Al igual que con los registros revisados por CIPER en la Cámara de Diputados, entre los senadores también figura una cónyuge cargando bencina con las tarjetas financiadas con fondos públicos. Aunque los registros de los senadores que tuvimos a la vista fueron muy pocos, aparece la esposa del senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, cargando bencina en Concón mientras él estaba en Santiago, y también figura uno de sus vehículos siendo abastecido mientras el senador participaba del cierre de la campaña del Rechazo en La Araucanía. Entre las cargas de bencina del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aparece cargando una persona que nadie conoce, ni siquiera su equipo de asesores. Lee la investigación completa aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

En 2013 la Corfo abrió una línea de financiamiento que apoyó con 479.600 UF al fondo de inversión privado (FIP) Minería Activa Tres. Ese FIP ocupó los recursos para abrir tres proyectos mineros: Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel. Los Piñera Morel, a través de otros dos fondos privados, invirtieron en esos tres proyectos que fueron apalancados, durante el primer gobierno del jefe de familia, con recursos públicos. Además, inversionistas relacionados con los Piñera en proyectos del rubro minero recibieron otros US$13,5 millones de la Corfo para desarrollar negocios. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

La directiva que sucedió a la mesa de Fuad Chahín paralizó la venta de dos inmuebles, en Macul y Talagante, porque el precio era ostensiblemente inferior a las tasaciones comerciales. En conjunto, la diferencia suma $1.178 millones. Además, el Servel objetó una tercera venta porque se pagó una inusual comisión de 26% ($193 millones) por corretaje. La sociedad que recibió la comisión es de los mismos compradores de la propiedad. El inmueble de Talagante fue vendido al archivero judicial de Santiago, a un notario y a una jueza. Chahín explica que requerían con urgencia fondos para campañas. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Son, al menos, cuatro los equipos del fútbol chileno que reconocieron para este reportaje que sus contratos con casas de apuestas en línea fueron mediados por una empresa de Fernando Felicevich: Vibra Marketing. Y podrían ser más, varios de los clubes consultados por CIPER optaron por no responder preguntas. Se trata de contratos millonarios que florecen en torno a una industria opaca, donde las empresas no pagan impuestos en el país y sus matrices societarias muchas veces están ancladas en paraísos fiscales. Como tampoco hay regulación de la actividad de apuestas online, nadie fiscaliza que no existan trampas entre los apostadores, las empresas y los resultados del fútbol. En Europa ya hay antecedentes de partidos arreglados para favorecer a quienes apuestan conociendo de antemano los resultados de los encuentros. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

La sociedad Mexstone fue constituida sin contratiempos en Chile en diciembre de 2020 y cuatro meses después ya enviaba desde México su primer cargamento de piedras para decorar viviendas. Su segundo embarque, detenido en el Puerto de Manzanillo, ocultaba 1.700 kilos de marihuana. La operación revela la extrema debilidad de los controles chilenos. Una oficina de abogados de Las Condes, una reconocida empresa de transportes, un agente aduanero y dos compañías de bodegaje trabajaron para Mexstone. Todos aseguran que nunca conocieron la verdadera identidad de sus dueños. La trama, desentrañada por una investigación de CIPER y Proceso (México), involucra una serie de sociedades fantasmas con raíces en Guadalajara, Jalisco. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Las sentencias en contra de policías y militares que figuran en los archivos de la Corte Marcial muestran los valores en que fue comercializado –o pretendía ser vendido– el armamento que robaron distintos funcionarios desde dependencias institucionales. Los fusiles se han ofertado hasta en $2 millones, una pistola en $300 mil y un revólver en $100 mil. Cajas con municiones e incluso granadas sustraídas de unidades militares han sido comercializadas en el mercado negro. Los precios, sobre todo de fusiles y subametralladoras, pueden escalar hasta 200% por sobre el valor con que las entidades de la defensa adquieren estas especies en el mercado formal. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Apenas seis días después de que Sebastián Piñera entregó la banda presidencial, se constituyó la sociedad Hurtado & Bonito, compuesta por los dos abogados que crearon la Ley de Migraciones, que entró en vigencia en los últimos días del gobierno del exmandatario. El estudio jurídico se especializa en tramitar permisos de residencia y nacionalidad para extranjeros que desean regularizar su situación migratoria bajo las normas que ellos mismos impulsaron. El bufete de los exfuncionarios del Ministerio del Interior opera en alianza con una oficina de abogados de Venezuela que consigue documentos para sus clientes. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

A 103 días del plebiscito de salida, el Servel no ha cuantificado las descargas del archivo que publicó en su web con datos sensibles de los 15 millones de votantes que componían el padrón de la elección de mayo de 2021. El organismo solo contabilizó 116 visitas al lugar donde estaba el link que al menos por 22 horas expuso dos informaciones reservadas a las que se puede sacar provecho en campaña: si el elector concurrió o no a votar en mayo del año pasado y si es militante. Expertos proyectan de qué manera podrían utilizarse estos datos en la campaña del plebiscito. Al menos son seis los cruces con otras bases de datos comerciales que ya se venden en el mercado informal o de fuentes abiertas (como perfiles de Facebook), que permitirían georreferenciar manzanas e identificar familias donde las campañas serían más efectivas. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Como parte de la investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, la Fiscalía solicitó el resguardo de los correos electrónicos de las autoridades que pasaron por el Ministerio del Interior entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Pero el actual subsecretario, Manuel Monsalve, informó que Interior borra las copias de los emails 30 días después de que las autoridades abandonan sus cargos. En un oficio enviado a la fiscal Ximena Chong, indicó que solo lograron rescatar las casillas del ex ministro Rodrigo Delgado y del ex subsecretario Juan Francisco Galli. La información fue confirmada a CIPER a través de una respuesta a una solicitud vía Ley de Transparencia. Eso sí, las autoridades del actual Ministerio del Interior omitieron que se habían logrado rescatar algunos correos. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

