agentes policiales el mes pasado, los diputados aceleraron su agenda parlamentaria para aprobar leyes que endurecen la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, una de estas leyes levanta controversias ya que instaura una presunción de legítima defensa que podría incrementar los abusos policiales, según los defensores de derechos humanos. Chile es uno de los países más seguros del continente americano, pero el aumento significativo de la tasa de homicidios (+33%) y de los robos con violencia (+63%) ha empujado ciertos sectores políticos a proponer mano dura contra la delincuencia. Legítima defensa privilegiada Tras la muerte de dos agentes policiales en operación el mes pasado, los diputados tramitaron en urgencia seis proyectos de ley antidelincuencia. Una de estas leyes, llamada "Ley Nain-Retamal", en alusión a dos víctimas, establece una presunción de legítima defensa de los policías y los exime de responsabilidad criminal si disparan en defensa propia o por impedir un delito, salvo si la justicia demuestra lo contrario. El diputado de derecha Andrés Longton es el impulsor de esta reforma: “Lo que ocurre en la práctica es que Carabineros y las policías tienen que demostrar que hicieron un uso legítimo de la fuerza a pesar de haber sido objeto de esas agresiones. Es decir, son imputados por los tribunales, son suspendidos de sus funciones y finalmente son apartados de sus cargos de manera temporal, o de manera permanente muchas veces, y eso inhibe a las policías de poder actuar bajo el amparo de la ley”, explica. “Entonces, ¿qué hace este proyecto a propósito de la legítima defensa privilegiada? Nosotros decimos algo muy simple. Decimos que cuando hay agresión ilegítima contra los policías, contra un tercero, que puede atentar contra su vida o generarle lesiones graves bajo ciertos supuestos, va a haber una presunción legal de que él usó dicho armamento bajo el amparo de la ley. Es decir, las policías no van a tener que demostrarlo, va a tener que demostrarlo la Fiscalía o el creyente que la policía no hicieron uso legítimo de la fuerza”, detalla Longton. ¿Mayor impunidad de los policías? El proyecto sin embargo causa inquietud de organismos internacionales. La Oficina de Naciones Unidas para América del Sur estima que la propuesta reduce la rendición de cuentas y favorece la impunidad de los policías. El abogado y defensor de los derechos humanos Francisco Cox estima que la Ley Nain-Retamal no es necesaria porque “la policía sí ha estado haciendo uso de sus armsa de fuego y esta inhibición es simplemente teórica”. “De hecho, en los dos casos más recientes, los Carabineros que acompañaban a las personas que fueron asesinadas hicieron uso de su arma de fuego. No se sintieron inhibidos de hacer uso de su arma de fuego. El problema en Chile no es necesariamente de falta de leyes, sino que es de falta de enfoque y dirección de las investigaciones. Y por lo tanto, esas investigaciones se tienen que dirigir a las estructuras de crimen organizado”, recalca Cox. La lucha contra la delincuencia no era una prioridad del presidente de izquierda Gabriel Boric, pero el aumento de los índices de delincuencia y la presión de diputados y senadores conservadores lo llevaron a dar un giro para apoyar la lucha contra el crimen.

El bombardeo de nubes es un proceso químico que implica la dispersión de sustancias químicas en las nubes con el fin de aumentar su capacidad de precipitación. Los expertos consultados por RFI cuestionan su utilidad.  No es una técnica nueva y de hecho, durante el gobierno de López Obrador ya se implementó en el Programa de Estimulación de Lluvias para Mitigar la Sequía en 2021 y 2022. Efecto limitado y alto costo son las principales limitaciones del bombardeo de nubes como recurso para luchar contra la sequía que azota México. Los expertos consultados por RFI cuestionan su utilidad.  Para conseguir esto se utilizan aviones equipados con dispositivos que se encargan de dispersar materiales químicos en las nubes, por ejemplo: yoduro de plata, nitrato de sodio o en su defecto, cloruro de calcio, las cuales ayudan a estimular la formación de cristales de hielo en las nubes y así poder aumentar la probabilidad de que se produzcan precipitaciones. El doctor Luis Ladino de la Universidad Nacional Autónoma de México dice: "Es muy controversial y a día de hoy  ni la Organización mundial de la meteorología recomienda esta estrategia como una estrategia que funcione desde un punto de vista científico". El doctor señala en nuestra antena que si no funciona desde el punto de vista científico es que "no es reproducible. Ellos argumentan que ha aumentado un 25% estas precipitaciones en algunos experimentos. Pero entonces la comunidad científica les puede preguntar que lo repitan y lo demuestren". Para enfrentar la sequía el ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, exdirector de agua potable del valle de México, aboga por trabajar a largo plazo en la restauración de los recursos hídricos. "A medida que se da un desarrollo urbano desmedido y sin orden, se empiezan a invadir las zonas que normalmente son de recarga. Esto provoca que no se dé infiltración adecuada en acuifero, genera encharcamientos  e inundaciones en las ciudades y entonces empiezas a pelearte con el agua de lluvia en lugar de aprovecharla" sentencia Gutiérrez Marcos en RFI.  Según la Conagua, su monitoreo en las principales presas de México, en al menos tres de los 210 cuerpos de agua se encuentran en su nivel más bajo de agua, es decir, en cero. Su informe dio a conocer que la presa El Peaje, en San Luis Potosí, Copándaro de Dolores, en Michoacán y la presa Divino Redentor, en Querétaro, son las presas con menor nivel de agua.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció la autorización de la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal", argumentando que se trata de una "medida urgente para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado". Esto, en medio de una ola de asesinatos, secuestros y ataques a funcionarios públicos. Contrariamente a la idea de Lasso, los especialistas en seguridad ciudadana prevén un aumento de la violencia en el país. La casi unanimidad es latente entre los expertos de seguridad de Ecuador, que coinciden en que la medida establecida por el mandatario Guillermo Lasso de autorizar la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal" aumentará la violencia en un país que acabó el pasado año con la mayor tasa de homicidios de su historia. “Ampliar el mercado de armas” Para el profesor de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova, es evidente que esta autorización del porte de armas en uso civil es contraproducente para disminuir la violencia criminal: “En el Ecuador,ya tenemos un enorme mercado negro de armas del cual se están alimentando las organizaciones criminales para cometer sus ilícitos. Cuando se crea este decreto ejecutivo, que permite una serie de cosas para la importación de armas por vía legal, para la fabricación incluso de armas en territorio ecuatoriano, lo que se hace es ampliar el mercado de armas disponibles en el país y por lo tanto, facilitar los mecanismos de tráfico”, explica el experto en violencia. “Más aún cuando no contamos con mecanismos para rendición de cuentas y supervisión, ni siquiera del rastrillo que está bajo jurisdicción de Fuerzas Armadas o del que mantiene Policía Nacional. Es más, en los últimos dos años hemos visto cómo de los propios cuarteles de la policía se han robado armas de dotación policial y ahora sirven para los criminales. Es decir, no ha habido ni siquiera capacidad para controlar las armas de dotación propia. Peor aún para hacerlo con armas importadas”, enfatiza Luis Córdova. “Decisión desesperada” Según la exsubsecretaria general de Inteligencia en Ecuador, Carolina Andrade, la medida instaurada por el presidente es el reflejo de la incapacidad y falta de toma de decisión en los recursos del país. “Solamente si vamos a ver los datos históricos, el porcentaje más bajo de uso de armas de fuego en homicidios fue en el año 2017: el 47.6% de los homicidios se cometieron por armas de fuego. El año pasado, en 2022, esto se incrementó drásticamente al 86%”, subraya la politóloga. “Por otro lado, nos alerta esta decisión desesperada en un contexto político donde Guillermo Lasso tiene que sobrevivir a un juicio político, una medida desesperada para buscar generar un guiño a los sectores de extrema derecha conservadores. Y además, es una muestra de incapacidad del gobierno central de haber garantizado la seguridad integral que está en la Constitución como una de sus principales responsabilidades”, recalca Andrade. El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, con Rafael Correa al frente de la Presidencia, quedó suspendido de modo indefinido, no así la tenencia de armas, siempre bajo unos requisitos legales.

