A dos años de la invasión rusa a Ucrania, el balance es desalentador y el escepticismo acerca de la solución final, prevalece. Moscú, asediada por los embargos comerciales y económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, permanece firme en su determinación de mostrarse como una potencia en expansión territorial, con capacidad militar y poco o ningún escrúpulo respecto de los derechos humanos, lo que incluye, naturalmente, la represión a los propios opositores que, como Alexei Navalny, les representan un peligro a sus afanes de permanencia en el poder. Ucrania, por su parte, sigue resistiendo, buscando ayuda internacional para adquirir armas, equipo militar y fortalecer sus defensas. Sin estas ayudas se enfrenta a la amenaza de no poder mantener su esfuerzo bélico, ni sostener su economía maltrecha. En el marco de fondo, cientos de miles de personas muertas, 6 millones de personas desplazadas, infraestructura destruida y las implicaciones globales del conflicto. Para analizar cómo será el tercer año de esta guerra conversamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.

Concluye esta semana de labor legislativa con tres temas, que aunque no son artefactos nucleares, sí generan ondas expansivas en el debate público. En la comisión que atiende los asuntos de Cartago explotaron los nuevos argumentos del gobierno en contra de la necesidad de superar, ya una discusión que se torna estéril, sobre la urgencia de construir el nuevo hospital de la provincia. Por otra parte, con la velocidad de un rayo, la comisión que analiza reformas electorales dictaminó afirmativamente una propuesta del Partido Unidad que uniría las elecciones nacionales y municipales. Falta mucho camino de trámite aún, pero hay que poner mucha atención en la antojadiza iniciativa. Por su parte, el diputado Fabricio Alvarado, amenazó la semana pasada con que Nueva República no votaría ningún proyecto de ley, si la mayoría llegara a avalar la prohibición de las llamadas terapias de reconversión sexual, que desde el año 2018 presentó el Frente Amplio. Para poner en perspectiva estos debates, conversamos con el frenteamplista Antonio Ortega.

La crisis del sistema de partidos políticos en Costa Rica se viene fraguando desde hace ya un cuarto de siglo. Ese proceso ha impactado fuertemente, y cada vez más, en la credibilidad de la ciudadanía hacia sus instituciones y en el consecuente desencanto hacia la democracia y -previsiblemente como en otras democracias- en apuestas arriesgadas a narrativas populistas que le permiten a personajes con discursos altisonantes y salvadores llegar al poder. Se trata de un fenómeno que se debe analizar desde una muy compleja multi causalidad. No se había enfriado el proceso de escogencia de las nuevas autoridades municipales, mucho menos analizados los resultados mediante estudios más profundos, cuando el secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, propuso una coalición. Pocos días después, en una entrevista con el diario La Nación, el ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti hizo un llamado similar. De inmediato las repercusiones afloraron entre recriminaciones, quejas, señalamientos y descalificaciones. ¿Fueron muy tempranos e inoportunos estos llamados? ¿Es primero un anuncio al calor de victorias no contundentes y derrotas que se intentan disimular o una agenda programática sobre la cual cimentar un proyecto político de amplio espectro? Para repasar esta coyuntura conversamos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

Ahora resulta que -si los nuevos planes en ciernes salen bien- la postergadísima ampliación de la carretera San José San Ramón, estaría lista en el 2030. No es una broma de mal gusto. Es la realidad. Hacer una carretera en el país es un suplicio y aunque hay varios ejemplos a la vista, los ciudadanos de occidente, tanto como los sancarleños, pueden dar fe de ello. En Costa Rica las obras tardan cuatro o hasta cinco décadas. Lo de San Ramón es un tormento porque tras la ruptura del contrato de concesión de la obra, allá en la Administración Chinchilla Miranda (casi todos nos acordamos de aquello) costó tamaño tiempo armar el fideicomiso con el BCR aprobar la ley correspondiente y echar a andar la nueva criatura en los gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada. Se hicieron varias de las llamadas obis (obras impostergables) y ahí estábamos cuando la nueva administración Chaves Robles decidió pegarle una pedrada al panal y ¡vuelta para atrás! Ahora se anuncia que tras romper relaciones con el Fideicomiso del BCR, el CONAVI va a otro fideicomiso para el proyecto ¡otro! La diputada liberacionista, Montserrat Ruiz, estima que es suficiente ya de ocurrencias y sabotajes y que es hora de exigir transparencia en las resoluciones que se persiguen e insiste en que la obra posible es justamente la que estaba llevando a cabo el Fideicomiso BCR que lamentablemente terminará en diciembre próximo para empezar un nuevo (y también de seguro) tortuoso camino. Conversamos con la legisladora de occidente Montserrat Ruiz.

Después de semanas de silencio, el Banco Central de Costa Rica, salió al paso de las especulaciones en torno a los orígenes de transacciones en dólares no especificados en el sistema bancario. Si bien no existe evidencia, afirmó su Gerente General, de que haya flujos ilícitos de capitales, como se ha señalado insistentemente por parte de varios economistas, lo cierto es que el Central admite que en el muy comentado rubro de “Otros” hay categorizaciones inadecuadas e imprecisas respecto de los movimientos de compras y ventas en dólares. Precisamente en “Otros” se acumula el 48 % del origen y el 45 % del destino de las operaciones en esa moneda. Para esclarecer el tópico habrá que esperar hasta abril, cuando dé frutos el requerimiento de identificación precisa solicitado a los bancos. Mientras tanto, la Superintendencia de Entidades Financieras sigue controlando todos los flujos. Para ahondar en lo que sucede y analizar lo expuesto por el ente responsable de la política cambiaria y monetaria del país conversamos con el economista, José Luis Arce.

Como el cangrejo: un paso adelante y dos para atrás. Iniciando este gobierno se detuvieron varios avances en proyectos neurálgicos de infraestructura. Primero paralizaron la modernización ferroviaria. A falta de proyecto alternativo, como medida paliativa para enfrentar la mega congestión vehicular, este lunes Ferrocarriles duplicará el traslado de pasajeros de 3.600 a 7.200 de Alajuela a San José; y una semana después a 10.800. No se han vuelto a hacer inversiones en compra de trenes, con lo cual no ha aumentado la cantidad de las unidades que prestan servicios. No hay nuevas estaciones, ni ramales. Y tenemos un trazado de líneas que no se han cambiado. ¿Será esto posible en las condiciones actuales del Incofer? ¿Qué pasó con el Tren Eléctrico Metropolitano, que complementaría el transporte público de personas? ¿En qué fase está el Tren Eléctrico de Carga (TELCA), que descongestionaría las vías de la Gran Área Metropolitana por las que transitan hoy decenas -si no centenares- de furgones? Para conocer al respecto conversamos con el expresidente del Incofer, Mario Arce.

Son historias reales. Son las experiencias de cientos de miles de ciudadanos que padecen la megacongestión vial que vivimos estos días y que van más allá de la paciencia que piden las autoridades a cargo. Quienes viven en los cantones de San Ramón, Palmares, Sarchí, Grecia, Naranjo y más allá, deben sortear las presas de la interconexión que se construye para dar acceso a la zona franca Evolution, luego, las del arreglo de la radial y de otro puente modular en Alajuela hasta llegar al colapso por el cierre de Los Ledezma. Algunos duran más de 4 horas en llegar a San José y viceversa. Quienes vienen en Turrialba, Paraíso, Cartago y más allá, deben superar la presa del intercambio Taras-La Lima, luego, el congestionamiento de la Florencio del Castillo, si salen por Curridabat presa, si salen por San Pedro, deben sortear los cambios viales por La Galera. A veces 3 horas para llegar a San José e igual de regreso. Si vienen de cantones de Heredia, La Uruca, Pavas, Escazú, Hatillos o Alajuelita, meterse en el colapso es lo único que les queda. Para entender este nudo gordiano en el que vivimos (penamos) hoy, conversamos con el economista y especialista en temas de infraestructura, Federico Villalobos.

Es lo mismo desde hace más de un año: el dólar a la baja y el colón apreciándose. La diferencia es que ahora ya las consecuencias están ahí. A los sectores exportadores y turísticos (primeros en advertir de la situación) se unieron ya ganaderos, piñeros, cafetaleros y otros. La Corporación Ganadera argumenta competencia desleal, dado que los comerciantes prefieren importar carne, antes que comprarla a los productores nacionales. Standard Fruit Company, una de las grandes empresas empleadoras, cerró dos fincas y despidió a 111 personas alegando la política cambiaria del Banco Central. El Instituto del Café de Costa Rica indicó afectación de 26 mil productores, quienes reciben menos de ₡19 mil por fanega por la misma situación. La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña solicitó la versión correcta del exceso de dólares y pidió al ente emisor explicaciones con documentos del ingreso de $1.708 millones que se colocan en la sección de otros, en el cuadro con los principales flujos de divisas negociables en ventanilla. Otra alarma se encendió en una actividad de análisis de coyuntura fiscal y de política monetaria, con la presencia del ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. En este acto, Sylvia Saborío, de CONASSIF dijo que no es suficiente simplemente decir que el exceso de dólares es por aumento de visitas turísticas e inversiones extranjeras, ya que “podría haber otras transferencias que incluyan transacciones ilícitas difíciles de detectar, que no se han podido estimar, pero podrían resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo”. Para lograr entender qué está pasando conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

Lo de Donald Trump puede ser cualquier cosa, menos los escrúpulos. Un día sí y el otro también lanza explosivas declaraciones, para mantener su agitadora estrategia electoral. En ese arsenal de provocaciones, desinformación y bravuconadas, provocó temor en Europa cuando el sábado sugirió que alentaría a Rusia a hacer "lo que diablos quiera" con cualquier miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no gaste al menos el 2% de su presupuesto en ese grupo comunitario de defensa. Calculadamente, esto lo dice, cuando se está a pocos días de que la guerra entre Ucrania y Rusia cumpla dos años y en medio de un complejo debate en el Congreso estadounidense que persigue la aprobación de un grueso paquete de ayuda económica por $95 mil millones, de los cuales $60 mil millones serían para Kiev. Fuera de toda sensibilidad, sus palabras dejan en riesgo la seguridad de los soldados en campo. El exmandatario lo mismo aprovecha sus incendiarios mítines como las convocatorias judiciales, para calificar como un complot urdido por “el corrupto” presidente Joe Biden los cargos federales y estatales que está enfrentando. Tampoco desistirá, cada vez que le venga en gana, reiterar su oferta de lanzar el mayor esfuerzo de deportación en la historia estadounidense, cuyo objetivo es expulsar a millones de personas que viven sin regularización, mediante grandes redadas, como lo reportó en noviembre pasado The New York Times. Para dimensionar el peligro de las maniobras electorales de Donald, conversamos mañana a las 8 a.m. con el relacionista internacional Carlos Murillo Zamora.

La radiografía posterior y detallada del reciente proceso electoral municipal da pie a una hipótesis plausible: si el 97 % de los abstencionistas fueron en su día adherentes o simpatizantes del Partido Liberación Nacional, el PLN no solo arrastra su propia debacle electoral, sino también gran parte de la desafección y la apatía en la adhesión a las urnas. Es una hipótesis que merece más estudio, pero que no es descabellada cuando una empresa sería como la consultora Deepn, nos muestra muchos de los huesos rotos de la radiografía. Los datos duros comparando la elección del 2020 con la del primer domingo de este febrero, nos dicen que los verdiblancos perdieron 110 mil votos y 14 alcaldías. En parte a merced de ello, la Unidad Social Cristiana logró ganar cinco alcaldías más (20 en total), pero sin crecimiento alguno (de hecho con 42 votos menos que hace 4 años). Esto demuestra la perdida de poder del bipartidismo, aunque en el caso del PUSC la tracción que perdió en la zona urbana la recuperó en las periferias. Los otros partidos nacionales crecen en votación en Alajuela, Limón y Heredia. Un total de 41 alcaldías (82 en el 2024) cambian de partido político. 23 personas logran reelegirse, mientras que 25 no lo logran. En 21 cantones se mantiene en el poder el mismo partido. Los datos reveladores del abstencionismo a nivel nacional son contundentes: los que menos votos recibieron fueron los cantones centrales de San José con un 73 %, Heredia con 69 % y Limón con 68 %. Mientras que en Liberia se escogió con la menor participación, apenas un 5% de los votantes, Monteverde, dio muestras de entusiasmo porque logró llevar al 42 % de los ciudadanos a las urnas, acaso por tratarse de la primera vez que se reflejaban como cantón. Para seguir diseccionando esta elección conversamos con el investigador y analista Mario Quirós.

América Latina, es un territorio dinamitado por la polarización social y la insatisfacción creciente de la ciudadanía para con la democracia. Un rápido repaso nos calibra la alta temperatura: La autoridad electoral de El Salvador aún no ha dado los resultados oficiales del proceso de una semana atrás y, al parecer, no importa: los artilugios de la ceremonia en que Nayib Bukele celebró su reelección inconstitucional, dejaron de lado el “mero formalismo” de unos resultados confiables, creíbles y transparentes. En Panamá, la novela deja atrás la imaginación de García Márquez. El expresidente Ricardo Martinelli sigue refugiado en la embajada de Nicaragua, para intentar salvarse de ir a cárcel por corrupto. El presidente Milei presiona en Argentina a quienes adversan los excesos de su “ley ómnibus” y la discusión pública llega a los extremos. Nada sorpresivo. De igual manera, diversos asuntos en Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Brasil mantienen caliente la región. El único respiro temporal fue la unión mostrada en el sepelio oficial del ex gobernante chileno Sebastián Piñera, que nos permitió un respiro de respeto y adhesión a los valores de la institucionalidad democrática. Para ahondar en estas líneas, conversamos con el politólogo, Sergio Araya.

Cuatro meses después de su inicio, la guerra entre Israel y Hamas, en la devastada franja de Gaza, sigue provocando implicaciones en toda la región de Medio Oriente e inevitablemente las tendrá en el cada vez más inminente y mundialmente decisivo torneo electoral estadounidense, el primer martes de noviembre.   Por ahora el conflicto está signado por el fracaso. No hay tregua. Por un lado, las ambiciosas exigencias del grupo terrorista, por otro, los reclamos de sectores israelíes para seguir actuando con fuerza y agilizar la entrega de rehenes, complican las vías de negociación.   Y en ese tablero, juega el Secretario Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que sigue moviéndose de un escenario al otro en busca de las líneas que restablezcan un muy precario equilibrio que hoy parece imposible.   Pero no encontrar un acuerdo, no es una opción para la Administración Biden, que por un lado busca el cese al fuego en Gaza, pero por otro, quedó obligado a la retaliación contra la milicia pro iraní que la semana tras anterior mató a tres soldados estadounidenses e hirió a otros 40 en un ataque con dron en Jordania. La represalia se ejecutó en Irak y cobró la vida de uno de los líderes de la milicia pro iraní Kataib Hezbollah, aunque también continúan las acciones bélicas contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.   Es mucho lo que está sucediendo y por ello conversamos con el especialista en Relaciones Internacionales, Carlos Cascante.

Con 34 años de edad, de los cuales ocho ha estado vinculado al quehacer municipal, el nuevo alcalde de San José asumirá el cargo en mayo, siendo sin duda el político más sobresaliente del recién concluido proceso de elecciones territoriales del país. Muy joven sí, pero con bastísima experiencia, conoce todos los laberintos y rincones del municipio costarricense más poderoso. Y cómo no: en su camino ha tenido que enfrentarse a la férrea estructura que en tres décadas construyó Johnny Araya, como amo y señor de ese feudo. En ese transitar, por cierto, también dejó al Frente Amplio, su casa política de origen y fundó Juntos por San José, la divisa que el domingo sorprendió a unos y otros, al alzarse con la victoria. Para gobernar los 11 distritos del cantón capitalino cuenta con un presupuesto de ₡73 mil millones y un amplio programa de gobierno con el que se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de los más de 350 mil habitantes de la capital, anclado en el compromiso con la democracia, la lucha contra la corrupción y la solidaridad, como banderas para mejorar la planificación urbana y la protección del ambiente. Para conocer cómo pretende pasar de los planes a la acción -y si se lo permitirán las fuerzas opositoras internas- Diego Miranda, el electo alcalde capitalino que logró derrotar el mito de la invencibilidad de Johnny Araya y el PLN, nos acompaña en Hablando Claro.

Cumplir 17 años aportando nuestro grano de arena al fortalecimiento de la libertad de expresión, del acceso a la información y a la deliberación democrática para la formación de opinión pública, nos genera una inmensa satisfacción y también, como no, un profundo sentimiento de gratitud para con nuestros oyentes, invitados siempre calificados, auspiciadores y nuestra casa, Radio Columbia. También ha sido un eje de enfoque temático prioritario para Hablando Claro, la autocrítica del ejercicio periodístico y con ello, el desafío de hacer periodismo informativo y de opinión en tiempos tan vertiginosos de dinámicas transformadoras de la comunicación, como la desinformación en todas sus manifestaciones. La desinformación ocupa el primer puesto entre los riesgos más severos a corto plazo que podrían afectar negativamente la convivencia social, la economía, la democracia y a la población a nivel global. La multiplicación inmediata de noticias falsas y la extendida manipulación de la verdad son sin duda alguna una amenaza a la estabilidad política y social, tal como lo acaba de establecer el Informe de los Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial. Es tan grave la advertencia que la coloca en el primer lugar, antes de los impactos de las guerras, el cambio climático y otros peligros. Modernos sistemas surgidos de la innovación y la tecnología, como las plataformas digitales y la inteligencia artificial, amplían el alcance, la eficacia y la difusión de este tipo de noticias, informaciones, videos y cualquier formato con capacidad de llegar a públicos muy segmentados. Como si fuera poco, vivimos en tiempos de ciber inseguridad. Para poner el tema en perspectiva en este nuestro 17 Aniversario, conversamos con la presidenta del Colegio de Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera y con el periodista David Bolaños, del proyecto de verificación de noticias falsas Doble Check de la UCR.

Para unos, la euforia del triunfo. Para otros, el trago amargo de la derrota. Es la ecuación final del juego democrático que nos permite, desde la vitrina del análisis, hacer balance de un proceso municipal marcado por el ausentismo, lo que equivale a apatía, desidia, desinterés... Los malos resultados para el Partido Liberación Nacional, el plantón de realidad para el Frente Amplio, el lentísimo avance para Nueva República, las ilusiones (cuales luces que encandilan) para el partido Unidad Social Cristiana y el más joven Unidos Podemos; las rupturas de las coaliciones y la desaparición del PAC de los espacios de representación, son resultados que convocan a modificaciones profundas de las fuerzas electorales. Y si a ello sumamos, la polarización, el odio, la desinformación y, a la vuelta de la esquina, los estragos de la inteligencia artificial, estamos ante un peligroso coctel para sostener el apego a la democracia y su institucionalidad. Para muestra el gran botón salvadoreño. Borrados del mapa la separación de los poderes, sin siquiera necesidad de esperar los resultados oficiales del tribunal electoral, Bukele (dícese que el mandatario más popular del mundo) no solo se proclamó reelecto, sino que él mismo dio los resultados del proceso. "Democracia de partido único" lo definió él mismo. Con ungimiento del Todopoderoso para gobernar en medio de normalizadas y cada vez más frecuentes suspensiones de garantías y la gran promesa de lo que está por venir los próximos cinco años de su segundo mandato. Y tal vez de otros más. De ambos procesos centroamericanos conversamos con Eugenia Aguirre, investigadora del Observatorio de la Política Nacional de la UCR.

Cumplimos una nueva jornada electoral y el mapa del poder territorial cambió, y una vez más el Tribunal Supremo de Elecciones cumplió un papel fundamental para la democracia, dándonos absoluta seguridad antes, durante y después del proceso. Somos un país con una división administrativa muy disímil, con cantones muy pequeños y otros de gran extensión. Eso sí, con realidades muy dispares, con solo recorrer unos pocos kilómetros. Este torneo deja muchas enseñanzas para seguir fortaleciendo las elecciones municipales. Los resultados los seguiremos conociendo en las próximas horas, pero el proceso pone en agenda de los partidos, lo que la ciudadanía les dice otra vez en las urnas, a las nuevas autoridades que ya no tienen feudos y que las reformas legales y la imperiosa modernización de las agrupaciones políticas acorde con las exigencias de los tiempos, deben ser la guía de aplicación urgente. Para profundizar estos y otros aprendizajes conversamos con el experto en temas del régimen municipal Juan José Echeverría.

El crítico caso de la contaminación del agua con xilenos en Goicoechea, Moravia y Tibás se podría repetir en otros lugares del país, dadas las grietas y fugas que evidencia una política pública que debería ser potente y cristalina, pero que evidentemente ha venido a menos en los últimos años. Enormes vulnerabilidades desbordan un sector que requiere de una rectoría fuerte, lo que por supuesto va más allá de la decisión política coyuntural de conformar un comité o comisión que acompañe al nuevo presidente de AyA, en el que -por cierto- se cedió un espacio a la Cámara de la Construcción, lo que en la práctica implicaría que un actor privado tomara parte en la adopción de decisiones de política pública. Abriendo más el tubo, hay que poner atención en las postergadas inversiones de proyectos importantísimos como Orosi II, para garantizar el suministro del líquido a la Gran Área Metropolitana y recuperar la pérdida en la cobertura de agua potable a nivel nacional que solo del año 2021 al 2022, cayó de 95,7 % a un 89,9 %. Urge restablecer la planificación, tanto como la regulación de actividades productivas riesgosas, y también reforzar el tratamiento, el monitoreo de la calidad de las aguas y, por supuesto, ajustar nuestra obsoleta legislación, para una adecuada gestión de cuencas y protección efectiva de fuentes de agua. Continuamos conversando del tema con doña Yamileth Astorga, ex presidenta de AyA y nos acompaña también Edgar González, especialista en recursos hídricos.

La seria crisis sanitaria provocada por la contaminación del agua con un hidrocarburo aún no determinado no se resuelve con haber encontrado la aparente fuente en la Quebrada Honda 2 en Coronado, tal como lo anunció la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive. Ahora debe establecerse el elemento contaminante, lo cual puede aclararse pronto dado el trabajo que realiza el Laboratorio en Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (Celeq) de la UCR, para tener la información técnica y adoptar las medidas correctivas en relación con la seguridad y la salud de las personas y familias. El problema persiste, ya que las 107 mil personas siguen severamente afectadas. De igual manera, la operación establecida para la entrega de agua por cisterna sigue siendo criticada en las comunidades y se llega al décimo día del problema, que ahora se agrava y se extiende con el desabastecimiento del líquido en otras comunidades metropolitanas, para atender el suministro mínimo en los cantones de Moravia, Goicoechea y Tibás, donde la población sigue manifestando su legítima inconformidad, exigiendo respuestas y pronta solución. Incluso la Sala Constitucional recibió varios recursos de amparo, que deberá resolver en próximas horas. Pero el foco debe abrirse para entender esta situación, desde las acciones y seguimiento a la gestión del recurso hídrico de manera integral. Para seguir aportando elementos conversaremos mañana con la expresidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, y con el coordinador del Celeq UCR, Dr. Roberto Urcuyo.

A cuatro días de la cita electoral, tres estudios de opinión pública establecen que la limitada asistencia a las urnas será una de las rúbricas que sellarán el torneo de las municipales en las que se jugará la elección de poco más de 6,000 cargos de servicio público en los 84 territorios del país. El ambiente no calentó ni siquiera en la conversación de los tan activos canales digitales, dijo el Observatorio Digital de la Universidad Latina. Mientras tanto, Umbral Político de Idespo, UNA, aseguró que el 42 % de los ticos está seguro de acudir a las urnas. Dijo también que se manifiesta apoyo creciente a divisas cantonales o provinciales frente a partidos de índole nacional. Ya veremos cómo se traduce ese apoyo en votos porque hay, efectivamente, decenas de agrupaciones que solas o en coaliciones se presentan a un electorado que tiene, en general, poquísima información para participar. La última encuesta de la semana, nos la presenta en estas horas el CIEP-UCR con las valoraciones de cara a las municipales y también con las opiniones actualizadas sobre la gestión de gobierno, sin medir claro está, la crisis de abastecimiento de agua que tiene al límite de la paciencia a los pobladores de tres cantones josefinos que no se sabe cómo estarán de ánimo para votar el domingo. Para conocer los detalles de esta última encuesta, conversamos con el director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Ronald Alfaro.

El artículo 50 de nuestra Constitución Política, recientemente remozado, garantiza que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable, de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano… Y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. Se trata entonces de una norma de obligada observancia, y por ello las actuaciones, omisiones, retrasos y medidas adoptadas (o no) por las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en una crisis como la actual de contaminación del líquido en varios cantones del Área Metropolitana, demanda explicaciones más contundentes. Veamos: hay más de 100 mil personas afectadas, las primeras alertas advirtiendo de la situación, tanto de pobladores, como de funcionarios de AyA, se desoyeron. Para colmo luego se intentó minimizar la situación al afirmar que no se sabía si el contaminante era o no suficientemente tóxico. Una semana después, no se tiene claridad del origen de la contaminación y el abastecimiento con cisternas resulta insuficiente. Estamos ante una emergencia que no se trata como tal, con vocerías verticales que no cubren las necesidades de información de interés para la ciudadanía, dado que al AyA se la ha prohibido atender requerimientos de la prensa y Salud no da abasto para atender todas las demandas. Pero el tema, si bien es de atención inmediata, va más allá de la coyuntura. En un marco más amplio, los problemas con agua, vienen desde hace meses. Se han dejado perder préstamos para importantes proyectos de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y el muy crucial para la modernización del Laboratorio Nacional de Agua. Todo nos coloca en una posición vulnerable. Y para analizar esta delicada situación conversaremos mañana con Rolando Marín, investigador, asesor y consultor nacional e internacional en el tema de recursos hídricos y gestión comunitaria del agua.

En un ambiente de desencanto, como en prácticamente todas las democracias del mundo, Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. Es una de las decisiones más significativas para el balance de fuerzas y posturas no solo a lo interno de la gran nación del norte, sino para el planeta entero. El torneo de oficialización de la candidatura del contendor republicano para enfrentar al presidente Joe Biden, inició este mes con caucus (Iowa) y primarias (New Hampshire) y se extenderá hasta el super martes de la nacional. Hoy por hoy, nadie duda que Donald Trump se hará con el trofeo de esa nominación, aunque su contendiente Nikki Haley no está dispuesta aún a tirar la toalla. No todavía. Pero la suerte al parecer con todo y causas judiciales pendientes está echada para el inevitable reencuentro entre ambos líderes de la política bipartidista estadounidense. Para los intereses de Ucrania el resultado electoral será vital en tanto la reelección de Biden le aseguraría el apoyo que requiere la larga guerra con el invasor ruso y, por el contrario, el retorno de Trump a la Casa Blanca sería un revés severísimo. ¿Y qué decir de la incidencia que tendrá esa elección en la conflictividad de Oriente Próximo con el asunto Israel, Hamás, Palestina y los árabes? ¿Y qué decir de las tensiones en Asia? Poder establecer cómo se vislumbra el estado de situación del tablero geopolítico según gane uno u otro aspirante, es lo que haremos este lunes con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Lo positivo, sin duda, fue el acuerdo alcanzado por los jerarcas de los tres Poderes de la República, quienes afianzaron las acciones de la mesa de trabajo de seguridad con 10 proyectos consensuados, que ahora quedan bajo la responsabilidad de trámite legislativo para mejorar las armas país contra la ola de violencia del crimen organizado. Lo deplorable tiene varios flancos: uno, la persistencia del enfrentamiento que mantiene el presidente de la República con la Contralora y por extensión contra la Contraloría General de la República y por extensión contra la Expresidenta Laura Chinchilla. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, como si no faltaran focos distractores, se produjo este jueves un espectáculo más, cuando en su comparecencia a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la siempre polémica jerarca de la CCSS, doña Marta Esquivel, llego blindada por escoltas de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que es un cuerpo policial especializado en actos de terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué la Presidenta de la Caja llega al Congreso así custodiada y los efectivos terminan empujando y fotografiando a los periodistas que intentaban acceder a declaraciones de la compareciente? Por supuesto, los diputados pegaron el grito al cielo. El asunto, dijo el Presidente Legislativo, Rodrigo Arias, deberá esclarecerse. En estos y otros sobresaltos, como el del pretendido negociado petrolero, discurre la vida política nacional de este enero y para ponerlos en perspectiva conversamos con el politólogo, Claudio Alpízar Otoya.

La polémica para retrasar el inicio de la construcción del Hospital de Cartago se ha hecho agotadora, y eterna, particularmente para los sufridos pacientes y el personal de salud del viejo nosocomio en funcionamiento. Y las excusas de todo tipo por el terreno en el Guarco, siguen teniendo réplicas de alta intensidad. La última iniciativa de la presidenta de la CCSS, de traer expertos en geología de California para hacer estudios adicionales, detonó un enjambre de oposiciones. El Colegio de Geólogos alzó la voz en defensa de la capacidad de los profesionales con los que cuenta el país. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por su parte, criticó la idea, recordando además la existencia del riguroso Código Sísmico que aplicamos para, precisamente, asegurar las edificaciones, dada la sismicidad de nuestro territorio. La Embajada de Estados Unidos, mientras tanto, desmintió que estuviera gestionando visita alguna de profesionales californianos por encargo del gobierno costarricense. Marino Protti, uno de los más reconocidos sismólogos del país, fue claro en indicar que antes de llamar a expertos en geología y sismos de otros lares, es importante conocer la diferencia entre trabajar en las áridas zonas de ese estado norteamericano y las de un país tropical como Costa Rica, aportando muchas otras consideraciones ante la (aparentemente fallida) propuesta. Para focalizar desde el criterio especializado acerca de la situación sísmica del Valle del Guarco, conversamos con el doctor Protti, quien es investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional.

¿Hay alguien que puede decir que no ha tenido cerca en las últimas semanas a algún amigo, compañero o familiar con una gripe marca diablo? El segundo boletín epidemiólogo del Ministerio de Salud de este año nos evidencia lo que estamos atravesando: 345 casos de covid-19 (un aumento del 12 % respecto del primer reporte), 2.567 casos de infecciones respiratorias agudas y 30.649 reportes por dengue. Y hablamos solo de casos reportados, porque la inmensa mayoría pasa debajo del radar. A finales del año pasado enfrentamos un pico alto de menores de edad con problemas respiratorios, que saturó el Hospital Nacional de Niños y mientras atendíamos esa situación, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el “coronavirus seguía mutando y matando”, por lo que no se podía bajar la guardia, ya que las variantes ómicron y JN1, se transmiten con mayor facilidad. ¿Cómo debemos actuar frente a esta realidad, más allá de la vigilancia epidemiológica de los especialistas? ¿Qué hacemos si no tenemos vacunas disponibles? ¿Cómo proceder por nuestra propia cuenta a falta de campañas de promoción de medidas sanitarias personales y comunitarias? Para repasar acerca de este tema de salud pública conversaremos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

Con datos del año 2020, Costa Rica contabiliza alrededor de 950 bibliotecas educativas para el aprendizaje público, distribuidos en 27 redes, en las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública. Lo que no se tiene claro respecto de este antecedente, es la calidad de la infraestructura de estos espacios, menos aún, la disposición de libros y equipos que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje. La situación se torna más compleja en los centros educativos de los territorios rurales. Sin duda, es un factor adicional que viene a reflejar el deterioro de la educación pública, y que se refleja tanto en el proceso de enseñanza, como en los pésimos resultados (retrocesos) en lecto-escritura, como lo constata el Informe sobre el Estado de la Educación. Esto lo tiene muy claro el proyecto “Biblioteca Actualiza” de Guiare, una la asociación sin fines de lucro apoya la situación donando bibliotecas equipadas. Para el ingreso del curso lectivo en febrero próximo, tiene la meta de dotar de bibliotecas a dos escuelas en Upala. Para poner en examen esta situación conversaremos con las lideresas de Guiare, Alda Cañas y Victoria Coronado.

El 2024 inició como un año extremadamente complejo, con un almanaque electoral global en 70 países (en los que vive el 54% de la población mundial), con dos cruentas guerras y un escenario de mayores polarizaciones con impactos directos en lo humanitario, social y económico. Pronto se cumplirán dos años del conflicto entre Rusia y Ucrania; una guerra que continuará con más pérdidas, muertes y destrucción para los ucranianos y un mayor aislamiento y dificultades económicas para los rusos. En el otro escenario armado, casi 24 mil palestinos han muerto tras 100 días de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, lo que enmarca apenas la pérdida de vidas. El conflicto ha comenzado a incendiar otros puntos sensibles en Irán y el mar Rojo, lo que complica esa zona estratégica para la provisión de derivados del petróleo y muchas otras mercaderías imprescindibles para las cadenas de suministro. Las recientes elecciones en Taiwán del más férreo opositor al gobierno chino puso otro foco a las tensiones en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De por medio está el control del centro de producción de componentes electrónicos más grande del mundo, de los que depende cada vez más la economía. Aquí en nuestro continente las determinantes elecciones de Estados Unidos y México se juntan con las de México, El Salvador, Panamá y Venezuela; todas ellas agitando diferencias. Se suman a estos procesos las crisis migratorias y la ola de violencia por la guerra de grupos del crimen organizado. Para hacer repaso internacional y analizar estos hechos y las reconfiguraciones que implican, conversaremos con el internacionalista y director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo.

Ni el receso de fin de año logró bajar la temperatura de los diferendos políticos. El Ejecutivo tiene una cantidad de piedras calientes con las repercusiones de los audios de Presidencia, las polémicas que envuelven a la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una ola de criminalidad que no logra contenerse, los cuestionamientos vinculados con los aparentes usos indebidos de RACSA y el SINART y el último frente de batalla abierto con la Contraloría General de la República. El Legislativo sigue con su actividad de control político que pone en zona caliente de investigación a varios jerarcas; tal el caso del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, que tras su primera reacción de resistencia, parece que desea bajar el tono ahora con la declaración de que si devolverá los sobre sueldos recibidos, aunque aún mantiene la batalla contra la construcción del nuevo Hospital de Cartago en el lote de la discordia. También continúa muy activa la comisión que investiga el financiamiento de la pasada la campaña electoral, con énfasis, casi exclusivamente, en los manejos del partido oficialista. Y desde el foro de representantes de los poderes de la República, inició muy activo el año con la deliberación para amarrar proyectos neurálgicos de mejora de la seguridad ciudadana y reformas de leyes punitivas necesarias. Una ciudadanía que ya estableció como sus mayores preocupaciones la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción sigue esperando resultados de la gestión gubernamental. El año 2024 se perfila desafiante y las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Para aportar elementos a este arranque conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.

Declarar un día contra la violencia obstétrica como un acto efectista consecuencia del lamentable caso de Angie Herrera y su hija Isabella no, no solo es absolutamente insuficiente, sino que soslaya la necesidad de penalizar ese tipo de maltrato físico y emocional. Lo que resulta imperioso es trabajar aún más en la humanización de la atención sanitaria, incluidos los maltratos verbales, la falta de información y de acompañamiento, las violaciones al derecho a la intimidad, el trato humillante y degradante, la utilización de técnicas obsoletas, la falta de equipo médico, y de atención oportuna y eficaz de las emergencias de las mujeres embarazadas. En una década la Defensoría de los Habitantes reportó haber recibido 330 denuncias este tipo, por lo que desde el 2015 ha enviado informes con recomendaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las direcciones hospitalarias, ya que han investigado casos en los que han determinado hechos referidos a humillaciones, maltrato verbal, inobservancia del consentimiento informado y procedimientos dolorosos, entre otros que tipifican esta conducta. Como sociedad se demanda un abordaje que incluya los derechos humanos y reproductivos de la mujer embarazada, la legalidad, el acceso a la salud, la perspectiva de género, la atención institucional y médica. Es un tema que ha vuelto a la palestra y por ello lo profundizamos con la Dra. Gabriela Arguedas, catedrática de la UCR y coordinadora del Observatorio de los Derechos Reproductivos.

El panorama económico ya presenta claroscuros para los próximos 11 meses de este recién estrenado año. El crecimiento económico se estima que estará entre un 3,5 % y un 4 %, un poco más bajo que el del 2023, dadas condiciones internas y externas. Ya culminó la primera quincena y el dólar sigue en descenso, teniendo el precio más bajo en la última década, lo que constituye la preocupación diaria de los sectores exportador y turístico (que atiende la temporada alta). También está por determinarse cómo actuará el Banco Central con respecto a las tasas de interés. El menor dinamismo que se estima en la economía implicaría menos inversión y también que se seguiría limitando la capacidad de generar empleos, ya de por sí venida a menos, según lo indican los desalentados. Otra preocupación que se intenta detener es la del costo energético, para no desmejorar las decisiones de inversión de los empresarios. Para hacer repaso de la materia conversaremos con el economista, Gerardo Corrales.

Como un programa de opinión y análisis cuyo objetivo es fortalecer la deliberación democrática en Costa Rica, en estos 17 años (muy prontos a cumplir) hemos sido absolutamente responsables en abordar, desde diversas perspectivas, el tema de la criminalidad y la inseguridad, que actualmente muestra los mayores índices de preocupación de la ciudadanía. Y no es para menos. El año que acabamos de dejar atrás, quedó registrado como el más violento de nuestra historia, en relación con la tasa de homicidios, dada la penetración de grupos del crimen organizado vinculados (fundamental aunque no exclusivamente) a la actividad del narcotráfico. Esta preocupante coyuntura la hemos tratado con seriedad y abriendo nuestro espacio a personas especializadas para conocer y puntualizar en tan delicado tema. Desde el nombramiento del actual jerarca de Seguridad hemos conversado con don Mario Zamora en varias oportunidades para tener presente las acciones que ejecuta el gobierno de la República desde las competencias y responsabilidades que le son atribuibles. Por ello, nos hacemos partícipes de las discusiones en torno a nuestras vulnerabilidades de seguridad y cómo encararlas para proveer más recursos económicos, legislación más adecuada al cambiante fenómeno delincuencial de este siglo y un trabajo interinstitucional cada vez más y mejor coordinado. En el contexto de la coyuntura ecuatoriana, la semana pasada, el historiador Vladimir de la Cruz aportó sus preocupaciones y opiniones. Desde ese día quedo abierto el espacio para el jerarca don Mario Zamora y por eso conversamos con él.

Como sociedad, una de las grandes tareas que debemos fortalecer es la relacionada con las condiciones, los cuidados y la atención integral de las personas adultas mayores. Costa Rica registra, para el año 2023, más de medio millón (526,000) de personas de 65 años y más. Esto representa un 10 % de la población total, que se proyecta ascenderá al 17,6 % dentro de dos décadas. Hoy la mitad de esa población vive en condición de pobreza extrema. Pero una gran mayoría del total enfrenta diferentes niveles de abandono debido a la pérdida de familiares, problemas de salud, de movilidad e insuficiencia de autonomía económica, entre otras circunstancias adversas. Se tienen identificados los cantones con mayor cantidad de adultos mayores en vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales, con limitación de acceso a diferentes servicios, en territorios con infraestructuras inadecuadas y en general con una política pública a la que le falta mucho para estar a tono con las exigencias éticas a las que debemos aspirar como sociedad. Para ampliar acerca de esta realidad conversaremos con Eduardo Méndez, especialista en gerontología y Gerencia Social.

Aunque como bandas narcocriminales son rivales entre sí y pugnan por el control de territorios, todas tienen un enemigo común que las cohesiona: el Estado de Derecho. En el caso que nos ocupa, el ecuatoriano. Son actores principales en revueltas, motines, masacres carcelarias, atentados contra la población, extorsiones, secuestros, amenazas y violencia contra medios de comunicación, universidades y cualquier otro sector que califique como un objetivo de sus perversos fines. Han infiltrado las instituciones públicas comprando funcionarios con sus ilimitados recursos, y por supuesto se aprovechan la dolorosa realidad latinoamericana de los problemas estructurales nunca resueltos. Nacieron en regiones marginales, tienen estrechos vínculos con los poderosos carteles mexicanos, cuentan con alrededor de 50 mil personas vinculadas a sus actos delictivos y desde inicios de esta semana las 22 bandas criminales conocidas pasaron a la categoría de terroristas. De ellas, tres son las más grandes y violentas: Choneros, Lobos y Lagartos. Para intentar el dominio total del país se valen de micro organizaciones con las cuales establecen alianzas criminales y de acuerdo con un muy reciente informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, estas pandillas más pequeñas conforman una gran telaraña delictiva, manejada por los capos, desde adentro y fuera de las cárceles. Con la llegada del presidente Daniel Noboa se han sentido amenazados por el denominado Plan Fénix, que, por un lado, plantea llevar a discusión nuevamente el delicado tópico de la extradición y por otro, ha prometido la construcción de más centros penitenciarios. Mientras tanto, gracias a la declaratoria de conflicto armado interno, se ejecutan acciones conjuntas entre el ejército y la policía, para neutralizarlos. Para profundizar este entramado conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

Ecuador sufre y resiste dramáticos episodios de violencia, que enfrenta a los ciudadanos honestos, el Estado y sus instituciones al poder de los grupos criminales que dominan el gigantesco negocio del tráfico de estupefacientes que en pocos años ha ido apoderándose del país, como un cáncer extendido. La crisis pone de relieve los enormes desafíos estructurales de la nación andina y el margen de maniobra que tiene, coyunturalmente, para manejarlos el joven presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace apenas dos meses para terminar el período inconcluso del gobierno de Guillermo Lasso. La chispa que encendió la crisis de esta semana se originó, para sorpresa de nadie, en la lucha de las mafias a lo interno de los centros penitenciarios donde desarrollan cruentas batallas por el control de esos espacios. La extrema dificultad para la gestión carcelaria por parte de las autoridades derivó el domingo en la fuga de uno de los más importantes líderes mafiosos (Adolfo Macías alias Fito, jefe de Los Choneros) y ese fue el inicio de los ataques simultáneos sin precedentes que se han vivido en las últimas horas. El mandatario Noboa declaró el lunes un estado de emergencia de 60 días -recurso usado por su antecesor sin éxito-habilitando patrullas militares y un toque de queda nocturno nacional. Y la impactante toma de las instalaciones de la televisión de Guayaquil el martes dio pie a un segundo decreto inédito para declarar un "conflicto armado interno" que califica a 20 organizaciones delictivas como terroristas. Los actos delincuenciales se perpetraron, además de la prensa, contra universidades, hospitales, estaciones policiales y en calles y barriadas de las principales ciudades. Para comprender este complejo momento conversamos con Marco Méndez, actual director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien vivió durante su posgrado en el ecuador del mundo.

El 4 de febrero es la fecha del calendario en la que elegiremos a las nuevas autoridades de los 84 cantones del país. En un territorio continental de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, pareciera que son muchos “pedacitos” -como cita la campaña del Tribunal Supremo de Elecciones- los que tienen su propio esquema de gobernanza. Los municipios tienen origen en los cabildos de la época colonial. Desde entonces manejan aspectos de la vida social, política y económica. El Ayuntamiento de Cartago está registrado desde 1563 como el primer cabildo no aborigen. Pero es hasta el año 1825 que se dispuso que en cada pueblo, aun con un territorio de poca extensión, debía establecerse una municipalidad, lo cual no era muy bien visto por quienes querían mantener centralizado el poder. Sigue avanzando nuestra historia y en 1876 se estipula que cada cantón debía contar con una municipalidad, tal y como las conocemos en nuestros días. Hacemos un repaso desde la perspectiva histórica y política de los gobiernos locales con el historiador Vladimir de la Cruz.

En su recta final, las elecciones municipales del primer domingo de febrero comienzan a ocupar parte importante de las agendas de tópicos de interés local y nacional. La encuesta “Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales del 2024” del IDESPO de la Universidad Nacional realizada a fin de año, dio señales de algunas determinaciones de la ciudadanía: Un dato relevante es que un significativo 47 % de la población encuestada se mostró decidida a acudir a las urnas. De ese total, la mayoría prefiere hacerlo por un partido cantonal o provincial, en detrimento de los debilitados partidos de corte nacional. El estudio divide a los electores en votantes tradicionales (54,9 %) que son personas que muestran interés en la política y que votaron en las últimas municipales del 2020. Luego están los denominados flotantes, (27,9 %) que también fueron a votar en el proceso anterior, pero que no hablan mucho de política; es decir, no son ciudadanos tan interesados. Finalmente, están los apáticos (17,3 %) que muestran no tener interés alguno en la política. La disposición a participar en actividades electorales es muy poca, pero algunos si estarían dispuestos a mostrar signos partidarios, no así a realizar donaciones para los gastos de campaña. Un amplio 89,3 % está “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en que exista paridad entre hombres y mujeres en los puestos de elección. Estos y otros resultados los ampliamos con Norman Solórzano, director del IDESPO y José Andrés Díaz coordinador del estudio.

A 28 días de las votaciones municipales, Costa Rica ratifica una vez más la solvencia de su sistema democrático electoral. Para este proceso se aplicó la paridad de género y se limitó la reelección. Además, la jornada pondrá a prueba la participación de las juventudes alejadas de la política, las graves diferencias entre las realidades y desafíos territoriales y la otrora fuerza de los partidos políticos tradicionales que enfrentan a grupos nuevos y locales. Elementos que remarcan la diversidad política y la urgencia de reconocer y entender las brechas regionales. En una geografía pequeñísima como la nuestra tenemos 84 cantones que renuevan autoridades y una gran cantidad de fuerzas políticas: 33 nacionales, 22 provinciales y 104 municipales. Tal volumen de opciones nos obliga a reflexionar acerca del fenómeno de la fragmentación y sus consecuencias. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya está listo; ya contestó los recursos de las opciones que no cumplieron con todos los requisitos de ley e implantará un plan piloto de voto electrónico. Para ampliar, conversamos este lunes con su Director General de Estrategia y Gestión Política, Gustavo Román Jacobo.

Abrimos un año 2024 que nos arrastra las consecuencias y los impactos que la democracia ha experimentado en su institucionalidad, sus esquemas de gobernanza y con una cantidad de rupturas que la han puesto a prueba en los últimos 12 meses. En el marco de una desconexión entre los sistemas políticos y la ciudadanía electora; las repercusiones dramáticas de las violencias de la actividad criminal y la desigualdad, que son el caldo de cultivo que aviva los reclamos de amplios sectores que no sienten que la democracia les aporte bienestar y solución a problemas concretos. Pasamos la página del año con los estragos a una libertad de expresión golpeada, en un entorno complejo de una gobernabilidad que no logra dar respuestas adecuadas a la gestión y a las falencias de una gobernanza que no logra afinar instituciones fuertes, marcos regulatorios claros e indefinición en agendas políticas. La región seguirá enfrentando los desafíos y las respuestas que se deban dar a la mezcla de Estados erosionados, señalamientos a la democracia, el avance del crimen organizado y un populismo autoritario, Ingresamos a un año desafiante para América Latina con 6 procesos electorales en El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Para realizar una primera aproximación conversaremos con el politólogo, Alejandro Barahona.

Las vidas y luchas de Aymara Nieto de las Damas de Blanco, de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano de Cuba y de Xiomara Cruz, de la Unión Patriótica de Cuba, son el potente hilo conductor de la película Dos Patrias, que amarran con fuerza los anhelos de la libertad y la democracia. La producción es de una calidad audiovisual impecable y arranca con el poema del mismo nombre de la cinta, del reconocido José Martí Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche. ¿O son una las dos? No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba cual viuda triste me aparece. A partir de esas potentes palabras nos sumerge en 70 minutos de un foco que nos permite reconocer zonas oscuras de un régimen y de la fuerza de acciones pacifistas de tres disidentes políticos, en un entorno de represión que relata una Cuba que encarcela y reprime a quienes impulsan reformas, defienden el derecho a la libertad de expresión o solo salen a marchar para reclamar derechos. Para repasar esas narrativas, que se construyen desde adentro y desde afuera de la Isla y son el diario vivir de su ciudadanía, conversaremos con la reconocida cineasta y directora de la cinta, Hilda Hidalgo.

Que tengamos la posibilidad de poner un buen apellido al año 2024. Para lograrlo debemos ampliar perspectivas, librarnos de paradigmas, tener criterios para enfrentar las manipulaciones y aliarnos con la educación (aprender de mucho y de muchas situaciones), para tener elementos para erradicar la palabra problema. Gestionar nuestras vidas nos permite darle sentido de propósito, lo cual debemos sumar a tener calidad de vida física, familiar, profesional, material, emocional, social, espiritual. La calidad de vida es la que nos permite tener calidad de relaciones con los demás. Nos hacen una sugerente a poner apellido al año, al mes, a la semana y al día que vivimos, con base en la misión y sentido que tengamos con la actualización que debemos hacer de nuestras determinaciones. Para comprender esta interesante propuesta conversaremos con el catedrático de INCAE, Máster en Administración Pública y consultor de equipos gerenciales, German Retana.

Feliz año nuevo, salud y bienestar en este 2024 que inicia. Aquí seguimos juntos para continuar fortaleciendo la necesaria deliberación democrática para Costa Rica. Todas las personas buscamos, sin saber cómo o determinar qué es, la felicidad. Pero no nos detenemos para reconocer lo que tenemos y si en estos tiempos que corren podríamos ser plenos, en una sociedad cada vez más complicada y llena de desafíos. La felicidad está delimitada en los propósitos que cada uno de nosotros determina para su vida y tiene una enorme relación con la gratitud y la resiliencia. A cada quien lo hace feliz distintos resultados, acciones y momentos, tal como hayamos determinado que queremos alcanzar en la vida. La felicidad no es un recetario, es subjetiva y nos obliga al autoconocimiento y a esforzarnos a tener un mayor desarrollo personal y a reforzar la resiliencia de modificar la realidad, profundizar convicciones y tener una gran habilidad para improvisar. Para conocer más acerca de este conversaremos mañana con el escritor, divulgador y Máster en neurofelicidad aplicada, Rodrigo Sánchez.

La gastronomía es un camino esencial por medio del cual los seres humanos logramos comprender nuestro lugar, nuestras tradiciones, nuestros sabores y aromas, permitiendo definir las relaciones que mantenemos con la familia, seres queridos y comunidad. Repasar las comidas habituales de final y principio de año no es solo un delicioso recorrido, sino que nos conecta con las herencias, costumbres y rutinas que siempre nos reúne alrededor de una mesa que se torna en la extensión de la cocina del ayer, del hoy y del mañana. Estas épocas nos evocan el tamal, como el platillo principal que, si bien antes se elaboraban en casa, hoy se mantiene como parte una herencia ancestral que se ha industrializado; pero igual son tiempos de la deliciosa pierna de cerdo (chancho), el rompope cargado y el dulce queque navideño que son elaboraciones que tienen la categoría de patrimonios gastronómicos en Costa Rica. Sin duda estos son tiempos para pasar en familia y disfrutar de estas delicias, las cuales repasaremos desde la visión de la investigadora, periodista, escritora y experta en gastronomía, Marjorie Ross, quien ha dedicado mucho a rescatarla en libros, ensayos, crónicas, poesía y novelas.

Hace 800 años la humanidad celebra la creación de la primera representación del nacimiento de Jesús de Nazareth, como una iniciativa de San Francisco de Asís, quien lo realizó como un tributo a este acto histórico, religioso y espiritual. Lo hizo en una caverna de la zona de la Toscana, en el monte Greccio en Italia en el año 1.233 y desde entonces en muchos países se hacen todo tipo de pesebres, que mantienen como amalgama la convicción de la fe. En Costa Rica también está la tradición del pasito para el nacimiento del Niño Dios y los hay de dos tipos. El típico que usa aserrín de colores y otros elementos autóctonos y el bíblico que tiene una representación más apegada a la recreación de Belén. Repasamos una serie de hechos e historias en torno a diferentes variantes de cómo se hacen, se recrean y se mantienen como un testimonio que pasa de generación en generación. Para poner en perspectiva este relato, conversaremos con el historiador, José María “Milo” Junco.

La gratitud atrae el bienestar y lo potencia, como un motor que tenemos todas las personas para poder apreciar lo bueno y enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Es un elemento fundamental que nos permite revisar y revisarnos con base en lo que elegimos para aprender y emprender Ser agradecido atrae el bienestar y podemos ejercitarla cuando agradecemos lo que tenemos, cuando vivimos el presente, cuando apreciamos lo que se vive, cuando nos reconocemos y lo hacemos con los demás, cuando evitamos las comparaciones. Es poder reconocer que nos hace ser agradecidos, tiene enormes réditos a la salud, ya que tiene incidencia en contrarrestar la depresión, disminuye la inflamación, el azúcar en la sangre, la presión arterial y mejora la función inmunológica. La felicidad no es el resultado de un recetario, sino de una convicción de que nos hemos propuesto y ayuda a aumentar la productividad, aumenta la generosidad y estimula la salud mental. Nos hace mejores personas. Para aprender acerca de esto conversaremos con el psicólogo, Milton Rosales.

Que hayan disfrutado de este fin de semana de Navidad junto a usted y sus seres queridos. Estos son tiempos que nos permiten hacer un alto y una introspección necesaria, que nos permita retomar la gestión de nuestras emociones, para si se tiene y si no, construir y consolidar un liderazgo personal que nos ayude a hacernos cargo de nuestra realidad. La naturaleza humana persiste junto a nuestras potencialidades y en estas épocas nos deja regalarnos y regalar dos obsequios que no ocupan envoltura. Uno es qué es aquello que no tengo y si lo logro seré mejor persona y el otro es qué cosa que no hago, si la realizo seré mejor ser humano. Iniciamos, una serie de programas especiales de fin y principio de año con el motivador, Mauricio Corrales.

El periodismo es un quehacer fundamental de cualquier sociedad que se precie de sus instituciones democráticas y la defensa de los Derechos Humanos. Su andamiaje se sustenta en elementos fundamentales como el interés público, la búsqueda de la verdad, el derecho del público a saber y la corroboración, precisión y corrección en la presentación de los hechos. Generalmente, el trabajo deviene de la auscultación meticulosa de los hechos que indaga a diario el periodista. Pero muchas otras veces, la tarea es a partir de las pruebas que se le hacen llegar mediante filtraciones anónimas o por el testimonio de un denunciante identificable. “Los audios de Presidencia”, la serie de reportajes de las últimas dos semanas publicadas por el Diario La Nación, está basada en la entrega de grabaciones que hizo la ex ministra de Comunicación Patricia Navarro y es una de esas expresiones periodísticas de hechos de interés público construidas con rigor y responsabilidad profesional. Los audios dejan en evidencia la forma en que se fraguaron desde el despacho presidencial algunas decisiones de política pública y de comunicación política durante los primeros meses de la Administración Chaves Robles. Decisiones que se tomaron alejadas de la ética pública, mintiendo, empujando voluntades e incluso amedrentando a los mismísimos jerarcas del Consejo de Gobierno. Para ampliar sobre la elaboración de la serie noticiosa, conversamos con los periodistas Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, dos de los tres autores de este trabajo.

A dos semanas de terminar el año, el tipo de cambio del dólar es el más bajo en una década. La apreciación del colón respecto de la divisa estadounidense se ha convertido en una constante. Las explicaciones a esta situación se centran en la recuperación del turismo, la atracción de inversiones extranjeras y el cambio de divisas para el pago de las obligaciones empresariales de fin de año. El Banco Central tiene una cifra récord en reserva de divisas para sostener la estabilidad en algunas cifras macroeconómicas. La continua caída en el tipo de cambio es motivo de preocupación para empresarios exportadores y turísticos, que reciben los impactos de cada rebaja en su flujo de ingresos. A ellos se suman las personas que ganan salarios en dólares. Para el año 2024 se proyecta que la inflación se mantendrá baja, lo mismo que el tipo de cambio y, eventualmente, las tasas de interés. Para poner en balanza este tema conversamos con el economista, José Luis Arce.

El cierre de la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023, está enfrascado en la polémica y la consecuente postergación de acuerdos vitales para la humanidad. Por supuesto que el lujoso esplendor de la sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, no ha podido ocultar las fisuras que contiene el 'Balance Global', el paquete de decisiones que 200 países están llamados adoptar y que debe revisar los esfuerzos, avances, retrocesos y las decisiones no adoptadas en materia climática desde la firma del Acuerdo de París de diciembre de 2015. El principal punto de desacuerdo es el paquete energético, ya que no hay una clara definición de qué deben hacer los países para rebajar las emisiones en un 43 % para el muy cercano 2030, lo que resulta trascendental para contener el peligroso calentamiento global y de esa manera no traspasar los 1.5 grados de temperatura en este siglo, lo que condiciona toda la vida en el planeta. Dada las discusiones y la falta de determinación, la cumbre podría alargarse para conocer el documento final o se postergaría hasta la COP29 en Azerbaiyán. La delegación de Costa Rica, compuesta por 27 personas, no tuvo mayor notoriedad y se devuelve sin el apoyo a la iniciativa de la “Alianza para ir Más Allá del Petróleo y el Gas Natural”, que impulsa desde el 2021 junto con Dinamarca y cuyo objetivo aspira a eliminar de manera gradual el uso de combustibles fósiles. Para poner en perspectiva esta cumbre y sus impactos conversamos con Bernardo Aguilar, de la organización no gubernamental, Parlamento Cívico Ambiental.

Guatemala vive horas cruciales con una intentona de golpe de Estado a fuego lento y artero que amenaza con provocar una inestabilidad que hasta ahora se ha logrado contener. Desde agosto, tras el triunfo electoral inobjetable de Bernardo Arévalo, las estructuras corruptas anquilosadas en las instituciones, un día y otro también, se han empeñado burdamente en desacreditar el proceso y la decisión electoral de la ciudadanía. El último intento es la decisión de los deleznables fiscales Leonor Morales y José Rafael Curruchiche, quienes presentaron los resultados iniciales de una mal habida investigación realizada por ellos acerca del manejo de documentación electoral, que por supuesto califican una alteración de resultados en un software contratado; maniobra para pedir la anulación de las elecciones. Tras conocerse ese disparate, el Tribunal Supremo de Elecciones sostuvo que en nada cambia el resultado de las elecciones y que el torneo no tiene ni puede repetirse. A un mes para que asuma el poder Bernardo Arévalo el 14 de enero próximo, ha debido enfrentar una andanada de escollos que siguen entorpeciendo el cambio de mando urgido por una ciudadanía urgida de brisa democrática. Para profundizar en este momento que se vive conversamos con Eduardo Núñez desde ciudad de Guatemala.

“Vamos a comprar servicios, aplicar el pago compartido y afinar los costos de la Caja para cumplir las metas, vamos a ir contra viento y marea, quienes nos apoyen son bienvenidos y los que no, que no se pongan en nuestro camino”. Esto lo dijo Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la presentación de la estrategia “Menos espera, mejor servicio”, que conjunta una serie de acciones para disminuir las listas de espera. Entre las posibles soluciones para los asegurados está el co-pago, una figura que implica que para ciertos procedimientos, la CCSS pondría un porcentaje del costo y el paciente asumiría el pago restante. Para esta acción se dispuso presupuesto de ₡200 mil millones. El anuncio del programa desató al instante un aluvión de reacciones adversas urgiendo transparencia respecto de estudios, contratos, soporte financiero y afinamiento de las metas del programa. Para conocer más a profundidad acerca de este tema conversamos con Alvaro Ramos Chaves, ex presidente de la CCSS.

“Los audios de la Presidencia”, una serie de revelaciones publicadas por el diario La Nación, con base en grabaciones hechas por la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, son el pegamento que une una serie de investigaciones en curso que vinculan al presidente Rodrigo Chaves y su círculo más cercano, con órdenes emitidas para la elaboración de contratos, así como el manejo, control y concentración de pautas publicitarias de instituciones estatales. El último capítulo de la saga es el categórico rechazo de la Fiscalía General respecto de la pretendida solicitud del mandatario de detener las publicaciones periodísticas, lo cual implicaría censura previa, una transgresión inaceptable en nuestro Estado de Derecho. Las autoridades reiteraron, en apego a la jurisprudencia vigente, que las grabaciones no califican como conversaciones privadas, ya que tienen relación directa con la disposición de contratos y dineros públicos, en la que habrían participado el gobernante y otros funcionarios de su confianza, lo que deviene en un asunto de absoluto interés público. Tanto la Fiscalía General, como la Contraloría General de la República, tienen investigaciones abiertas respecto del caso y la Asamblea Legislativa ya había formado una comisión investigadora sobre el tema Sinart que ha logrado dilucidar datos, información y una relación de hechos que se vinculan estrictamente con las grabaciones del contrato BCIE y sus derivaciones. Para poner en perspectiva los nuevos acontecimientos conversamos este viernes con el diputado Ariel Robles Barrantes.

El Poder Ejecutivo presentó la Política Nacional de Seguridad Pública el 22 de noviembre pasado, pero el enfrentamiento que en esa misma actividad generó el discurso del presidente con la Asamblea Legislativa, truncó las posibilidades de un análisis a profundidad. Esta nueva propuesta tiene cuatro ejes de acción: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. En la presentación, el jerarca Mario Zamora no eludió la extrema violencia criminal que marca este año, por lo que instó a que el trabajo siga comprometiendo a los tres poderes del Estado y a la ciudadanía, desde una visión integral. Entre las metas propuestas se impone bajar a 480 los homicidios violentos (poco menos de la mitad de los que terminaremos registrando el próximo 31 de diciembre) para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, feminicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y capacitación. Para poner foco en esta política y cómo inicia su implementación, conversamos con el ministro Zamora.

El vertiginoso inicio de diciembre, que marca el cierre de un trepidante año 2023, nos da cuenta esta semana de dos hechos relevantes en el sistema financiero nacional. El lunes renunció Alberto Dent Zeledón, como miembro y presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Adujo motivos personales y su salida será el 31 de diciembre. El Banco Central deberá nombrar a quien lo sustituya en el contexto inobjetable de la diferencia que ha tenido el ente rector con el Consejo, debido al polémico y sensible asunto del acceso a datos de deudores con identificación por parte del Central. Un día después, este martes, renunció a su cargo el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, quien confirmó su separación, tras la investigación que se lleva a cabo por la sustracción de ₡3 mil millones. Ambos acontecimientos sin duda impactan y tendrán repercusiones de las que conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

La conversación digital y la prominencia en las redes sociales le resultan cada vez menos favorables a la Administración Chaves Robles, a pesar del empeño por mantener estos canales para la difusión de contenidos oficiales. El último reporte de los 21 de este año del Observatorio Digital de la Universidad Latina, lo refleja en sus hallazgos relevantes: los comentarios positivos son ahora 36,1 %, 22 puntos por debajo respecto del inicio de la gestión (52,8 %) los negativos se ubican en 34,6 % y los neutros en 29,3 %. Los negativos respecto del gabinete llegaron a un 52,4 % entre setiembre y noviembre. Las conferencias de prensa, en el último trimestre, reflejan una disminución del 45,46% en la cantidad de dispositivos conectados. Cuando esta medición, en el plano digital, se lleva a los hechos concretos, los mejor valorados fueron las noticias de las calificadoras de riesgo, la baja del marchamo, las informes de reducción de desempleo y los números macroeconómicos; mientras los peor valorados fueron la cifra histórica de homicidios, el artículo publicado en México acerca de las supuestas negociaciones con carteles de la droga, el decomiso de cargamentos del narcotráfico en puertos de Europa y las revelaciones de la comisión legislativa del SINART. Para ampliar acerca de los resultados de esta medición, así como el tema recurrente de violencia política contra las mujeres y la temporal en relación con las elecciones municipales, conversamos con el coordinador de este estudio, Cristian Bonilla.

La jueza Nancy Hernández López será la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a partir del primero de enero próximo. Un honor que Costa Rica asume siendo ella la tercera mujer en ocupar esta prestigiosa posición desde que el organismo fue creado en 1969. La CorteIDH es una entidad judicial autónoma del Sistema Interamericano constituida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José y con sede en nuestra capital. Su amplia trayectoria de más de tres décadas en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos la ha llevado a desempeñarse en el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, donde fue magistrada de la Sala Constitucional. Asumió como jueza de la CorteIDH tras la salida de la también connotada jurista costarricense de talla internacional Elizabeth Odio Benito, que la presidió en el periodo 2020-2022. Entre sus sentencias comprometidas con la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas, figuran la del matrimonio igualitario, la de paridad horizontal a favor de los derechos políticos de las mujeres, así como otras relevantes en materia de tortura y abuso policial de detenidos. Para ampliar acerca de su período como presidenta 2024-2025 y sobre los inmensos desafíos de la protección de los Derechos Humanos en nuestro continente conversamos con la jueza Hernández López.

Celebramos, con alegría y legítimo orgullo, los 75 años de la abolición del ejército; uno de los mayores hitos de nuestra Patria. Un compromiso y un tributo nuestro en favor de la paz universal y la resolución pacífica de conflictos. Costa Rica abolió el ejército el 1• de diciembre de 1948, tras la decisión de la Junta Fundadora de la Segunda República, simbolizada en el “mazazo” del Presidente José Figueres Ferrer al cuartel Bellavista. Este hecho signa la construcción moderna de nuestra identidad, de los valores y la acción política que nos conducen en la convivencia interna y global. Constituye, sin duda, un hecho excepcional en la decisión de forjar una Nación más justa, equitativa y con la capacidad de generar políticas públicas que respondieran a los desafíos más apremiantes de su ciudadanía, centrados en el respeto por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos de todas las personas, el desarme y, más recientemente, el respeto por el ambiente. La renuncia unilateral al uso de la fuerza militar nos obliga a buscar el diálogo, la negociación, y a descansar en la diplomacia, el derecho internacional y el multilateralismo como los caminos en los que los costarricenses creemos. Para leer este acontecimiento histórico de la vida nacional conversamos con el historiador, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Dos recientes golpes a estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas no han hecho, sino confirmar los argumentos y los razonamientos de autoridades policiales y expertos acerca del inmenso poder que han alcanzado estas organizaciones en el país. Se trata del denominado caso Corona, referido a una sofisticada banda que trasegaba cocaína líquida a Israel y Europa. El otro es el desmantelamiento de la primera organización de producción y distribución de fentanilo en Centroamérica. La primera alerta es que son grupos criminales que trabajan con logística, organización, vínculos, recursos millonarios y acción delincuencial en Costa Rica. La segunda es que evidencian una sofisticación, avance y evolución de negocios ilícitos. La tercera tiene que ver con las relaciones que ostentan con autoridades de cierto nivel, con liderazgos territoriales y dentro de las instituciones del Estado. Las grabaciones del caso Corona tienen a las fuerzas policiales y al Ministerio Público investigando los contactos que se le atribuyen al ex jerarca del INCOP, Braulio Venegas, de facilitar una reunión con funcionarios del INCOFER, para un posible negocio de administración de predios de almacenamiento para contenedores, así como los avances que intentaron con RACSA, para una posible participación en el establecimiento de escáneres en puertos y fronteras. Tan grave como eso, son los intentos de esas estructuras criminales de dar seguimiento y apoyo a personas que estarían participando en las elecciones municipales. Estos embates se dan en el marco de la malograda presentación de la política nacional de seguridad pública y de una nueva reunión a la que acudirán los presidentes de los tres poderes de la República, para intentar recomponer, una vez más, el clima enrarecido por las altisonantes manifestaciones del jefe del Ejecutivo. Para conocer mayores detalles de esta compleja realidad conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos.

Tras siete semanas de guerra, la esperada tregua entre Israel y el grupo Hamás, ha dado un respiro de alivio a la población de la Franja de Gaza. La suspensión de las hostilidades permitió la liberación de personas tomadas como rehenes durante el asalto del 7 de octubre, así como de presos palestinos, en el obligado intercambio que imponen estos conflictos. En los primeros cuatro días del acuerdo, Hamás liberó a 50 rehenes israelíes y 19 extranjeros (en su mayoría trabajadores agrícolas tailandeses). Hasta ahora, Israel liberó a 150 prisioneros. El cese temporal de la confrontación podría volver a prolongarse y permitir la liberación de más rehenes, como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar -principal mediador- al anunciar que por la liberación de cada diez cautivos, se prolongará un día adicional la pausa en los ataques. Durante estos días, los gazatíes aprovecharon el alto al fuego para abastecerse de artículos de primera necesidad. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó del ingreso de 137 camiones con combustible, alimentos, agua, AA medicinas y otros artículos. De igual manera, se aprovechó para evacuar a una veintena de pacientes en estado crítico. El cese limitado de los combates fue el resultado de semanas de intensas negociaciones y la esperanza es que sea posible lograr la liberación de más rehenes, pero está claro para los especialistas que no todos correrán con la misma suerte, pues algunos hombres constituirán el canje final o mejor dicho, los escudos, que asegurarán a los dirigentes de Hamás. Para poner en perspectiva este período conversamos con el relacionista internacional y Director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo Zamora.

Costa Rica evidencia, cada vez con mayor acento, números rojos en una de las políticas públicas que le ha dado enorme brillo global: la materia ambiental y las acciones de descarbonización de la economía no están siendo congruentes con los esfuerzos históricos de la legislación y las consecuentes políticas públicas. Es tan delicada la situación que a hoy tenemos más áreas protegidas, pero muy pocos recursos para defenderlas. Hay robusta legislación, pero con capacidad institucional disminuida. Se asumieron compromisos ejemplares para la descarbonización, pero se han tomado decisiones que evidencian retroceso en la matriz energética. Otro tema sensible tiene relación con mayor conocimiento acerca del riesgo por impactos naturales, pero mínimos avances en el ordenamiento territorial. En la práctica, decisiones como la aprobación del aumento en la vida útil de la flotilla de transporte público contaminante, el descarrilamiento temporal del tren eléctrico para personas y para carga, las recurrentes intenciones de abrir la exploración y eventual extracción de gas natural y la lentísima respuesta a la recuperación en comunidades y sectores productivos debido a los impactos por eventos de cambio y variabilidad climática, nos ponen delante de un panorama poco halagador. Y como si todo ello fuera poco, el país sigue teniendo una gran dependencia de derivados del petróleo. En los últimos once años registramos un crecimiento en las importaciones del 41%. Solo en el año 2022 se compraron 21,7 millones de barriles de petróleo, 1,2 millones de barriles más respecto del año anterior. Para abrir el foco en un tema medular, con base en los resultados del Informe sobre el Estado de la Nación, conversamos con Karen Chacón, del equipo coordinador de este vigésimo noveno estudio.