CIPER accedió a registros de cámaras de seguridad que se suman a videos y fotos difundidas por diversos medios. El análisis de las imágenes indica que al menos 11 personas abrieron fuego en los violentos incidentes ocurridos en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores. Mientras una reportera del canal de TV Señal 3 de La Victoria lucha por su vida tras haber recibido un tiro, la PDI detuvo ayer a un tercer acusado de disparar. Los dos primeros ya volvieron a sus casas, porque ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron prisión preventiva y solo quedaron con arresto domiciliario. No se consideró que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente y que incumplió el arresto domiciliario en otra causa. Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Son agencias venezolanas y colombianas que ofrecen sus servicios a personas que burlan los controles fronterizos. Hacen propaganda en redes sociales, cobran de US$ 700 a US$ 830 y una de ellas recibe los pagos en una cuenta del Banco Falabella. Sus pasajeros atraviesan entre tres y cuatro países antes de entrar al norte de Chile por pasos no habilitados. Para evitar que les apliquen las normas sobre tráfico de migrantes, en cada país ocupan empleados locales que nunca traspasan las fronteras: dejan al cliente cuando está punto de cruzar a un nuevo territorio y apenas logra pasar lo recibe otro “asesor”. CIPER confirmó la existencia de siete de estas agencias. Al menos dos de ellas ofrecen a sus pasajeros trasladarlos en avión desde Arica o Iquique a Santiago, lo que fue confirmado por la Fiscalía y la PDI. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha establecido que en una de las muertes en la frontera estuvo involucrada una agencia. Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

El anunciado nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, aparece en un documento reservado hecho por SQM. La minera puso a la consultora de Frigolett entre las receptoras de pagos riesgosos que hizo y que podían ser incluidos en la investigación en su contra por financiamiento político ilegal. La sociedad de Frigolett recibió $83 millones de SQM por un informe sobre el litio. Frigolett hizo ese estudio con otros cuatro autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir $441 millones de SQM. Entre ellos figuran Carlos Ominami y Gonzalo Martner. Ahora, bajo el mando de Frigolett, el SII debe tramitar solicitudes de las sociedades cascada relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios. Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Al amparo de la Ley de Inteligencia, Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en La Araucanía entre 2007 y 2018. Mientras algunas eran investigadas por supuestos nexos con delitos, otras solo eran consideradas “blanco de interés”. Archivos de inteligencia policial revisados por CIPER indican que, con la excusa de intervenir las conversaciones del actor Daniel Alcaíno, la Dipolcar “pinchó” a una productora de eventos y grabó sus conversaciones con humoristas, como Álvaro Salas, y periodistas, como Carlos Zárate, además de los representantes de otros comediantes y cantantes, como Kramer, Jorge Alis, Denise Rosenthal y Camila Gallardo. También se intervinieron las comunicaciones del alcalde Juan Carlos Reinao, del historiador Fernando Pairican, de abogados que alegaron en causas contra Carabineros y de los ahora constituyentes Francisca Linconao, Adolfo Millabur y Manuela Royo. Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

En el primer mes de las protestas iniciadas en octubre de 2019, funcionarios de inteligencia de Carabineros revisaron los antecedentes de 23.221 extranjeros que habían ingresado o salido en los últimos meses. Siguiendo la tesis de que agentes venezolanos y cubanos estaban tras el estallido, se dedicaron importantes recursos a seguir esa pista. Recién el 18 de noviembre de ese año un informe interno desistió de ese camino y asumió que la revuelta fue gatillada por la acción espontánea de organizaciones sociales y ciudadanos. Así lo indica la revisión de miles de documentos policiales reservados a los que CIPER tuvo acceso. Los informes también demuestran que Carabineros monitoreó a decenas de observadores de derechos humanos, encargados de fiscalizar que la policía no cometiera abusos en el control del orden público. Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

A pesar de que la Fiscalía contabiliza 112 carabineros formalizados por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020, en la institución uniformada insisten en que no tienen un conteo propio. CIPER revisó decenas de informes del Departamento de Asuntos Internos de la institución y encontró que la infiltración del narco no es el único problema al interior de las filas uniformadas: funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, otros que hacen negocios con grúas y también los que modifican registros de las comisarías para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos. Muchos de estos carabineros siguieron en sus puestos luego de que fueran detectados por los agentes de contrainteligencia.

Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.

Los nombres, direcciones y teléfonos de informantes reclutados por la inteligencia de Carabineros en La Araucanía aparecen en decenas de archivos que forman parte de la mayor filtración de documentos de la policía uniformada, a la que CIPER tuvo acceso. La lista la componen comuneros mapuche, estudiantes, funcionarios de universidades, de la Conadi, de Junaeb, de municipalidades, gendarmes y también un oficial de la PDI. La revisión de los documentos permite entender cómo operan los agentes de la policía para reclutar colaboradores, los pagos que realizan a cambio de información y la desprolijidad con que Carabineros maneja esos delicados antecedentes.

El general Luigi Lopresti, director de Inteligencia de Carabineros, fue uno de los oficiales encargados de poner en marcha el monitoreo y la elaboración de informes sobre los líderes estudiantiles que ahora conformarán el núcleo central del gobierno. Reportes sobre actividades de Gabriel Boric y Camila Vallejo, una ficha con antecedentes de Giorgio Jackson y datos acerca de las organizaciones que dieron origen a la alianza que ahora llega a La Moneda, forman parte de la mayor filtración de documentos de inteligencia de Carabineros, a la que CIPER tuvo acceso. Los documentos muestran como la policía infiltró el movimiento estudiantil, reclutando informantes entre alumnos y funcionarios de universidades. Esta es la primera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de Carabineros”, una revisión de 220 GB de registros de inteligencia policial.

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los  activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la  disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.

Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

La encuesta encargada por el INDH estuvo lista en enero, pero solo se publicó ayer, tras las consultas de CIPER. El 26% de los encuestados dijo que recurriría a Carabineros en caso de sufrir una vulneración de derechos y el 16% mencionó al INDH. Un 14% señaló que el instituto “protege los derechos humanos de todas las personas en Chile”, lo que implica una caída de 26 puntos respecto de la encuesta anterior (2018). El deterioro de la imagen de la entidad se conoce cuando surge una denuncia sobre un eventual incumplimiento del instituto a su obligación legal de enviar dos informes al sistema internacional de protección a los DD.HH. En tanto, la asociación de funcionarios de la entidad denunció ante la Contraloría una contratación excesiva de asesores que ganan entre $1 millón y $4 millones mensuales.

CIPER accedió a las cifras de exámenes PCR informadas por tres regiones y detectó que el Minsal ha difundido índices de positividad –factor clave para decidir cuarentenas– más bajos que los que se calculan con los reportes locales. El ministerio envió un correo a laboratorios que procesan PCR en el que reconoció desorden en las cifras: los exámenes ingresados a su plataforma oficial difieren de lo que reportan a diario los propios laboratorios. Autoridades regionales de Salud, directores de laboratorios y encargados de salud de 14 municipios indican que se ocupan tres sistemas paralelos para registrar los PCR. Se sigue privilegiando el uso de planillas Excel para  transmitir los datos, aunque hace un año la Contraloría alertó sobre el riesgo de que esos archivos sean manipulados.