Estamos a un mes de las elecciones presidenciales de Paraguay, previstas el 30 de abril, en las que se decidirán quién sustituye a Abdo Benítez. Unos comicios en los que, como siempre son favoritos los candidatos de los grupos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Parte con cierta ventaja el colorado, Santiago Peña frente al liberal Efraín Alegre, que por tercera vez se presenta a los comicios. 4,8 millones de electores están llamados a las urnas el próximo 30 de abril y estas semanas previas parece que la campaña despierta poco interés. Todo indica que la batalla se libra, una vez más, entre los dos partidos que dominan la vida política paraguaya. El Partido Colorado que ha gobernado el país desde hace 70 años, salvo el paréntesis Fernando Lugo, y el Partido Liberal. Y es que las elecciones políticas paraguayas se celebran casi como si se tratara de un partido de fútbol, un derbi, entre dos viejos clubs conocidos, con un eterno favorito; y con unos electores, que más que votantes, se comportan como hinchas, así lo analiza para RFI el profesor de la Universidad Nacional del Pilar, Marcello Lachi, experto en el sistema electoral paraguayo: "Acá el ser colorado o liberal es una identidad social y eso significa que esos hinchas votan a su equipo. Dos terceras partes de los electores votan según esa afiliación." Este año el capitán de los colorados, el candidato, es Santiago Peña de 44 años, delfín del ex presidente Horacio Cartes, objeto de denuncias de corrupción y por los liberales, encabeza el equipo por tercera vez, Efraín Alegre, de 60 años, pero esta vez acude sin una alianza sólida detrás. Marcello Lachi: "Peña parte con ventaja porque no se pudo construir una alianza muy fuerte. Existen candidaturas de pequeños partidos de izquierda que hace cinco años sí participaron en la alianza que perdió contra el partido Colorado pero esta vez se candidatan a otras personas" sentencia Lachi. El ganador de los comicios sustituirá a Abdo Benítez por un periodo de cinco años en un contexto de fuertes desigualdades sociales y con una tasa de pobreza que subió del 23,5% en 2017 al 27% el año pasado. En los últimos 70 años, solo en una ocasión el Partido Colorado quedó fuera del gobierno en Paraguay, durante la presidencia del exobispo de izquierda Fernando Lugo (2008-12), destituido un año antes de terminar su periodo.  Con una pobreza que en 2022 alcanzó a 27% de la población y fuertes desigualdades sociales, Paraguay tuvo el año pasado un crecimiento de 0,1% del Producto Interno Bruto y una inflación de 8,1%. Sin debate y con encuestas contradictorias Sin que se haya podido organizar hasta ahora un debate entre los dos principales candidatos, los sondeos muestran tendencias opuestas. La encuestadora GEO (Gabinete de Estudios de Opinión) da como favorito a Alegre (38,9%) frente a Peña (35,2%). Mucho más atrás aparecen el candidato antisistema Paraguayo Cubas (10%), el socialista Euclides Acevedo (6%) y José Luis Chilavert, exarquero de la selección paraguaya y del Vélez Sarsfield de Argentina, con menos de 1%. La firma Ati Snead Consultores pronostica en cambio la victoria de Peña (46,2%) ante Alegre (38,7%).

En entrevista con RFI, el economista argentino Marcelo Elizondo estima que la decisión del gobierno argentino de ordenar a empresas del Estado la venta o canje de bonos en dólares por nuevos instrumentos en pesos es 'una mala medida en términos de reputación y de generación de confianza' porque se está mostrando 'una actitud de desesperación'. Argentina necesita dólares para financiar el gasto público y sostener su moneda. Las elecciones se acercan y la opción de un ajuste amplio podría pasar factura política. Paralelamente, la recaudación de las agro-exportaciones ha disminuido por la mala cosecha causada por la sequía. El gobierno argentino ha decidido buscar los dólares en otro lado: obligando a las empresas estatales a vender los bonos que tienen en dólares como ahorro y comprarlos en pesos. El gobierno busca con este mecanismo ofrecer al mercado instrumentos con valor dólar, los cuales son muy demandados en el contexto de incertidumbre y de inestabilidad actual. En Argentina, recordemos, la inflación superó el 100%. La medida también permitirá recaudar fondos emitiendo nueva deuda en pesos. Pero esta decisión ha causado mucho revuelo, sobre todo por lo que se refiere a la agencia que administra las pensiones. La oposición estima que los jubilados pueden verse perjudicados. Aclaraciones con el economista Marcelo Elizondo. "Este tema produce una sensibilización especial porque la Argentina ha tomado históricamente muchas decisiones que han sido contrarias al respeto de los contratos, a la estabilidad y a la seguridad jurídica. El país tiene muy mala reputación y por eso genera una considerable duda. La agencia de administración de las pensiones que se menciona tiene lo que se llama un ‘fondo de garantía’. Estas son, en realidad, inversiones financieras que tienen el respaldo de garantía que no utiliza para el pago de las pensiones. Las tiene como quien tiene una reserva que no se utiliza cotidianamente. Los títulos que (el gobierno) obliga a vender provienen de ahí. De modo que no hay una afectación directa en la capacidad de pago. Donde sí hay una afectación potencial es que, en el caso de que hubiera la necesidad de acudir en el futuro a ese fondo de garantía, lo que hasta ahora no ha ocurrido jamás, probablemente ese respaldo sería menor". Aunque las pensiones no corran peligro y no estemos ante una “pesificación” de la economía, como ocurrió en 2.001, porque no se están tocando directamente las jubilaciones, los efectos de la medida son limitados y dan una imagen nefasta. "Esta medida va a calmar momentáneamente, por muy corto plazo, la demanda creciente de activos en dólares generados por la incertidumbre y la inestabilidad. Por un tiempo aquellos que querían comprar dólares porque temen cierta depreciación o devaluación de la moneda local, pueden comprar estos activos que en el mercado cotizan, además, a un precio muy bajo y tienen un instrumento dolarizado. Entonces puede que esto atenúe la demanda de divisa extranjera y la corrida contra el peso en la Argentina. Pero todo esto es, repito, a muy corto plazo. No es sostenible. En el mediano y el largo plazo, el problema reaparecerá. En términos de reputación y de generación de confianza es una mala medida. Con ella se está mostrando una actitud de desesperación. Se está acudiendo a instrumentos de urgencia que no contribuyen en lo más mínimo a la buena reputación".

Es la primera vez que se adopta este tipo de medida ante el número creciente de amenazas a fiscales, jueces y políticos. En el punto de mira está el crimen organizado mexicano, venezolano y brasileño, grupos que se han implantado en todo el territorio y que están relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas. “Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, hace meses atrás, con el primer tiroteo que hubo, empezaron a aparecer carteles, panfletos, un mono conmigo ahorcado... Y han continuado las amenazas. La última vez, cuando el miércoles hicimos la última demolición, los soldados de los narcos gritaban ‘sabemos dónde vives, sabemos quiénes son tus hijos, vamos a matar a tu mamá’…”, cuenta Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, municipio en el este de Santiago, el quinto más grande del país. Desde febrero, Carter impulsa la demolición de casas presuntamente relacionadas con el narcotráfico, y lleva meses recibiendo amenazas. No es el único: al menos otros tres alcaldes y dos diputados han recibido amenazas de muerte. Un fenómeno que se ha profundizado en el último año. “Nos ha tomado desprevenidos” “La situación de La Araucanía no es nueva. La violencia empieza en el año 97 con el primer atentado a camiones de una forestal, realizado por la Coordinadora Arauco Malleco en diciembre, pero desde ahí hasta hoy se ha ido profundizando, y sobre todo ahora que estamos enfrentados al crimen organizado, avanzó muy, muy rápido en el último año”, explica a RFI Pilar Lizana, investigadora en crimen organizado del centro de análisis AthenaLab. “Nos ha tomado desprevenidos en ciertos aspectos. Las autoridades han informado de la presencia de cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco, Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Los distintos medios de comunicación del país informaron muchísimo sobre el actuar del Tren de Aragua, estos venezolanos que nacen en el sistema penitenciario de Venezuela y operan de manera bastante extensa en el territorio”, prosigue Lizana. Exportación de drogas Chile se ha convertido en un lugar importante para las actividades de estos grupos sobre todo por su costa, analiza la investigadora: “Somos vecinos del segundo y el tercer productor de coca mundial, Perú y Bolivia. Y nuestra frontera con Bolivia es bastante utilizada para ingresar esta droga al país y después este tipo de grupos transnacionales están tratando de sacarle provecho a nuestra infraestructura portuaria para poder exportarlo por ahí. El informe de Naciones Unidas, que se publicó hace unas semanas atrás sobre la producción de coca, ya ubicó a uno de nuestros puertos dentro de las rutas de distribución”. La unidad de la Fiscalía que investigará las amenazas está dirigida por Héctor Barrios, especialista en crimen organizado que pilotará un grupo de 13 fiscales.