A propósito de la presentación de la esperada política nacional de seguridad pública, el presidente de la República volvió a agitar las aguas políticas. Su arremetida contra los poderes Legislativo y Judicial fue tal, que trastocó de inmediato el funcionamiento de las sesiones extraordinarias del Congreso, tanto en el plenario como en las comisiones. Por tratarse de un tema tan sensible como la crisis de inseguridad, los acontecimientos obviamente afectan la convivencia cotidiana, pues siguen a la orden del día las preocupaciones por la seguridad y la falta de opciones de empleo. En medio de estas circunstancias, el diario La Nación dio conocer que la investigación policial del denominado caso Corona, que desarticuló una poderosa banda de tráfico internacional de drogas, tiene delicadas ramificaciones que tocan al Poder Ejecutivo. Por otro lado, continua en compás de espera la decisión final del Tribunal Supremo de Elecciones, acerca de la participación o no, de la agrupación cercana a la fracción de gobierno en las próximas elecciones municipales. Las tensiones no bajan y para poner estos elementos en análisis de contexto conversamos con el politólogo Sergio Araya Alvarado.

“Durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible, así como una mayor incapacidad de su democracia para promoverlo”. Este es la preocupante síntesis que le presenta a Costa Rica el Informe Estado de la Nación 2023, que se suma a alertas que nos señalan ser una democracia con problemas que solucionar antes que evadir o justificar. Hemos hecho los esfuerzos por ser una sociedad que tomó decisiones y acciones de política pública para fomentar y diversificar la producción, pero hoy nos muestra exclusión, desigualdad y brechas. Por un lado, la promoción de exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) muestran éxito, pero otros sectores denotan crisis estructurales del un crecimiento económico desequilibrado que son un freno al desarrollo humano y que tienen impactos profundos en las poblaciones, los sectores y los territorios más vulnerables. El informe nos ofrece una cantidad de información que iremos analizando, pero haremos una primera valoración de este enorme desafío. Para iniciar este proceso de análisis conversaremos mañana con Leonardo Merino, coordinador general de la investigación, y Natalia Morales, del equipo técnico del Programa Estado de la Nación.

Una nueva versión más y la administración Chaves Robles presentó lo que denomina la Política Nacional de Seguridad Pública. Esta la podemos dividir en dos actos, para lograr entender lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, en Guápiles. En el primero, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y sus dos viceministros, Erick Lacayo y Manuel Jiménez, esbozaron cuatro ejes de acción. Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. El jerarca no eludió que este es el año más violento, en cuanto a criminalidad y enfrentamiento de grupos e insto a que el trabajo siga comprometiendo a los poderes del Estado, a la institucionalidad y ciudadanía, desde una visión integral. Como metas se imponen reducir a 480 los homicidios violentos para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, femicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y capacitación. Hasta allí todo bien. El segundo acto es el discurso del presidente, quien una vez más encendido y por momentos iracundo comenzó la habitual repartición de responsabilidades y justificar lo que a su mandato le corresponde. Embistió con fuerza a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial, a quienes una vez más les endilga que no hacen lo suficiente. De un momento a otro indicó que le ordena a la ministra de la Presidencia, que al llegar a San José se firme la desconvocatoria, en este periodo de sesiones extraordinarias, los proyectos enviados, dada la molestia por los señalamientos que han hecho a tres de estos. Y de repente afirmó que sea el Poder Legislativo que convoque 26 proyectos que se han analizado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de respuestas a la ciudadanía (ya sin la participación del Ejecutivo) y lo hace responsable político de las consecuencias de la grave crisis de inseguridad. Para hacer una primera aproximación a los alcances de esta política conversaremos mañana con el experto en temas policiales, de seguridad y exviceministro de esta cartera, Daniel Calderón.

Es un problema en el cual todas las personas tenemos responsabilidad, pero para solucionarlo no la asumimos, miramos hacia otro lado o la echamos en cualquier sitio, para que otros la asuman. Con datos del año 2021, del Ministerio de Salud, en Costa Rica producimos 1.6 millones de toneladas de residuos ordinarios, con una tasa de recuperación de un 6.9 %. De ese total, 1.3 millones de toneladas se generaron en hogares y 291 mil toneladas en comercios y otros. El país cuenta, desde la Constitución Política, leyes y reglamentos para la gestión integral de desechos y para el manejo de rellenos sanitarios públicos y privados, pero aun así no se logra establecer una estrategia nacional de economía circular que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Por ley el manejo de la basura es responsabilidad de las municipalidades, pero investigaciones concluyen que un 62 % de los municipios no cuentan con un plan regulador que les permitan atender esta problemática ambiental y de salud pública. Una empresa española creó un sistema, llamado limpulación, para gestión de residuos municipales, son plantas que procesan toda la basura de todo tipo, con excepción de la hospitalaria y de desechos, que los convierten en material limpio. El líder de esta innovación se encuentra en Costa Rica promoviendo el tema, así cómo lograr que se eliminen los rellenos sanitarios. Para conocer detalles de esta tecnología, en el marco de las elecciones municipales como parte de lo que la ciudadanía debe conocer en uno de los servicios esenciales, conversaremos mañana con el fundador y presidente de la compañía Thermowaste, Oscar Ribas.

La economía de Cosa Rica crecerá este año un 5,3 %, más alto de lo previsto, la salud fiscal del país es óptima y la inflación está controlada. Todos estos elementos son considerados un éxito y ayudan a presentar número positivo de la gestión gubernamental. Eso sí, el año entrante el crecimiento proyectado bajará y aun con estas condiciones macroeconómicas buenas, no se tiene prevista una baja en las tasas de interés que tengan incidencia directa en mejores condiciones para las personas, familias y sectores productivos, en medio de un año con una baja en el precio del dólar respecto del colón. Ya economistas advierten que los vientos favorables de las condiciones internacionales que ayudaron en esto no serán tan propicios, así como otras condiciones internas que nos presentan un 2024 de desafíos por enfrentar. Pero todo esto. ¿En qué beneficia, en el día a día, en el bienestar general de la población? ¿Cómo se refleja en el costo de la vida y el acceso más barato al dinero? Estos son parte de las incógnitas que nos ayuda a responder el primer informe del Modelo de proyección Macroeconómico de Costa Rica, elaborado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible CINPE-UNA, que también aporta información acerca del impacto de la posible venta del Banco de Costa Rica. Para ampliar acerca de este tema conversaremos mañana con el economista e investigador de este centro académico, Marco Otoya.

Argentina resuelve su más estrepitosa jornada electoral y Javier Milei, ultraderechista y liberal, ganó la segunda ronda y se convierte en presidente electo y abre una nueva etapa de la vida política, económica y social, al emerger una fuerza, que conjunto el descontento y le permitió derrotar a los partidos tradicionales. En el fondo una nación con una crisis estructural que le da un mandato contundente en las urnas, pero precario en el resto del Estado con solo 37 representantes legislativos y 8 senadores. Todas las cartas abiertas para determinar cómo será su comportamiento como gobernante, la moderación ante sus promesas y el papel que tendrá la oposición. Culminada la elección hay que analizar los elementos que llevaron a este resultado, cómo se conformará gobierno para el traspaso de mando el 10 de diciembre y el arranque de reformas que exige una ciudadanía polarizada, demandante y vigilante. Ante esto Milei en su discurso de victoria es claro al señalar que “hoy comienza la reconstrucción de la Argentina”, con un gobierno que cumple a rajatabla con los compromisos tomados y que ayude a  limitar el papel empobrecedor del Estado. Reseñó que la dimensión de la crisis del país no admite gradualismos, medias tintas, ni tibiezas. Llega el tiempo para saber sí su caudal le dará la gasolina suficiente para iniciar el proceso de los recortes del gasto público, de los impuestos, el cierre del Banco Central y la dolarización del país. De igual manera la eliminación de regulaciones; la privatización de industrias estatales; la reducción de los ministerios federales; los cambios propuestos en la educación y salud públicas. Así como temas de alta sensibilidad como prohibir el aborto y liberalizar las regulaciones de tenencia de arma. Para analizar este momento argentino conversaremos mañana con los politólogos Carolina Ovares y Saul Buzeta.

Fue, sin duda, la noticia política de la semana: la Sala Cuarta determinó la inconstitucionalidad del controversial proyecto de jornadas 4x3, debido a un vicio sustancial en el procedimiento legislativo. Borrón y cuenta nueva. El Ejecutivo, en respuesta a esa decisión que acabó con el proyecto tal cual se estaba tramitando, aspira ahora a recomponer la alianza de cuatro partidos políticos y una mayoría de los de Liberación Nacional para, básicamente, hacer un nuevo expediente que logre llevar a término esa iniciativa en la que ha empeñado una significativa apuesta de capital político, que no está dispuesto a perder. Este cambio significativo de condiciones de jornada laboral ha sido un tema en extremo polarizante. Tanto que ahora que los magistrados confirmaron la irregularidad del procedimiento se volvió a abrir la polémica: el gobierno y quienes apoyan las jornadas flexibles aseguran que no tenerlas pone en riesgo las inversiones planificadas por empresas multinacionales y en peligro la llegada de nuevas corporaciones, afectando seriamente la creación de empleo, aunque INTEL, CINDE y hasta PROCOMER, se encargaron de desestimar rápidamente esa tesis. Para abordar el tema invitamos al diputado Jonathan Acuña, de la bancada opositora al proyecto, así como al abogado laboralista, Esteban Calvo.

La paciencia de la población cartaginesa sigue a prueba por la manera en que se posterga, con todo tipo de argumentaciones, la cada vez más urgente adjudicación para empezar a construir el nuevo hospital de la provincia. En punto a esta truncada situación, dos hechos relevantes han ocurrido en los últimos días: primero, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al proyecto con un pronunciamiento contundente: “puede concluirse que no existe evidencia de la presencia de la proyección superficial de una posible ruptura del sistema de fallas de Aguacaliente o de alguna de sus posibles ramificaciones, en el terreno en donde se construirá el hospital nuevo de Cartago. Esta afirmación se fundamenta en la reinterpretación especializada y detallada de todos los estudios realizados hasta la fecha: geología, geofísica, geotecnia, trinchera y amenaza sísmica”. El otro elemento se dio a conocer este miércoles y aunque no resultó sorpresivo, era necesario de finiquitar: el Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica declinó el pedido de la Caja Costarricense de Seguro Social de construir el hospital dentro del campus, dado que su plan maestro le impide desprenderse de los objetivos y obligaciones de fortalecer y desarrollar sus centros y actividades de investigación, extensión y docencia, de acuerdo con su naturaleza como institución académica. ¿Qué continúa ahora para alcanzar el objetivo de que finalmente se adjudique la construcción, si pese a los criterios técnicos, el Ejecutivo y la Directiva de la Caja objetan el terreno ya avalado para la edificación? Al respecto conversamos con el ex rector del TEC, Julio Calvo y con el vicepresidente de la Junta de Salud, Eduardo Castillo Rojas.

El pasado 7 de octubre sorprendió a Israel una incursión terrorista que desató la guerra en Gaza.  Desde entonces el panorama está signado por bombardeos, invasiones terrestres y la muerte de civiles y rehenes.  El balance es desolador: 11 mil fallecidos y 242 rehenes, de los cuales 57 habrían muerto ya, son algunas de las más trágicas estadísticas de este escenario explosivo de confrontación.  Pero hay también 2.2 millones de desplazados, de los cuales la mitad serían menores de edad. Fuera de servicio están más de la mitad de hospitales y centros médicos de la Franja de Gaza, lo que acelera una crisis sanitaria, a la que se suma una muy limitada logística de entrega de alimentos y medicinas.  Otras alertas son la escasez y mala calidad del agua, así como un precario suministro de energía eléctrica que asfixia a la población gazatí.  Hasta ahora han sido inútiles los llamados de países y organismos internacionales para encontrar condiciones mínimas que den cabida a un cese al fuego.  Para poner en perspectiva este conflicto de repercusión global, conversamos con el relacionista internacional Carlos Cascante.

El estallido social generalizado en Panamá, que cumple tres semanas ya, tiene un elemento que lo desató, pero no cuenta con una dirección única y tampoco vislumbra un punto de llegada. Desde el inicio de año ya se venía gestando una tensión por el tema minero, pero fue el 20 de octubre que reventó por la aprobación, en 72 horas, del contrato de concesión a Minera Panamá, que se suma a otras 15 otorgadas y que consolidan la actividad extractiva más grande de la región centroamericana. A estos movimientos, los más grandes de los últimos 30 años, se suman una serie de yerros de las autoridades canaleras. A la rápida aprobación legislativa le siguió la firma presidencial para convertirla en ley, luego la voluntad de resolver por consulta el rechazo popular, pero que no llegó a prosperar, para entonces pasarle la decisión a la Corte Suprema de Justicia y aprobar una ley de moratoria minera, que dejaría sin efecto la polémica concesión, pero a un posible costo millonario por incumplimiento contractual. Pérdidas estimadas en $1.500 millones, desabastecimiento de alimentos, gasolina, cierre de carreteras, paros por todo el país y paralización del transporte terrestre asociado a la actividad del Canal, son algunos de los costos que enfrenta el país. Pero al abrir el foco hay más de fondo. Una queja de crecimiento económico sin bienestar social, una democracia que no logra ajustar los niveles de desigualdad y un sistema de partidos políticos con dificultad para canalizar las demandas de la ciudadanía y los sectores. Ya esto era evidente en las manifestaciones de julio del año pasado. Para conocer de primera mano qué sucede conversamos con Sergio García Rendón del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.

Los índices de valoración de Rodrigo Chaves y su gobierno siguen en descenso. Si bien aún se mantiene un núcleo duro del 46% como valor positivo, la disminución con el avance de la gestión va siendo cada vez más difícil de disimular. Una de las razones para la ciudadanía resulta muy clara: la inseguridad y la ola de criminalidad se ha salido de las manos, así como otros temas sensibles que inciden en la calidad de vida de las personas. Al mandatario se le reconoce firmeza y ser directo a la hora de hablar, pero le reclaman la soberbia, la prepotencia y la arrogancia en el ejercicio presidencial. Si bien el país requiere (de acuerdo con los entrevistadores) un liderazgo fuerte, este debe estar enmarcado en un mandato que sea respetuoso con la ley. Estos son algunos de los resultados del último análisis de coyuntura político electoral de la firma Índice, que se hace público al iniciar la semana. Para ampliar acerca de estos hallazgos conversamos con el especialista en estrategias mercadológicas Iván Barrantes.

Costa Rica sigue siendo la democracia más consolidada en la región centroamericana y una de las tres mejores calificadas en América Latina. Ello, por supuesto, es motivo de orgullo. Pero también de mucha obligación responsable. Una cúmulo de decisiones estructurales postergadas y no pocos desacuerdos nos enfrentan hoy a una serie de imperiosos desafíos para mantener nuestro pacto social. Hay que poner mucha atención a los reclamos de la ciudadanía por la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas que la alejan de su defensa. Además, la fragmentación social, la extrema polarización, el deterioro del sistema de partidos políticos, el reclamo por la calidad de los servicios públicos, las grietas de la inequidad y los casos de corrupción, se suman a la escalada de la violencia y criminalidad que tienen incidencia directa en la gobernabilidad. Para ampliar acerca de las cuestiones fundamentales que debiéramos debatir y definir para fortalecer la democracia, conversamos con el Director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel.

Las democracias centroamericanas están transitando por tiempos de complejidades, que las siguen tensando. En Guatemala, el presidente electo, Bernardo Arévalo, sigue sorteando los diversos obstáculos que le permitan llegar al 14 de enero y asumir el poder que ya de por sí se vislumbra, será una prueba de fuego a su mandato y a la institucionalidad. En Honduras, el nombramiento del nuevo jerarca de la Fiscalía General genera fuertes enfrentamientos que se suman a los otros desafíos que enfrenta el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En Panamá, un fuerte estallido social, por una concesión minera, puso al presidente Laureano Cortizo en una compleja situación, dado que las manifestaciones recogieron otras molestias y reclamos ciudadanos. Para poner en foco la salud de la democracia regional conversamos con el politólogo, Alejandro Barahona.

De 1 a 10 en liderazgo y capacidad para gobernar, el presidente Rodrigo Chaves mantiene una nota alta de 7, siempre por encima de la Asamblea Legislativa que reseña un 5.5. Estos son algunos de los resultados de la segunda encuesta de percepción ciudadana acerca de la gestión del gobernante y del Poder Legislativo, según el Observatorio del Desarrollo de Universidad de Costa Rica, realizada del 27 de setiembre al 13 de octubre, con un margen de error del 3,8 % con un nivel de confianza del 95 %. Otros resultados muestran una calificación más severa. Un 40 % de la población afirma que la Administración Chaves Robles está haciendo un trabajo bueno o muy bueno, un 33  % regular y el 25 % afirma que el trabajo es malo o muy malo. Un 70 % percibe que el costo de vida no disminuye, y un 85,4 % sostiene que la seguridad ciudadana no mejorará y empeorará en los próximos tres meses. Estos son los puntos más críticos que enfrenta este mandato y que tienen una incidencia en los resultados del estudio. Un dato de la coyuntura de las elecciones municipales da como resultado que solo un 45.5 % de la ciudadanía estaría dispuesta a votar el próximo 4 de febrero. Para ampliar acerca de estos resultados conversamos con el director Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo.

Conmemoramos este 7 de noviembre el Día de la Democracia Costarricense y lo hacemos en un contexto de enormes desafíos para los regímenes democráticos prácticamente del mundo entero, pero muy particularmente de nuestro continente. En concreto, dos reportes globales puntualizan el estrés a la que ha sido sometida esta bicentenaria democracia en los últimos dos años. Son, además, una alerta que debe ser tomada muy en cuenta, para asumir las responsabilidades que nos competen en la defensa del bienestar colectivo. El Latinobarómetro 2023 registró para nuestro país una caída de 11 puntos porcentuales de apoyo a la democracia, al pasar del 67 % en el año 2020 a un 56 % en 2023. Es una caída abrupta que nos colocó como una democracia en problemas. Por otro lado, en el último informe de la organización mundial Reporteros sin Fronteras, Costa Rica cayó 15 peldaños en libertad de expresión, colocándonos en el puesto número 23 y señalando de manera puntual que hemos dejado de ser "el último bastión de la región". Y es que por primera vez en casi una década dejamos de estar en el top de los 10 primeros países del mundo en esta medición. Pero, por supuesto, tenemos mucho que preservar. El estudio anual de IDEA Internacional nos ubica en términos positivos en el indicador de procesos electorales para escoger gobierno, aunque sí nos hace una alerta, dado que estamos en una región que presenta un fuerte declive de adhesión democrática, tanto por la crisis de inseguridad, como por la pérdida de derechos civiles. Para poner en contexto los retos de nuestra democracia conversamos este martes con el periodista, exministro y ex embajador, Armando Vargas Araya. A las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos informó que el 21.8 % de los habitantes del país viven hoy bajo la línea de pobreza, lo que implica que el nivel se acerca ya al porcentaje prepandemia (21 % en el 2019). A pesar de ese esfuerzo, la pobreza extrema creció en poco más de 2,000 habitantes, de 110,600 a 112,900. De igual manera, bajó a un 8.8 % el desempleo, aunque la reducción fue mayor para los hombres (7.4 %) que para las mujeres (11.1 %); también es cierto que se vuelve a reflejar que más personas dejan de buscar trabajo. Una calificadora de riesgo mejora la posición de Costa Rica, pero a lo interno se reducen las becas para estudiantes y el Ministerio de Educación Pública tiene el presupuesto más bajo en las últimas décadas. Por otra parte, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social presentará su postergada ruta de trabajo en áreas sensibles y se prevé que anuncie un sistema de copago, que implica que los asegurados harían frente a una parte del pago de los servicios de salud. Y para el próximo año, las pensiones del régimen no contributivo bajarían en más de ₡20 mil, provocando que las personas que más lo requieran vean aún más menoscabada su calidad de vida. El argumento para esta reducción es que no se estimó correctamente la partida necesaria en el Ministerio de Hacienda. Para entender cómo se intenta manejar lo fiscal con números satisfactorios y a la vez, por diversas decisiones se pudiera estar menoscabado aún más el componente social, conversamos con el economista Fernando Rodríguez.

De concretarse la exclusión del líder mundial chino de las telecomunicaciones del despliegue de la tecnología 5 G en Costa Rica -como pretende el Poder Ejecutivo- las tarifas de internet y telefonía móvil podrían subir hasta un 40%, mientras las suscripciones podrían reducirse hasta en un 43%. Tal conclusión emana de un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, que proyectó un escenario lúgubre: en ocho años podrían quedar por fuera de la moderna tecnología hasta 3.5 millones de personas, mientras que en un lapso de cinco años, el país enfrentaría hasta $1.360 millones en gastos adicionales con perjuicios directos en los sectores productivos de manufacturas, comercio, información y comunicación. ¿Cómo y por qué el escenario sería tan pernicioso? El asunto es que las empresas operadoras de telecomunicaciones han realizado multimillonarias inversiones en el despliegue de la infraestructura de las redes existentes con la tecnología de Huawei y al proscribirse ahora, habría que desplegar nuevas redes para sustituir las bases instaladas. ¿Cómo se vislumbra el futuro de esta situación compleja? ¿Cómo desarrollarnos tecnológicamente y no quedarnos atrás, sin poner en riesgo temas de seguridad cibernética, como argumenta el gobierno? Para conocer las bases y alcances de este estudio, así como los impactos económicos, sociales y de brecha digital del polémico despliegue de la 5G conversamos con los investigadores Olman Segura y Leiner Vargas.

Por decisión unánime de la Sala Constitucional, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, fue obligado a entregarle a Hablando Claro la auditoría externa de la ruta 32 que, contraviniendo el ordenamiento jurídico, había declarado como confidencial. Vilma Ibarra decidió recurrir en amparo ante los señores magistrados debido a que el presidente de la República en una conferencia de prensa el pasado 7 de junio aseguró falsamente que ella había recibido una suma exorbitante de dinero por hacerle propaganda a esa vía en reconstrucción. Ahora, teniendo el informe en su poder y habiéndolo distribuido a toda la prensa nacional, cualquiera puede constatar que el argumento de la falsa “confidencialidad” fue esgrimido para cumplir con el fin perverso y mal intencionado mediante el que el mandatario y otros funcionarios manipularon información de esa auditoría para intentar manchar su reputación y credibilidad. Es un hecho que desde el inicio de su gestión, la actual Administración ha implementado tácticas de persecución política en contra del programa y su directora. Tanto así que ya había un antecedente probatorio que ahora también quedó reconfirmado y es que el 8 de julio del 2022, el Ejecutivo emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos para intentar prohibirles acudir a entrevistas en Hablando Claro. Esa afrenta al derecho constitucional a la libertad de expresión motivó a la periodista a acudir a la Sala IV, por primera vez en sus 40 años de ejercicio profesional. Sorprendentemente, pese a la prueba presentada, funcionarios de la Casa Presidencial mintieron a los magistrados negando la autoría de la directriz bajo el alegato que “no había sido una instrucción formal”, solo porque se había girado vía WhatsApp. Ciertamente, el caso de Hablando Claro no es único, ya que otros colegas y medios de comunicación también han sido víctimas de acciones de amedrentamiento para intentar callarlos y desalentar su ejercicio profesional independiente y es justamente por ello que hemos debido acudir a solicitar protección constitucional. Dichosamente, para nuestro régimen de libertades públicas, en todos los casos esos derechos se han resguardado. En lo que nos toca, seguiremos adelante en la defensa de nuestro buen nombre, tanto como en la necesidad de adecentar la gestión política en la conducción de los asuntos públicos, y por ello este jueves conversamos de las acciones en curso y sus resultados con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal y la Presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera.

La temperatura política se ha venido calentando, al igual que la respuesta narrativa del gobierno ha subido algunos grados. Estos días han salido chispas de las comisiones legislativas en que personas cercanas a la administración Chaves Robles evidencian diferencias, develan decisiones que no se sostienen y señalan responsabilidades, en decisiones sensibles, del mismo presidente. Calixto Chaves desde su comparecencia en la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos dijo, con claridad, que sigue asesorando al mandatario desde una oficina en Zapote. Eso si, dijo que no tiene relación alguna con la diputada Pilar Cisneros y el asesor, Federico Cruz. Dos personas del entorno más cercano al gobierno. Marta Esquivel salió señalada al no dar respuestas contundentes, ante la comisión legislativa Cartago, por la negativa a la construcción del hospital. Luego insistió que si se investiga más la compra y licitación nos llevaremos sorpresas, en su afán de denunciar sin dar pruebas. Esmeralda Britton en la comisión que investiga el Sinart señaló al gobernante, como la persona que dio indicaciones acerca de la pauta publicitaria y dio la orden de trasladar, a canal 13, el programa La Rueda de la Fortuna, pese a estar en contra de criterios técnicos que a él le fueron presentados. Como bálsamo, a pesar de que algunas diputaciones pretendieron, en su momento, iniciar de cero el proceso de nombramiento para la Sala Constitucional, el plenario eligió a la magistrada, Ingrid Hess. Para analizar la coyuntura del arranque de esta semana conversaremos con el politólogo, Daniel Calvo.

Trabajar durante 50 años en el compromiso de facilitar el acceso a la vivienda, con servicios y productos financieros accesible. Es un logro innegable. Hacerlo además implementando programas y acciones de educación financiera, incorporar la paridad de género como un área de trabajo transversal, fomentar el talento humano y el desarrollo de buenas prácticas ambientales es entender el tono de los tiempos. Los resultados del Informe de Sostenibilidad 2022 del Grupo Mutual así lo demuestran. Entre los datos se establecen que más de la mitad de las personas clientes de este conglomerado son mujeres. Destaca el dato de que un 64 % de los bonos familiares de vivienda ha sido otorgados a mujeres, que resulta relevante al ser el líder nacional en colocación de estos instrumentos para tener casa digna. El 52 % tienen cuentas de ahorro y un 60 % poseen certificados de depósito a plazo, como resultado de una clara estrategia de inclusión financiera de emprendedoras y jefas de familia. Se trabajó para lograr la paridad de género en todos los ámbitos de la estructura laboral de la entidad, logrando que de las 893 personas que trabajan, el 53 % sean mujeres y 47 % hombres. En el ámbito ambiental se siguen implementando acciones tales como el crédito de Vivienda Sostenible, cuyo objetivo es incentivar la inclusión de buenas prácticas al aplicar una tasa de interés especial como beneficio, pero a la vez para promover construcciones amigables. Así como la promoción de programas de protección de ciberseguridad que incluyan personas adultas mayores y estudiantes. Para conocer más detalles de las labores de la novena entidad financiera más grande según activos de Costa Rica, para atender los desafíos y oportunidades del sector vivienda, conversaremos con la gerente general del Grupo Mutual, Mayela Rojas.

Los movimientos migratorios masivos en América Latina tienen hoy profundas raíces en factores de expulsión, como son la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo, crisis políticas, económicas y ambientales. Todo esto configuran oleadas que traen consigo crisis humanitarias marcadas por la violación sistémica de derechos humanos, el aumento de la inseguridad, la violencia y el rechazo de estos grupos en desplazamiento. Si bien América Latina y el Caribe ha sido tradicionalmente tierra de migración, el panorama actual se intensifica y complica, dado que se componen de migrantes económicos, ambientales, forzados, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes en situación irregular, tráfico de personas, víctimas de trata y migrantes varados, niños, niñas y adolescentes no acompañados, entre otras dramáticas realidades. Una situación de esta envergadura requiere de respuestas y acciones regionales, que a pesar de la reciente cumbre migratoria en Chiapas, México, no se vislumbran, para atender la condición de vulnerabilidad de muchas de las personas involucradas. En el año 2022 se registraron unas 250 mil personas migrando desde países del sur del continente y pasando las duras condiciones del Tapón del Darién. En lo que va de este año ya se cuentan alrededor de 450 mil. Para ahondar en la atención a esta realidad conversaremos con el director de la Cátedra en Migración Forzada Internacional, Inclusividad y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara en México, Hiram Abel y con el director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo.

Para enfrentar la peor ola de violencia y criminalidad que atraviesa Costa Rica, hay algo que es innegable. Esto es dotar de recursos económicos a los cuerpos policiales de manera urgente, la tarea se va realizando por partes, con algunos claroscuros, que deben ser evaluados. Esta semana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 12 allanamientos en Chacarita, El Roble, barrio El Carmen y Barranca en Puntarenas, así como en San Ramón de Alajuela y Tamarindo, Guanacaste, para la detención de líderes de las bandas del sicario alias Gordo Ramos y otras conocidas como los Pikachu, los Chamorro y los Búhos. Estas operaciones requieren de logística, de inteligencia y desplazamiento de agentes y equipos, que deben ser financiados con dineros, que como han sostenido los jefes policiales, merman y no son suficientes. Para terminar las operaciones de este año, marcado como el más violento con 743 muertes asociadas al crimen organizado, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que exonera del pago del IVA a la Policía Judicial, lo cual le dotaría de ₡1.300 millones. Llama la atención que esta iniciativa no contó con los votos de 8 diputados de la bancada de gobierno y con la oposición del ministro de Hacienda. Debe resolverse, ahora, una diferencia de procedimiento para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de trámite positivo al proyecto que le otorgará a los cuerpos policiales el total del impuesto de casas de lujo, lo cual aportaría alrededor de ₡18 mil millones y esperar la aprobación final del presupuesto del 2024, que asignaría ₡20 mil millones. Para conocer cómo atenderá el OIJ los dos meses que faltan y cómo se prepara para el próximo año, conversaremos con su director, Randall Zúñiga.

Multitudinaria, representativa de unas 50 organizaciones y con movimientos territoriales, se realizó la Marcha de Protesta en contra de la Administración Chaves Robles, que es el resultado de la conjunción de esfuerzos para seguir promoviendo una agenda de defensa de acciones que estarán poniendo en riesgo diferentes conquistas que sostienen la institucionalidad pública. En la lista de temas que aglutinaron este evento nacional, convocado por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y por el Frente Nacional de Lucha, están la defensa de la educación, salud, soberanía alimentaria, acceso a vivienda, al agua potable, inseguridad ciudadana, así como una serie de temas con foco específico en diferentes zonas del territorio nacional. Culminó la marcha con una solicitud formal al Poder Ejecutivo de una convocatoria a un diálogo nacional, que permita conversar sobre las problemáticas que aglutinan el descontento y evidencian las fisuras que ya son cada vez más amplias entre la gestión gubernamental, sectores y territorios como Limón; Pérez Zeledón y Liberia. En su habitual conferencia de prensa, el presidente se refirió a la marcha como el resultado de la convocatoria de decenas y decenas de grupos y partidos políticos e intento minimizar el evento, al informar que ese mismo día, de manera coincidente, se dieron los resultados de la organización Proyecto Mundial de Justicia que ubica a Costa Rica como el segundo país de la región más avanzado en tener un sólido estado de derecho, que es uno de los temas que está conjuntado el descontento. Para analizar que está amalgamando a estos grupos conversaremos con el comunicador e investigador social, Carlos Sandoval.

Tras una reunión entre las delegaciones oficiales de Costa Rica y Honduras, cuyo resultado fue la eliminación de la visa de ingreso a ambos países, es necesario poner en perspectiva los alcances de esta decisión en la dimensión de del dinámico comercio intrarregional. Fue muy importante, para llegar a esta decisión, los señalamientos de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA), dado el impacto negativo que tuvo la medida, por una afectación integral en el funcionamiento, estabilidad de las cadenas de suministro, fuentes de trabajo, incremento de precios de los productos y las relaciones comerciales. De allí la importancia que se debe poner en el comercio entre nuestros países por ser uno de los motores que genera el flujo de mercaderías, asociados a encadenamientos en los procesos de transporte, almacenamiento y otros servicios de la actividad que genera el 62 % del empleo regional, según datos de la Secretaria de Integración Económica de Centroamericana (SIECA). La decisión inicial de Costa Rica, que fue respondida por Honduras, podría poner en riesgo los avances en discusiones que se llevan a cabo para mejorar las condiciones de la actividad, en el cual uno de los temas es la seguridad del transporte de carga, así como otras acciones estratégicas en una zona amenazada por la inseguridad y los impactos del cambio climático. Superado el escollo conversaremos para profundizar en los desafíos y oportunidades con el experto en aduanas, facilitación de comercio y ex viceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas Chaverrí.

La guerra entre Israel y Hamás, cumple su día número 18 y es ya la más mortífera que se ha librado entre judíos y extremistas islámicos. Autoridades de Gaza dan cuenta de 5.800 personas fallecidas y 15.200 heridas. Israel confirma más de 1.400 víctimas mortales, la mayoría en el ataque inicial infligido el 7 de octubre, en el que también, como se sabe, capturó más de un centenar de rehenes, de los cuales solo han sido liberadas dos mujeres, gracias a la mediación de Egipto y Qatar. Para seguir diseccionando capas de esta conflagración nos centraremos en dos aspectos cruciales: por un lado, la violación de los derechos humanos debido a la cantidad de víctimas civiles inocentes de ambos bandos y la lentitud en la entrega de la ayuda humanitaria, así como el papel de Irán como un factor de amenaza real ante una posible escalada regional. Para ampliar acerca de estos elementos conversamos este martes con profesionales conocedores en conflictos del Medio Oriente. Valeria Rodríguez del Observatorio de la Política Internacional de la Universidad Nacional y Javier Johanning profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

En una elección sorpresiva, con una intensa polarización -como el signo inequívoco de estos tiempos en todas las democracias- los argentinos decidieron que escogerán en segunda ronda en solo 28 días (domingo 19 de noviembre) a su próximo presidente, entre el actual ministro de Economía Sergio Massa y el libertario ultraderechista, Javier Milei. Es una determinación en extremo significativa para América Latina. Argentina es la tercera economía regional, con graves problemas estructurales que cruzan lo electoral. Un 40 % de sus 20 millones de habitantes vive en la pobreza, lastrado por el sempiterno problema de la inflación (próxima al estratosférico 140 % este año) y una tasa de cambio de más de 900 pesos por dólar. Este venenoso cóctel económico, que marca el deterioro de la calidad de vida de la sociedad Argentina, es lo más paradógico del resultado de esta primera ronda: por un lado, sella su desencanto con la política, pero por otro, elige como el primer lugar para ir al balotaje, nada más y nada menos que al titular de la cartera económica. La irrupción del fenómeno Milei, ha sido sin duda el factor desestabilizador del tablero, tanto que le propinó una inmensa derrota a la alianza de Juntos por el Cambio, cuya candidata, Patricia Bullrich, en su discurso de aceptación de la derrota lanzó un guiño al libertario Milei, acusando al oficialismo de corrupción y de haber endeudado más al país con una campaña de derroche de dádivas. Para entender cómo se vislumbra el balotaje conversamos con los politólogos, Carolina Ovares y Saúl Buseta.

Alrededor de mil millones de personas, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, padecen alguna de las 400 enfermedades que devienen en trastornos mentales. Tabúes, estigmatizaciones, discriminaciones y sub tratamientos que violentan los derechos humanos constituyen la realidad de un problema que cada vez tiene más incidencia personal, familiar, comunitaria y social. Más allá de la ansiedad y la depresión, hablamos de trastornos muy variados como la bipolaridad, el obsesivo-compulsivo, desórdenes del comportamiento alimenticio, del social, de la personalidad, estrés postraumático, esquizofrenia y Alzheimer, como parte de una complejidad de salud pública. Para atender estas condiciones como un derecho humano, Costa Rica aprobó una Ley de Salud Mental que introduce una definición más amplia del tema, incluye instituciones más allá del Ministerio de Salud y la CCSS, suma más profesiones en el abordaje y reconoce 22 garantías para los pacientes. Crea, además, un Órgano Técnico de Apoyo como instancia experta, remoza las funciones de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de Salud Mental y establece un enfoque multidisciplinario remozado en la intervención integral de los pacientes. ¿Por qué es tan necesaria esta nueva legislación? Solo para poner foco en una cuestión, el último Boletín Epidemiológico (#38) de este año, reporta 2.764 intentos de suicidios, de los cuales 1.882 fueron mujeres y el resto (882) hombres. Para conocer los alcances a los que aspira el nuevo marco jurídico de salud mental, conversamos con la diputada Andrea Álvarez Marín y con el presidente del Colegio de Psicólogos, Angelo Argüello Castro.

El conflicto entre Israel y Hamás entró en fase de protestas populares en varios puntos del globo a partir del bombardeo (sin autoría certificada, pero con acusaciones de ambos bandos) a un hospital en Gaza. Hay que comprender que a diferencia de la invasión rusa en Ucrania, donde ha habido un apoyo bastante más consistente al país invadido- cuando se trata del sempiterno conflicto palestino judío, la exaltación se extiende como combustible y fuego. La diplomacia, en un mundo bastante anárquico de alineamientos múltiples, se juega con mucha rapidez en horas decisivas, intentando desescalar el conflicto, pero confirmando lo obvio, que el viejo multilateralismo (Naciones Unidas) ha perdido su músculo y que no es en Nueva York donde se llevan a cabo las negociaciones. Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU no logró una declaración de condena sobre la situación, habida cuenta del veto de los Estados Unidos que está decidido a mostrar (en Washington y en el orbe) su capacidad de incidencia político militar en el complejo ajedrez. Cabe anotar que de los cinco miembros con capacidad de veto, Reino Unido y Rusia, tampoco avalaron la declaración, escudándose en una abstención, en lo que constituye acaso un ejemplo para entender que las alianzas de países y de bloques de países son específicas y coyunturales. Volviendo al protagonismo estadounidense, el presidente Joe Biden salió bien librado de su visita relámpago de siete horas a la capital israelí, con el anuncio del desbloqueo para la urgente ayuda humanitaria a la población de Gaza que podría empezar en las próximas horas; aunque el viaje quedó inconcluso por la nada sorpresiva cancelación del encuentro con los líderes árabes en Jordania. Para profundizar en los últimos movimientos conversamos este jueves con el sociólogo político Constantino Urcuyo Fournier.

En el primer plano de las desgarradoras escenas de un conflicto bélico siempre está la expansiva y poderosa industria armamentista. La muerte de al menos 500 personas (de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza) tras el bombardeo de un hospital, con recriminaciones mutuas acerca de la responsabilidad entre Israel y el grupo Hamás, mantiene muy caliente el termómetro de esta nueva conflagración y nos conduce a pasar revisión de las armas y las estrategias de ambos bandos para realizar estos ataques, cuyas víctimas son civiles inocentes. El Balance Militar del año 2023, conducido por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, sostiene que las fuerzas armadas de Israel cuentan con 26 mil militares profesionales, 100 mil reclutas, 400 mil en reserva y una brigada especializada, conocida como Sayeret Matkal. En conjunto, superan el medio millón de efectivos. Hamás cuenta con una estructura militar de alrededor de 40 mil miembros, incluyendo una unidad de comando naval y especialistas en ciberseguridad. También posee el respaldo de otros países y grupos árabes. Fuentes de inteligencia sostienen que solo Irán ha incrementado sus aportes al ala militar del grupo extremista entre US$100 y US$350 millones anuales, que les han permitido asistencia e insumos para construir un sistema de túneles, cohetes con alcances de hasta 250 km, fusiles, balas, morteros y otros proyectiles. Todo para enfrentar a un ejército israelí, reconocido como uno de los más poderosos del mundo, con aviones de combate avanzados como el F-35 estadounidense, sistemas de defensa de misiles como los Patriot, el sistema de defensa Domo de Hierro, vehículos blindados, tanques, drones y tecnología de vanguardia para combates urbanos. Para pasar revista de este contexto militar conversamos con el especialista en temas de seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos.

Las quejas de los sectores productivos agrícolas crecen como la maleza en campo sensible; campo del cual depende la seguridad alimentaria de la población. Al cruzar estos señalamientos con los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, respecto del desempeño en el 2022, hay razones para exigir abonar un terreno que es muy complejo y delicado dados sus impactos sociales, económicos y nutricionales. La participación de la actividad agropecuaria en el PIB ha venido a la baja. La agricultura ampliada, que suma al sector primario y a la agroindustria, cayó un 1 %. La fuerza de trabajo disminuyó en unas 20,000 personas. El desempleo llegó a 11,1 %, lo que significa que de cada 100 personas, 11 buscan trabajo. Otro aspecto sensible es la dependencia en la importación de maíz amarillo, preparaciones alimenticias, trigo y arroz, que representaron un 23.7 %.Entre sus demandas, el sector sostiene que la ruta del arroz no favoreció la disminución del precio, sino que disminuyó el área de cultivo, afectó la generación de empleo y está beneficiando solo a importadores. Con motivo del Día de la Alimentación, este lunes 16 de octubre, los productores demandan que el país defina políticas públicas que permitan equilibrar la producción de consumo y de exportaciones, aplique medidas de adaptación a los cultivos por los impactos del cambio climático y asegure planes, políticas y programas de seguridad nutricional para la población. Para ello, varias agrupaciones se unieron en un llamado para debatir con el Ejecutivo y el Legislativo, una Política Nacional para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario Costarricense con acciones, financiamiento y un cronograma de ejecución. Para conocer cómo abonan esa tierra conversamos con José Oviedo, Secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG).

En Ecuador, no hubo mayor sorpresa, sino la confirmación de las encuestas: el joven empresario y político Daniel Noboa, que cumplirá 36 años el próximo 30 de noviembre, gobernará con muy estrechos márgenes el país por escasos 16 meses (hasta mayo del 2025) para cumplir con el período constitucional del presidente Guillermo Lasso, quien se vio obligado a accionar el mecanismo constitucional de muerte cruzada en medio de la aguda crisis política que se extiende por años en esa (también) alicaída democracia latinoamericana. El sello indeleble del desafío es gobernabilidad política y narcotráfico y seguridad ciudadana. El país andino enfrenta la época más violenta e insegura asociada a la ola de homicidios y al afianzamiento de grupos criminales organizados; pero hay que sumar otros factores como el descenso de los ingresos fiscales por recursos petroleros, la caída de la inversión extranjera y un bajo crecimiento económico, que potencian una crisis socioeconómica cuyo principal impacto se observa en las cifras de pobreza y desempleo La realidad por enfrentar es muy dura. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en diciembre 2022, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,2 % y la pobreza extrema en el 8,2 %. UNICEF coloca a Ecuador como el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor incidencia de desnutrición crónica infantil con 27,2 %.El 70% de la población económicamente activa, la que está en edad de trabajar, se mueve entre el desempleo y la informalidad, lo que les mantiene lejos del sistema en cuanto a protección y prestaciones sociales y promueve una constante expulsión del territorio en el doloroso éxodo migratorio latinoamericano del que forman parte los ecuatorianos. Para poner en perspectiva los desafíos inmediatos conversamos con dos relacionistas internacionales. Desde Quito, Gabriella Guerrero, Directora Académica del centro de pensamiento Libre Razón, y en cabina, Marco Méndez, de la Universidad Nacional. Lunes 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

El ataque artero de Hamás y la feroz respuesta de Israel conforman el escenario de una nueva guerra, cuyos actores van más allá de los territorios en conflicto y cuyas consecuencias en la geopolítica del mundo comienzan a asomar temores de diferentes intensidades. Un primer plano se ubica en el freno a las conversaciones entre Israel y Arabia Saudita para establecer relaciones. Esto afecta los intereses saudíes y de sus aliados para afianzar su hegemonía y contrarrestar la influencia y el poder de Irán, a favor de los grupos extremistas. Lo que sucede desplaza el foco de la guerra ucraniana y las implicaciones que están favoreciendo una mayor expansión de la influencia rusa y china en la región. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó los ataques de ambos lados, pero afirmó que lo que están haciendo los israelíes es una masacre. India da un apoyo mesurado a Israel, mientras otros países del nuevo eje del Sur Global se mantienen cautelosos. Estados Unidos despliega recursos a su aliado e intensifica los contactos diplomáticos en Oriente Próximo. Y la Unión Europea clama por contención para procurar detener los efectos de la confrontación armada en las poblaciones civiles. Los impactos en la economía se configurarán conforme se extienda la conflagración, aunque ya los mercados petroleros y bursátiles analizan consecuencias ante una economía que arrastra los golpes de la pandemia. Como es comprensible, la situación tiene muchas fichas moviéndose en el tablero mundial y para seguir comprendiéndolas conversamos con el especialista en temas internacionales, Carlos Cascante.

Para poder dimensionar la ola de criminalidad y violencia que atraviesa el país, es necesario conocer y tratar de comprender aristas de la problemática que van más allá de las dramáticas cifras de homicidios y de la urgencia de dotar de mayores recursos a los cuerpos policiales. Una serie de reportajes del Semanario Universidad colocan luz en datos y hechos relevantes del fenómeno y su impacto en el país. Hablamos de la abrupta caída este año en los decomisos de drogas, la disminución de capturas de personas vinculadas al narco, el crecimiento de las bandas criminarles que operan en el territorio nacional, las bajísimas cantidades de comisos (₡2 millones y $1.400) que son recursos que se trasladan a las policías. Y obviamente, mientras eso sucede, la inseguridad crece: aumentan exponencialmente los asesinatos, crecen las denuncias por extorsiones y peajes en cinco de las siete provincias del país y registramos las cifras más bajas en inversión social en el país. Todo esto refrendado por la acongojante ausencia de una política pública de seguridad de la Administración Chaves Robles, que si bien el titular del ramo, Mario Zamora, prometió para fines de este mes, ahora se anuncia hasta para agosto del próximo año, según el cronograma de trabajo que presentó su colega de Justicia, Gerald Campos, a quien se le encomendó la tarea. Para ampliar acerca de estos elementos del contexto conversamos con el colega Mario Bermúdez, autor de los artículos periodísticos.

Como un monumental error de la inteligencia y la seguridad israelí. Así se explica el certero y despiadado ataque de la organización extremista Hamás y el inicio de una nueva guerra en una zona caliente del planeta. Ahora es Oriente Próximo. Una vez más el mundo se enfrenta al riesgo de una peligrosa escalada en una región marcada por la rivalidad entre grandes potencias, países rivales y facciones de variada índole. Un primer desgarrador balance son las más de 1.500 personas muertas, casi 7 mil heridas y al menos unos 130 rehenes. En el escenario una exaltación superlativa de las posiciones: Hamás amenazando con matar un rehén por cada ataque israelí no notificado e Israel sitiando Gaza y bloqueando el suministro de energías, agua y alimentos . Y en tanto avanza el diseño de un gobierno de emergencia nacional con la oposición , la movilización en curso de actores internacionales e incipientes contactos para intentar provocar lo que parece imposible en este momento: una disminución de la escalada. ¿Qué factores históricos , geopolíticos y coyunturales marcan la situación? Para tener una primera aproximación al complejo escenario de este conflicto conversamos con Carlos Murillo, doctor en relaciones internacionales y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

Esta era la crónica de una muerte anunciada: durante 18 meses, en medio de precarios disimulos y artificios, mantuvieron las discrepancias más o menos controladas. Pero los endebles puentes terminaron de dinamitarse a inicios de agosto, cuando nueve de los 10 diputados le dieron su adhesión pública al nuevo partido taxi “Aquí Costa Rica Manda” repudiando a Progreso Social Democrático, el mismo partido que los había llevado a las curules que habrán de ostentar hasta el 30 de abril del 2026. En esa oportunidad, Pilar Cisneros acusó a Luz Mary Alpízar, la legisladora que quedaba sola, de estar en contra del rumbo oficialista. Y Paola Nájera fue más allá asegurando que la fundadora del PPSD había actuado como "copia al carbón de los partidos tradicionales que han sido maestros de la corrupción", dejando a la interpretación de cada uno lo que fuera que eso quería decir. Debajo de ese puente, pasaron acusaciones mutuas, reclamos airados, palabras fuertes como traición y abandono de ideales; pero por encima de todo ello, las investigaciones en curso en torno a una campaña electoral teñida de posibles delitos en su financiamiento. Con base en las evidencias respecto de una doble militancia y teniendo como argumento la jurisprudencia del TSE. Progreso Social dio el ejecútese formal a la expulsión de los legisladores que ya habían abandonado la agrupación. De modo que al formalizar la salida, PSD solicita al Directorio Legislativo la reasignación de plazas de asesores, espacios físicos y presupuestos de los nueve. En respuesta, Cisneros indicó que se mantienen como la fracción oficialista, por mandato del soberano, no del partido que usaron como vehículo para llegar al poder. Las implicaciones en las elecciones municipales se verán en los territorios, ante la realidad de tres divisas partidarias que quieren apropiarse de la figura presidencial, en medio de desavenencias que no se disimulan. Para poner en perspectiva este anticipado episodio, conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) estimaba en 330 mil las personas que habían cruzado este año la peligrosa selva del Darién en su angustioso caminar hacia el omnipresente sueño americano. Es una cantidad inmensa, pero menor a los 400 mil que ya reportaba Migración de Panamá el 23 de setiembre. La cifra es tan cambiante como la dinámica migratoria misma, pues la Fundación Panamericana para el Desarrollo ya sitúa en 417 mil los seres humanos que pasaron el tapón que une Suramérica con el Istmo. En todo caso, nuestras propias autoridades migratorias dicen que cada día pasan el cordón fronterizo entre 2,500 y 3,000 migrantes, la quinta parte de ellos niños y menores de edad. Ese flujo, compuesto en su mayoría por venezolanos, haitianos y ecuatorianos, es el más alto registrado en la historia y sobrepasa las capacidades instaladas, los recursos y la mejor respuesta humanitaria posible. En el contexto de esa admisión de restricciones, el Poder Ejecutivo emitió el 29 de setiembre la Declaratoria de Emergencia Nacional de la crisis migratoria, que permitirá a la Comisión Nacional de Emergencias disponer de más recursos y dirigir la gestión de una ya larga situación crítica instalada. Claro que la situación excede en mucho a las naciones del sur de Centro América y por ello el presidente mexicano López Obrador convocó a una cumbre el 22 de octubre y, en preparación para ese encuentro, los presidentes Rodrigo Chaves y Laurentino Cortizo hicieron un recorrido aéreo por el Darién. El encuentro, sin embargo, quedó eclipsado por las imágenes carentes de total sensibilidad de los dos gobernantes observando desde una tarima y aislados con verjas metálicas el paso de migrantes exhaustos. Para entender los alcances de esta reunión y otras medidas que se adoptarán, conversaremos con el ministro Mario Zamora, quien además de ser responsable de la política de seguridad ciudadana, es el rector en materia migratoria.

Son días intensos en el abordaje de la acuciante situación de la inseguridad ciudadana, marcada esta semana por una reunión (protocolaria) de muchas autoridades de los tres Poderes de la República, que quedó eclipsada por el vil asesinato del oficial Jeiner Gómez (41) el miércoles por la noche. Las reacciones fueron inmediatas. Pero las soluciones (incluso las más imperiosas) tardarán bastante más. Urgen clamor de las autoridades del OIJ y la Fiscalía, muchos más recursos económicos para contratación de policías, compra de equipos, patrullas y sistemas de inteligencia, con los cuales enfrentar a un enemigo poderoso, con influencias y sin límites de dinero. Pero no hacemos nada con negar la realidad política: aunque hubo una momentánea línea discursiva del Ejecutivo para bajar el tono, duró tan solo unas horas. Y de nuevo este jueves el gobierno repartió responsabilidades e incluso exigió al Fiscal General que le entregara la política de persecución penal. El jerarca del Ministerio Público, Carlo Díaz, respondió fuerte y no aceptó la conminación desde Zapote. Tampoco los diputados aceptan que la solución a la crisis de asesinatos sea la aprobación de reformas que, si bien requieren actualización para modernizar la legislación penal del país, no deben utilizarse como distractores o paliativos a lo urgente y por ello, de forma unánime aprobaron una excitativa a la Administración Chaves Robles para que declare emergencia nacional la crisis de seguridad pública, ante la cruda realidad de que Costa Rica es hoy por hoy, el "país preferido de los narcotraficantes y eso ha traído consigo un aumento de la criminalidad local, la violencia, homicidios y lamentablemente la corrupción también", como lo aseguró apenas la semana pasada Robert Adler, el Director de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia de los Estados Unidos. Hay que seguir la pista de evidencias, elementos del entorno, personajes que estén moviendo hilos, reclamos de cuerpos policiales, datos de entidades acreditadas en referencia a la actividad de grupos organizados y la urgencia de fortalecer todos los cuerpos policiales. Para continuar el debate público conversamos con el ex Fiscal General de la República, Francisco Dall'Anese Ruiz.

La tragedia de los femicidios tiene implicaciones tan profundamente dramáticas que extienden el círculo de violencia y lo amplifican hasta cobrar la vida de otras víctimas del entorno. La terrible muerte Britney Vílchez, de tan solo 13 años de edad, vuelve a poner en la discusión pública la inmensa responsabilidad que arrastramos en el Estado costarricense ante este flagelo. La corta existencia de Britney fue un largísimo calvario. Cuando tenía seis años y su hermanito apenas uno, en 2016, el padre les mató a su mamá Margarita Espinoza (27 años) y a su abuelita doña Mayela Arce. Pero ella no recibió atención médica ni psicológica oportuna y el pasado 22 de setiembre, tan solo veinte días después de ser diagnosticada de un tumor cerebral, falleció sola en una cama del hospital México. El reconocido activista en la defensa de los derechos de víctimas de femicidio, Oscar Morera, asegura que la inacción gubernamental, de la que achaca responsabilidad directa a la ministra de la Condición de la Mujer, terminó con la vida de la pequeña Britney. Porque ¿de qué sirve contar con una Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, si en la práctica la desidia, la negligencia, la burocracia y la indiferencia ganan la partida? Esta legislación, que ya tiene un año y medio de vigencia, establece que los sobrevivientes de las víctimas, deben recibir atención prioritaria y garantía de acceso a servicios públicos tales como asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, becas de estudio, bonos de vivienda, además de asesoría y representación legal. Pero Britney no recibió nada de eso. Y para profundizar en ello conversamos este jueves con Oscar Morera, de la organización Familias Sobreviviendo al Femicidio, y con Kevin Espinoza Arce, el joven tío que salvó a sus sobrinos de la perversa acción homicida del padre.

En medio de la peor crisis de seguridad que vivimos, con cifras históricas en homicidios, producto de una ola de violencia extrema y ajustes de cuentas entre bandas y, muy recientemente además, con señalamientos de posibles negociaciones entre el gobierno y grupos del crimen organizado, se llevó a cabo una reunión "de emergencia" de los tres Poderes del Estado; esta vez convocada por el presidente de la República. Fue el segundo encuentro en un año. Horas antes, el lunes, la Asamblea Legislativa dispensó de todo trámite siete proyectos de ley en materia de seguridad, con la intención de fortalecer el sector ante la grave crisis que se vive; uno de ellos para exonerar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del IVA con la intención de darle espacio con recursos económicos. No obstante, la iniciativa por ahora no cuenta con el apoyo de Hacienda, ni de la fracción de gobierno; es decir, de Zapote. Por ello, en el encuentro de este martes, el Poder Judicial insistió en la urgente necesidad de reforzar al OIJ con herramientas para potenciar la acción de esta policía especializada y enfrentar con un arsenal mayor el dramático momento que atraviesa el país. “Los diputados preguntaron sobre la política de seguridad nacional, y la verdad es que esto está en construcción, sin embargo, les hicimos ver en la reunión que esta situación de emergencia requiere de más leyes que nos permitan lidiar con todo lo que estamos viviendo”, indicó el mandatario al insistir acerca de la necesidad de legislación, pero bajando el tono a su habitual práctica de señalar de responsabilidades a los otros, tanto que esta vez no la emprendió contra jueces y tribunales, como lo hizo en reiteradas ocasiones anteriores. Ciertamente, hacen falta más policías, más equipos, más tecnología y sistemas de inteligencia que permitan confrontar el poder económico, la infraestructura y los equipamientos de los grupos al margen de la ley y poner todo este cóctel en perspectiva realista, conversamos con el experto en materia de seguridad, Álvaro Ramos.

Luchando contra una institucionalidad maltrecha, los guatemaltecos atraviesan por una coyuntura decisiva en la que aspiran a mejorar la condición de su establecimiento democrático. Para entender lo que allí sucede hay que poner foco -entre otras causas estructurales- a la solvencia del aparato de administración de justicia, sobre el que descansa en un Estado de Derecho, la preservación de garantías constitucionales individuales y colectivas. El primer elemento sensible en esta materia tiene que ver con la escogencia de los operadores de justicia, porque si los procesos no tienen garantías de imparcialidad, confianza y credibilidad en la selección de las personas más idóneas, sino que, por el contrario, son viciados por la injerencia de poderosos grupos políticos, económicos y sectoriales que colocan a los jueces, fiscales y magistrados que les favorezcan, todo el andamiaje queda vaciado de contenido. Una investigación de estos procesos durante los años 2004-2009 y 2014 proporcionan evidencia útil acerca de los dudosos nombramientos de personas, que sin las condiciones necesarias, obedecen a los intereses de quienes los han llevado a cargos sensibles en el sistema judicial, para que respondan de la manera en que le beneficie -particularmente a lo que en Guatemala se denomina como el "pacto de corruptos"- con determinadas resoluciones, con el ocultamiento de investigaciones, o como se ha visto en el proceso electoral en curso, con injerencias e investigaciones impensadas en sistemas democráticos que resguardan celosamente la independencia del poder electoral. El estudio que aludimos lo realizó el Informe Estado de la Región, en el marco del proyecto de investigación acerca de la independencia de los Poderes Judiciales en Centroamérica y para ampliar acerca de algunos de sus resultados conversamos con Alberto Mora Coordinador del Informe Estado de la Región y con Dinora Martínez, Presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala (AGJI).

La libertad de expresión, la libertad de prensa y las relaciones entre medios de comunicación y poder político, no pasan por buenos tiempos en Costa Rica. Algunos datos así lo evidencian: -El 63% de la población asegura conocer de ofensas contra periodistas en este año. -El 48% indica que es peligroso trabajar como periodista. -Un 54% percibe censura o limitaciones de personas en general a expresar sus pensamientos. -Y un 43,5% de la población considera que el gobierno de Rodrigo Chaves irrespeta la libertad de prensa y de expresión. Estos son solo algunos de los resultados de una reciente encuesta hecha por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) por encargo del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Para ampliar acerca de las valoraciones obtenidas en este estudio científico nacional conversamos con los periodistas Guiselle Boza y Óscar Jiménez del PROLEDI.

Con el fin de mes, llegan buenas noticias desde la Asamblea Legislativa para los propietarios de vehículos. Se aprobaron dos proyectos de ley que tienen incidencia directa en el pago del marchamo. El primero fue impulsado por la bancada Liberal Progresista y logró -contra pronóstico inicial y tras muchas negociaciones- un acuerdo unánime para reformar el método de cálculo del monto para el pago del impuesto a la propiedad de vehículos, el componente de mayor peso en el costo total del marchamo. Los autos con menor valor fiscal pagarán menos respecto de los de mayor valor. La iniciativa garantiza también una disminución por emisiones contaminantes para los vehículos de hasta nueve años de antigüedad, así como un mecanismo de reducción anual en el costo por depreciación. En plata blanca, los rebajos van desde los ₡13 mil a los ₡113 mil. El segundo proyecto aprobado fue impulsado por Liberación Nacional y aunque no obtuvo el apoyo de la fracción oficialista, logró la condonación para todos aquellos que tengan deudas del marchamo actual (2023) hacia atrás, siempre y cuando el contribuyente moroso cancele el derecho de circulación 2024. Esta amnistía es total: incluye el principal, intereses, multas y sanciones. Para conocer pormenores y pasos a seguir con la entrada en vigencia de las nuevas reglas, conversamos con el diputado liberal Jorge Dengo Rosabal.

La temperatura política de estas semanas ha vuelto a escalar en los termómetros que inútilmente intentan equilibrar las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde Zapote, una vez se produjeron reacciones altisonantes del presidente Rodrigo Chaves, ante el resello de la ley que sacará a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El mandatario calificó de “cínicos, vergonzosos y antipatrióticos” a los 38 que ratificaron la ley; incluso llamó “Judas” a la legisladora Luz Mary Alpízar, la presidenta del partido que lo llevó al poder, a quien horas antes la jefa del oficialismo llamó “traidora, traidora”. Desde Cuesta de Moras las respuestas fueron muy fuertes y una vez más, el presidente Rodrigo Arias, exigió respeto a la Asamblea Legislativa, evaluando las palabras del gobernante como “desafortunadas, innecesarias e inaceptables”. El enojo focalizado en la diputada Alpízar, devino del hecho de que su voto fue determinante para que el Congreso alcanzara el resello; el cuarto que recibe en tan solo 17 meses la actual administración; algo inédito considerando que hubo cuatro resellos entre 1983 y el 2015; es decir en nueve periodos gubernamentales. El martes también una nueva interpelación; esta vez a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, que se tornó en un repaso de quejas y señalamientos directos a la gestión. La comparecencia estuvo salpicada desde el inicio porque la jerarca se hizo acompañar de una comitiva de 33 asesores. La ministra reiteró que no dimitirá. En este ambiente enrarecido, ni el acuerdo unánime para bajar el monto del marchamo de este año parece llevar calma a las tensiones, que, por el contrario, escalaron este miércoles con la explosiva publicación del diario mexicano El Universal, que abrió el telón a una supuesta negociación de Costa Rica con cabecillas narcos; que el gobierno desmintió de inmediato, pero que ya causó un impacto tanto en el Ministerio Público que anunció el inicio de una investigación, como en el Congreso, pues ante la alarma generada los legisladores decidieron de inmediato llamar a comparecer al Ministro de Seguridad Pública. Para focalizar los efectos de estas tiranteces conversamos con el Dr. Rotsay Rosales Valladares, coordinador del Observatorio de la Política Nacional, OPNA.

Si nos apegamos a los plazos establecidos por la Sala Constitucional, en tan solo tres meses más (diciembre) debería estar resuelto un problema que por décadas se ha venido acumulando en algunas comunidades del verde y productivo cantón de Oreamuno de Cartago. La zona de productores de verduras, hortalizas, frutas y pastos para ganado lechero, vive hoy las consecuencias del dañino fungicida clorotalonil, que ha sido utilizado en exceso -obviamente, sin controles- y sin restricciones de política pública de ninguna naturaleza, a pesar de tratarse de una sustancia con potencial cancerígeno prohibida en Estados Unidos y Europa, porque puede contaminar las fuentes de agua, dañar la salud humana y provocar daños ambientales. En la zona alta de Cartago, lo que era un secreto a voces, culminó en una alerta sanitaria hace tres años, cuando se prohibió el uso de agua para consumo humano de unas seis nacientes de Cipreses y Santa Rosa, cuyas ASADAS proveen el recurso hídrico a esas comunidades. Los análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en conjunto con Acueductos y Alcantarillados expusieron concentraciones del clorotalonil que superaron en 240 veces lo permitido para consumo humano. Unas 10 mil personas están afectadas de manera directa, por lo que han tenido que recibir el líquido por medio de cisternas. Pero el problema no se encapsula allí, los daños podrían extenderse a otros cientos de miles de habitantes más de distritos y cantones cercanos y, por supuesto, también a todos aquellos que consumen productos de la zona. Para ampliar acerca de las implicaciones y vías de solución conversamos con el alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez, el ingeniero Daniel Coto, también del municipio y el salubrista ambiental de AyA, Carlos Ramírez Vallina.

Pasar lista a las alertas sanitarias emitidas las últimas semanas en el país nos pone de frente a los riesgos e implicaciones de salud comunitaria que estamos enfrentando. Un repaso que nos debe ocupar, más que preocupar, apunta a la baja de los índices de vacunación que ha caído en promedios peligrosos; por otro lado, no hay información acerca de hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19; la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños está al 214% de ocupación por virus respiratorios y 10.236 casos de dengue reportados a setiembre, parece que se siguen extendiendo. A este panorama se sumó el fin de semana la alerta por contaminación de agua en el populoso cantón josefino de Alajuelita, que aun cuando fue descartada este lunes, mantiene ocupados a los equipos de salud y las familias de la zona por el brote de diarreas detectado. A la lista hay que agregar la falta de resolución por la severa crisis de contaminación del plaguicida clorotalonil en Oreamuno de Cartago. Para ampliar acerca de nuestros desafíos sanitarios inmediatos conversamos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

El aumento en la cantidad de homicidios, en la violencia y la saña con que se cometen, así como el hecho de constituirse en un fenómeno extendido por todo el país, tiene encendidas muchas alarmas. La semana pasada convirtió este año en el más violento de toda la historia de Costa Rica, aun faltando tres meses para que concluya. Sin duda la situación tiene desbordados a los cuerpos policiales, con especial foco en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) responsable de la recolección de indicios, custodia de pesquisas e investigación de todos los casos pendientes; labor que realiza con el mismo personal, equipos y recursos económicos. La tasa de homicidios del 2022 fue de 12,6 por cada 100 mil habitantes. Al 22 de setiembre de este año se contabilizaron 656 homicidios, la misma cifra de los doce meses anteriores, para un incremento del 46,2 % y -de acuerdo con los especialistas- no parece haber forma de que la tasa no continúe en ascenso. Para ampliar acerca de cómo enfrentar la crisis de seguridad ciudadana que padecemos, conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.

La presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en el pleno del 78° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue tan notoria como la ausencia de cuatro de los cinco poderosos integrantes del Consejo de Seguridad. Solo el estadounidense Joe Biden se presentó a la cita, lo cual se da siempre por sentado. Ciertamente, nadie esperaba a Xi Jinping y mucho menos aún a Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de captura internacional, pero la ausencia de Francia y Reino Unido sí fue objeto de señalamiento. ¿Cuánto peso le otorgan los grandes hoy al multilateralismo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Es que acaso el G7, que se reunió en la Cumbre de Hiroshima en mayo, o el G20, que se encontró hace apenas dos semanas en la India, concitan hoy más interés que congregarse alrededor de los muy limitados alcances de los objetivos de desarrollo sostenible, que evidencian retrasos prácticamente en todas sus metas? ¿Y qué decir de la crisis migratoria, hoy en un punto de inflexión planetaria, cuya discusión quedó fuera de los reflectores neoyorquinos de la semana? Bregando con sus márgenes de maniobra, el Secretario General, Antonio Guterres, mantuvo en alto la bandera de la lucha por enfrentar los alcances del cambio climático y el calentamiento global. No solo como eje central de las deliberaciones, de las que por cierto excluyó a Costa Rica y a otras naciones por considerar que no muestran hoy un compromiso real en la materia, sino también con la realización paralela del Foro de Acción Climática, del que sí formo parte el expresidente Carlos Alvarado. Lo cierto es que la pasarela de mandatarios en la esperada semana de sesiones y en el centenar de reuniones de carácter bilateral que marcan la convocatoria habitualmente, levantó como cada año reivindicaciones del sur global presionando para obtener un mejor trato de los países desarrollados en temas como el manejo de la deuda, las ayudas financieras y el intercambio tecnológico. Pero antes de apagar las luces del evento, ya el foco estaba situado en Washington, donde la guerra entre Rusia y Ucrania siguió siendo el motivo de debate entre republicanos y demócratas con la visita en la capital del presidente ucraniano y sus reiteradas peticiones de ayuda para continuar la batalla por la desocupación de su territorio. Para hacer el repaso internacional de la semana conversamos con el ex embajador ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri Bilbao.

Las denuncias de la Policía de Control de Drogas (PCD) y de Vigilancia Aérea, respecto de la desmovilización de los oficiales de detección de drogas en puertos, muelles y aeropuertos, así como el desmentido del ministro de Seguridad al respecto, dejaron al descubierto dos asuntos sustantivos: por un lado, que hay en curso un plan de reorganización del trabajo de los policías administrativas del país del cual no teníamos conocimiento y, por otro, que existen fuertes tensiones a lo interno de una cartera ministerial que resulta neurálgica en la coyuntura que vivimos. Esto ocurre cuando el país enfrenta la ola de criminalidad más grande de su historia, por pugnas entre bandas que defienden territorios para el almacenaje, custodia y distribución de drogas. Este martes contabilizábamos 649 asesinatos violentos en lo que va del 2023, con lo que hemos pasado en tan solo dos años a triplicar el promedio diario de homicidios, de 1.4 a 4.2 de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial. Tal es la realidad que la inseguridad es el principal problema nacional y de acuerdo con el 70 % de la ciudadanía, la situación solo ha empeorado, según el último estudio de opinión de CIEP-UCR, que indica además que es creciente el porcentaje de la gente que desconfía que el gobierno pueda resolver esta grave situación. Como si todo esto no fuera suficientemente preocupante, la semana pasada la expresidenta Laura Chinchilla, experta en temas de seguridad, advirtió acerca del peligro latente de entregar poder a las bandas de crimen organizado. "Hay que estar ojo al Cristo porque así como en algunos países se dio la tentación de contemporizar con bandas criminales o más bien de explotar el temor de inseguridad para justificar negociaciones indebidas o para justificar políticas de mano dura, no deberíamos descartar nada por acá". Para poner en contexto todo esto, conversamos con el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Solo considerando el desgaste propio del ejercicio del poder desde el Ejecutivo, la última encuesta nacional de opinión pública apunta a una disminución de las valoraciones positivas que, en la medición anterior de abril, le otorgaban a la Administración Chaves Robles 63 puntos. Y si bajan las opiniones positivas, la correlación apunta al incremento, ya como tendencia, de las opiniones negativas. El cuarto estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP-UCR, de estas últimas horas, nos presenta el panorama respecto de la calificación actualizada del gobierno, del mandatario, la Asamblea Legislativa y las principales problemáticas que desde la perspectiva ciudadana, afectan al país. En esta oportunidad, el estudio también nos ofrece una primera aproximación al termómetro de las elecciones municipales del primer domingo febrero próximo. Para develar los datos y poder realizar las comparaciones, conversamos con Ronald Alfaro, coordinador del equipo investigador del CIEP.