Los dos policías que venían llegando al fundo de Forestal Mininco para reforzar a la pareja de Carabineros que resguardaba el lugar, dijeron a la Fiscalía que se enteraron del ataque por radio y decidieron ingresar a pie. Mientras avanzaban agazapados, relataron, un encapuchado salió repentinamente al camino y les apuntó con un fusil. Uno de los funcionarios le disparó a la cabeza. Pablo Marchant, militante de la CAM, falleció de inmediato. A diferencia de los policías que repelieron el ataque dentro del predio, ellos declararon que no llevaban cámaras Go Pro. El trabajador que recibió un tiro en el tórax en medio de la balacera sigue en riesgo vital. Informes de inteligencia policial a los que accedió CIPER indican que el fundo es considerado zona de alto conflicto al menos desde 2014.

La Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH) resolvió recomendar al Estado de Chile que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en que aplicó la media prescripción a 50 condenados por violaciones de derechos humanos. Los denunciantes que presentaron el caso al organismo internacional sostienen que deberán dictarse nuevas sentencias acordes a la gravedad de los delitos y a los tratados que ha firmado nuestro país. También indican que la CIDH resolvió que el Estado chileno no podrá alegar cosa juzgada o prescripción para justificar el incumplimiento de esta recomendación.

Un empresario con negocios en el área de la educación que fue parte de la Lista del Pueblo. Una integrante de la lista de Independientes No Neutrales con una sociedad en un paraíso fiscal. Al menos 21 constituyentes que no declararon sociedades comerciales aún vigentes en el SII. Doce con derechos de agua a su nombre o al de sus familiares o de sociedades con las que están relacionados (once de ellos anuncian que no se inhabilitarán cuando se discuta el tema). Estos son algunos de los datos que surgieron tras revisar las declaraciones de patrimonio de los 155 elegidos para la Convención Constitucional y cruzarlas con los registros del Diario Oficial, el SII y la Dirección General de Aguas. Los resultados –y las  explicaciones que dieron a CIPER los convencionales que podrían presentar un conflicto de interés– se plasmaron en este reportaje y en  las 155 fichas que lo acompañan con datos de cada constituyente.

La PDI confirmó a CIPER que el jefe de policía civil, Héctor Espinosa, está citado a declarar ante la Fiscalía de Magallanes. El director general es investigado por la compra de un inmueble en Las Condes, el que fue adquirido por su esposa en 2018 por $398 millones. En esa operación se pagaron $254 millones al contado –mediante vales vista­– y los $143 millones restantes fueron cubiertos con un préstamo bancario. Espinosa figura como codeudor y fiador solidario de esa deuda, pero no incluyó estos antecedentes en su declaración de patrimonio. Ahora debe explicar ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el origen del dinero.

La irrupción de grupos estrechamente vinculados a empresas forestales, la dura ofensiva de ataques incendiarios desplegada por la WAM y una baja votación de mapuche inscritos en el padrón de los pueblos originarios, son algunos de los factores aparejados al reciente proceso electoral constituyente. Entre las organizaciones más relevantes que canalizan sus demandas por vías institucionales, al menos cinco participaron en la elección y dos se mantuvieron al margen.

El objetivo que la centroderecha no alcanzó –manejar un tercio de la convención constitucional– fue superado con holgura por las listas que encarnan propuestas de transformación del modelo. Estos grupos también sobrepasaron a la centroizquierda, dejando a la ex Concertación como cuarta fuerza en la convención. Al menos 77 de los constituyentes provienen del pacto del FA y el PC (28), de la Lista del Pueblo (27), de listas locales (7) y de pueblos originarios (15). Todos impulsan políticas para poner fin al rol subsidiario del Estado, superar la economía extractivista, instaurar la plurinacionalidad, profundizar derechos laborales y cambiar el sistema previsional, entre otras.

La centroderecha contó con $5,5 mil millones para su campaña constituyente y logró 37 cupos, con un gasto promedio de $148 millones por cada postulante electo. La Lista del Pueblo solo recibió $110 millones para repartir entre 130 candidatos e instaló 27 nombres. Su gasto promedio fue de $4 millones por aspirante  electo. El candidato con más aportes privados, René Cortázar (DC, $141 millones) fue derrotado por una postulante que solo contó con $340 mil. Entre los candidatos con más recursos que lograron un cupo se cuentan Marcela Cubillos, Bernardo Fontaine, Hernán Larraín, Arturo Zúñiga, Alfredo Moreno Echeverría, Cristián Monckeberg, Constanza Hube, Luis Mayol y Bernardo de La Maza.

Un trutro de pollo compartido por tres, caldo de huesos y los productos de la caja que la Junaeb entrega a escolares. Eso es parte del menú de muchas familias golpeadas por la crisis social y la pandemia. CIPER recorrió algunas escuelas que mostraron un aumento de niños con señales de desnutrición, según los datos del Mapa Nutricional 2020 de la Junaeb. Ese estudio evidenció un incremento del indicador de 0,8 puntos porcentuales y, aunque es bajo, los expertos lo miran con preocupación. Apoderados, profesores y directivos de colegios atendidos por la Junaeb contaron a CIPER cómo las  cajas se han convertido en tabla de salvación para familias que las  reciben como un beneficio para todo el hogar.

CIPER investigó cómo se trazan los contactos de las personas con covid. En 14 comunas –del norte, centro y sur del país– consultamos a municipios, servicios de salud y trazadores. La conclusión es sorprendente: hay al menos tres sistemas distintos para seguir la ruta del contagio. En siete de estas comunas el sistema de trazabilidad diferencia entre pacientes Fonasa y de isapres. Y en ellas se consigue ubicar entre 1,7 y 3 contactos por cada caso positivo. En otras comunas, donde no hacen esa distinción, se rastrean de 2,8 a  4,4. Aunque los expertos insisten en que una correcta trazabilidad es clave para frenar la pandemia, Chile sigue lejos de lo recomendado por la OMS: cinco contactos por cada positivo.

En 2020 se promulgó una norma para  impedir que las empresas que suspendieron los contratos a sus trabajadores –obligándolos a pagarse con sus fondos de cesantía–, repartieran utilidades. Pero seis grandes constructoras ya anunciaron que lo harán de todas formas. Esto, porque la ley dejó la puerta abierta para que las empresas puedan hacer la repartición si no han suspendido contratos en el año comercial en curso. Si las suspensiones se hicieron en 2020 y no se han reiterado en 2021, tienen luz verde. El año pasado tampoco se les pudo aplicar la ley, porque se promulgó después de que las empresas ya habían anunciado la repartición. ­

Para justificar la intervención de ese tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019. La Corte Penal Internacional podría tardar años sólo en declarar la admisibilidad del recurso. La Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) también suscribieron el escrito, el que fue presentado este jueves a las 11:00 de Chile.