A la espera del informe oficial sobre la violencia, marzo podría ser el mes más tranquilo de la historia de El Salvador en materia de seguridad y criminalidad. Sería según los expertos, la guinda sobre la torta para el presidente Nayib Bukele cuando el país centroamericano cumple un año bajo un régimen de excepción. La intención fue erradicar el alto índice de homicidios generado por las maras o pandillas y las cifras le está dando la razón a pesar de las críticas de los defensores, nacionales e internacionales, de los derechos humanos. "Estamos ahora con las cifras de violencia homicida más bajas de las que se tiene registro si tomamos como punto de partida 1992, el año del fin de la guerra civil", dice a RFI en español, el periodista y escritor salvadoreño Roberto Valencia. Este experto en temas de violencia traza una radiografía del fuerte giro que se vive en el país en los ultimos doce meses. "Para El Salvador esto es un hito -continúa- y este año se proyecta un descenso aún más acentuado: se prevén cifras de un solo dígito, en torno a un homicidio por cada 100.000 habitantes, es decir un nivel muy parecido al de los países europeos. Pero Valencia matiza estos resultados. "¿Significan estas cifras que la sociedad salvadoreña ha dejado de ser violenta como lo ha sido en las últimas décadas? No, todavía hay mucha tela que cortar, pero los datos que tenemos sobre la mesa son estos." Vea y escuche también; "En Primera Plana: La tendencia autoritaria se rearma en Centroamérica" Otro dato sirve para entender el impacto del plan de seguridad implantado por el presidente Nayib Bukele en marzo 2022: el 92% de los salvadoreños apoya el régimen de excepción y quienes protestan y denuncian abusos y violaciones de derechos humanos, están en minoría. "Bukele cuenta hoy con altísimos niveles de popularidad pero lo que es surrealista -explica Valencia- es que las encuestas le dan también el apoyo de actores sociales y políticos que no tienen simpatía alguna por su régimen." La otra cara de la moneda Tras la aplicación del estado de excepción, el gobierno salvadoreño ha recuperado el control del territorio nacional, ha golpeado las estructuras de las pandillas y arrestado a decenas de sus líderes. Lea y escuche también: "Noticias de América: ¿Ha conseguido Bukele desarticular las pandillas en El Salvador?" El experto en violencia subraya al mismo tiempo que como denuncian actores importantes de la comunidad nacional e internacional, "se registra una degradación sin precedentes del Estado de derecho y de la democracia en El Salvador y eso tendrá consecuencias en el futuro, cuando ya no exista ese masivo respaldo popular a la política de Bukele. Lo que es más preocupante, concluye Valencia, es la militarización extrema y esa manera de hacer política del oficialismo, que agrede verbalmente a quien el bukelismo considera un rival político."

RFI entrevistó a Julio Raudales, un economista y sociólogo hondureño, sobre el anuncio de la presidenta Xiomara Castro de establecer relaciones diplomáticas con Pekín. 'Esto forma parte de una tendencia de países de izquierda de la región, explica.  Honduras se une al bando diplomático de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, como parte de la agenda ideológica y económica de la presidenta hondureña Xiomara Castro. A diferencia de otros países centroamericanos que han anunciado en el pasado de forma oficial y abrupta su ruptura con Taiwán, por ahora, la mandataria hondureña solo ha anunciado el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín. Sin embargo, este alineamiento supone de facto el reconocimiento de una sola China, la República Popular. ¿Por qué Honduras rompe con un país que ha sido históricamente amigo y ha tenido décadas de relaciones? ¿Por qué precisamente ahora, en un contexto de guerra y bloques entre Occidente y el eje China-Rusia? Julio Raudales, economista y sociólogo hondureño, ha analizado para RFI las motivaciones de este movimiento y sus repercusiones en las relaciones políticas de América. "China está buscando fuentes de financiamiento para megaproyectos, ya que la situación fiscal del país está bastante grave desde hace algunos años. El gobierno hondureño actual tiene una inclinación hacia la izquierda y cuenta con el apoyo de un grupo de países latinoamericanos como Venezuela y Cuba. En este sentido, esto forma parte de una tendencia. Otros países también han roto con Taiwán, lo cual forma parte de la agenda del actual gobierno. Es el péndulo político e ideológico: ahora se inclina hacia la izquierda. Da la impresión de que esto es irreversible. Evidentemente, hay una mayoría de personas que piensa que esta no es la decisión más acertada en estos momentos". ¿Qué impacto tendrá este movimiento en el tablero político de América y del mundo? "En un contexto de guerra en Europa, una guerra que también ha dividido al mundo y probablemente afectará la relación que actualmente tenemos con Estados Unidos, un aliado que todo el mundo sabe que está del lado de Taiwán, esto tendrá algunas repercusiones. Sobre todo, en lo que respecta a la cooperación. China es el cooperante más grande del país. Esto matiza mucho el mapa político mundial, especialmente si consideramos que Europa está inclinándose cada vez más hacia la derecha. Espero que la presidenta y su equipo hayan medido las consecuencias y los beneficios de este acercamiento con China, y que los elementos positivos superen a los negativos". Si se confirma la ruptura de Honduras con el gobierno democrático de Taiwán, esta última solo contará con 13 países que la reconocen oficialmente en todo el mundo. Como respuesta y para consolidar sus escasos aliados, la presidenta taiwanesa anunció una visita oficial a Guatemala y Belice para la próxima semana.

En Estados Unidos, la Nación Navajo, continúa la lucha por sus derechos sobre el agua del río Colorado. La Corte Suprema escuchó esta semana los argumentos de los estados implicados, mientras que los nativos americanos denuncian un bloqueo por parte del Gobierno federal, al que acusan de no representar sus intereses en la causa.    La industria, el cambio climático y la sobrepoblación están llevando a los estados bañados por el río Colorado a tener que reducir el uso de sus aguas. Quienes más sufren esta situación son los nativos de la Nación Navajo, con un alto porcentaje de población sin acceso al agua potable.   Este pueblo ocupa un territorio de más de 70.000 km² entre los estados de Arizona y Utah y Nuevo México, mientras estos tres estados se ven envueltos en una larga batalla judicial por el agua.   Los navajos denuncian que el gobierno federal no está defendiendo sus intereses en el caso. “En esta batalla, se va a determinar qué cantidad de agua necesita la Nación indígena para vivir. El gobierno está diciendo que ellos no necesitan tanta agua, aunque supuestamente tiene un deber de defenderlos”, explica Andrea Carmen, directora del Consejo Internacional de Tratados Indios. "La corte más alta de Estados Unidos está escuchando el caso, aunque el gobierno de los Estados Unidos tiene su propio interés”, detalla.  La conferencia sobre el agua de la ONU Estados Unidos, por su parte, alega que el Tratado de 1868 no le obliga a abastecer de agua o suministros a estos territorios. A la espera del fallo de la Corte Suprema, que históricamente se considera poco favorable a los nativos americanos, los navajos defienden su lucha recordando la inviolabilidad de los tratados.   “En los primeros días de la colonización, los reconocieron como naciones de igual estatuto. Son compromisos entre dos naciones y las tierras, territorios y recursos, incluyendo agua. Esto está respaldado por el campo internacional”, ahonda Andrea Carmen.  El Consejo Internacional de Tratados Indios defiende esta semana su posición en la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua en Nueva York. 