No hay otra manera de decirlo y por ventura es así: nuestra institucionalidad responde al clamor que lanzamos por una sociedad que aspira a lograr la igualdad en derechos y oportunidades. Y eso nos renueva las esperanzas. Este lunes los y las diputadas, por la calificada mayoría de 38 votos, designaron como magistrada de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia a la doctora en derecho penal Patricia Vargas González, la mejor calificada con 89.56 puntos en el proceso de selección. Vargas, quien será juramentada por la Asamblea legislativa el próximo jueves, será la octava jueza de un cuerpo colegiado de 22 integrantes, 14 de los cuales son magistrados, con lo cual aún hay camino que recorrer para establecer la paridad y saldar la deuda histórica que tiene la sociedad costarricense para con la igualdad en la impartición de justicia. Y el tiempo es ahora: quedan sin nombrar por el momento otra magistratura en la Sala Primera y una especialmente sensible en la Sala IV para ocupar el puesto que dejó vacante hace año y nueve meses la jurisconsulta Nancy Hernández López, hoy jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en este contexto que el Foro de Justicia hace un vehemente llamado para que las designaciones pendientes se agilicen, eso sí, teniendo como norte los principios la objetividad, igualdad de género y cumplimiento de los estándares internacionales para garantizar que las personas seleccionadas cumplan efectivamente con el enorme desafío de fortalecer el sistema judicial. Para ampliar acerca del tema conversamos con Marcia Aguiluz y Evelyn Villareal, del Foro de Justicia.

Por los plazos establecidos, por haber hecho todo contra reloj (muy a la tica), por los intereses en juego de actores política y económicamente poderosos y por lo complejo de la materia, todo apunta a que Costa Rica, al menos por un tiempo indefinido más, seguirá siendo parte de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El cuento es difícil, aunque lo que exigen los europeos es muy sencillo de resolver: debíamos corregir nuestra legislación tributaria para no favorecer, como actualmente está establecido, lo que se conoce como la doble no imposición que permite que no tributen sobre sus rentas pasivas ni en Costa Rica ni en Europa empresas o personas físicas europeas. Es decir, que igual que debe imperar la protección para que no se afecte a personas y empresas con dobles imposiciones, no debe existir laxitud tal que algunos astutos no paguen tributos por rentas ni en una jurisdicción ni en la otra. El caso es que en lugar de hacer una reforma simple, sencilla y “limpia” para eliminar ese portillo existente, los diputados por mayoría simple aprovecharon la urgencia de la rectificación, para introducir un artículo que -en pocas palabras- le quita dientes al Ministerio de Hacienda para seguir peleando una batalla (que tiene abierta y que es avalada por los tribunales de justicia) para poder cobrarle impuestos a empresas domiciliadas en territorio nacional por ganancias generadas en el extranjero. “Lo más cínico es que los diputados le hicieron a Costa Rica lo que la Unión Europea le está pidiendo impedir a sus empresas y ciudadanos” dijo el Presidente de la República al vetar parcialmente el proyecto el jueves pasado. Por el contrario, los diputados de cuatro bancadas, en contra de esa tesis, argumentan que el Ejecutivo padece de voracidad fiscal y objetan sus recriminaciones. El caso es que el veto en cuestión abre varios escenarios en el Congreso mientras nos deja expuestos casi inevitablemente a la sanción europea que conocerá de nuestro caso a mediados de octubre. Las implicaciones las analizamos con el economista José Luis Arce de FS Capital.

Celebrar la independencia patria nos permite repasar episodios de la historia y dimensionar algunos de los hitos que han ido conformando la identidad de Costa Rica, como una nación libre, democrática, independiente y pluricultural. A 202 años de esta gesta volvemos a recordar las condiciones políticas, económicas y culturales que tenían nuestros antepasados, para poner en perspectiva la Nación que hemos forjado, con sus aciertos y sus desafíos. Rendimos honor al volver a reconocer los esfuerzos bicentenarios en la construcción de las estructuras democráticas, jurídicas, educativas y de convivencia hacia un Estado Social de Derecho. Hitos que se revaloran desde el año 1812, con la Constitución de Cádiz, el acta de independencia de 1821, la guerra de Ochomogo, los intentos para establecer la fallida República Federal de Centroamérica, la época liberal y las garantías sociales que son pilares fundamentales y las reservas para enfrentar los retos del presente. Hacemos esta revisión con la catedrática, investigadora e historiadora, Ana María Botey.

Aunque existe criterio unánime respecto de la imperiosa necesidad de que el país avance sin dilación en el despliegue de la red 5G (la quinta generación de tecnología móvil) no hay tal unanimidad respecto de la inesperada decisión del gobierno de la República de excluir -aparentemente por razones políticas y no con fundamento en criterios técnicos- mucha de la infraestructura actualmente desplegada por los tres operadores de telecomunicaciones con tecnología Hauwei (China). Se trata de un asunto complejo y con múltiples aristas. Todos por supuesto, queremos contar con las ventajas de la tecnología móvil más nueva. Pero no entendemos nada respecto de cómo se despliegan las redes, cuáles son las inversiones que deben hacerse, cuánto cuestan y quiénes deben pagar por ello. Más difícil aún es comprender que todo esto pueda formar parte de lo que algunos llaman la guerra fría de las telecomunicaciones entre China y Estados Unidos que, en todo caso, es una batalla de muy alta temperatura. Y ahí es donde parece radicar hoy el desafío tico. En el mes de agosto se sucedieron varios hechos relevantes de esa puja geopolítica de la que ya somos parte. Nos visitó la jefa del Comando Sur y advirtió de la preocupación de su país respecto de las inversiones chinas en “infraestructura crítica”. La Embajada China reaccionó con molestia: “Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos”, argumentó. Apenas ocho días después, el presidente Chaves viajaba sorpresivamente a la Casa Blanca y anunciaba que el ICE “y eventualmente, todos los proveedores públicos y privados de 5G, se limitarán a comprar tecnología de equipos para 5G solo a proveedores confiables”. Y el 31 de agosto se publicaba un polémico decreto que estableció la obligación de no contratar servicios con empresas que no hayan ratificado el convenio de Budapest sobre ciberseguridad, que según expertos no tiene nada que ver con lo que se pretende, que en la práctica es evitar el despliegue de 5G sobres las redes existentes de 4G lo cual implica multimillonarias inversiones para los tres operadores de telecomunicaciones del país; particularmente para Kolbi. Ahora, ¿cómo salimos de este embrollo lo mejor librados que nos sea posible, cuando se advierte hasta de posibles litigios internacionales? ¿Cuánto se podría atrasar el despliegue de 5G por esta circunstancia? Para muchas de las preguntas pendientes, conversamos con el especialista Juan Manuel Campos, de Ciber Regulación.

El espejo que nos puso de frente el Noveno Informe sobre el Estado de la Educación, recientemente publicado, nos obliga a observar profundamente los desafíos estructurales, entre otras materias, de la macro evaluación; una asignación en la que llevamos mala calificación con muchas tareas pendientes. Este importante componente carece de parámetros claros, respectó de qué, cómo y para qué se evalúa. Tampoco incorpora estándares internacionales para mejorar y mantiene al Ministerio de Educación como juez y parte en el proceso, sujeto siempre a los vaivenes de cambios políticos y no asegurados al timón de los criterios técnicos. Una de las conclusiones es contundente: “Si consideramos todas las interrupciones en la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional a causa de las decisiones de las administraciones de turno, acumulamos cerca de dos décadas sin información alguna sobre qué aprendieron las personas estudiantes. Para la política pública, esto es un obstáculo de innovación y progreso, en general, para la mejora educativa”. Por eso, entre otras propuestas, el EE apunta a la creación de una agencia de evaluación independiente, tal y como lo aconsejan hoy las mejores prácticas internacionales de macro evaluación educativa, como los hacen ya Chile, Perú, Uruguay y Colombia, solo por citar algunos países de nuestra región. Para dar continuidad al análisis conversamos con Isabel Román, coordinadora del Noveno Informe y Katherine Barquero, investigadora.

Chile, 11 de setiembre de 1973: un golpe militar derroca al presidente Salvador Allende. Es tiempo de golpes y dictaduras en América Latina. Unas a sangre y fuego y otras por el “convencimiento” del uso del poder institucional. En México, por ejemplo, en la llamada dictadura perfecta, el poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna con mano firme y lo domina todo. Medio siglo después, estos dos polos de nuestra América nos permiten perfilar el mapa de los desafíos democráticos regionales. Chile con Gabriel Boric como presidente, no logra superar los escollos de gobernabilidad que mantienen aún en vigencia la Constitución Política que construyó la dictadura de Augusto Pinochet y, peor aún, el 36 % de los ciudadanos justifican el golpe militar y la extrema derecha deriva réditos de la herida histórica que se mantiene abierta. Y México, por primera vez en su historia, asiste a una campaña electoral con la opción real de que una mujer llegue a ser presidenta. Con los partidos tradicionales muy debilitados, la senadora Xóchitl Gálvez aglutina los empeños de tres agrupaciones políticas para intentar destronar del poder a la ungida oficialista del populista Presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum. Y en ambos casos, el telón de fondo, como en toda América Latina, siguen siendo los problemas estructurales: la pobreza, la extrema desigualdad y la crisis de los partidos políticos que marcan las desesperanzas de los ciudadanos. Por eso se entiende que irrumpan con fuerza los relámpagos de la polarización política y con ellos, el populismo, la posverdad y la desinformación en todas sus variantes. Para hacer este repaso, conversamos con el especialista en fenómenos políticos Constantino Urcuyo Fournier.

En punto al ambiente, estamos afrontando en el planeta una triple crisis simultáneamente: la de los impactos por el cambio climático, la de la pérdida de biodiversidad y la de la contaminación por tóxicos y plásticos. Esta problemática global causa estragos en la salud, la agricultura y la provisión de agua potable, al tiempo que extermina especies de flora y fauna, destruyendo hábitats, núcleos poblacionales y, por supuesto, infraestructura con multimillonarias pérdidas. Así, nuestra calidad de vida desmejora y esto obliga al mundo a rediseñar las estrategias de cooperación internacional para concretar programas y acciones climáticas que den respuesta a las vulnerabilidades en curso, para tratar de revertir los efectos actuales y los gravísimos que se avizoran en un futuro cada vez más cercano. Y aunque la responsabilidad de la contaminación recae en las economías más poderosas, es nuestra obligación también poner foco local a estos desafíos para incidir con nuestras fortalezas ambientales como país en acciones de adaptación y restauración. Para comprender y hacer conciencia conversamos con Carlos Manuel Rodríguez, Director Ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

Apenas seis años atrás, en octubre 2017, el movimiento #Metoo que inició en Estados Unidos como una protesta en redes sociales para denunciar el acoso y la agresión sexual, primero contra el productor de cine Harvey Weinstein y luego contra otros hombres poderosos, se extendió por el mundo entero. Fue un punto de inflexión en la lucha por la reivindicación de la dignidad de las mujeres. Algo de similar impacto está pasando hoy en España. Emergió del fútbol en una fiesta de celebración a miles de kilómetros en Sidney, Australia, el domingo 20 de agosto, pero hoy tiene repercusiones mucho más allá de las fronteras ibéricas y más allá de las canchas. El denominado caso Rubiales ha evidenciado, entre otras cosas, el comportamiento machista y de abuso de poder que prevalece en el muy cuestionado mundo financiero, político y cultural, futbolístico y de ahí que la ola de protestas y cuestionamientos ha cobrado tantísima relevancia. Ese domingo, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), durante la celebración de la copa de su país en el mundial femenino, no satisfecho con hacer un bochornoso desplante primario de poder tomándose los genitales, besó sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso. Ahí quedó opacada la fiesta y empezó la guerra. O más bien continuó. Porque cuando las jugadoras de fútbol salen a la cancha no solo lo hacen en busca del triunfo, lo hacen también para perseguir metas como la igualdad de sus muy dispares condiciones salariales y de garantías, respecto de los hombres. Lo cierto es que hoy el caso ya escaló a la esfera penal. Rubiales se niega a dimitir, pero la FIFA lo suspendió por tres meses, mientras la Federación Española lo tiene separado a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, al que el gobierno de Pedro Sánchez le ha solicitado expresamente la destitución después de un encendido discurso en el que gritó que no renunciaría y escupió que “el falso feminismo en España es una lacra”, con lo que obviamente cayó más bajo aún en su desprestigio. Por ahora ya hay consecuencias: fue destituido el entrenador Jorge Vilda un incondicional de Rubiales y la selección española, será dirigida por primera vez por una mujer, Montsé Tomé, acaso preludiando una nueva era. ¿Cuánto puede cambiar para mejorar la condición de las mujeres en el fútbol y en la sociedad el caso Rubiales? Lo conversamos con la socióloga y experta en derechos de género, Montserrat Sagot.

Hay mucha tela que cortar aún para deshilvanar las costuras del entuerto que se ha generado a raíz de la persistencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de exigirle a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) los datos crediticios de todas las personas físicas y jurídicas con su correspondiente identificación. ¿Qué hay detrás de esto? Si bien el Central es el superior de la Sugef, cada una de esas instancias tiene muy delimitadas sus funciones y en virtud de ello la Superintendencia se ha negado hasta hoy a entregar la información. Para hacer cálculos del PIB, el endeudamiento, la oferta monetaria y los riesgos por eventos naturales, los entendidos en la materia concuerdan que el Central no requiere la información desanonimizada. Pero en su afán por mantener el criterio contrario y también por aclarar la disputa con la Sugef; disputa que como sabemos decidió llevar hasta la vía penal, el Banco Central, caracterizado siempre por tener perfil sobrio y reputación intachable, ha revelado en los últimos días que su urgencia de la data en cuestión estriba en que pretende cruzarla con otras bases de datos de del Ministerio de Hacienda, de las contribuciones de la CCSS y otras que se usan en el Sistema Nacional de Pagos (Sinpe). De ser así y si esas instituciones entregaron ya la información sin el consentimiento informado de los administrados, estamos en terreno considerado muy riesgoso, razón por la cual han llovido acciones administrativas, recursos de amparo y hasta una acción de inconstitucionalidad. Para unir retazos de todo el embrollo conversamos con el economista, Ronulfo Jiménez.

Si Costa Rica fuera una casa, hoy requeriría batería de mejoras en cimientos, pisos, goteras, conducciones eléctricas, pintura y hasta reforzamiento del techo. Tal imagen nos resulta apropiada para entender los resultados de la investigación acerca del “Balance y Tendencias del sector vivienda 2022”. Se trata de un área de la economía que se ha venido frenando, lo cual resulta paradójico si se observa que están dadas las condiciones internas que más bien deberían impulsarla. Nos referimos a la reducción de la inflación, la revaluación del colón y la mejora en las finanzas públicas. Pero, paradójicamente, esas condiciones favorables han chocado de frente con una reducción en los presupuestos de inversión y una disminución en la entrega de bonos de vivienda, que es la más baja de los últimos 25 años. Así entonces, aunque el déficit cualitativo de viviendas en el país es de apenas 11.437, ha aumentado a 760 mil el de las unidades habitacionales que están en mal estado. No solo eso, sino que las familias con ingresos entre ₡320 mil y ₡800 mil no pueden para acceder a créditos o a bonos y para peores, las enormes diferencias de precios de los materiales de construcción, les dificultan aún más su anhelo de tener casa propia o mejorar la que ya poseen. A este panorama de la política pública del sector vivienda le adicionamos la iniciativa del Ejecutivo para crear el “Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda” que unificaría las tres instituciones, pero que no parece contar con el respaldo de los gremios y especialistas del ramo. Para abordar el tema conversamos con Franklin Solano, de la Fundación Hábitat, y Guillermo Carazo, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

La crisis de las democracias llega a punto tal que en algunas naciones ya no hay siquiera el mínimo pudor para intentar burlar los resultados electorales, como lo muestra el inédito caso guatemalteco, o para violentar a sangre y fuego un proceso, como en el caso de Ecuador, o como para desdeñar el imperio de la ley como lo refiere el penoso caso estadounidense del expresidente Donald Trump y sus aspiraciones a la reelección pese a 91 cargos penales que pesan en su contra como imputado en cuatro casos en curso. Lo cierto es que esos procesos electorales hoy, de un modo u otro, pasan por la judicialización, lo que muestra el acusado desgaste de las capacidades de diálogo, negociación y consensos mínimos en democracia y en defensa del Estado de Derecho. Así que este lunes hacemos repaso de coyuntura político electoral y democracia en nuestro continente, enfocándonos en estos tres tópicos de actualidad: Guatemala, donde el presidente electo y su fracción parlamentaria son objeto de burdas estratagemas, que plantean una situación de tensión interna y preocupación internacional, pues aunque este domingo el Tribunal Electoral descalificó la suspensión arbitraria del partido Semilla decretada por el Registro de Ciudadanos y urgió a los tres Poderes a respetar la voluntad popular, no hay duda de que los detractores de la democracia, seguirán intentando destruir por la fuerza lo que no pudieron derrotar en las urnas. Ecuador, donde la ola de violencia continúa imparable, tras la primera vuelta de las elecciones anticipadas que escogió a la correísta Luisa González y al joven empresario y político Daniel Novoa (35 años) al balotaje del 15 de octubre. Y Estados Unidos, donde Donald Trump hará lo sea al costo que sea para volver a ser candidato presidencial para los comicios de noviembre del 2024. Con el internacionalista Carlos Murillo Zamora, Director del Observatorio del Desarrollo de la UCR conversamos en Hablando Claro.

En términos de recursos, gestión y resultados de los aprendizajes, la crisis de la educación costarricense se profundiza y toda una generación de alumnos del sistema público arrastran tanto las secuelas de las interrupciones de los ciclos 2018-2021, como las respuestas insuficientes y parciales que se han puesto en marcha hasta ahora. Tanto que la pérdida de aprendizajes en Costa Rica se estima entre uno y dos años de educación formal, de los más altos de toda América Latina (pospandemia) junto con México y Ecuador. Nuestros problemas son harto conocidos, pero no son de la misma magnitud. Hoy son mayores. Y nos los desnuda el Noveno Informe del Estado de la Educación: disminución de la inversión, graves limitaciones para la infraestructura, la mejora de la contratación docente paralizada, la macroevaluación en veremos, el inglés y la educación técnica en retroceso y con el desmantelamiento del programa de informática educativa, ahora increíblemente pasamos de software libre a software con licenciamiento. Todo lo anterior es apenas un punteo de problemas. Un capítulo especial del informe dado a conocer este jueves sobre brecha de género también revela que las mujeres tienen mayores problemas para aplicar conocimientos científicos y lógico-matemáticos y como si fuera poco, hasta los educadores muestran impresionantes sesgos de género que reafirman arcaicos mitos, por ejemplo, sobre la capacidad de los cerebros de hombres y mujeres. Por esas deterioradas avenidas, nuestros estudiantes continúan en el sistema público con carencia en aprendizajes básicos de lectoescritura y pensamiento abstracto durante prácticamente toda su formación y muchos de los que logran llegar finalmente a la educación superior, deben ser sometidos a una tarea de nivelación prácticamente imposible cumplir para las universidades. Imperioso es admitir la gravedad del problema y empezar a exigir desde la sociedad civil el cumplimiento de los 31 acuerdos nacionales pendientes para perseguir con sentido de total urgencia la quimera de una educación equitativa y de calidad. Al respecto conversamos con Jorge Vargas Cullel y Jennyfer León, Director e investigadora del Estado de la Nación.

De las líneas más perversas del manual de las dictaduras resalta, con mucha tinta y sangre, el atropello a las academias y a todos los centros de pensamiento que sean capaces de denunciar las afrentas a los Derechos Humanos. A esa persecución se suman, por supuesto, una interminable lista más de “enemigos” que, a ojos de los déspotas Daniel Ortega y Rosario Murillo, tienen atenazada a la pobre Nicaragua. El último zarpazo del régimen se acometió contra la reconocidísima Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) acusada burdamente de ser un centro de terrorismo para, inmediatamente después, recibir la sentencia de cierre tras 63 años de compromiso con la educación y los mejores valores de la identidad de Darío, Sandino, y sus muchos mártires más. La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, propietaria de la universidad, negó los cargos y acusó "una política gubernamental que está violando sistemáticamente los Derechos Humanos… Pobre Ortega, con sus 78 años a cuestas, soñando durar más que el periodismo, que el pensamiento crítico y que la iglesia profética" sentenció el Padre José María Tojeira, ex rector de la UCA de El Salvador, la casa hermana de los nicaragüenses. Así es. Hasta hoy, una veintena de otras universidades, ONG, la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Academia de Ciencias, han sido perseguidas primero y cerradas después, como parte de la estrategia por acabar con el pensamiento libre; el único capaz de liberar a los pueblos. Conversamos con el sacerdote Tojeira desde San Salvador y nos hacemos acompañar en San José, por nuestro colega comunicador Carlos Sandoval García.

En general, los seres humanos tenemos un lente extremadamente corto para enfocar nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, en cuanto a los alimentos se refiere, probablemente su desafío se centra en comprar los insumos que requiere para satisfacer sus necesidades de ingestión calórica y, por supuesto, los gustos que le acompañan; aunque la verdad sea dicha, comemos en exceso, comemos muchos alimentos ultraprocesados, comemos bastante mal… Pero esto no plantea solo problemas de salud y nutrición. Lo que nos cuesta ver con lente de largo alcance es que la forma de alimentarnos se está convirtiendo, para la humanidad, en un gigantesco desafío a futuro, tan grande que incluso podría poner en jaque nuestra sobrevivencia como especie. No es exageración. Estudios recientes plantean que más allá del cambio climático y sus severos efectos sobre todos los órdenes de la vida cotidiana, hay que considerar los efectos de la alimentación no solo sobre la salud, sino también sobre el desgaste acelerado de los suelos y el agotamiento de ríos y mares. La cuestión es que empieza a tornarse perentorio reformar la manera en que producimos y consumimos alimentos y para ello hará falta incluso un sistema de gobernanza internacional que transforme a gran escala la producción agroalimentaria del mundo, porque será necesario redireccionar el capital y el trabajo para producir lo que realmente necesitamos Para abordar un tema que es tanto técnico y científico como político y social, conversamos con Carlos Francisco Echeverría, autor de “Alimentos, la próxima transición”.

Costa Rica no escapa a la profundización del deterioro que afecta hoy a las democracias. Si bien tiene estructuras para reaccionar al discurso y las acciones que acompañan la polarización y la posverdad, hay luces de alerta que nos obligan a responder en defensa de la institucionalidad y quizás, la más preocupante de esas alarmas es la inacción que se ha generado como consecuencia del temor ante la irrupción de un nuevo estilo de conducir la política desde el Poder Ejecutivo que, además, ha mostrado gran habilidad para instalar una nueva narrativa. Pero, como afirma Kevin Casas, “la polarización y el enojo, no son una política pública” y urge avanzar en la construcción de acuerdos no solo para defender la democracia, sino también para proveer de soluciones reales a los múltiples problemas que aquejan al país. Por eso, está convencido que en Costa Rica llegó la hora de que al menos los partidos políticos representados en el Congreso se despojen de sus ataduras y mutuos resquemores y propicien un pacto en defensa de la institucionalidad democrática. En la segunda parte de la conversación con el Secretario General de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, ampliamos acerca de los desafíos costarricenses.

El sistema democrático presenta un acentuado agotamiento: corrupción, desigualdad, inacción ante los impactos del cambio climático, partidos políticos desorientados e instituciones debilitadas. Frente a esta desafiante realidad, las autocracias y un cúmulo de figuras políticas afincadas en el populismo cínico, la peligrosísima post verdad y la explosiva polarización social, alimentan la respuesta de amplios sectores descontentos. En la actualidad, el 70 % de la población mundial, es decir, unos 5.400 millones de personas, viven en el seno de dictaduras. Una década antes, este porcentaje se situaba en un 40 %. Estos alarmantes datos, de mediados del año pasado, emanan del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. “La evidencia del deterioro de la democracia en el mundo es sorprendente y preocupante. Pero aún más sorprendente es la alarmante falta de respuesta ante estos ataques de las fuerzas antidemocráticas”, señala el experto Moisés Naím, para reseñar la paralización y/o aceptación de amplios sectores de la ciudadanía ante el asedio a sus propias democracias. Para poner en perspectiva lo que acontece y cómo enfrentarlo conversamos con Kevin Casas Zamora, Director de IDEA Internacional.

El poderío de las instituciones financieras, en relación con los usuarios de sus servicios, es completamente asimétrico. Una serie de circunstancias hacen que este vínculo requiera siempre información precisa, reforzamiento de controles, establecimiento de nuevas responsabilidades y mucha protección; todo tendiente a lograr mayor equidad en esa relación. Hoy enfrentamos situaciones complejas que van desde la exigencia del Banco Central para acceder a datos sensibles de las personas sobre sus ahorros, inversiones y deudas; lo que tiene abierta una disputa con la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) a punto tal que la jerarca de la entidad, por proteger esos datos, fue demandada penalmente por el Central. Algo realmente sorprendente. Por otro lado, las estafas bancarias siguen a la orden del día por parte de grupos organizados sofisticados, que dejan en indefensión a sus víctimas ante la desidia del sistema. Para remachar, los peligrosísimos préstamos “gota a gota” ponen en riesgo a quienes, por no tener condiciones mínimas para calificar a un crédito formal, terminan pagando incluso con su vida. Para ampliar acerca de estos temas conversamos con Danilo Montero, Director Ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero.

Todos los propietarios de vehículos desean una rebaja en el costo del marchamo. De eso no hay duda. Pero es un tema que debe abordarse con cabeza fría. Parte de la oposición en el Congreso ha logrado colocar con este tema al gobierno del presidente Chaves en un difícil predicamento, al obligarlo a ir un paso más allá de sus habituales frases ensayadas, para tener que explicar por qué vetaría una eventual disminución del costo del marchamo que pretende un numeroso grupo de legisladores. En el aspecto técnico hacendario, las razones ante el faltante que provocaría reducir este impuesto son contables y sonantes. Se trata de 118 mil millones de colones que recibe el erario público a fin de año y que resuelven muchas necesidades de pago para el gobierno. Pero en el aspecto social y político es harto difícil que ese hecho hacendario convenza a los dueños de automotores que todos los años esperan que el marchamo, en lugar de subir, baje de precio. Ahora bien, respecto del proyecto en discusión: ¿Es cierto que esta iniciativa favorecería a las personas más con más poder adquisitivo? ¿De qué manera se debería resolver entonces el mal diseño del impuesto a la propiedad de los vehículos? ¿Cuánto perjudica a la política social reducir esta fuente de recaudación? El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, levantó la mano durante el polvorín que se ha desatado, aconsejando a la Asamblea Legislativa no aprobar la anhelada rebaja. Para conocer más sus criterios técnicos conversamos con el economista Fernando Rodríguez.

Vulnerabilidad, desamparo, estupor, culpa y rabia son solo algunas de las emociones que viven las personas víctimas de estafas bancarias. Pero allí no acaba el drama de ser despojado de los recursos mediante un ardid. La situación se pone peor, cuando se debe enfrentar la revictimización ante la ausencia, no solo de empatía y sensibilidad, sino de responsabilidad de los bancos, así como la carencia de políticas públicas de las entidades de control del sistema financiero, los largos procesos de denuncia judicial y -finalmente- la falta de legislación que proteja a quienes viven esta traumática experiencia. Delincuentes organizados con estructuras sofisticadas que acceden a información calificada y técnicas depuradas de engaño, van proliferando cada día más, no solo en el país, sino también en el resto de América Latina. El “Movimiento de personas estafadas por los bancos de Costa Rica” trabaja en una iniciativa de ley, que garantice seguridad y nivele las cargas y deberes entre los actores más fuertes y los más débiles del sistema de intermediación financiera. Para dar seguimiento a esta urgente y necesaria legislación conversamos con Carmen a Guzmán y Gina Sibaja, fundadoras de este movimiento reivindicatorio.

Sociedades más abiertas, y sin duda mucho más sanas, hablarían con naturalidad del envejecimiento, de la muerte y de las formas asistidas para terminar nuestra vida con dignidad. Pero lamentablemente estos son temas que preferimos guardar en nuestros cajones. Es quizá ante esa negación que una forma creativa de abordarlos es acudir a trazos de humor y de tragicomedia, que en el fondo transpiran la aceptación de que la juventud no es eterna, que la ancianidad nos hace languidecer y que para muchas personas adultas mayores, el abandono y la soledad son las cobijas más frías. “Cien cuyes” plantea, con personajes potentes y desde el recurso de la ficción, los conflictos de los días, meses o años del final de la existencia humana. "Un libro conmovedor, cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta las últimas consecuencias", como determinó con precisión el jurado del Premio Alfaguara de Novela 2023, al conceder este reconocido galardón de las letras hispanas a una trama que se ambienta en la vertiginosa e impetuosa ciudad de Lima. Con su autor, el periodista y escritor peruano Gustavo Rodríguez conversamos en Hablando Claro.

Con una victoria contundente -como se anticipaba- Bernardo Arévalo de León es el nuevo presidente electo de Guatemala. Pero el terreno para la siembra de las semillas que quiere realizar en su ejercicio gubernamental para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del hermano país, no cuenta con tierra fértil, sino con severas condiciones de aridez. Su rival, Sandra Torres y los poderosos grupos que la respaldan, le ponen en situación muy complicada las condiciones de mínima gobernabilidad, dado un sistema democrático sumido en aguas turbulentas, con la ilegitimidad de sectores importantes del Poder Judicial y una representación minoritaria en el Congreso. Ahora habrá que estar atentos a lo que podría suceder en los cinco larguísimos meses que separan la elección de este domingo respecto de la toma de posesión el 14 de enero, puesto que los perdedores tienen amplios márgenes de poder y control. Tres enormes desafíos requieren de una atención inmediata: recuperar la grave crisis de confianza institucional, generar condiciones para atender a 10 millones de personas con diferentes niveles de pobreza y atender la creciente violencia criminal. Mientras tanto, en Ecuador, tras la primera ronda electoral también este domingo, irán al balotaje en octubre la aspirante Luisa González, de Revolución Ciudadana y el joven guayaquileño de 35 años Daniel Novoa de ADN Ecuador, en una reedición del proceso del 2021; es decir, una final entre correísmo (ella) anti correísmo (él). Nos centraremos en Guatemala y por ello conversamos con el politólogo, Eduardo Núñez, desde la capital chapina.

El triunfo del recién llegado a la política Javier Milei, en las PASO argentinas (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) del domingo, abrió un inmenso abanico de hipótesis y análisis que elevaron en grado sumo la temperatura -de por sí siempre caliente- de la política austral. Es indudable que el resultado se entiende por el descontento de la población ante un desgastado sistema político dominado por décadas por los peronistas/kirchneristas, por un lado, y sus opositores de la derecha por el otro. Claro que también el respaldo a Milei no se entiende sin la crisis económica, pero tampoco sin la fascinación que ha generado su irreverente forma de comunicarse, que sedujo a muchos con propuestas (algunas inviables) de reducir al máximo posible el aparato estatal, dolarizar la economía, destruir el Banco Central y por supuesto, no pocos gritos como el de “acabar con la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país”, según su encendido verbo. ¿En qué posición queda el peronismo y obviamente el kirchnerismo y su candidato, el ministro de economía Sergio Massa de cara a la elección de octubre, con un ejercicio gubernamental tan desgastado? ¿Qué puede esperar la oposición de centroderecha con la nominación de una candidata valorada por unos y repudiada por otros como la exministra de seguridad Patricia Bullrich? ¿Cómo se pelearán ahora los votos del inmenso abstencionismo del 30% que no fue a las urnas de las primarias? Argentina va a elecciones generales en octubre en medio de una intensa conmoción política. Como ha sido siempre en ese país, pero ahora con el ingrediente de un candidato disruptivo, un populista que se define a sí mismo como un “anarcocapitalista”. Para trazar algunos escenarios conversamos con los politólogos Carolina Ovares y Saúl Buzeta.

Las enormes grietas que tienen las plataformas digitales permiten hoy, como nunca antes fue posible, diseñar campañas electorales que transiten por las poderosas avenidas de las mentiras, los engaños, las noticias falsas, la desinformación y los embustes. Todo un cóctel explosivo que logra falsear los fundamentos de las democracias liberales. Esto es lo que revela la investigación periodística internacional “Mercenarios Digitales” realizada por 20 medios de comunicación, cinco organizaciones digitales y estudiantes de la Universidad de Columbia (EEUU) bajo la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Costa Rica no escapa a esta realidad y la última campaña electoral ofrece algunas pruebas: hacer creer a las personas que hablaban con el candidato cuando en realidad lo hacían con un “bot” (una especie de robot) que habría engañado a unas 600 mil personas. Por ese servicio se le pagó al jefe de comunicación de la campaña y ahora asesor presidencial, Federico Cruz ₡25 millones, que se reportaron como gastos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). También se pagaron trabajos de lo que se conoce como “mano izquierda”, al ucraniano Remy Osman Macuondo. Gastos igualmente cobrados como tales al TSE. Sobre los hilos de esta telaraña de malas artes conversamos con Hulda Miranda, coordinadora Interferencia de la UCR, y Ernesto Rivera, de Lado B, dos de los tres medios costarricenses participantes en esta indagación periodística junto con CRHoy.

Históricamente, la ambición humana por el oro y todos los metales y piedras preciosas, ha sido causa de todo tipo de desgracias y por supuesto, de degradación social y ambiental. Y entonces no es sorprendente que, en nuestro caso, Crucitas siga siendo una gran herida abierta en la zona norte de Costa Rica. Agua contaminada con mercurio, devastación de la naturaleza y comunidades carentes de servicios aceptables, hoy de nuevo se ven expuestas a la inacción de las instituciones ante la salida nada clara del Ministerio de Seguridad Pública que tuvo por años su campamento en la finca Vivoyet (la de la eterna disputa con Industrias Infinito) que, como sabemos, fue invadida por miles de coligalleros, no más enterarse de la claudicación policial. Fue como entregarle un dulce a un niño. Muy curioso cuando apenas un año atrás, en julio de 2022, el Presidente Rodrigo Chaves fue a repartir esperanzas en una sonada gira con ministros y diputados en la que puso de manifiesto que era la primera vez que un mandatario llegaba a ordenar in situ una ruta de trabajo, para garantizar agua potable ampliando el acueducto, mejorar los caminos de acceso y fortalecer la presencia policial. Ahora, la situación parece más complicada, pues debido a que aquello se convirtió en tierra de nadie, los indicios apuntan a que se estaría extendiendo la actividad extractiva a otras áreas aledañas. Los dimes y diretes acerca de las responsabilidades por lo que sucede, no hacen, sino confirmar que el estado no ha cumplido con los fallos judiciales de protección del tesoro que se ha tornado en maldición. El tema lo abordamos con el abogado, exdiputado y experto en la materia Edgardo Araya.

Para muchas mujeres, la maternidad es simplemente algo que "sucedió". Es decir, no siempre fue una idea preconcebida, tipo Susanita (la amiga de Mafalda) o una idealización desde niñas, desde que jugaban a los bebés y los cochecitos. La maternidad, por supuesto, para muchas otras, sí fue un llamado, un anhelo del corazón o del reloj biológico, o como cada una quiera explicárselo. Lo cierto que es con la dramática transformación del papel de la mujer en la sociedad en el último siglo, la maternidad también ha sufrido cambios significativos. Por un lado, muchas mujeres deciden no continuar el camino señalado convencionalmente de hacerse madres. Por otro, para muchas que no podían engendrar hijos por diversas razones, y tampoco veían la adopción como su propia vía de salida, la tecnología llegó para ofrecerles una alternativa. Así que hoy, cuando celebramos el Día de la Madre, nos referimos al 15 de agosto y no a ningún otro día del calendario (único por cierto para nosotros los ticos) hacemos un balance acerca del desafiante asunto de tener hijos/hijas y nietos/nietas como una de las realizaciones más significativas del proyecto de vida de millones de féminas. Y para dimensionar el significado de la huella indeleble de la maternidad conversamos con dos experimentadas abuelas y profesionales que forman parte de la generación que irrumpió en la vida académica y profesional al tiempo que criaron hijos e hijas. María Eugenia Venegas, madre dos hijos, con cinco nietos, tres de los cuales nacieron por la técnica de fertilización in vitro, y Jeaninna del Vecchio con 8 nietos, dos de los cuales fueron producto de la adopción. Porque el amor verdadero que emerge de nuestras construcciones de familias diversas es incondicional y de múltiples colores y tejidos.

La defensa de la democracia que -de acuerdo con el Latinobarómetro 2023- enfrenta enormes desafíos, debe ser abordada de manera integral. Pasa por defender y fortalecer la separación de los Poderes, mejorar las instituciones que prestan servicios públicos e impulsar acciones para generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También debe tener incidencia efectiva en la transformación de los sistemas educativos que potencien cambios reales en la sociedad. Costa Rica tiene estos y muchos otros retos para blindar su democracia. Para arrancar semana conversamos con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

Visto objetivamente y a la luz del sentido común, tanto como del criterio de expertos en nutrición y salud pública, es absolutamente innecesario y contra el interés del usuario final, tapar las etiquetas frontales de los alimentos importados que son altos en grasas, sodio y azúcares. Tal conclusión fue avalada por el Consejo del Área de la Salud de la Universidad de Costa Rica esta semana y se contrapone a la determinación del Ministerio de Salud de eliminar esas etiquetas; lo que evidentemente ha instalado una controversia de peso. Por un lado, la Ministra y Vicepresidenta Mary Munive justifica la decisión señalando que contraviene la normativa centroamericana que no establece parámetros que determinen cuando un componente se considera excesivo. Por otro, los especialistas aseguran que la información nutricional complementaria sí tiene asidero reglamentario y por lo demás, está establecida rigurosamente en el país de origen de los productos que nos llegan. En el fondo de la cuestión, lo cierto es que una gran cantidad de productos alimenticios preenvasados se consumen con cantidades excesivas de componentes que -utilizados sin límites- potencian la obesidad, lo que también propicia hipertensión y diabetes, entre otros padecimientos crónicos. Sobre esta controversia conversamos con la Dra. Rocío González Urrutia, Docente investigadora de la Escuela de Nutrición de la UCR.

Las diferencias se iniciaron desde la campaña electoral y se convirtieron en grietas en la Asamblea Legislativa. Ahora se cumplió la “crónica de una muerte anunciada”. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que le sirvió a Rodrigo Chaves para llegar a Casa Presidencial y a 10 personas más a la Asamblea Legislativa, hoy es foco de atención ante el ejercicio de transfuguismo de nueve legisladores. El caldero de las pasiones del poder se aviva con los experimentos electorales, primero de Pueblo Soberano y acto seguido de Aquí Costa Rica Manda. Un poco más de lo mismo, pero llevado a otro nivel, toda vez que los tránsfugas aunque se van a otro partido, se niegan a dejar la divisa oficialista para no perder varios beneficios legislativos, particularmente la cuota de asesores parlamentarios de la que gozan. Todo hace indicar que aprendieron muy rápido las malas artes de la “política tradicional” que tanto criticaban los proclamados herederos del “rodriguismo puro” pues ese y no otro se configura como el pegamento de las tres agrupaciones en la ruta por mantener el poder. Pero la novela de infidelidades electorales no acaba aún. Habrá que dilucidar cómo conviven en Cuesta de Moras, cómo enfrentarán las tres fuerzas las elecciones municipales que son el meollo de la cuestión y cómo se repartirán las responsabilidades (y las ganancias) financieras y políticas de la campaña electoral pasada, apenas en fase preliminar de investigación. Para abrir el panorama conversamos con la presidenta y diputada del PPSD, Luz Mary Alpízar.

En la agenda sociopolítica varios temas no solo constituyen noticia, sino que, además, detonan tensiones de diversa intensidad. Solo en esta semana se sumaron dos nuevas salidas de jerarcas en el Ejecutivo, con lo que llegó a 33 el número de bajas del gabinete más inestable del que da cuenta la historia. En la Asamblea Legislativa, mientras tanto, y tras superar las escuálidas sesiones extraordinarias, parece caminar a paso seguro el proyecto de ley que sacaría a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes con la lucha fiscal. Un dato, por demás interesante, es que la deliberación de la iniciativa ha unido en su rechazo a la agitada bancada oficialista y a la de la fracción que el gobierno considera su archienemiga; la del Frente Amplio, por supuesto. Paso Canoas es un foco de malestar, por el manejo inadecuado que se ha dado al flujo migratorio, que según cifras del noticiero CNN ya alcanzaron a un cuarto de millón de personas cruzando el Tapón del Darién en Panamá en lo que llevamos del año. Igualmente, sigue aumentando la ola de homicidios. Evidenciando las dificultades de una muy limitada contención de la Operación Costa Rica Segura Plus, registramos un homicidio violento cada 10 horas. Para ampliar acerca de la gestión política de coyuntura y las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo conversamos con el politólogo y asesor parlamentario Daniel Calvo.

Tras la pandemia, Costa Rica viene mostrando un crecimiento económico al alza, que en promedio alcanza al 3,8% anual. Pero, de igual manera, el país refleja incapacidad para generar suficientes fuentes de empleo, sobre todo para mujeres, jóvenes y adultos de ambos sexos con bajos niveles educativos. La encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del primer trimestre del año 2020 al primer trimestre del 2023, arroja 110,072 personas menos en la categoría de ocupadas. El resultado es que nuestro desempleo no baja de 10,6 % el subempleo se mantiene en 7 %, la informalidad alcanza casi a la mitad de la población y la pobreza se mantiene en 23 %. Si ese panorama es desalentador, cuáles deberían ser las vías a transitar para cambiar esta realidad nacional? Para ir más allá del planteamiento del problema y ver nuestras opciones, conversamos con el presidente de la Academia de Centroamérica, Ricardo Monge González.

Estamos viviendo eventos climáticos extremos. Sea el invierno más caluroso de América del Sur; los tifones devastadores de China; la falta de agua en el Canal de Panamá o los gigantescos incendios en Canadá; todo apunta al aumento de las temperaturas del planeta. El Servicio de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) certificaron que el mes de julio recién concluido registró la temperatura promedio global más alta desde que se cuenta con este tipo de registros. La ola de calor en Costa Rica, igual los aguaceros intensos que causan graves impactos, tampoco son eventos aislados. Todos son síntomas de un sistema climático en transformación, que el secretario general de la ONU, António Guterres, sentenció hace dos semanas (27 julio) como el resultado de haber pasado de la fase del calentamiento global a la era de la ebullición global. Para explicar y dimensionar acerca de las consecuencias de las temperaturas extremas en la salud de las personas, el medio ambiente y las economías, conversamos con el geólogo ambiental Allan Astorga.

Tras ocho reuniones de la Comisión de Enlace para la aprobación del Fondo Especial para la Educación Especial (FEES) del próximo año, las universidades públicas y el gobierno no han logrado un acuerdo. Por el contrario, el panorama hoy es cada vez más complejo; de modo tal que: -Por primera vez el tema podría resolverlo la Asamblea Legislativa, para lo que ya hay acercamientos constantes entre las partes. -El conflicto entre el presidente Rodrigo Chaves con los cinco rectores es más evidente, sobre todo con el jerarca de la Universidad de Costa Rica. -El mandatario arremete contra los estudiantes y los llama esbirros, por el simple hecho de ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica. -Aunque seguramente en otras ocasiones ha habido desacuerdos, esta es la primera vez que la relación entre el Consejo Nacional de Rectores y el gobierno de turno resulta tan tirante como para no avizorar una posible vía de acuerdo para gestionar temas nacionales y conflictos sociales. -De hecho, por primera vez, muchos otros sectores se han unido a las universidades públicas para defender conjuntamente los recursos necesarios para toda la educación pública; no solo la superior. Para conocer detalles de esta compleja negociación conversamos con Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR.

Las lluvias han sido permanentes estos días, por la influencia de las ondas 24 y 25, en el territorio nacional. El desprendimiento y el deslizamiento de materiales en el Parque Nacional Juan Blanco Castro, cuyas dimensiones varían desde 42 hectáreas, según geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hasta al menos 200 (con potencial de aumentar) de acuerdo con especialistas de la región, constituye una situación de alerta. Los aguaceros de las últimas horas han ayudado al arrastre de materiales por el cauce del Río Aguas Zarcas, y consecuentemente el temor y la solicitud de familias y comunidades amenazadas, de una declaratoria de emergencia. Las comunidades de Calle Hernández y Calle Carvajal tendrán un simulacro este viernes, y se mantiene vigilancia en otras poblaciones como Boca Tapada, Boca San Carlos, Cureña y Cureñita. Faltan meses para que la montaña se compacte y para contar con un panorama más preciso de las acciones urgentes a implementar, conversamos este jueves con Lidier Esquivel, experimentado geólogo, de la Comisión Nacional de Emergencias. A las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

El hallazgo de la imagen de la Virgen de Los Ángeles, hace 388 años, se convirtió en un hito religioso, histórico y cultural, del cual emana mucha de la identidad nacional. La “Negrita” conjunta y concita fervor, tradición y un respeto colectivo que la engrandece. Marca una impronta nacional, primero como Patrona de Cartago (1782) y luego de Costa Rica entera (1824). A su alrededor se hilvanan historias, relatos y narraciones de su veneración. Se sabe, por ejemplo, que fue en 1639, cuatro años después de haber sido encontrada por Juana Pereira, que se produce la primera romería saliendo del pequeño poblado de Curridabat, entonces denominado “Curridabá”. Hoy la romería a la Basílica de Los Ángeles está ubicada como la tercera más grande del mundo católico, después de Guadalupe en México y Lourdes en Francia. Para seguir armando retazos de la narrativa histórica de esta devoción mariana conversamos con el historiador José María “Milo” Junco.

Vivimos tiempos en los que los límites se diluyeron y la destrucción y deconstrucción de la realidad supera la lógica y por mucho, el sentido común. Hoy algo que parece ser cierto puede ser absolutamente falso. Vivimos en una época en la que muchas personas, empresas consultoras y entidades, sin tener escrúpulos, trabajan a sueldo por un objetivo, amarrados a lo bueno y lo más malo de las plataformas digitales. Son los “mercenarios digitales” quienes construyen realidades torcidas, persiguiendo resultados perversos. Para investigar las rutas y las estructuras de estos modernos mercenarios, 22 medios de comunicación en 16 países distintos se aliaron en un poderoso trabajo periodístico global. “Neurona, la fábrica de engaño para las izquierdas en América Latina” es el primer episodio que acaba de ser publicado en las últimas horas. Esta empresa (Neurona) y su fundador, el mexicano César Hernández, crearon y alimentaron una red de por lo menos 116 dominios en diversos países, 31 de los cuales eran medios de comunicación que inflaron logros de diversos gobiernos y partidos de izquierda que los contrataron, para manipular a cientos de miles (millones) de personas. Para analizar esta amplia investigación y poner foco en la primera entrega, conversamos con el periodista, profesor universitario y analista, Eduardo Ulibarri Bilbao.

Junto con el cambio climático y la delincuencia organizada como fenómenos globales, la desigualdad, la pobreza y la exclusión repercuten crudamente en la calidad de la democracia en nuestra América Latina. El escenario no es promisorio. En tiempos de desinformación, posturas políticas populistas y autocráticas, nuestra región experimenta un crecimiento económico de escasos 1,9% para el año 2023, con un leve crecimiento para el 2024, de un 2,2%. Esto sin duda tendrá un grave impacto en la inversión social; es decir, en las acciones y programas que deben fortalecer el desarrollo humano. Sin duda, factores que ponen aún más tensión a los pueblos en relación con la demanda de bienes políticos que esperan les ofrezca la democracia para mejorar su calidad de vida. Es cierto es que casi todos los actuales gobiernos fueron electos por votación popular, pero también es cierto que la democracia en la región está siendo socavada por la inmensa desigualdad y limitadas oportunidades que son producto de los fardos de los desequilibrios y los déficits fiscales, la corrupción y otros factores estructurales. Para entender esta mezcla tan peligrosa desde lo económico, conversamos con especialista José Luis Arce.

Aguas Zarcas y las comunidades sancarleñas cercanas a su río, están en extremo riesgo. El deslizamiento, desprendimiento y desplazamiento de una enorme cantidad de material de la montaña del Parque Nacional Juan Castro Blanco, también conocido como Parque del Agua, no les deja espacio a la tranquilidad. De acuerdo con un estudio del geógrafo Carlos Méndez, especializado en la zona por muchos años, el desprendimiento podría llegar a abarcar unas 211 hectáreas de terreno, equivalentes a un deslizamiento de 14,2 kilómetros de largo y 3,7 de ancho con tierra, árboles y otros materiales. Mientras tanto, los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), refieren el problema a unas 40 hectáreas, tratando acaso de minimizar la tardía atención de los impactos destructores del evento. Lo cierto es que -independientemente del tamaño de la herida montaña arriba- faltan meses para que se compacte la tierra, mientras una decena de comunidades viven en riesgo y con temor y por ello reclaman una ayuda más efectiva de las instituciones del Sistema de Gestión de Riesgo, al tiempo que se anuncia el paso de una nueva onda tropical, que producirá lluvias en la zona. Para comprender las implicaciones de lo que sucede en la montaña del Parque del Agua conversamos con el geógrafo Carlos Méndez y su padre, Freddy Méndez, baqueano experto de la zona por décadas y uno de los líderes de la Asociación Parque Nacional Juan Castro Blanco (Apanajuca).

La salud de la democracia en América Latina es cada vez más débil y los síntomas de esa precariedad son cada vez mayores: malestar hacia la política y alejamiento de los partidos, que se traducen en alto abstencionismo y altas votaciones en rechazo a las opciones (blanco, nulo y voto castigo) lo que le ha abierto, como nunca antes en lo que llevamos de la tercera ola democrática en la región, las posibilidades a los gobiernos personalistas, liderazgos populistas, regímenes no democráticos y opciones autoritarias. Tal es la situación que refleja el Latinobarómetro 2023 con apenas 48 de cada 100 latinoamericanos apoyando la democracia, lo que se traduce en una caída de 15 puntos porcentuales respecto de la adhesión democrática registrada en el año 2010. Y en Costa Rica, destaca el informe, “otrora uno de los países que más destacaba por la fortaleza de su democracia, ahora entró en la definición de democracia con problemas”. ¿Y cómo no? Tuvimos una pérdida de 11 puntos porcentuales en apoyo a la democracia (de 67% en 2020 a 56% en 2023). Como si fuera poco aumentó en 10% el número de indiferentes al tipo de régimen (aquellos a quienes les da lo mismo vivir en democracia o no) y para terminar, creció en 5 puntos el apoyo abierto al autoritarismo (del 11% al 16%). Así, el Latinobarómetro refleja a Costa Rica como el segundo país de los 17 evaluados, en que cayó más el apoyo a la democracia, superado solo por Venezuela y seguido de Guatemala. Por eso, el reporte destaca a nuestra nación “en retroceso abierto, con un deterioro significativo y simultáneo en las tres dimensiones analizadas. Esto deja a su democracia expuesta y más vulnerable”. Precisamente para explicar lo que significa que somos hoy una democracia “expuesta y más vulnerable” conversamos con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Tras dos gobiernos consecutivos y una aplastante derrota electoral en el 2022, muchos consideraron que el Partido Acción Ciudadana (PAC) había quedado aniquilado para siempre. “Considerarlo así es un error fatal. Aquí está más vivo, relevante y necesario”, fue la consigna que enviaron el pasado fin de semana, al inicio de las sesiones plenarias de su congreso interno, más de 500 dirigentes que trabajaron en 35 mesas durante los últimos nueve meses para hacer propuestas de cara a una renovación, de cuya viabilidad están convencidos. Autocrítica, reflexión y discusiones en torno a la propuesta política, así como la revisión de sus compromisos y desafíos, son el marco de esos encuentros que continuarán el próximo fin de semana. Su fundador, Ottón Solís Fallas, alza la voz para indicar que el PAC sigue, “que aquí nadie se ha robado un cinco” y que se mantiene la ruta de la ética y la responsabilidad de los principios y por eso conversamos con él en Hablando Claro.

Guanacaste es un motor para Costa Rica en la producción arrocera, ganadera, energética, pesquera y, definitivamente, turística, que ha ayudado a potenciar nuestra identidad como Nación. Hace 199 años el Partido de Nicoya se anexó al resto del territorio nacional y desde entonces la configuración geográfica e histórica se enriqueció. Este es un hecho relevante que, además, añadió una maravillosa cultura, una deliciosa gastronomía y una multitud de ricas tradiciones. Doce años después de la Anexión, en 1836, se erigió el Departamento de Guanacaste, que dos años más tarde se transformaría en provincia. Cambió su nombre a Moracia en 1854 y nuevamente a Guanacaste en 1860. Para conocer más detalles conversamos con el historiador y agudo analista de la realidad nacional, Vladímir de la Cruz de Lemos.

En Costa Rica, sabemos hoy, llegamos a 5,044,197 habitantes, según el censo 2022, cuyos datos preliminares dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) tras enfrentar diversas situaciones que llevaron al retraso de los resultados. El INEC confirmó que de 1.550.258 viviendas visitadas, se censaron 1.074.002, en tanto 340.399 quedaron con cuestionarios pendientes, 136.492 con entrevistas rechazadas y no se pudieron visitar 218.823, siendo que la cobertura censal fue del 61%. La recolección de datos, que inició el 8 de junio y se extendió hasta el 30 de setiembre de 2022, se desarrolló en el contexto pospandemia. De inmediato, el gobierno tomó distancia descalificando la información entregada, calificando el censo nacional como un fracaso y anunciando que pediría explicaciones a quienes representan al Ejecutivo en el instituto estadístico nacional. Para enfocar más en detalle el tema conversamos con Elizabeth Solano Salazar y Sofía Mora Steiner del INEC.

Bajo fe de juramento, durante una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la ahora ex presidenta del Patronato Nacional de la Infancia y ex ministra de la Niñez y Adolescencia, reveló presiones de la vicepresidenta Mary Munive e intervenciones directas del Despacho del presidente Rodrigo Chaves, que terminaron con su salida abrupta del gobierno. Gloriana López relató que la vicepresidenta llegó a su casa y le endilgó estar “desbordada”, con afectación en su salud mental y consecuentemente le preguntó si tomaba algún medicamento especial para esa supuesta condición. Dijo además que días después recibió una llamada de Gabriel Aguilar Vargas de la oficina del propio mandatario (hoy Aguilar funge como director de Despacho), para que tuviera una intervención directa en el caso de la custodia de los hijos del banquero y propietario del medio CRHoy, Leonel Baruch, lo que calificó como un tema muy delicado. Para conocer más en detalle esta situación conversamos con la ex jerarca Gloriana López Fuscaldo.

El fentanilo conocido como la “droga de los zombis” constituye una alerta mundial, que ya causa preocupaciones en Costa Rica, tras la investigación de al menos cinco casos en mayo pasado y el seguimiento, desde el año anterior, de unas 10 personas adictas más. Se trata de un opioide sintético de uso médico utilizado como un fuerte analgésico, pero que comenzó a ingerirse como droga ilícita. Hoy es considerada la droga más peligrosa existente, ya que es 50 veces más letal que la heroína y más poderosa que la morfina. Autoridades de Estados Unidos reportaron que, durante el año 2022, al menos 200 personas murieron por día por su consumo. El fentanilo amarra una nueva actividad de organizaciones criminales, en el que participan los poderosos carteles mexicanos, así como grupos mafiosos de Italia, Rusia, China, Albania, Nigeria y Rumania, tal como se desprende de un informe presentado ante el Congreso italiano, a principios de este año por la Dirección de Investigación Antimafia (DIA). Estos grupos desarrollan estrategias y acciones para aumentar ganancias, bajar costos de producción, crear nuevas rutas y consolidar sistemas de lavado de dinero y redes de corrupción. Para focalizar los riesgos e impactos en nuestro país conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechtniz.

Vivimos tiempos convulsos en nuestra región que obligan a una permanente vigilancia y defensa de las libertades personales y colectivas. Tiempos que nos retan a seguir fortaleciendo la defensa de los derechos humanos y con ello posibilitar la promoción del sistema de garantías establecidas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el también conocido “Pacto de San José”, que signamos hace ya cinco décadas. Ningún país puede declararse hoy a salvo de los vientos tempestuosos del autoritarismo, la desinformación y los populismos que amenazan la convivencia pacífica, de modo que los retos del siglo pasado, encuentran plena vigencia con nuevas modalidades de vulneración de los derechos que tanto nos ha costado enarbolar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, le da vigor y operatividad a la Convención para que los Estados parte hagan efectivo el respeto de esos derechos. Para ampliar acerca de sentencias, tales como la muy reciente en defensa del “Obispo del Pueblo” Monseñor Álvarez, encarcelado arbitrariamente por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conversamos con la jueza de la CIDH, Nancy Hernández López, cuya plaza en la Sala Constitucional -por cierto- tras un año y siete meses de vacancia, aún no ha sido llenada por la Asamblea Legislativa.

La crisis política e institucional que sumió a Guatemala en un verdadero terremoto las últimas semanas tras la primera ronda electoral, es un pesado fardo más en la historia de abusos, corrupción sistémica, exclusiones y marginación de amplios sectores de la población. El movimiento Semilla, como su paradójico nombre, germina en circunstancias adversas y de rompimiento de los equilibrios, ante el temor del “pacto de los corruptos” de verse fuera del Poder Ejecutivo. El candidato Bernardo Arévalo, el líder de Semilla, sigue adelante luego de superar el embate del Ministerio Público y de un juzgado penal de primera instancia, que pretendieron dejarlo fuera del proceso electoral. La burda maniobra fue revertida luego, tras sendos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones, que dieron por válida su participación en la segunda ronda electoral que deberá efectuarse el 20 de agosto. La otra candidata, Sandra Torres, se afianza en las vulnerabilidades de la cuestionada democracia guatemalteca, a la espera de los acontecimientos que ya han marcado este proceso como histórico en medio del revuelo interno e internacional. Para poner foco en los impactos de esta situación conversamos con el experimentado politólogo costarricense Eduardo Núñez, desde ciudad de Guatemala.

El segundo semestre del año inició con efervescencia. Las largas y hasta ahora infructuosas negociaciones del Fondo Especial de Educación Superior, FEES, luego de una marcha por la educación pública de todos los niveles en el país, dieron paso a la conformación del movimiento “Unidos por la Caja”, que reunió a 19 organizaciones, que tuvieron su primera movilización en defensa de la salud pública. Mientras el Presidente alista valijas para un nuevo viaje a Europa, su ministro de Hacienda enfrentará un eventual voto de censura en la Asamblea Legislativa, que reinicia labores tras una corta interrupción por las vacaciones de medio período. Precisamente con el retorno del curso lectivo nos enfrentamos a la realidad de quienes podrían abandonar las aulas, en un entorno de recortes en becas, alimentación y transporte para estudiantes, y cuando ni siquiera se conocen los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas. Aprovechando la marcha del sábado por la CCSS hacemos repaso de coyuntura política local con el sociólogo, José Carlos Chinchilla.

Días de intenso calor que se tornan en tardes de lluvias torrenciales. Crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, sequías que se convierten en tórridos e incontrolables incendios forestales, olas de frío con gélidas consecuencias. Y como si todo esto no fuera suficiente, tormentas tropicales y huracanes que arrasan territorios. En medio de esta variedad de eventos, la tremenda afectación a las personas, la destrucción de infraestructura vial básica, la alteración del abastecimiento de agua, de los servicios médicos y de los procesos educativos, al igual que el impacto en millones de hectáreas que afectan la producción alimentaria. Este no es el guion de una película, es la desafiante realidad de las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático; el mayor desafío de estos tiempos. Han sido las personas jóvenes quienes con mayor énfasis levantan permanente la voz, con conceptos tales como justicia climática, procesos de protección y conservación del planeta con mecanismos inclusivos, accesibles, democráticos y participativos hacia un desarrollo humano resiliente al clima. Para conocer el tono de estas voces necesarias conversamos con Judith Pereira y Andrés Quirós, Presidenta y Secretario de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.

De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Costa Rica registra una inflación de 0,9% y un desempleo de 10,1 %. Existe un pleno empleo de los recursos productivos cuando la tasa de desempleo es menor al 4 %, tal como se entiende en la teoría económica. ¿Qué elementos debemos analizar, para comprender que cuando el desempleo es bajo, la inflación tiende a aumentar y que cuando el desempleo es alto, la inflación baja? Además, ¿qué implicaciones tiene esto con la economía como un todo? Y ¿cuál es la verdad tan discutida respecto de la generación de empleo? Para el economista Gerardo Corrales, la baja en la inflación en Costa Rica obedece al precio de los energéticos, porque en cuanto a la inflación alimentaria el costo interanual se cifra en el 9% y esto es realmente lo que sigue golpeando a las personas de menores ingresos y se traduce en mayor desigualdad y pobreza. Para ampliar respecto de los desafíos de nuestro panorama económico de hoy, conversamos con el economista Corrales.

Los gobiernos locales están en la obligación de estructurar y potenciar acciones que permitan a los territorios incorporar las transformaciones tecnológicas para avanzar hacia el desarrollo de cantones resilientes e innovadores. Para emprender esta titánica labor se ocupa de la inteligencia de datos, la creación de clústeres tecnológicos, de polos de innovación, y del desarrollo de la competitividad aplicada a soluciones digitales que sean parte de un gobierno eficiente, participativo e inclusivo. Todo eso suena a utopía, pero lo cierto es que el futuro ya llegó y hay que desarrollar instrumentos de gestión adecuados y ajustados a los nuevos desafíos que encaramos. El enorme reto colectivo entonces es crear ciudades y territorios inteligentes que faciliten la vida de los ciudadanos, fortalezcan la democracia y den respuestas eficientes a necesidades y demandas crecientes. En el marco de las próximas elecciones municipales, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, desarrolla la estrategia IFAM Infinito, que persigue estos ambiciosos objetivos. Para conocer sobre ciudades inteligentes conversamos con el especialista argentino, Luis Castiella, Fundador y CEO de Smart Cities Latam.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la institución estatal mejor valorada por la opinión pública en los últimos años, experimenta hoy la paradoja del éxito con la sofisticación de sus operativos y la extrema urgencia de las limitaciones presupuestarias que atentan contra las estrategias y acciones tácticas que ejecuta. En una misma semana logró detener a una decena de integrantes de una organización dedicada al secuestro extorsivo, con un certero golpe que implicó a 200 oficiales y unos 70 vehículos. Esa misma semana criticó, de manera contundente, que se mantenga a los cuerpos policiales en la regla fiscal, ya que la ley los limita para poder recibir dinero proveniente de donaciones y de capturas del narcotráfico, que son urgentes para continuar sus labores. Para ampliar en estos extremos conversamos con su director interino, Randall Zúñiga.

Por increíble que parezca, en tan solo dos años (del 2021 al 2023) los discursos de odio y discriminación aumentaron un 255 % en nuestro pequeño país. ¿Se imaginan si esto fuera el contagio de Covid-19? Lo cierto es que sí, esta es otra epidemia que nos tiene enfermos: 1.4 millones de mensajes de odio y discriminación en un año, lo que significa 116,000 por mes, 29,000 por semana, 4,000 mil por día, 347 por hora. Estos números espeluznantes reflejan la división, las fracturas y la polarización nacional que se alimenta desde varios sectores y que, de no tratarse, seguirán envenenando el debate público y la convivencia democrática. Hablamos del tema gracias al más reciente Informe sobre discursos de odio y discriminación 2023, publicado por la oficina de Naciones Unidas en Costa Rica y elaborado en conjunto con el Observatorio de Odio de la Universidad de Costa Rica y la agencia de monitoreo de información COES. El estudio recogió la información de perfiles y páginas públicas de Facebook y Twitter y confirmó que los temas que disparan esta violencia hoy de manera primigenia son la política y la realidad nacional, aunque xenofobia, género, orientación sexual, choque generacional, racismo, religión y discapacidad también continúan siendo tópicos de ataque, lo que revela un gran foco infeccioso de intolerancia y rechazo al otro. Para entender y enfrentar esta peligrosa olla de presión conversamos con Larissa Tristán y Danilo Mora, miembros del equipo de trabajo de la investigación.

Nayib Bukele, el popularísimo presidente salvadoreño, acaba de oficializar el anuncio de que aspirará a un segundo mandato consecutivo. Es decir, irá a las elecciones próximas, aunque la Constitución del país se lo prohíba expresamente. En Guatemala se juega la fragilidad democrática en la segunda ronda electoral del próximo 20 de agosto, debido a un denominado Pacto de Corruptos que pretende impedir la participación de un partido (Semilla) no vinculado a las malas prácticas que carcomen ese país y que dio la gran sorpresa al colarse en el proceso electoral con su candidato y actual diputado Bernardo Arévalo. “El costo de hacer política en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”, un revelador y muy reciente informe, nos dimensiona el muy complejo panorama sociopolítico de esta región del Istmo, para entender qué acciones emprender y atender respecto de las actuales amenazas a los sistemas democráticos. Para poner el tema en perspectiva conversamos con el politólogo Rotsay Rosales Valladares, uno de los autores del capítulo sobre El Salvador.

Eutanasia, es un término de tan vastas implicaciones personales y familiares que se extiende a las consideraciones sociales, culturales, políticas y por supuesto, éticas. El muy reconocido periodista, escritor y formador de opinión pública Carlos Alberto Montaner acaba de colocar nuevamente en el debate público de occidente este tópico que versa sobre la eutanasia como el derecho a una muerte digna, en correlación directa con el derecho a la libertad. ¿Existe, pues el derecho a morir dignamente, cuando la vida se escapa de las manos por una enfermedad degenerativa que nos resta gradualmente, pero sin piedad ni retorno, todas nuestras capacidades hasta convertirnos en seres completamente dependientes de máquinas, medicamentos y cuidados extremos, aun a costa de la propia voluntad? Montaner optó por el camino de la libertad de elegir y puso fin a sus 80 años de existencia, en España, gracias a la Ley de la Eutanasia, misma que tienen apenas un pequeño puñado de naciones europeas, así como Canadá y algunos estados de la Unión Americana. Es nuestra intención estimular, como lo pidió en su último deseo el ahora fenecido autor cubano-español, un debate necesario -también en nuestro país- sobre la eutanasia. Para instruirnos sobre el tema conversamos con la Dra. Alicia Marín y la Psicóloga Ileana Ramos, ambas con especialidad en cuidados paliativos y sólida experiencia y formación académica en el tratamiento de enfermedades terminales.

Este lunes, por orden de la Sala Constitucional, fueron restituidos en sus cargos en la Junta Directiva de la CCSS, Marta Rodríguez y José Luis Loría, depuestos de manera anómala por el Consejo de Gobierno en diciembre pasado. Ahora, los también destituidos Maritza Jiménez y Carlos Salazar persiguen el mismo objetivo y para ello recurrieron ya al órgano constitucional. El papel medular de la presidencia ejecutiva de la Caja (cuya jerarca, dicho sea de paso, no se ha pronunciado sobre el tema una semana después del fallo constitucional) se ejerce en el marco de un equipo directivo que goza de doble autonomía y representa al gobierno, los patronos y los trabajadores; un triunvirato con el que se busca equilibro en las decisiones con miras a fortalecer al motor principal de la seguridad social de Costa Rica. Se trata de un trabajo arduo, de coordinación, de planes de corto, mediano y largo plazo para garantizar servicios de salud, sistema de pensiones e inversiones en infraestructura y equipamiento sostenibles. Para seguir aportando perspectivas al tema conversamos con la Dra. María del Rocío Saénz, ex presidenta de la Caja (2014-2017).

Las negociaciones del Consejo Nacional de Rectores con el Poder Ejecutivo para fijar el monto 2024 del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) continúan estancadas. La Comisión de Enlace (la instancia formal de la negociación de ambos sectores) sigue cumpliendo el cronograma de encuentros, pero no logran llegan a ningún puerto. Las universidades públicas insisten que cumplieron sus compromisos y el Poder Ejecutivo defiende que no hay condiciones fiscales para honrar el acuerdo alcanzado el año anterior, ni siquiera respecto del reconocimiento del 1% de inflación. Para profundizar en lo que sigue conversamos con el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y presidente del CONARE, Emanuel González.

Una multiplicidad de factores que van desde la producción, la distribución y la comercialización; así como los tratados internacionales, la estructura de la industria en el país y el papel del Estado, influyen en la fijación de los precios. Es un mercado estimado en mil millones de dólares anuales, con asimetrías tales como la composición demográfica, las poblaciones enfermas con pocas posibilidades económicas y las diferencias territoriales. Un 60% de las medicinas son importadas, solo 77 laboratorios producen para el mercado interno y la venta se concentra en las áreas metropolitanas. Todas con impactos múltiples. Para poner en perspectiva este tema esencial conversamos con el investigador de la UNED, Andrey Bonilla y la farmacéutica, Diana Bokënfhor.