CIPER entrevistó a transportistas de la empresa de reparto Starken, controlada por los dueños de Tur Bus y una de las más solicitadas en la pandemia. Todos han sido asaltados y la empresa les cobra por la carga que les roban. Sus liquidaciones muestran descuentos que llegan hasta $790 mil mensuales. Pablo Valdés murió de un balazo en el pecho el 24 de marzo pasado porque defendió la carga. Los repartidores dicen que ganan entre $600 mil y $1,2 millones al mes, por lo que si son asaltados deben escoger entre pedir préstamos para sobrevivir o enfrentar a los ladrones.

En esta nueva investigación de las “zonas ocupadas” actualizamos los datos de infraestructura y equipamiento de las poblaciones, villas y barrios más expuestos al crimen organizado en la Región Metropolitana. La mayoría de estas 174  zonas son catalogadas como de “alto riesgo” por prestadores de servicios esenciales (agua, luz, correos, ambulancias y delivery). Muchas de ellas están lejos de farmacias, consultorios, comisarías y supermercados, entre otros servicios. En conjunto con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, para este reportaje revisamos bases de datos y hablamos con trabajadores que proveen estos servicios en la ciudad. El resultado es un retrato de la violencia y desprotección que sufren los sectores más vulnerables de la capital, plasmado en una detallada visualización con mapas y datos de cada zona.

Primero en 2009 y luego en 2012, CIPER identificó las zonas controladas por el narcotráfico en la Región Metropolitana. Las llamamos “zonas ocupadas”, porque sus habitantes viven prácticamente al margen de la acción del Estado, expuestos a la violencia y con escaso acceso a equipamiento urbano. Ahora, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, presentamos la tercera versión. Revisamos bases de datos, entrevistamos a pobladores y preparamos una visualización con los mapas y el detalle de cada zona. El resultado es desalentador: las “zonas ocupadas” pasaron de 80 a 174. Y sus habitantes, que hace algunos años aún consideraban que los tiroteos y “balas locas” eran episodios graves y extraordinarios, finalmente se acostumbraron a la violencia. Este es el relato de quienes conviven con el crimen organizado.

Un funcionario de la Dirección de  Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de  derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está  identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes.

Al menos en cuatro ocasiones el Partido Socialista recibió antecedentes que alertaban sobre las denuncias de  acoso y abuso sexual contra el alcalde Arturo Aguirre, lo que no impidió que la colectividad patrocinara su candidatura a la reelección. En  enero de 2020 un estudio jurídico que representa a una de las afectadas los entregó por escrito en la sede partidaria, donde les pusieron el timbre de recepción de la colectividad. En las mismas fechas el militante socialista Sergio Castillo también presentó los testimonios. Luego, en enero de este año, volvió a ingresarlos en la sede del PS en una carta dirigida al Comité Central, en la que también quedó impreso el cuño de la recepción.

Un informe elaborado por la Fiscalía, con datos actualizados al 28 de enero pasado, indica que originalmente se abrieron 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas  durante el estallido social. De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568. Pero el 46% de ellas, 3.050 causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Las principales razones: falta de pruebas y víctimas inubicables. El informe indica que solo una se cerró con sentencia condenatoria.

Uno de los dos hombres que figuran en el video que CIPER difunde junto a este reportaje es César Neira Medina, sargento primero del regimiento de Inteligencia “Soberanía”. En las imágenes vigilan el despacho de la magistrada Romy Rutherford, quien investiga causas sobre corrupción militar. Lo reconoció en la calle, mientras hacía el “punto fijo”, un antiguo camarada: el ex sargento Juan Pablo Díaz, uno de los testigos en los procesos que lleva Rutherford. Los agentes fueron grabados y Díaz entregó el material a la jueza. La denuncia por espionaje llegó al Ministerio Público y la indagatoria está  en manos del fiscal Jaime Retamal.

En 2017 la Dirección Nacional de  Inteligencia del Ejército (DINE) pidió al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, que autorizara la intervención telefónica de una agente extranjera que buscaba “antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”. El magistrado lo aprobó, sin saber que el número del celular escrito en ese documento era del periodista Mauricio Weibel, que entonces investigaba corrupción militar. Esa operación fue respaldada ante la Cámara de Diputados por el Ejército y por el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, quien dijo que se ajustaba a la legalidad.

Tocaciones, relaciones bajo amenaza de perder el empleo, besos forzados, caricias y llamadas nocturnas, son parte de las acusaciones contenidas en las declaraciones de cinco mujeres ante la PDI. La defensa del alcalde Aguirre acusa un montaje político en medio de la campaña municipal, pero un informe policial concluyó que si bien “podría haber intereses creados”, los relatos de afectadas y testigos “son concordantes” y “darían cuenta de un patrón conductual común del imputado”. Cuatro de las denunciantes conversaron con CIPER y accedieron a que se conocieran sus historias, bajo la reserva de sus identidades. La Fiscalía confirmó que la investigación está en proceso, pero aún desformalizada. El Partido Socialista también recibió los antecedentes.

Hoy se cumple un año de la primera muerte en Chile por Covid-19 y el Minsal sigue sin entregar copia de sus reportes a la OMS con el recuento de fallecidos por la pandemia. Esto, a pesar de que fueron pedidos por CIPER bajo la ley de acceso a información pública y el Consejo para la Transparencia (CPLT) falló a favor del requerimiento hace dos meses. Las cifras del CPLT indican que, del total de subsecretarías, las dos del Minsal –Salud Pública y Redes Asistenciales– son las que exhiben más reclamos en relación a las solicitudes recibidas. El consejo ordenó un sumario en cada una de las subsecretarías de la cartera. Las cifras del CPLT indican que hay 73 decisiones de amparo incumplidas por la Subsecretaría de Salud y 17 por la de Redes Asistenciales.

Tras la “ola feminista” iniciada en 2018 se abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer, se adoptaron nuevas políticas para frenarla y se amplió la tipificación del femicidio, A pesar de esto, los femicidios no han descendido y los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. CIPER analizó los casos de los años 2018 a 2020 y el estado de esas causas. De un total de 131 femicidios reconocidos por SernamEG, sólo el 14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. En el 27% de los casos los imputados se suicidaron, lo que originó el sobreseimiento. En 2020, en medio de la pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, el número más alto en los últimos ocho años.