En Ecuador se investiga como delito de terrorismo el envío de sobres con explosivos a medios de comunicación. Hasta cinco periodistas recibieron este lunes dispositivos pendrive que debían estallar al ser insertados en el computador. Solo uno de ellos funcionó, y no hubo que lamentar heridos graves en este nuevo ataque contra la libertad de prensa.   De los cinco pendrives detectados hasta la fecha, solo llegó a estallar el dirigido al periodista Lenin Artieda, quien se encuentra con unas leves lesiones en la mano y en la cara.  Estos periodistas de diferentes medios públicos y privados de Ecuador tienen en común una gran visibilidad mediática y un marcado carácter político en defensa de la democracia.    Todos los sobres, cargados con un material explosivo de tipo militar, provienen de la provincia costera de Los Ríos. De ellos, dos se enviaron a Quito, y tres a Guayaquil, importante puerto de exportación de cocaína, y escenario de violentas disputas entre bandas narcotraficantes.    Las organizaciones de periodistas, sin embargo, piden que no se dé por hecho la autoría de una organización criminal organizada, y que no se descarte en la investigación la motivación política.  “Podría ser un atentado de carácter político, dado que Ecuador está en medio de un escenario de incertidumbre, de inestabilidad política, marcada por el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso”, analiza César Ricaurte, director de Fundamedios, ONG por la libertad de prensa en Ecuador.  “Estos profesionales hacen periodismo político y en los últimos meses semanas han expresado su opinión sobre la necesidad de preservar los valores democráticos y la estabilidad democrática en el en el país. Cuando se producen en estos hechos, están rodeados de una cierta impunidad, no avanzan las investigaciones”, ahonda.  350 agresiones contra la prensa en 2022 "Las primeras investigaciones creemos que van en la línea correcta”, agrega Ricaurte. “Solo nos preocupa que se intente atribuir directamente, sin más elementos, al crimen organizado. Confiamos en que las autoridades sigan conduciendo estas investigaciones con celeridad y con rigurosidad”.   En 2022, uno de los peores años jamás registrados para la prensa en Ecuador, cuatro periodistas fueron asesinados y se cometieron más de 350 agresiones o atentados.   Las ONG llaman a las autoridades a reforzar los mecanismos de protección y los otros protocolos de los medios para acabar con estos ataques. 

Los participantes de la pasada marcha por el día internacional de la mujer en San Salvador levantaron este año una bandera que se está convirtiendo en un símbolo de la lucha por la libertad de abortar. Se trata del caso "Beatriz contra el Estado de El Salvador", que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aceptaron tratar a partir de este miércoles 22 de marzo. La decisión podría sentar un precedente sobre la prohibición total de la interrupción del embarazo en el país centroamericano. Por Vladimir Chamorro, desde San Salvador Beatriz, cuyo verdadero nombre se desconoce, era una joven salvadoreña con lupus, a quien en 2013 el Estado negó un amparo legal para interrumpir su embarazo, pese a que un comité médico concluyó que era imposible la vida extrauterina del feto que se gestaba en su vientre. Alejandra Burgos, miembro de la Red de defensoras de Derechos Humanos, exige que se condene al estado salvadoreño. "Lo que esperamos es que la Corte IDH condene al estado salvadoreño, dice la activista. Que esto sirva para generar medidas de no repetición, que implique no solamente la reparación para la familia de Beatriz, sino también para despenalizar el aborto en El Salvador y en las Américas." Lea también: Aborto: La Corte IDH analiza el caso "Beatriz contra el Estado de El Salvador" Mientras varios países de América Latina están dando importantes pasos a favor del derecho al aborto legal, El Salvador sigue siendo el furgón de cola. Es una de las pocas naciones en el mundo que aún lo prohíbe totalmente. Sara García, de la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto, asegura que en un país en el que el aborto es caratulado como homicidio agravado, con penas de hasta 50 años, las mujeres no tienen más alternativa que "la cárcel o la muerte". "El estado salvadoreño le falla a las mujeres de manera sistemática cuando sigue penalizando el aborto, cuando no escucha al movimiento social, cuando vemos que hay una ausencia de educación sexual. Pero también hay mujeres criminalizadas. La alternativa que tenemos es la cárcel, por eso que para nosotras, Beatriz significa la mujer que se atrevió a denunciar y ahora nosotras acuerpamos su lucha por la justicia". Lea también: Francia: Macron promete un proyecto de ley para consagrar el aborto en la Constitución Esta agrupación ciudadana registra al menos 180 mujeres encarceladas por abortar a causa de emergencias obstétricas en las últimas 2 décadas. Si bien la lucha de las organizaciones feministas ha logrado la liberación de decenas de ellas, aseguran que la gestión del presidente Nayib Bukele y del actual Congreso, con mayoría oficialista, representan un importante retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Lo achacan a algunas decisiones como la de archivar en 2021 una propuesta de reforma a la ley penal, llamada Reforma Beatriz, la cual buscaba despenalizar el aborto en 3 causales: cuando la mujer corre peligro de vida, cuando el feto sufre malformaciones que hacen inviables la vida fuera del útero y, finalmente, por violación. Las organizaciones de mujeres esperan que una resolución de la Corte IDH a favor de Beatriz permita retomar el debate sobre la despenalización del aborto en el país. El Estado no le permitió realizar el aborto Originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 km al sureste de San Salvador, Beatriz tenía 20 años cuando le confirmaron en febrero de 2013 su segundo embarazo, ya diagnosticada de lupus y tras un primer parto de riesgo. Un mes después se diagnosticó malformación congénita en el feto incompatible con la vida, con "probabilidad de que ella muriera" si se extendía el embarazo. Fue obligada a continuar 81 días con el embarazo a sabiendas de la inviabilidad del feto, hasta que se le practicó una cesárea. El bebé murió cinco horas después. También consideran que fueron violados sus derechos a la vida privada y familiar al permanecer internada casi en la totalidad de los 81 días. El Estado no le permitió desde un principio realizar el aborto. Apeló a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y esta determinó que "no ha lugar" a la interrupción del embarazo. La muerte de Beatriz a consecuencia de un accidente no ha hecho que su familia desista en buscar justicia por su caso.

El IPCC publicó este lunes su sexto informe sobre el calentamiento global y sus consecuencias, con propuestas para frenar el aumento de la temperatura.  En América Latina, ya se ven los estragos de las olas de calor, con inundaciones y supersequías que se han sucedido desde el inicio del año. En el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los años más calurosos que se registran actualmente serán algunos de los más frescos dentro de una generación. Es preocupante si se tiene en cuenta que en los últimos meses se registraron en varios países de América Latina, temperaturas récords. “La ciencia indica que cuando el incremento de la temperatura sobrepasa el 1,5°C, respecto al periodo preindustrial, hay una gran posibilidad de eventos catastróficos”, explica a RFI Manuel Rodríguez Becerra, cofundador del Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, y señala que ya se han visto algunos de estos eventos. “En general todos los países deben tener como prioridad hoy en día la adaptación a los eventos climáticos extremos, que incluyen no solo las olas de calor que ha ido creciendo en frecuencia y en intensidad, sino también las olas de lluvias torrenciales e inviernos extremos como por ejemplo padecen en Colombia y Perú, con grandes inundaciones”, indica Rodríguez. Destaca asimismo la zona andina, donde vive un gran grupo poblacional en montaña. Ahí las olas de calor no van a ser semejantes a las que se ven al nivel del mar. Sequías y hambruna El calor extremo en 2023 ha reducido en Argentina sus dos principales cultivos: la soja y el maíz. “¿Qué hacer para lidiar con olas extremas de calor? Es mas difícil que con las inundaciones. Con las inundaciones hay formas para evitar que sean tan masivas, con obras de ingeniería y soluciones basadas en la naturaleza. Pero en lo que se refiere a las sequías y a las pérdidas de cosechas, hoy en día no tenemos forma de enfrentarlo. Se requiere generar técnicas agrícolas y variedades de productos que aguanten las embestidas de las grandes sequías. Lo que significa es que puede haber hambre”, apunta el experto. El verano austral acaba de terminar en el hemisferio sur. Según la dirección de Meteorología de Chile, febrero finalizó como el más caluroso de la historia en la zona centro-sur del país. Durante ese mismo mes, se registraron mega incendios que devoraron cientos de miles de hectáreas de bosques y en el que murieron 26 personas. Si bien parte de estos incendios fueron iniciados por manos criminales, la sequía favoreció la combustión.