Terminamos junio poniendo perspectiva en la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantiene tensión geopolítica en la zona inmediata y, por supuesto, implicaciones globales. Algunos hechos confirman que la situación sigue candente: -El Servicio Federal de Rusia abrió una causa penal contra el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeni Prigozhin, por incitar a la rebelión armada después de acusar al Ministerio de Defensa de atacar campos de entrenamiento del grupo paramilitar. -Si Rusia derrota a Ucrania, aunque sea parcialmente, atacará a Polonia, las repúblicas bálticas y, como si fuera poco, a otros estados de la antigua esfera de influencia de la Unión Soviética, según advirtió el presidente polaco Andrzej Duda. -El “debilitamiento” de Vladímir Putin, es un riesgo mayor, alertó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Joseph Borrell. Para ampliar al respecto con el especialista en temas internacionales, Carlos Cascante.

Nos asentamos en el istmo centroamericano. Más que una realidad material inamovible, que lo es, nuestro entorno inmediato, está definido por esta compleja interacción que marca las acciones políticas, sociales, económicas, ambientales y por supuesto históricas, de desafíos geopolíticos y vulnerabilidades comunes. ¿Cuáles son las opciones de política pública que Costa Rica puede desarrollar hacia Centroamérica y República Dominicana, dadas las tendencias recientes, las oportunidades y los desafíos que enfrenta actualmente esta pequeña región del mundo? Esta fue la pregunta motor que convoco a 36 especialistas de diferentes áreas de estudio y conocimiento, en varios talleres de análisis y que dio como resultado el informe de la investigación especial “Prioridades de política pública de Costa Rica hacia Centroamérica y República”, en el marco del Informe de la Región que publica el Estado de la Nación. Para conocer más sobre estos desafíos conversamos con la investigadora responsable, Elayne Whyte Gómez.

El fallo de la Sala Constitucional es claro, contundente y de acatado cumplimiento: se debe restituir inmediatamente en sus puestos como directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social a Martha Rodríguez González (representante del sindicalismo) y José Luis Loría Chaves (delegado del cooperativismo) quienes fueron separados por el Consejo de Gobierno de la Administración Chaves Robles y al mismo tiempo queda nulo el nombramiento de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno Camareno, designados para sustituir a los despedidos anómalamente. Una vez más en Costa Rica el sistema de pesos y contrapesos se muestra vigoroso, como cabe esperar en una democracia en la que se atemperan las actuaciones de los poderes del Estado para que no traspasen sus linderos. Por mayoría de cinco de sus siete integrantes, la Sala declaró con lugar el amparo presentado por un colectivo de organizaciones sindicales. De acuerdo con el por tanto “se anula la medida cautelar acordada por el Consejo de Gobierno y se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento al fallo”. Esto abre nuevas perspectivas de análisis y de lo que deberá corregirse y actuarse de ahora en adelante en esta institución autónoma insigne. Para profundizar en este esperado fallo conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.

Es nuestro tesoro natural más reconocido globalmente. Está inscrito tanto en la historia mítica, como en la geografía, logrando que nuestro país sea el más grande de la región por su área marina; laboratorio natural de biólogos y estudiosos de todo el orbe, tanto que el célebre Jacques Cousteau la designó como la isla más hermosa del mundo. En el junio de 1978 -justo hace 45 años- la Isla del Coco fue establecida como parque nacional. En diciembre del 2021 se amplió con el Área Marina de Manejo del Bicentenario, con lo cual su extensión es hoy de 161.127 Km2 que albergan 2,600 especies de flora y fauna, de las cuales casi 1,700 son marinas, 45 de ellas endémicas, por lo que es el hogar de casi la mitad (47 %) de todas las especies marinas endémicas de nuestro país. Este hermoso paraje aporta $51 millones a la economía anualmente gracias a sus usos como destino turístico, de investigación y educación, pesca deportiva y de palangre. Para bucear en los beneficios del Área Conservación Marina Coco conversamos con Diego Torres, Coordinador de Turismo Sostenible del Área y Sebastián Barquero por la Fundación Amigos Isla del Coco (FAICO).

Desabastecimiento de agua, aumento de enfermedades causadas precisamente por la falta del recurso hídrico, incendios forestales, reducción en los niveles de los embalses para la generación de energía eléctrica, impactos en la agricultura, la ganadería, sequía y consecuentemente altos precios de muchos productos. Estos serían algunos de los efectos que el fenómeno de El Niño causaría en Costa Rica, durante lo que resta del año y el primer semestre del 2024. El Niño está asociado con el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico, lo que produce una disminución de las lluvias en la vertiente Pacífica y en parte del Valle Central, así como lluvias intensas en el Caribe. Para conocer más acerca de esta circunstancia conversamos con Werner Slotz, director del Instituto Meteorológico Nacional.

Todo esfuerzo por tener un panorama claro, objetivo, informado y con datos duros y fiables, deviene en un obligado ejercicio permanente para acopiar los elementos posibles acerca de la realidad financiera y operativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La controversia entre estados financieros, estudios actuariales y la verdadera situación económica, para determinar la sostenibilidad de la institución insignia de la seguridad social de Costa Rica, es fundamental. Dar explicaciones a la ciudadanía de Cartago y Golfito, cuyos construcción de nuevos hospitales está en vilo, (entre otras obras de infraestructura ya aprobadas y con financiamiento) a las personas temerosas porque creen que tal vez dejarían de recibir sus pensiones, y a quienes reciben servicios médicos o esperan con urgencia procedimientos quirúrgicos, son temas sensibles particularmente en un ambiente de incertidumbre como el que se ha generado desde hace meses. Para ayudar en ese empeño, con información aportada en una actividad organizada por el Sindicato Nacional de Médicos (SINAME) en las últimas horas, conversamos con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.

Guatemala sigue enfrentando los impactos estructurales de una crisis permanente en la violación a los derechos humanos y la siempre presente vulneración al sistema de pesos y contrapesos que deben tener las instituciones de un estado digno de reconocerse como tal. En ese país del triángulo norte, hasta el Ministerio Público y los tribunales de justicia son utilizados para perseguir a ciudadanos honestos, como sucedió la semana pasada con la condena a 6 años de cárcel impuesta a José Roberto Zamora, fundador de el Periódico, un medio independiente dedicado (hasta el 15 de mayo pasado que tuvo que cerrar) a investigar casos de corrupción en el país. A este contexto se suma un proceso electoral cuestionado que culmina el próximo domingo sin ninguna esperanza de cambio para salir del abismo en el que se encuentra la inmensa mayoría de su población a la que ni siquiera el sistema de Naciones Unidas pudo seguir apoyando, dado que en el 2019 el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para abonar a las acciones tendientes a sostener el andamiaje institucional. Desde entonces, los esfuerzos orientados a socavar las garantías procesales mínimas frente al abuso de poder arbitrario y corrupto se han intensificado, han arreciado los ataques sistémicos a la libertad de expresión y prensa y al libre funcionamiento de las organizaciones sociales. Para ampliar este escenario desolador conversamos con el ex fiscal general y ex comisionado de la CIGIC, Francisco Dall'Anese.

Fotografía: La Nación - Alonso Tenorio. La marcha por la educación pública de Costa Rica convocó, como no se había visto desde hace años, a potentes grupos sociales, ciudadanos y sectoriales, que dieron un paso al frente, ante la conducción de asuntos públicos esenciales. Nutrida, con importantes mensajes en defensa de logros históricos. No llamando a un enfrentamiento, sino más bien a las correcciones necesarias ante el evidente desmantelamiento del presupuesto de la inversión pública, garantizado constitucionalmente para niños, niñas y jóvenes de la educación primaria, secundaria y universitaria, en una coyuntura especialmente desafiante de desigualdad y exclusión que hace emerger cada día con especial crudeza el fenómeno de la criminalidad, la violencia y la delincuencia. La marcha representa la conjunción de voluntades, que con ojo avizor, le señalan al gobierno que no está solo en la mesa y que hay un tejido social para defender y preservar la institucionalidad. Pero el llamado no fue solo al Ejecutivo. Esta movilización social también puede interpretarse como un mensaje a los otros poderes de la República, así como a sectores que guardan silencio frente a circunstancias inéditas de creciente polarización. Para comprender este proceso y sus implicaciones conversamos con la politóloga Gina Sibaja y el comunicador social Carlos Sandoval.

Bajo fe de juramento, el empresario Leonel Baruch Goldberg aseguró que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió no solo que coadyuvara con el Poder Ejecutivo para enfrentar el recurso de amparo que interpuso en su día La Nación contra el cierre del Parque Viva, sino que además apoyara los intereses del gobierno para hacer desaparecer el periódico, entendiendo que ello favorecía a CRHoy, el diario digital del que Baruch es propietario. Las sonadas declaraciones las ofreció el banquero -acusado por el Ministerio de Hacienda en una causa de supuesta defraudación fiscal por el orden de 11 mil millones de colones que ahora se sabe resultó inexistente- compareció ante la comisión de financiamiento de partidos políticos de la Asamblea Legislativa y ocasionó un polvorín con las declaraciones que incluso reiteró luego ante los periodistas, especificando que fue un planteamiento "claritico". La reunión en que tal intercambio se produjo, ocurrió el 29 de agosto del año pasado, entre las 10.13 de la mañana y las 12.28 del mediodía, en el despacho de la diputada, según certificó el departamento de seguridad del congreso y por supuesto, Cisneros Gallo negó categóricamente que ese hubiese sido el contenido de la muy extensa conversación. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo capítulo en el enfrentamiento del gobierno con varios medios de comunicación y en la investigación de financiamiento electoral de la campaña electoral? Lo conversamos con el especialista en la materia Rotsay Rosales, quien dirige el Observatorio de la Política Nacional, OPNA y además, es uno de los coautores de un revelador informe sobre el costo de hacer política en los países del triángulo norte Centroamérica. Un documento que nos sirve de reflexión respecto de los desafíos de la muy precaria estabilidad democrática en la región.

Hoy enfrentamos un nuevo capítulo del ya conocido libreto de la Administración Chaves Robles en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Un recuento de décadas de situaciones -la mayoría, por no decir todas- conocidas, denunciadas y deliberadas públicamente, pero que ahora se “redescubren” para concluir que habría una gravosa situación financiera. Las aparentes pruebas estaban en una pequeña caja que todo hacía indicar, pesaba unos cuantos gramos, nada más y que fue llevaba (acto mediático incluido, como no) al Ministerio Público con un mensaje al Fiscal General, para que actúe. Para ahondar en el tema, conversamos nuevamente con la especialista latinoamericana en política social Juliana Martínez, una de las personas que más conoce acerca de nuestra emblemática institución de seguridad social, sometida ahora a los designios de la gestión gubernamental.

Costa Rica, su ciudadanía y todos los sectores que son parte de nuestra institucionalidad viven tiempos de noticias falsas, narrativas populistas, tergiversación de la realidad y guiones que llevan a la desacreditación sistémica de las estructuras y de las personas que osan usar como herramientas la verdad, la confrontación sana de ideas y el disenso, como comportamiento fundamental de una democracia. Son tiempos en que vamos recorriendo los linderos de la valentía sustentada en la verdad o la cobardía anclada en mentiras. Sea la Caja de Seguro Social, la inversión en educación pública, la deslegitimación de los Poderes de la República, la fabricación de casos para deshonrar a las personas. Son tiempos convulsos que requieren de las reservas más preciadas de la convivencia social, para enfrentar las situaciones que nos puedan llevar a quebrantar la convivencia. Para reflexionar los impactos en el tejido social del país sobre esta época que debemos pasar, conversaremos con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

La desigualdad se continúa acentuando en las zonas rurales y costeras de Costa Rica, con lo que -consecuentemente- se agudiza el deterioro del tejido social, con un impacto directo al apego y la defensa de nuestro modelo de convivencia democrática. Esto es uno de los más inquietantes resultados del Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2022, que desarrollan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Escuela de Estadística de la UCR y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Un instrumento que arroja información para la toma de decisiones de política pública tendientes a combatir la pobreza. De este último estudio se desprende la urgencia de implementar acciones para resolver las asimetrías que causan problemas y fracturas territoriales, que tienen una incidencia directa en el fortalecimiento de oportunidades para el crecimiento económico en los cantones más vulnerables, que ayuden a generar condiciones de empleo, educación y bienestar sostenibles. Para recorrer estos y otros resultados del mapa de desarrollo cantonal conversamos con Randall Brenes, del PNUD.

Doble celebración para el emblemático Instituto Tecnológico de Costa Rica durante este mes de junio. Conmemorar sus 52 años de existencia y juramentar a la primera rectora de la universidad que tiene como puntas de lanza la ciencia y la tecnología. Un extracto del comunicado oficial que dio cuenta de la escogencia de la nueva autoridad, estableció que ahora el TEC “está listo para dar ese paso hacia el posicionamiento global… Para construir los próximos 50 años con diálogo, con compromiso, con todos los sectores, con todas las visiones, para asegurar que sea una Institución más segura, más inclusiva y sostenible.” La nueva rectora tiene una amplia carrera en ese centro de educación pública superior. De hecho será hasta su juramentación, el 29 de junio, la Vicerrectora de Docencia. Pero además ha sido representante en el Consejo Institucional y coordinadora de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Estudiantiles. Y además de docente, integrante del Comité Técnico del Centro de Investigaciones en Computación de la Escuela de Ingeniería en Computación. Toda una carrera que la coloca en una posición de relevancia y desafíos. Para ampliar y celebrar estos acontecimientos conversamos con la máster María Estrada Sánchez, primera rectora del TEC.

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, OCDE, impulsa y promueve en sus países miembros, sistemas de medios públicos de comunicación como estructuras sólidas que fortalezcan la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública. Con siete décadas de servicio, la Deutsche Welle (DW) es un sistema financiado con presupuesto fiscal de Alemania, que se fundamenta en ​que los contenidos que genera deben ser independientes de la influencia del gobierno de turno. Hoy, que vivimos tiempos de desinformación, noticias falsas y post verdades, ¿cuán importante es consolidar una prensa analítica, fuerte, crítica e independiente? Además, resulta clarificador hacer una revisión del papel de Alemania, como uno de los países más influyentes de la Unión Europea, en años de desafíos frente al conflicto de Ucrania, los retos de la inmigración, la economía y el cambio climático, entre otros. Aprovechamos la visita al país del periodista costarricense, Javier Arguedas, quien labora en DW-TV, para conversar con él en Hablando Claro.

Conforme van pasando los días, más confusa es la información que emana de la nueva junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Aunque cada vez resulta más clara la línea directa entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, respecto de varias decisiones neurálgicas, no se entiende bien cuáles son las intenciones que se perseguirían con la institución más importante de la seguridad social de Costa Rica. Los síntomas: una pugna con las gerencias que no les son sumisas, el insistente señalamiento de una situación de quiebra, y ahora, la confrontación con la comunidad de Cartago por la cercana adjudicación de la construcción del nuevo hospital. Lo último fue un video difundido la noche del viernes en el que se anunció la decisión de la Junta Directiva de no aprobar los estados financieros del año 2022 debido a "múltiples inconsistencias e incumplimiento de normas de información contable". En la Caja reina un ambiente de inestabilidad y la percepción hacia afuera es la misma: hay zozobra y preocupación. Para profundizar acerca de lo que viene sucediendo y analizarlo desde la perspectiva de una conocedora a profundidad de la Caja conversamos con la ex directiva Marielos Alfaro.

Rescatar el formato del radioteatro en los vertiginosos tiempos de las plataformas y la comunicación digital, fue una apuesta de Columbia que inició con “Libertad al Amanecer” y resultó ser un acierto tan grande que replicamos ahora. “Pólvora en abril” es la segunda iniciativa con el sello indeleble de nuestra cadena, que rinde homenaje a lo mejor de la producción radiofónica y la historia desde la esencia del dial. Fue un trabajo intenso: 26 capítulos y 45 voces que recrearon, desde la narrativa y el argumento, la guerra de Ochomogo de 1823, desde una vivencia sensorial y auditiva que nos ubica en uno de los procesos más importantes de la formación de nuestra identidad: la adhesión absoluta a los valores republicanos y el consecuente traslado de la capital costarricense de Cartago a San José, 200 años atrás La historia contada de manera amena y, por tanto, atractiva, y la radio como escenario, para potenciar dos elementos fundamentales de nuestra construcción como Patria. Para disfrutar de esta hermosa aventura, que contó con el impulso determinante de Daniela Alfaro, Gerente General de Grupo Columbia y de nuestra directora de noticias, Evelyn Fachler, conversamos con el periodista investigador, histórico y guionista Rodolfo González y el productor de la radionovela, Juan Carlos Ugalde.

La percepción de la opinión pública sobre el desempeño del Presidente de la República establece que 4 de cada 10 costarricenses estima que la tarea es deficiente, en tanto en 21.9 % apunta hacia un buen trabajo. A la Asamblea Legislativa la valoración le da para un trabajo regular de acuerdo con 55 de cada de 100 de los consultados, en tanto que un 28 % la califica de regular y únicamente un 8,9 % la valora positivamente. Esta información, cuyos detalles justamente se conocen en las últimas horas, forman parte de la más reciente encuesta conjunta elaborada por la Escuela de Estadística y el Observatorio del Desarrollo, ambos de la Universidad de Costa Rica, que también dieron a conocer este miércoles que la confianza de los consumidores si situó en mayo en 45 puntos "revelando la primera caída del índice en los últimos 12 meses... Con un descenso estadísticamente significativo de -2,7 puntos... Aunque la confianza sigue estando por encima del promedio histórico, que ronda los 41 puntos". Para conversar sobre los hallazgos y particularidades de este estudio de opinión pública conversamos este jueves con el estadístico Agustín Gómez y el director del Observatorio del Desarrollo, Carlos Murillo Zamora. Como siempre a las 8 am en los 98.7 F.M. de Radio Columbia.

Algo viene sucediendo desde hace tiempo a lo interno y a lo externo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y es imperativo ponerlo sobre la mesa del debate público. En cuanto al servicio esencial que presta, hay un evidente deterioro del abastecimiento de agua potable con cortes recurrentes y poca disponibilidad de sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, que se dejan sentir en no pocos sitios del territorio nacional y que van más allá de la estacionalidad y pocas lluvias. En lo operativo, resulta urgente que AyA como ente rector fortalezca sus capacidades de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras en todo el país. Y es que en cuanto a su gestión, prueba de la inestabilidad imperante es que en tan solo un año cambiaron dos presidentes ejecutivos, tres gerentes y seis subgerentes, todo a cuenta de una reestructuración parcial (poco conocida) que tiene semi paralizada a la institución. Tanto el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica como la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental (Acreh), formularon un pronunciamiento a la ciudadanía, para poner atención a lo que sucede con AyA. Para ampliar sobre el tema conversamos con los ingenieros Olman Vargas de Acreh y Rafael Murillo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR.

A la deliberación final del proyecto de ley de flexibilidad laboral le va llegando su hora y todo hace indicar que, pese a la oposición imperante dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, finalmente será ley de la República a lo sumo en una semana. Quienes adversan la iniciativa desde el inicio, siguen sosteniendo que modificar por ley la jornada será un retroceso en materia de derechos laborales e incluso advierten que habrá afectación (mayor?) en la generación de empleo. Quienes lo apoyan, persisten en su convicción que mejorará la competitividad, logrando que empresas aumenten inversiones y contrataciones. En plena discusión, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dio a conocer la semana pasada una reducción en la cifra de desempleo. Sin embargo, la noticia no resultó para tirar campanas al vuelo porque la disminución estaría relacionada con el hecho de que muchísimas personas abandonaron la búsqueda de trabajo. Es decir, se cansaron de recibir un no por respuesta y pasaron a ser parte del contingente de “desalentados” que ya no persiguen la ilusión de una contratación formal. Para entender esta situación conversamos con el economista de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez.

Una larga historia. Setiembre 2011: se compra el terreno de 118 mil metros cuadrados para el nuevo hospital Max Peralta, en El Guarco de Cartago. Setiembre 2014: se ordena un estudio de actualización para la edificación, que diera paso a los estudios subsiguientes. Diciembre 2021: el BCIE flexibiliza las condiciones del empréstito necesario para la edificación. Mayo 2022: se autoriza el préstamo para construir el hospital con las nuevas especificaciones que se incorporan a la licitación. Marzo 2023: la Junta directiva de la CCSS saca el nuevo hospital de las prioridades de infraestructura de la institución. Y ante la presión, días después da marcha atrás en la decisión. Junio 2023: se debería adjudicar la licitación. Esta ruta siempre marcó la intención de construir el hospital, proyecto que no es fácil y es urgido por más de 700 mil personas; la población adscrita a la prestación de sus servicios. ¿Por qué se quiso paralizar esta obra de salud pública, incluso con una denuncia, que tenía relación con el viejo terreno que se valoró, y no se compró, en la zona de El Fierro? Para aclarar y seguir aportando a la construcción conversamos con la diputada Paulina Ramírez y el Dr. Carlos Halabi, presidente de la Junta de Salud cartaginesa.

La concentración de presupuestos publicitarios en la agencia del SINART sigue siendo un tema de interés público o -dicho de otro modo- una noticia en desarrollo. Entre otras cosas, es necesario dilucidar qué condiciones cambiaron, de un año a otro, para que instituciones como ICE-Kölbi, la Junta de Protección Social o Acueductos y Alcantarillados, que antes apenas sí cumplían con la asignación obligatoria del 10 % de sus pautas al Sinart y exigían aumentar los bajos niveles de audiencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión, firmaran ahora contratos millonarios para entregar el manejo de todos sus presupuestos de publicidad hasta por 3 años a la agencia estatal. En actas públicas se menciona una “directriz de la Presidencia” a las instituciones citadas, que se suma a un proceso de reestructuración (declarado confidencial) de la agencia Sinart, lo que por supuesto impide conocer información de las condiciones, equipos, herramientas y personal que podrían garantizar una asignación técnica y transparente de recursos públicos y minimicen el riesgo de incumplimientos contractuales. ¿La llamada “democratización de la pauta” estatal será real? ¿O sería solo un eufemismo para justificar segundas intenciones políticas que riñen con la eficiencia del gasto público? Para ampliar conversamos con Mariana Fernández y Fernando Sandí, asesora legal y presidente Ejecutivo del SINART, respectivamente.

¿Cuánto de ingenuidad, desconocimiento, falta de información o sentido de realidad, conlleva la presentación de un proyecto de ley para intentar regular la irrupción revolucionaria de la inteligencia artificial? ¿Es suficiente la explicación de haber usado el Chat GPT, para formular la “iniciativa” y acto seguido reconocer que es una propuesta inconexa, incompleta y que le falta el componente humano, para que quede mejor formulada? Legisladores del PUSC, Frente Amplio, Nueva República y Progreso Social Democrático lo hicieron y en las últimas horas han debido enfrentar una tormenta de señalamientos y -hay que decirlo- hasta de burlas. Ahora bien, hablando en serio: ¿podría una ley emitida en Costa Rica frenar los riesgos, desafíos y peligros que imponen la creatividad y la innovación tecnológica al mundo entero? ¿No sería mejor tomar en serio la deliberación y tratar de dimensionar y entender cómo encarar (junto con el mundo desarrollado) los problemas sociales que genere la IA y equilibrar el crecimiento de una tecnología que muchos esperan que sea el motor de la economía del presente y el futuro? Para ahondar en tan interesante tema conversamos con los expertos Sebastián Urbina, presidente de IA en la transnacional Genpac y César Bravo, director de investigación en IA y Metaverso, profesor de Lead University.

Las advertencias de potencial alto riesgo en Cambronero obligaron este martes al cierre de la vía, dado el inminente peligro para la seguridad.

El Instituto Meteorológico había informado de condiciones climáticas adversas por las lluvias propias de la temporada. Por su parte, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica había alertado -horas antes también- riesgo potencialmente alto por “obras deficientes” en el lugar. El estudio técnico, que da seguimiento periódico a las obras contratadas y supervisadas por el Conavi, determinó taludes sin protección, sitios inestables, rellenos que no cumplen con las condiciones de seguridad, ninguna intervención, ni obras de estabilización o sistemas de protección superficial para controlar caída de piedras y problemas con escorrentías de agua en el lugar donde ocurrió el trágico deslizamiento del año pasado.

De igual manera, el análisis indicó que la ruta alterna entre Río Jesús y Piedras Blancas de San Ramón, presenta condiciones adversas; por lo que recomendó cerrar el tránsito de personas y vehículos hasta tanto no se hagan obras que son necesarias y urgentes. Claramente la situación viene a presionar las vías de acceso y salida al Pacífico Central y Guanacaste.

Para conocer mejor este peligroso cóctel de obras incompletas y carga de lluvias, en esta y otras vías neurálgicas del país, conversamos con el nuevo director de Lanamme UCR, Ing. Rolando Castillo y con el Ing. Ronald Naranjo, de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional.

Cada cierto tiempo, y ahora de nuevo, está puesto sobre la mesa, un espejismo de ilusión que pretende cautivarnos con la idea de que la exploración y eventual explotación de gas natural, nos serviría para -literalmente- salir de pobres. La verdad es que no hay estudios técnicos serios que validen a ciencia cierta cuáles son los depósitos existentes y menos aún, formas de probar que tenemos yacimientos por el orden de 15 mil millones de dólares. Tristemente, tampoco hay estudios serios que establezcan categóricamente que esta industria extractiva crearía fuentes de empleo, como se pregona. Aun si tuviéramos esos recursos bajo la superficie, habría que considerar que por el pequeño tamaño del país y la pequeña escala de nuestra economía, tampoco podríamos competer con naciones que nos llevan 30 años de ventaja en esta actividad y ni siquiera podríamos garantizar a la o las empresas que eventualmente concesionarán, una explotación lucrativa, lo cual se terminaría convirtiendo en un gran riesgo económico para la hacienda pública. Por el contrario, la transición energética actual -para un país como el nuestro que ya alcanzó una matriz limpia en generación eléctrica, debería apuntar ambiciosamente a la alternativa del futuro basada químicos sintéticos (como el amoniaco verde) alimentados por electricidad, lo cual ayudaría en la apuesta de búsqueda de equidad social a partir de la explotación de nuestros verdaderos y riquísimos recursos. Para poner en perspectiva tema tan medular, conversamos con el ingeniero José Daniel Lara, doctor en energía y recursos naturales.

Turquía superó la segunda vuelta electoral con el triunfo del autócrata Recep Tayyip Erdogan, que suma 5 años más a las dos décadas que tiene de gobernar con mano dura el Ejecutivo, enfrentándose a grupos opositores a cuyos líderes mantiene presos o exiliados, limitando libertades y derechos humanos y generando turbación ciudadana permanente. Las elecciones no terminan sin denuncias de posibles irregularidades, pero lo consolidan como el político más poderoso tras 40 años en diferentes posiciones y radicalizando cada vez más su mandato. Sus retos no son menores. La lira (moneda turca) en mínimos históricos frente al dólar y el euro; el desempleo en el 22,5 % y el costo de la vida elevadísimo (45% al menos). Otro de los desafíos es seguir dando atención -calificada de insuficiente- a las víctimas del devastador terremoto de febrero pasado, que dejó 50 mil personas fallecidas y gravísimos daños. En lo político debe enfrentar los señalamientos, y lo que logre sostener el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, quién conjuntó el descontento de agrupaciones en una colación de desencantados, nacionalistas laicos y conservadores religiosos que lo obligaron a ir a esta segunda ronda y ganar con un estrecho margen. Para poner foco en esta región del mundo conversamos con Javier Johanning, politólogo, docente, investigador y maestrando de relaciones internacionales.

Al filtrarse la abrupta finalización del contrato entre Procomer y CINDE se hizo público el rompimiento de una armoniosa, provechosa y productiva relación, que ha colocado a Costa Rica como una potencia regional en la promoción conjunta de exportación de un amplio abanico de productos y la atracción de inversión extranjera. La muy conocida y premiada internacionalmente Cinde y el Ministerio de Comercio Exterior, habían anunciado apenas poco antes de la ruptura, que el año anterior (2022) Costa Rica había logrado sumar 101 proyectos de inversión extranjera directa con un rédito de 22 mil empleos, y 11 nuevas inversiones provenientes de siete territorios no tradicionales como Canadá, Chile y Alemania. Si esta fue una fórmula exitosa, ¿qué pasó? ¿En qué no se pudieron poner de acuerdo? ¿Quiénes se enojaron? ¿Qué diferencias son ahora irreconciliables para llegar ahora a estar tan cerca del divorcio? Sin ser oficial aún, se da por sentado que la ruptura ya es definitiva y ello genera una tormenta en las élites productivas del país. ¿Seguirá ese motor afinado, ahora que no hay vuelta atrás? Y algo más, ¿cómo y en qué tareas seguirá Cinde haciendo sus tareas ya sin el respaldo del gobierno de Costa Rica? Para ampliar acerca de este desencuentro y sus impactos conversamos con Eric Scharf, presidente de la junta directiva de CINDE.

Hace justamente una semana, el jueves pasado, a las 2:30 de la tarde, en una transmisión en vivo desde el Ministerio de Hacienda, se presentaban las acciones de "Trazando la Prosperidad Fiscal". El trazo, ahora, sustituye a las anteriores rutas. Pero bueno, ese es solo un detalle semántico. Lo cierto es que el trazado hacendario que proyectos que van desde la imposición de 13% de valor agregado para boletos aéreos, un flax tax de 30% para pequeñas y medianas empresas y un 2% para implementos médicos, sillas de ruedas y fórmulas de leche materna (una estrategia -dícese- para estimular la lactancia materna), entre otros, cayó como un meteorito. Nadie lo vio venir. Ni siquiera la jefe de la bancada oficialista que -entre la congoja de tener que explicar lo inexplicable y la frustración de tener que desdecirse tras haber jurado que en este gobierno no habría nuevos impuestos, terminó diciendo que no sabía nada del paquete y que "no era el momento" para dar el anuncio, en medio de los debates congresionales de crimen organizado y jornadas 4x3. El presidente Chaves, que aseguró el domingo pasado que mentían descaradamente quienes afirmaban que la ruta de la prosperidad fiscal implicaría nuevas tasas, elaboró este miércoles, en respuesta a las declaraciones de su jefa de fracción, que nunca el tiempo es oportuno para una reforma impositiva. "Si no es el momento de presentar eso, cuándo es el momento en un país que está en la lista de países más desiguales del mundo". Lleva total razón el Mandatario, porque ni aquí ni en ningún otro país existe un momento oportuno para poner impuestos, o siquiera para ordenar el esquema. Lo sabemos bien porque pasamos por ese trauma apenas hace cinco años. Lo cierto es que hasta ahora hay más sombras que luces y no resultó para nada suficiente que el ministro de Hacienda hubiera salido a tratar de enderezar el asunto, responsabilizándose de un supuesto "error personal" en la presentación de los proyectos en cuestión. Por eso, en un afán por aclarar tanto nublado del día, conversamos con Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

+Costa Rica intenta convertirse en un plan piloto latinoamericano de promoción de líderes políticos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, en tiempos preocupantes de descrédito del sistema y de alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos. La iniciativa se declara neutral, independiente, apartidaria y sin fines de lucro; con la capacidad de ofrecer una beca a 80 personas interesadas que -tras superar un proceso de selección- recibirán un programa de formación de 100 horas con contenidos de fortalecimiento de capacidades democráticas, de cara a su participación en las próximas elecciones municipales. El objetivo es promover nuevos liderazgos que apunten a la renovación de la política y la gestión pública de Costa Rica. Cuentan con el apoyo técnico, logístico y financiero de la fundación VélezReyes+ y de la organización brasileña RenovaBR. Para conocer más a fondo esta propuesta conversamos con los líderes de esta incubadora, Juan Guillermo Murillo y Laura Oller.

Al proyecto de flexibilidad de jornadas laborales le están llegando las tortuosas horas de discusión en el plenario legislativo. Luego de las mesas de trabajo que se acordaron para intentar rescatarlo, a la hora de escribir este texto se habían presentado 824 mociones que condicionan una discusión candente. Un texto sustitutivo se entregó, por parte del oficialismo, junto con otras bancadas. La fracción del PLN ha dejado a la libre la votación y el Frente Amplio redoblará su oposición. Para seguir abriendo perspectivas de la 4-3 conversamos conversamos con el abogado especialista en derecho laboral Esteban Calvo.

Como no había ocurrido nunca antes -según lo reconocieron en actas públicas Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS, así como Beverly Hernández, directiva de AyA y la directora de comunicación de esa misma entidad, Angie Ortega, el mismo presidente Chaves Robles y desde la Presidencia de la República se habría “recomendado” transferir millonarios contratos publicitarios a esa entidad. En el foro político se ha iniciado una investigación y un llamado a dar cuentas en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. En el foro técnico administrativo se ha presentado una denuncia por prácticas monopolísticas ante la Comisión para la Promoción de la Competencia. Una serie de reportajes periodísticos han dado luz acerca de una posible estructura de concentración de dineros públicos, contra criterios técnicos e informes legales, que se habría hecho atropelladamente para evadir en su justo momento la entrada en vigencia de las nuevas reglas de la Ley de Contratación Pública. Como último escalón de esta nueva polémica, en el foro judicial se presentó una denuncia ante la Fiscalía General por el manejo de la pauta publicitaria del ICE-Kölbi, cuyos recursos ahora manejaría el SINART. Para ampliar el tema conversamos con el diputado Ariel Robles y el especialista en temas de Derecho Público y libre competencia, Luis Diego Vargas.

Aún resuenan las fuertes palabras del Fiscal General estos días referidas a que “algo debe haber detrás” para que una sola persona obstaculice el consenso legislativo que se logró para tramitar y aprobar, en tiempo, la urgente reforma a la ley de crimen organizado. Pero la aludida, la diputada liberacionista Carolina Delgado, quien no solo carga con las dudas del Ministerio Público, está determinada a no ceder. "Quien nada debe nada teme", sostiene y no se inmuta frente al rechazo expreso de casi toda su bancada (solo la apoya Danny Vargas). Así que se mantiene en su férrea determinación de no retirar el centenar de mociones de su autoría que aún quedan torpedeando el proyecto y que tienen a los diputados sesionando horas extras. La premura -como ya se sabe- es porque la modificación debe quedar aprobada a más tardar el 6 de junio; como único camino para evitar la liberación de 10 cabecillas de bandas narcos. Esta legislación remozada, además de aumentar el lapso de la prisión preventiva, fortalecería las capacidades de investigación, mejoraría el procedimiento de juicios en el mediano plazo y se valora entonces como una herramienta para ayudar a combatir la ola de violencia y criminalidad que vivimos. Para seguir dando luz a los claroscuros del tema conversamos con el Fiscal General de la República, Carlo Díaz.

Trama y drama. Eso salta a la palestra apenas se abre un poco el telón de la gestión de la Ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, en solo 12 meses. Los actos semejan un trepidante guion en la conducción política del sector. Un recorte en ciernes de ₡4 mil millones que paralizaría la oferta y el quehacer de la cultura, con una explicación administrativa que genera dudas, en un sector ya de por sí golpeado desde años atrás. Pero en lo reciente, 17 personas han sido destituidas, han renunciado o se han removido de los puestos de confianza de la jerarca. Esto tiene al ministerio y a sus 20 programas adscritos en un ensayo de prueba y error. Para abrir aún más los bastidores conversamos este con la galardonada promotora, productora y gestora cultural, Verónica Vado y con el recientemente separado ex director del CPAC y productor cultural, Alex Cuadra.

Tras su tercera derrota electoral consecutiva, el Partido Liberación Nacional (PLN) se prepara para la prueba de fuego de las municipales de febrero próximo, dando golpes de timón en un intento por renovarse y solucionar algunos de sus desafíos internos. Su Asamblea Nacional, del pasado fin de semana, autorizó eliminar el requisito de militancia mínima de dos años para optar por un puesto elegible en este proceso; algo que hubiera sido impensable hace muy poco tiempo atrás. También hizo un manifiesto para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres en política y como si fuera poco, estableció un compromiso con la probidad y otro para desterrar el nepotismo en la agrupación. Finalmente, giró una autorización de endeudamiento hasta por ₡2.400 millones, para enfrentar el inmenso desafío de evitar la pérdida de alcaldías, dado el cambio en las reglas del torneo electoral que impedirá reelegirse a decenas de sus actuales alcaldes. Sus desafíos inmediatos lógicamente pasan por lo cotidiano en el foro legislativo, donde enfrenta dos hechos relevantes, por un lado, lograr que la diputada Carolina Delgado desista de las más de 500 mociones al proyecto de crimen organizado, para dar una señal unívoca de compromiso ante la ola de violencia homicida que vive el país y por otro la definición de su respaldo (o no) al proyecto de jornadas laborales, conocido como 4-3. Para ampliar sobre los desafíos en curso conversamos con el Secretario General de la agrupación, Miguel Ángel Guillén.

La llegada de Mario Zamora y un renovado equipo de viceministros a Seguridad Pública permite, desde la experiencia y los logros de la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014) creer que será posible articular una perspectiva estratégica ante la ola de violencia y criminalidad que nos acecha. Con un mensaje claro y realista arranca su trabajo, anunciando una Operación Costa Rica Segura Plus, cuyas líneas de acción iremos conociendo en las semanas venideras. Su primera labor es llevar tranquilidad a los cuerpos policiales, que han denunciado condiciones precarias en algunas comisarías y falta de recursos económicos para equipamiento y vehículos que pone aún en mayor riesgo su labor. Nuevas tácticas que se requieren ante la nueva realidad de la inseguridad y del avance de grupos del crimen organizado, son parte del trabajo de inteligencia, ante la principal preocupación que hoy externa la ciudadanía. Para profundizar al respecto conversamos con el Ministro de Seguridad, Mario Zamora.

El Ejecutivo vive días intensos. Dos noticias importantes se le filtraron antes que emitiera su mensaje: el rompimiento del convenio con CINDE y el nombramiento del nuevo ministro de Seguridad y las condiciones que pidió para acceder al cargo. La purga incesante que ejecuta la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, quien han removido a 17 funcionarios, muchos de ellos nombrados por este gobierno y cuya información circulaba antes que los afectados recibieran la notificación del despido. En la lista de los últimos días se agregó además la suspensión del director de Banca para el Desarrollo, Miguel Aguiar, luego de denunciar por acoso laboral a los ministros, del MEIC, MAG e ICT. La Junta Directiva de la CCSS suspendió por un mes al director del Cendeisss, Juan Carlos Esquivel, y ordenó la intervención inmediata de esa instancia durante los próximos tres meses. Cambios y despidos en el Ministerio de Comunicación que se suman a un ambiente de incertidumbre en instituciones y ministerios, por inestabilidad. Un año de un estilo de control de la información y una supuesta gerencia por eficacia que se comienza a desmoronar. Para ampliar y delimitar el estilo de la administración Chaves Robles, ampliaremos con el politólogo, Sergio Araya.

La ola de violencia y criminalidad no da tregua, y pasa muy de lejos de las justificaciones que debieron construirse para descabezar a los proponentes de la Operación Costa Rica. Tampoco le dará tregua ni margen de acción para la curva de aprendizaje a los nuevos jerarcas del Ministerio de Seguridad, quienes ya anunciaron una Operación Costa Rica Segura Plus, sin que se conozcan mayores detalles aún. Las causas estructurales de la inseguridad están ancladas, la ausencia de una hoja clara de trabajo es muy perentoria y gazapos como la precipitada desconvocatoria del proyecto de crimen organizado a inicios de semana, obligó este jueves al Ejecutivo a dar marcha atrás y volver a llevar al Congreso la urgente iniciativa. La ciudadanía clama por respuestas y acciones, siendo este el tema de mayor preocupación nacional con impactos en sectores claves como el turismo, la producción, las exportaciones y la imagen país. Para monitorear qué hacer en estas semanas de recambio conversamos con el experto en temas de seguridad, Álvaro Ramos.

El sur austral de Chile y el sur de la frontera de Estados Unidos, están marcados en la brújula de hechos relevantes de esta semana. Los chilenos dieron un nuevo segundo paso fundamental para poner fin a la Constitución dictada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Unos 15 millones de votantes eligieron a los 50 miembros del consejo constitucional, cuya tarea será redactar una nueva Carta Magna. Los resultados abren los escenarios: el bloque de tres partidos de la derecha obtuvo un 56,5 % de las votaciones; los dos de izquierda -incluido el del presidente Gabriel Boric- un 37,5 %; y el populista Partido de la Gente logró el 5,5 %. En tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden se prepara para suspender el Título 42, una política de la administración de Donald Trump que se implementó hace tres años, para impedir el ingreso de migrantes, con la idea de prevenir el COVID-19. Este levantamiento permitirá que las personas que crucen la frontera hagan valer su derecho a pedir asilo y se escuche su caso. Para poner foco a estos hechos internacionales nos conectamos en Santiago de Chile con el politólogo, Jesús Guzmán.

El 84% de la población costarricense tiene miedo de perder el país. Este dato, que emana de la última indagación del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, es resultado de un interesante ejercicio que mide los temores de la ciudadanía. Entre otros, al poder destructivo del narco, al desempleo, o a la eventual carencia de pensión en la vejez. Por eso se trata de un valioso aporte a la discusión nacional que justifica poner luz de análisis, pero también -ojalá- decisiones de política pública. De acuerdo con la socióloga y comunicadora María Flores-Estrada el dato es muy revelador del ser costarricense. “La gente puede estar enojada, resentida, cansada de engaños, de promesas incumplidas y preocupada, pero no se ha vuelto cínica y tampoco pierde la esperanza. Piensa que vale la pena preservar el país…” Para valorar este interesante tópico conversamos con el investigador social Carlos Sandoval García.

Concluido el análisis del primer informe del presidente Chaves, inicia el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. 48 proyectos que envío el Ejecutivo marcarán la discusión y encuadrarán las nuevas divergencias y negociaciones. Ya tienen un camino empedrado las jornadas 4x3, con criterios que van desde una nueva forma de esclavitud a una oportunidad perentoria para la generación de empleo. Se suman los proyectos de la Operación Costa Rica Segura, para combatir la ola de criminalidad; ya muchos señalados con vicios de inconstitucionalidad o contrarios a convenios internacionales; en tanto -por cierto- se anuncia el recambio del titular de Seguridad Pública en el Ejecutivo. En la lista también va el primer y único proyecto de ley presentado por la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, para la extradición de nacionales, que requeriría reforma a la Carta Magna. Se suman otros para cumplimiento de los acuerdos con el FMI, así como los empréstitos con el BCIE. Para ampliar acerca de esta agenda y sus retos conversamos con las diputadas Vanesa Castro (PUSC) y Kattia Cambronero (PLP).

El segundo año de la Administración Chaves Robles arranca y los motores se sobrecalientan. En pocas semanas se vuelve a instalar la comisión investigadora de los presuntos delitos de financiamiento de la campaña electoral. Ese factor y el polémico proyecto de flexibilidad laboral vislumbran un camino tortuoso; lo que advierte que la agenda de las sesiones extraordinarias contiene iniciativas de ley que podrían paralizar la labor legislativa. Como si fuera poco, el choque frontal entre sectores, élites políticas y grupos financieros, como tendencia que se puede observar claramente en la decisión de romper la fructífera relación que han mantenido COMEX-Procomer-CINDE, coloca la discusión en altos decibeles. También la presentación del proyecto para equilibrar el servicio de taxis con las plataformas digitales de movilidad ayudará a subir el nivel de las deliberaciones. Y en el horizonte cercano, las elecciones municipales obliga a los partidos políticos opositores a comenzar el distanciamiento con el Ejecutivo. El pastel para celebrar el primer año va quedando atrás. Para poner luz de mediana intensidad a este segundo año que deviene en estratégico, conversamos con el analista Constantino Urcuyo.

¿Cambiar todo, para no cambiar nada? Hay que afinar los sentidos, empezando por el común, para tratar de entender estos tiempos convulsos que agitan las decisiones de política pública de la Administración Chaves Robles. El análisis del primer año de gestión y acciones como la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo o el acuerdo de larga data entre el Ministerio de Comercio Exterior-PROCOMER y CINDE, nos lleva a comenzar a entender lo que está ocurriendo, que no es ni más ni menos que colisiones y enfrentamientos de distintas intensidades entre élites políticas, y grupos financieros y empresariales. Asistimos pues al desplazamiento de unos personajes y sectores por otros, al parecer, agrupados en torno a la dinámica que empuja el propio mandatario. Para seguir entendiendo este fenómeno conversamos con el Dr. Rotsay Rosales, Director del Observatorio de la Política Nacional de la UCR.

Como un balde de agua fría. Así se puede describir la fuerte caída de Costa Rica de 15 escalones en el reputado ranking de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, que se dio a conocer este miércoles en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es que luego de ocupar el quinto lugar en el año 2021 y el octavo en el 2022, hoy descendimos al sitial 23. De hecho, desde el 2016 nuestro país había ingresado a formar parte del destacado club de los 10 primeros países del mundo en ese listado que evalúa a 180 naciones del planeta en aspectos políticos, social, económico, legislativo y de seguridad, relacionados todos ellos con las posibilidades del ejercicio libre de la prensa De acuerdo con el informe, nuestra caída obedeció fundamentalmente a la baja en la calificación del factor político (pasamos de 81.62 a un 65,94) dado que “ciertos medios sufrieron ataques verbales en el último año, y el Ejecutivo restringió el acceso a la información pública”. Por suerte, el documento también resaltó que "a pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia ni encarcelaciones. El periodismo está protegido por la legislación del país y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y defendido la importancia de una prensa libre en una democracia" Para poner en perspectiva la nueva calificación conversamos con la presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera.

Puesto en una balanza el primer informe a la Nación del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, esta no queda equilibrada. El mandatario la balancea de la forma en que mejor se acomode a la ya tradicional narrativa de la Administración. La inclina en contra para señalar que el deterioro democrático e institucional es responsabilidad de quienes gobernaron y tuvieron puestos en gremios y sector empresarial, en el pasado. A su favor, hasta el paroxismo de decir que para curar “esa herida de nuestra democracia, desde el primer día nos propusimos trabajar para los nadies, para los invisibles, para los que han esperado demasiado por una oportunidad de surgir y prosperar”, apelando a su grupo más leal. La inclina a su favor para indicar, que en un año y debido a la gestión gubernamental, hay indicadores positivos, incluso algunos que superan a otros países. La inclina en contra de haber recibido un país deteriorado del gobierno de Carlos Alvarado; pero la inclina a su favor, para atribuirse logros fiscales y de mejora económica, que vienen dando resultado por decisiones y costos políticos que asumió ese gobierno. Igual con el proyecto Agua para Guanacaste, cuya concepción, planificación y arranque viene de 7 años atrás y, con solo cambiarle el nombre que hizo en julio pasado, indica que lo mejoró. Así discurre en las 27 páginas que leyó en el plenario legislativo y se amplifica en el informe de 130 páginas que entregó y será, sin duda alguna, la materia prima de discusión de la agenda nacional de estos días. Para aportar puntos de vista conversaremos con el analista Eduardo Ulibarri.

Se cumplió una jornada más del 1.º de mayo. En esta oportunidad, sin mayores sorpresas, se ejecutó como estaba negociado el acuerdo que le permitió a Rodrigo Arias Sánchez retener la presidencia del Primer Poder de la República y, al asumir su segundo mandato, envió alertas y llamados a bajar el tono de confrontación por parte de actores políticos. Juramentado el nuevo directorio, ya en funciones las nuevas jefaturas de fracción, se inicia ahora el periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura. Tras la elección de este lunes, no pareciera que hayan quedado heridas graves que sanar a lo interno de la Asamblea Legislativa. No obstante, la situación se complica con la discusión del proyecto de jornadas laborales, que es objeto de críticas, objeciones y enmiendas. Esta pretendida modificación, la reforma a la ley de crimen organizado, la conformación de las comisiones legislativas y el análisis del primer informe del presidente Chaves, empujarán las energías de Cuesta de Moras en estas semanas. Para medir los equilibrios de esas fuerzas conversamos con el politólogo y asesor parlamentario, Daniel Calvo.

Termina abril marcando una tenencia a la baja en la calificación ciudadana de la labor del presidente Chaves Robles, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR dada a conocer esta semana. Las materias que le demandan mayor atención: la inseguridad ciudadana, el desempleo y los altos costos de bienes, servicios y productos, asuntos con altísima incidencia en la calidad de vida, obligan al Ejecutivo a generar políticas públicas que den respuestas efectivas, aunque la mayoría de los consultados aseguran no tener confianza en que habrá soluciones. Y a las puertas de mayo tenemos ya encima la elección del nuevo directorio legislativo, el primer informe a la Nación del mandatario y la convocatoria a sesiones extraordinarias, con la necesaria reforma a la ley contra el crimen organizado y el polémico proyecto de jornadas laborales 4-3. Revisamos pues la gestión de gobierno en días de mucho calor político que elevan la discusión de temas nacionales. Para tomar esa temperatura conversamos con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez.

¿Qué se puede esperar de la aplicación del salario global, tras la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público? El Banco Central de Costa Rica, así La Contraloría General de la República, aplican, desde hace años, este esquema para el pago de las personas trabajadoras en sus instituciones. ¿Les ha funcionado? ¿Cómo ha sido esta implementación y qué deberían estar haciendo otras al respecto? Hacemos el repaso del tema con la Contralora General, Marta Acosta.

A un año de terminar su primera presidencia en la Asamblea Legislativa y a cinco días de iniciar un segundo mandato, es tiempo de hacer balance y poner perspectiva la gestión. El 2022 fue un año de acomodos en el nuevo escenario político. El 2023 pinta enormes desafíos, dadas las condiciones de gobernabilidad compleja del país. Equilibrios, acomodos y mucho de mesura se requiere para un período que avizora turbulencia en las aguas del ejercicio del poder. Primero el presidente Rodrigo Chaves intentó sacar del juego a Rodrigo Arias para que el directorio legislativo fuera presidido por algún diputado del PUSC o del PLP; luego se vino el encendido mensaje del 11 de abril de no negociar con “filibusteros” y más bien destruir los puentes, hasta que la realidad política se impuso y el mandatario se vio obligado a entregarle los votos de su bancada al liberacionista para reelegirse al frente del primer Poder de la República. Para conocer el pulso de este ir y venir, de reclamos y promesas de diálogo, conversamos en Hablando Claro con Rodrigo Arias Sánchez.

El tratamiento del caso de la menor de edad violada y cuya niña sigue desaparecida; el por tanto del juicio por el femicidio de la Dra. María Luisa Cedeño y, la sentencia, en primera instancia, por el femicidio de María Tacsan, señalan hacia el Poder Judicial y sus instancias. Hay que establecer que procesos para sensibilizar, conocer y profundizar protocolos y políticas institucionales, para incorporar como transversal la perspectiva de género, en el trabajo y los procesos judiciales. Sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres sostienen que “la justicia les ha fallado”. Sin duda un tema que debe estar en la agenda de los temas prioritarios. Para ampliar conversaremos con Jeannette Arias, jefa de la Secretaria Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

Cuatro reformas electorales propone el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para continuar fortaleciendo el sistema, tanto para los procesos nacionales como los municipales. - Reducir el aporte estatal a los partidos políticos del 0.19 % del Producto Interno Bruto (PIB) al 0.11 %. Se incluye este aporte a las elecciones municipales. - Aumentar el anticipo del aporte estatal de 15 % a un 50 %, y también para las municipales. - Actualizar la cantidad de personas para conformar un partido nacional y provincial a 150 y 75 para los de escala cantonal; además de incorporar la supervisión del Tribunal al proceso de constitución del partido. - Reformar el artículo 136 del Código Electoral para que en las disposiciones sobre las libertades y prohibiciones de difusión de propaganda (veda electoral) alcance a partidos políticos, persona física o jurídica que contraten los partidos para esos fines; indistintamente de que se realice en medios de comunicación o plataformas digitales. Incluir prohibiciones en cuentas, perfiles, sitios, canales o páginas en redes sociales para difundir propaganda sin que se revele la verdadera identidad de quien paga y por el uso de perfiles falsos. Ampliaremos acerca del tema con Gustavo Román Jacobo, asesor político del TSE.

Un abordaje integral para la solución de ola de criminalidad y violencia, que atravesamos como país, tiene que incorporar de manera estratégica al sistema penitenciario. La discusión debe ser alejada de posiciones extremas, de la estridencia del ruido populista y lograr anclarla en que el encarcelamiento no es un fin en sí mismo, en qué hay diferentes tipos de delincuencia que exigen tratamientos, como parte del abordaje. También en la urgencia de tomar decisiones de reformas estructurales en el tejido legal del país, así como de las acciones propias de la gestión penitenciaria. Es un tema complejo, que requiere claridad. Para aportar elementos a esta discusión conversaremos con los especialistas Laura Arias Guillen. Master en derecho penitenciario y ejecución penal y supervisora nacional de la Defensa Pública y con Marco Feoli, Doctor por la Universidad de Salamanca y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

Luces y sombras en el entorno económico de Costa Rica del año 2023, tomando en cuenta factores del entorno internacional e internos. Esto arroja el Análisis de la coyuntura económica a abril, que presentó esta semana el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Destacan aspectos tales como la desaceleración del crecimiento global con tasas de interés que no bajan, esto con implicaciones en el comportamiento de la demanda externa de nuestros productos. En lo interno nuestra producción crece, pero gracias a las zonas francas, con estancamiento de otros sectores se suma a una aplicación de la regla fiscal que incide en el sector público y la atención estratégica de acciones y programas, con un desempleo que golpea a jóvenes y mujeres. Todo esto en un entorno fiscal que ha mejorado, pero que muestra un descenso en la recaudación de impuestos. Este panorama es retador y lo ampliaremos con el economista, Fernando Rodríguez.

Una sociedad que vuelve los ojos hacia otro lado. Una respuesta institucional débil y desarticulada. Un operativo policial y una cobertura periodística burda. Todo desprovisto de una necesaria sensibilidad, para dar respuesta a una dura realidad. La violación de una menor de edad, la inminente muerte de su bebé es desgarrador y nos arroja a la cara las evidencias de un Estado que fracasó. Contra viento y marea se logró una política pública para bajar los índices de embarazo infantil y aplicar la ley ante abusos y relaciones impropias. Aun así, para el año 2021 se registra un total de 197 partos en niñas menores de 14 años, según los datos de UNFPA, 2022 Hacemos nuestras las palabras de la Red de Violencia contra las Mujeres Costa Rica, que sintetiza lo que ha pasado. “Ante el terrible desenlace de este caso, expresamos nuestro dolor e indignación, y exigimos a las instituciones costarricenses una minuciosa y responsable revisión de los protocolos y procedimientos aplicados frente a los embarazos infantiles, según parámetros basados en los derechos humanos.” Para ampliar el foco de este tema conversaremos con la politóloga e investigadora, Gina Sibaja.

Un año de la gestión gubernamental está a la vuelta de dos semanas. Son días para el análisis de 12 meses que proyectan aciertos, desafíos y yerros. El más reciente estudio de opinión del IDESPO de la Universidad Nacional, cuya información fue recopilada durante la primera quincena de marzo anterior, arroja información importante, para seguir midiendo el pulso del país. - Un amplio sector población costarricense no ve mal el autoritarismo. - El presidente Chaves sigue manteniendo un apoyo importante a su gestión. - La inseguridad, el desempleo y el alto costo de la vida son los reclamos de la población a la gestión de la Administración Chaves Robles. - Las acciones en materia ambiental, educación e infraestructura vial reciben una buena calificación. Para poner en perspectiva estos datos conversaremos con Norman Solorzano, director de IDESPO.

Estamos viviendo tiempos de violencia y una preocupante ola de homicidios que sacude a todo el país. Las autoridades han determinado, cómo puntos calientes -en donde se han desatado cruentos enfrentamientos de grupos del crimen organizado- a comunidades ubicadas en las zonas costeras de Limón y Puntarenas, así como de algunos sectores de la Gran Área Metropolitana. Allí se convive en un peligroso cóctel de desigualdad. Esto no es solo un asunto que debe tener un abordaje policial, a pesar de no sentir una postura clara y definida del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Seguridad. Cómo sociedad no estamos preparados para enfrentar este fenómeno o vamos a ir normalizando situación que tiene graves implicaciones. Y nuestra institucionalidad, qué respuestas debe seguir fortaleciendo, qué nuevas propuestas y soluciones deben dar, para cerrar brechas de inequidad y potenciar oportunidades de empleo, bienestar y competitividad a los territorios, para que no sean el terreno fértil de la criminalidad. Para poner otros focos en esta problemática conversaremos con el comunicador Carlos Sandoval García.

Vivir los principios de la economía social solidaria, como una realidad en un modelo pedagógico de aprendizajes cooperativos, es lo que desarrolla el Colegio Bilingüe Jorge Volio Jiménez, en Cartago. Fuimos invitados a conocer este centro, como un esfuerzo más para seguir fortaleciendo la oferta educativa en Costa Rica. Se aspira formar y forjar estudiantes con recursos y competencias, para ser personas que se inserten en la sociedad con principios de “aprendemos cooperando y cooperamos aprendiendo”. Para conocer este particular modelo, su experiencia y sus potencialidades, conversaremos con Carlos Brenes, presidente del Consejo de Administración Coopejovo RL y el profesor Allan Marín.

Una sentencia emitida, en primera instancia, reconoció los derechos laborales de un conductor de Uber, estableciendo una relación y dinámica laboral, con lo cual se obliga a esta plataforma al pago de los derechos laborales tales como vacaciones, aguinaldo, seguridad social y pólizas de riesgos del trabajo. La discusión de años ha sido que estas modalidades de trabajo, conocidas como empresas de la economía colaborativa, aportan generación de trabajo, pero dada su naturaleza, con domicilio fuera del territorio nacional y con operación de varias personas jurídicas, pueden vulnerar aspectos fundamentales como la protección social y los derechos laborales. Se estima que en Costa Rica un alrededor de 30 mil personas serían conductores dentro de estas plataformas y unas 10 mil en funciones de repartidores, Esta sentencia marca un precedente regional y mundial. Sin duda tendrá un recurso de apelación, pero sigue la ruta de discutir y establecer condiciones para estas modalidades de trabajo. Para ahondar al respecto conversaremos con el Lic. David Delgado, de la firma Más Legal Asesores.

Vivimos tiempos de mucha información. Algunas falsas, otras a medias verdades y también las que nos confunden. Son tiempos, además, en los cuales debemos estar informados correctamente acerca del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), dada las circunstancias del contexto económico y financiero. Estar enterado de primera mano, con especialistas es importante, para no cometer errores y estar vigilantes de la seguridad de los dineros, que cada persona ha ido acumulando, para cuando pueda pensionarse. Estar alertas y con información certera es el tema que ampliaremos con Héctor Maggi, gerente de Operadora de Pensiones de la CCSS y Hermes Alvarado, gerente de BN Vital.

Tras el receso largo de Semana Santa, una vez más se enciende la alarma de cuántos estudiantes no van a regresar a clases. Los motivos pueden ser muchos, pero siguen acumulando las críticas condiciones que el sector educativo enfrenta. Esto se suma a la alerta de un posible cierre del Plan Nacional de Informática, que denunció la Fundación Omar Dengo en una comisión legislativa. De no renovarse el convenio por parte del MEP, un total de 230 mil estudiantes se afectarían. La tarea del Estado costarricense es mucha y sigue pendiente. Si bien es cierto que se debe priorizar, pero no se avanza en mejorar la oferta educativa, conectar la red educativa con banda ancha, corregir la formación del personal docente, optimizar la evaluación de los conocimientos, continuar con inversiones estratégicas. Una especie de parálisis, ante la aplicación de las acciones del actual gobierno, hace suponer que los permanentes señalamientos del Informe de la Educación van a seguir navegando en aguas que no lleven a buen puerto, a este factor determinante del fortalecimiento democrático, la paz, el bienestar de las familias y la competitividad. Para ampliar acerca de este tema conversaremos con la coordinadora del Informe del Estado de la Nación, Isabel Román.

La Campaña Nacional 1856-1857 es un hecho histórico que establece uno de los pilares fundamentales de la identidad costarricense. Conmemorar los 167 años de la Batalla de Rivas nos permite poner en perspectiva autocrítica las razones por las cuales no le damos la merecida celebración a nuestras fechas patrias, como la también recién pasada fecha de la Batalla de Santa Rosa. Rivas, fuera de nuestro territorio nacional, sin duda fue una victoria táctica militar estratégica, comandada por nuestro Héroe Nacional, Juan Rafael Mora, y un ejército férreo y convencido de la importancia de salvaguardar la libertad de nuestra región. Para reconocer este hito y sus implicaciones, conversamos con el historiador, Vladímir de la Cruz.

Un repaso por la historia de la Semana Santa en Costa Rica, nos ubica en aquella primera celebración (1526) en la Isla de Chira, Puntarenas. De ahí en adelante, reeditamos sus manifestaciones a lo largo de la época colonial y en nuestros días. Momentos de reflexión con personajes, tradiciones y significados, hasta llegar a conocer la creación y profundidad internacional de la obra costarricense, el “Duelo de la Patria” de Rafael Chaves Torres, que se escucha cada Viernes Santo. Este recorrido lo hacemos en nuestro Hablando Claro de este miércoles a las 8 a.m. con el historiador José María “Milo” Junco, por la 98.7 FM de Radio Columbia.

Una primera lectura de la Biblia nos da la impresión de que la figura de los hombres es preponderante frente a una menos prevalente, o acaso invisibilizada, de las mujeres. Pero ellas, laicas o religiosas, han venido desarrollando de manera progresiva espacios, pensamiento teológico, bíblico y de creación de comunidad, desde la perspectiva de género; lo cual debería fortalecer cambios de mentalidad de las relaciones sociales. Hacer una relectura de los textos y conocer esos procesos de cambio, particularmente respecto de cuán reales y sostenibles son, es lo que conversaremos con la Máster Silvia Regina de Lima Silva, directora de la Escuela de Ciencias Ecuménicas de la Universidad Nacional.

“La manera de muerte, desde el punto de vista médico-legal es homicida. Sin embargo, lo que no se ha podido determinar en el debate es que haya sido Pérez Hernández el autor. Desde ese punto de vista, no podemos asegurar que la manera de muerte desde el punto de vista jurídico sea la misma que la médico-legal”. Bajo el principio del in dubio pro reo (duda a favor del reo), establecido en Código Procesal Penal, el imputado del crimen de María Tacsan, debe ser considerado inocente, hasta no se declare su culpabilidad en sentencia firme. El juicio de este feminicidio, plagado de inconsistencias, ha deparado un enorme sinsabor con esa sentencia de primera instancia, que tampoco les reconoció a las actoras civiles (madre y hermana) los ₡100 millones que reclamaban por daños y perjuicios. Hoy la sociedad reclama que la justicia le ha fallado a María Tacsan y para mayor oprobio, sus familiares no cuentan con los recursos para enfrentar los altos costos del proceso judicial que debe continuar. Para ampliar detalles conversamos con Laura Tacsan, hermana de María y Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

Costa Rica tiene muy bien afinado su motor exportador: 4.500 productos, que salen a los mercados de 160 países mundo y le dan empleo a 700 mil personas. Con datos a diciembre pasado el sector ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 años del 44 % gracias al trabajo de 4.500 empresas, de las cuales, 82 % son pequeñas y medianas. Somos número uno en exportación de insumos médicos, partes de tecnología y en algunos productos agrícolas. Este dinamismo lo sigue imprimiendo la administración Chaves Robles, que ha tenido una amplia agenda de viajes en procura de atracción de inversiones y apertura de mercados. Para ampliar acerca de este tema y conocer nuevos anuncios en proceso, conversamos este viernes con el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Fotografía Kathia Meneses. Agricultores procedentes de todo el país, convirtieron la avenida segunda de la ciudad capital en un enorme surco para seguir sembrando los reclamos del abandono de la política pública agroalimentaria, que se profundiza ahora con decisiones como la ruta del arroz, la falta de ayuda técnica y financiera, así como con las temidas implicaciones de un eventual ingreso a la Alianza del Pacífico. A la marcha se unieron organizaciones sindicales, universitarias, gremiales y territoriales para aumentar el eco contra acciones que aseguran son atentatorias de la producción interna como motor de generación de empleo y también como soporte del dinamismo exportador del país. Reclaman, además, altos costos de producción, una feroz intermediación que gana en demasía por hacer lo menos, y que favorece a sectores importadores, al tiempo que desestimula al agro, razón por la que viven en una crisis permanente. Para ampliar acerca de los resultados de esta marcha y las acciones siguientes conversamos este jueves con Guido Vargas, Secretario General de UPA Nacional y con José Oviedo, del Movimiento Campesino.

En los últimos meses, lo hemos señalado en no pocas ocasiones: las democracias viven tiempos de turbulencia que las amenazan y debilitan sus instituciones. El asomo del autoritarismo precedido de acciones populistas que generan tracción de votantes agobiados por la falta de resultados de mayor bienestar económico, está dejando el paso libre a toda suerte de riesgos e inestabilidades. Ya sea Benjamín Netanyahu en Israel, impulsando una reforma que socavaría la independencia judicial, y las bases democráticas formales de un pueblo que estalló en las más grandes protestas de su historia, o Andrés Manuel López Obrador en México, impulsando una controversial reforma con la intención limitar las potestades del Instituto Nacional Electoral, lo que ha generado marchas en todo el territorio azteca, centenares de miles de ciudadanos están resistiendo a los embates de las tentaciones autocráticas que pretenden socavar los muros de la convivencia democrática. El informe “Libertad en el Mundo 2022: La expansión global de los gobiernos autoritarios”, realizado por Freedom House, enciende alarmas al señalar que hay condiciones que enfrentan las democracias que están siendo atacadas mediante la implantación de políticas antiliberales para corromper y destruir las instituciones explotando las deficiencias del sistema con tal de promover odio, violencia y excesos en el ejercicio del poder. Para hacer un repaso por este inquietante panorama global conversamos este miércoles con el relacionista internacional y Director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

La salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, sigue siendo materia prioritaria de análisis nacional en un contexto en el que, como hemos señalado ya en otras oportunidades, tanto el presidente de la República, como su actual presidenta Ejecutiva, vienen argumentando que la institución está quebrada. Y aun cuando más de 400 personas de 43 instituciones distintas, firmaron una carta abierta ofreciendo argumentos de lo contrario y llamando la atención acerca de lo peligroso de ese tipo de aseveraciones, lo cierto es que el debate está establecido. Tanto esas advertencias como las conclusiones de una reciente auditoría externa de la firma Deloitte, reconocen una sólida salud financiera y no un estado de quiebra. Claro que no se ocultan los enormes desafíos institucionales, pero no es posible bregar con ellos a punta de cuestionamientos que generen un debilitamiento narrativo, una suspensión del portafolio de inversiones en todo el país y la ausencia de claridad en temas vitales como la fuga de especialistas y las listas de espera. Para seguir con el dedo en el renglón conversamos este martes con Juliana Martínez Franzoni, connotada investigadora social e integrante de la Junta de Notables que hace exactamente una década (2013) emitió un centenar de recomendaciones para darle sostenibilidad de largo plazo a nuestra emblemática entidad.

Cada año, cerca de 2.5 millones de personas en el mundo sufren envenenamiento por mordeduras de serpientes y animales venenosos como arañas y escorpiones. De ellas, 120 mil personas pierden la vida y 300 mil sufren consecuencias físicas o psicológicas. Costa Rica cumple un papel primordial, como uno de los principales países productores globales de sueros antiofídicos. También en la atención anual de unas mil personas afectadas en nuestro propio territorio. El reconocimiento mundial es invaluable por el trabajo tesonero, innovador y pionero en esta área de la ciencia, que también fue visibilizado por el Jurado del Premio Nacional Magón 2022, al otorgar el mayor reconocimiento del Estado costarricense al Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez y a sus 40 años de trabajo en la Facultad de Microbiología y el Instituto Clodomiro Picado de la UCR. "Asimismo, ha llevado adelante un trabajo de diplomacia científica y cooperación internacional, que revela el valor cultural de la ciencia, especialmente en regiones y países con indicadores de desarrollo menores. Como maestro, ha formado a cientos de jóvenes científicas y científicos que, junto a él, han aprendido el valor cultural del conocimiento fundamentado, sometido a prueba y a crítica", estableció el jurado en su fallo. El premio honra su excepcional trayectoria en la construcción, conservación y expansión de la ciencia en Costa Rica y el mundo. Con el Dr. Gutiérrez conversamos en Hablando Claro.

El líder chino Xi Jinping camina como un aparente mensajero de paz, aunque su gesto de visitar Moscú fue un contundente espaldarazo a su homólogo Vladímir Putin, justo en el momento en que la Corte Penal Internacional lanzaba una orden de captura contra el autócrata ruso por crímenes de guerra. Al mismo tiempo, el Primer Ministro de Japón -otra de las potencias militares del mundo- le mostraba total respaldo al líder ucraniano, a quien visitó en Kiev para invitarlo a la próxima cumbre del G7 en la emblemática ciudad de Hiroshima. En tanto, el líder estadounidense, Joe Biden, continúa caminando con el mensaje de consolidación del bloque aliado antirruso. Putin se aferra a su guerra para demostrar poder. Zelenski insiste en la urgencia de mayor apoyo. El conflicto bélico da muestras de agotamiento. Vivimos tiempos convulsos y de reacomodo de las potencias mundiales, con la guerra, con los impactos sociales y económicos, por los efectos del cambio climático, con los desplazamientos migratorios, con la convulsión de las democracias, con un menor control de los conflictos y con permanentes amenazas para la paz, el desarrollo y el bienestar. Para poner atención en esta dinámica conversamos este viernes con el excanciller y exembajador, Enrique Castillo.

El periodismo investigativo riguroso, serio, apegado a datos y hechos verificables, le aporta vigor a democracias como la nuestra y, consecuentemente, refuerza la vigencia de los derechos humanos a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información que debe ser de conocimiento público. El Premio Nacional de Periodismo Pío Viquez 2022 reconoce al trabajo que investigó la estructura paralela del financiamiento de la campaña electoral, del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, esas calidades de idoneidad. La indagación recorrió la creación del fideicomiso Costa Rica Próspera, sus fuentes de financiamiento, la revisión de facturas, la constatación de hechos y los aportes económicos de una persona extranjera, entre otros hechos relevantes. Su impacto fue de tal calado que propició la investigación acerca de la posible comisión de delitos, en instancias administrativas, políticas y jurisdiccionales. El fallo claro y contundente del jurado calificador es un respaldo a la prensa libre e independiente, en tiempos de un ataque sistémico, como no se ha vivido nunca antes. De cómo se estructura una investigación de esta dimensión conversamos este jueves con el equipo periodístico ganador del premio conformado por Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, del diario La Nación.