A un año de la llegada del coronavirus a Chile sigue sin conocerse el real impacto del encierro por la cuarentena en los índices de violencia contra la mujer. Un estudio preliminar, realizado por el Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, ha dado las primeras luces. En 2020 los llamados al Fono Familia #149 de Carabineros sumaron 24.806 entre enero y septiembre, marcando un fuerte aumento de 43,8%. En el mismo periodo las denuncias formales ante las policías cayeron en un 9,6%, registrando un total de 65.466. El peak de llamadas de auxilio al #149 se alcanzó en mayo, con un 314% más que en el mismo mes de 2019.

Una de las principales demandas de las movilizaciones feministas de 2018 fue terminar con el acoso. Aunque se visibilizó el acoso callejero y el que ocurre en las aulas, el que sufren las mujeres en sus trabajos no es fácil de enfrentar: el miedo de víctimas y testigos a perder el empleo y la revictimización que sufren las afectadas durante el proceso judicial, desalientan la denuncia. Entre 2018 y 2020 en Chile se registraron 1.597 denuncias por acoso sexual laboral en el sector privado. En el sector público, se contabilizaron 225 entre 2018 y 2019 (los datos de 2020 aún no están disponibles). El año pasado, en medio de la pandemia, la Dirección del Trabajo recibió 279 denuncias.

Informes de Asuntos Internos de Carabineros indican que investigó al menos a 40 policías por vínculos con bandas de narcos y asaltantes entre 2014 y 2016. Los documentos incluyen audios de llamadas de carabineros que protegían a narcos, actuaban contra sus bandas rivales y se quedaban con dinero y droga decomisada. Al menos cinco investigados continuaron activos. Las cifras corresponden sólo a ocho casos indagados en dos años en la Región Metropolitana, lo que contrasta con los casos informados por la prensa entre 2010 y 2020, los que suman 66 funcionarios investigados a nivel nacional. CIPER pidió a Carabineros, Fiscalía y Ministerio del Interior los datos actualizados. Los dos primeros respondieron que deben pedirse por Transparencia. Desde Interior no hubo respuesta oficial.

La existencia de redes transnacionales dedicadas al tráfico de personas es el dato imposible de soslayar en medio de la crisis migratoria de Colchane. Hasta ahora nadie ha logrado desarmar esas redes, incluso las autoridades chilenas reconocen que no saben demasiado sobre ellas. Culpan a los migrantes por no hacer las denuncias, y quienes migran acusan que los coyotes los estafan y les roban. CIPER reconstruyó la ruta que recorren los miles de migrantes venezolanos que desde fines de 2020 abarrotan la frontera norte del país. Esta es una historia de voluntades de hierro y de viajes sin papeles.

El Valle del Elqui no escapa a la grave sequía que afecta al país, provocando problemas para los pequeños agricultores de la zona, que la pandemia agrava. En diciembre un grupo de ellos denunció que, en el extenso Fundo Cerrito, la empresa agrícola de Andrónico Luksic (Agrícola El Cerrito) tenía instalada una bomba de extracción de agua irregular. La agrícola del empresario reconoció la falta y la retiró. Los agricultores acusan que esa bomba llevaba varios años operando sin permisos provocando merma del vital suministro para el resto. La misma agrícola ha enfrentado sumarios sanitarios por el uso de agroquímicos en sus plantaciones de uva y los vecinos de Paihuano denuncian que esos químicos los intoxican. Este verano las protestas han ocupado la calle llegando incluso a las puertas de la casa que Luksic tiene cerca de Pisco Elqui.

Discriminación por clase y nacionalidad, baja eficacia y un uso cada vez más masivo por parte de las policías, son algunos de los problemas que detectan los expertos en seguridad respecto del control preventivo de identidad, vigente en el país desde 2016. La muerte del malabarista Francisco Martínez, en Panguipulli, a manos de un sargento de carabineros durante un control, reflotó el debate sobre la utilidad de la medida. Los datos indican que en 2020 solo el 2% de los controles resultó en una detención, y que estos se enfocan en ciertos grupos de la ciudadanía. Y a pesar de que es ilegal, los carabineros siguen realizando miles de controles a menores de edad. Solo entre enero y septiembre de 2020 controlaron a 27 mil adolescentes.

Nunca en la historia de Panguipulli había pasado algo así. La noche del viernes 5 de febrero los vecinos de la ciudad sureña vieron arder los edificios de la municipalidad, del juzgado local, del registro civil y de varios otros servicios públicos y privados. Cinco horas antes un sargento de Carabineros había acribillado en una esquina del centro de la ciudad al malabarista Francisco Martínez, a vista y paciencia de todos. Nadie se lo esperaba, pero la rabia se expandió como la pólvora. Otra vez la policía uniformada está en el centro de un escándalo social, judicial y político.

Entre 1992 y 2007, cinco ex seminaristas del Pontificio Mayor San Rafael de Lo Vásquez fueron víctimas de abusos sexuales y de conciencia por parte de diversos sacerdotes de la Quinta Región. También lo fueron de una red de encubrimiento en la diócesis de Valparaíso, con el ex obispo Gonzalo Duarte a la cabeza. El 5 de agosto de 2020 los ex seminaristas interpusieron una demanda en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por $1.250 millones en contra del obispado. Un mes antes, el 17 de julio, otra denuncia había sido presentada en sede canónica. Hace pocos días, y por primera vez a 12 años de que estallara el caso de abusos en Valparaíso, una de las víctimas fue citada a declarar. Por vía paralela, el ex obispo Duarte, quien reside en un departamento de $190 millones propiedad del obispado, sigue siendo investigado como imputado por la Fiscalía Centro Norte.

El sistema de compras adoptado en Chile para responder a la emergencia sanitaria, permitió que más de cien empresas que tenían menos de un mes de existencia se adjudicaran contratos millonarios con servicios públicos por trato directo, es decir, sin ninguna competencia. En esta investigación, realizada por Salud con Lupa y Connectas, se analizaron todas las órdenes de productos para el Covid-19 publicadas en el portal de Mercado Público en 2020 y se descubrieron adquisiciones con sobreprecios y contratos con empresarios vinculados a funcionarios públicos.

En un 2020 azotado por la crisis económica, tras el estallido social y la pandemia, San Sebastián Inmobiliaria inició acciones para quedarse con las casas de sus deudores que no pudieron seguir pagando y que habían cedido sus inmuebles como garantía. La empresa dice que esto afecta solo al 2% de sus clientes y que en pandemia dio facilidades. CIPER revisó los registros del Poder Judicial: 252 solicitudes de juicio arbitral ingresaron después de decretado el estado de Emergencia por Covid. Abogado de deudores dice que la fórmula es similar a la de Eurolatina, condenada años atrás por estafar a través de préstamos imposibles de pagar, para quedarse con las casas: “Ni Eurolatina ni San Sebastián pedían documentación que comprobara la capacidad de pago”.