Perú cumplió el viernes 17 de marzo 100 días de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La sucesora de Pedro Castillo es acusada de llevar a cabo una brutal represión de los simpatizantes del exmandatario. A esta acusación se suma ahora la de racismo en el uso de la violencia. En Perú, se cumplieron 100 días de protestas contra el gobierno de la presidente Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo por su fallido autogolpe. Una ola de violencia se ha apoderado del país, con actos de vandalismo y represión policial. La organización Amnistía Internacional cuenta hasta 76 personas fallecidas, en su mayoría manifestantes que murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. Amnistía Internacional además ha denunciado este viernes 17 de marzo que la represión tiene características racistas. “La fuerza letal ha sido más pronunciada en regiones a pesar de que el número de incidentes violentos ha sido semejante en Lima como en regiones”, apunta Madeleine Penman, investigadora regional para las Américas de Amnistía internacional. “Se han usado armas letales de munición viva en regiones como Ayacucho, Apurímac y Puno. En Lima hemos visto uso indebido de armas ‘potencialmente letales’, como gas lacrimógeno, etc”, explica Penman, quien analizó estos datos comparando con datos del censo respecto a etnicidad. "Discriminación arraigada" “Todos estos datos van acompañados de discursos desde líderes en Perú que plantean a las personas del sur del país como gente que no tiene derecho legítimo de protesta”, dice. Según Amnistía, este racismo en la represión se enmarca en un fenómeno mayor. “Hay un sesgo racista en cuanto a la respuesta policial. Hace parte de un contexto de discriminación arraigada en Perú en cuanto a grupos de la población cuyos derechos han sido pisoteados por décadas”, analiza Madeleine Penman. Los partidarios del expresidente Pedro Castillo siguen exigiendo la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.

El cultivo de coca se disparó un 35% entre 2020 y 2021, alcanzando un nivel récord, según un informe de la ONU publicado este 16 de marzo, que señala además la aparición de nuevos centros de tráfico en el sureste de Europa y África.   Entre 2020 y 2021, el cultivo de la coca aumentó un 35%, según un informe de la ONU publicado este jueves. El documento indica que en 2021 había más de 300.000 hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países donde se concentran los campos de cultivo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Cambios enormes” en la industria agrícola ¿Cómo se explica este récord de 2021? Las mejoras en el proceso de transformación de la coca es una de las claves, explica a RFI Francisco Thoumi, miembro del Comité de Asesores Científicos del Informe Mundial sobre las Drogas: “Eso pasó en Colombia mucho antes. La producción, la productividad ha aumentado. El contenido de cocaína en el arbusto, en las hojas ha aumentado. En Colombia ha habido épocas en donde se disminuyen los cultivos y aumenta la producción. Y eso está ocurriendo. Ha ocurrido en Perú y Bolivia también. Es decir, es lo más normal, porque la industria agrícola en el mundo ha tenido cambios enormes en los últimos 100 años”. Además de la expansión del cultivo de arbusto de coca, la ONUDD explica este fuerte aumento por "las mejoras en el proceso de transformación" del arbusto de coca en clorhidrato de cocaína. Una vez recogidas, las hojas se entregan a químicos que las mezclan con gasolina, cal, cemento y sulfato de amonio para obtener una pasta blanca. Después se enriquece esta pasta con un cóctel de ácidos y disolventes. “En Perú el gobierno ha tenido más control territorial que en Colombia, pero en los últimos años se ha debilitado mucho el control con todos los cambios políticos que ha habido, es decir, seis presidentes en cinco años y la mayoría en la cárcel”, recalca. Nuevas rutas del narcotráfico Con Colombia y Perú, Bolivia es otro de los países que concentran los campos de cultivos de coca. “Los campesinos que llegaron al Chapare venían de la sierra y venían organizados en ‘sindicatos’ que tenían normas de comportamiento bastante rigurosas, había orden. Yo sospecho que desde que Evo tuvo que salir, los controles sociales disminuyeron sustancialmente y eso permite que haya aumentos más fáciles en los cultivos ilícitos”, comenta Thoumi. La demanda está en aumento constante. En la última década aparecen nuevas rutas del narcotráfico, como el sureste de Europa y África: “En el caso de África, creo que con toda la migración, ha surgido una cantidad de redes de transporte ilegal que posiblemente han facilitado también el tráfico de drogas. Las mismas redes que hay para el tráfico de personas se pueden usar para cualquier otra cosa”, detalla el experto. En 2021, las incautaciones de cocaína alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas de droga.

Argentina y Ecuador atraviesan una crisis diplomática que ha llevado a ambas naciones a retirar a sus embajadores. El desencadenante: una ex ministra de Transporte y Obras Públicas ecuatoriana condenada por corrupción logró fugarse del país hacia Venezuela, tras permanecer desde 2020 refugiada en la embajada argentina en Quito. "Esperamos que este impasse sea solucionado pronto", dijo este miércoles el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín en una entrevista, refiriéndose a la crisis diplomática en la que están sumidos Ecuador y Argentina. "Un rompimiento diplomático con Argentina sería una medida contraproducente”, agregó. A raíz de la crisis se encuentra una ex funcionaria de Transporte y Obras Públicas. María de los Ángeles Duarte vivía desde 2020 en la embajada argentina en Quito. La ex ministra del entonces presidente Rafael Correa había encontrado allí refugio tras ser condenada por la justicia de su país a 8 años de cárcel por corrupción. Según la fiscalía ecuatoriana, Duarte formó parte de estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado. El fin de semana, la mujer se fugó para viajar a Venezuela y se presentó en la embajada argentina en Caracas el martes 14 de marzo, lo que provocó la furia del gobierno de Ecuador. Quito retiró en protesta a su embajador en Buenos Aires, Xavier Monge, y Argentina convocó al suyo, Gabriel Fuks. "Consecuencias inesperadas" ¿Cuán grave es esta crisis? “Es un problema que va a traer consecuencias inesperadas para ambos países”, responde a RFI Simón Pachano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. “Hubo un pedido directo del presidente Fernández de Argentina al presidente Lasso de Ecuador para que le permitieran salir a Duarte. El gobierno ecuatoriano oficialmente respondió que no podía hacerlo porque ella tenía ya una sentencia judicial y por lo tanto esto viene a romper esa situación, que aparentemente había quedado trancada con la conversación entre los dos presidentes”, detalla. Las consecuencias para ambos países pueden ser de índole comercial, aunque según Pachano, los intercambios entre Ecuador y Argentina son poco significativos. “Puede tener consecuencias más bien en el plano de las de la alineación de los países en América Latina. Los temas que se debaten, por ejemplo, revivir o no a Unasur, las posiciones dentro de la OEA. En todo caso, el enfriamiento de relaciones entre dos países siempre es complicado”, agrega. La cancillería argentina sostiene que "no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas a ejercer custodia sobre Duarte", mientras que del lado ecuatoriano, el canciller Holguín afirma que “en el mejor de los casos hubo negligencia en el cuidado de la señora (Duarte) y en el peor de los casos hubo complicidad en su fuga"