“No puede ser que estemos entregados a la violencia y al crimen organizado”. Así se expresa la Presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, la abogada penalista Gloria Navas. Ese criterio lo comparten enormes sectores de la ciudadanía preocupados y atemorizados ante la creciente ola de inseguridad que obligó al Poder Ejecutivo a sumarse a iniciativas urgentes que plantearon el Poder Legislativo y el Colegio de Abogados. Para agregar al desconcierto, aún irritan los tímpanos las desafortunadas declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, que han generado un alud de críticas por su “recomendación” de conversar en las comunidades con personas dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos para que desistan de su actividad. La ciudadanía espera un mensaje claro de que se está abordando el tema, con propuestas y trabajo concreto y eficaz, que devuelva tranquilidad y sosiego y que permita recuperar espacios públicos hoy perdidos para la gente de bien, que constituyen la inmensa mayoría. Para eso se requieren reformas legales, presupuestos públicos, trabajo coordinado y acciones de prevención y represión. Profundizamos en el tema este miércoles con la legisladora Gloria Navas..

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está quebrada, insiste el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Otro tanto señala su presidenta Ejecutiva, Marta Esquivel. “La Caja no está quebrada ni está en una situación compleja a corto plazo”, aseguró su expresidente, Álvaro Ramos Chaves, ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público, la semana pasada. Que la Caja esté en crisis no es nuevo. Pero que esté quebrada es otra cosa. Recordemos que desde el 2010 se señaló una crítica situación debido al incremento de la planilla en más de 10 mil personas, con sus respectivos pluses e incentivos. Por otro lado, está el sempiterno tema irresuelto de la deuda del gobierno con la institución y aunque los últimos tres gobiernos (Chinchilla, Solís y Alvarado) han puesto recursos para abonar a ese gigantesco adeudo, la situación no encuentra correctivo final. Añadamos a lo anterior, la situación de los trabajadores independientes no asegurados, así como el inmenso contingente derivado de los ciudadanos del cada vez más grande mercado laboral informal. Ahora se paraliza la construcción de los hospitales de Cartago y Limón; junto con la suspensión de 45 edificaciones más, el estudio de 58, y sin definir el futuro de otras 230 obras. Todo con el argumento de que de seguir el ritmo establecido en el portafolio de inversiones, la institución se “comería” las reservas que le quedan en tan solo tres años. Por un lado, controlar los aumentos del gasto en pensiones y salarios, aunado al recorte de las transferencias del gobierno, pone el camino cuesta arriba. Por el otro, se afirma que las reservas del orden de ₡1,6 billones, (6,4 % del PIB) dan aún un margen de tranquilidad. Sin duda un tema complejo y de incuestionable interés para la ciudadanía, que abordamos este martes con Álvaro Ramos.

Una montaña rusa, con altos y bajos, así podría explicarse el balance de 10 meses de gobierno de la Administración Chaves Robles. Su popularidad se mantiene alta, a su gabinete pocos lo conocen y por lo demás, no les evalúan bien. Muchos de los decretos firmados han quedado hasta el momento en el papel. Un total 21 jerarcas que -como el mismo mandatario dijo- fueron escogidos con criterios de idoneidad y transparencia, han sido separados de sus puestos; el último, sin conocerse las razones, el presidente Ejecutivo de Incofer. El Mandatario no lo ha pensado dos veces para enfrentarse a los otros poderes de la República. Su fracción legislativa es la que menos proyectos ha presentado, mostrando mucho más las fisuras de una quiebra con el partido que los llevo al poder (Progreso Social Democrático) de cara a las elecciones municipales. Ni el candidato oficial a la Defensoría de los Habitantes lograron sacar. La inseguridad ciudadana se desborda en números rojos. La inversión social se reduce a márgenes muy preocupantes. Sectores que estaban callados le reclaman intervenir ante la caída del dólar y el reducido margen de disminución de las tasas de interés. Ahí se escuchan -ahora sí- el sector exportador, otras cámaras empresariales y organizaciones que atraen inversiones. El sector agropecuario le organiza una marcha para fin de mes. Pero nada de eso ha detenido sus ansías viajeras. Tres viajes a Europa, junto a otros destinos, marcan su pasaporte. Iniciamos semana con análisis de coyuntura con el analista, Rotsay Rosales.

A una semana de haber entrado en vigencia la Ley de Empleo Público, los claroscuros quedaron plasmados en las posiciones de críticos y defensores de la reforma. En el contexto inmediato, la reglamentación de la nueva ley vio la luz en la madrugada hace ocho días. Horas antes, pero en la noche, la Municipalidad de Cartago aprobó un mes de vacaciones para todo el personal, por la vía de la convención colectiva y para garantizar el privilegio a quienes tuvieran más de 10 años de laborar en ese gobierno local. Además, iniciando esta semana, el Consejo Universitario de la UCR definió que todo su personal sería exclusivo y excluyente; por la misma senda seguirían los otros centros de educación superior estatales. Para agregar complejidad al asunto, el Ministerio de Planificación emitió una clasificación de puestos con salarios globales temporales con rangos más bajos que los salarios mínimos que rigen actualmente. Y, para sorpresa de nadie, tres mil policías de la Fuerza Pública solicitaron ser excluidos de la ley argumentando que deberían cumplir con cuotas de detenciones, decomisos y apercibimientos. Por supuesto, la nueva legislación trae cambios, pero le quedan cuestiones pendientes que deberán definirse en su implementación. Para abordar el presente y el corto plazo de la primera ley marco de empleo público del país conversamos con uno de sus principales impulsores, el exdiputado Carlos Ricardo Benavides. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

En el mercado local el dólar mantiene su tendencia a la baja y parece que así seguirá, al menos hasta que no produzcan efectos las medidas que -se espera- anuncie el Banco Central esta misma noche. No sucede lo mismo -no hay manera- con los precios de todos los demás productos, bienes y servicios. Nada ha bajado de precio. Hasta ahora, el Central aplicó una política monetaria que ha mantenido altas las tasas de interés y el encarecimiento del crédito. Y si vemos hacia afuera, hacia el norte del continente, la quiebra de tres bancos en Estados Unidos tiene en ascuas a propios y extraños por las posibles repercusiones e impactos en un sistema financiero absolutamente interconectado. Si bien los cierres de los Bancos Silvergate, Silicon Valley y Signature se focalizan en el mercado de las criptomonedas y en una caída en la industria de la tecnología, lo que está sucediendo no deja de preocupar y repercutir en bolsas y mercados, pese al anuncio del presidente Joe Biden de que el sistema cubrirá todos los depósitos y la consiguiente solicitud de confianza en la solidez de los bancos estadounidenses. Y es que no es fácil confiar, pues la tormenta del 2008 está aún fresca en la memoria global. ¿Cómo seguir analizando estos vaivenes financieros? Lo vemos con el economista Gerardo Corrales..

Fuera de control y aumentando. Así está el tema de la inseguridad ciudadana. De acuerdo con los datos de los cuerpos policiales, lo poco que llevamos de este año ya se constituye en los días más violentos de los que se tiene registro con 264 homicidios. La violencia estructural pareciera estar ganando la batalla ante una condición crítica sobre la cual urge asumir responsabilidades y no intentar trasladarlas o evadirlas. La convocatoria del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a los jerarcas de seguridad del Ejecutivo y del Poder Judicial, para priorizar cinco reformas de ley que puedan presentarse pronto a la corriente parlamentaria para paliar la ola de asesinatos, obligó al mandatario Rodrigo Chaves a manifestarse en uno de sus habituales videos, para no quedar fuera de un tema tan sensible y por ello anuncio que también presentará a la Asamblea Legislativa el próximo mes de abril un paquete de reformas de ley sobre seguridad. Lo cierto es que no solo con cambios normativos y menos aún con declaraciones, se le podrá entrar a un problema que parece se le está saliendo de las manos al aparato represivo del estado. Para ahondar acerca del tema conversamos este miércoles con la ex presidenta de la República Laura Chinchilla.

“Buenas tardes, se informa que por nuevos criterios sobre Avancemos (nombre del estudiante) no seguirá recibiendo el beneficio. Consultas al 8000004627”. Este fue el correo que recibieron 113 mil familias, el mes pasado, informándoles que sus hijos e hijas no recibirían durante el este año la asignación que les permitiría asistir, permanecer o reincorporarse al sistema educativo. El año anterior, un total de 387 mil estudiantes recibieron esta asignación económica, que se otorga por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué está pasando y cuáles son esos criterios que implican un retroceso en una política social, que cuenta con mecanismos y sistemas de verificación técnica para su otorgamiento? Los nuevos parámetros fueron establecidos por el Consejo de Coordinación de Avancemos, órgano que está integrado por los jerarcas del MEP, el Ministerio de Trabajo y el IMAS, y cuya función es priorizar a quienes se benefician de este programa. Esto se suma al señalamiento de la Contraloría General de la República de que este año, el MEP tiene el presupuesto más bajo desde el año 2015, lo que tendrá impacto en rubros tan importantes como la alimentación, el transporte y otros subsidios. Para entender este tema conversamos con la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena.

Con 82 años recién cumplidos, este lunes la UCR inicia su curso lectivo. Y el martes la UNA celebra sus 50 años de existencia. Ambas universidades públicas, junto con el también cincuentenario Instituto Tecnológico de Costa Rica, están entre los mejores centros de educación superior de América Latina, por su excelencia académica, de investigación y de proyección social. Son verdaderos motores de movilidad social con su presencia territorial a lo largo y ancho del país, pero también son objeto de señalamiento por haberse constituido en instituciones que crearon un sistema de privilegios salariales, descuidando aspectos medulares como el fortalecimiento en la asignación de becas a estudiantes, así como mayores inversiones en infraestructuras y equipos. El papel y las repercusiones de las universidades públicas no pasa inadvertido y para ampliar sobre ello conversamos este lunes con los rectores, Francisco González, de la Universidad Nacional y Gustavo Gutiérrez, de la Universidad de Costa Rica.

Llegó el día de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, tras años de discusiones y disputas acerca de cómo ordenar los inmensos desajustes que han imperado en esta materia en las instituciones del Estado. Aprobada por la Asamblea Legislativa hace exactamente un año, modifica el actual salario compuesto (base más incentivos) por un salario global. Además, implementa variaciones en los procesos de reclutamiento y selección de personal, y establece cambios en despidos, ascensos, evaluación de desempeño, vacaciones y permisos. Este inicio es también la antesala de enfrentamientos de sectores e instituciones que usan todo tipo de mecanismos para quedar fuera de los alcances de la nueva legislación. Para cerrar la semana nos acercamos al tema con el abogado laboralista Roger Gutiérrez y el constitucionalista Rubén Hernández Valle.

La conquista de las acciones en defensa de los derechos humanos de las mujeres es una tarea permanente y sistemática. Echar para atrás no es viable. Fortalecer los espacios ganados debe ser siempre la ruta a seguir, pero sabemos que atravesamos tiempos complejos, tiempos en los que se exacerba el machismo y la misoginia para intentar invisibilizar políticas públicas que han mejorado la calidad de vida de las mujeres. Disminuir brechas educativas, sociales, económicas, tecnológicas y culturales debe ser el norte de una agenda fuerte, dinámica y potente. Para ahondar sobre estos temas conversaremos con la ex vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.

Mujeres empoderadas exigen igualdad de condiciones para el acceso a la educación, la salud y la justicia, para ellas y sus familias. Mujeres empoderadas se suman a acciones y proyectos territoriales, nacionales y globales, para sacarlos adelante. Mujeres empoderadas participan en política, ciencia, innovación, tecnología. Mujeres empoderadas le generan miedo a estructuras conservadoras y reaccionarias que ven en la reivindicación de sus derechos una amenaza a sus agendas. Mujeres empoderadas consolidan la democracia y sus instituciones. Para rendir homenaje a las luchas, las conquistas y repasar los desafíos en políticas públicas, para las 2.5 millones de mujeres de Costa Rica, conversamos este Día Internacional de la Mujer con la lideresa y experta global en cambio climático, Christiana Figueres Olsen.

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José condenó por el delito de difamación al periodista Marlon Mora, ex director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y abrió con esa decisión una peligrosa vertiente de amenaza contra libertades fundamentales en una democracia sólida y solvente como la costarricense. Expertos señalan que esta resolución incumple con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El juicio fue interpuesto por Juan Diego Castro, al sentirse ofendido por expresiones emitidas en un programa de la Radio UCR, cuando fue candidato presidencial del Partido Integración Nacional, a pesar de que las expresiones de los funcionarios públicos y de aspirantes a cargos públicos están sometidos a la crítica y el escrutinio con total amplitud, según la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello, esta sanción penal entraña graves consecuencias que implicarían la aceptación de mecanismos de censura previa, de autocensura, de control de los temas de interés público y, por tanto, afecta el derecho humano de la libertad de expresión. El caso, por supuesto, está aún lejos de terminar, pues el periodista apelará la sentencia, que en esta primera instancia lo condenó a publicar la extensa sentencia en un medio de circulación nacional, las costas del juicio y una indemnización de ₡15 millones. Profundizaremos este caso con Marlon Mora y con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

Este lunes conoceremos los resultados de un nuevo estudio especializado del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, focalizado en el comportamiento de las audiencias y su consumo de contenidos en plataformas digitales. Esta última versión incluye un apartado de violencia política contra las mujeres, particularmente un ranking de las cinco mujeres en política que han sufrido mayor cantidad de violencia digital. También, el estudio nos ofrece valoraciones de la figura del Presidente Chaves y el equipo de gobierno, en términos de la conversación digital, así como del comportamiento de las audiencias en las conferencias de prensa del Ejecutivo con un comparativo desde el inicio de la gestión. No adelantaremos resultados precisamente para conocerlos y ampliarlos con Christian Bonilla, Director del Observatorio Digital de la ULatina y con la especialista y promotora de legislación en violencia contra las mujeres, Nielsen Pérez.

Samuel Arroyo Valverde tenía apenas ocho años. Este jueves, su sobrecogedora despedida en el Cementerio de Zapote, marcaba en medio de un indescriptible dolor, la huella macabra de la muerte sin sentido de la violencia criminal que vive el país. Los datos de esa realidad son desoladores: Nuestra tasa de homicidios cerró en diciembre en 12,6 por cada 100 mil habitantes y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al sobrepasar 10 ya se debe considerar que el país atraviesa una epidemia. Hay identificadas 245 bandas criminales. Algunas desarticuladas, otras en un crudo enfrentamiento territorial, para asegurar la venta de drogas. En promedio, según los datos de enero, tenemos un asesinato cada 10 horas. De continuar esta tendencia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que el año finalizaría con 900 homicidios, una cifra inaceptable para nuestra democracia. Ante esta realidad, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad, que impactaría la visitación de turistas y la llegada de inversión. Especialistas sostienen que la situación es crítica y que, de no atenderse, podríamos estar en un punto de pérdida de control. Para ampliar este tema conversamos con Rodrigo Campos, Director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia.

Es la primera persona electa para un cargo mediante el mecanismo de voto público en la Asamblea Legislativa. Es la primera persona afrodescendiente en llegar a ser Defensora de los Habitantes de Costa Rica. Su elección viene a mostrar una fisura más, en la agrietada coexistencia de la fracción legislativa de gobierno. En lo inmediato hay que entender cómo logró mover el ajedrez político para lograr una mayoría legislativa, luego de más de dos meses en que el plenario se trabó en el proceso. En el corto y mediano plazo, cómo logrará llevar tranquilidad a la entidad y reparar los tejidos del deterioro de los últimos 4 años de este importante órgano de la institucionalidad nacional. Tras su juramentación conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

250 familias de 13 comunidades de San Carlos y la zona fronteriza norte están viviendo una emergencia de salud pública, que debe ser atendida con el sentido urgencia que la situación reclama. Para allanar cualquier duda al respecto basta conocer las 13 órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud dando cuenta de los impactos por la contaminación de mercurio en las fuentes de agua potable. Es el resultado constatado de la ilegalidad que ha campeado en la extracción minería de Crucitas. Análisis efectuados, desde marzo de 2022, dan como resultado peligrosos niveles de mercurio y cianuro en los acueductos de Llano Verde y Chamorro, muy por encima del valor máximo admisible para no causar daños a la salud de personas y animales. Pérdida de coordinación muscular, disminución del campo visual, pérdida de la memoria por daños en el sistema nervioso central, afectaciones cutáneas, problemas digestivos, complicaciones en los riñones, ojos, pulmones y en la capacidad de aprendizaje (sobre todo en menores de edad) son algunos de los efectos del consumo de agua con mercurio. El Concejo Municipal de San Carlos pidió al Ejecutivo declarar emergencia nacional la atención de la crisis sanitaria, pero aún no hay pronunciamiento al respecto. Para ponerle foco a este problema territorial conversamos con Juan Diego González, presidente del gobierno local sancarleño.

En la discusión nacional acerca de la urgencia de avanzar en la obra pública, el corredor vial San José- San Ramón se convirtió en un ícono. No es el único, claro, pero es uno de los que más nos recuerda nuestro subdesarrollo. Tras una década de haber sido interrumpida su construcción, esta importante ruta sigue naufragando en los vaivenes de la indefinición; solo logramos avanzar en las llamadas “obis” las obras impostergables realizadas en Heredia y Alajuela. En la discusión se enredan los pro y los contras de sectores por la figura de la concesión, de las alianzas público-privadas y más recientemente de la herramienta del fideicomiso. Pasan los años, las discusiones ideológicas y la carretera se posterga, se encarece y se desdibuja su horizonte. Anclar este tema nos permite abordar también otros retos actuales de la construcción de obra pública vial y lo hacemos con el economista y especialista en infraestructura Federico Villalobos.

La guerra entre Ucrania y Rusia ha reconfigurado los movimientos geopolíticos del tablero mundial y ha redimensionado también los papeles de los actores relevantes. Lo que se puede inferir es a los Estados Unidos liderando la coalición aliada, enfrentando de forma indirecta a Rusia. La Unión Europea revitalizada a la luz del conflicto y China ahora intentando mostrarse como una potencia confiable y no beligerante, con su esbozo de plan de paz que para los expertos, no lo es; justamente porque esta es una pugna que también tiene como marco la batalla entre las democracias y las autocracias. Hay mucho detrás del telón de la invasión sistémica de Rusia a Ucrania y para develar algunos aspectos relevantes conversamos con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Más de 19 mil víctimas civiles, entre heridos y muertos. Al menos ocho millones de personas desplazadas fuera de Ucrania por el conflicto. Una estimación de noviembre de Estados Unidos cifraba al menos en 200 mil los soldados caídos de ambos bandos. Familias divididas y fracturadas y ciudades devastadas en su infraestructura básica. Esos son los dramáticos saldos estimados al cumplirse el primer año de la invasión rusa contra Ucrania. Hoy, las dos partes evidencian un desgaste, sin capacidad ofensiva suficiente para acabar militarmente el conflicto. La invasión arroja consecuencias globales con huellas en lo histórico, cultural, energético, alimentario y geopolítico. Y arranca el segundo año con signo de interrogación, aunque los expertos advierten que el final de esta guerra sinsentido aún no se observa cercano. Vladimir Putin fracasó en sus intentos de reducir exportaciones de gas y a cuenta de su debilitamiento militar y aislamiento internacional, ha incrementado la retórica anunciando la “suspensión” de Rusia del Tratado de Armas Nucleares con Estados Unidos. Y Washington junto a los aliados europeos, han renovado en el marco de este primer aniversario su apoyo a Kiev. Pero nada es absoluto, solo las muertes, los desplazamientos y el dolor. ¿Cómo entender el inicio de este segundo año y sus implicaciones? Lo conversamos con Carlos Cascante, especialista en Relaciones Internacionales.

La educación pública de Costa Rica, como fundamento de nuestro sistema democrático, constituye hoy una materia con nota deficitaria. La Administración Chaves Robles presentó en días recientes la llamada Ruta de la Educación, que a juicio de personas expertas, incluyó acciones que se venían desarrollando ya, pero también nuevos ejes, como por ejemplo, dos pruebas nacionales estandarizadas, el requisito de saber leer y escribir para pasar a segundo grado, la universalización de la conectividad y la alimentación en preescolar y primaria y la oferta de menores cargas administrativas, para los docentes. Sin duda un reto nacional que, una vez presentado, nos obliga a ahondar en cómo ha sido recibido, en el sector. ¿Quedó clara la ruta para todos los actores? ¿Tiene financiamiento? ¿Están listas las plataformas para las pruebas digitales? Los detalles los ampliamos con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro.

Junio 2022= El dólar llegó casi a ₡700. Febrero 2023= El dólar se cotiza a ₡558. Con datos del Consejo Nacional de Producción (CNP): Enero 2022= un kilo de huevos costaba ₡1.615 Enero 2023= un kilo de huevos costaba ₡2.407 Estos dos productos nos delimitan las dudas, que, en comparación de un año a otro, tiene la ciudadanía acerca de los vaivenes y oscilaciones de los precios y el elevado costo de la vida. ¿Por qué si el valor del dólar baja, no se siente una reducción en las tasas de interés y en productos de la canasta básica? ¿Qué está pasando con la economía en este arranque de año? Con las condiciones actuales es necesario construir los escenarios posibles para los próximos meses, que ayuden a tomar decisiones personales, familiares y nacionales. Para ahondar en este tema tan relevante conversamos con el economista y empresario Luis Mesalles.

Costa Rica decidió jugar en las grandes ligas del escenario mundial, siendo parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, junto a la Asamblea Legislativa, hicieron el trabajo para lograr la adhesión. Ahora el gobierno de Rodrigo Chaves recibió la primera evaluación de este organismo, que promueve buenas prácticas desde la política pública para promover la mejora del bienestar económico y social. El resultado de este examen nos enfrenta a un informe que detalla desafíos, recomendaciones y fortalezas, muchas de ellas ya estudiadas y diagnosticadas. Pero es omiso en cómo implementar áreas de mejora, que impongan acciones por desarrollar. Para enfocar esta evaluación y sus implicaciones conversamos con el economista Víctor Umaña.

A casi un año de la Administración Chaves Robles ya su estilo es más evidente: -El presidente como un actor relevante, que impone temas y fechas para cumplir acciones a sus jerarcas. -Separación de jerarcas que lo enfrentan o invitación a salir, a quienes no dan la talla a sus exigencias. En promedio dos por mes (total 20 en 10 meses). - Confrontación directa con representantes de los supremos poderes del Estado. - Una débil negociación en la Asamblea Legislativa. - Presentación casi nula de proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo y la fracción oficialista. - Poca tolerancia y descalificación a las instituciones o personas que le investigan, señalan o cuestionan. - Promoción directa de un conflicto y amenazas veladas con algunos sectores de la prensa y periodistas. - Defensa a sectores productivos que por ahora le son afines. - Actitud recurrente de trasladar culpas a otros, sin asumir las propias responsabilidades, como el reciente caso de la inclusión de Costa Rica en la lista gris de la Unión. Europea. -Puentes de diálogo debilitados, otros que se han dinamitado y por delante tres años de gestión gubernamental que podría navegar en aguas tranquilas o turbulentas, con implicaciones de mediano y largo plazo. Y en el muy corto plazo, el horizonte de las elecciones municipales. Ahondaremos con el politólogo, Sergio Araya.

Y de repente nos sorprende, en la discusión nacional, un tema del cual debemos aprender, para entender. Resulta que Costa Rica fue ingresada a una lista de países no cooperantes, por decisión de la Unión Europea. Hoy se nos cuestiona la insuficiencia de los esfuerzos y transparencia en la lucha fiscal. Es un tema que tiene una perspectiva técnica y otra política. Para que no nos metan diez con hueco, hay que abarcar ambas. Lo primera, la técnica, la abordamos con preguntas básicas, para ampliar qué significa formar parte de la llamada lista gris, cuáles condiciones hemos incumplido, cuáles son los componentes de la decisión y cuáles sus implicaciones. Este ejercicio inicial, lo haremos con el especialista en derecho tributario, Felipe Guevara.

La Expo Construcción 2023 abre una ventana de oportunidades, para quienes tienen en sus planes el proyecto de construir, comprar, remodelar o hacer mejoras de sus viviendas. Financiar el sueño y hacerlo realidad es uno de los procesos y decisiones más importantes por los que pasamos las personas y las familias, pero además tiene una importante incidencia en la economía, la reactivación, el encadenamiento y la generación de empleo de la sociedad en su conjunto. Un total de 26 empresas desarrolladoras, con proyectos habitacionales en todo el territorio nacional y 15 entidades financieras, ya están en el evento. Una de estas entidades es el Grupo Mutual, que con su presencia nacional, planes y acciones es un actor de esta industria tan dinámica. Con Mayela Rojas, su Gerente General.

Fotografía Antonio Meneses - SINART.S.A El deslizamiento ocurrido en los exclusivos condominios Altos de Leonamar, en Punta Leona de Garabito de Puntarenas es un evento que permite abrir un análisis multidisciplinario de lo sucedido. Señalar solo la concurrencia de eventos naturales, no debería ser la respuesta única, pues podría obviar otras eventuales responsabilidades. La alta pendiente, así como la abundante cobertura vegetal, los espesores de suelo con importante contenido arcilloso y las intervenciones para la apertura de caminos y construcciones en las zonas de montaña, generan una elevada susceptibilidad al deslizamiento cuando no se realizan de manera adecuada, es decir, con ángulos óptimos, correctos manejos de aguas y obras, según concluye un estudio de la Comisión Nacional de Emergencias remitido la semana pasada al alcalde Tobías Murillo y al Comité Municipal de Emergencias, que aún no se han pronunciado sobre el deslizamiento que obligó al Ministerio de Salud a ordenar el desalojo inmediato de siete viviendas y la demolición de cinco de ellas. ¿Cuánta responsabilidad le cabe a empresas desarrolladoras y a toda la estructura inmobiliaria que es un componente importante de esta industria? Para delimitar áreas de acción, competencias y obligaciones que no se pueden soslayar conversamos con el experimentado ingeniero civil Jaime Molina, quien fuera en su día presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, así como Presidente de la Organización de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y El Caribe.

La devastadora cifra de 36,000 personas fallecidas a una semana del doble terremoto, así como de los cientos de miles más que enfrentan todo tipo de afectaciones y la destrucción de viviendas e infraestructura general, constituyen un impacto histórico desgarrador. Los sismos y sus implicaciones en Turquía y Siria nos deben servir -por doloroso que resulte-de lecciones aprendidas para apuntalar acciones de prevención y atención de emergencias. Costa Rica se ubica en una zona de alta vulnerabilidad tectónica y de eventos hidrometeorológicos, que nos obligan a reforzar la gestión integral en todo el territorio nacional. Para ampliar acerca de este tema conversamos con el experto en gestión del riesgo, Máster Alexander Solís, ex presidente de la CNE y el Doctor en Ingeniería Estructural, Miguel Cruz.

Otra perspectiva del mapa de la desigualdad de Costa Rica nos delimita una desafortunada realidad que es también una desafiante circunstancia con implicaciones sociales y económicas. Turrubares, Limón, Matina, Garabito, Guácimo y Puntarenas son los distritos con las más altas tasas de homicidios del país. Coinciden algunos de ellos también primeros en otros tipos de delitos. Pero además coinciden en que se ubican en zonas periféricas, costeras y con bajos índices de desarrollo humano. Sin duda esta es una bomba de tiempo social que explota en rezago, poca competitividad, menos fuentes de empleo y deterioro generalizado. “Es impostergable romper con el círculo vicioso… (que señala que) el menor desarrollo humano alimenta la criminalidad, a la vez que la criminalidad se traduce en menor desarrollo humano”, concluyeron los investigadores de un estudio reciente de este tema. Abarcaremos raíces, situaciones e implicaciones con uno de ellos, el Dr. Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, responsable de la evaluación.

Primero fueron presos políticos en cárceles o arrestos domiciliarios. Ahora son condenados como “traidores de la Patria” y enviados al destierro. En ambas situaciones una constante prevalece: ser férreos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y, por tanto, haber sido perseguidos, torturados y despojados de sus mínimos derechos de ciudadanía. Lo cierto es que 222 personas, recobran su libertad y abren un nuevo episodio en la historia reciente de Nicaragua, avasallada, maltratada y ocupada por un gobierno, que con el poder que tiene, trasgrede toda norma y procedimiento democrático y de respeto a los Derechos Humanos; a tal punto que de manera expedita modificó la Constitución Política, para quitarles la nacionalidad Pero esto no cierra lo que está sucediendo y lo que vendrá: -El secretario de Estado, Antony Blinken sostiene que Estados Unidos seguirá vigilante en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, pero además, hace un guiño a la posibilidad de conversaciones con el régimen. - Permanecen aún 38 personas detenidas. - No hay claridad de las negociaciones para esta liberación. - Líderes a lo interno y externo reclaman un proceso para restaurar la democracia y las libertades. - ¿Qué pasará con los grupos opositores, dentro y fuera de Nicaragua? Para ahondar acerca del panorama y las incidencias de este hecho relevante conversaremos con el politólogo, Alberto Cortés, y con la exdiputada nicaragüense, Edipcia Dubón.

La noticia del día, de la semana, del mes, y puede ser del año, en lo que a nuestro istmo centroamericano se refiere, este jueves 9 de febrero, más de 200 presos políticos nicaragüenses, 222 para ser exacto, fueron liberados esta mañana. Algunos de ellos tenían más de 600 días privados de su libertad. Fueron enviados en un vuelo chárter con destino a Washington D.C. donde serán puestos en libertad. Cambiamos nuestros planes de hoy y dedicamos nuestro Hablando Claro con el politólogo Sergio Araya Alvarado, a esta noticia que hemos esperado por mucho tiempo.

Inequidad y desigualdad. Expresadas en un coeficiente de Gini que pasó de 0.45 a 0.52 en tres décadas. ¿Y esto cómo se entiende y cómo se explica? Pues en que Costa Rica -nuestra democracia bicentenaria- es de los países más desiguales del mundo. ¿Y cuáles son las razones estructurales que nos llevaron a esta deshonrosa realidad?: Disminución de la inversión social, grupos que se han beneficiado y se siguen beneficiando con políticas públicas como las cuestionadas exoneraciones, sectores productivos a los que el modelo económico colocó del lado de los victoriosos, mientras otros “aruñan para sobrevivir”, según apuntó recientemente Ottón Solís, quien además recriminó una vez más, el costo inmenso de un aparato estatal ineficiente que ostenta duplicidad de funciones y privilegios excesivos. Precisamente con el economista Solís Fallas nos conectamos este miércoles vía Zoom para ahondar en las nada sorprendentes razones de nuestra profunda desigualdad social y en las acciones correctivas que debemos acometer para procurar el bienestar común que le dé sentido y razón de ser a la democracia.

Fotografía Antonio Meneses - SINART.S.A Las vulnerabilidades medioambientales no distinguen condiciones sociales, económicas, ni territoriales. Los impactos que provocan los eventos naturales, aunados al manejo irresponsable de los seres humanos en nuestra relación con el uso y abuso del suelo, pasa facturas. Ahora le tocó el turno a un complejo de condominios, valorados hasta en $1 millón. Toca entonces poner el dedo en la llaga para determinar si hubo ausencia de estudios geotécnicos, mal manejo de las aguas pluviales y de desecho, permisos de construcción permisivos, sobrecarga por edificaciones, degradación del entorno… Lo sucedido en el residencial Altos de Leonamar obliga a poner las barbas en remojo a la Municipalidad de Garabito y su plan de desarrollo urbano; pero también a instituciones de prevención y atención de emergencias; organismos de control y empresas desarrolladoras. Aún están muy frescas las desgarradoras imágenes de lo sucedido a varias familias, durante el invierno anterior, en Aserrí, Desamparados y varias zonas del país. Por eso analizar las responsabilidades compartidas, de este evento en particular, no se puede soslayar. Y mucho menos -como nos hemos ido acostumbrando- quedarnos solo en la lamentación. Con el geólogo especialista en fragilidad ambiental Allan Astorga lo analizaremos en Hablando Claro.

La conclusión del índice de Percepción de la Corrupción del año 2022 es desalentadora: no ha habido cambios significativos de mejoría en 11 años consecutivos a nivel global. A esto se le suma que vivimos en un mundo más violento, que alimenta esta práctica. Costa Rica no escapa a esta realidad, al obtener una nota de 54 que se convierte en la segunda peor de su historia, colocándola como una democracia deficiente. Las razones de esta caída se deben a la calificación obtenida en estabilidad económica, política y ambiental. Mientras tanto, el Foro Económico Mundial nos dio la peor calificación en defensa ambiental. A la lista se suman casos de corrupción en instituciones públicas, sobre los cuales no se establecen responsabilidades; así como las investigaciones acerca de irregularidades con estructuras paralelas y financiamiento en las pasadas elecciones presidenciales. Contradictorias, como son algunas de las reacciones del presidente Rodrigo Chávez, no es clara su intención de descalificar el tema al señalar que “la corrupción en Costa Rica no es tan peor”, pese a insistir que su mandato es una lucha frontal contra este flagelo social. Ahondaremos acerca de este tema con Eduardo Núñez, Director del National Democratic Institute for Internacional Affairs (NDI) y especialista en temas de seguridad ciudadana, integridad pública y combate a la impunidad.

¿Por qué hay ciudadanos que aceptan acciones antidemocráticas de sus gobernantes, incluso a pesar de que apoyan la democracia como sistema político? A partir de esta pregunta sustantiva, la destacada politóloga Tatiana Benavides Santos nos plantea el porqué del éxito que están teniendo en varias democracias liberales los autócratas y los gobernantes con comportamientos autocráticos. Para empezar la conversación: cuando hablamos de democracia hoy, ¿todos estamos partiendo de la misma definición? ¿No será que acaso ha cambiado la comprensión de ese concepto sustantivo? Cerramos nuestra semana de décimo sexto aniversario de Hablando Claro con la especialista en ciencia política Tatiana Benavides.

Tomando como punto de referencia los últimos 16 años, desde que Hablando Claro salió al aire en febrero del 2007, han pasado cuatro administraciones y estamos en el inicio de la quinta. Ya hace 17 años que la Unidad Social Cristiana quedó fuera del poder. Liberación dejó de gobernar en el 2014 y el PAC, que terminó apenas en mayo pasado, perdió hasta su representación legislativa. Tal es la crisis de los ya viejos partidos políticos del país; al punto que hoy por hoy el único partido político tradicional, estructurado y con visión programática que le queda a Costa Rica es el Frente Amplio. Mientras tanto, como es un hecho político incontrovertible, el actual presidente don Rodrigo Chaves llegó al poder gracias a un partido taxi que, de acuerdo con el último informe de opinión pública del CIEP-UCR, 9 de cada 10 ciudadanos no sabe cómo se llama. Claro que en esta coyuntura lo anterior podría considerarse un dato insignificante a juzgar por el hecho de que, incluso, los inquilinos de la Casa Presidencial están organizando una nueva agrupación para concurrir a las municipales del año entrante y, presumiblemente, a las nacionales del 2026. ¿Qué hace una democracia clásica representativa para remozarse, si tiene partidos políticos enfermos y nuevas divisas partidarias en constante formación y disolución? Lo conversamos este jueves en nuestra semana de aniversario con el politólogo Roberto Gallardo y el periodista Álvaro Murillo.

En febrero del 2007 empezaba a derrumbarse la democracia venezolana, pero no advertíamos aún que tan profundo caería. En ese año también Costa Rica aprueba el CAFTA mediante referendo. Nos enfrentamos y nos dividimos. Eran los pasos iniciales de la polarización. En 2008, una crisis inmobiliaria en Estados Unidos repercute en gran parte del planeta. En 2010 doña Laura Chinchilla se convierte en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la República y es también el inicio de la profundización de la fragmentación política. Emergían con fuerza incontenible las redes sociales y la gobernabilidad se tornaba mucho más compleja. En el 2011 Nicaragua invade la Isla Calero. En el 2012 se produce el gran terremoto de Nicoya. En el 2014 el Partido Acción Ciudadana rompe el bipartidismo de 40 años. En el 2016 el país debe atender varias emergencias, la peor de ellas una sequía que no se había tenido en 78 años; erupciones permanentes del volcán Turrialba y el paso del huracán Otto. Y ese año en el mundo, Gran Bretaña acuerda salir de la Unión Europea y Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. En el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva planteada por Costa Rica, resuelve a favor del matrimonio igualitario. Ese año también se consolida la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y en el mes de diciembre, muy cerca del precipicio fiscal, se aprueba Ley de Consolidación de las Finanzas Públicas. En el 2020 se declara la pandemia mundial por el virus del SARS-CoV-2. En el 2021 se inscriben 25 partidos en un proceso electoral marcado por la insatisfacción social, política y económica. En el 2022 Rusia invade Ucrania y en nuestro país, Rodrigo Chaves gana las elecciones y conforma un gobierno sin partido, sin visión programática y de -cada vez más- abierta confrontación con otros poderes del estado. Estos son solo algunos de los hitos que han marcado estos 16 años desde que Hablando Claro se inició el 1 de febrero de 2007. Este miércoles repasamos algunos de esos acontecimientos con los periodistas Armando Mayorga, jefe de redacción de La Nación, Boris Ramírez Vega y Vilma Ibarra.

¿Cuánto ha cambiado el quehacer de la prensa en los últimos años (particularmente desde la irrupción de los nuevos ecosistemas de la digitalización) y cómo ejercer hoy las desafiantes obligaciones de informar con responsabilidad y apegados a nuestros valores éticos, bregando en el inmenso océano de la desinformación? En el marco de nuestra celebración de 16 años Hablando Claro apoyando la deliberación democrática conversamos con dos periodistas de la nueva generación que va tomando la estafeta para liderar los medios de comunicación de nuestro país. Jimena Soto es una de ellas. Con doce años de experiencia, se inició como reportera política, trabajó luego en el Semanario El Financiero y desde hace 10 años trabaja en CRHoy, el medio que dirige desde el 2021. Otra es Hulda Miranda, periodista también con doce años de experiencia, que empezó como reportera y editora en La Nación, editora de investigación del Semanario Universidad y actualmente Coordinadora editorial del espacio informativo y de entrevistas a fondo "Interferencia" de la Radio Universidad de Costa Rica. Además, es estudiante avanzada de la carrera de derecho en la misma casa de estudios. Con ambas conversamos este martes acerca del oficio y sus desafíos.

La desinformación es uno de los males de estos días en el planeta. En términos sanitarios podría decirse que es una pandemia. Era un virus existente desde siempre que estaba contenido, hasta que un día logró encontrar el caldo de cultivo necesario para extenderse a placer. Y hoy campea en el territorio de las democracias. Y no se ha descubierto ningún tipo de vacuna o tratamiento para conculcarla. El recientemente publicado informe de los Desafíos Democráticos de América Latina 2023 lo enumera como uno de los 10 peligros latentes y lo tipifica como "Polarización y noticias falsas". Claro, porque hoy día ya no puede verse la desinformación sin sus causas y consecuencias. ¿Se puede contrarrestar la desinformación, especialmente cuando procede de fuentes oficiales autorizadas? ¿Cómo le ayudamos al ciudadano a separar paja de grano? ¿Sobrevivirá el periodismo y sus principios clásicos de precisión y corrección en la presentación de los hechos noticiosos, cuando brega todos los días en el mundo de la desinformación y cuando, además, los muchos de sus medios (tradicionales y modernos) viven bajo el ataque de la descalificación permanente? Eduardo Ulibarri, periodista y autor del libro "Realidades Embusteras, un análisis crítico de la desinformación" nos abre la semana de nuestro aniversario número 16.

En la confirmación inequívoca del momento desafiante que viven las democracias de la región, encontramos una guía plasmada de una dura realidad en el recientemente publicado informe de Riesgo Político América Latina 2023 del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cuáles son los riesgos sustantivos identificados? Solo enumerarlos basta para entender la dimensión de los retos inmediatos que tenemos: 1.- Crimen Organizado 2.- Retroceso democrático 3.- Gobernabilidad compleja 4.- Nuevos estallidos de malestar social 5.- Crisis migratoria 6.- Inseguridad alimentaria 7.- Polarización y noticias falsas 8.- Pérdida de competitividad 9.- Aumento de ciberataques 10- Debilitamiento de la integración regional. Para ampliar sobre los tópicos sensibles de nuestro devenir inmediato, este viernes conversamos con Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

En lo que a muertas violentas se refiere, el balance costarricense muestra importantes grados de deterioro. Tanto, que la tasa de homicidios del año recién pasado, alcanzó su máximo nivel en la historia, con una tasa de 12,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto es peligroso si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuando un país sobrepasa los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, ya pasa a una condición de epidemia de salud pública. Y en la última década, nosotros hemos cedido terreno a la criminalidad violenta, pues los homicidios aumentaron 6 a 1 respecto del crecimiento de la población. En otras palabras, mientras la población aumentó apenas un 10% los homicidios se dispararon 60%. Nuestra situación es coincidente con la zona en la que vivimos. América es el lugar más violento (sin considerar guerras ni terrorismo) del planeta. Por ello, no es de extrañar que el crimen organizado sea considerado hoy como el desafío democrático más severo que debe enfrentar el continente en este año. ¿Cuáles son en nuestro caso los disparadores de la situación? ¿Cómo revertir esas cifras y contener con mediano éxito la criminalidad viviendo en una zona de enorme actividad de trasiego de drogas y lavado de activos y en un continente cada vez más marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades? Conversamos con el especialista en seguridad Álvaro Ramos Rechnitz.

El círculo que volvió a Fujimori. Ya Perú padecía todas las secuelas del resto del mundo en su economía debido a la pandemia, la dislocación de las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania y la inflación del año pasado. Pero ahora además enfrenta (y resiste) una espiral de confrontación política y violencia social sin visos de solución. Ya van siete semanas desde que el aciago 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo, emulando al todopoderoso de los años 90, Alberto Fujimori, declara la disolución del Congreso y un gobierno de excepción. Fue cuestión de horas y los acontecimientos se precipitaron. Castillo no tuvo apoyo del ejército, fue depuesto y encarcelado. En su lugar asumió el cargo su hasta entonces Vicepresidenta Dina Boluarte, quien había dicho que si Castillo caía se iría con él. Ese es parte ahora del reclamo que le hacen los seguidores del destronado maestro y dirigente sindical de enorme sombrero y muy escasas luces, que llegó a ser mandatario unos tortuosos meses. Aquello desde entonces se ha convertido en una conflagración in crescendo. Hoy se habla de Perú como una nación parcialmente paralizada. ¿Se imaginan un país que es 25 veces más grande que Costa Rica y con una población de 34 millones de habitantes, parcialmente estancado? Los muertos de las protestas son al menos 54. Se acusa al aparato represivo de criminalizar las protestas bajo acusaciones de supuesto terrorismo; una palabra que es parte de la historia misma que cuenta este maravilloso pero sufrido país andino. Por su parte, los manifestantes no ceden e insisten en la salida de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadísimas. ¿Cómo enfrentar el multimillonario costo en todos los ámbitos de este caos instalado? ¿Cuáles pueden ser las posibles claves de salida de esta aguda crisis? Le damos una mirada al conflicto peruano con la voz autorizada de Luis Santiago Giacoma, Catedrático en Derecho Internacional y Director de Análisis Político del Instituto de Estudios Estratégicos de Perú. Además, especialista en temas de seguridad nacional.

Una evidencia del peligro democrático de nuestros días, es el ataque contra instituciones fundamentales para el equilibrio del sistema de pesos y contrapesos que caracterizan su funcionamiento. Específicamente vemos lo que sucede en los poderes judiciales y electorales. Cinco casos recientes en nuestro continente no dejan duda respecto del desafiante momentum que obliga a la vigilancia y también a la acción para sostener el entramado democrático, hoy bajo asedio. En Estados Unidos (bajo Trump) en El Salvador, México, Argentina y Brasil, los últimos años y los últimos días, nos dejan ver que la solidez y la solvencia de las instituciones judiciales y electorales, están sufriendo, como nunca antes, un embate para procurar su debilitamiento, en lugar de su fortalecimiento. Los matices son muchos, por supuesto, entre cada caso. El punto común es que en los cinco se trata de gobiernos emanados de las urnas y, por tanto, con legitimidad de origen. ¿Por qué sucede esto y cómo entenderlo para no profundizar la crisis democrática, sino más bien atajarla? Lo conversamos con el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y el ex presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado.

Todo hace indicar que el Ejecutivo está ejercitando el arte de generarse sus propias e innecesarias crisis. De una estrategia comunicativa que incluso analistas serios calificaban no hace mucho como eficaz, terminamos el 2022 y empezamos el 2023 con sendas meteduras de pata. Para circunscribirnos a lo inmediato, el anuncio de Hacienda de su política de cero tolerancia contra el fraude fiscal terminó el viernes en desastre y es noticia en desarrollo. No tenemos ni idea (aún) de lo que se pudo haber decidido (conste que no hacer nada al respecto también sería una decisión) tras el chaparrón que le cayó al ministro Nogui Acosta, cuando la Fiscalía General de la República confirmó 24 horas después del anuncio del supuesto mega caso de defraudación por 11 mil millones de colones contra el BCT y Leonel Baruch, que la desestimación de tal denuncia había sido comunicada desde el 9 de enero al mismísimo Director de Tributación Mario Ramos. El jerarca hacendario dijo que este lunes hablará al respecto. Mientras ese hecho se desarrollaba en Hacienda, en el Congreso el que encendía las luces era el joven y generoso millonario costarricense De Sheng Lin Hu que trataba sin éxito de convencer a los diputados (habría que agregar al país entero) de que de sus también generosos padres extranjeros le regalaron 150 millones de colones que él decidió invertir en la compra de bonos de la campaña del hoy partido oficialista. Según Sheng su idea era ganar mucho dinero con los bonos tipo B que adquirió, pero el negocio le salió mal, dado que Progreso Social no accedería a tanta deuda política y, en el mejor de los casos, perdería unos 17 millones. En el mejor de los casos, pues el Tribunal Supremo de Elecciones no creyó esa versión y por eso envió el expediente al Ministerio Público. Según el TSE podría tratarse de una inversión en la que extranjeros inhabilitados para contribuir en campañas políticas en nuestro país, habrían cometido un delito electoral. En medio del escabroso asunto está el tesorero de campaña y actual vicepresidente, Stefan Brunner, que tomó sin pensárselo dos veces el cheque que le entregó el joven por los 150 millones cuatro días antes de la segunda ronda electoral. Ambos temas serán parte del menú de entrada de la semana en el Congreso y el Ejecutivo, y nosotros los abordamos con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Tres casos calificados como de "mega evasión fiscal" fueron dados a conocer por las autoridades del Ministerio de Hacienda este jueves. Se trata de supuestas evasiones ocurridas entre 2008 y 2015, 2016 y 2018 y que ahora constituyen -según el anuncio efectuado- el caballo de batalla de una estrategia remozada de lucha contra la evasión. Aunque en la conferencia de prensa no se especificaron nombres de personas físicas o jurídicas o denominaciones comerciales, si trascendió que el caso principal, por la supuesta evasión de 11 mil millones de colones, involucraba a una persona física vinculada a un banco privado. Horas después, la Fiscalía General de la República confirmó que el expediente 22-000070-0621-PE fue abierto el año pasado y que los denunciados son Baruch Golderg, Barrantes Paniagua y las empresas Beta Matrix Costa Rica S.A., Corporación BCT y las Subsidiarias de la Corporación BCT en Panamá. Antes de la confirmación del Ministerio Público, el BCT emitió un comunicado señalando que en 45 años de operación, habían cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Tributación informó que tiene 23 casos abiertos en la Fiscalía General por 27,405 millones de colones y que en menos de un mes presentarán tres casos más por 6,370 millones. Sobre el denominado "fraude complejo" cerramos nuestro Hablando Claro de la semana con el titular de Hacienda, Nogui Acosta.

Hace apenas siete meses eran muchos los que pegaban el grito al cielo por el elevado precio que alcanzaba el precio de este producto sui géneris del mercado. Sí, el dólar llegaba a tocar el techo de los 700 colones. Para ser exactos llegó a 596.76. La recomendación entonces para todos aquellos que tenían deudas en esa moneda, era colonizar los créditos. Hoy, la historia es muy diferente. Los que están viendo el precio del dólar con preocupación son los exportadores y los operadores turísticos. Esta vez la ecuación va en sentido contrario. El dólar ha ido cayendo paulatina pero decididamente. Este martes el tipo de cambio fue de 570 colones; el más bajo de los últimos dos años. Obviamente, si el precio del dólar se mantiene a la baja, es porque hay muchos billetes verdes en el mercado. ¿Y por qué ocurre esto? Las razones son muchas. Las explicó este miércoles el Banco Central, que además rebatió la crítica de que no interviene ahora con tanto énfasis en el mercado de divisas para detener la caída, como lo hace habitualmente cuando el tipo de cambio tira al alza el precio del dólar. De esto y más conversamos con el economista Fernando Rodríguez.

"Desde que usted es jerarca de tan importante institución, no se ha podido garantizar una asesoría de alta calidad científica que permita al personal de primera línea de defensa contra COVID-19 ni a la población costarricense tomar decisiones ni medidas adecuadas en la prevención y mitigación de estas enfermedades. Además, en los últimos meses, su gestión se ha convertido repetidamente en objeto de informes engañosos e incorrectos, se han brindado recomendaciones y cambiado medidas sin revisión ni validación por el grupo técnico". Hasta el lunes le alcanzó la paciencia (¿impotencia?, ¿Frustración?, ¿Indisposición?) a la PhD Eugenia Corrales para seguir formando del Comité Técnico en Infecciones Respiratorias del Ministerio de Salud y así se lo hizo saber a la ministra Jocelyn Chacón en una carta que dice todo en ese único párrafo. Parece que no hacía falta más, sin embargo, en sus declaraciones de las últimas horas la Dra. Corrales, una de las virólogas más formadas y reconocidas del país, dejó claro que los ataques a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), el "receso lluvioso" de octubre pasado y la reciente directriz de prueba negativa a personas provenientes de varios puntos asiáticos, le dejaron claro que no tiene caso pertenecer a un grupo asesor que no asesora. La dimisión de la experta se produce en plena alerta de la Caja Costarricense del Seguro Social por el incremento en hospitalizaciones derivadas de Covid 19. El Dr. Pedro González, Director de la Red de Servicios de Salud, dijo que el aumento de hospitalizaciones, tanto en salas como en cuidados intensivos, empezó desde la primera semana de diciembre y no se detiene. Con la Dra. Corrales Aguilar conversamos en Hablando Claro.

Decir que la democracia occidental continúa en picada, virtud a la erosión que padece, es como llover sobre mojado. Pero es un tema tan relevante que nos acompañará recurrentemente todo este 2023. Para peores, lejos de poder respaldar con taludes de crecimiento económico la disconformidad de millones de los demócratas que aún persisten en medio de los cantos de sirena del populismo y la entronización de autoritarismos, cada vez son mayores las brechas de la desigualdad. Y, entonces, una válvula de escape en forma de protesta política, cobra fuerza. Así vemos cómo sigue Perú incendiado. Como persisten los temores en Brasil y como se acrecienta la polarización en prácticamente todos nuestros entornos. Mientras tanto, continúa inmisericorde la guerra en Ucrania. Un ataque el domingo a un edificio residencial dejo al menos 40 muertos y otro tanto de desaparecidos. Reino Unido decidió mandar tanques de combate los ucranianos y Alemania pidió crear un tribunal internacional para perseguir los crímenes de guerra de los rusos que, junto con su aliado de Bielorrusia, atemoriza aún más con ejercicios aéreos conjuntos. Este es parte del deprimente escenario internacional y lo analizamos con el experto Carlos Murillo Zamora

Luz Mary Alpízar no es una legisladora más. Su actuación puede ser muy discreta, pero es ella quien manda en Progreso Social Democrático (PPSD), valga decir rigurosamente hablando el partido de gobierno, aunque sean otras personas quienes lleven la voz cantante del oficialismo. Por primera vez accede a una entrevista para abordar temas candentes como la decisión de “facilitar” la agrupación que ella creó a Rodrigo Chaves, las investigaciones de una estructura paralela que podría terminar en delito electoral, el destino de los dineros de la deuda política, los ataques internos al PPSD, la creación de otro grupo político para atraer a sus mismos copartidarios, la aparente estructura de troles y páginas digitales para desacreditar, desprestigiar y señalar a instituciones y personas como ella misma, y cómo convive en un permanente rumor de quiebre de la fracción oficialista en el Congreso. Con Luz Mary Alpízar conversamos en Hablando Claro.

Era cuestión de días. La presencia de la subvariante ómicron XBB 1.5, hasta ahora la más transmisible del SARS-CoV-2, ya está oficialmente confirmada en el país, de acuerdo con las pruebas científicas del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Inciensa. Los confirmados fueron tres costarricenses que no habían viajado al exterior, y enfermaron desde mediados de diciembre, razón por la que es altamente probable que ya desde antes la subvariante estuviera circulando aquí. La XBB 1.5 no es más agresiva o letal que las anteriores versiones, pero se propaga con enorme rapidez. Mientras esperamos por lo menos un mes más para que ingresen al país las primeras nuevas vacunas llamadas "bivalentes", que en todo caso serán únicamente para grupos específicos, tendremos entonces que repasar con mayor atención el manual de medidas de protección del que casi todos nos deshicimos tan pronto como pudimos. China es un espejo crudo de la situación hoy, pues tras haber pasado de la condición asfixiante de tolerancia cero, liberó todos sus controles de la noche al día y hoy está enfrentando problemas con la cantidad de pacientes hospitalizados y muertos por Covid 19. Claro que la situación ahí no resulta comparable con la nuestra, pero repetimos, hay que repasar el libreto de los cuidados, incluyendo la vacunación, que por ahora solo es obligatoria para personal de salud, empleados públicos y menores de entre 12 y 17 años. Increíblemente, los papás no están obligados a vacunar a los más pequeños. Cerramos nuestro Hablando Claro semanal con el epidemiólogo Juan José Romero.

La saga irrita y, peor aún, todavía no termina. La primera comparecencia del trol separado de la estructura organizada que, según su propio decir bajo fe de juramento, opera para atacar a figuras políticas de oposición y a periodistas cuyas líneas de trabajo se adversan -supuestamente desde el oficialismo- continuará la próxima semana en la comisión legislativa especial que investiga el financiamiento paralelo de la pasada campaña electoral. A falta aún de pruebas concluyentes, hubo recriminaciones de un lado y otro, se confirmaron ya antagonismos evidentes y afloraron nuevas rupturas políticas. En seguimiento al tema político coyuntural del momento, conversamos este jueves con el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles.

Bajo la sugestiva designación de "Cumbre de los Tres Amigos", México fue escenario este noticioso martes del encuentro de los mandatarios Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Un augurio de buenos propósitos frente a los grandes desafíos de la esquina superior del continente. ¿Qué dejó en concreto la connotada cita? En el sur, mientras tanto, arde casi todo. En Brasil, los ecos del asalto a las instituciones democráticas del domingo y el temor de nuevas asonadas mantienen en vilo a gran parte del mundo. Los detenidos llegaron a 1,500 y aunque varios centenares fueron liberados, aún queda un millar bajo arresto. Un exministro de la administración anterior fue detenido por su participación en los hechos y Jair Bolsonaro, anuncia que adelantará su regreso al país, mientras el Presidente Lula da Silva conduce la primera crisis de su tercer mandato. Perú, que no encuentra tranquilidad tras la salida del poder de Pedro Castillo de nuevo vive toque de queda. Esta vez en la región Aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde -por cierto- también continúan manifestaciones que nuevamente terminaron en enfrentamientos. Volviendo a Perú, hasta ahora ascienden a 47 los muertos por las protestas del último mes. Y el gobierno de Dina Boluarte requiere un balón de oxígeno para sostenerse y por ello busca un voto de confianza del Congreso. Como si lo anterior fuera poco, en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez denunció un complot atentatorio contra su vida. Sin mencionar nuestros propios y peculiares sobresaltos políticos, esto es algo de lo que sucede solo en las últimas horas y de lo que pretendemos abordar con el politólogo Jesús Guzmán.

No hubo sorpresas en la primera conferencia de prensa del año del Poder Ejecutivo. El presidente de la República acudió a su estrategia habitual: atacar a un sector de la prensa y también a un sector de la oposición política, escudarse en sus índices de popularidad y ratificar el valor de la lealtad de su círculo más cercano, en el que se encuentra indudablemente la titular del ministerio de Salud. En efecto, Jocelyn Chacón fue confirmada en el cargo como había trascendido extraoficialmente desde que el fin de semana se había anunciado la esperada conferencia que dirigió y condujo el mismo don Rodrigo Chaves. Y en lugar de aclarar los vínculos con el andamiaje de troles que hacen eco de la comunicación gubernamental, hubo una repetición de insultos contra CRHoy, La Nación y Canal 7. No faltó sorna, chota y sarcasmo. Tampoco adhesiones de medios alternativos de comunicación de los ya habituales en las conferencias oficiales. Tampoco hubo ninguna noticia de las permutas que suenan respecto de otros ministros del gabinete no tan cercanos al Mandatario. Sobre la relación con la prensa, una de las particularidades del ejercicio de esta administración, conversamos con la nueva presidenta del Colegio de Periodistas, Yanancy Noguera y el también experimentado colega Boris Ramírez Vega.

El mundo democrático occidental condenó este domingo el asalto de los ultra bolsonoristas al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasil con la impensable pretensión de lograr la caída del Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien apenas el pasado primero de enero, asumió la conducción gubernamental en el llamado país continente de América Latina. Lo que pasó en las últimas horas podría considerarse inédito, si no fuera porque justo el viernes pasado Estados Unidos recordaba el capítulo más oprobioso del ataque democrático, al conmemorar dos años de la toma del Capitolio, justamente en un intento de los ultra radicales trumpistas para que se abortara la confirmación de Joe Biden como el legítimo Presidente de los Estados Unidos. Lo cual, nos presenta fuerte y clara, la dimensión del asalto democrático que estamos viviendo. Biden, por supuesto, fue uno de los líderes que condenó los bochornosos sucesos en Brasil y aseguró que el apoyo de la potencia del norte a los cariocas es "inquebrantable". El mandatario estadounidense estuvo este domingo en la línea fronteriza de El Paso (Texas) y llegó luego a la capital mexicana para tomar parte en la Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que une este lunes el Primer Ministro de Canadá, Jeastin Trudeau, para abordar candentes asuntos de migración, economía y política de la región. Con el experto Constantino Urcuyo Fournier enfocamos la sonada actualidad de las últimas horas en el continente.

¿Se trataba de una componenda cualquiera como las que se ven todos los días en redes sociales para desacreditar enemigos? O ¿se trata más bien de una estructuración orquestada desde el más alto nivel del poder para manipular a la opinión pública? O acaso, ¿hay una especie de gestión conspirativa que pudiera colocarse en medio de los dos extremos anteriores? Durante ya tres semanas, un escándalo que detonó la propia ministra de Salud a propósito de la ruptura de la relación contractual con su propio mercenario digital, ha escalado hasta colocarnos en una trama novelesca a la que cada día se le agrega un nuevo capítulo. No pretendemos colocar la zaga en el nivel de la penetración funesta que sufrió Estados Unidos en las elecciones del 2016 a favor Trump o al grado de la injerencia algorítmica ampliamente demostrada en el referéndum por el Brexit en 2017. Pero lo cierto, querámoslo o no, es que hoy tenemos abundantes elementos fácticos para reconocer que la democracia costarricense también está siendo amenazada a partir de redes de odio, mensajes políticos dirigidos a la descalificación con mercenarios digitales que están disparando a la institucionalidad para afianzar figuras o pseudo líderes salvadores en el pináculo de las esperanzas de un segmento muy voluble de la opinión pública. El escándalo obligó el miércoles (acaso tardíamente) a la Casa Presidencial a intentar desmarcarse de la “acción unilateral”, según dijo, de funcionarios públicos, que contrataron servicios para sus campañas de odios y apoyos incondicionales. Pero el desaguisado está lejos de terminar. Cerramos nuestra semana Hablando Claro con los experimentados comunicadores Esteban Mora y Boris Ramírez.

Que las democracias padecen importantes desafíos para su sostenibilidad no es ninguna revelación novedosa. Es más bien el signo de los tiempos. La cuestión es que si observamos la realidad circundante, encontramos que particularmente en nuestro Istmo, el asunto no es que no avanzamos, sino peor aún, que retrocedemos. Procesos regresivos y abiertamente autocráticos están poniendo en jaque las exiguas posibilidades de que lleguemos a ser una región desarrollada, sostenible e inclusiva. Tampoco esto es una novedad. Para el experto Alberto Mora, hay muchos factores estructurales que conspiran; entre ellos, un círculo perverso de élites que han concentrado el poder económico y político obstaculizando políticas redistributivas a favor del desarrollo humano sostenible. Por supuesto, ello ha impactado la consolidación de las democracias. De acuerdo con el Instituto de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) en Nicaragua se instauró en régimen autocrático, mientras en El Salvador y Guatemala el Estado de Derecho es rehén de los poderes ejecutivos. En Honduras se recuperó la integridad del voto, pero la independencia de poderes es aún sumamente frágil. Y si bien, Costa Rica, Panamá y República Dominicana son naciones democráticas, hay malestares sociales difusos que generan grandes desafíos. ¿Puede la región encontrar la vía para salir del oprobio de la pobreza, la desigualdad social y la extrema vulnerabilidad ambiental que permitan consolidar democracias eficaces y efectivas? Lo conversamos con Alberto Mora, coordinador del Informe Estado de la Región.

El año que estrenamos no ofrece buenos augurios económicos. Por el contrario, será como una cuesta de enero extendidísima, marcada por una desaceleración simultánea en las tres economías más grandes del planeta (Estados Unidos, China y la Unión Europea) lo que hará entrar en recesión a una tercera parte del globo. Y según la líder del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva, la situación será todavía más grave para los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Ni qué decir para las naciones con severos problemas de endeudamiento. Para el economista José Luis Arce, lo que dice la Directora del FMI significa que el flagelo inflacionario seguirá presente, con la consecuencia de que se mantendrán políticas monetarias restrictivas y condiciones crediticias todavía más duras. Y en lo local, el desafío será entonces intentar conjurar la inflación sin afectar sustancialmente el crecimiento y acometer los retos políticos que entraña el proceso de ajuste fiscal aún en curso. ¿Y cómo nos afectará esto en nuestras economías personales y familiares? Lo conversamos con José Luis Arce, economista.

Al iniciar este nuevo calendario, las novedades locales nos colocan básicamente en primera línea de notas rojas (sucesos) siempre dolorosas. Nos referimos particularmente a accidentes caseros, de ahogamiento y los desgraciadamente infaltables de carretera. Y en cuanto a la política doméstica, el que más y el que menos, podrá situar la crisis ocasionada por el pago descubierto a mercenarios en redes sociales, como la piedra en el zapato para la administración Chaves Robles, incluyendo no solo a la titular del Ministerio de Salud, sino a la poderosa jefa de la bancada oficialista. ¿Será que el Presidente decide al fin dejar de cargar con el lastre político que le significa sostener a la Ministra Chacón en su cargo? ¿O seguirá confiando en su buen respaldo de popularidad como líder de gobierno para seguirla escudando? ¿Puede la Sra. Cisneros seguir siendo la jefa de la bancada con el desgaste que también sufre? ¿Seguirá siendo parte de una comisión parlamentaria que ahora podría investigarla? Por ahora, todo ello no está en debate abierto. Las aguas están calmas. No otra cosa podría esperarse de este receso extendido en el Ejecutivo y el Legislativo que no regresarán a labores sino hasta el próximo lunes. Ahí sí, cabría esperar que se abran fuegos, particularmente en el Congreso, dado que al escándalo del trol desertor, se sumó la burda campaña troles asiáticos, incidiendo en la política local, como quedó al descubierto luego del ataque que recibió la semana pasada el diputado opositor Ariel Robles. ¿Cómo cerró el año político y cómo se proyecta el año en que se abren los fuegos para las elecciones municipales de inicios del 2024? Lo abordamos con el politólogo Gustavo Araya.

¡Feliz 2023! Con un sentimiento de gratitud por el privilegio de encontrarnos aquí y ahora, iniciamos un nuevo calendario. Un año -como todos- lleno de desafíos. Pero también como todos, anclado en la esperanza y la ilusión de un buen viento de cola para impulsar nuestros anhelos. Vivimos en medio de ceremoniales. Los de la despedida del año viejo son significativos, especialmente en lo personal y lo familiar. Pero también en lo colectivo. El primer día del año saludó a los brasileños con un nuevo gobierno y aunque por primera vez en décadas el mandatario saliente no estuvo en la ceremonia de investidura, nunca antes en Brasil se habían dado cita tantos mandatarios para celebrar -en este caso- el tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva. Para comentar cómo cerró el año en términos de política internacional y cómo saludamos el nuevo ciclo, les invitamos a acompañarnos este lunes 2 de enero con el periodista, ex embajador y agudo analista, Eduardo Ulibarri.

En estos días siempre especiales del año que ya vamos despidiendo, desde Hablando Claro les deseamos mucha paz, serenidad y el equilibrio necesario para encontrar la armonía interior que nos conduce al crecimiento, la alegría, la satisfacción, la realización y la plenitud del proyecto siempre inacabado de cada una de nuestras vidas. Y para apuntalar esos buenos deseos les compartimos conversaciones reflexivas sobre temas siempre necesarios de refrescar para afinar las herramientas y mejorar la calidad de nuestros días: Lunes 26: El Arte de Vivir Bien: libertad y límites. Martes 27: Resiliencia: la capacidad para la superación. Miércoles 28: Aceptación y compromiso y su vínculo con la salud mental y emocional. Jueves 29: Bienestar (estar bien) y la motivación en el año que inicia. Viernes 30: Habilidades para la Vida Buena. Con nuestros buenos amigos, Mauricio Corrales, Milton Rosales y Rodrigo Sánchez.

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En estos días siempre especiales del año que ya vamos despidiendo, desde Hablando Claro les deseamos mucha paz, serenidad y el equilibrio necesario para encontrar la armonía interior que nos conduce al crecimiento, la alegría, la satisfacción, la realización y la plenitud del proyecto siempre inacabado de cada una de nuestras vidas. Y para apuntalar esos buenos deseos les compartimos conversaciones reflexivas sobre temas siempre necesarios de refrescar para afinar las herramientas y mejorar la calidad de nuestros días: Lunes 26: El Arte de Vivir Bien: libertad y límites. Martes 27: Resiliencia: la capacidad para la superación Miércoles 28: Aceptación y compromiso y su vínculo con la salud mental y emocional Jueves 29: Bienestar (estar bien) y la motivación en el año que inicia Viernes 30: Habilidades para la Vida Buena. Con nuestros buenos amigos, Mauricio Corrales, Milton Rosales y Rodrigo Sánchez.

En estos días siempre especiales del año que ya vamos despidiendo, desde Hablando Claro les deseamos mucha paz, serenidad y el equilibrio necesario para encontrar la armonía interior que nos conduce al crecimiento, la alegría, la satisfacción, la realización y la plenitud del proyecto siempre inacabado de cada una de nuestras vidas. Y para apuntalar esos buenos deseos les compartimos conversaciones reflexivas sobre temas siempre necesarios de refrescar para afinar las herramientas y mejorar la calidad de nuestros días: Lunes 26: El Arte de Vivir Bien: libertad y límites. Martes 27: Resiliencia: la capacidad para la superación Miércoles 28: Aceptación y compromiso y su vínculo con la salud mental y emocional Jueves 29: Bienestar (estar bien) y la motivación en el año que inicia Viernes 30: Habilidades para la Vida Buena. Con nuestros buenos amigos, Mauricio Corrales, Milton Rosales y Rodrigo Sánchez.

En estos días siempre especiales del año que ya vamos despidiendo, desde Hablando Claro les deseamos mucha paz, serenidad y el equilibrio necesario para encontrar la armonía interior que nos conduce al crecimiento, la alegría, la satisfacción, la realización y la plenitud del proyecto siempre inacabado de cada una de nuestras vidas. Y para apuntalar esos buenos deseos les compartimos conversaciones reflexivas sobre temas siempre necesarios de refrescar para afinar las herramientas y mejorar la calidad de nuestros días: Lunes 26: El Arte de Vivir Bien: libertad y límites. Martes 27: Resiliencia: la capacidad para la superación Miércoles 28: Aceptación y compromiso y su vínculo con la salud mental y emocional Jueves 29: Bienestar (estar bien) y la motivación en el año que inicia Viernes 30: Habilidades para la Vida Buena. Con nuestros buenos amigos, Mauricio Corrales, Milton Rosales y Rodrigo Sánchez.

El óleo de millones de la monárquica autocracia Catarí le ha provocado una vergüenza más al mundo y concretamente al mundo político de la Unión Europea, penetrando nada más y nada menos que su Parlamento. En estos días Bruselas es el epicentro de la conmoción. Hay implicados eurodiputados y un puñado de asistentes que si bien es cierto no llegan más que una veintena (en una institución de 750 funcionarios) han dejado al descubierto un foco de contagio de corrupción, fraude y lavado de dinero. A la vista saltan los fajos de billetes encontrados que ya suman 1.5 millones de euros que los Cataríes repartían en la euro cámara y en organizaciones no gubernamentales, a fin de lograr que se "edulcoraran" (es el término que se ha usado) las resoluciones sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos en la suntuosa petro nación. La investigación de Bruselas llevaba cuatro meses y corre detrás de la muy conocida indagación de Estados Unidos sobre la irregular asignación de este mundial ya en fase final. Así que mientras esperamos el encuentro Croacia-Marruecos y el desenlace Argentina-Francia, nos asomamos al abismo de la corrupción. Con el periodista Amado Hidalgo, agudo seguidor de estos malolientes tópicos.