CIPER investigó durante semanas un call center de la campaña del alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS), quien busca su tercer período. Accedimos a audios y otros registros que revelan cómo funcionarios municipales dejan sus labores habituales para trabajar en la campaña: llaman a los vecinos para medir preferencias electorales, presentándose como operadores de una consultora. En uno de los audios, el jefe del call center ofrece licencias médicas para justificar el ausentismo laboral en el municipio. Encargado de comunicaciones de la municipalidad respondió a CIPER: negó la existencia del call center y anunció querellas. Lee la investigación completa aquí bit.ly/2JO5gb4

Cuando la Fiscalía acreditó que la precampaña de Michelle Bachelet fue financiada por SQM, el SII dejó de hacer denuncias ante la justicia penal. Solo SQM, Penta y Corpesca fueron investigadas y al resto de las empresas las enviaron a los Tribunales Tributarios, donde se les aplicaron multas. A algunas, como Ripley y Cencosud, ni siquiera se les sancionó por el total de las boletas. CIPER revisó esos procesos y detectó 28 empresas involucradas. Entre las boletas rectificadas figuran pagos a personas o sociedades vinculadas a los presidentes de la DC y UDI, a un ministro del Tribunal Constitucional, a parlamentarios, a ex ministros, a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, entre otras figuras públicas. Una nómina a tener en cuenta en época de elecciones.

En diciembre del año pasado la junta de accionistas de Volcom Servicios Financieros reconoció que adeudaba casi $500 millones a Inversiones San Crescente, sociedad en la que participa Sebastián Piñera Morel. José Miguel Bulnes, quien al mismo tiempo es socio de Volcom y de Piñera Morel, confirmó a CIPER que el préstamo “se ha ido pagando gradualmente”. El monto fue facilitado en 2015, según Bulnes, cuando Piñera Morel aún participaba en la propiedad de Volcom: “Se originó en el inicio de la sociedad (Volcom), para financiar su constitución, sus garantías y los recursos para co-invertir en los feeders”.

Según un estudio del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones donde el índice de desigualdad es igual o superior al promedio nacional. La presente columna le pone números a esa relación “desigualdad-conflicto”. Según el cálculo exploratorio propuesto por los  autores, y considerando el carácter multidimensional de los orígenes del conflicto social, “reducir la desigualdad de Chile de 0,49 a 0,43 (GINI) podría significar una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional”

Los Gatica Villarroel han vivido un mes de angustia. Dos días antes de que el hijo menor, Gustavo, perdiera sus ojos por un escopetazo de Carabineros, a su padre le diagnosticaron cáncer. Gustavo salió de la clínica después de 18 días y su papá se internó para iniciar el tratamiento. Acá, el hermano mayor, Enrique, habla de la fortaleza de Gustavo para sobrellevar la pérdida de la visión, de la solidez de sus convicciones, de lo bien que le hacen los mensajes de aliento, de la responsabilidad de las autoridades y de sus deseos de contactar a Fabiola Campillay (la trabajadora que quedó ciega por una bomba lacrimógena) para brindarse apoyo mutuo.

El concejal de La Calera Karim Chahuán está en la mira de la Fiscalía por ilícitos mucho más graves que participar en un saqueo a fines de octubre. Desde septiembre la policía tenía interceptado su teléfono por prestar colaboración a una banda de narcotraficantes que también ejecutaron asaltos y robos. Informes de la PDI indican que facilitó autos para cometer delitos, los que provenían de la automotora que él administraba y que es controlada por una sociedad de su padre, el ex alcalde y actual CORE Roberto Chahuán. También es indagado por la desaparición de videos de seguridad que registraron a miembros de la misma banda en un tiroteo.

Un informe de la Universidad de Chile comprobó que los perdigones que utiliza Carabineros para controlar el orden público están compuestos en un 80% por plomo, silicio y sulfato de bario. Médicos que han atendido a los heridos insisten en la presencia de componentes metálicos en los balines. Lo mismo señalan los radiólogos que han analizado escaners de esas personas. Esto contrasta con la versión oficial del gobierno y Carabineros, que han insistido en que los perdigones son de goma. Hasta ahora 217 personas han sufrido daños oculares causados por estas municiones.

Son 9,5 millones de tarjetas de crédito con deudas las que amasa la industria del retail financiero en Chile. No solo es el sector de la economía con más deudores morosos, también uno de los que concentra la mayor cantidad de reclamos por vulneraciones. Conversamos con clientes y nos convertimos en titulares de tarjetas en cinco multitiendas para poner a prueba las  prácticas de la industria del crédito fácil: ventas atadas de seguros; firma a ciegas de contratos; cobros abusivos y tráfico de información desde las AFP, fue lo que encontramos. Una alerta roja más en medio del profundo malestar que hoy sacude al país impulsado por la desigualdad y los abusos del sistema.

La multitudinaria protesta contra el sistema político y económico puso en marcha un proceso constituyente que no estaba en los cálculos de la elite. El acuerdo parlamentario para una nueva Carta Magna instaló una comisión técnica que afinará los detalles de ese pacto. La comisión fue “cuoteada” por los partidos, lo que atizó las críticas de quienes acusan que el acuerdo no representa a la ciudadanía. ¿Cuáles son los nexos entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la comisión? CIPER rastreó esos vínculos. Lobistas y asesores de grandes empresas -incluyendo el rubro de los tragamonedas-, ex funcionarios de gobierno y un ex diputado investigado por financiamiento político ilegal, integran la comisión que pretende rayar la cancha del debate constitucional.