Recta final en Guatemala para el cierre de las inscripciones con miras a las elecciones generales del 25 junio. Los aspirantes para los comicios presidenciales, legislativos y municipales tienen hasta el 24 de marzo para tener su nombre en las papeletas. Pero por el momento, varios aspirantes han visto su candidatura rechazada, lo que despierta preocupación y denuncias de fraude. No parece claro cuáles son los criterios que está utilizando el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para validar o rechazar candidaturas a las elecciones generales. El partido de izquierda, Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), denuncia un “fraude electoral” tras ver descartado a su binomio, integrado por la líder indígena Thelma Cabrera y el ex procurador Jordán Rodas, vedado por una denuncia penal previa. El político de derecha, Roberto Arzú, también fue rechazado. En cambio, Manuel Baldizón, un político que aceptó haber lavado dinero y fue sentenciado a 50 meses de prisión en Estados Unidos, fue aceptado. Una incoherencia que subraya el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad del Ismo, Edgar Ortiz Romero: “En el caso de Manuel Baldizón, el argumento del Tribunal Electoral es que él fue condenado en Estados Unidos y no en Guatemala, por lo tanto esa sentencia no tiene validez en este país, pero en otro caso, el del candidato a la alcaldía (reelección en Cuilapa, Santa Rosa) EsvinMarroquín, le fue negada su inscripciónporque tiene una decisión de extradición de Estados Unidos por temas relacionados al narcotráfico. El Tribunal explica esta decisión dada la importancia del cumplimiento de Tratados Internacionales de colaborar con la justicia de otros países, con lo cual uno se pregunta cómo el Tribunal resuelve un caso que una sentencia extranjera no tiene efectos en Guatemala y en otro caso que sí”. Algunos analistas se preguntan ¿qué hay detrás de esta aparente arbitrariedad? Si se trata de un sesgo político o de incompetencia del ente electoral. Para el profesor Ortiz Romero “los criterios son poco claros” ya que “no es tan fácil decir que el tribunal responde a un actor u a otro, pero sí vemos que mide con distinta vara a distintos actores”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a Guatemala a garantizar el "ejercicio de los derechos políticos" para que los candidatos puedan presentarse a las elecciones generales.

El mismo presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de no permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales, incluso reforzó su compromiso con el Acuerdo Climático de París. Por eso la decisión de su administración de aprobar el proyecto petrolífero Willow en Alaska, es considerado por muchas organizaciones como contradictorio, porque podría afectar el hábitat de las comunidades nativas, también opuestas al proyecto.  El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de que no iba a permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales, además se comprometió con el Acuerdo Climático de París para luchar contra el cambio climático, por lo que la decisión de su administración de aprobar un proyecto petrolífero en Alaska, es considerado por muchas organizaciones como contradictorio. El proyecto Willow está situado en una zona conocida como Reserva Nacional de Petróleo en tierras estatales, y podría afectar a las comunidades nativas que se oponen al proyecto. “Sabemos que el presidente Biden comprende la amenaza existencial del clima, sin embargo, está aprobando un proyecto que precisamente descarrila sus propios objetivos climáticos, es decir hay una gran contradicción en esta situación”, dice preocupado Robert Valencia, estratega de medios en español para la organización estadounidense Earthjustice. Legisladores de Alaska y patrocinadores del proyecto petrolífero, aseguran que Willow creará miles de empleos y contribuirá a la independencia energética de Estados Unidos. Se prevé una producción máxima de 180.000 barriles de petróleo al día. No obstante, numeras organizaciones medioambientales y de las comunidades nativas se oponen vehemente.  De ser llevado acabo, el proyecto Willow será gestionado por ConocoPhillips, una multinacional estadounidense de extracción, transporte y transformación de petróleo. Se prevé tres áreas de perforación de las cinco solicitadas inicialmente por la empresa, con aproximadamente 219 pozos. El objetivo es producir 576 millones de barriles de petróleo en unos 30 años, según estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras (BLM por su sigla en inglés). Y la emisión de 9,2 millones de toneladas de CO2 al año, que representa el 0,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos en 2019. Aprobado durante el gobierno de Donald Trump, el proyecto petrolífero Willow fue detenido temporalmente por un juez en 2021. Una nueva revisión por parte del gobierno de Joe Biden lo revivió. Ante la amenaza de su aplicación Earthjustice “está analizando los detalles de la decisión final, pues es posible que haya litigios ya que no parece que el Departamento del Interior haya solucionado la gran cantidad de fallas legales que nosotros y otros socios, hemos identificado para la agencia de hecho antes de esa decisión”, explica Robert Valencia y añade: “exactamente no podría dar detalles, pero si podría decir que la actividad preliminar de ConocoPhillips es increíblemente destructiva y dañina”. Earthjustice insiste: "dicho proyecto pondría en peligro el refugio de vida silvestre más grande que queda en la región polar. Willow es hogar de osos polares, bueyes almizcleros, cientos de miles de aves migratorias y una de las manadas de caribúes más grandes que quedan en el norte polar. Alteraría y dejaría estragos en el área no desarrollada más grande de los Estados Unidos”. Por otra parte, el gobierno de Biden pretende prohibir la perforación sobre una gran zona del Océano Ártico que bordea la Reserva Nacional de Petróleo.

El presidente de Chile Gabriel Boric cumple este 11 de marzo un año al frente del gobierno de Chile, con un duro revés en el Congreso tras el rechazo a su reforma tributaria, pero consolidando un repunte en las encuestas. Este sábado 11 de marzo se cumple el primer año de Gabriel Boric a la cabeza de Chile. Expertos aseguran que es un gobierno que se ha ido consolidando tras el inicio difícil, saliendo de la crisis sanitaria por la Covid-19 y del estallido social de 2019 y sus secuelas. El presidente chileno priorizó los problemas de seguridad ciudadana, el manejo de la inmigración, así como el crecimiento económico. Según las últimas encuestas, la aprobación de su gestión es cercana al 39%. “Apoyo progresista” “Ha tenido oposición crítica en el Parlamento, pero no ha tenido una oposición social como tuvo el gobierno de Sebastián Piñera de derecha, en sentido de una desorganización social y de la población crítica del gobierno, saliendo a la calle… Eso no ha pasado, ha sido un año bastante tranquilo socialmente”, explica a RFI el economistaAndrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), en Santiago de Chile. “Creo que refleja que es un gobierno de centroizquierda, que ha prometido transformaciones, entonces la población le ha dado cierto apoyo progresista, con una agenda de cambios limitada por la realidad chilena”, recalca el economista, agregando que los incendios de enero y febrero contribuyeron también a aumentar su popularidad. Rechazo de la reforma tributaria Este primer año ha sido marcado por el rechazo a una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, proyecto con el que el gobierno se había comprometido, y más recientemente, por el rechazo de la Cámara de Diputados a una reforma tributaria que buscaba financiar su ambicioso plan de reformas sociales. “Esta reforma tenía varios acápites. Le iba a subir los impuestos al ingreso, también fortalecía la atribución del servicio de renta y de impuestos internos en Chile. Con los recursos que se iban a recaudar, se iba a financiar la Pensión Garantizada Universal, que es una especie de pensión básica que, financiada con recursos del Estado, beneficiaría a las personas de menor renta y renta media. También se incluía un impuesto al patrimonio de las familias más ricas. Entonces el paquete tenía un contenido redistributivo, pero eso fue rechazado”, detalla Solimano. Según el economista, las motivaciones del rechazo“pueden ser desde obstruccionismo parlamentario hasta defensa de intereses de las personas de alta renta que tienen influencia en la acción legislativa de Chile”. “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están”, fustigó el mandatario la noche del miércoles. Muchos analistas destacan que Boric ha consentido algunas decisiones del Congreso, aunque se haya opuesto a ellas en la época como diputado, como la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un tratado comercial entre 11 países de la región Asia-Pacífico.