Finalmente se impone la fiesta. Mejor dicho la locura de la celebración. Los argentinos están en la final. Palidece entonces la crisis político-jurídica que ha vivido el país en los últimos días por la sentencia contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay crisis también en Perú y algún nivel de agitación que desea mantener vivo el saliente presidente Bolsonaro en Brasil... En fin, la polarización que no sorprende. Y aunque el eje futbolero del planeta en su conjunto también está atravesado por agudas controversias que ahora sitúan el epicentro del último escándalo en el Parlamento Europeo por la onda expansiva del Catar Gate, la atención se dirige inevitablemente al momento de dirimir quién será el rival de los americanos. Hablamos nuevamente de política y fútbol. Con los comunicadores tico argentinos Ernesto Rivera y Saúl Buseta.

Álvaro Ramos Chaves se desempeñaba como Experto Técnico en Financiamiento de la Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo. Lo hacía desde la sede central de ese organismo mundial con sede en Ginebra, Suiza. Sobra decir, que era un importante cargo con proyección de crecimiento. Pero un día recibió la llamada del electo presidente de Costa Rica y no pudo decir que no al ofrecimiento de regresar al país para ser el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Podríamos decir que lo demás es historia, como se acostumbra. Pero no. Todavía a este amargo relato de su vida le faltan capítulos. Ahora el Mandatario, que lo elogió como uno de sus fichajes, lo quiere ver ante los tribunales. O es lo que se supone. Porque anunció que lo va a demandar; aunque no lo ha hecho.

¿Qué relación tiene la corrupción con la paz, la seguridad y el desarrollo? Ese es justamente el planteamiento que formuló Naciones Unidas para la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra Corrupción de este 2022. Y en punto a nuestra realidad, ¿en qué situación nos encontramos para enfrentar este flagelo? Conversamos este lunes con Evelyn Villarreal, directora de Costa Rica Íntegra, una organización no gubernamental que da seguimiento a los desafíos que impone la tarea prioritaria de contar con mecanismos efectivos de denuncia y sanción de los siempre -e inevitablemente presentes- actos de corrupción en la acción pública y la esfera privada.

El financiamiento electoral y sus siempre urgentes reformas (pendientes o en proceso). Un tema de siempre que altera y condiciona el sistema de partidos políticos, la cancha de la disputa electoral y la salud de las democracias. También, por supuesto, en Costa Rica es un asunto de primera línea. Y lo conversamos con un conocedor de la materia, el politólogo Rotsay Rosales.

Cuando estemos celebrando en el mundo judeocristiano la Natividad el próximo 24 de diciembre, justo ese día, los ucranianos estarán llegando al décimo mes de la terrible invasión a su territorio por parte de la bota soviética. Lo que Putin no contó nunca, es que pese al desmembramiento de familias, el dolor, la angustia sin límites y pérdida de sus vidas, los valerosos ucranianos no solo resistirían por larguísimos diez meses ya este ataque, sino que le infligirían un daño irreparable a su proyecto político y sus ínfulas imperiales Este miércoles la prestigiosa Revista Time declaró a Volodimir Zelensky y al espíritu del pueblo ucraniano como el personaje mundial del año 2022. Y no hubo duda ni discusión. El presidente de Ucrania pasó de líder político a líder político-militar y su proyección es de tal magnitud que la única interrogante es si será un personaje anual o pasará a ser en los libros de historia un personaje del siglo. Como lo fue en su día, Winston Churchill. Con Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, analizamos 10 meses de la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Es usted de los que recibió -o recibirá en los próximos días- el aguinaldo y ya lo había gastado por anticipado? En ese caso, tal vez, llegamos tarde con nuestra propuesta temática de miércoles en Hablando Claro. Nuestro propósito es intentar ayudarle a clarificar sus gastos y poner en perspectiva real sus ilusiones, planes y propósitos. Sabemos que es algo difícil en no pocos hogares y presupuestos familiares, pero siempre abona al principio de racionalidad y contención, escuchar desde el conocimiento experto la mejor forma de conducirnos en los vertiginosos días que corren antes, durante y después de la Navidad. Conversamos entonces con el economista Danilo Montero, Director de la Oficina del Consumidor Financiero.

Más allá de la ostentación y el glamour que entraña este mundial de Qatar, más allá de los interesantísimos cotejos y las emociones de victorias y derrotas, de estrellas y goles de infarto, el encuentro futbolístico es al mismo tiempo espejo y vitrina de la política. Cuando Estados Unidos derrotó a Irán para sacarlo de la ronda hoy en juego, cientos de miles de ciudadanos iraníes festejaron la derrota en las calles de Teherán. ¿Algo inaudito, verdad? Cuando millones de ciudadanos chinos ven el mundial por televisión y constatan a multitudes en "normalidad", unen a sus frustraciones todo el cúmulo de represión de la política de tolerancia cero del covid del régimen de Beijing y se lanzan a las calles a protestar. No era la única razón para explotar. Pero fue una de las que detonó las manifestaciones días atrás. Hablamos de geopolítica del futbol con el Dr. Constantino Urcuyo.

Sin libertades no hay democracia. Es simple y contundente. Y cuando millones de personas que gozan de vivir en las libertades básicas de pensar, opinar y transitar, cuestionan las garantías y privilegios de disfrutar esas prerrogativas constitucionales, muchas veces pierden de vista cuáles son los basamentos mínimos, sólidos y profundos, que sostienen un andamiaje tan complejo y al mismo tiempo delicado, como el edificio democrático. Venezuela, por ejemplo, fue, en tiempos que parecen muy lejos, una democracia en América Latina. Y los venezolanos, dramáticamente y a un costo monumental e incuantificable, la perdieron. ¿Es posible recuperar una democracia malograda? Vemos el espejo de esos hermanos sudamericanos, con el lente agudo de Luz Mely Reyes, Directora de Efecto Cocuyo, una organización que agrupa a periodistas venezolanos que lleva ocho años desafiando el hostigamiento y la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Porque cuando se pierde la libertad de prensa, es cuando empieza el fin de la democracia.

Es, sin duda, el hito histórico que marca de manera más contundente el ADN de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad y del legítimo orgullo de ser costarricenses. Se nos reconoce así en el mundo entero y eso es motivo de inmensa satisfacción, pero lo más importante es que sepamos aquilatarlo, traerlo a valor presente de manera permanente para recordarnos de qué somos capaces. En el 74 aniversario de la abolición del ejército, recordamos la visión de nuestros antecesores para renovar nuestros compromisos para con la Patria. Con la historiadora Mercedes Muñoz Guillén conversamos en Hablando Claro.

Este mes de noviembre, que ya cierra, marcó el hito de contarnos como parte de los ocho mil millones de habitantes que habitamos nuestra casa común. Somos, claro está, un punto diminuto del globo terráqueo. Y no solo eso, nos resultará lentísimo y tal vez imposible llegar a sumar los 6 millones. Esto es así por cuanto nuestra tasa de fecundidad es una de las más bajas del mundo y todo pareciera apuntar a que ni siquiera con el soporte de la natalidad de la población migrante que hace parte de nuestro conglomerado poblacional podríamos alcanzar una tasa suficiente para llegar (como se estimó allá por el 2018 cuando alcanzamos los 5 millones) a adicionar un millón más en el 2046. ¿Y por qué sucede esto? Y más aún, ¿por qué es importante considerar la variable demográfica para hacer sostenible nuestra convivencia y pacto social? Un tema apasionante del que debemos aprender mucho. Lo abordamos este miércoles con el experto demógrafo Luis Rosero Bixby.

En nuestro análisis de coyuntura política local, observamos al cierre de noviembre los hechos más relevantes de previo a la necesaria tregua de aguinaldos, tamales y felices ajetreos navideños. Sobresalen entre los ejes más significativos la muy tranquila aprobación del presupuesto nacional para el 2023 y el acuerdo político para la aprobación de cinco mil millones de dólares en colocación de bonos de deuda externa. Y en cuanto al control político, lo más importante pareciera ser la deriva de un tópico que por su naturaleza es al mismo tiempo de coyuntura pero también estructural en todas las democracias: el financiamiento electoral. Y de manera concomitante, es ineludible referir, hacia el cierre del año, el decisivo curso de acción del Poder Ejecutivo para afinar sus herramientas comunicativas de cara al horizonte de las elecciones municipales del 2024. Todo ello lo analizamos con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Mientras el mundo miraba embelesado el inicio del mundial de Qatar, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) concluía días atrás en Egipto con resultados aceptables; especialmente considerando el escepticismo previo. Resultados centrados en la posibilidad de un fondo que ayude a los países más afectados por el cambio climático a compensar esos daños, más algunos mensajes sobre aceleración de las energías renovables. Queda, por supuesto, mucha tarea por delante y muchos detalles que concretar sobre los acuerdos alcanzados, más allá de las fotos y las promesas, porque ya hay antecedentes de pactos incumplidos en estas cumbres y siempre es difícil meterse en las billeteras de los países. Costa Rica tiene especial interés en estos mecanismos, lo sabe bien el ex ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, principal ejecutivo del mayor sustento contra el calentamiento planetario, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Con su mirada sobre lo que vio en Egipto, pero también sobre lo que no ocurrió y debía ocurrir, lo invitamos a Hablando Claro.

Al profundo e inexplicable dolor de perder por un terrible feminicidio a su hija Karolay Serrano Cordero, doña Rosemarie Cordero y su familia, tuvieron que enfrentar no solo la angustia de los seis meses que tardó la búsqueda de sus restos, sino también el estigma y el odio de inmisericordes personas en redes sociales que hicieron todo tipo de juzgamientos irrepetibles sobre el caso. Karolay solo tenía 26 años de edad. Un día salió de su casa con su novio y nunca más regresó. Dejó una hijita de apenas tres años. Este viernes 25 de noviembre, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, honramos la memoria de Karolay y de todas las féminas asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, y levantamos la bandera para seguir luchando por una vida en libertad y con dignidad para todas. Conversamos con doña Rosemarie Cordero y con Aurora Camacho, especialista en igualdad de género y violencia contra la mujer del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Noreena Hertz una reconocida economista británica, afirma que vivimos una epidemia de aislamiento, de desconexión. Vivimos, dice ella, en el siglo de la soledad. Se trata de un asunto de no poca importancia. Tanto que en el Reino Unido en el 2018 y en Japón en el 2021, se crearon sendos ministerios de Soledad. La soledad, por supuesto, daña mucho a los adultos mayores en nuestras sociedades, pero aunque parezca difícil de creer es a los jóvenes a quienes más afecta. ¿Cómo recuperar nuestros vínculos? ¿Qué relación guarda la soledad y el aislamiento con el surgimiento de los populismos de derecha? ¿Cómo convertir la soledad en cercanía, en empatía, en comprensión, en caridad y en solidaridad? Acerca de la soledad como estigma y como fracaso personal que afecta nuestra salud personal y nuestro sistema político social, conversamos este jueves con Alberto Rojas, sociólogo, comunicador y teólogo de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional.

¿Qué hay más allá del hecho (por decir lo menos curioso) de que un sujeto asiático de tan solo 26 años sea el propietario de la cadena de tiendas SYR de las que ahora tenemos conocimiento y constatación de una increíble cantidad de vulneraciones no solo a derechos mínimos laborales, sino incluso a Derechos Humanos? Casi una decena de instituciones gubernamentales participan de la investigación de un caso inédito que ciertamente causa estupor e indignación; aunque tampoco podamos llamarnos a ingenuidad. Hay múltiples violaciones en los complejos mundos de los muchos mercados laborales nuestros. Hoy, sí, en pleno siglo XXI. Hablamos del tema este martes. Con el Ministro interino y el Viceministro de Trabajo, Luis Paulino Mora y Walter Villalobos, respectivamente, y con el politólogo Eugenio Solano, director de la Policía Municipal de San José.

¿Lo han estafado con una simple y al mismo tiempo sofisticada llamada telefónica? ¿Quiénes están detrás de estas nuevas formas de asalto bancario? El largo, doloroso y re-victimizante camino de las víctimas de asaltos cibernéticos desde el testimonio de dos valientes mujeres que fundaron el "Movimiento de Gente Estafada en los bancos de Costa Rica" En Hablando Claro conversamos con Carmen Rojas Guzmán y Gina Sibaja.

Las advertencias que por años ha hecho el Estado de la Nación se han convertido ahora en un registro de daños que contradicen el tipo de país que decimos ser en nuestra Constitución. La pandemia golpeó mucho claro, pero es solo un factor más en la aceleración de las tendencias de las economías (en plural) y en la pérdida de capacidades del Estado para atender a los menos favorecidos. El resultado, avisado ya, es doloroso: una fractura creciente y profunda que, además, nos afecta a todos, no solo a las personas que están en la pobreza o expuestas a ella, poblaciones que suman hasta un 45 % según los investigadores. Es de manera general una de las principales conclusiones del Informe Estado de la Nación 2022 presentado esta semana y coordinado por Leonardo Merino.

Las ambiciones políticas del expresidente Donald Trump fueron confirmadas. Este martes anunció su precandidatura para tratar de obtener la nominación republicana e intentar con ello volver al poder en los Estados Unidos. El lanzamiento de su postulación no fue sorpresivo en absoluto, solo confirmó la agitación del tablero político para los fragmentados republicanos que lograron muy magros resultados en las elecciones congresionales de medio período la semana pasada y que habrán de dilucidar entonces si irían a los comicios con un candidato que hoy por hoy no tiene el respaldo popular que tuvo en su primera campaña. Pero no solo eso. Trump es una figura polarizante en extremo que lleva sobre sus espaldas acusaciones fiscales, políticas y penales de diversa índole y la vergonzante responsabilidad de la toma del Capitolio en enero del 2021, según lo determinó una comisión especial investigadora en el Congreso. Esto y más en análisis de política internacional el miércoles con Eduardo Ulibarri, periodista, ex embajador y analista.

Este martes 15 de noviembre quienes habitamos en esta aldea global somos parte de un verdadero hito de la historia; ¡llegamos a constituir una sociedad de 8 mil millones de seres humanos! Sí, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hoy llegamos a esa cifra y debemos, por tanto, examinar los retos que nos imponen, tanto el crecimiento, como el acelerado envejecimiento de la población a la luz de realidades sociales, culturales, económicas y políticas muy disímiles, pero todas con la obligación ética de mejorar la calidad de vida y, por tanto, la dignidad de la condición humana, por el simple y poderoso hecho de serlo. Es muy desafiante; de hecho, para que el mundo alcanzara sus primeros mil millones de habitantes transcurrieron cientos de miles de años y luego en tan solo 200 años la cantidad se multiplicó siete veces justo en el 2011 y solo en 11 años más, de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, llegamos a ser 8 mil millones. Conversamos entonces a propósito de la fecha sobre demografía y Derechos Humanos con Juan Luis Bermúdez, Jefe de la Oficina de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica.

Aunque han transcurrido menos de treinta años del florecimiento de muchas de las democracias occidentales -particularmente en América Latina- hoy sabemos que prácticamente todas ellas, en mayor o menor grado, enfrentan un retroceso producto de una serie de factores que se han encadenado, como una tormenta que amenaza cada vez más la estabilidad y, en no pocos casos, hasta las bases de la convivencia misma. Costa Rica no escapa en absoluto a esa realidad y si bien es cierto contamos con poderosas herramientas de solvencia institucional, también aquí los ciudadanos mostramos distintos grados de insatisfacción para con los dividendos de la calidad de vida; lo que vemos reflejado en el enorme espejo de la desigualdad y las limitaciones de oportunidades para el mayor número. ¿Cómo se explica el fenómeno del retroceso democrático global y cómo encararlo en nuestro caso particular? Jorge Vargas Cullel, Director del Estado de la Nación, nos da las claves.

Para cerrar el año, sí, porque aunque apenas estamos en la primera quincena de noviembre, entramos ya casi en modo mundial y en modo navidad, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica presentó esta semana los resultados de su última valoración de opiniones ciudadanas sobre algunos asuntos de la cosa pública. Empieza a bajar (como se considera normal) el apoyo al presidente de la República tras su primer medio año de gestión, aunque mantiene un margen muy solvente aún. La Asamblea Legislativa, como no sorprende tampoco, camina siempre a la saga de la evaluación y la esperanza asoma con la justa balompédica mundial esperando acaso que llegue anticipada la Navidad en forma de alguna victoria para el país en la controversial cita de Catar. De modo que para terminar nuestra semana Hablando Claro, conversamos con Ronald Alfaro, coordinador de la encuesta del CIEP-UCR.

Si la pandemia, como sabemos bien, puso al descubierto todas nuestras vulnerabilidades en desarrollo social y económico y además -sabemos también hoy- profundizó groseramente las brechas de la desigualdad, ¿cuáles son las condiciones de salida para al menos detener la profundización de la pobreza, el subempleo, el trabajo indigno y escasamente de subsistencia? ¿Cómo mejorar la educación pública, el acceso al agua potable, la garantía de tres comidas al día y la posibilidad de un techo digno? Particularmente, ¿cómo generar condiciones que detengan los dramáticos flujos migratorios, así como el sangrado de la violencia por el narcotráfico; todos estos problemas instalados en mayor o menor grado en América Latina, la región más desigual del planeta? El investigador mexicano Enrique Provenzo Durazo nos proporciona algunas claves acerca de los retos en materia de desarrollo sostenible y la agenda 2030 para Centroamérica y especialmente para Costa Rica. Nos visita en Hablando Claro como abrebocas para una conferencia magistral que impartirá en la Universidad de Costa Rica.

El devenir de la segunda parte del mandato del presidente estadounidense, Joe Biden, se determinó este supermartes electoral. Además de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, se votó por una tercera parte de los miembros de la Cámara Alta. También a lo largo y ancho de la nación del norte, se votaron 36 gobernaciones y cientos de cargos federales (fiscales generales y secretarios de estado). Y para rematar hubo decisiones importantes sobre derecho al aborto en estados como Michigan o sobre el uso recreativo de la marihuana, en Arkansas, Maryland y Missouri. En fin, un proceso democrático amplio que analizamos en sus aspectos sustantivos este miércoles con los politólogos Alfonso Rojas, desde Texas, y Jesús Guzmán, del Observatorio de los Estados Unidos del CIEP-UCR.

La fiesta balompédica mundial está a punto de dar inicio y aunque todo estará centrado en la competencia de los equipos participantes, así como en la pasarela de las grandes figuras que allí desfilarán, Catar está signado por la polémica. Tanto así que a esta cita mundialista, Amnistía Internacional la bautizó como "El Mundial de la Vergüenza", pues mientras el negocio se aderezaba y la organización lucra con multimillonarias sumas por el torneo más grande del planeta, ha habido denuncias constatadas por las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos los migrantes explotados para construir las instalaciones. De acuerdo con el prestigioso medio inglés The Guardian al menos unos 6,500 migrantes procedentes de Nepal, Pakistán, India, Bangladés y Sri Lanka habrían muerto en el decenio que han tardado las edificaciones. Y lo peor, es que esa cifra, podría constituir una subestimación de la verdadera dimensión de la tragedia que se gestó para levantar las majestuosas edificaciones. Algo que, por supuesto, rechazan las autoridades cataríes. Pero esto -ya de por sí severísimo- no lo es todo. La sede del campeonato del mundo en esta monarquía islámica del Golfo Pérsico, conlleva repudio más allá del trato a los migrantes, porque la vulneración de los derechos humanos alcanza también a las mujeres, y los miembros de la comunidad LGTBQ No termina siendo ninguna novedad, en todo caso, que estos asuntos sean minimizados o abiertamente silenciados cuando de la actividad deportiva más lucrativa del mundo se trata. Y si no, veamos como hace apenas cuatro años se legitimó a Rusia como sede del anterior campeonato. Sí, la misma nación que invadió a su vecino, Ucrania. Del contexto del Mundial de Catar conversamos con el investigador en comunicación social Carlos Sandoval y el periodista Yashin Quesada.

¡Estamos de celebración! Este lunes nuestra democracia cumple 133 años de vida. Por supuesto, como cualquier cuerpo, no ha estado exenta de quiebres y vaivenes, pero acuña gran experiencia e innumerables fortalezas que debemos aquilatar, para recordar el legado que recibimos y acometer con esperanza los desafíos inmediatos y de largo plazo. Con la clara convicción de que es mucho lo que tenemos en juego y son inmensas las responsabilidades que tenemos para -también- heredar una Patria digna. Con Gustavo Román Jacobo, doctor en comunicación política, conversamos este 7 de noviembre en el Día de la Democracia costarricense.

Como una de las bases del edificio democrático nacional, el Poder Judicial también encara retos y desafíos significativos en tiempos difíciles para preservar lo mejor de la institucionalidad democrática. Hace escasamente un mes terminó un proceso traumático para elegir a su nuevo presidente y apenas la semana pasada nombró a Carlo Díaz Sánchez como nuevo Fiscal General de la República, tras 18 meses de estar vacante esa titularidad. Ahora -en medio del pesar por la abrupta desaparición de don Walter Espinoza, líder del Organismo de Investigación Judicial, también tendrá que abocarse a buscar un nuevo jerarca. Con el ex presidente de la Corte, don Fernando Cruz Castro, conversamos sobre los desafíos del Poder Judicial y particularmente acerca del peso incuestionable de la Sala Constitucional (de la que sigue siendo titular) en la democracia costarricense.

¿Es usted de los que sienten gran incertidumbre por la creciente polarización social y política que observa en el mundo? Por supuesto, seguro que le preocupan y bastante los efectos de los desastres naturales y provocados, que en forma de inundaciones, sequías, guerras e inflación nos impactan directamente. Esos son precisamente los temas que se extraen de estudios tan significativos como el Informe de Desarrollo Humano, presentado recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En ese documento confirmamos que el mundo retrocedió cinco años en su desarrollo humano a causa de la pandemia y que ese retroceso afecta a 9 de cada 10 naciones en el orbe. Claro, también a Costa Rica. Aunque no sufrimos tanto como América Latina y el Caribe en su conjunto, perdimos cuatro escaños en nuestro desarrollo, particularmente por la disminución en la esperanza de vida, que a su vez impactó la mortalidad por el SARS-CoV-2. ¿Qué podemos hacer en el contexto siempre limitante de la estrechez fiscal para levantarnos y mejorar nuestra calidad de vida? Lo abordamos este jueves 3 con el Representante del PNUD en el país, José Vicente Troya.

El Ejecutivo está ensayando acercamientos con el Legislativo para limar asperezas y buscar puntos de coincidencia. Esto per se no debiera constituir una novedad, sino más bien la característica habitual -casi que la noticia de todas las semanas- del juego político entre dos poderes determinantes para avanzar en la construcción de acuerdos que, finalmente, vayan dando mejor y mayor ritmo a políticas públicas siempre urgentes para librar desafíos como la pobreza, la desigualdad y la generación de empleo, entre otras. Y es que un gobierno con todo y las buenas valoraciones que tenga, se encontrará siempre sometido a los resultados económicos y cuando decimos economía, tenemos que insistir por supuesto en afrontar problemas estructurales de pobreza, empleo, seguridad en el ingreso, techo, protección y abrigo, tanto como problemas coyunturales, dígase -por ejemplo- la inflación. Con todo lo que ella implica. ¿Qué luces nos da la valoración estadística rigurosa del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica sobre el desempeño del gobierno de don Rodrigo Chaves Robles prácticamente a seis meses de gestión? Lo conversamos con su director, el Dr. Carlos Murillo Zamora.

Con el delimitante constitucional de tramitar a más tardar el 30 de noviembre el presupuesto ordinario de la República para el próximo año, y en medio de los fragores del control político que impone la comisión legislativa que investiga las finanzas de la campaña electoral del partido en el gobierno, inicia este martes un nuevo período de sesiones en la Asamblea Legislativa. Es la recta final del año. Con la que se cerrará la primera curva de aprendizaje de los nuevos tomadores de decisión del país, tanto en Cuesta de Moras como en Zapote. No ha sido fácil aceitar los engranajes. Pero en eso están. Salvando las formas para intentar resolver el fondo. Sobre todo el urgente de la autorización de los eurobonos y la siempre pregonada reactivación económica. En tanto, en el otro poder, el Judicial, los magistrados sacaron la tarea de nombrar, por fin, al nuevo Fiscal General de la República, de cuyo desempeño y estilo sabremos hasta que transcurran semanas o meses. En análisis de coyuntura conversamos este martes con el politólogo especialista en el juego parlamentario Daniel Calvo.

¿Cómo se fraguó el triunfo de Lula? O dicho de otra forma, ¿por qué Jair Bolsonaro perdió la reelección? ¿Cuáles fueron las alianzas que sellaron la victoria del líder izquierdista más representativo de la izquierda latinoamericana de las últimas décadas? ¿Y qué significa este triunfo para la región? ¿Hay espacio para una insurrección tipo 6 de enero similar a la que se produjo en el Capitolio estadounidense, en los próximos días en Brasil como algunos temen? Muchísimas explicaciones y muchas más interrogantes ante la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva, que se convierte nuevamente en la esperanza para un Brasil ciertamente polarizado, pero que inclinó la balanza a favor de sacar del poder al más preclaro émulo de gobernantes de tendencia autoritaria en latitudes tan amplias y tan diversas como Hungría, Venezuela, Turquía, Nicaragua, y el mismo Donald Trump en el norte del continente. Con el politólogo Constantino Urcuyo Fournier conversamos sobre las claves de la victoria de Lula en Brasil.

Esta semana el Banco Central Europeo subió por tercera vez consecutiva los tipos de interés en un esfuerzo por devolver la inflación a los buenos tiempos del 2 %. En Estados Unidos, la ruta del incremento de las tasas ha sido la misma, y aunque el trimestre julio-setiembre la economía creció tras dos trimestres de contracción, el fantasma de la recesión sigue latente. Y en nuestro caso, también esta semana el Banco Central volvió a incrementar la tasa de política monetaria, con lo que quedó en 9 %. Fue el octavo aumento en los últimos 10 meses para encarecer el crédito, bajar demanda interna y reducir las presiones sobre precios; todo ello con vistas al objetivo de que la inflación regrese al 3%. Pero para el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, seguir aumentando las tasas de interés no va a traducirse en más alimento ni más recursos para las personas. El martes, en el escenario de la Asamblea #39 de la Comisión Económica para América Latina, dijo categóricamente: “es importante que en América Latina no se adopte la misma política, pues algunos países están aumentando las tasas de interés para absorber estos problemas, pero esto va a matar la economía”. Entretanto, nuestro coterráneo José Manuel Salazar, Secretario General de la CEPAL, se refirió al acuciante desafío de la región. “No es momento para cambios graduales y tímidos, sino para políticas transformadoras y audaces que realmente muevan las agujas del desarrollo. Si la década de los 80 fue lamentable, dolorosa y costosa, esta es de más dolor social y económico”. Para Salazar combatir la inflación sigue siendo un objetivo primario, pero también lo es dinamizar el crecimiento, financiar la mitigación de efectos sociales por la crisis de empleo y elevar la inversión. ¿Cuáles son entonces nuestros márgenes de maniobra? Para terminar nuestra semana Hablando Claro, analizamos la coyuntura económica a la luz de estos planteamientos con el economista Luis Mesalles.

La buena noticia sobre el siempre polémico tema del arroz en Costa Rica, es que ante la alerta que emitieron los agricultores días atrás en el sentido que el CNP no podría seguirles comprando la cosecha lista ya para cegar, hubo movimientos muy rápidos en el Ejecutivo de modo que el próximo lunes se reanudará el recibo del cereal, a través de varias de las industrias locales. El embrollo se produjo porque el Consejo Nacional de la Producción enfrentó problemas para seguir comprando la cosecha 2022-2023 (ya había adquirido seis mil doscientas toneladas) y cuando corrió la noticia, los agricultores resultaron presos del temor. La jefa de la bancada oficialista en el Congreso aseguró que los agricultores ya pueden dormir tranquilos, pues hay en proceso una modificación presupuestaria de 1,700 millones que solo espera aval de la Contraloría y también 17,300 millones adicionales que Hacienda deberá autorizar, con lo cual -dijo- no solo terminarán de ejecutar las adquisiciones de esta cosecha, sino que también se pagarán todas las facturas pendientes de compras que se hicieron a través del Programa Abastecimiento Institucional, PAI. Otro giro casualmente también esta semana con el grano, fue el anuncio del, por tanto, de una resolución de la Comisión de Promoción de la Competencia, COPROCOM, que sancionó a nueve empresas del sector agroindustrial que se colisionaron en 2019 para no comprarle el arroz a los productores locales hasta que se publicara un decreto del precio al consumidor, una práctica a todas luces anticompetitiva. Del fallo no se sabe mucho, pues falta el pronunciamiento completo, así que por ahora no se conocen los nombres de las sancionadas, ni los montos a cada una, ni las razones de fondo. Se sabe sí que se trata de multas fuertes que oscilan entre los ocho millones y los dos mil millones de colones. Todo esto pone de nuevo en la picota la existencia del andamiaje de la controvertida CONARROZ, varios de cuyos industriales ya habían sido sancionados por la misma Comisión años atrás. En síntesis por ahora, el abasto local de grano está seguro y eso sí, el precio al consumidor sigue siendo prácticamente el mismo. Con el economista agrícola y experto en la regulación del mercado arrocero, Víctor Umaña conversamos en Hablando Claro.

Al maestro Carlos Guzmán lo conoce todo el mundo en nuestro terruño, y muchos también, allende las fronteras. Durante décadas se ha dedicado a extraer, con notas, acordes y letras, parte de lo mejor de lo mejor de lo que somos. Desde su originaria Gaviota, hasta cuanto proyecto importante se desarrolla en el país, el maestro Carlos Guzmán está ahí, generoso, prolífico, incansable. De “Soy Tico” su obra cúspide, la Asociación de Compositores y Autores Musicales, refiere que nunca en la historia de la música popular costarricense una canción contemporánea logró desplazar a las clásicas de todos los tiempos. Claro, hasta que llegó este hermosísimo himno suyo, o mejor dicho, nuestro. En el 2008 tuvo la genial inspiración de hacerle una sinfonía a nuestros emblemáticos volcanes Irazú, Rincón de la Vieja, Arenal y Poás; obra que le mereció el Premio Nacional de Música Aquileo Echeverría. Ahora, versátil como es, nos presenta una veta más de su creatividad con el estreno muy fresco de “Costa Rica baila y canta” un homenaje al swing criollo. Y para darle proyección al lanzamiento, esta vez Guzmán se alió con el joven talento mexicano César López, un “influencer” de Chihuahua, que está impulsando con muy buen suceso la música latinoamericana y es, además, un gran enamorado de Costa Rica y por tanto impulsor de nuestro turismo y cultura. Con Carlos Guzmán, músico, compositor, productor arreglista y director y con César López, le damos mucho aire fresco a nuestro Hablando Claro.

En cuanto a pobreza y pobreza extrema se refiere, las noticias pocas, muy pocas veces, son buenas. Y en nuestro país, no solo no hemos podido llegar al porcentaje que teníamos antes de la pandemia (21 %), sino que cada vez observamos más lejos, la posibilidad de romper el piso del 20 %. Claro que si respecto del año anterior, la pobreza a julio del 2022 se mantuvo prácticamente igual en términos porcentuales (23 %) y los pronósticos eran mucho más pesimistas, es cierto que al menos no desmejoramos mucho más. Pero cuando se detallan los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares y constatamos -como se informó la semana pasada- que aumentaron los hogares en pobreza en prácticamente 16 mil (15,934 para ser precisos) mientras que en condición de pobreza extrema cayeron 6,078 familias más, sabemos que estamos muy lejos de recuperar la tranquilidad. En términos absolutos tenemos en Costa Rica prácticamente 400 mil hogares en pobreza y 110,631 hogares en pobreza extrema. Para un país tan pequeño y con tantas conquistas sociales, eso es algo inaceptable. Y ojo que todas estas frías cifras, no refieren el terrible problema de los embates de las inundaciones para centenares de familias que han sido víctimas de las torrenciales lluvias de los últimos tres meses. La crisis económica de este complicado año en el mundo, además, hizo caer el poder adquisitivo en un 6,2 % y entonces, pese a que mejoraron los ingresos por trabajo y por transferencias en los estratos más vulnerables, no ocurrió lo mismo en el decil 3 y la pobreza se incrementó allí. Otra cuestión relevante es que la ruralidad (especialmente los cordones fronterizos y las regiones Brunca y Caribe) sigue mostrando mucho mayor dificultad para encadenarse al desarrollo nacional; puesto que si bien es cierto en la pandemia la zona urbana sufrió muchísimo el desempleo, ahora la recuperación la levanta, en tanto en las zonas periféricas la crisis del agro golpea fuertemente y las opciones de empleabilidad, por razones estructurales, son limitadas. Le damos una mirada con lente comprensivo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares con su coordinador Eddy Madrigal del Instituto Nacional de Estadística y Censos y con el economista Francisco Delgado.

Si quienes están vociferando contra el inequívoco falla de la Sala Constitucional (que ordenó dejar sin efecto el cierre del Parque Viva y condenó al gobierno por violación indirecta a la libertad de prensa) respiraran hondo e hicieran el esfuerzo de tratar de entender, dimensionar y asimilar la sentencia, tal vez serían capaces de comprender que en esa resolución se afianzan derechos que pertenecen a todos los que habitamos bajo el mismo cielo. Primero, porque como lo hemos repetido hasta el cansancio en las últimas semanas, la libertad de prensa no le pertenece a los medios, ni es una licencia para los periodistas, es una garantía de nuestra vida en democracia. Incluso cuando muchos la utilizan solo para insultar y vociferar nada más… Es suya también. Segundo, porque los mecanismos de censura indirecta son muy viejos. Por supuesto, no los descubrió la Sala IV; aunque por ventura nuestra, los sabe detectar y entonces echa mano en sus sentencias de la sólida jurisprudencia que ha venido asentando en la materia que se basa, además, en la doctrina de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para no hablar de otros tribunales como el europeo. Tercero, y muy importante, porque las tentaciones de excederse en las atribuciones del poder están siempre presentes, y aunque por dicha no han sido la norma en nuestro caso, si el sistema de pesos y contrapesos funciona vigorosamente, entonces todos podemos sentir la tranquilidad de que ninguno de esos poderes puede excederse en sus potestades. Los guardarraíles de la democracia nos protegen a todos. Cuarto, porque como todos sabemos, sin prensa libre e independiente no hay democracia. Esta es una verdad como un templo y si hay alguien que no quiera entenderlo, ello no implica que la inmensa mayoría como demócratas no tengamos clara nuestra obligación de defenderla y por tanto, accionar los mecanismos del andamiaje jurídico que hemos construido en el Estado de Derecho. Quinto, en la era de la posverdad en la que vivimos, hay mucha gente confundida. Cierto que no todos entendemos a cabalidad la transformación que ha tenido lugar, pero por eso mismo no podemos subyugarnos ante quienes, por ignorancia, populismo o mala fe, intenten desacreditar los principios, los valores y los ejes cardinales de la convivencia ética sujeta a la Carta Magna. Todo lo contrario. Hoy más que nunca hay que luchar contra esa construcción de pseudo verdades que es tan nociva para la democracia. Sobre estas y otras razones de la pertinencia del fallo de la Sala IV, conversamos con el periodista Eduardo Ulibarri Bilbao y el abogado especialista en derecho a la información Rodolfo Brenes Vargas.

La seguridad ciudadana es una de las constantes en la lista de preocupaciones de nuestra opinión pública y para evidenciarlo están frescos los datos que arrojó un exhaustivo estudio de opinión pública que hicieron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. En gruesos trazos de resultados hay pocas sorpresas: por ejemplo, es congruente con nuestra percepción de inseguridad el que 65 de cada 100 habitantes consideren que el país como un todo es poco o nada seguro, pero al mismo tiempo que 63 de cada 100 estimen que el barrio en el que viven es seguro o muy seguro. Lo que sucede es que ver el vaso medio lleno aquí no es consuelo. Lo cierto es que 37 de cada 100 viven inseguros en sus casas. ¿Qué calidad de vida tiene casi el 40 % de nuestra población? Otro resultado acorde con lo esperado es que sean las mujeres las más vulnerables frente a su seguridad, pues ellas perciben muy alto el temor de ser víctimas de un delito respecto de ellos, tanto a nivel nacional (72,7 % vs. 57,6 %) como en la propia comunidad (41,6 % vs.30,5 %) ¿Acaso seguimos perdiendo las y los ciudadanos el control de nuestros espacios públicos? Afortunadamente, aún hay confianza en sistema. Los consultados en este estudio creen en mayoría (58,3%) que tenemos alguna o mucha posibilidad de resolver los problemas de la inseguridad y llama la atención que también más de la mitad de los ciudadanos (54,7 %) se consideren a sí mismos como parte de la solución. Eso es positivo si logramos articular políticas públicas que nos orienten y nos pongan en sintonía con el sentido de pertenencia y comunidad para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana. Otro elemento relevante es que también hay confianza en la Fuerza Pública, puesto que el 56 % la respaldan, aunque es cierto que apuntan a su limitada efectividad, pues el 62 % dicen que no capturan rápido a quienes delinquen. Muy mal en la percepción de los ciudadanos aparece el Ministerio Público (más de un año ya por cierto sin Fiscal General en propiedad), 76 de cada 100 personas no concordaron en la política de persecución criminal, pues piensan que no se persigue por igual a ricos y pobres. Pero además también saca mala nota la aplicación de la justicia que no se percibe ni pronta ni cumplida en 6 de cada 10 consultados. Para cerrar la semana y ahondar en otros temas de la encuesta como la tenencia de armas y el contexto de seguridad en la región centroamericana, conversamos con Randal Brenes, Oficial de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El paisaje habitual en la frontera sur, en la ciudad capital, en las cercanías de las fronteras del norte (Peñas Blancas y Tablillas) está signado por la presencia de familias venezolanas. Es difícil saber cuántos de ellos están transitando en este momento por nuestro territorio. Migración estima que están ingresando más de dos mil diariamente. El drama es de tal magnitud, genera tal reacción de impotencia, que instintivamente volvemos a ver hacia otro lado para no encarar el dolor que causa verlos, constatar en su miseria los girones de la esperanza que los mantiene en pie. El instinto de supervivencia que los sostiene. Lo peor es saber que su caminar hacia Estados Unidos es una utopía. Aunque hayan logrado pasar el Tapón del Darién, aunque pudieran conseguir los $150 dólares de peaje que les cobran en Nicaragua por pasar, no serán admitidos en ese país. Su destino ahora -lo sepan o no- es México. El gobierno del Presidente Joe Biden anunció la semana pasada una nueva e inimaginable política migratoria que acabó de cuajo con el pretendido sueño americano de los venezolanos que caminan. La nueva condición es que solo los primeros 24 mil que lleguen por vía aérea tendrán derecho a estatus legal. Los demás, los que lleguen por tierra o por agua serán devueltos a territorio azteca gracias a un acuerdo con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué llevó al gobierno demócrata a establecer este durísimo freno al ingreso de los venezolanos caminantes? ¿dado que no pueden ser repatriados a Venezuela, a cambio de qué son aceptados por México? ¿Son los venezolanos errantes una moneda de cambio político? ¿Le importa al gobierno de Nicolás Maduro que siete millones de sus compatriotas hayan huido y que otros cientos de miles sigan huyendo del país en busca de supervivencia? ¿Cómo resolver esta crisis? En Hablando Claro lo analizamos con el comunicador y especialista en temas migratorios, Carlos Sandoval García.

De todos los tipos de cáncer, el de mama constituye la principal causa de mortalidad de las mujeres en el mundo; especialmente en los países de renta media y de ingresos bajos. En el 2020, 685 mil féminas fallecieron por este mal. Protuberancias o hundimientos en los senos o en los pezones, erosiones en la piel, venas crecientes, endurecimientos, asimetrías en el tamaño, salida de fluidos, enrojecimientos, cambios en la textura de la piel o bultos internos, son las manifestaciones más comunes de alerta respecto de la posible aparición de un cáncer mamario. En Centro América y México, Costa Rica ocupa el primer lugar en la tasa de mortalidad por este padecimiento, que en el 2020 arrebató la vida a 427 mujeres, de las cuales más de la mitad (56%) estaban en la plenitud de su existencia (entre 30 y 69 años) y esto refiere el inmenso costo socio-familiar de pérdida de mujeres, madres y abuelas en el país. Se trata indudablemente de muertes prematuras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la meta global es evitar de aquí al 2040 unas 2.5 millones de muertes prematuras en mujeres de menos de 70 años, y para lograrlo es necesario mucha educación y concientización sobre el tema. En conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Mama, este miércoles 19 de octubre conversamos con la experta y experimentada Dra. Maricel Aguilar Herrera.

Tristemente nos hemos convertido en una sociedad a la que le cuesta mucho mirar a lo lejos. Poner luces largas para definir rutas de mayor horizonte. Y vivimos, por tanto, con luces cortas, solo viendo lo que está al frente. Y no es que lo inmediato no sea importante; es solo que no puede ser lo único. Las terapias de conversión sexual, por ejemplo, son una prueba de lo que decimos. Un debate se abre y nos distrae con tipo de artificios y de sesgos moralistas que poco o nada tienen que ver con políticas públicas urgentes para resolver problemas estructurales, pero que consumen nuestra atención y peor aún, la de los tomadores de decisiones. Así que vamos con lo del día: por un lado, la restauración del uso de mascarillas en centros educativos y transporte público. Tarde, pero bien. Por otro, en el Poder Judicial, tardísimo también, pero muy importante, por fin el lunes próximo la Corte Plena escogerá (si logran ponerse de acuerdo los magistrados, claro) al nuevo Fiscal General de la República. Hablamos de estos y otros temas de coyuntura con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

A falta de iniciativas serias, estructurales de transformación y modernización del gasto y del endeudamiento público, y confrontados con la necesidad de cumplir con la regla fiscal (o con lo que de ella queda) un tenebroso recorte de gasto social empieza a darse en detrimento, claro, de la salud y la educación que afectará a los más humildes y necesitados. La mayoría. Como si esto fuera poco, para cumplir con esas rigurosidades, el presupuesto ordinario de la República que los diputados examinan de cara a su aprobación a más tardar el último día de noviembre, Hacienda dejó por fuera gastos ineludibles que deberá afrontar, como por ejemplo las cuotas y otras aportaciones estatales a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuál es la idea de "engañarnos" con estos recortes y estas omisiones? La Contralora General de la República, Marta Acosta, sin traspasar las formas correctas del lenguaje político, dejó poco margen a la invención en su comparecencia la semana pasada ante la Asamblea Legislativa. Entre muchas otras cosas, dijo que los recortes a distintas instituciones fueron hechos “sin ningún criterio ni definición de prioridades”. Enfatizó, por tanto, que los más vulnerables pagarán los platos rotos, ellos son “la válvula de escape… Los ajustes llegan si usted los hace y, si usted no los hace, también llegan, pero llegan más dolorosos… el ajuste se está empezando a dar solo”. ¿Hay maneras de corregir este temerario plan de gastos en la Asamblea Legislativa? Conversamos en nuestro inicio de semana con la Contralora Marta Acosta.

“Lo peor está por venir”. Para no dejar lugar a dudas, eso dijo esta semana Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del Fondo Monetario, en la presentación del informe periódico de perspectivas de la economía mundial. También dijo que para muchas personas el año próximo “se sentirá como una recesión”. Nadie quiere escuchar noticias tan desalentadoras. Pero no sirve de nada taparnos los oídos, y menos aún vociferar contra una crisis planetaria que amenaza con agudizarse aún más en el 2023, provocando efectos en cadena en todas partes, y por supuesto, desmejorando las condiciones de vida de millones de seres humanos. Y los datos no mienten. La economía mundial, que creció un 6 % en 2021, este año apenas alcanzará la mitad (3,2 %) y el próximo caerá a un 2,7 %. Las tres economías más fuertes del mundo, Estados Unidos, China y la Zona Euro seguirán estancadas. Y puntualmente la de Estados Unidos, que es la que más nos afecta, este año crecerá un 1.6 % y en el 23 apenas alcanzará un 1 %. El flagelo de la inflación y las altas tasas de interés, entre otras variables, enmarcan este difícil momento. La economía de América Latina, también sufrirá severamente. Y en ese marco, inevitablemente, van todas nuestras inversiones país. Particularmente las de los fondos de pensiones que han experimentado el efecto de pérdidas en los rendimientos. Lamentablemente, ante el desconcierto de muchos de los cotizantes, ha privado la falta de información serena, clara, sencilla y tranquilizante. Y sí, circula mucha desinformación. ¿Cómo podemos explicar en términos comprensibles lo que sucede con los fondos adscritos al Sistema Nacional de Pensiones del país en el contexto de la crisis internacional y de cara a la administración y la gestión de riesgo que hacen las operadoras de pensiones? Este es nuestro tema con la Superintendente de Pensiones y de Entidades Financieras, Rocío Aguilar.

En un espaldarazo contundente a las libertades y garantías de la libertad de prensa y acceso a la información, la Sala Constitucional le advirtió al Poder Ejecutivo que se mantendrá vigilante y que no avalará “las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a los insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta”. En la decisión unánime de los magistrados de acoger parcialmente con lugar un recurso planteado por Hablando Claro contra la Ministra de Comunicación y el Director de Comunicación de la Presidencia de la República, la Sala IV les obliga a responder de manera concreta si, en efecto, como lo planteo y lo sostiene Hablando Claro, la entonces jerarca de Comunicación de la Administración Chaves Robles, emitió el 8 de julio una directriz, orden o indicación para que los jerarcas de gobierno (ministros y presidentes ejecutivos) no aceptaran entrevistas en este espacio radiofónico. Es algo inusual, pero hoy nos toca hablar en primera persona: “Claramente, los señores magistrados no cayeron en la trampa de una declaración falseada que bajo la fe de juramento emitió la entonces ministra de comunicación Patricia Navarro, al aludir que nunca emitió una directriz “formal” cuando -para encubrir un comportamiento anómalo emanado de la propia sede del gobierno- giró una instrucción al grupo de WhatsApp de los ministros y presidentes ejecutivos para vetar entrevistas en nuestro programa”. Sin duda, lo más importante del fallo, es que la Sala Constitucional observa claramente el mecanismo -muy habitual, por cierto, en regímenes que vulneran garantías y derechos fundamentales- de establecer (o al menos intentar establecer) vías de censura velada. Por ello, en el fallo insiste en que, “por la trascendencia del tema y la gravedad que podría implicar girar desde el poder político alguna orden en los términos reclamados en este proceso, resulta menester recordar a las autoridades del Ministerio de Comunicación y del Ministerio de la Presidencia que la libertad de expresión e información conllevan una doble dimensión, que se refleja no solo en la posibilidad de los periodistas de informar sobre los temas de relevancia para la opinión pública, sino también en el derecho de los habitantes del país de enterarse de dicha información”. Sobre este fallo y su pertinencia para el régimen de libertades públicas, conversamos con los abogados constitucionalistas Marvin Carvajal y Rodolfo Brenes y con el Director del Instituto para la Libertad de Expresión, IPLEX, Raúl Silesky.

Suspender el curso lectivo por cuatro días en todo el país podría haber sido una medida útil para ayudar a bajar el contagio de infecciones respiratorias agudas en niños, niñas y adolescentes. Podría, sí. Pero definitivamente, el criterio experto señala que la medida de manera aislada, anunciada atropelladamente y sin el conjunto de otras acciones y especialmente de una campaña a padres y encargados adultos, no conduce lamentablemente más que a un perjuicio a la comunidad estudiantil que profundiza los menoscabos y debilidades de un curso lectivo que está muy lejos de apuntalar la necesidad de revertir los déficits que arrastramos desde el 2018 en el sistema, especialmente el público. No hay duda que la salud es el bien supremo a proteger. Por lo tanto, no es de recibo decir que si se cuestiona la decisión del Ministerio de Salud de interrumpir el curso como se hizo el lunes en la noche, sin coordinación y sin diseminación informativa alguna, es porque no se avala la necesidad de disminuir la severidad del pico infeccioso multicausal que por varios meses viene afectando a los menores de edad. Pero resulta que de acuerdo con el criterio experto -entre otros- de la directora del Hospital Nacional de Niños, la Dra. Olga Arguedas, la medida hubiera resultado certera siempre y cuando se hubiera acompañado de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados y transporte público para toda la población, retomar con fuerza la campaña de lavado de manos, proteger a los niños del contacto con personas enfermas y, muy importante también, reforzar la coordinación entre el mismo Ministerio de Salud y la CCSS en el tema de la vacunación. Ese era el paquete necesario. Pero no se implementó. Siendo así, tenemos un curso lectivo suspendido en todo el país, como una medida sanitaria sin mayor soporte ni sustento. Y la afectación, una vez más, es para más de un millón de estudiantes y particularmente para los más vulnerables, como los que reciben asistencia de los comedores escolares. Sobre este tema que nos atañe a todos, conversamos con el ex ministro de Educación Pública Francisco Antonio Pacheco.

En la Caja Costarricense de Seguro Social, podría decirse, reina momentáneamente la tensa calma. Obviamente, se trata de un “mientras tanto”. Mientras se define el pendiente del ajuste salarial prometido a sus 54 mil funcionarios. El caso es que esta misma semana la Junta Directiva podría conocer los nuevos criterios jurídicos que la también nueva presidenta ejecutiva, doña Marta Esquivel, presentaría al órgano colegiado, aunque no se sabe bien con qué propósito, dado que aunque el Mandatario Rodrigo Chaves haya dicho que el incremento no era irreversible, los sindicatos de salud argumentan que la aprobación por parte de la directiva el 8 de setiembre es un acuerdo en firme y por tanto, inalterable. El hecho, como está bien fresco aún, provocó nada más y nada menos que la destitución de don Álvaro Ramos Chaves, que solo alcanzó a permanecer en el cargo 4 meses, en lo que directivos de la entidad califican como una intromisión excesiva del gobierno central en la autonomía de la Caja. El criterio anticipado de doña Marta, pieza del círculo de confianza del presidente de la República, es que resultaría mejor posponer ese ajuste salarial hasta que se cumplan las disposiciones de la regla fiscal, es decir, hasta que se alcancen los objetivos de estabilización mínima de las finanzas del país. También, entre tanto, muchos otros temas siguen puestos en cartera. El más reciente, sin duda, la promesa de terminar en unas cuantas semanas con las listas de espera de las mamografías; ello en conmemoración del mes de lucha contra el cáncer de seno, pero también en atención a las resoluciones constitucionales que han urgido varias veces a la CCSS a terminar con el problema no solo de esas, sino de todas las listas de espera. De estos y otros temas conversamos con la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel.

Es innegable el poder político de los dueños de negocios alrededor de una actividad que debería tener objetivos del servicio público que por naturaleza es. El transporte público colectivo está de nuevo en la mesa de discusión por medidas políticas que, como casi siempre, le resultan favorables. Hemos visto la postergación por décadas de un modelo que priorice el servicio público, el desdén a estrategias como la sectorización o el pago electrónico, el rechazo a otras opciones de transporte y el acaparamiento de rutas en grupos poderosos, por no hablar del rezago del sector en la descarbonización. La última indica que los diputados podrían elevar de 15 a 20 años la vida útil de los autobuses, con la justificación de beneficiar a empresas pequeñas, pero concediéndole también grandes beneficios a los grupos más fuertes, los que mueven a la mayoría de los 1,6 millones de pasajeros cada día. Y las alertas han saltado ya. Mucho tiene que ver con el poderoso lobby autobuseros, pero este es también consecuencia de otros factores. Miramos el tema con el ex viceministro de Transportes Sebastián Urbina, la ingeniera Andrea San Gil, experta en movilidad, y el periodista especializado Andrés Formoso.

La tasa de asesinatos en Limón supera a la de los países del denominado triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) con 33 por cada 100.000 habitantes, el triple del ponderado nacional. Lamentablemente la noticia no sorprende, pero por supuesto preocupa mucho, sobre todo porque lejos de disminuir, este año parece que superará la estadística del 2021. El narcotráfico y el crimen organizado aceleran los homicidios en territorios donde, como sabemos, la pobreza ha preparado antes el terreno con particular énfasis en zonas costeras y fronterizas. No por casualidad es Puntarenas la segunda provincia en tasa de homicidios con 20,8, según cifras del OIJ para lo que llevamos del 2022. El indicador para efectos nacionales es "relativamente estable", según el director del OIJ, Wálter Espinoza, considerando lo ocurrido en los últimos cinco años, pero reconociendo que hay mayores problemas en ciertas zonas, como los cantones de La Cruz y San Carlos, además de las dos provincias costeras, mientras la tasa en San José se reduce por la caída de importantes bandas criminales, de acuerdo con sus explicaciones. Analizamos el momento y las tendencias con Osvaldo Henderson, exfiscal adjunto de Crimen Organizado y consultor internacional en asuntos de tráfico de drogas.

Estilos presidenciales aparte, en Costa Rica es la Asamblea Legislativa la que puede materializar las decisiones políticas de calado, sean urgentes o de largo plazo. Otra cosa es que los diputados no siempre lo hagan con la responsabilidad debida y que en ocasiones sus resultados sean pobres, pero la tarea reside ahí en Cuesta de Moras. Buena parte de ese trabajo corresponde a las fuerzas opositoras, que en la balanza pesan más que el oficialismo desde hace varios gobiernos. De ellas depende casi todo lo que plantea el Ejecutivo, sean 'eurobonos', reforma de la regla fiscal o venta del BCR, pero también las iniciativas que nace ahí en el Legislativo, como el polémico proyecto que estira la vida útil legal de los autobuses. Una de las fuerzas relevantes en esa discusión es la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con sus 9 diputados, ahora enfrentados a discusiones críticas en un momento político en que la población parece demandar más de las bancadas opositoras, para que equilibre los ímpetus del Gobierno, haga la tarea no esté haciendo o para que deje de obstaculizarlo, como señaló una reciente encuesta. Para el repaso obligatorio y las preguntas necesarias, nuestro Hablando Claro con la diputada Daniela Rojas, jefa de la fracción del PUSC.

Costa Rica supera con nota favorable la tercera revisión del FMI al acuerdo de ajuste fiscal, pero el entorno abunda en riesgos y la perspectiva es de una desaceleración de 4,4 puntos en el crecimiento económico al finalizar el año completo 2022, pese al primer semestre positivo. En este escenario, la misión técnica del FMI, que trabajó en las últimas dos semanas, da el "ok" para un tercer desembolso del crédito aprobado en 2021 por un total cercano a los $1.800 millones y abre la puerta para otro paquete de financiamiento, este por $710 millones que provendrían de un nuevo fondo para políticas de sostenibilidad. La luz verde para estos fondos llega de la mano con el señalamiento de la necesidad "urgente" de fortalecer la gestión de la deuda y otras advertencias ligadas al mantenimiento de la regla fiscal, frente a las propuestas del Gobierno de modificarla para tener más holgura de gasto. Mientras, la misión del FMI evita tomar posición sobre el proyecto de privatización del BCR y solo hace unas observaciones generales. Para desgranar el reporte del FMI y conectarlo con las circunstancias económicas, pero también políticas, abrimos micrófono al economista José Luis Arce.

¿Alguien puede prever dónde están los límites para el grupo de poder de Daniel Ortega? A los actos despiadados contra ciudadanos nicaragüenses se suman las acciones de confrontación contra poderes globales como la Unión Europea, al punto de expulsar de Nicaragua a la embajadora comunitaria, o cortar relaciones con Países Bajos, en la última semana. La UE anuncia que responderá de manera "firme y proporcionada" a los pasos desproporcionados del gobierno de Managua; agrega que Managua se aísla al hasta colocarse en posiciones que podrían jugarle en contra, pero el manual de la lógica política parece imposible de aplicar sobre Ortega y los suyos. Mientras tanto, conocemos de la huelga de hambre de la histórica dirigente Dora María Téllez y otros 20 presos políticos, una acción de protesta extrema ante la tortura de la que son víctimas por el aparato represivo de Ortega, a las que no tienen acceso los organismos internacionales de verificación. Es difícil no llamar "aislamiento" a lo que Ortega logra, aunque un discurso de la cogobernante Rosario Murillo celebró hace pocas semanas el valor de la "unidad centroamericana", una referencia en la que conscientemente incluía a Costa Rica también, otrora abanderada de las posiciones de condena contra la dictadura vecina, como indican también notables disidentes que se refugian en suelo tico. Hablar de Nicaragua y es también hablar de nuestra política, queramos o no. Se impone, por tanto, un recuento con análisis de los recientes mensajes de Costa Rica en paralelo a la observación de lo que allá ocurre y sus repercusiones en la comunidad internacional. Para ello recibimos este martes a Carlos Murillo, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, analista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la UCR.

El gran Brasil se enfrentó este domingo en las urnas a una contradicción mayúscula. El retorno de Lula, un símbolo de la izquierda, o la profundización del bolsonarismo derechista, del nuevo populismo y sus consecuencias. Era la vuelta de aquel dirigente del pueblo que ahora arrastra también el peso de los casos de corrupción, o la luz verde para el presidente de formación militar que ha construido su liderazgo a base de confrontación y de exabruptos. Es posible comprender la ansiedad que cundía este domingo en las largas filas de electores, como tampoco es difícil entender la atención que la comunidad internacional da a lo que ocurra en el gigante de Latinoamérica. Su economía, pero también su solvencia democrática están bajo la mira. Las encuestas favorecían a Lula, los cuestionamientos al sistema de conteo electrónico venían de Bolsonaro, el peso de los dinámicos sectores evangélicos era un factor del proceso y lo ha sido también la desigualdad, aunque sería falso afirmar que los ricos apoyaban a uno y los pobres a otro. La probabilidad de una segunda ronda también era cierta, ante la dificultad de que alguno alcanzara el 50 % de los votos válidos que pudieran emitir los 156 millones de ciudadanos. Así caí la noche en Brasil mientras empezaban a contarse los votos. Se esperaba conocer este mismo domingo el resultado, o al menos amanecer este lunes con claridad de un triunfo, sus primeras repercusiones o la extensión de la campaña por cuatro semanas más. Desde la distancia relativa lo miramos este 3 de octubre en nuestro #HablandoClaro de inicios de semana y mes con el analista internacional Carlos Cascante.

Se celebra este sábado 1° de Octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, esa población que en Costa Rica representa el 13% de los habitantes, con un enfoque mundial de "la resiliencia de las personas mayores en un mundo cambiante". Se trata de segmento creciente en Costa Rica, al punto de proyectarse que en el 2050 será un grupo ya no de 663.000 personas, sino de 1,2 millones, en un mundo de cambios acelerados por las tendencias y eventos de choque como la pandemia, tras la cual se proyecta una reducción en nuestra alta esperanza de vida. No es población en el retiro, lo hemos aprendido con campañas de los últimos años y con la realidad de cada día, pero aún falta trabajo para que el resto de la sociedad se amolde a sus aportes y sus demandas, propiciando condiciones de bienestar en lo físico, lo emocional y lo económico. Ese enfoque integral han ido adoptando las autoridades públicas en materia de salud desde el hospital Raúl Blanco Cervantes en alianza con grupos civiles que promueven un activismo en beneficio de los adultos mayores. Con el doctor geriatra Daniel Valerio y la comunicadora María Isabel Solís dedicamos a ello nuestro Hablando Claro.

Grandes expectativas rodeaban en 2008 la creación del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD), en momentos de presiones económicas internacionales y de dificultades de acceso al crédito local regular. Después llegaron años de cierta estabilidad, cuatro gobiernos, una pandemia y los fuertes trastornos para la economía internacional que ahora viven los hogares y los negocios en su cotidianidad. Ahora, con presiones y desafíos mayores que los observados 14 años atrás, el reporte indica que el SBD ha beneficiado con créditos a más de 60.000 unidades productivas, de las cuales un 37 % nunca había tenido financiamiento del sistema financiero nacional. Las pymes, que forman el 97 % del total de empresas, han captado ₡857.000 millones, a pesar de barreras al acceso expedito de los clientes en ventanillas y a pesar de la necesidad de mayores fuentes de recursos y a la necesidad de apalancamiento internacional o de ampliación de la participación de bancos privados. Ahora el SBD debe recibir cambios para adaptarse a los cambios, como tantas de nuestras políticas públicas. Los señalamientos vienen del III Informe de la Comisión Evaluadora, publicado esta semana y de consulta obligatoria para actores decisores, pero también de la opinión pública al tratarse de proyectos productivos de pequeña escala. Miguel Gutiérrez, miembro de la Comisión, nos comparte y dimensiona las conclusiones del reporte en Hablando Claro.

Se llama Orlando Aguirre Gómez y acumula 46 años de carrera judicial, con 30 como magistrado y a estas alturas, con 79 años de edad, toma el cargo de presidente del Poder Judicial en momentos complejos. Está lejos de ser un presidente de consenso. Más parece la opción de emergencia ante las dificultades de un proceso de elección en que la Corte Plena dejó ver muchos otros factores de fondo. Está en juego la imagen del Poder Judicial, la disposición de sus autoridades ante las demandas ciudadanas viejas (los enormes tiempos de espera) y nuevas (la exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas, entre otras), en un contexto de fuerte estrechez presupuestaria para todo el aparato público y con un nuevo entorno político alrededor. Con el magistrado Aguirre en su nuevo cargo de presidente y con Evelyn Villarreal, coordinadora del informe Estado de la Justicia, ahondamos en las circunstancias del Poder Judicial en nuestro Hablando Claro.

En el intento número 19, los magistrados de la Corte Plena lograron elegir a su presidente y del Poder Judicial completo. Tras negociaciones internas, pulsos privados, debate sobre la publicidad de las votaciones y el retiro de la candidatura de Luis Fernando Salazar, la mayoría de votos resultó suficiente para llevar a la Presidencia a Orlando Aguirre, miembro de la Sala Segunda, con una carrera judicial de más de cuatro décadas. Queda conocer el liderazgo de Aguirre y sus planes para el ejercicio del cargo, pero el proceso de su elección, las fuerzas internas y el momento crítico del Poder Judicial se imponen como temas de fondo. Lo sabe muy bien Fernando Cruz, que dejó ese puesto en julio advirtiendo que el futuro no es halagüeño, en alusión a señalados intentos por golpear la independencia judicial y su credibilidad. Con el magistrado Cruz repasamos la elección y sus circunstancias en Hablando Claro.

Viéndose en problemas, Vladímir Putin se sintió en la obligación de doblar la apuesta militar para intentar mantener el equilibrio de resultados en Ucrania, aunque ello parece haber provocado el desequilibrio interno en Rusia, donde abundan las fotografías de cientos de personas tratando de huir a otros países antes de que Moscú los reclute para la aventura de la guerra. Las maniobras de Putin repercuten también externamente, si no que lo digan los alemanes al pagar mucho más cara la energía de sus hogares por la escasez del gas al cortar el ducto ruso, mientras con temor ven venir el invierno y el riesgo de no tener cómo contrarrestar el frío. En otros países cercanos también sienten los efectos aun cuando acontecimientos de otro orden los mantienen ocupados. Por ejemplo, los ingleses aún tantean al nuevo gobierno y la vida "post Isabel II", en Suecia se instala la extrema derecha y en Italia se aprestaban este domingo a conocer a su nueva presidenta procedente de los reductos fascistas. Aquí lo miramos desde una distancia relativa, sabiendo que en Brasil las elecciones del domingo 2 resultan críticas y que en Estados Unidos se procesan los síntomas de la recesión y de las tensiones políticas de cara a las elecciones en el próximo noviembre. Con el doctor Constantino Urcuyo y su lente internacional hacemos nuestro Hablando Claro.

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) está recolectando desde el martes, y durante dos semanas, la información para la tercera revisión del programa de ajuste fiscal aprobado a inicios del 2021. Los técnicos del organismo multilateral, por supuesto, tomarán nota de los cambios que por decreto ha impulsado el gobierno de Rodrigo Chaves sobre la aplicación de la regla fiscal (clave para la contención del gasto), la ralentización del crecimiento económico y las propuestas de acción para reducir el endeudamiento público, llámense “eurobonos” o privatización del Banco de Costa Rica (BCR). Sabrán también que la discusión política entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre estos últimos dos planteamientos, resulta en extremo complicado por los mensajes que emanan de Zapote y aquel difuso anuncio de una renegociación del acuerdo con el FMI, mencionado por el presidente Chaves cuando se supo ganador de las elecciones. Y finalmente se estarán enterando del desencadenamiento de aumentos salariales en las instituciones públicas (no solo en la CCSS) que presionan aún más las arcas hacendarias, aunque parezcan razonables las justificaciones legales y técnicas, en momentos de consolidación del presupuesto del año 2023. Son tiempos de trastornos en un contexto internacional aún más adverso, con la amenaza de una recesión y con los efectos del aumento de la inflación que acá sentimos cada día también. Sobre este panorama conversamos en nuestro Hablando Claro con el economista Gerardo Corrales.

Tendremos que convencernos (todavía más) que toda la infraestructura vial de nuestro país debe considerar los eventos climáticos. Parece innecesario afirmarlo, pero los acontecimientos nos indican que debemos planificar y actuar en consecuencia, si no queremos seguir pagando altos costos económicos y humanos. Nos lo recuerdan las nueve muertes del fin de semana en Cambronero. Factores como la topografía, tipos de suelos, demarcación, uso de las carreteras y mantenimiento se deben considerar para evaluar la vulnerabilidad y, lo más importante, los planes de acción para atender nuestra red vial, observando normas que consideren los factores de la vulnerabilidad climática como una realidad. En ello trabaja el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), cuya ingeniera Ana Luisa Elizondo, coordinadora del Programa de Infraestructura en Transporte, nos acompaña, junto a Olman Vargas, ex directivo de Cosevi y ex director del Colegio de Ingenieros, en nuestro Hablando Claro.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) enfrenta una pronta reconfiguración en su junta directiva forzada por la destitución de Álvaro Ramos y la llegada de su reemplazo, Marta Esquivel, designada como ficha de confianza del mandatario Rodrigo Chaves, que deberá nombrar también a otro representante del Ejecutivo en sustitución del abogado Guillermo Hernández, quien renunció este fin de semana. No se trata solo de llenar cupos. Rodrigo Chaves quiere hacer valer su línea en la institución autónoma donde los sectores patronales y laborales también tienen sus representantes. Se trata de equilibrios en la organización ante un pulso en torno a la activación del aumento salarial de 8.000 colones a la base de los 63.000 empleados, ya irrevocable, según los directivos representantes de los trabajadores. "Era una deuda que tenía la institución con sus trabajadores, que contaba incluso con la firma de Rodrigo Chaves cuando fue ministro de Hacienda", dice José Luis Loría, directivo representante de los trabajadores. En veremos está el margen de maniobra que sobre el tema tenga la nueva presidenta ejecutiva, que llegó este martes a su nueva oficina y que deberá maniobrar para atender los lineamientos de Zapote y al mismo tiempo participar de la negociación imperativa en la CCSS, tanto en la junta directiva como con sectores internos. Sobre el panorama alrededor de la institución conversamos este miércoles con José Luis Loría, directivo representante de los trabajadores y con Pablo Sauma, economista y ex directivo de la CCSS.

La teoría dice que todo comunica y la práctica política lo confirma, sobre todo en gobiernos que se nutren de la imagen personalista de su líder. Es así como hay un mensaje que se pretende enviar cuando el presidente Rodrigo Chaves va a los barrios golpeados por las inundaciones y su comunicado de prensa da el relato de un acto casi heroico, cuando por la emergencia decide cancelar su presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas y cuando defiende a toda costa a su ministro de Transportes ante los cuestionamientos sobre la apertura de la carretera Cambronero horas antes de la dolorosa tragedia del sábado con nueve personas fallecidas. También comunica, cómo no, el manejo del reciente aumento salarial a empleados de la CCSS, las advertencias sobre la junta directiva y la destitución que finalmente concretó sobre el presidente institucional, Álvaro Ramos, de una vez reemplazado por Martha Esquivel, que deja vacante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otro directivo de la CCSS renuncia en solidaridad con Ramos, gremios internos anuncian medidas de presión, un foco de crisis parece instalado en la entidad que, además, recibe de Chaves un adjetivo nuevo y atrevido: "quebrada". Independientemente de la atención de las emergencias, de la responsabilidad sobre nuestra descuidada infraestructura, de la situación financiera de la CCSS, o de la justicia salarial, los relatos políticos suelen constituirse en hechos para la comprensión de la población; por eso conviene abordar el momento político desde lo fáctico y desde los mensajes, contexto incluido. Con Iván Barrantes, publicista de la política y estratega de campañas conversamos en Hablando Claro.

Fue destituido el bien reputado presidente de la Caja del Seguro Social, Álvaro Ramos, en una nueva muestra del tipo de autoridad que ejerce el presidente Rodrigo Chaves, en el cierre de una semana de celebraciones patrióticas y de los efectos dolorosos de las intensas lluvias en vidas y en daños materiales, quizás evitables. Pero mirar las noticias no tiene por qué ser un acto de impotencia. Las grandes decisiones pueden estar en las altas esferas, aunque eso no nos excluye de las responsabilidades sobre los cambios que necesitamos en el país para vivir mejor. Hablamos de los valores vigentes de nuestra sociedad 201 años después de aquel desencadenante 1821, pero también de la construcción de país en una perspectiva cotidiana, en el día a día, en lo que sí podemos incidir desde nuestro propio sitio. Se trata de convivencia, de convicción de nuestro papel ciudadano y de sentido de la interdependencia social, a propósito del 15 de septiembre, como apunta el motivador Mauricio Corrales. Con él y quienes tengan el honor de acompañarnos hacemos nuestro Hablando Claro.