Una pesada estructura legal permite a Carabineros mantenerse al margen del  control efectivo de las autoridades civiles y del escrutinio de la  ciudadanía. Los autores de esta columna de opinión describen cómo  funciona ese entramado y analizan sus efectos. Se trata, dicen, “de un  régimen jurídico sumamente diferenciado al resto de la administración  pública que fomenta el actuar autónomo y opaco de Carabineros de Chile”.  Reformar este blindaje, señalan, es una tarea urgente tras el mega  fraude interno de 2017 y las graves vulneraciones de derechos humanos  que ha protagonizado la policía en el periodo reciente. Lee la columna completa aquí

20 generales, coroneles, mayores y  tenientes del Ejército han estudiado en prestigiosas universidades  estadounidenses gracias al financiamiento del Grupo Luksic, el que desde  2012 se encarga de pagar los cursos y másters con que se capacitan los  oficiales chilenos, los que cuestan varias decenas de miles de dólares.  El financiamiento empresarial de la formación de los oficiales viene a  sumar antecedentes a la estrecha relación de los Luksic con el Ejército,  cuyos pormenores ya están siendo indagados por la justicia. Lee la investigación completa aquí

El académico Claudio Nash destaca que,  en esta nueva visita, el CIDH encuentra a un Poder Ejecutivo que “sigue  sin hacer cambios de fondo en su política represiva” y que “ha  intensificado la criminalización de la demanda social”, cuestión que la  CIDH ya había criticado en su informe de diciembre. El autor cuestiona  al Congreso por no haber puesto freno al Ejecutivo y advierte que “el  Poder Judicial, cada vez más, se aleja de su rol de control de los  abusos ejercidos contra el pueblo de Chile y se suma a una política de  impunidad respecto de los abusos policiales”. Lee la columna completa aquí

Un peritaje elaborado hace siete años por el Departamento de Criminalística recomendó disparar a más de 30 metros del blanco y solo apuntando al tercio inferior del cuerpo de los manifestantes. Disparos a menor distancia, advirtió el informe, pueden  ser letales –si impactan en el cuello– o provocar estallido ocular, fractura craneal y laceraciones hemorrágicas en el abdomen, entre otros efectos. El documento demuestra que Carabineros conocía los riesgos de  usar esta arma y que las advertencias fueron ignoradas en las manifestaciones recientes, en las que ya se han registrado más de 220 lesiones oculares. Lee el artículo completo aquí 

El cambio de Chadwick por Blumel en el ministerio del Interior “no tuvo impacto alguno en reducir las violaciones generalizadas a los derechos  humanos”, afirman los autores de este estudio. De hecho, con Blumel los  abusos han aumentado, según muestran en un ilustrativo cuadro de este  informe. Se ofrece también un recuento de las demandas sociales que se  acumularon por más de 30 años y cómo han sido contestadas con 60 días de  violencia. Los autores llaman a democratizar la ciencia que, en su  opinión, debiese respaldar los cambios profundos que la sociedad está  exigiendo hoy. Lee la columna completa aquí

El autor de esta columna analiza las fortalezas y silencios del informe  del INDH sobre las violaciones a los derechos humanos. Cuestiona en  particular dos omisiones “inexplicables”: que el informe no entregue  cifras consolidadas que permitan tener un panorama completo de los  abusos cometidos; y la falta de una conclusión clara acerca de las  responsabilidades civiles en esta crisis. Es decir, de las autoridades que son responsables de la actuación de Carabineros: el Ministerio del Interior y el Presidente de la República. Lee la columna completa aquí

La situación del concejal de La Calera Karim Chahuán, detenido inicialmente por un saqueo, se agrava. Ahora es investigado por sus  nexos con Pedro Melo Cartagena, líder de la banda que en 2011 cayó en la  Operación Ballena con 211 kilos de droga. La Fiscalía presentó al  tribunal el testimonio de un imputado que relata que Chahuán recibía a  Melo Cartagena en su automotora, donde los vio pesar droga. Las  pesquisas indican que le facilitaba vehículos a cambio de cocaína y que intercedía ante Carabineros para que autos involucrados en delitos de drogas pasaran al corral municipal solo por infracciones de tránsito. Lee el reportaje completo aquí

Al abogado alemán Jörg Stippel, las protestas chilenas le recuerdan las  manifestaciones no autorizadas que todos los lunes se realizaban en la  RDA y que concluyeron en la reunificación alemana. El autor piensa que  lo que ocurre en Chile es clave para nuestro futuro y es necesario que  los chilenos “puedan hacer uso de su derecho a reunirse, aunque causen  problemas en el tránsito”. Revisando la legislación alemana, europea y  chilena afirma que declarar “tolerancia 0” ante manifestaciones no  autorizadas “constituye un límite desproporcionado e injustificado al  ejercicio de uno de los derechos constitutivos de un sistema  democrático.” Lee la columna completa aquí

El gobierno ha sido duramente criticado  por asegurar que, usando tecnología de Big Data, detectó influencia  extranjera en el 18/O. Este interesante texto del doctor en Ciencias de  la Computación, Claudio Gutiérrez, profesor de la Universidad de Chile e  investigador del IMFD, nos introduce al mundo del Big Data. Tras  aclarar sus alucinantes posibilidades, riesgos y límites, el autor  concluye citando a uno de los expertos mundiales en Inteligencia  Artificial: “No se puede hacer ‘inteligencia’ con datos no estructurados  de redes públicas y quien diga que puede hacerlo, vende humo”. Lee la columna completa aquí.

Un 11% de los detenidos durante el estallido social son menores, según las  cifras del gobierno. Entre ellos hay muchos adolescentes vulnerables  que pertenecen a la red del Sename. Al menos 115 jóvenes atendidos por  ese servicio han denunciado maltrato policial grave e irregularidades en  sus detenciones. De esta forma, menores que están bajo tutela del  Estado acusan haber sido víctimas de agentes del mismo aparato público.  El 28 de octubre el Sename activó circulares en toda su red para que se  registren los casos, se denuncien a la Fiscalía y al INDH, y se informe a  la Defensoría de la Niñez. Lee el reportaje completo aquí

¿Qué condiciones debe tener el proceso  constituyente para ser legítimo para los pueblos indígenas? El Centro de  Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) reunió representantes de la  academia, del mundo social e indígena para discutir este asunto.  Destacan varios requisitos mínimos, entre ellos, escaños reservados en  el Constituyente que puedan ser ocupados con paridad de género; y que el padrón electoral permita votar por esos escaños a todos lo que se  autoidentifiquen como indígenas. Lee la columna completa aquí

Los y las autoras de esta columna asistieron a 72 audiencias de control de  detención tras el 18/O. A partir de sus datos afirman que el trabajo  judicial “no resguardó la integridad física y dignidad de los  detenidos”. Por ejemplo, en 46 audiencias no se preguntó a los imputados  sobre las condiciones de detención. En estas audiencias se debe  fiscalizar la legalidad de los procedimientos policiales, sin embargo,  la muestra indica que el Poder Judicial “está fallando en indagar  sistemáticamente posibles violaciones a DD.HH durante la detención”. Lee la columna completa aquí