En el mundo se cuentan 287 feminicidios políticos en 58 países por un periodo de tres años, según un informe independiente llamado "Femmes à abattre" (mujeres a eliminar) y publicado este 8 de marzo. Uno de los paises más afectado por el fenómeno es Colombia, con 150 feminicidios en los últimos 10 años. El término "feminicidio político" existe desde hace varios años y ha sido utilizado por mujeres políticas, como la expresidenta chilena Michelle Bachelet para denunciar los atropellos e impedimentos de los que fue víctima durante su mandato por ser mujer. También ha sido utilizado en todo el mundo por sociólogas, o periodistas expertas en derechos de la mujer. Sin embargo, este término no tiene valor jurídico y tampoco ha sido investigado o cuantificado, hasta que el colectivo Youpress Francia decida dedicarse a hacer un balance mundial de lo que considera un "feminicidio político", es decir, el hecho de asesinar a una mujer por ser mujer y tener un rol en alguna causa política y social. Por su género y lucha El equipo de trabajo, constituido de mujeres periodistas independientes, llamó la investigación “Femmes à abattre” (mujeres a eliminar). En esta, aseguran que hubo 287 feminicidios políticos en 58 países por un periodo de tres años. Se trata de la primera investigación dedicada a ese fenómeno con el objetivo de que sea reconocido en las legislaciones. "El término feminicidio político significa que la activista fue asesinada tanto por su género que por su lucha. Nunca ha sido objeto de ninguna investigación. Tampoco este crimen está reconocido por ley en ninguna parte del mundo", explica Leïla Miñano, una de las autoras del informe. En Francia, "Vanesa Campos, una mujer trans trabajadora sexual de Perú, recibió varios disparos en el cuerpo en agosto de 2018 por parte de miembros de una banda que acosaban, violaban y robaban a ella y a sus compañeras. Vanesa fue identificada como la líder de la lucha contra esta banda, ya que se había organizado para defenderse. Los criminales actuaron para recuperar el control del territorio, acabando con su resistencia, según el fiscal en el juicio", recuerda Sophie Boutboul, otra de las autoras de la investigación. El caso de Colombia El informe explica que Colombia registra el mayor número de feminicidios políticos, unos 150 en total en los últimos 10 años. "En Colombia, el peligro es tan importante que hasta la vicepresidenta Francia Márquez y la consejera especial para los derechos de las mujeres Clemencia Carabalí han escapado a varios intentos de asesinato", afirma Leïla Miñano. "Hay un proverbio sudamericano que dice: 'querían enterrarnos pero no sabían que éramos semillas'. Este proverbio ha sido recogido en los movimientos feministas. Semillas es también el nombre que se han dado a sí mismas las herederas de Marielle Franco, asesinada en 2018 en Brasil. Nuestro trabajo es también sacar a la luz a todas las que siguen llevando la lucha de las que ya no están", agrega Sophie Boutboul, quien subraya que el feminicidio también incluye la intimidación con el fin de terminar con el rol político de la víctima. Según el documento publicado en París, entre los países más afectados están Irán, Irak, Kenia y Colombia, y existen zonas grises como Rusia y China, donde es imposible investigar acerca de los feminicidios .

RFI entrevistó al profesor Joseph Harold Pierre sobre la situación en Haití, donde están llegando armas de alto calibre de manera ilegal en cantidades cada vez mayores (ONU). En un país que sufre niveles de violencia sin precedentes en décadas, 'una intervención militar extranjera es necesaria', sostiene Pierre.  En Haití, pistolas y, en ocasiones, ametralladoras pesadas "se importan hoy clandestinamente, en un contexto de deterioro rápido y sin precedentes de la seguridad”, dice un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Para algunos, el primer paso para salir de esta crisis sería el reforzamiento de la policía para combatir a las bandas de delincuentes. El profesor Joseph Harold Pierre, consultor internacional en Puerto Príncipe, piensa sin embargo que hay un paso previo. "El fortalecimiento de la policía haitiana es necesario, pero no es el primer paso. No es la primera etapa. La primera etapa es una intervención militar para acabar con las bandas criminales. O tal vez las dos cosas podrían hacerse de manera conjunta". ¿Por qué?   "Porque la policía haitiana no tiene la experiencia ni los efectivos. Tampoco tiene las armas para luchar contra las bandas y el fortalecimiento institucional va a tomar mucho tiempo". ¿Cuántos policías hay en Haití? "Unos 13.000, pero menos de 10.000 están trabajando. Estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes. Es decir, tenemos en Haití menos de un policía por cada mil habitantes. Y en el caso haitiano, necesitaríamos como 10 o 15 por cada mil habitantes. La situación de seguridad en Haití es grave". ¿Considera usted viable esa intervención extranjera con el actual gobierno? "No, por la sencilla razón de que el gobierno no tiene la capacidad para ello. En particular, para orientar la misión. Pero se ve claramente que es necesaria una intervención militar en Haití porque la situación de violencia se ha ido agudizando. Hoy, salir a la calle en Haití es un acto muy intrépido para cualquier haitiano. Hay dos organismos multilaterales, la CELAC y la CARICOM, que tienen la voluntad para hacerlo, pero no tienen la capacidad. Por eso no se vislumbra por el momento una intervención militar extranjera, aunque sea necesaria. Algunos esperarían que esa intervención militar viniera del lado de Estados Unidos o de Canadá. ¿Qué piensa usted? "Son, efectivamente, los dos países más influyentes de la comunidad internacional en Haití. Y si consideramos las diásporas haitianas, la mayor parte de ellas se encuentran en Estados Unidos. Son los países que sí tienen, digamos, la capacidad (para conducir una intervención militar). Pero no solo eso, yo diría que tienen también la responsabilidad política de intervenir en Haití, pero esos países no están en eso". El año pasado la ONU registró 1359 secuestros y más de 2000 muertes en Haití, un tercio más que el año anterior.

La conferencia mundial sobre los océanos culminó en Panamá con 341 compromisos de gobiernos para proteger el ecosistema marino, que contemplan fondos por casi 20.000 millones de dólares. Al cierre de la conferencia el viernes, la canciller panameña, Janaina Tewaney, anunció que se sellaron "341 nuevos compromisos" para combatir la contaminación, la pesca ilegal y otras amenazas al mar, que implican fondos por 19.970 millones de dólares. En ese foro Francia anunció que se sumó al "corredor" de conservación en el Pacífico Tropical, creado por Estados Unidos, Panamá y Fiyi, para "ampliar la cooperación al servicio de la protección de los océanos y de la biodiversidad marina", según el secretario de Estado francés para el Mar, Hervé Berville. En diciembre, el conjunto de los gobiernos del mundo se comprometió a proteger el 30% de las tierras y océanos para 2030. Un desafío imposible sin incluir la altamar, de la que solo está protegida en torno al 1%. La altamar comienza donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de la costa, por lo que no está bajo jurisdicción de ningún país. Pese a que representa más del 60% de los océanos y casi la mitad del planeta, ha sido ignorada durante mucho tiempo ya que la atención se ha centrado en las zonas costeras y las especies emblemáticas. Carrera contrarreloj en la ONU En paralelo, los países miembros de la ONU seguían trabajando el sábado por la mañana, tras una noche en vela, para intentar superar sus divisiones y alcanzar un tratado que proteja la altamar, un tesoro frágil y vital que abarca la mitad del planeta. Tras quince años de intercambios informales y formales, los negociadores sobrepasaron ya de varias horas las dos semanas de la tercera ronda de diálogos en menos de un año en Nueva York. Las negociaciones han sido una montaña rusa en los últimos días, y el sábado por la mañana los delegados seguían reunidos a puerta cerrada. "Todavía tenemos que aclarar algunas cuestiones, pero estamos avanzando y las delegaciones están mostrando flexibilidad", aseguró la presidenta de la conferencia, Rena Lee, en una breve sesión plenaria celebrada hacia la 01H30 de la madrugada local.   El capítulo altamente político del reparto de los potenciales beneficios procedentes de los recursos marinos genéticos estaba ausente del último proyecto de texto. "Está claro que siguen intentando con todas sus fuerzas conseguir un tratado hoy, de lo contrario ya habrían tirado la toalla", estimó Nathalie Rey, de la Alianza de Alta Mar, que agrupa a unas cuarenta ONG.