Uno de los basamentos más sólidos del estado de derecho costarricense y, por tanto, de su solvencia democrática, descansa en el bloque de legalidad de los derechos de libertad de expresión del pensamiento, libertad de prensa y todos los derechos correlacionados. Casi siempre opera en la dirección correcta. Pero cuando eso no ocurre, es el derecho internacional al que Costa Rica por décadas se ha adherido, el que protege cualquier debilidad o incluso cualquier error de la justicia local. Eso ocurrió la semana pasada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado costarricense por no haber brindado justicia a los periodistas Ronald Moya y Fredy Parrales por haber sido condenados injustamente en la vía civil, debido a unas publicaciones efectuadas en el Diario La Nación. El caso se remonta al 2005 cuando los reporteros dieron cuenta de una actividad ilícita de trasiego de licores en la zona sur del país, en el que estaban aparentemente involucrados dos oficiales de policía que a la postre demandaron a los profesionales por injurias y calumnias. Los tribunales penales absolvieron de toda responsabilidad a los periodistas, pero en la acción civil los condenaron a pagar cinco millones de colones. Y la sentencia fue confirmada por la Sala Tercera Penal. Agotada la vía jurisdiccional del país, La Nación recurrió entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el año 2020 les dio la razón. Fue así como el caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en sentencia de mayo pasado, dada a conocer el 6 de setiembre, confirmó por unanimidad que Costa Rica violentó la libertad de expresión al haber condenado civilmente a Moya y Parrales. Y por esta sentencia, el estado no solo deberá indemnizar por daños inmateriales y gastos a los afectados, sino que tendrá que dejar sin efecto la condena en la sede nacional. Esta es apenas la segunda vez que la CIDH sanciona al país por violar la libertad de prensa. Lo había hecho también en el 2004. Pero el contexto hoy es muy diferente y la sentencia entonces deviene en especialmente relevante y pertinente para el ejercicio periodístico. Con Yanancy Noguera, directora del programa de formación de periodistas Punto y Aparte y el abogado especialista en Derecho a la Información, Rodolfo Brenes Vargas, lo conversamos en Hablando Claro.

Con nuestro legado a cuestas, con todos los logros y las orgullosas victorias de lo que hemos alcanzado, siendo como somos en nuestra diversidad, en nuestra propia pequeña y rica multiculturalidad. Y también, no puede ser de otra manera, con nuestras vulnerabilidades, y esas grietas divisorias que nos ponen cuesta arriba la consecución de más y mejores estadios de desarrollo para el mayor número. Viendo un poco atrás en nuestra historia, nos preguntamos, ¿si pudimos hacer tanto conjuntamente por qué ahora sentimos que se nos dificulta más entendernos? Reflexiones de Vida Patria, este jueves 15 de setiembre, con el historiador y analista Vladímir de la Cruz de Lemos. A las 8 a.m. en la 98.7 F.M. de Radio Columbia, una frecuencia que hace parte, orgullosamente, de la deliberación democrática bajo el cielo azul que nos cobija.

La exportación de piña representa el 1.7 % del PIB anual. Los productores del 80 % del área total del cultivo de la fruta están agremiados en la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y todos ellos renunciaron en los últimos días a su organización matriz, la Cámara de Exportadores, CADEXCO. ¿Y qué relación guarda este hecho con la abrupta salida de la hoy exministra de Agricultura y expresidenta de los exportadores, Laura Bonilla? Aunque no han trascendido de manera oficial los motivos de esta crisis de representación en el sector, los hechos apuntarían a que en la pasada asamblea general de CADEXCO el martes 30 de agosto, se produjo una intervención subterránea de la Ministra de Agricultura en las elecciones internas. El único candidato anunciado para la presidencia era el hasta entonces presidente interino Luis Fernando Quesada Cogui quien había sido el vicepresidente de Bonilla y asumido temporalmente el mando tras el nombramiento de la empresaria como titular del MAG. La sorpresa se produjo cuando irrumpió en la escena una candidata que a la postre fue electa esa noche y que no se había postulado inicialmente. El problema no fue que hubiese aparecido una aspirante de última hora (aparentemente impulsada por Bonilla) el problema es que la asamblea fue “amañada” dijo Quesada en declaraciones que dio al medio sancarleño La Región, porque hubo afiliaciones sorpresivas en pocas horas y poderes delegados a terceros para votar, “es como que usted tenga 15 cédulas y pueda votar 15 veces”. Prácticamente, un "chorreo de votos" por eso, aseguró, a las puertas de concretarse la jugada, anunció el retiro de su postulación para no hacerse parte de la estratagema. “Puede ser legal… Pero no es ético ni moral y por eso no puse mi nombre…” Varios de los agremiados de Cadexco no aceptaron lo sucedido y terminaron por retirarse de la organización. Según ha trascendido, en estos días no solo se desafiliaron los piñeros de CANAPEP, sino también cafetaleros, industrias de alimentos y bebidas, de exportación de implementos médicos y de servicios. Lo paradójico de todo es que ahora el control de la cámara lo tienen los piñeros que están fuera de CANAPEP. El hecho es que tras esa convulsa asamblea del 30 de agosto y la consecuente separación de cámaras agremiadas,10 días después se produce la salida del gobierno de la señora Bonilla. La pregunta es ¿cayó la ministra por haber intervenido en asuntos gremiales que no eran ya de su competencia? ¿Sabía el Ejecutivo lo que estaba haciendo su ministra o más bien la invitaron a dejar la cartera una vez enterados de lo sucedido? Sobre las implicaciones del cisma en Cadexco conversamos con Abel Chaves, presidente de CANAPEP.

En el Poder Judicial, el hecho noticioso de la coyuntura es que tras 15 rondas de votación en los últimos 3 lunes, los 22 miembros que integran la Corte Plena no pudieron designar a su nuevo presidente. Sin entrar a dirimir cuánto le cuesta este largo proceso al Poder Judicial y cuántos asuntos relevantes están quedando relegados por este nudo gordiano en el que están trenzados los cuatro aspirantes que quedan en el juego (el quinto se retiró tras el primer round) lo cierto es que esta elección dejó al descubierto un asunto mucho más estructural: la transparencia en el procedimiento de votación de ese órgano colegiado. Resulta que en lo que atañe a la Asamblea Legislativa sí ha habido muchísimo énfasis en transparentar las elecciones (y mejorarlas también) de magistrados y otros altos cargos de la función pública y eso se logró recientemente gracias a que finalmente al proyecto en cuestión le llegó su hora de madurez, para decirlo en positivo. Para decirlo de otro modo, era imposible ya sostener el secretismo en el Primer Poder de la República para escoger a los más altos jueces, así como a los integrantes de la Contraloría, la Defensoría y otros tantos. Pues pareciera que ese momento ya le llegó a la Corte Plena. Más allá de que no hayan logrado escoger a su nuevo presidente, los magistrados encaran ahora el desafío de abrirse al voto público, pero resulta que ha imperado la tesis jurídica de que eso no podía hacerse con una simple muestra de voluntad política, sino que la tesis reinante indica que es imposible (¿?) desaplicar una norma que data de 1947 y que expresamente manda a los magistrados a escoger en secreto. Por eso el Magistrado Paul Rueda propone arreglar el problema de raíz. Aunque sea tardíamente. Propone que, por un lado, la Sala IV dirima si esa norma es inconstitucional para poder desaplicarla; es decir, para sepultarla correctamente. Al mismo tiempo, propone que se redacte un proyecto para que la misma Asamblea Legislativa enmiende el secretismo judicial mediante una nueva ley. Con el Dr. Rueda Leal nos acercamos a este tema relevante.

Pocos asuntos pueden resultar tan dolorosos y traumáticos, familiar y socialmente, como el suicidio. Las explicaciones desde la psicología, la psiquiatría y la antropología, sin duda nos acercan a la comprensión de este fenómeno presente en la civilización humana desde sus inicios mismos, claro. Pero todas ellas no logran llenar el profundo sobresalto emocional que implica el suicidio. En pocas palabras, no hay una manera racional de asumir la decisión de un ser humano de poner fin abruptamente y por voluntad a su existencia; sobre todo cuando hablamos de proyectos de vida en (aparente) pleno desarrollo. El suicidio es pues siempre una gran interrogante que deja sin respuestas y con muchas cicatrices a las personas que quedan desoladas frente a la auto desaparición de un ser amado. Por años, hablar del suicidio fue considerado un tabú. Es más, se decía que al hacerlo se legitimaba su práctica y por ello, había que guardar silencio frente a esa realidad. Hoy no. Hoy la Organización Mundial de la Salud plantea un abordaje abierto y frontal frente a este drama de la existencia. Por eso, cada 10 de setiembre se dedica en el mundo entero a la prevención del suicidio. Y este año, el lema es "Crear esperanza a través de la acción". Más allá de las frías estadísticas, (este año las llamadas de auxilio han crecido significativamente en el 911 respecto del 2021) debemos encarar un tema difícil, que nos plantea consideraciones morales, tanto como desafíos de acción colectiva, para enfrentar un problema urgente de salud pública. Con el psicólogo Milton Rosales conversamos en Hablando Claro.

Se suponía que la ampliación y modernización de la esperada carretera San José- San Ramón debía empezar en marzo del próximo año y estaría lista antes de concluir el 2026. Pero a inicios de este mes, el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, anunció que el Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, acordó dejar fuera de ese proyecto al Banco de Costa Rica, que justamente es la entidad que ejecuta el Fideicomiso que se constituyó para esa obra, tras el traumático cierre del proyecto allá por el año 2012. Es decir, cuatro administraciones atrás, cuando un levantamiento de grupos organizados obligó a la presidenta Laura Chinchilla, a rescindir el contrato con el que una firma brasileña se había comprometido a hacer la carretera, hoy -una década después- hay un nuevo giro de tuerca en la historia. Hasta ahora el llamado Fideicomiso Ruta 1 ha ejecutado una parte de las denominadas obis (obras impostergables) que se calificaron como parte de una fase previa antes de entrar de lleno en la modernización de esa vía de 60 kilómetros. Pero de acuerdo con el jerarca del MOPT, ya está listo el borrador de una nueva adenda que ajustará el alcance de la obra y le quitará al BCR la parte integral del proyecto, por lo que el Fideicomiso terminaría solo la fase preoperativa (ampliación de puentes y construcción de intercambios). No conocemos las razones de fondo que privaron para tomar esa decisión, pero independientemente de ello, la consideración que nos asalta es ¿cuánto tiempo más se atrasará el proyecto debido? Después de todo, aún no se sabe mediante cuál figura contractual se continuaría la obra. El caso de San José San Ramón, es solo uno de los muchos y consabidos cuellos de botella de nuestra enorme e histórica limitación (incapacidad) para terminar lo que empezamos y avanzar hacia el desarrollo. Ahí están como botones de muestra muchos otros proyectos y obras inconclusas, aunque claro, el más traumático seguramente debe ser el de la nueva carretera a San Carlos. Medio siglo de espera. ¿Por qué seguimos tropezando en las mismas piedras? ¿Por qué países como Chile o Colombia (solo para citar dos casos) han logrado madurar tanto sus modelos de concesión de obras y nosotros seguimos empantanados en los mismos ejes? Para tratar de entenderlo, conversamos con Federico Villalobos, economista, especialista internacional en materia de concesión de obras y en alianzas público privadas.

Para el último trimestre del año, el gobierno otorgará un subsidio económico a familias en condición de pobreza extrema por 180 mil colones a razón de 60 mil colones mensuales. Es un pequeño aporte del estado a la manutención de miles de personas que no han recibido ayudas estatales y que habitan en hogares en los que no alcanza el dinero para las necesidades mínimas, especialmente en los que viven adultos mayores, menores de edad, personas en situación de discapacidad y jefatura femenina. Esta política de ayuda social es impulsada por todos los organismos económicos internacionales dados los fuertes impactos en cadena ocasionados por una sucesión de crisis, como lo advirtió la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que apuntó como eventos más recientes tras el crack financiero del 2008, las tensiones económicas y políticas con China, la pandemia y la guerra en Ucrania. En el caso de nuestra región, la conjunción de varios factores como los impactos negativos en el comercio internacional, el aumento de los precios de combustibles y fertilizantes y el lento crecimiento del empleo -solo para citar algunos- conducirán a una mayor tasa de desocupación, especialmente a las mujeres. Todos los indicadores proyectan que este año en América Latina habrá un aumento significativo de personas en pobreza (de 32 a 33 o 33.7) y en pobreza extrema (de 13.8 a 14.5 o 14.9), tanto que ocho millones de ellos caerán en inseguridad alimentaria; de ahí el llamado para el establecimiento urgente de los subsidios, entre otras políticas de atención a esta crisis social. Lamentablemente, Costa Rica no podrá escapar a esta realidad. De acuerdo con los escenarios proyectados por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (CPCE) en el menos gravoso de esos escenarios, la pobreza extrema en hogares crecerá casi tres puntos porcentuales respecto del 2021 (de 6,27 a 9.06) y la pobreza total pasaría de 23.02 a 25.01. En el caso del número de personas, la pobreza extrema pasaría de 7.31 a 10.51 y en pobreza total aumentaría casi dos puntos (de 26.22 a 28.11). Esto, si las condiciones del ingreso se mantienen iguales, la inflación no crece más allá que lo que creció de enero a julio y hay generación de empleo. Por eso este sería el panorama menos dañino. Pero lamentablemente hay proyecciones mucho más pesimistas. Analizamos el entorno y la coyuntura con el Dr. Ennio Rodríguez, Presidente del CPCE.

La Asamblea Legislativa no solo aprobó esta semana un presupuesto extraordinario urgente que había quedaron debiendo los anteriores diputados, sino que debe abocarse con prioridad a dos temas insoslayables por perentorios y obligatorios: la aprobación de los eurobonos y el trámite y ulterior autorización del plan de gastos para el año 2023, con todo y las condicionantes o laxitudes de la regla fiscal en plena ejecución. Obviamente, no faltan las tareas del ejercicio de control político y esta semana no solo se aprobó -en contra del voto de los oficialistas- la creación de la comisión especial que investigará el financiamiento electoral de la pasada campaña, sino que tuvo lugar una interpelación de tres horas a la Ministra de Salud Jocelyn Chacón. De todas estas vicisitudes parlamentarias conversamos con el experimentado analista y politólogo Daniel Calvo.

Seguimos con la agenda puesta en los temas internacionales. A una semana de la muerte del líder mundial y Premio Nobel de la Paz, Mijaíl Gorbachov (91 años) nos acercamos a la figura de este hombre que cambió en gran medida el curso de los acontecimientos que derivaron en el fin de la guerra fría con la caída del Muro de Berlín (el derrumbe de las dictaduras del este europeo), el retiro de las tropas rusas de Afganistán y el desmembramiento de las antiguas repúblicas que formaron la unión soviética. También firmó un histórico tratado de desarme nuclear con Ronald Reagan. Probablemente con la vertiginosidad de los acontecimientos del día a día no dimensionamos la historia reciente. Lo cierto es que Gorbachov fue el artífice de esos y otros cambios que tuvieron profundas repercusiones internacionales y domésticas, como las políticas de la Perestroika (reestructuración) y de la Glasnost (transparencia) que tiraron abajo el sistema totalitario de Lenín y Stalin. Gorbachov mostró siempre aversión al uso de la fuerza para resolver conflictos políticos, razón por la cual la Primera Ministra británica Margaret Tatcher veía en él un aliado en la construcción de confianza, pese a sus abismales diferencias ideológicas. Y hablando de la primera Ministra del Reino Unido, justo este martes avanza el proceso para la instalación en las próximas horas de la nueva líder y sucesora de Boris Johnson, la exministra de exteriores Liz Truss de apenas 47 años y una vastísima experiencia política. La líder conservadora, que le ganó la elección a su compañero, el exministro de economía Rishi Sunak, deberá enfrentar una situación interna complejísima, con una inflación que podría llegar al 18% y altos costos de energía, que no le darán tregua más que para formar gobierno. De la encrucijada del otrora socio de la Unión Europea y el contexto económico también afectado por la guerra que lleva adelante Vladímir Putin, el autócrata que arrasó con el legado de Gorbachov, conversamos con el ex embajador de Costa Rica en Londres y ex Canciller de la República, Enrique Castillo.

Contundente. Un adjetivo que describe a prueba de cualquier relativización una decisión inobjetable. Contundente fue el resultado de la consulta en las urnas mediante la que prácticamente 6 de cada 10 chilenos rechazaron este domingo de plano la propuesta de una nueva constitución política. Una reprobación mucho mayor de lo que los últimos sondeos de opinión pública advertían. Es decir, la sorpresa no fue la objeción, sino el margen abultado de la reprobación. Contundentes también son las exigencias del momento y por ello en la lectura del presidente Gabriel Boric, que esperaba un resultado favorable a la propuesta para poder empezar a gobernar, “el camino a una nueva constitución no será obstáculo para dar respuestas a las exigencias inmediatas”. Pero el costo vendrá. La conformación del gabinete será revisada. Y el camino restante a la vía de una nueva constitución habrá que retomarlo. Y en medio de la campante polarización que -más que menos- marca nuestras democracias, la urgencia, como dijo el joven mandatario chileno, es que la sociedad pueda encontrar sus derroteros comunes. En sus propias palabras, si los chilenos lo hicieron antes en condiciones tan difíciles, el desafío es hacerlo ahora. “Volveremos a encontrarnos”, dijo. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a esta derrota del proyecto de nueva constitución? ¿Cuáles ahora los márgenes de maniobra para la gobernanza de un Ejecutivo tan nuevo y maniatado? ¿Cuál el ánimo social y político para emprender la redacción de un nuevo texto constitucional que por fin deje atrás la carta magna que emanó de la dictadura y que no sea el producto de un traumático levantamiento social como el ocurrido en el 2019? En Hablando Claro conversamos desde Santiago de Chile con Fabricio Franco, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y desde San José con el periodista Eduardo Ulibarri.

Ahora sí que las preguntas y las dudas respecto del futuro inmediato de la revisión técnica vehicular en el país, saltan por docena. La cuestión se pone complicadísima luego que el grupo sueco Opus acudiera a la Contraloría General de la República a objetar la decisión del Ministro de Obras Públicas y Transportes y del COSEVI de otorgarle el permiso de uso en precario a la competidora alemana Dekra. Imposible que no fuera Opus a quejarse. Tuvo más puntos de calificación (97 % vrs 90 %) y cobró menos por la primera inspección (6,157 vrs 7,284) y también menos por la reinspección por defectos múltiples (3,150 vrs 4,471). Y aun así no fue la escogida. Pero eso no es todo. Aquí no hablamos de una simple apelación que debe ser resuelta para no dejar al participante en la indefensión jurídica. Resulta que la Contraloría General de la República insiste en no involucrarse en el asunto, argumentando que solo es competente para conocer en vía recursiva la materia de contratación pública. ¿Y de qué estamos hablando en cuanto a este permiso de uso en precario sino de un contrato para explotar instalaciones y equipos millonarios que ahora son propiedad de la Hacienda Pública? ¿Se pueden brincar entonces los controles de la contratación con solo ponerle a un cartel "permiso de uso en precario" o cualquier otro nombre? Recordemos que en su día la Procuraduría (abogado del Estado) había dicho que el tema era resorte del órgano contralor, pero el órgano contralor ha decidido -pareciera que por un tecnicismo- no comerse la bronca. De hecho, señaló que ante controversias (justo como la que ahora estamos viendo) los involucrados tendrían que ir a un Contencioso Administrativo ¿Se imaginan? La cuestión es que sería lógico y de sentido común pensar que OPUS no se quedará de brazos cruzados y no aceptará un portazo en la nariz de la Contraloría, que fue lo mismo que le sucedió semanas atrás al consorcio español Riteve cuando fue a objetar los lineamientos del concurso que ahora parece estar en veremos. ¿Está viciado de nulidad el permiso concedido? ¿Puede explicar el MOPT con fundamento por qué le dio el permiso de uso de las instalaciones públicas a un consorcio que cobró más caro que OPUS? ¿Cuál será el siguiente pasó? Y más aún, ¿para cuándo la reanudación de la revisión técnica vehicular en el país? Conversamos este viernes con Olman Vargas, fugaz directivo del COSEVI que se negó a aprobar a ciegas la adjudicación y con Christian Campos, especialista en contratación administrativa.

Una historia que se repite. Aquí estamos otra vez conociendo sospechosos movimientos financieros de partidos políticos durante su campaña electoral. Los dineros, las posibles donaciones ilegales, el presunto arribo de capital extranjero, indicios de estructuras paralelas y las justificaciones que ofrecen los responsables. Repasemos: partidos condenados por manejos ilícitos de financiamiento electoral (Movimiento Libertario y PAC), con procesos judiciales avanzados (figuras del Partido Liberación Nacional), con sentencias pendientes (Accesibilidad sin Exclusión) y con el recuerdo de estructuras paralelas con lazos en Panamá (PUSC, antes de las reformas legales que endurecieron controles y sanciones). Hoy el foco de la noticia está puesto en el novísimo Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves. La diferencia ahora es que todo empezó a investigarse casi en tiempo real, incluso antes de las elecciones de abril. El expediente en el Ministerio Público contiene ya el informe emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que señala un "esquema oscuro de financiamiento" y ahora conocemos también el contenido del audio del tesorero de esa campaña y hoy vicepresidente, Stephan Brunner, con otros elementos que dan para más preguntas. La Asamblea Legislativa, mucho más tímida que las anteriores, igual fragua una propuesta para abrir una comisión investigadora de las finanzas del PPSD y otros, pero esa opción podría disiparse en el estira y encoge político. ¿Pueden todas las bancadas lanzar una primera piedra? Con el director del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, miramos la formalidad del proceso de financiamiento de los partidos y con el politólogo Sergio Araya vemos el contexto político y los mensajes que dan los actores.

Repletos. Así están los salones de internamiento dedicados a pequeños pacientes con males respiratorios en el Hospital Nacional de Niños. La crisis se viene agudizando desde hace semanas debido tanto a Covid-19 como a otras infecciones respiratorias y este martes la ocupación de camas llegó al 102 %. Según confirmó la directora del centro infantil, hay 81 chiquitos internados, de los cuales 12 tienen Covid-19 y 69 otros virus. De ese total de niños, 16 están graves, es decir en condición muy delicada (4 con covid crítico y 12 no covid) Se trata, por tanto, de un pico de infecciones respiratorias agudas graves multicausales que obligó a poner en marcha un plan de contingencia para ampliar la disponibilidad de camas para la atención de aquellos que se complican. Algo muy relevante, según nos explicó la Dra. Arguedas es que “es la primera vez en la historia que nos toca un pico respiratorio simultáneo por covid, asociado a un pico por otros virus respiratorios que nunca habían sido los protagonistas principales”. El asunto es que antes del 2020 teníamos infecciones respiratorias en el segundo semestre del año en niños de hasta dos años por virus sincitial (o sincicial). Eso se aplacó por las regulaciones de protección en los años 20 y 21, pero ahora con la liberación de medidas, se produjo una explosión de otras infecciones respiratorias en asocio con el impacto del Covid-19 en niños no vacunados. ¿Cuáles son las medidas concretas a implementar para proteger a los más chicos hoy tan vulnerables? Tomando en cuenta que la temporada de lluvias se advierte tan severa para los próximos tres meses, ¿la situación podría empeorar? ¿Por qué muchos padres decidieron no vacunar a sus hijos pequeños, incluso estando ellos ya vacunados? Y para las otras infecciones respiratorias no covid, ¿sirven los mismos protocolos que aprendimos? ¿Qué más podemos hacer desde las familias, los centros de enseñanza y las comunidades? Todas las preguntas sobre los padecimientos respiratorios de los más pequeños, las evacuamos con la Dra. Olga Arguedas, Directora del HNN.

Mientras el Poder Judicial prolonga el pulso interno para la elección secreta de su presidente y en la Asamblea Legislativa empiezan a mostrarse algunas bancadas opositoras, en el Ejecutivo el presidente Chaves propuso días atrás privatizar el BCR y vender casi la mitad de las acciones del INS, como un anuncio estrella en el discurso de los 100 días. No dio mucho más detalles que la probable cuantía del impacto en las cuentas públicas y, como era de esperarse, dejó activada una nube de argumentos, dudas y prejuicios alrededor de la conveniencia y la intencionalidad. Sirve para ir conociendo, al menos por partes, la visión que sobre el modelo de nuestro Estado tiene el nuevo gobierno, en espera del Plan Nacional de Desarrollo, aún en fases de confección. Ocurre también con las colocaciones de bonos de deuda exterior llamadas "eurobonos", que por un monto de 6.000 millones de colones solicita autorización el Ejecutivo ante el Legislativo, donde no faltan el escepticismo y las razones para oponerse o transar un monto menor. Está ya en negociaciones un tema que abarca algo más hondo, la solvencia de nuestras finanzas públicas en tiempos de tanta presión económica y social, que aumenta la tentación política de romper las reglas de contención de gasto. Los invitamos a nuestro Hablando Claro con el expresidente del INS y exministro de Hacienda, Elián Villegas.

“La independencia judicial es un espejismo”. No frágil. No vulnerable. Si no un espejismo. Y no lo afirma cualquier persona. Lo dice la ex magistrada suplente y actual Ministra de Trabajo, Marta Esquivel, en un artículo de opinión en Delfino.cr. Lo dice, explica, con conocimiento de causa, pues pagó el precio de actuar con independencia y fue denostada por ello. Y ahora decidió dar un paso adelante. ¿El momento? La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia fijada para este lunes en la sesión ordinaria habitual de ese intrincado amasijo de intereses que es la Corte Plena. Compuesta por 22 magistrados, cinco se postularon para tomar el mando. Dícese que algún aspirante solo se nomina para sacar algún provecho del juego de cartas. Dícese de un par con tales ambiciones de poder que se anulan una al otro. Es lo de siempre, porque en la cúpula judicial nada cambia. O si queremos ser magnánimos, todo cambia de a poquitísimo. ¿Qué los otros poderes están debilitados o incluso están más maltrechos? Probablemente. El problema es que la Corte Suprema de Justicia es la columna vertebral de todo el sistema. También de cara a esta elección, la Asociación Costarricense de la Judicatura, urgió a los aspirantes a externar sus compromisos y posiciones en nueve aspectos fundamentales, entre ellos, el sistema de elección de magistrados suplentes y propietarios en la Asamblea Legislativa y las reformas pendientes al mismo Poder Judicial que se plantearon tras la crisis “sin precedentes” que sufrió el estamento de justicia en el 2018. ¿Será posible que circule un aire más limpio y fresco en los pasillos de la Corte, o este será un lunes más de concreción de matráfulas de acceso al poder por el poder? ¿Por qué es tan importante airear la Corte y avanzar en todo lo que se requiere avanzar para mejorar la forma de impartir justicia y elegir a los altísimos cargos de la judicatura? Extraemos lecciones con una jurista de experimentada talla internacional. La ex presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Elizabeth Odio Benito.

Seis meses de guerra. Seis millones de desplazados. La invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto bélico más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, cumplió su primer semestre. Seis millones de desplazados, unos 15,000 muertos ucranianos entre civiles y soldados forman parte de las frías cifras. Y del lado de las fuerzas invasoras, imposible saberlo a ciencia cierta porque Moscú guarda reserva absoluta. No obstante, la BBC de Londres apuntó este jueves que “funcionarios occidentales dicen que entre 70,000 y 80,000 soldados rusos han muerto o resultado heridos”. Por supuesto, las pérdidas materiales son gigantescas. The New York Times señaló que los destrozos superan los 113 mil millones y que se requerirá casi el doble de esa cantidad para la exhaustiva tarea de la reconstrucción de Ucrania. Pero para eso, primero habrá que llegar al cese de los enfrentamientos primero y a los acuerdos definitivos del término del conflicto y esa salida no se vislumbra aún. La guerra en Ucrania llegó a cambiarlo todo. Putin creyó que sería una operación de tierra arrasada. Y no fue así. De hecho, se dice que busca reclutar casi 140 mil soldados más para enero; lo que advierte guerra plena en invierno. En tanto, la invasión ha establecido condicionantes de carácter geopolítico y consecuencias en el panorama económico. De todos esos elementos conversamos con el analista internacional Carlos Cascante.

Levantar el velo del secretismo en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros altos cargos de la administración pública, como decidió al fin la Asamblea Legislativa, es sin duda alguna un paso dirección correcta. Pero es un paso insuficiente. También resulta prioritario mantener el dedo en el renglón para que se transforme el proceso de donde salen esos aspirantes con procedimientos no solo transparentes sino también rigurosos. Rigurosos en términos de idoneidad de las candidaturas, de la rendición de cuentas de la gestión de los propios diputados y de la implicación insoslayable de la sociedad civil en la veeduría de esos procesos. Implica, por supuesto, observar parámetros internacionales (mejores prácticas) a los que hasta ahora se han resistido los poderes políticos, muchas veces para excluir de los procesos de selección a los jueces más idóneos. Lo que genera desestímulo y como consecuencia baja el listón de las nominaciones, lo que a su vez deteriora la calidad en la aplicación de la justicia. La otra cara de la moneda de este desafío es lo que sucede en la propia Corte Plena. Primero, con la falaz argumentación de no participar de manera seria, responsable y abierta con los criterios necesarios para promover el establecimiento de reglas de idoneidad dizque porque eso solo le compete al poder legislativo, cuando en la realidad varios de sus magistrados participan con sus vasos comunicantes por debajo de la mesa impulsando candidaturas dóciles o, por el contrario, intentando vetar jueces o magistrados de criterio independiente. Y para poner la cereza en el pastel, esa Corte Plena de 22 integrantes, donde 12 tienen el poder de designar secretamente importantísimos cargos como los jueces 4 y 5 de la estructura, la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, en estos días están trenzados en una lucha en la que cinco de ellos (prácticamente la cuarta parte) pujan por asumir la Presidencia del Poder Judicial. Con Marcia Aguiluz y Manuel Solís Avendaño, integrantes de la organización no gubernamental Foro de la Justicia, conversamos, como todos los años, acerca de la imperiosa necesidad de mejorar la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Resuelto el tropiezo de Hablando Claro con la conectividad, nos asomamos de nuevo a nuestra ventana de opinión este miércoles con el politólogo Jesús Guzmán, del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, que publica en las próximas horas un estudio sobre la altísima popularidad del Presidente Rodrigo Chaves y otras aristas de la coyuntura nacional. Y precisamente en referencia al Mandatario y el partido de gobierno, Progreso Social Democrático, este martes fue un día de revelaciones, pues trascendió que el Tribunal Supremo de Elecciones habría remitido al Ministerio Público la documentación sobre el financiamiento de la campaña electoral de la agrupación política y en ese expediente, de 150 páginas, el TSE establece “indicios suficientes de un esquema oscuro de financiamiento”. Se trata de dos causas que corren en paralelo. La primera por donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras a un fideicomiso constituido por el ahora Presidente, el actual Canciller y el empresario Jack Loeb y la segunda estructura manejada desde las cuentas bancarias de la hija del diputado oficialista Waldo Agüero que habría recibido 195 mil dólares procedentes de las cuentas del banquero Loeb. Precisamente el Banco de Costa Rica reportó en su momento al Tribunal Electoral “operaciones sospechosas” por 150 millones de colones en el flujo de dineros hacia la campaña de Progreso Social, aparentemente de una persona extranjera, lo que está prohibido en nuestra legislación. La investigación que inicialmente ha llevado adelante la Fiscalía Anticorrupción ahora deberá ser manejada directamente por la Fiscalía General dada la investidura de los indagados. Pero, ¿qué efecto tiene ese aparente negociado y de qué magnitud en la opinión pública, cuando el Mandatario goza de niveles de popularidad elevadísimos? ¿Qué dice el primer estudio de opinión pública que presenta el CIEP este miércoles?

Como en la política en las formas va el fondo, una de las tareas más desafiantes que tendrá Juan Carlos Hidalgo como nuevo Presidente del Partido Unidad será intentar convencer para derribar las murallas que convirtieron a esa agrupación, desde hace mucho tiempo atrás, en una federación de 7 provincias, dedicada a (y conforme con) escoger diputados cada cuatro años, cuyo único norte común parece ser la agenda propia y personal de sus integrantes. Pero mientras eso ocurre y para maniobrar con la bancada parlamentaria de nueve miembros que los representa en este cuatrienio, Hidalgo también deberá invertir mucha energía en convencerlos para que adopten posiciones como equipo (dificilísimo) en los grandes temas nacionales, según los principios programáticos de la carta social cristiana, pero que de acuerdo con el nobel presidente, no ha logrado traducir su manual en propuestas concretas. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas y relacionista internacional que vivió 14 años en Washington, regresó al país en febrero del 2020, decidido a obtener una curul en el PUSC. “Lo hice porque me cansé de ver los toros desde la barrera y porque quiero tener un impacto en la toma de decisiones a nivel nacional”. Sin embargo, no pudo alcanzar la curul precisamente porque el tinglado de la provincia de San José (donde reside) no se lo permitió y lo ubicó en un inalcanzable tercer lugar. Lo cierto es que ahora, va de nuevo y se compra la batalla de intentar remozar un partido que no gobierna desde que Abel Pacheco fue Presidente (2002-2006) y que debe desmontar una estructura añeja, pero muy fuerte de intereses territoriales y en ello también van las municipales del 2026, por cierto. En Hablando Claro conversamos con este sancarleño de 42 años que liderará el PUSC en los años por venir.

La discusión y aprobación legislativa sobre la imperiosa eliminación de las votaciones secretas nos hizo voltear la mirada esta semana también a Cuesta de Moras y no solo a Zapote, que concentró buena parte de la atención de la semana. Era hora de que se movieran los ya no tan nuevos diputados con una discusión de fondo y, por tanto, de que el público conozca al menos parcialmente cómo piensan y cómo transan, sin que falten los episodios teatrales o bochornosos. El debate llegó en los primeros días de las sesiones ordinarias, después del desaprovechado trimestre en que el Ejecutivo mantuvo el control de la agenda. Ambos poderes estaban conociéndose y acomodándose, podemos coincidir, aunque sin duda el Ejecutivo lleva la ventaja en el posicionamiento mediático. O más bien, el presidente Rodrigo Chaves como figura, más que el Gobierno mismo. La celebración de los 100 días todavía da para el análisis contextualizado y contrastado con lo que ha ocurrido en esta nueva "era", como la llama el mandatario. Conviene comentar su estilo de lanzar propuestas chispeantes o las medidas que ameritan cuando menos una revisión con las leyes y los datos. Con la mirada en los acontecimientos de la semana, pero con el seguimiento estudioso a los últimos tres meses, nos acompaña este viernes el politólogo Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la UCR.

Las tareas que pesan sobre los hombros del ministro de Hacienda en Costa Rica -seguramente como en casi todos los países latinoamericanos- son gigantescas. Para don Nogui Acosta, terminar de cerrar la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior y lograr el mejor acuerdo posible en la aprobación de los millones de eurobonos que requiere para hacer frente a los vencimientos de deuda que están a la vuelta de la esquina, son tan solo dos de su lista de "pendientes" de agosto. El primero de setiembre deberá entregar al Congreso el plan de gastos para el próximo año y defenderlo tanto en Hacendarios como en el Plenario. También el presidente de la República, estampó en su lista de objetivos anunciados el martes, con motivo de los 100 días, un puñado de metas generales a las que Hacienda deberá definirles planes de acción y fechas de cumplimiento: evasión, fraude fiscal y corrupción van de la mano con la implementación de “Hacienda Digital”, un proyecto largamente esperado en el país. Otra iniciativa pendiente y necesaria es la aprobación de renta global, que requerirá ardua negociación política. Por algo nunca se ha podido antes. El Mandatario también ofreció medidas para contener el crecimiento del gasto público. Algo que todos los gobiernos nos ofrecen y cada vez es más difícil cumplir. Y en cuanto a la gestión de deuda, además de los eurobonos, también se pretende abrir el mercado local de deuda en mercados internacionales, así como la creación de una Oficina de Gestión de Deuda Pública. ¿De qué se trata esto último y cómo contribuiría a aliviar nuestras congojas? Son algunas de las preguntas que nos ayudará a evacuar el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Cuando dijimos ayer que el martes sería un día lleno de hechos relevantes nos quedamos cortos. Hubo de todo. En el contexto de la celebración de los 100 días de gobierno, el Presidente Rodrigo Chaves anunció, entre otras acciones, la venta del Banco de Costa Rica y del Banco Internacional de Costa Rica, BICSA, así como la apertura del 49 % de las acciones del Instituto Nacional de Seguros para que los fondos de pensiones inviertan en ellos. Durante la mañana la noticia destacada había sido el acuerdo preliminar entre los ministros de gobierno con los rectores de las cinco universidades públicas (la denominada comisión de enlace) para darle impulso a la negociación del presupuesto de la educación superior para el año entrante, luego -claro está- de una manifestación multitudinaria que no se veía hace tiempo en el país. La negociación continua este miércoles y el hecho fundamental es que la asignación del 2023, será como mínimo la misma del año en curso. Donde no hubo acuerdo, si no mucho desencuentro fue en la Comisión de Económicos del Congreso en horas de la tarde. No se votó finalmente la propuesta para darle una autorización al Ejecutivo por seis mil millones de dólares para salir al mercado internacional en busca de recursos. Mientras Liberación, Frente Amplio y el Liberal pugnan por un aval de $1.500 millones por año, Nueva República y los oficialistas avalan una propuesta de la socialcristiana María Marta Carballo para permitir de una sola vez los polémicos seis mil millones; lo cual no estima conveniente la también socialcristiana Vanesa Castro, quien preside la comisión. La negociación también continuará en las próximas horas. De los anuncios del Ejecutivo y lo sucedido en la jornada es que conversamos este miércoles con el economista José Luis Arce y el comunicador y politólogo Saúl Buseta.

Pasado el fin de semana largo del Día de las Madres, el martes asoma lleno de hechos relevantes. Al menos los previsibles. Estudiantes, profesores y administrativos de las cinco universidades públicas del país caminan desde distintos puntos del centro del área metropolitana a la Casa Presidencial en Zapote para demandar un avance en el necesario acuerdo para dotar de financiamiento el año próximo al Fondo Especial de Educación Superior, FEES. Visto desde afuera, todo hace indicar el gobierno no calibró bien ni la estrategia ni la táctica respecto de la negociación. Primero, le dio demasiadas largas al inicio de los encuentros y ello no solo incrementó la expectativa y la impaciencia, sino que se tornó en una muestra de displicencia respecto de la importancia del asunto. Lo que, obviamente, no presagiaba el mejor clima. Luego, una propuesta sobre la mesa con un recorte de casi una cuarta parte del presupuesto, y, como si fuera poco, una narrativa (una más) de polarización respecto de que la asignación universitaria será “a costas” de la retribución a los otros niveles de la educación. Malas señales. Así que en plena celebración de los primeros 100 días de gestión este martes, compartiremos los anuncios del Ejecutivo sobre la ruta fiscal -entendemos que de corto plazo- con la marcha universitaria. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa, que a poco empieza a aceitar sus engranajes, debatirá en la Comisión de Asuntos Económicos de qué tamaño y cómo se hará la asignación de los necesarios eurobonos para hacer frente al pago de los vencimientos de deudas que se sucederán año tras año a partir de enero próximo. De estos y otros temas conversamos con el Dr. Carlos Murillo, doctor en gobierno y políticas públicas y relaciones internacionales y Director del Observatorio del Desarrollo de la UCR.

Las mujeres en Costa Rica alcanzaron el derecho al voto apenas hace 72 años. Y eso costó mucho. Después de todo, muchos creían firmemente en que no era necesario contar con su criterio para los asuntos del país. En palabras duras y puras, las mujeres “estaban hechas” para casarse y tener hijos. Nada más. Cuánta agua ha corrido bajo el puente desde entonces en nuestro pequeño, pero vibrante entorno sociocultural, como para (por dicha) normalizar hoy que las mujeres, abrazan la maternidad con la misma pasión y determinación, que el propósito de realizarse en los estudios y la plenitud de todas sus capacidades técnicas y profesionales. Tanto como para ser el cuarto país de entre los 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la escala de científicas, investigadoras, matemáticas y tecnólogas, respecto del porcentaje total de profesionales en esas materias. Y lo mismo ha sucedido en todos los campos. ¡Por ventura! Si no lo cree, vea con cuánto entusiasmo, alegría y orgullo, somos sede hoy de un mundial de fútbol que congrega a extraordinarias deportistas que manejan la pelota con una maestría proporcional al sacrificio y dedicación al que obliga el llamado deporte rey. Las mujeres rompen barreras, establecen nuevos paradigmas y dan orientación y propósito a los mejores desafíos del desarrollo social y todo ello equilibrando con enorme empeño y fuerza emocional, el estudio, el trabajo (dentro y fuera de casa) y la maternidad. Por eso, en este 15 de agosto, hacemos apuntes sobre lo que significa para las mujeres mamás desempeñarse en un deporte, que hasta hace muy poco, era solo cancha para hombres. Con Gipsy Nalledy Prieto Viales, joven madre y jugadora de la primera división del Municipal Pococí, Regina Lobo Rojas, capitana del Municipal Pococí, madre de dos niñas y la reconocida periodista deportiva y madre de cuatro hijos, Adriana Durán.

La negociación para la asignación presupuestaria de las universidades públicas del próximo año será durísima. Tendrá que rendir frutos en 19 días, cuando el presupuesto nacional deberá ser remitido al Congreso (1° de setiembre) y las expectativas de la educación superior ya chocaron de frente contra el ofrecimiento, este jueves del Poder Ejecutivo, que puso sobre la mesa una oferta reducida. La propuesta que se puso en conocimiento del Consejo Nacional de Rectores, fue de 430,130 millones de colones para las cinco universidades públicas, lo que equivale a 128 mil millones menos que la asignación del año pasado. El mismo gobierno señaló que "en un escenario ideal" el Ejecutivo tendría que trasladar 536,200 millones. Pero no puede. Cuestión de realidades. De las realidades de la estrechez fiscal que hace imposible, al parecer, la dotación constitucional para la educación toda, que va quedando cada vez más plasmada como un enunciado utópico. ¿Qué harán las universidades públicas ante el planteamiento, a menos de tres semanas de cerrar una negociación cuesta arriba? Lo conversamos con don Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia y Presidente del Consejo Nacional de Rectores.

Siendo que las democracias experimentan en estos tiempos -en América Latina y otras partes del mundo- diversos grados de agotamiento, ¿qué características definen esa fatiga para el caso costarricense? ¿Qué papel juega en el escenario político social de nuestros días la digitalización? ¿Está el régimen presidencial a prueba? Y ¿qué hay del papel de los poderes legislativo y judicial en el nuevo ecosistema político? ¿Qué vigencia y qué futuro tiene la deliberación democrática en un modelo de convivencia que apuesta por los likes, los algoritmos, el hiperindividualismo y la exaltación de las diferencias? ¿Tiene sentido hablar de la reconstitución de los partidos políticos, cuando cada vez parecen más prescindibles esas estructuras para ganar procesos electorales? El catedrático de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, responde a muchas de las inquietudes que nos asaltan en los tiempos inéditos de lo que él mismo ha denominado “La fatiga de la democracia en América Latina”.

La “iniciativa” está enterrada. Era inviable. El punto es que cuando 16 diputados estampan su firma en un documento para impulsar una reforma constitucional de tal calado que pretendía disminuir a la mitad (de 40 % a 20 %) el porcentaje de votos mínimos necesarios para ganar la silla presidencial en primera ronda, algo anda muy mal en la cultura política de los padres y madres de la Patria. Siete de esos diputados eran liberacionistas y siete más (toda la bancada) de Nueva República. Y claro, con esos márgenes pretendidos, Fabricio Alvarado hubiera sido presidente en 2018 y José Maria Figueres en el 2022. El punto es que en plena crisis de partidos y liderazgos políticos a algunos legisladores les pareció acertado bajar los requisitos. Más fácil, claro, que emprender el arduo camino de mejorar las propuestas, remozar las agrupaciones políticas, permitir nuevos liderazgos y hacer la tarea de presentarle al apático y decepcionado electorado una propuesta de buen calado para darle rumbo a la democracia. Y por esa vía, nos preguntamos: en lugar de subterfugios y rutas cortas y fáciles, inéditas por lo demás en cualquier democracia mundial que se precie de serlo, ¿cuáles si son las reformas que necesita nuestro anquilosado sistema político? ¿Hay realmente interés de los partidos y sus actuales dirigentes de permitir la urgente renovación? ¿Quienes deben llevar adelante estas reformas? ¿O damos por descontado, que entramos en la deriva de otras democracias que estando ya en pleno declive no logran reaccionar? Conversamos con el politólogo Kevin Casas, Secretario General de IDEA Internacional.

Es quizás el área más crítica de nuestra sociedad, determinante del desarrollo económico, pero también clave en nuestro progreso cultural, convivencia y sentido de colectividad a largo plazo. Claro que hablamos de la educación pública, ese sector del que nos ufanamos tanto en el pasado en Costa Rica, como nos preocupamos hoy por las tareas pendientes y por el serio e irrefutable deterioro de los últimos años; al margen de discusiones de tipo ideológico que suelen repercutir más en las primeras planas y en mensajes virales de redes sociales. Y junto con el declive, hay que resaltar la situación compleja que enfrentan nuestros niños y adolescentes por sus dinámicas sociales, por la economía familiar y por los efectos de la pandemia en el uso y acceso de las tecnologías, además de las limitadas capacidades presupuestarias del Estado, sin obviar la calidad del cuerpo docente que también enfrenta sus desafíos. Ahora, además, sin recursos para evaluar el tamaño y el tipo de problemas que se evidencian en las mediciones locales e internacionales. "Es como un barco que navega sin rumbo, sin brújula", decía días atrás a los diputados la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román. En pocas palabras, tenemos un problemón profundo, complejo y urgente. Al mando del timón de ese barco está la ministra Anna Katharina Müller, que como el resto de la administración Chaves Robles, se apresta a cumplir los primeros 100 días en el poder y ya puede hablar sobre base cierta del navío educativo en que viajamos todos -no solo estudiantes- y de las aguas agitadas que transita.

Valiente para haber ido a la guerrilla en su día y más valiente hoy para abrazar la paz. Así se refiere el politólogo Constantino Urcuyo Fournier al nuevo presidente suramericano Gustavo Petro. Un exguerrillero, un activista, un defensor de derechos de las minorías. Colombia inició este domingo un camino histórico con la palabra esperanza a flor de piel, con el liderazgo inspirador de un hombre que lleva sobre sus espaldas la obligación de generar verdaderos cambios en las políticas públicas de este país hermano de 51 millones de habitantes, el segundo más desigual de nuestra desigual América Latina y el sétimo del mundo. “El primer presidente de izquierda. La primera vicepresidenta afro. La primera vez que el progresismo tiene mayorías en el Congreso. Nadie tan ajeno a las élites políticas había llegado al poder, mucho menos un exguerrillero y un activista ambiental”, resumido así por BBC News. El problema, como suele suceder en estos tiempos convulsos para las democracias, es que las expectativas respecto de su gobierno son elevadísimas y pasados los festejos por el cambio histórico vendrán las realidades, que no son otras que las de las demandas sociales y políticas inmensas e impacientes de los colombianos. Con Constantino Urcuyo hacemos nuestro Hablando Claro.

"La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) no debe utilizarse como un instrumento político para que los gobernantes de turno puedan fijar el rumbo con base en intereses personales o partidistas", dice el certero pronunciamiento de la Academia Nacional de las Ciencias. Por supuesto que el señalamiento no viene de la nada. Viene de los cuestionamientos dirigidos el miércoles desde la Presidencia a ese grupo técnico/científico, no político, adscrito al Ministerio de Salud y encargado de coordinar los programas nacionales de vacunación, como el que ahora nos tiene protegidos contra la posibilidad de enfermarnos gravemente y morir de COVID-19. Los cuestionamientos tampoco llegan solos, sino acompañados -casualmente el mismo día- por una denuncia de autor desconocido y de tipo penal contra miembros de esa misma CNVE junto al ahora exministro Daniel Salas y el expresidente de la CCSS, Román Macaya, por el supuesto vencimiento de los nombramientos de dos miembros que participaron en las sesiones durante la atención de la pandemia. ¿Es este acaso un buen ejemplo de esas tantas denuncias de motivación política que criticó el presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia? La obligatoriedad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 está en el trasfondo de estas reacciones, pero hay algo más profundo y amplio: ¿cuáles criterios están primando en la toma decisiones que pueden ser de vida o muerte para la población? ¿Cuán vigente es el llamado a dejarnos guiar por la ciencia hecho 180 años atrás por José María Castro Madriz al fundar la Universidad de Santo Tomás, tal como nos lo recuerda la Academia de Ciencias? En concreto: ¿cuál será la política sanitaria frente al coronavirus y otras amenazas a la salud que corren por el mundo? Vocero del Ministerio de Salud para estos asuntos de fondo, el doctor Rodrigo Marín nos acompaña este viernes desde el cargo que retomó como director de Vigilancia de la Salud.

Si asimiláramos al partido Liberación Nacional con un navío, sería ¿un barco a la deriva? ¿Un barco encallado? ¿Acaso sería un barco sin timonel? O más bien ¿un barco que perdió la capitanía y en el que mientras los oficiales de primer y segundo rango se pelean las cuotas de mando, los subalternos aprovecharon para irse de juerga? ¿Qué diablos le sucede al partido político más determinante de la segunda mitad del siglo pasado, el partido de la Segunda República? ¿Está Liberación Nacional ya indefectiblemente condenado a la mediocridad por su incapacidad de darle misión y visión a su organización y al país? ¿Es posible que de algún modo los viejos y caducos líderes anquilosados se retiren y permitan limpiar la cubierta, rectificar los motores y darle rumbo a la nave? ¿O será que definitivamente los subalternos se terminarán de apropiar de la embarcación? Una propuesta diputadil tan descabellada y grosera como la de pretender rebajar a 20 % el mínimo establecido del 40 % de los votos válidamente emitidos para ganar una elección presidencial en primera ronda, no es sino una consecuencia de la profunda crisis de pensamiento y visión nacional que confirma que alguien como la expresidenta Laura Chinchilla, haya decidido dar un golpe sobre la mesa, urgiendo detener el inminente naufragio. Esto no es un melodrama. Las respuestas dadas por los viejos líderes a su separación temporal -léase Jose María Figueres, Antonio Álvarez Desanti y Gustavo Viales- no hacen sino constatar que, en efecto, los segundos y terceros oficiales a bordo siguen enfrascados en la propiedad de los camarotes de su venida a menos primera clase, justo cuando el agua empieza a entrar por las deterioradas estructuras. ¿Cómo salvar a Liberación Nacional? Peor aún, ¿es posible salvar a Liberación Nacional? ¿Tiene sentido hacerlo cuando la agrupación parece que seguirá capturada? ¿Por qué es tan importante para la democracia costarricense recuperar sus partidos políticos? Decenas de preguntas. Intentamos algunas respuestas con dos politólogos que conocen perfectamente las tiendas liberacionistas, Roberto Gallardo y Federico Ruiz.

Los tiempos volátiles e inciertos complejizan el ejercicio político y hacen que se valoren mucho más las cuotas de confianza popular cuando las hay, el favor de actores políticos y sociales que gravitan alrededor de los poderes formales e incluso el rol de los contrarios. Eso vive el político de nuestro pequeño país, tanto como el líder de la mayor potencia del mundo, sabedores de que el ejercicio del equilibrismo en el poder implica la necesidad de asumir riesgos y procurar sostenerse en el tiempo; lo cual conlleva retener el poder cuando no incrementarlo. Importan las capacidades propias de desempeño de quienes gobiernan, pero obviamente el contexto también resulta determinante. Cada vez más los eventos dependen de factores ajenos a las manos de un solo actor poderoso, condición básica de lo imprevisible que resultan escenarios tan cambiantes como inestables. Con esas premisas miramos el terreno político que, a diferencia del económico, parece extremadamente favorable al gobierno de Rodrigo Chaves en sus primeros 100 días, pero también la arriesgada visita que hizo este martes a Taiwán la presidenta del Senado de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ante el desagrado de la gran China que ve a la isla rebelde como suya. Aumentan las tensiones, como si faltaran en el tablero geopolítico. Con Agustín Gómez y Carlos Murillo, ambos del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, hacemos con doble lente nuestro Hablando Claro.

La Negrita. Con ese solo acudir a mote cariñoso, cualquier tico sabe a qué nos referimos. Es nuestro sello de identidad sociocultural más interiorizado, más extendido, y el que mayormente aglutina al ser costarricense, independientemente de su profesión de fe; es decir, trascendente al catolicismo mismo, para abarcar la expresión de cómo nos constituimos. La Virgen de Los Ángeles, desde 1782 Patrona de Cartago y luego, ya desde hace casi a 200 años (1824) Patrona de Costa Rica, representa según el criterio versado del historiador y sacerdote Manuel Benavides, la "inculturación de la fe" costarricense, que dio significado y razón a nuestra amalgama identitaria como negros, indígenas, mestizos y pardos; el punto de unión y cohesión social entre las clases bajas de la época y los criollos cartagineses alrededor del hallazgo de la virgen de piedra que llegó a ser tan poderosa que logró desplazar el centro de poder político de Cartago hacia la iglesia de los Ángeles -años después basílica- relegando en importancia la parroquia de Santiago, donde quedaron selladas por la historia las muy conocidas ruinas de la ciudad. De algunas de estas manifestaciones sociales y políticas de trascendencia en la forja de nuestra identidad costarricense, y por supuesto de la veneración que miles de connacionales guardan a la Negrita de Los Ángeles, conversamos este 2 de agosto con el Padre Manuel Benavides.

Las crisis se van superponiendo y unas nos distraen de otras. En este contexto, hay movimientos poco noticiosos que solo se manifiestan cuando ocurre un accidente, un atasco o cuando se le ponen cifras al tamaño de la insuficiencia de nuestros recursos públicos. Es el caso de la migración, un problema global complejísimo que Costa Rica intenta gestionar bajo sus valores de acogida y solidaridad, pero sin las capacidades que ameritan los volúmenes de personas que siguen llegando y siguen pasando. De nicaragüenses recibimos casi 80.000 solicitudes de refugio entre junio 2021 y julio 2022; como nunca en la historia. Las posibilidades institucionales están desbordadas y la cooperación internacional sigue siendo insuficiente. De Venezuela y otros países llegan muchos desde las fronteras del sur de América hacia Estadios Unidos atravesando selvas y extorsiones, incluido el cobro de $150 que las autoridades de Nicaragua aplican en su frontera, diciendo falsamente que es un salvoconducto de la ONU, como nos cuenta Miguel, uno de los migrantes que se observan por decenas en Ciudad Quesada, pidiendo dinero para pagar el peaje de Ortega Murillo, para seguir su camino. Mientras tanto, Estados Unidos intenta que los países vayan colocando barreras, endureciendo requisitos o respondiendo con las fuerzas policiales, como en México. Hay conversaciones internacionales, hay planes y hay necesidades regionales, aunque el problema acabe siendo doméstico y agregado a los apuros de la economía local. Con la sensibilidad que requiere el abordaje de la migración forzada y masiva, entendiendo que estos migrantes son víctimas de la violencia, la represión y la miseria, tomamos el pulso con la directora de Migración y Extranjería, Marlen Luna, también viceministra de Gobernación.

Para nuestra pequeña aldea, termina una semana política de marcada intensidad. Imposible obviar la sonada (¿sorpresiva?) ruptura de la ex presidenta de la República Laura Chinchilla con su partido Liberación Nacional. Pero ya tendremos tiempo de referirnos en extenso a este asunto álgido para la profunda crisis verdiblanca y en general, del alicaído sistema de partidos políticos de nuestra democracia. Por ahora nos referiremos entonces a que en la antesala del cierre de las primeras sesiones extraordinarias, hubo apertura de fuegos entre el presidente de la República y la Asamblea Legislativa, pero hubo más. Sesiones “técnicas” nocturnas de diputados con el mandatario y el ministro de Hacienda en sitio neutral y posterior sesión secreta en la comisión de asuntos económicos para referir el tema del momento: los eurobonos. Justo para reacomodar los canales no habilitados de la comunicación, don Rodrigo Chaves le aceptó un café el lunes próximo a don Rodrigo Arias, quien no ve por ahora viable que los diputados aprueben de un solo golpe autorización de endeudamiento por 6 mil millones de dólares. En otras palabras, parece que todos coinciden en que hay que salir a buscar los bonos fuera del país, pero el diablo está en los detalles: gradualidad del monto y condiciones de cumplimiento. Precisamente sobre la autorización que el Congreso debe darle al Ejecutivo para los eurobonos es que conversamos este viernes con Eliécer Feinzaig, vocero de los liberales, que ponen condiciones respecto de compromisos de austeridad en el gasto público para acceder a la bendición legislativa. ¿Zapote y Cuesta de Moras empezaron ya la negociación propia de la forja de acuerdos políticos? Veremos.

Como “emergencia de salud pública de importancia internacional” Así acaba de declarar la Organización Mundial de la Salud a la viruela símica. ¿Qué implicaciones tiene esta clasificación? Pero primero: ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se manifiesta? Esta enfermedad, que era endémica de África, donde apareció en los años 70, luego surgió en los Estados Unidos en 2003, adonde fueron llevados pequeños roedores (infectados) como mascotas. Si, el huésped natural de la viruela del mono, no es el simio, sino el ratón y sus similares. Ahora, en los últimos dos meses (16 de mayo al 22 de julio) se reportaron 16.500 casos. De ellos, tres confirmados en nuestro país. La buena noticia en medio de la incertidumbre que puede ocasionar el hecho de estar en presencia de un nuevo padecimiento de extensión mundial, es que la viruela del mono no se contagia con la rapidez ni tiene la misma implicación del SARS-CoV-2 y de hecho la OMS dijo que el riesgo de propagación (excepto en Europa) es moderado para el resto del planeta. Pero además la viruela del mono se puede tratar con la vacuna existente para la viruela humana y también existen dos antivirales aprobados por la FDA. Tomamos lección de salud pública con la epidemióloga Adriana Torres de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

Coincidimos en que nunca habrá suficientes calles para tanto autotomor y que la red de transporte público, tanto como el trazado de las rutas es deficientísima, sin que haya señal alguna de cambios sustantivos en el futuro cercano. Un sistema de trenes es, por tanto, la vía posible para desahogar el área metropolitana, reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de quienes viajamos a diario. Todos de acuerdo. Pero la discusión empieza cuando preguntamos ¿cuál proyecto de tren, a qué costo y cómo implementarlo? Es parte de lo que argumentó (formas aparte) la administración Chaves Robles para desechar el plan que se impulsó en el gobierno Alvarado Quesada, aunque ahora la aspiración desde el MOPT es recuperar una propuesta previa de la Administración Solís Rivera con un alcance mucho más acotado y un esquema de financiamiento que tampoco suena a regalo. ¿Borrón y cuenta nueva? El planteamiento está aún en ciernes, quedan muchos años por delante para ver la probable ejecución de este proyecto, pero conviene conocer la ruta que se fija el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER. Con su presidente, Mario Arce.

Fue un fin de semana largo y de declaraciones altisonantes. La primera en llamar la atención fue la jefa de la bancada oficialista Pilar Cisneros, quien dijo al semanario El Financiero “… ¿para qué vamos a recurrir a la Asamblea (Legislativa) si existe la posibilidad de que muchas cosas se puedan hacer por decretos ejecutivos? ¿Para qué vamos a recurrir a la Asamblea? La Asamblea es siempre un enredo y ¿por qué es un enredo? Porque es siempre un proceso muy engorroso”. Se refería al proceso democrático de toma de decisiones. A tono con la secuencia vista en otras ocasiones, el presidente Chaves hizo eco en Guanacaste del tema cuando le pidió a los asistentes a la tradicional parada en Corralillo de Nicoya “… Necesito que le digan a los diputados y diputadas que los están observando; que están observando cada voto que ellos hagan, cada acción”. Horas más tarde, este lunes, el mandatario descifró el mensaje. Explicó que los diputados “le están jugando chapitas” con la aprobación de los eurobonos. La verdad el común de los asistentes no sabían nada de eurobonos, pero lo de jugar chapitas les hizo mucha gracia y arrancó muchos aplausos. El partido de gobierno entiende entonces que la Asamblea Legislativa es un estorbo democrático y lo mejor es pedirle a los diputados que le aprueben en una sola jornada el cheque de seis mil millones de dólares en eurobonos que el anterior gobierno de Carlos Alvarado pidió también y no le fueron autorizados. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, calificó las declaraciones del presidente Chaves como desafortunadas e inconvenientes. Seguramente poco efectiva la respuesta, pues el escenario político público mediático lo tiene tomado por completo el mandatario. Más allá de los artilugios verbales, ¿qué presagia el primer período de sesiones ordinarias del Congreso que se inicia la próxima semana? Lo analizamos con la politóloga Eugenia Aguirre este martes en Hablando Claro.

¡Hay fiesta en Costa Rica! Si, fiesta un lunes, con celebraciones que se extienden varios días, en una provincia que sabe llenar de alegría sus tradiciones, contagiar con ellas y darles carácter de conmemoración nacional, en un festejo para todos. Claro que hablamos de la Anexión del Partido de Nicoya, extendida a toda la provincia de Guanacaste y a todo un país impregnado en la identidad por su invaluable aporte, desde los originarios chorotegas, a los pueblos coloniales que tranzaron estrechas relaciones económicas y sociales hacia el sur con el resto de Costa Rica, a las generaciones que después supieron incorporarse al país sin perder la marcada identidad que aún hoy se expresa en su territorio, una quinta parte de la nación. Es fiesta, claro, pero también reflexión sobre los modos de vida de más de 300.000 pobladores de la provincia, tan atractiva para el turismo y próspera para el agro como ingrata para miles de guanacastecos que no han logrado subir al carro del desarrollo que sí corre veloz. Muchos han emigrado al centro del territorio, una cuarta parte vive en la pobreza y muchos otros cercana a ella, con factores comunes con otras zonas periféricas del país, pero también con circunstancias que marcan desventajas y, por suerte, también oportunidades de desarrollo. Tanto que hablar sobre el Guanacaste y tanto que recordar sobre nuestra historia común. El aporte lo hacemos desde nuestra ventana de Hablando Claro, con el historiador Vladímir de la Cruz.

¿Cuál es el estilo del gobierno del presidente Chaves? ¿Cuál el desempeño de la nueva Asamblea Legislativa? ¿Cómo se conducen las relaciones entre ambos poderes? ¿Es de recibo la crítica respecto de los magros resultados de la tarea de los diputados? ¿Cuáles son las líneas de la política exterior? ¿O las que están rigiendo las políticas públicas en general de la nueva administración? Parece haber demasiados anuncios y muy poquitos resultados concretos. Pero entonces, ¿cómo se explican las muy buenas calificaciones del arranque de la gestión gubernamental? ¿Por qué parecen discurrir sin crítica ni oposición asuntos como el elevado costo de combustibles o el significativo aumento de los salarios de ministros y viceministros? ¿Cuál es el papel que cumple la Ministra de la Presidencia? ¿Por qué una ficha tradicionalmente importante en el Poder Ejecutivo costarricense como la (el) titular de la Presidencia no se observa? ¿Cómo se debe leer la puesta en escena semanal de las conferencias de prensa desde la sede del Ejecutivo? Y a propósito, ¿el tema de la confrontación (fricción) con la prensa, tiene en verdad la intención de causar "un tsunami de destrucción" como dijo el mandatario cuando estaba en campaña, o es solamente parte de un libreto para mantener la atención (tensión) en la peculiar vinculación que -todo parece indicar- va tejiendo con la opinión pública? Llevamos dos meses y medio de la gestión y empezamos a avizorar el estilo y la impronta del Gobierno Chaves Robles y para entenderlo conversamos con el Director del Observatorio de la Política Nacional, el Dr. Rotsay Rosales Valladares.

¿Se plantea la Administración Chaves Robles la extracción del oro del largamente discutido proyecto de Crucitas?
 La respuesta no está clara aún, pero sectores ambientalistas temen ese camino y otras posiciones apuntan hacia eso con el argumento de que, de por sí, mineros ilegales siguen operando en el área 12 años después de la sentencia judicial que prohibió la explotación formal.
 
Un año después del fallo favorable para Costa Rica en un millonario reclamo planteado por la compañía Infinito Gold, henos acá en la discusión por el futuro de la zona, por sus indudables impactos ambientales y por la aludida utilidad de sacar de ahí -no sabemos cómo ni con quién- la riqueza supuestamente equivalente a 2.500 millones de dólares.
 La visita del presidente Rodrigo Chaves el fin de semana no dejó claro el curso de acción, pero sí mostró-una vez más- la explotación continuada con sustancias químicas, cuyos efectos exigió atender la Sala Constitucional en 2021, sin resultados hasta ahora.
 El geólogo ambientalista Allan Astorga ha dado seguimiento por muchos años a esta larga discusión que vuelve a cobrar vigencia. Con él conversamos en nuestro Hablando Claro.

El tema de las pensiones, así dicho en general, es siempre un tema de enorme interés público.
 Un país como el nuestro que tuvo la previsión de establecer un régimen de invalidez, vejez y muerte, que aspiró a la universalización de la atención no solo en la cobertura para enfermedad y maternidad, sino también para la vejez, enfrenta hoy retos gigantescos para hacer sostenible hacia futuro sus prestaciones previsionales.
 Nos agobia la informalidad del mercado laboral, nos atenaza el envejecimiento de nuestra población y, como si fuera poco, la inseguridad que asoma cada cierto tiempo en los cotizantes de pensiones básicas y complementarias, respecto de los dividendos de los sistemas porque cuando los rendimientos bajan -cosa que es normal que ocurra con las inversiones a largo plazo- existe la tentación equivocada de creer que podríamos sacar mejor provecho, si pudiéramos tomar los dineros al instante para gastárnoslos en urgencias del momento, desprotegiéndonos cuando más lo necesitaremos. Es decir, en la etapa final de nuestras vidas.
 Justo por eso son tan peligrosos los cantos de sirena de festinar -por ejemplo- los fondos de pensiones complementarias como pretende hacerse cada cierto tiempo.
 Volvemos a hacer un repaso del significativo asunto de los fondos de pensiones y lo abordamos con un experto en la materia, el economista y ex superintendente de pensiones, Edgar Robles.

Cuando una amiga fue con su pariente enfermo a un hospital de nuestra seguridad social y se encontró con una sala de emergencias abarrotada de personas, le expresó al guardia su temor por el peligro de contagio, y el celador (único funcionario de primer contacto con los usuarios del centro médico) le contestó : “señora, la pandemia ya terminó”. No es popular hablar al respecto. Pero definitivamente la pandemia no ha terminado. Aunque ya casi no hablemos de ello en los medios o en las (livianas) redes sociales. Aunque no tengamos datos duros cada semana desde el mes de mayo para monitorearla, la pandemia no ha terminado. ¿O es que acaso no hay cerca de su entorno uno o varios contagiados todos los días? ¿O usted mismo no se contagió ya una o dos veces? Los especialistas vienen alertando hace semanas del peligro que implica habernos quedado a ciegas. “Oscuridad epidemiológica” le dice el salubrista Ronald Evans, quien sostiene que “el silencio informativo sobre Covid-19 en Costa Rica es único entre todos los países democráticos del mundo”. Mientras en el planeta las muertes y los contagios suben y las personas siguen teniendo datos acerca de la prevalencia, la mortalidad, las inoculaciones, las hospitalizaciones, las pruebas y todas las variables sobre el virus, aquí parte sin novedad. Con Evans coinciden los también especialistas, Juan José Romero y Agustín Gómez, de la Universidad Nacional y la de Costa Rica, respectivamente, cuando sostienen que hemos normalizado y naturalizado el Covid, al igual que lo hemos hecho con “las muertes en las carreteras, los asesinatos, las malas condiciones de las vías nacionales, el desastre educativo público… La corrupción, los habitantes de la calle, la venta y consumo de drogas…” En otras palabras, ¿qué más da agregar un otro problema a tan larga lista de males y volver a ver para otro lado? Lo cierto es que aunque volteemos la mirada, sigue muriendo gente. Siguen apareciendo variantes del SARS-CoV-2, y aunque la mayoría de los ciudadanos dicen estar conscientes de la necesidad de mantener mascarilla, sobre todo en servicios públicos como los autobuses y los trenes, también es cierto que a falta de política pública orientadora hemos relajado todos los controles. Sería bueno saber, entre otras cosas (de nuevo en algún momento) cómo van las costosas incapacidades laborales y cómo se está (o no) gestionando la pandemia en Costa Rica. Por ello, el epidemiólogo Evans asegura que “es totalmente necesario volver a contar prontamente con información estadística… Oportuna, confiable y completa”. No podemos seguir navegando a tientas en una pandemia, por mucho que ahora gracias a las vacunas los casos sean menos graves. ¿Cómo recuperamos el control de nuestros índices de contagio y la conducción atinada de la Covid-19? Lo conversamos con el estadístico Agustín Gómez y el epidemiólogo Juan José Romero.