Entre 2015 y 2019 más de 1.000 test de drogas aplicados a personal militar y policial dieron positivos para  marihuana y cocaína. A pesar de que se trata de una cifra marginal para  el total de exámenes realizados, CIPER halló una serie de  irregularidades: según la información que ellas mismas entregaron vía  Ley de Transparencia, Carabineros solo sanciona a suboficiales, la PDI  disminuyó el número de test aplicados en 2018 y 2019, y en el Ejército  se triplicó el número de casos positivos en medio del estallido social.  También hay zonas grises en las sanciones aplicadas a los efectivos  detectados como consumidores. Lee la investigación completa aquí

La  información difundida por CIPER sobre las becas del grupo Luksic para  oficiales del Ejército, es un incentivo para debatir en el proceso  constituyente sobre “la naturaleza actual y el futuro de las Fuerzas  Armadas” y la manera en que deben estructurarse las relaciones entre  civiles y militares. Así lo plantea el autor de esta columna: “Debemos  promover que la ciudadanía (…) se relacione con la defensa nacional  subordinándola a sus intereses, si no queremos (…) que grupos económicos  de reconocida trayectoria de influencias, financien filantrópicamente  la formación de los conductores del instrumento militar”. Lee la columna completa aquí

Esta  columna muestra didácticamente cómo debería operar la convención  constituyente, usando como ejemplo el camino que debería seguir la propuesta de que el agua se consagre como derecho humano. El análisis  lleva al autor a sostener que “la hoja en blanco” sobre la que se  escribirá la nueva Constitución es la principal garantía de legitimidad  del proceso; y que el quórum de 2/3 para los contenidos de la  Constitución NO entrega poder de veto a la minoría sino que la incentiva  a negociar y “garantiza un texto para todos y todas”. Lee la columna completa aquí

El sistema penal chileno tiene profundos defectos estructurales, como el  sesgo clasista y la falta de proporcionalidad en las penas. Por ello,  argumentan los autores de esta columna, la criminalidad callejera recibe  altas penas, mientras la delincuencia de cuello blanco, solo sanciones  simbólicas; el robo, por su parte, tiene sanciones más drásticas que  delitos contra la vida. Argumentan que proyectos como “antiencapuchados”  y “antisaqueos” van a empeorar este desequilibrio y que lo que  corresponde es dejar de parchar el Código Penal e iniciar la discusión  de uno nuevo, a la altura del Chile del siglo XXI. Lee la columna completa aquí

Hasta ahora la discusión constitucional  se ha concentrado en cómo lograr que la “convención” refleje la  diversidad de Chile. El autor destaca aquí otros temas irresueltos, por  ejemplo, que las candidaturas independientes a la convención recibirán  menos financiamiento público que los postulantes de los partidos; y que  los candidatos pueden recibir donaciones de privados. El autor sugiere  medidas para “nivelar la cancha y estimular un debate programático”,  tales como prohibir donaciones y aumentar el aporte público a las  campañas independientes y financiar franjas radiales.

La tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos “es cognitivamente confortable” para la elite. La tranquiliza porque le  ofrece un malo a quien echarle la culpa de todo, explica el autor de  esta columna. Sin embargo, al hacer eso, la elite chilena ni comprende  bien lo que está detrás del 18/O; ni toma conciencia de que la verdadera  amenaza narco no está en el saqueo, sino en cómo coopta y corrompe a  las autoridades y a las policías. Lee la columna completa aquí

El masivo desprecio a los partidos políticos es merecido. Pero también es  un problema. “Sin organizaciones políticas legítimas es imposible  restablecer el orden democrático y lograr estabilidad”, explica el  politólogo Fernando Rosenblatt. En este crucial 2020, los viejos y los  nuevos partidos tendrán una oportunidad única de recuperar legitimidad.  Para aprovecharla, el autor recomienda partir por “evitar la tentación  del pequeño partido propio y las ganancias de corto plazo”.

La autora de esta columna sostiene que el 18/O no es un “estallido” sino  un “levantamiento popular” que comenzó con la “desobediencia civil” de  los estudiantes en el Metro y que sigue hasta hoy. Miradas desde ahí,  las normas anti-encapuchados y anti-saqueos que impulsa un gobierno con  82% de rechazo, tienen un objetivo claro: “someter al levantamiento y  prevenir futuros brotes de descontento”. Estas normas no serían, como se  ha dicho, ejemplos de “populismo penal”, pues este se caracteriza por  perseguir a los oligarcas; serían más bien, ejemplos de “fascismo penal”  dado que buscan castigar al que se subleva. Advierte que, si este  fascismo no se denuncia y detiene, “puede convertirse en la nueva  normalidad en la sociedad chilena”. Lee la columna completa aquí

Con veinticuatro votos a favor  y doce en contra, fue rechazada la semana pasada la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional  sobre dominio y uso de aguas. Se selló, de esta manera, por lo menos  momentáneamente, una larga tramitación originada en 2008, que pasó  varias comisiones y donde el proyecto original fue refundido con otras iniciativas similares en 2016. Lee la columna completa aquí

“Para Kant, la caridad y la beneficencia  no dejan de ser una impostura. La necesidad de ejercerlas proviene de  alguna injusticia social cometida previamente, al acaparar los recursos  disponibles en pocas manos y privar de los mismos a la inmensa mayoría”.  Opinión del historiador de las ideas Roberto Aramayo, para The Conversation, en el día mundial de la justicia social. Lee el artículo completo aquí

El  hombre de 55 años estaba manifestándose en la Plaza Ñuñoa, en Santiago,  cuando fue atacado por un piquete de Fuerzas Especiales. Las  consecuencias para su salud fueron graves: tres meses después aún no  recupera la vista. Además quedó con un pulmón perforado, cinco costillas  fracturadas, un hombro dislocado, un diente menos, dos astillados y su  nariz rota. Los 12 policías involucrados entregaron a la justicia una  versión falsa, la que fue desestimada por una investigación interna de  Carabineros, por la PDI y por testigos. Hace unos días una jueza liberó a  todos los involucrados de la prisión preventiva. La familia, el INDH y  la Fiscalía ya presentaron una apelación. Los uniformados eran  investigados por el delito de torturas. Lee la investigación completa aquí

Quienes apoyan el “rechazo” a la nueva  Constitución aseguran que con algunas reformas el actual texto puede  satisfacer las demandas sociales. Para Miriam Henríquez,  constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, los fallos del TC  desmienten esta idea: consistentemente éste impide reformas sustantivas,  argumentando que contradicen la Carta Fundamental. La autora explica  que eso se debe a que la Constitución no es neutra: promueve un Estado  subsidiario que por principio considera como servicios provistos por  particulares aquello que se quiere transformar en “derechos sociales”.  Por ello, la actual Constitución y las demandas sociales no son  compatibles, explica. Lee la columna completa aquí