El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades de Guatemala liberar al dueño de un periódico opositor arrestado en julio pasado y frenar las investigaciones contra comunicadores de ese medio. El martes pasado, un juez guatemalteco abrió un segundo proceso penal contra José Rubén Zamora, presidente y dueño del diario opositor El Periódico que se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021. Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala. "Impedir la crítica" El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades liberar a Zamora y frenar las investigaciones contra los comunicadores de ese medio.  La Asociación de Periodistas de Guatemala también rechazó las investigaciones y las calificó como "un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión".  "Los periodistas en estos momentos sentimos que hay un acoso, un intento del poder público para impedir el libre ejercicio de la profesión, impedir la crítica. En el caso del periódico que dirigía el periodista José Rubén Zamora, quien está preso desde hace más de un año, supuestamente la acusación es de lavado de dinero, pero enseguida se iniciaron procedimientos penales en contra del personal del periódico, la administración, los financieros y últimamente los periodistas", detalla para RFI Byron Barrera, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). "Eso violenta el sistema legal, violenta el sistema democrático, porque existe un procedimiento de Tribunales de Imprenta, establecido por una Ley de Emisión del Pensamiento que tiene carácter constitucional, y los jueces y el Ministerio Público saben que el procedimiento establecido es de Tribunales de Imprenta especiales para juzgar situaciones de injuria, calumnia o difamación en que los periodistas se puedan ver envueltos. Sin embargo, ahora se están penalizando estas faltas y eso es lo grave, porque está causando la sensación en los medios de prensa, en los periodistas, de que existe una persecución de hecho", subraya Barrera. "Se ve como un castigo" Según el presidente de la APG, si el rotativo El Periódico está particularmente en la mira, es porque "hay un antes y un después de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que funcionó bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, la CICIG: cuando el gobierno anterior de Jimmy Morales expulsó a la CICIG, se inició una especie de venganza contra todas las personas que estuvieron apoyando la lucha contra la corrupción. Y una de ellas fue precisamente El Periódico, que siempre ha generado un espacio de investigación y de denuncia. Pues la percepción que hay es que efectivamente se trata de un caso de persecución". Además, si bien "ha habido muchos casos con acusaciones de mayor gravedad donde se le ha dado medida sustitutiva, arresto domiciliario a personajes de la política, en cambio, en el caso de José Rubén Zamora, lo tienen prisionero, incomunicado, en condiciones infrahumanas, y entonces esto se ve como un castigo a la labor que él hizo en favor de la lucha contra la corrupción", recalca. Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37.500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría. El periodista, de 66 años, se autocalifica como un "perseguido político" y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción. El gobierno estadounidense se dijo este jueves "preocupado" por las investigaciones contra los periodistas en Guatemala y estimó que "criminalizar" el trabajo de la prensa "socava las normas democráticas", afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price. Y con la AFP

Tesla construirá su primera fábrica de Latinoamérica en Monterrey, México. Será la más grande de la región y tendrá una inversión de 5 mil millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló con el magnate Elon Musk sobre el cuidado del agua que su empresa tendrá que tener ya que ésta escasea en el norte del país, así como de la posibilidad de venderle litio como materia prima para la fabricación de los autos eléctricos. Tesla busca fabricar 20 millones de vehículos eléctricos anuales para finales de esta década, por lo que su séptima fábrica, la primera que se situará en América Latina, será de gran importancia para alcanzar este objetivo. Estará en la ciudad de Monterrey, norte de México. Ventajas “Es bastante evidente que el norte del país, iniciando por la ubicación geográfica, tiene una ventaja bastante fuerte en términos económicos. Pero también sabemos que México como país tiene una ventaja en términos de la mano de obra calificada y no calificada, en términos de sueldos. En específico, [el estado] Nuevo León tiene características muy especiales para la inversión extranjera. Una de ellas creo que siempre ha sido la fortaleza de las instituciones que se tienen aquí”, explica Kelyna Siliceo, analista económica en Monterrey. Se desconoce la fecha en la que Tesla iniciará las operaciones, así como los empleos que generará: “Sabemos que en el caso de las plantas, como la de Tesla, se va a invertir una cantidad grande en infraestructuras y también en términos de empleo, se espera que eso sea un multiplicador del bienestar social”, subraya la analista. El sector automotriz representa un tercio de las exportaciones de México. En 2022, el país produjo 3,3 millones de vehículos y exportó 2,8 millones principalmente a Estados Unidos. Actualmente hay 39 plantas en territorio mexicano, y Tesla será la primera dedicada a producir solamente autos eléctricos, cuya demanda aumenta en América Latina. Reservas de litio “La principal ventaja al momento de generar la instalación es la cercanía con algunas de las fuentes de litio. Sabemos que en el país existe una buena fuente de recursos”, recalca Siliceo. México tiene importantes reservas de litio en el estado norteño de Sonora. Aunque el mineral se nacionalizó hace un año, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le dijo por teléfono al dueño de Tesla, Elon Musk, estar abierto a una negociación. Lo expresó en su programa matutino: “El litio es de los mexicanos, pero si se compra la materia prima, si se ponen las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, se llega a un acuerdo”. López Obrador también aseguró que le pidió al magnate estadounidense que se comprometiera a tener un plan de protección del agua en la planta de Monterrey, ya que hay escasez en la región y el año pasado hubo restricciones en el consumo.

La muestra de división en el gabinete de Gustavo Petro podría dificultar la legislatura, al primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia. El cese de tres ministros de su gabinete pertenecientes a las carteras de educación, deporte y cultura llegaron luego que un medio local divulgara una carta dirigida al mandatario por estos ministros, donde cuestionaban los impactos fiscales y de presupuesto de un proyecto de ley que busca ampliar el papel del Estado en el sistema de salud. Sobre la agenda del legislativo aún quedan otras ambiciosas reformas como la de las pensiones, la agraria, o la laboral. Sin embargo, la reforma referida al sistema de salud, ha despertado las críticas de la oposición. El analista de riesgos políticos, Sergio Guzmán de Colombia Risk Analysis, conversó con RFI remarcando que esta fractura en el gobierno de Petro puede traer consecuencias. “Varios de los ministros en particular el ministro Gavidia, quien había sido ministro de salud han narrado que la reforma busca perseguir al privado que ofrece servicios de salud, y que la mayoría de colombianos encuestados por el mismo gobierno consideran muy buena la gestión de su actual empresa promotora de salud”. El especialista agrega que, con estos cambios, el gobierno de Petro quiere mostrar una voz unificada. “El gobierno está mandando un mensaje no solo a los que disienten al interior del gabinete, si no al público en general.  El gobierno quiere mostrar, una voz unificada. Una ruptura del gabinete es una muestra de inestabilidad, en otras reformas que el gobierno también planea presentar en el curso de la presente legislatura”.   La reforma de salud será limitada En la dificultad de aprobar el texto original de la reforma de salud coincide Consuelo Ahumada, profesora de ciencias sociales de la Universidad Externado de Colombia. “El servicio es muy deficiente con la gran mayoría de la gente, sobre todo con los de menores recursos, eso se vio en la pandemia. Se llaman aseguradoras, pero en realidad no aseguran nada”. Para Ahumada, los recursos de salud vienen del Estado y que las aseguradoras privadas lo que hacen es administrar esos recursos. “Si en todos los casos la reforma va salir, pero va hacer limitado. Los partidos fuertes que tienen senadores, van a pasar su propio modelo, comparar algunos controles, algunas medidas. No sé hasta qué punto le puedan quitar el negocio a estos privados”. El mandatario colombiano, por su parte, aseguro respetar la diversidad de opiniones en el seno de la coalición y hace gala de unidad con sus compañeros de centro, liberales y de la derecha moderada.