Se sabía que el turismo era una de las industrias que más tardarían en recuperarse del golpe de la pandemia, que nuestro destino (Costa Rica) contaba con enormes ventajas comparativas y que la reactivación de miles de empleos dependía también de los nuevos factores de la economía mundial. Por eso parece bueno el dato de 1.2 millones de visitantes en el primer semestre del año actual, casi 71 % de lo registrado para ese mismo periodo del 2019 (prepandémico) y la mitad de lo proyectado para el 2022 completo. No se trata, sin embargo, de volver a lo que había antes de la pandemia. Nada más irrealista. Hay intereses diferentes de los potenciales viajeros, economías alteradas y también tendencias aceleradas como esa que llamamos "nómadas digitales", a los que Costa Rica apunta con entusiasmo con una ley recién reglamentada. Los ángulos para mirar el turismo son muchos y todos vigentes, incluida la imagen del país 'Pura vida' y su compromiso de protección de la naturaleza, un punto crítico. Al frente de todo ello está el nuevo ministro William Rodríguez, un veterano de la industria, con quien conversamos en Hablando Claro.

La lista de posibles afectaciones por el cierre este jueves del servicio de la revisión técnica vehicular en todo el territorio nacional, no podremos constatarlas hasta que no transcurran estos meses, de inhabilitación total primero y de reinicio después. Hasta el 15 de setiembre, según proyecta el MOPT. Aunque conocedores en la materia temen que pudiera ser más tiempo. Veamos solo algunos tropiezos que ya se avizoran, según el ex gerente general de Riteve, Fernando Mayorga: 1- paralización de los trámites registrales para inscripciones de vehículos, cambios de características y otros, (el Registro Público depende de la información que le suministra el operador de la RTV para hacer esas tareas) 2- no se sabe qué pasará con las revisiones del transporte público que tienen calendarización distinta a la anual de vehículos particulares 3- dejar de usar los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos implica un enorme riesgo de deterioro o daño por la exposición a la humedad propia de nuestro clima. 4- por la misma razón se podrían deteriorar las instalaciones, sobre todo si no tienen celoso mantenimiento durante el periodo de desocupación. 5- hay que asegurar servicios de vigilancia 24 horas para evitar daños o vandalismo. Nosotros agregaríamos que el descalce de revisiones técnicas de todo el parque automotor del país, podría generar un poco de caos e incluso podría obligar a una apurada reforma a la Ley de Tránsito para que -llegado el momento- vehículos sin RTV al día puedan pagar el marchamo del 2023. Si eso sucediera, poner el parque vehicular al día nuevamente podría tardar mucho más que unos cuantos meses. Aunque nada de lo anterior es desdeñable, Mayorga sostiene que el efecto más grave será el social, pues de la revisión técnica no solo dependen las casi 500 familias de los trabajadores directos, sino también miles de indirectos como personal de seguridad, limpieza, mantenimiento, propietarios y trabajadores de talleres de reparación y venta de repuestos, importadores de vehículos y otros. Lo anterior deja ver que para la nueva empresa que retome la prestación de la RTV el camino será cuesta arriba. Tanto por la contratación del personal, como por la minuciosa comprobación metrológica de los equipos. Todo a falta de planificación para una transición fluida y ordenada, que, según el especialista en contratación administrativa, Christian Campos, fue una situación buscada por la responsabilidad de dos gobiernos, resultando finalmente en que amaneciéramos este 15 de julio sin revisión técnica vehicular, cuando lo fundamental es que el estado está obligado a garantizar la prestación continua de ese servicio. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para resolver el entuerto? Conversamos con el abogado Fernando Mayorga.

Cuatro meses atrás, allá por marzo, los precios especulativos de las materias primas (petróleo, cobre,alimentos) se disparaban en el mundo como consecuencia del inicio de la invasión a Ucrania. Ahora el proceso es a la inversa. Desinflación en los precios de esos productos básicos por desaceleración de la demanda, explicada obviamente por el ajuste de la oferta de los mercados; lo cual, según los especialistas, era esperable. Lo que no baja aún es la inflación generalizada. Como sabemos, en nuestra pequeña economía llegamos a los temidos dos dígitos el último mes con 10.1 % del flagelo, lo que no teníamos desde hace 13 años. Estados Unidos anunció también esta semana, que llegó al 10 % Eso en lo coyuntural. En lo inmediato. Pero más allá en el horizonte, el tres veces presidente del Banco Central urge que el país se establezca metas de largo plazo para poder enmarcar las decisiones de hoy en ese futuro. De acuerdo con don Eduardo Lizano, en una entrevista al diario La Nación, Costa Rica debería aspirar a convertirse en un país de renta alta en el 2050 para hacer parte del grupo de las 25 naciones más prósperas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. ¿Será que somos capaces de hacer ese planeamiento y proponernos un norte tan ambicioso? ¿No estaremos demasiado enfocados en los distractores nuestros de cada día? Conversamos con el economista José Luis Arce.

El último desempleo de nuestro país -según las cifras oficiales- volvió a la cifra previa de la pandemia, 12 %, pero el problema está muy lejos de desaparecer. La falta de oportunidades, o el descalce entre las necesidades de las empresas y la oferta de trabajadores, provocaron en el último semestre de este 2022 que una parte de la población más bien se rindiera y dejara de buscar empleo. Si ahondamos en los números, vemos que el terreno laboral es más agreste para las mujeres, lo sabemos, que sobrellevan el peso de su hogar. En la primera mitad del 2022, un 17 % de las mujeres desempleadas llevaba más de un año buscando infructuosamente una colocación. También están los jóvenes, entre quienes un 20 % ni siquiera está dentro del mercado laboral y tampoco estudia. Pero el reto no acaba con decir "tengo empleo", pues casi uno de cada 10 empleados trabaja menos horas de las que quisiera, eso para no hablar del enorme 44 % de los trabajadores que se aloja en sectores informales (aunque si miramos con detalle en la región del pacífico ese rubro supera el 55 %). Es como ir levantando capas y viendo problemas adicionales, a pesar de que sigue existiendo empresas que buscan cierto perfil de trabajadores y no los encuentran. Ahí se expresan también las desigualdades y estas obligan a un trabajo fino por región, por sector, por grupo poblacional y quizás por industria, sin entrar siquiera en la pérdida del valor de los ingresos de los hogares, que es otro árbol del bosque. El seguimiento lo ha hecho el economista Greivin Salazar desde el Observatorio Económico de la Universidad Nacional (UNA) que nos acompaña este miércoles en #HablandoClaro para mirar por debajo de las cifras el momento del empleo, ahora que la economía tanto aprieta a la población por el lado del gasto.

Solo el fin último fin de semana, 9 personas fueron asesinadas en Limón y Guanacaste. Son las últimas víctimas de la violencia criminal, como fueron hace unos días Marco Calzada y Manfred Barberena. En lo que va del año, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, se han registrado 316 homicidios. Si consideramos que el año pasado terminamos con 588, es altamente posible que este 2022, terminemos con una cifra mayor, lo que nos continúa situando por encima de los 11 o 12 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Para dimensionar lo que eso significa, veamos que en Francia hubo 1.32 asesinatos por cada 100 mil habitantes en el 2018, en Finlandia 1.64, en Canadá 1.97, en Nueva Zelanda, 2.63 y en una sociedad que consideramos violenta como Estados Unidos 6.28. Claro, eso no se parece en nada a nuestra América Latina y particularmente a algunos de nuestros vecinos: en Honduras, por ejemplo, murieron 36.33 por cada 100 mil habitantes en 2018 y en El Salvador 37.16. Es decir, tres veces más que nosotros. Pero tampoco está muy lejos, la criminalidad en México con 28.37 asesinatos por cada 100 mil habitantes o Guatemala con 26.04 o aún Colombia con 22.64. Este es el entorno. Según Naciones Unidas, "la actividad criminal es responsable de muchas más muertes en todo el mundo que el conflicto armado y el terrorismo combinados". A menos que la comunidad internacional tome medidas decisivas, (no será posible alcanzar) las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas para el 2030. Y claro, añade, “las Américas continúan reportando altas tasas de homicidios. Los hombres jóvenes están especialmente en riesgo, con una tasa de homicidios de 18 a 19 años estimada en 46 por cada 100.000, mucho más que el riesgo que enfrentan sus pares en cualquier otra región del planeta… Una situación dramática también se observa con la cruda estadística de los hombres jóvenes de 15 a 29 años, cuya tasa estimada de homicidios en 2017 para los hombres en ese grupo de edad en las Américas fue de 64 por cada 100.000”. Este es el duro retrato de las muertes por violencia de acuerdo con Estudio Mundial de Homicidios 2019, de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta epidemia de salud pública con políticas públicas nacionales y locales endebles, presupuestos públicos decrecientes y espacios públicos tomados por el hampa? Conversamos con Fernando Sánchez, un experimentado policía del Organismo de Investigación Judicial. Y también recibimos los aportes del especialista en temas de seguridad, Daniel Matul.

Los viles asesinatos de Marco Calzada Valverde y Manfred Barberena Novoa de apenas 19 y 23 años respectivamente, solo fueron los últimos que han ocurrido en San José en este año; 26 con ellos dos. Ahora, después de la resonancia mediática del caso Calzada, que fue el que sacó a flote la muerte -hasta entonces anónima de Barberena- las autoridades anunciaron un convenio de cooperación para realizar “patrullajes conjuntos y estrategias preventivas coordinadas” entre la Municipalidad de San José y el Ministerio de Seguridad Pública del país. Después, claro. La criminalidad -lo sabemos bien- es multicausal. Y la violencia extrema, en la que las vidas terminan por no valer nada, es su expresión más degradada y cruel. Pero sabiendo que la delincuencia no es solo un asunto de represión policial, también es verdad de perogrullo que sí requiere atención, vigilancia y estrategias de abordaje permanentes. ¿Hace cuánto se ha venido perdiendo el control de incontables espacios públicos que son apropiados por los maleantes? En el caso concreto de la capital, ¿acaso es una novedad señalar que es un sitio inseguro, sucio, abandonado, y del que la inmensa mayoría de la gente -literalmente- desaparece en sus refugios al caer la noche, porque no es para nada un sitio para caminar sin poner en peligro la existencia? Y por cierto, hablando de San José, ¿es que acaso el único funcionario público que asume responsabilidades técnicas, operativas y políticas en la más grande alcaldía del país es el director de la Policía Municipal? ¿Adónde está el Alcalde? ¿Y la Vicealcaldesa? ¿Y el Presidente? ¿Y el Consejo municipal? ¿Y los líderes sindicales que abonan también con jugosas dietas sus reuniones? ¿Cómo es que la capital del país se degrada día con día y no aparecen sus "autoridades"? La Municipalidad de San José no da pena. Da vergüenza. Así que para iniciar la semana y no dejar en el olvido la indignación y la impotencia, conversamos con el único que está al frente del barco, el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano Ortiz.

Se está cocinando un nuevo arroz… Y todos estamos a la espera de su sazón. El gobierno bautizó el platillo como “La Ruta del Arroz” en el entendimiento de que reducir el precio del alimento más popular de la mesa de los costarricenses, no era posible hacerlo -como se lo propuso inicialmente- en una sola estación el mismo 8 de mayo. El caso es que entonces se anunció el inicio del camino esta semana con una modificación vía decreto al arancel de importación, de modo que el gravamen bajaría 30% y quedaría apenas en un 5%. La medida, que fue celebrada por los importadores y los consumidores, es motivo de preocupación para los productores; tanto que la Cámara de Agricultura y Agroindustria vaticinó que la “ruta del arroz” podría borrar del mapa la producción nacional. Y de acuerdo con el especialista en la materia, el economista agrícola Víctor Umaña, tal vez no estén equivocados los que pugnan por proteger la producción nacional. ¿Por qué? Pues resulta que no hay nada tan complejo como el arroz, tanto que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se trata del producto más distorsionado del mercado mundial y por eso los países productores y consumidores tienen en el arroz los aranceles más elevados del globo. Por una parte, de acuerdo con Umaña, “el arroz se consume principalmente en los países donde se produce y entonces el mercado internacional es pequeño. Solo como referencia, China e India, que representan más de un tercio de la población mundial, suministran más de la mitad del arroz del planeta, por lo que pequeños cambios en la producción y consumo en estos países, generan impactos enormes en el comercio internacional”. Pero hay además otras consideraciones sensibles de producción mundial respecto del arroz y para poder llegar a la ansiada meta de reducir el precio al consumidor, asegurando al mismo tiempo el abastecimiento (que debe ser-claro está- permanente) habrá que dar pasos con muchísimo cuidado. De todos esos factores conversamos con el economista agrícola Víctor Umaña Vargas.

Viendo el vaso medio lleno, podemos afirmar que nuestro Poder Judicial se somete voluntariamente a una profunda evaluación independiente en el Informe Estado de la Justicia, algo único en América Latina y, por tanto, excepcional, porque permite exponer objetivamente sus falencias, vulnerabilidades y áreas opacas de gestión, justamente para pugnar por las reformas que requiere. Viendo el vaso medio vacío, es decir, en los resultados de la última auscultación, tenemos una valoración popular negativa sobre los tiempos de los procesos judiciales, una desconfianza ciudadana creciente, tensiones internas, una perniciosa y asentada concentración de poder en la cúpula, la “judicialización” de la política y la falta de reformas profundas después del remezón del 2017 con el “cementazo”, entre otros factores. Son diversos y complicados los desafíos de este pilar de nuestro sistema democrático, todos condicionados por el contexto político que no resulta halagüeño, como lo dijo hace pocos días el magistrado Fernando Cruz Castro al anunciar que dejará la presidencia de la Corte. El momento exige la evaluación, el análisis y los señalamientos constructivos, tal como lo hace el Cuarto Informe Estado de la Justicia presentado este miércoles. Con su coordinadora, Evelyn Villarreal, nos acercamos a esas conclusiones.

Se cumplen ocho meses desde la última pantomima electoral de Daniel Ortega y parece que las urgencias mundiales han puesto a Nicaragua muy abajo en las prioridades de atención, aunque casi 200 presos políticos enferman en sus cárceles y continúa la diáspora de disidentes hacia Costa Rica. La desgracia del país vecino es siempre un evento en desarrollo, aunque las etapas van cambiando y a veces aparentan normalidad. Poner en agenda a Nicaragua y a sus víctimas es, por tanto, el objetivo de una “Comisión por la Vida y la Libertad de las y los Presos Políticos de Nicaragua” que integran parlamentarios y activistas de distintos países que pretenden verificar en el terreno el estado de los encarcelados, aunque no tienen certeza de que lo permita el gobierno de Ortega y Murillo. Ahora están en Costa Rica, donde se reúnen con dirigentes de los grupos de exiliados que no paran de crecer. Casi 80.000 han solicitado refugio en los últimos 12 meses, huyendo de la represión, las violaciones a los derechos humanos y del desempleo con ribetes políticos que imperan en el país vecino. Por eso, la mirada cercana que se pretende con esta comisión es visibilizar nuevamente el perverso accionar del grupo gobernante que amasa sus fortunas, al tiempo que procura alianzas con grandes capitales mientras continúa aplicando métodos de represión estalinista, como señala el coordinador de la delegación, Mariano Rosa. Con Rosa y con la diputada argentina Luciana Echevarría, volvemos a hablar de Nicaragua, de la situación inhumana de los presos políticos y de la respuesta de la comunidad internacional.

En su día (2016-2020) Donald Trump se fijó una hoja de ruta que hoy muestra sus efectos en la democracia estadounidense. Alteró -con el apoyo decidido de su partido, por supuesto- la composición de la Suprema Corte nombrando jueces ultraconservadores. Eso es allá en la nación del norte y algunos pensarán que no tiene nada que ver con nuestros problemas. Pero el desbalance de poderes en las democracias siempre es un asunto sensible que debemos observar. No sea que un día, sin percatarnos, perdamos conquistas fundamentales sin siquiera darnos cuenta. En las últimas semanas, las decisiones de la Corte, desde la abolición de restricciones a la portación de armas en sitios públicos en Nueva York, hasta la supresión del derecho a decidir (aborto) como prerrogativa constitucional, el restablecimiento de normas para favorecer a los conservadores religiosos en Washington y hasta la supresión de potestades a la Agencia de Protección Ambiental para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, todo eso ha alterado la convivencia en el país, tanto que algunos se atreven a asimilarlo con decisiones encadenadas tan destructivas como la guerra civil. El punto es ¿qué sucede cuando priva un poder por encima de los otros y se pierde el necesario y delicado balance que armoniza la vida en común en el estado de derecho? El activismo de los jueces como decisores políticos siempre es un tema polémico. ¿Cuánto peso le corresponde al Legislativo, cuánto al Ejecutivo y cuánto al Judicial? ¿Cómo se preserva al poder Electoral? En fin, ¿cómo se garantiza la independencia de cada uno y el contrapeso para tomar las mejores decisiones en aras del bienestar colectivo, entendiendo las complejidades de respetar la diversidad como eje central de la civilización humana? Conversamos sobre balance de poderes y activismo judicial con Marco Feoli y Mario Matarrita, profesores de la maestría de Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica.

Pasó el susto. Aunque tenemos daños que atender y personas a las que brindar apoyo, y siempre quedan deterioros materiales que se agregan al inventario de infraestructura nacional por décadas debilitada, lo cierto es que una combinación de factores nos benefició: por un lado, el país mostró sus capacidades de preparación y por otro, el fenómeno se debilitó lo suficiente en velocidad y trayectoria para no impactarnos como se temió inicialmente. No lamentamos ni una víctima mortal y eso es lo más importante. Las personas que preventivamente habían salido de sus hogares regresaron y, por el momento, volvemos a retomar la normalidad de nuestra cotidiana existencia, entendiendo que estamos apenas empezando la temporada ciclónica que se extenderá -como todos los años- hasta noviembre. Por supuesto que las atenciones post emergencia entraron en su siguiente fase: corren las instituciones para reparar averías de servicios públicos, hacer inventarios de atenciones de vivienda y ayuda social y, por supuesto, (órdenes presidenciales incluidas) para poner en habilitación cuanto antes puentes falseados que deben ser sustituidos. “Somos un país privilegiado de tener un sistema de prevención de riesgo como el que tenemos” Sin discusión. Como lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora vale una reflexión para encontrar nuestras áreas de mejora y prepararnos para la siguiente tormenta. Que la habrá. Hacemos recuento de Bonnie y las acciones ejecutadas por nuestra institucionalidad con Alejandro Picado Eduarte, presidente de la CNE.

El asunto no es que no exista la corrupción. El asunto es que se combata, que denuncie, que se persiga. Idealmente, el meollo es que se pueda ganar la lucha contra la impunidad. Los casos de Cochinilla, Diamante, la elevación a juicio de dos implicados en el negociado conocido como “cementazo”, así como el lanzamiento de la "Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030", le valieron al país un ascenso significativo en el último “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción” recientemente publicado. Se trata de una herramienta de medición que implementan en la región la Americas Society Council of the Americas y la empresa especializada en medición de riesgos Control Risk. En este ranking, Costa Rica (7.11) supera por primera vez a Chile (6.88) y obtiene el segundo lugar latinoamericano en lucha contra la corrupción, tan solo después de Uruguay (7.42) La medición valora tres aspectos fundamentales de la lucha contra la corrupción: la capacidad legal del sistema, el funcionamiento de la democracia y las instituciones públicas y por último el desempeño de la sociedad civil y los medios de comunicación. En los dos primeros rubros, Costa Rica mejoró su puntuación. Para darnos una idea del estado de “salud” que presentan otros vecinos en este tópico en particular, Panamá ocupa el lugar número 7 con un 4.96, mientras que México (4.05) está en la casilla 12 y Guatemala (3.38) en la 13. Naciones convulsas en términos de conflictividad social reciente como Colombia (4.87) y Ecuador (4.82) ocupan los sitios 8 y 9 del índice, mientras que Venezuela queda relegado al último lugar con una calificación paupérrima de 1.63 Claro que para nuestro caso, tenemos mucho por mejorar, pero puntualmente: ¿Qué falla en la sociedad civil y los medios de comunicación para aspirar a mejorar nuestros mecanismos de lucha anticorrupción? Conversamos con Eduardo Núñez, director para Centroamérica del Instituto Nacional Democrático, NDI, por sus siglas en inglés.

Los expertos aseguran que la desigualdad latinoamericana empieza en la escuela. Y consecuentemente sostienen que Latinoamérica ha producido una gran estafa educativa. Es, por supuesto, conclusión respecto de los pésimos resultados que exhiben nuestros países en cuanto a los aprendizajes y la adquisición de conocimientos para la vida. Para la inserción laboral y para la vida en general, como proyecto de realización y plenitud de cada ser humano. En Costa Rica podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la educación es una de las áreas de la política pública más diagnosticadas. Tenemos insumos, valoraciones, estudios e investigaciones de la más diversa índole y algunos -como los Informes del Estado de la Educación- de mucha calidad. Pero, también tenemos los datos puros y duros que exhiben los malos resultados. Del tema se ha hablado hasta el cansancio. Y el que menos conoce sabe muy bien que se quiere decir cuando se habla de las dos Costa Ricas: la de la educación pública y la de la educación privada. Claro, por supuesto, son sus excepciones. También sabemos a cabalidad que la pandemia expuso como una herida abierta la vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes de la educación pública que -para su mayor desgracia- ya venían del desastre que significaron para ellos las huelgas del 2018 y del 2019. Por eso ahora hay alumnos en quinto grado que no saben leer y escribir bien. Lectoescritura es un gran desafío. Matemáticas también. Esto es solo la punta del iceberg. La educación está atravesada por otros problemas enormes además de la adquisición de conocimientos, tenemos problemas de conectividad, de equipamiento, de infraestructura, de calidad de los docentes… ¿Cómo está encarando la nueva gestión ministerial los retos? ¿Qué significa "encender la educación"? ¿Cuál es la hoja de ruta para esta administración y para los próximos 10 o 20 años? Lo conversamos este jueves en Hablando Claro.

Precedida por el encuentro de las potencias del G7 en Alemania, este miércoles Madrid es sede de la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con la garantía de ayuda “ilimitada” a Ucrania y la bienvenida al grupo a dos históricos neutrales: Suecia, que no participa en conflictos desde las guerras napoleónicas, y Finlandia, que había sido imparcial desde la Segunda Guerra Mundial. Tal es la suerte de la recomposición del tablero geopolítico que ha ocasionado la invasión rusa que cumple 127 días y que Vladímir Putin ha afirmado con un ataque a un centro comercial ucraniano, dejando una veintena de muertos y decenas de heridos, todos civiles inocentes Así, el encuentro de los aliados reviste tal calibre que hizo cruzar el Atlántico al Presidente de los Estados Unidos en momentos en que el patio interno, en la nación del norte de América, está en total ebullición. Tanto que algunos analistas estiman que la división manifiesta en la sociedad estadounidense no se palpaba así desde los días previos a la Guerra Civil (1861-1865). Y la Suprema Corte, cuyo balance de poderes se encargó de alterar Donald Trump en su día, seguramente por décadas, tiene un papel epicentral en los acontecimientos. Primero, el jueves pasado asestó un golpe a los neoyorquinos al eliminar las restricciones de circulación con armas en espacios públicos, atizando el debate de ese estado y del país respecto de uno de los temas más sensibles en el país. El viernes dinamitó los ejes de la convivencia social de los últimos 50 años, derogando la protección constitucional al aborto. Y como si eso fuera poco, el lunes dio un paso más para desmantelar la separación iglesia-estado. El fallo 6-3 de los altos jueces contra un distrito escolar de Washington refuerza un nuevo patrón para favorecer a los conservadores religiosos y sus prácticas en la educación pública. Para terminar de agudizar todas estas tensiones, las revelaciones que está destapando la comisión investigadora en el Congreso acerca de la conmoción política del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 tuvo un punto climático en su sexta audiencia con el testimonio de una ex asesora de la Casa Blanca de Donald. Conversamos con Eduardo Ulibarri de este complejo panorama.

Aunque este lunes los ecuatorianos podrían haber respirado un poco de esperanza con el anuncio de los grupos que protestan hace dos semanas de su disposición a un acercamiento (al que se habían negado hasta ahora) con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, los días que han vivido los habitantes de gran parte del país de la mitad del mundo, han sido de enorme tensión e incertidumbre. Las protestas que liderada Leonidas Iza, de la poderosa Confederación Nacional Indígena de Ecuador, CONAIE, empezaron el 13 de junio con una lista de reclamos que tenía como primer punto el costo de los combustibles. La escalada de los ánimos degeneró en violencia y el Ejecutivo respondió el día 18 con la declaratoria del estado de excepción y más acciones represivas del aparato militar que atizaron los ánimos, incrementaron los efectos de los bloqueos (desabastecimiento de alimentos e insumos) y radicalizaron las posiciones de no acercamiento, al tiempo que fueron aderezando la crisis política en el Congreso, dado que un grupo de medio centenar de legisladores afines al expresidente Rafael Correa han pretendido encauzar la destitución del Mandatario. Lo cierto es que para desentrabar la situación, el gobierno decidió el sábado derogar el estado de excepción y el domingo anunció una disminución de 10 centavos de dólar en el precio de los combustibles que ya había congelado antes y el lunes, finalmente, la CONAIE y otras organizaciones que habían adherido las protestas, aceptaron sentarse a dialogar. La noticia está en desarrollo. Pero aún sin conocer su desenlace, es necesario acercarse a la crisis democrática ecuatoriana y considerando las agudas crisis socio políticas precedentes en Chile, Perú y Colombia, preguntarnos ¿por qué siguen enfermas las democracias latinoamericanas? ¿Es posible recuperarlas de los padecimientos agudos de la pobreza, la pobreza extrema, la exclusión, la informalidad laboral, la desigualdad extrema, la falta de oportunidades educativas y la precariedad de los servicios de salud? ¿Están acaso algunas de ellas condenadas al fracaso, sobre todo sabiendo que otras ya cayeron por los populismos y la corrupción extrema? La hora de las democracias latinoamericanas en Hablando Claro con María Fernanda Morales Camacho, experta investigadora en relaciones internacionales y máster en Estudios del Desarrollo.

¿Será posible que el Presidente Chaves y el Canciller André den marcha atrás en su decisión de avalar la candidatura de un nicaragüense para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA? Eso es lo que parece deslizarse de la declaración optimista que dio el Dr. Miguel Ángel Rodríguez luego de que este fin de semana los ocho expresidentes del país les remitieran una misiva a los actuales titulares de nuestra política exterior en defensa de no solo los principios cardinales de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos que son emblema costarricense, sino también de aseguramiento de la estabilidad de Centro América y de la seguridad nacional de nuestro territorio. La situación emerge del anuncio oficial de Casa Amarilla el jueves pasado, señalando que Costa Rica daría su voto para que Werner Vargas, representante del régimen dictatorial de Managua, sea elegido en ese puesto únicamente porque ello correspondería a la rotación geográfica del cargo entre los países del Istmo, como se acordó en el año 2017. La exmandataria Laura Chinchilla fue la primera en alzar la voz diciendo que el voto a Nicaragua sería “una bofetada a las víctimas de la represión y dar más poder al país que ha alterado el balance militar en Centroamérica y que ha aplaudido la invasión de Rusia a Ucrania”. Añadió además que también constituiría un golpe autoinfligido a nuestro país, dado que el puesto se le otorgaría a quien ocupó cargos en la cancillería nica y en la fallida, pero aún existente Corte Centroamericana de Justicia, cuando se produjo la invasión a nuestra Isla Calero. En coincidencia con sus colegas, este domingo el expresidente Luis Guillermo Solís dijo al diario La Nación que el pacto de rotación es inválido porque Nicaragua ha vulnerado principios que se establecieron en el denominado acuerdo de Tegucigalpa. “En el 2017 no habían pasado las matanzas del 2018. Daniel Ortega no se había robado las elecciones”, tampoco dijo, se habían metido a la cárcel periodistas, cerrado medios de comunicación, violentado derechos humanos, etc. Precisamente en la carta, los exmandatarios recuerdan al Presidente y el Canciller que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente informe de marzo, “documentó los casos de 43 personas aún detenidas en el contexto de las elecciones del 2021 y la muerte de uno de ellos en prisión, 34 personas sentenciadas a cárcel sin las garantías procesales, 92 casos de personerías jurídicas canceladas a Universidades, ONG y fundaciones, y cerca de 150 mil nicaragüenses que tan solo en el 2021 huyeron del país”. Otro eje sustantivo del planteamiento de los ocho expresidentes es lo relacionado con el poderoso refuerzo armamentístico de la vecina nación (incluidos tanques, artillería remolcada y lanzacohetes) así como “la reciente autorización para el ingreso de tropas a su territorio, incluyendo algunas provenientes de Rusia…” Lo conversamos con doña Laura Chinchilla Miranda, expresidenta.

Foto: Rafael Pacheco/La Nación. “¿Acaso son la república independiente del Poder Judicial, que recibe sus propios impuestos, o tienen su propio legislativo?” Esa fue la respuesta del presidente Rodrigo Chaves cuando se le consultó si no había traspasado los límites a la independencia de los poderes, cuando fue a la Corte Suprema de Justicia a pedirle a los magistrados que no permitan que los “intereses canallas” sirvan como “obsceno cañón para lanzar sus balas de odio”. Odio y canalla, son dos de los vocablos a los que acude con bastante frecuencia el Mandatario. Esta vez fue para referirse a unas demandas que tramita el Ministerio Público en su contra por acción solicitada del Tribunal Supremo de Elecciones en unos casos y de personas físicas en otros, según trascendió la semana pasada justamente cuando don Rodrigo llegó intempestivamente al Ministerio Público, Como es harto sabido, el lunes, en la tradicional visita de cortesía que hace cada nuevo Presidente a la Corte Plena, el jerarca del Ejecutivo aprovechó para mezclar las críticas a la eficiencia del Poder Judicial con sus peticiones respecto de los asuntos propios en proceso de indagación. “La Corte no merece darles vitrina y espacio a estos individuos. Es momento de parar a los canallas que están llenando al tribunal de demandas absurdas y frívolas”, dijo. Esa es la síntesis de lo sucedido y los ecos han resonado toda la semana. Desde la apreciación del Presidente de la Corte recordando la línea cardinal de la separación de poderes del Barón de Montesquieu, que es fundamento de la democracia republicana, hasta la protesta de los sindicatos del Poder Judicial que argumentaron que no solo se trató de intromisión en otro poder, sino que la actuación del mandatario podría constituir una presión indebida. También se hizo sentir la voz de reprimenda de algunos legisladores y de unos pocos medios de comunicación. Todo esto sucede en la antesala de la presentación del Cuarto Informe del Estado de la Justicia la semana próxima (la investigación la realiza el Estado de la Nación con la anuencia activa del mismo Poder Judicial) y antes de la postergada elección del nuevo/a Fiscal General de la República que, dicho sea de paso, es motivo de señalamiento por un panel independiente que ha referido las falencias del proceso. Acerca de este momentum de la Corte Plena y el Ejecutivo conversamos entonces con el Dr. Fernando Cruz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

No es algo nuevo. Ocurre desde hace un tiempo. Pero ciertamente en la última campaña electoral explosionó como un volcán de enorme poder destructivo: es el odio en las redes sociales. Si ustedes se toman el trabajo de leer lo que hay en los comentarios de cada día tras publicar nuestra invitación a escucharnos, se darán cuenta al instante de lo que un muy serio estudio de Naciones Unidas concluye sobre Costa Rica: padecemos una epidemia de odio en las redes que aumentó -ni más ni menos- 71% en el último año. Va dirigida contra muchos, pero ataca especialmente a mujeres (y no se diga si son mujeres periodistas), a población sexualmente diversa, a afrodescendientes, a medios de comunicación y también aunque ahorita en menor medida a migrantes y a extranjeros en general. Por eso no nos extraña que cada día a nuestra directora le pidan insistentes odiadores la “renuncia” o peor aún a Radio Columbia donde trabaja hace 15 años que “la despidan ya” o un extremo nada sorprendente de uno que otro irascible cibernauta “que abandone el país”. Pero no es para nada personal. Es parte de un comportamiento masificado tóxico y enfermo que refleja un severo daño en el tejido social, en la convivencia, en el relacionamiento, en el respeto a la opinión de los otros, en su desconocimiento de que -como personas- esos otros tienen derecho a tener sus propias ideas, concepciones de mundo, formas de amar y formas de expresarse. Es la descalificación a priori por supuestos perversos intereses, por pretendidos pagos bajo la mesa (por supuesto no se puede pensar libremente si no es que se reciben coimas, dádivas o dineros mal habidos) En fin, es el pan de cada día de las redes sociales en Hablando Claro y en muchos otros programas y medios de comunicación; aunque hay que decir que también hay medios, programas e influencers "odiadores". El estudio acerca del discurso de odio en redes sociales 2021-2022 en Costa Rica lo demuestra contundentemente. Fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, el Observatorio de Comunicación Digital de la UCR y la firma especializada en análisis de datos COES y señala que el 77 % de los mensajes que tienen que ver con odio y discriminación se formulan con la idea expresa de herir, dañar, ofender, agredir y violentar a otros grupos o personas. El problema que tenemos con esta guerra en las redes es que además de incitar a la violencia, afecta la democracia, la degrada, la desvaloriza. Y la democracia -lo sabemos bien- es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Por eso hay que combatir el odio en las redes sociales. Pero ¿cómo podemos hacerlo cuando los odiadores gritan a voz en cuello y los demás decidimos callar porque no podemos ni queremos dedicarnos a responderles sus diatribas? Conversamos este jueves (a riesgo de más insultos) con Larissa Arroyo, especialista en Derechos Humanos, consultora de Naciones Unidas y coautora de la guía legal contra discursos de odio.

Un país como el nuestro que tiene un buen desempeño en Derechos Humanos también presenta déficits en algunos de los llamados derechos de nueva o cuarta generación, especialmente relacionados con temas de salud que son siempre tópicos muy sensibles. Por ejemplo, tenemos pendiente avanzar en un debate serio para aprobar el derecho a la eutanasia. También estamos cortos en el aseguramiento de los derechos que asisten a los pacientes (lo sabemos muy bien ahora con el hackeo a la Caja Costarricense del Seguro Social) respecto de nuestros expedientes clínicos. Pero no hacía falta algo tan dramático como la vulneración de los piratas informáticos, para advertir que falta mucho mayor resguardo ético y legal de muestras biológicas en casos de pruebas de laboratorio dentro y fuera del país, de transferencia de materiales biológicos, de protección de datos genéticos, etc. Aunque tenemos una ley de Protección de Datos desde hace una década, necesitamos mucha más formación para que todos, y muy especialmente el personal de salud, comprenda la dimensión de la responsabilidad ética que implica algo tan sencillo como tomarse selfies en las salas de operación con un paciente sedado y abierto en alguna parte de su cuerpo, solo para citar un caso que en cierta forma vemos como "normal" aunque vulnere derechos a la intimidad. Un campo en el que sí dimos un paso adelante fue en la reciente promulgación de la Ley de Voluntades Anticipadas, que es una herramienta que permite, como su nombre lo indica, que una persona pueda renunciar expresamente a recibir tratamientos que le prolonguen artificialmente la vida. La voluntad anticipada se entiende entonces como un derecho para evitar lo que se conoce como “obstinación o encarnizamiento terapéutico”. Vamos a conversar de estos apasionantes y polémicos asuntos este miércoles con los especialistas de la española Universidad de Murcia en bioética y bioderecho, los doctores Belén Andreu y José Ramón Salcedo de visita en el país para abordar en un congreso universitario situaciones difíciles al final de la vida, medicamentos de alto costo, protección de datos en salud e investigación biomédica.

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la semana pasada el mayor aumento de las tasas de interés en casi 30 años y el resto del continente corre a tomar nota. El ajuste llega después de que en mayo se registrara un incremento inesperado de la inflación, el nombre que dan los economistas a ese encarecimiento que todos hemos percibido en este año al comprar en la pulpería o en el supermercado. El problema es que la Reserva advirtió que seguirá subiendo aún más las tasas, porque en el horizonte económico global no se ve buen clima todavía. Solo pasaron unas horas y nuestro Banco Central reaccionó elevando, por cuarta vez en el 2022, la tasa de referencia para que los bancos coloquen créditos, con el objetivo de que se contenga el exceso de dinero circulante y se contenga la inflación, que llegó en mayo a una variación de 8,7 % interanual, más allá de lo proyectado. No hablamos de tecnicismos, sino del terreno en que miles de familias o negocios enfrentan la tarea de llegar a fin de mes o al menos de acomodar sus presupuestos a las nuevas realidades. Son estrechos los espacios para maniobrar y no hay acción sin reacción; la búsqueda de equilibrios se dificulta más y crece la urgencia de buena mano en el timón, lo que pasa sí o sí por el tamiz de la política y sus movimientos de corto plazo. El momento demanda una lectura que nos aporta el economista José Luis Arce, en nuestro Hablando Claro.

Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Una de las democracias más antiguas de América Latina dio este domingo un giro de timón y en medio del imprevisible resultado que arrojó la primera vuelta, la mayoría de los votantes se inclinó por un político muy conocido; así que a la tercera fue la vencida. Exguerrillero, exalcalde, excongresista y senador, Petro (50,49 %) le ganó la contienda al recién aparecido en escena Rodolfo Hernández (47,26 %) un populista millonario, sin carrera, sin partido y sin plan de gobierno que pateó el tablero político. Así, lo de Colombia es una reconfiguración total del ajedrez. Pero claro, eso no resulta para nada sorprendente en los tiempos que corren. Si no todo lo contrario. Petro, de 62 años, se convirtió en el presidente más votado en la historia del país con más de 11 millones de votos, pero lo que hizo Hernández fue tremendo y consiguió 4.6 millones de votos más, respecto de su primera presentación. Por eso el designado lo llamó anoche mismo a hacerse parte de los diálogos que el país necesita para su proyecto de paz y soluciones de justicia social. Paz y justicia social -por cierto- junto con diversidad, lucha contra el hambre, guerra a la corrupción, respeto al ambiente (detener la extracción de petróleo), redistribución impositiva, son solo algunas de sus inmensas ofertas de campaña. Y ahora vendrá entonces lo complejo. Tratar de cumplirlas. Justo cuando los sectores empresariales lo ven con terrible desconfianza y exigen seguridad jurídica, seguridad tributaria y orden público. Gustavo Petro el ex guerrillero y político de temperamento autoritario (así reconocido por él mismo) tendrá que convertirse ahora en el presidente de todos los colombianos en un contexto democrático de división, fragmentación y hartazgo de promesas. Es decir, como todas las sociedades de todas las naciones democráticas de nuestra América Latina. Con Constantino Urcuyo analizamos la interesante encrucijada sociopolítica de la tierra de García Márquez.

Un cúmulo de señales nos permiten ir vislumbrando de a poco -pero cada vez con más claridad- el estilo de la nueva administración gubernamental. La toma de control no ha sido fácil para un equipo que -en la mayoría de los casos- no se conocía y con fichajes que -también en no pocos casos- debió integrarse con profesionales y académicos que no habían tenido relación con el manejo de la cosa pública y sus insondables complejidades. El mismo mandatario, que había dicho en su día que nunca argumentaría ingobernabilidad para no tomar decisiones, recalculó sus apreciaciones al señalar -con el eco legislativo de su jefa de bancada- que los mandos medios le están obstaculizando la tarea. No precisó si son esos mismos controladores de las instituciones públicas los que no le permiten rebajar el precio del arroz -como lo prometió- aunque claramente el lunes lanzó indirectas a quienes impiden la ansiada rebaja. A pesar de ello, el mismo señor presidente dice (y dice bien) que los problemas no son para quejarse de ellos, sino para resolverlos. Por eso, todo hace indicar que tendrá que reconsiderar su determinación de no romper la regla fiscal, dado que se necesitan con urgencia dineros extras para mantener en el segundo semestre del año todos los programas de protección para 3.557 niños y adolescentes en vulnerabilidad social. Lo que sí se logró ya fue que ARESEP decretara una rebaja de 100 colones en el litro del diesel. Lo que sí se pudo también (y eso cuenta y es lo más destacado) fue que el país clasificara al Mundial de Qatar y eso es algo que favorece en cualquier tiempo a cualquier mandato. Otra nota positiva es la intención de diálogo y apertura que muestra la Casa Presidencial “con pizzas para todos” como lo confirmó un comunicado oficial en días pasados. Énfasis especial ha tenido en este empeño el proyecto de jornadas 4-3. Claro que hay de todo como es usual y el estilo de gobierno está tomando forma también desde el inicio con el cobro de facturas. Ha habido destituciones en Comex, Hacienda, Sinart, el ICE y otras entidades por donde va pasando la renovación de piezas. Para algunos de los integrantes del gabinete, el presidente Chaves Robles es más un gerente y su idea es conducir al Ejecutivo más como una empresa. ¿Es eso posible? Y como nota a pie de página, un capítulo sorpresivo y sorprendente se produjo este jueves cuando don Rodrigo Chaves dejó de lado sus funciones y se apersonó a la fiscalía general para documentarse acerca de una acusación en su contra. No se supo mucho de la situación particular, pero obviamente fue todo un revuelo, incluida la movilización de medios que se produjo. Oficialmente, si se sabía que el mandatario tiene dos expedientes en curso por los temas del manejo del financiamiento de su partido en la campaña electoral y sin duda, dados los tiempos que corren, acumulará más a lo largo del cuatrienio. Recordemos que el ahora expresidente Carlos Alvarado terminó con al menos una decena de acusaciones penales. Con Jesús Guzmán, del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica, analizamos las primeras seis semanas de la actual gestión.

De congojas presupuestarias y regla fiscal… Justo cuando la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) está urgiendo a los gobiernos de la región para que redoblen todos sus esfuerzos de atención a poblaciones en riesgo social, de modo que no se profundicen los temidos efectos de la crisis de este 2022, en nuestro país más de 13.000 niños y adolescentes en vulnerabilidad quedarían sin atención a partir del primero de julio dada la insuficiencia de recursos para cuidarlos, abrigarlos, darles techo y alimentarlos. Si, tan pronto como la próxima quincena. Se trata de 13.557 niños y jóvenes que reciben atención integral diurna, cuido en guarderías y atención en hogares alternativos residenciales y de acogimiento familiar que requieren urgentemente para el segundo semestre del año, un presupuesto de poco más de 16.335 millones de colones que el Patronato Nacional de la Infancia debería girar a unas 200 organizaciones no gubernamentales que sirven de brazo de apoyo a la manutención de personas menores de edad que están en pobreza y pobreza extrema. El problema estriba en que el financiamiento que recibió el PANI para dotar de contenido a estas organizaciones solo alcanzaba para el primer semestre de este 2022 y, por tanto, era necesario que se planificaran más recursos para terminar el año y eso no sucedió. Ahora, a tan solo quince días de requerir de los recursos del mes de julio y los subsiguientes del semestre que se avecina, no pareciera haber opciones que aseguren que los chicos no quedarían en desamparo. La presidenta ejecutiva del PANI -a quien invitamos a nuestro programa- nos pidió tiempo para avanzar en alguna solución, pero el margen de maniobra parece nulo porque en una nota oficial del 31 de mayo el ministro de Hacienda le dio un categórico no a la también ministra de niñez y adolescencia, Gloriana López Fuscaldo. De acuerdo con el jerarca hacendario, “debido a la realidad económica que atraviesa el país, a las limitaciones que conlleva la aplicación y cumplimiento de la regla fiscal… En el presupuesto del 2022 no existe posibilidad de incluir recursos adicionales, lo que imposibilita atender su petitoria”. Y claro, la petitoria de la titular del Patronato eran ni más ni menos que los recursos para terminar el año. Por ahora, la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) que financia parte de sus neurálgicas actividades con esos recursos, temen lo peor. Y lo peor sería que los niños y adolescentes en vulnerabilidad, los más débiles eslabones de la cadena de falta de recursos y oportunidades, encuentren las puertas de sus hogares de acogida cerradas a partir de julio. ¿Cómo salir de semejante congoja? Conversamos sobre el problema social que se nos avecina con este recorte de recursos de inversión social con personeros de UNIPRIN.

Exactamente en un mes vence el contrato que desde el 2002 permite a Riteve dar el servicio de revisión técnica a la flota vehicular del país, sin que hasta el momento haya claridad sobre lo que ocurrirá a partir del 16 de julio. La empresa dice estar a la espera de una pronta respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para sentarse a negociar una posible prórroga del servicio, aunque el ministro Luis Amador condicionó en su momento las conversaciones al traspaso de todos los activos que ahora serán del Eestado; algo que paradójicamente se retrasó a falta de la integración del Consejo de Seguridad Vial. Otras opciones colocadas en el panorama parecen inviables si lo que se pretende es no volver a lo que ocurría antes del 2002. Es "la papa caliente" que recibió este gobierno, en palabras del presidente Chaves, aunque es también una oportunidad más de lanzar los mensajes políticos que van demarcando el estilo del gobierno actual, ministros incluidos. Ocurre en el MOPT con numerosos proyectos viales pendientes y también con las reformas institucionales que atiendan las ineficiencias del diseño actual de una entidad central debilitada y varios otros consejos "satélites" donde se diluyen lineamientos y presupuestos. Es parte de la tarea que el ministro Amador ha anunciado en su primer mes de funciones. Con el jerarca y muchas preguntas hacemos nuestro Hablando Claro.

Vivimos una secuencia de variadas crisis una tras otra y las proyecciones económicas del mundo son sombrías Para América Latina, CEPAL proyecta un muy escaso crecimiento de 1.8 % para cerrar el año y urge políticas macroeconómicas precisas así como de seguridad alimentaria y energética. Urge porque aumentarán la pobreza y la pobreza extrema, no habrá recuperación del empleo en la cantidad necesaria y la inflación seguirá afectando a los quintiles de menor ingreso y especialmente a las mujeres y aún más a las mujeres cabezas de hogar. Según la Comisión Económica para América Latina, en un informe que recién se dio a conocer, los gobiernos deben echar mano a todos los instrumentos posibles para mantener las políticas fiscales y monetarias “procrecimiento”. Por eso recomienda que amplíen el espacio fiscal para favorecer los ingresos y que se impongan tributos a la renta extraordinaria de los recursos naturales. En lo inmediato, la seguridad alimentaria debe ser para sostener el bienestar de los más pobres, no restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes, establecer acuerdos de contención de precios y reducir o eliminar aranceles. A mediano plazo implementar políticas agrícolas apoyando la producción, aumentando la eficiencia de los fertilizantes y también su producción (incluyendo biofertilizantes). En seguridad energética hay que estabilizar los precios de los combustibles, establecer subsidios focalizados temporales a personas y sectores vulnerables. Propone además explorar -en una América fragmentada totalmente- mecanismos regionales de diálogo y coordinación. A mediano plazo propone avanzar en fuentes energéticas renovables (no extracción de combustibles fósiles!) e integración energética. Por supuesto, con este panorama las expectativas de la gente van totalmente correlacionadas. Para peores, la desconfianza está instalada en el continente. Según el Índice de Clima del Instituto Brasileño de Economía, el déficit en innovación, la política económica de los gobiernos y la corrupción, explican el deterioro económico de los últimos tres trimestres y de ahí el empeoramiento en la valoración de las expectativas. Y claro, ya sabemos lo que juegan las expectativas en economía. De nuestros propios márgenes de maniobra y especialmente de las medidas que pueden apurar tanto la administración Chaves Robles como el Congreso de la República, conversamos con el economista y dirigente empresarial Luis Mesalles.

En un momento más que complicado para la economía y la geopolítica, Estados Unidos aloja en Los Ángeles la Novena Cumbre de las Américas como una prueba de influencia continental y un esfuerzo por lanzar- más allá de las fronteras- sus mensajes de defensa de la democracia, además de las preocupaciones por las migraciones que le siguen llegando y preocupando. El eje del encuentro, sin embargo, se supone incluye también el abordaje ambiental, en momentos en que las prioridades de los gobiernos han colocado en segunda línea el combate al cambio climático o las políticas de la sostenibilidad, frente a urgencias perentorias como la económica, presionada por el alza de combustibles, que ha vuelto a carburar en días recientes. Las noticias, sin embargo, se han centrado en la no invitación a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar de recientes acercamientos entre Caracas y Washington. Ello hizo que desistieran de participar, o al menos eso alegaron, los presidentes de México, Honduras y Bolivia. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, sí está allá con un objetivo declarado de atracción de inversiones. Muy paradójicas, por cierto, las ausencias del triángulo norte del Istmo (tampoco asistieron Guatemala y El Salvador), cuando se anuncia una inversión de casi $2,000 millones mediante inversión de empresas privadas estadounidenses para generar necesarísimos empleos en los tres países. Con este tema y la mirada de analista internacional de Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, conversamos en Hablando Claro.

Casi 15.000 personas recorrerán como hormigas el país entero durante tres semanas para que todos podamos saber qué país están recorriendo. El juego de palabras funciona para el Censo Nacional 2022, que comenzó este miércoles a recolectar en 1,8 millones de hogares el tesoro de los tiempos actuales: la información pura y dura que permitirá conocer el estado de nuestra sociedad 11 años después de la última vez que lo realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Datos valiosísimos que resultarán materia prima para tomar decisiones de políticas públicas y también, claro, para valorar lo que a veces queda oculto entre tantos desafíos y urgencias. Es la manera en que podremos dimensionar la situación actual tras una década de constante incidencia de las tecnologías, una pandemia que nos cambió hasta el modo de saludar, una tendencia de desigualdad que parecer no tener freno y muchas otras transformaciones que seguro traerán sorpresas también. Pero el proceso apenas va al terreno y todos debemos colaborar. Para eso conviene saber qué tipo de información nos pedirán y todas las medidas de seguridad que se aplican para esta enorme movilización. Conozcamos esos detalles y el valor del Censo con Elizabeth Solano y Edgar Díaz del INEC.

La vertiginosidad de las noticias económicas no nos da tregua. La inflación, la presión por el tipo de cambio, la urgencia de encontrar algún paliativo al elevado precio de los combustibles y otras muchas repercusiones asociadas están a la orden del día. La inflación de mayo pegó un salto de casi un punto y medio respecto de la de abril y se situó en 8.71 %. La gráfica ya va produciendo vértigo; se parece a aquellas líneas ascendentes de los momentos del Covid disparado. Tal vez la comparación no resulte muy rigurosa en términos formales, pero sí muy entendible para todos. Lo cierto es que estamos ante la inflación más alta de los últimos 13 años. Muy similar a las registradas en Estados Unidos (8.3 % en abril) y la Unión Europea (8.1 % en mayo). En nuestro caso, los bienes que apuntalaron mayormente este incremento fueron los transportes en taxi, la gasolina y la telefonía móvil, pero en términos generales se trata de los transportes y los alimentos, y como ya sabemos todo por causa de la maldita guerra rusa. Buscando paliativos, el Ejecutivo se inclina por los subsidios a los autobuseros para que no suban los costos de los pasajes, pero además, plantea a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos buscar la forma de reducir la presión que tiene el costo del diesel sobre el transporte de personas y mercancías. Un desafío tan importante o mayor que ese para Hacienda, está en enfrentar el cuestionamiento de la Contraloría General de la República respecto de lo que considera un exceso de endeudamiento público en el proyecto de emisión de bonos de deuda por $6 mil millones de dólares en el mercado internacional. Se trata de un proyecto de la administración Alvarado Quesada que los diputados anteriores no avalaron y que la nueva gestión Chaves Robles retomó. La cuestión, obviamente, es si los diputados le darán luz verde al Ejecutivo o se inclinarán por la tesis de su órgano asesor, que es precisamente la Contraloría. Y eso no es el único endeudamiento que el Ministerio de Hacienda requiere para continuar con el plan de estabilización. De estos desafíos inmediatos, justo cuando el Banco Mundial da malas noticias y proyecta la posible estanflación de la economía mundial, conversamos con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Un leve respiro dio el tipo de cambio en la tendencia de fuerte apreciación del dólar en las últimas semanas; pero el problema está lejos de ser superado. Siguen ahí los actores internacionales que alteran las economías y que nos arrastran a una mayor presión inflacionaria, más allá de las promesas o expectativas de intervención local desde nuestra pequeña casa. Hablamos de la guerra en el este de Europa que ya cumplió más de 100 días, las reacciones proteccionistas de las economías que tienen músculo para ello y los acomodos “indomables” de los mercados. También del precio de la gasolina como reflejo de casi todo, aunque también condicionado por circunstancias locales como el impuesto, la industria local de importación y distribución de hidrocarburos, y nuestros propios hábitos de consumo. Acaso no haya hogares y empresas que han tomado decisiones fuertes al ver como pasó de ¢1.000 el litro y como la escalada impacta otros productos o servicios básicos. Sobre las acciones o reacciones posibles a pesar de los escasos márgenes del país, y sobre la variedad de efectos relacionados, hablamos entonces con el economista Fernando Rodríguez.

A tono con la conmemoración, este domingo del Día Mundial del Ambiente que enarbola la bandera de “Una sola Tierra” y en extensión con el paraguas de la “Sostenibilidad” esta semana se realiza la novena edición de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Dejando de lado las consideraciones políticas respecto del debilitado músculo de los Estados Unidos en América Latina para llevar adelante esta nueva cumbre -que será motivo de análisis al cierre de semana- lo cierto es que el Día Mundial del Ambiente nos trae a la mesa de nuevo los inmensos desafíos para avanzar en los temas de protección y recuperación de nuestra casa común. Y en este punto, cada uno tiene su tarea. Por supuesto, los países grandes (desarrollados o en vías de desarrollo) tienen la responsabilidad mayor para reducir las emisiones y actuar de manera más consecuente con los efectos -a punto de irreversibles- del cambio climático. Algo muy paradójico de plantear cuando tras el golpe de la pandemia por el SARS-CoV 2, enfrentamos una guerra que lleva tres meses destruyendo a Ucrania, aumentando los precios de los combustibles fósiles y trastocando el mercado de cereales y otros insumos alimenticios vitales. ¿Cómo poder ver el horizonte cuando estamos imbuidos en la guerra armamentista de cada día? Claro, un país como el nuestro, que marca cero en las emisiones de carbono en lo sustantivo, pero que tiene responsabilidades éticas indiscutibles que han servido para modelar buenas prácticas y nos ha hecho merecedores de reconocimientos a lo largo del último cuarto de siglo, algo tiene que decir, y aún más, mucho tiene por hacer. Y no se trata solo de las aguas vertidas, como lo fue a pregonar recientemente el presidente de la República a Davos. También tenemos otros pendientes muy severos que afrontar. Por ejemplo, estamos degradando nuestros bosques tropicales, que son determinantes ecosistemas vitales del planeta, según hallazgos muy recientes, puntualmente en el Caribe, donde han sido convertidos en patios de contenedores. Así como lo lee. ¿Cómo revertir nuestras pésimas prácticas de planificación y falta de ordenamiento de los territorios? ¿Habrá continuidad al plan de descarbonización que heredó la pasada administración? Lo conversamos con Franz Tattembach ministro de Ambiente y Energía.

Cuando creímos que nuestra Seguridad Social había sido probada al límite con la atención de la pandemia, un ataque cibernético obliga ahora a declarar una emergencia institucional. Y, al igual que con el SARS-CoV-2, muchos ciudadanos ya sufren las consecuencias del ataque informático, y todos somos potencialmente víctimas de sufrirlo. Si, todos. Porque el principio de universalización y solidaridad de nuestro seguro social, nos incluye a todos los que eventualmente podríamos requerir de sus servicios. Lo cierto es que esta vez no hubo tiempo de prepararse para una emergencia que obligó a bajar todos los sistemas informáticos de la institución. Por ventura, algunos servicios extremadamente sensibles como la radioterapia que proporciona tratamiento a 320 pacientes por día en el Hospital México solo se interrumpió por 24 horas Una vez constatada la pureza de la red, el servicio se normalizó. También operan los servicios de quimioterapia en todos los centros médicos que habitualmente proporcionan este tratamiento. Tampoco se interrumpieron las cirugías del Centro Nacional de Rehabilitación De igual manera servicios como odontología, psicología y nutrición operan al cien por ciento, las farmacias trabajan con tinta y papel en la recepción y despacho de medicamentos, lo mismo que los laboratorios. Todo exige mucho empeño para cumplir con la directriz de mantener la atención de citas programadas. Claro, los procedimientos quirúrgicos que requieren antecedentes e interpretación diagnóstica para poder realizarse, han debido suspenderse, aun cuando se mantiene una alta prioridad para atender las cirugías de embarazadas, niños y anticoagulados. Otros grados de alteración tienen que ver obviamente con los trámites de pensiones y uno muy sensible que es el de incapacidades y licencias por enfermedad y maternidad que deben hacerse en papel y se estima que sí sufrirán retrasos en el pago. La vulneración a los sistemas de la Caja se produjo desde muchas semanas antes del violento ataque del martes en la madrugada y sus efectos van dejando al descubierto que probablemente no solo habrían robado información, sino incluso hasta alterado expedientes de pacientes. Terminamos nuestra semana Hablando Claro con un balance del ataque y lo hacemos con el Dr. Randall Álvarez, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El curso de las horas y con ellas la revisión exhaustiva de equipos ha dejado al descubierto que la penetración a los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social fue muchísimo más amplia de lo estimado inicialmente. Más de la mitad de los 1.500 servidores (800, precisó el presidente ejecutivo) y alrededor de 9.000 terminales resultaron afectadas, hasta ahora. Los servicios de la institución no serán restablecidos esta semana. Esta es la única precisión en cuanto a tiempos que se conoce. Aunque la buena noticia es que los respaldos están confirmados hasta el lunes 30, justo horas antes del ciberasalto. Con la crisis en proceso, el presidente de la República pidió que rueden cabezas. Ordenó investigar la Dirección de Tecnologías de la CCSS para sancionar a los supuestos responsables en caso de que hubiese habido negligencia. También este miércoles el Ministerio de Salud comunicó un caso bajo estudio por probable viruela del mono que, de confirmarse, sería el primero en nuestro país y en toda Centro América. Se trata de una joven turista noruega de 21 años que ingresó al territorio nacional el 22 mayo y presentó sus primeros síntomas cinco días después. Por ahora, ninguno de sus contactos directos (otros seis turistas y dos costarricenses) han mostrado sintomatología alguna. Para confirmar o descartar el padecimiento habrá que esperar resultados de las pruebas ya enviadas al Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos. Pero como tenemos claro que las crisis se superponen unas a otras, el contagio por las variantes de Covid-Ómicron no cede. Hoy volvemos a tener en nuestros entornos cercanísimos casos nuevos todos los días y aun cuando son de menor gravedad, algunos hospitales ya dan cuenta de incrementos sensibles de ocupación. Así que mientras esperamos mayores noticias y más claridad respecto de lo que sucede con el ciberataque a nuestra seguridad social, conversamos acerca de la viruela del mono, las reinfecciones por covid y la necesaria insistencia en abarcar con la vacunación a todos aquellos que puedan recibir las dosis disponibles. Con el epidemiólogo Juan José Romero.

Un comando élite integrado por 300 expertos en informática trabaja incesantemente para detectar el grado de vulneración que recibieron los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Exactamente, 43 días después del ataque contra Hacienda, un grupo delictivo conocido como Hive (en español colmena o panal), especialmente dedicado a asediar sistemas de salud en los Estados Unidos, atacó la madrugada de este martes nuestra institución de seguridad social que había recibido en el curso de la crisis anterior un intento de penetración que no tuvo éxito, pero que podría haber dejado alguna vulnerabilidad para posibilitar la nueva incursión que aun cuando no deviene propiamente del poderoso ciberdelincuente Conti, si tiene vínculos con esta otra organización criminal. Ante la interrupción de los servicios, que se produjo como consecuencia de que la propia Caja bajó todos los sistemas para protegerlos del golpe, el presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos, pidió paciencia a los asegurados, mientras ofreció tranquilidad señalando que se ejecutan todas las medidas de contingencia. Aun cuando reconoció que el asalto fue muy violento, el Dr. Ramos también adelantó que por ahora parecieran ser pocos los sistemas vulnerados. La afectación principal es que debido a la protección no está disponible el ahora indispensable Expediente Digital Único en Salud, EDUS, que precisamente hace un mes cumplió 10 años y ha implicado toda una era de modernización en la prestación de los sensibles servicios de salud de los asegurados. Respecto de la intrusión, las autoridades de la CCSS aseguraron en la conferencia de prensa del mediodía del martes que aún no habían recibido solicitud de rescate para no liberar eventual información secuestrada y consecuentemente, por ahora negaron que se trate de un evento extorsivo. En esta línea, el director de Tecnologías de Información, Roberto Blanco, aseguró que no era responsable adelantar criterio y, por tanto, no confirmó si el ataque habría sido producto de una vulnerabilidad tras el intento de penetración de abril o si se trata de un asalto completamente nuevo. Para ahondar en la comprensión de los hechos de la batalla informática contra nuestro país, conversamos con el exdirector de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Jorge Mora.

“... Tenemos que competir contra el narco y que los muchachos no se metan, que no se los lleven, que no deserten del estudio. La droga está en la calle, la compran fácilmente o los utilizan para que la vendan” Quien refiere esta cruda realidad -a la que usualmente damos la espalda- sabe de lo que habla. Es David Morales, Director Regional del Ministerio de Educación Pública y tiene bajo su mando 252 centros educativos en Limón; de los cuales, según él mismo estima, al menos el 20 % son vulnerables a la acción de las bandas del narcotráfico. Él dio estas declaraciones al diario La Nación días atrás, cuando un par de hechos de violencia extrema volvieron a poner sobre el tapete la vulnerabilidad que enfrentan los niños y los jóvenes en muchas zonas del Caribe donde los docentes y las autoridades educativas ejecutan una estrategia de “alerta temprana” para tratar de contener la situación de vulnerabilidad de los menores en riesgo social. Lo que ocurre en Limón también sucede en muchos otros sitios del país. De hecho, el propio Ministerio de Educación Pública reconoce que cada año 7,000 estudiantes (y no solo adolescentes, sino también niños) son detectados en consumo de diversas drogas. Y bien sabemos que esa puerta conduce a todos los abismos. Ampliando el lente de este de por sí ya gran problema social, las autoridades advierten de una ola pospandémica de violencia extrema. El reconocido penalista Carlos Tifer afirma que “luego de poco más de dos años de clases virtuales, el regreso a las aulas se ha visto empañado -no solo en nuestro país, sino también en otros de la región- por un estallido de violencia que sorprende a nuestra sociedad, pues no es un fenómeno frecuente en el ámbito escolar”. ¿Qué clase de fenómeno es en realidad y qué tan nuevo resulta? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad social y por qué en otros entornos, aun cuando no se trate necesariamente de temas de drogas, hay también tanta violencia entre los estudiantes? ¿Es el comportamiento intolerante y agresivo de los adultos también parte de la ecuación del deterioro de la convivencia en escuelas y colegios? Hablamos este martes de manifestaciones de violencia, sus muy diversas causas y la necesidad de reconocerlas y actuar socialmente para revertirlas. Con el especialista en derecho Carlos Tiffer y el investigador social Carlos Sandoval García.

En un país como el nuestro en el que la matriz para el consumo eléctrico está asegurada con fuentes renovables en un 99% (lo cual no sucede en muchas otras latitudes planetarias) el precio que más nos afecta en lo cotidiano, es el de los combustibles fósiles para mover el sistema de transportes (personas y mercancías) del cual absolutamente todos dependemos. En este sentido, no es necesario explicarlo, la invasión de Rusia a Ucrania, que ya contabiliza tres largos meses, ha trastocado esos costos tanto como las cadenas de distribución, que ya venían afectadas por la pandemia, y la crisis alimentaria de granos. Crisis que se superponen unas sobre otras. Pero cómo de nada vale aquella vieja sentencia de “mal de muchos…”, todos (o digamos, muchos) estamos esperando alguna solución local al problemón mundial. Hasta ahora, las propuestas de solución planteadas al problema de nuestra factura petrolera, son menores, cuando no irreales. Nos explicamos: algunas propuestas resultan paliativos, insuficientes para el costo de llenar el tanque (el precio actual y el que se anuncia obviamente mayor). A nadie le tranquiliza una rebaja de 50 colones en el litro de la gasolina y el diesel. La solución mágica (irreal) es la de aquellos que piensan que es tan fácil como la “voluntad política”. Así aparecen las propuestas de eliminar de cuajo el impuesto único a los combustibles; lo que -evidentemente- sí tendría un impacto significativo en el costo. Pero, ¿cómo hacer semejante rebaja, sin tener con qué suplir la insuficiencia de recursos que eso le generaría al erario público? Aquí es donde se sitúan las diferencias que ponen de manifiesto la cruda realidad. ¿Existe acaso alguna fórmula viable para disminuir el precio de los combustibles de manera que sintamos un alivio verdadero, sin que su consecuencia sea desfinanciar obligaciones estatales de la hacienda pública? Se lo preguntamos a un experto independiente en la materia, el economista Pablo Sauma.

Al concluir una semana que estuvo marcada por las polémicas declaraciones presidenciales respecto del supuesto despilfarro de las reservas del Banco Central y de un deterioro fiscal más agudo del que realmente padecemos, vamos quedando claros que -dichosamente- la credibilidad actual del país está más sustentada en los índices (y los datos duros que los respaldan) que en los juicios de valor, más propios de la argumentación de los resabios de la pasada campaña electoral. Ahora, lo cierto y real es que nos toca enfrentar los embates de la crisis que ya veníamos padeciendo por nuestros acomodos internos y por la pandemia global, y la nueva producida por la guerra en Ucrania, cuyo flagelo más evidente en términos económicos, refiere a la inflación aquí y en el resto del mundo. Y la inflación alcanza por supuesto a todos los precios. Incluyendo el tipo de cambio. El nuevo jerarca del Banco Central, Róger Madrigal, quien hasta el 7 de mayo era el Director de la División Económica de la institución, esgrime como principal eje de acción en esta coyuntura delicada la prudencia en un momento en que el tipo de cambio ha seguido subiendo y está afectado por variables fundamentales de largo plazo que inclinan más las condiciones a dejar la flotación administrada que fue la marca característica de los últimos años, para pasar a una flotación un tanto más libre. En una materia sumamente técnica que gravita en torno a la autonomía e independencia que por ventura tiene el Central en nuestro esquema de pesos y contrapesos institucionales, el jerarca establece con claridad las líneas de gestión. “Lo que queremos es que los ajustes se den dentro de una lógica del mercado, de crear los incentivos económicos para que las variables se comporten de acuerdo con lo que nosotros consideramos los criterios de eficiencia. Nadie está pensando que para combatir la inflación hay que fijar precios, por ejemplo”, argumentó el diario La Nación este jueves. De las condiciones propias del país y de las holguras y estrecheces de la política cambiaria y monetaria del Banco Central para apuntalar las circunstancias de la pequeña economía costarricense, conversamos con don Róger Madrigal.

Bien sabemos que a los costarricenses nos cuesta mucho cambiar lo establecido. Aunque no estemos cómodos con algo, nuestra primera reacción, (en términos generales, clara está) es resistirnos a la posibilidad de modificar las condiciones en las que nos encontramos. Esto aplica para casi todo. Pero puntualmente en términos del trabajo, como eje sustancial de nuestra calidad de vida, es particularmente sensible. No todos, por supuesto, tenemos el trabajo soñado. Ya sea por las condiciones inherentes de la tarea que debemos desempeñar, sea por la precariedad que afecta a muchas personas en su empeño por colocarse bien, o peor aún, por el hecho de que el empleo formal escasea cada vez más para cientos de miles de personas, las condiciones de aseguramiento y las mínimas de respaldo de derechos, no alcanzan para todos. Es lamentable. Pero esa es la realidad. Peor aún, hay personas que tienen que soportar situaciones de irrespeto con tal de tener un empleo y, claro, no se pueden quejar porque trabajos hay pocos y trabajadores dispuestos a lo que toque, muchos. Nuestro emblemático Código de Trabajo, que tantas garantías y protección nos ha brindado, ya cumple casi 80 años y aunque se ha sometido a modificaciones parciales, lo cierto es que no responde a las cambiantes circunstancias del siglo que vivimos. La última discusión, para remozarlo, pretende permitir variaciones en las tradicionales jornadas semanales de cinco o seis días, para introducir una adicional de solo cuatro días laborales, pero con una extensión de hasta doce horas de jornada. La propuesta ha causado revuelo porque a no pocos les produce temor que una reforma a las reglas actuales permita eventualmente vulnerar derechos adquiridos. No obstante, hay muchos otros que ven en esta posible modificación de ley una oportunidad para gestionar mejor sus equilibrios vitales, incluyendo ahorro en tiempos de desplazamiento, mayores opciones para armonizar tiempos familiares o para el disfrute del tiempo de enriquecimiento meramente personal. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de introducir una nueva jornada en nuestro esquema de trabajos formales? Con la especialista en derecho laboral Paola Gutiérrez lo conversamos en Hablando Claro.

A la Caja Costarricense de Seguro Social, la entidad estatal más emblemática y significativa de la paz social del país, le llegó la hora de una transformación estructural. Una reingeniería de sus procedimientos, pero también de su cultura institucional. Quien lo sostiene con total convencimiento y claridad de objetivos es su nuevo presidente Ejecutivo, el Dr. Álvaro Ramos Chaves, un experto en temas de pensiones que ahora tiene delante de sí y de sus responsabilidades, el bosque completo del aseguramiento nacional: el que exige sostener y mejorar la cultura previsional jubilatoria para una población que vive muchos años y el que requiere mejorar la prestación de sus servicios de salud y también, claro está, la generación de ingresos para poder seguir haciendo todo lo que de ella se espera. Ramos, prefiere poner pausa por el momento al tema de pensiones, que visualiza más en el enfoque sistémico de los varios regímenes que tiene el país y, por tanto, con una redefinición a mediano plazo, en consonancia con otras organizaciones y, por supuesto, con diálogo nacional. En lo inmediato, quiere concentrarse en perseguir dos cambios sustantivos: por un lado, devolverle la credibilidad a la CCSS y la confianza a los contribuyentes de que obtendrán salud y pensiones dignas para que sigan cotizando; lo cual implica derrotar el pesimismo que percibe en torno a los cotizantes que creen que no recibirán contraprestaciones por sus aportes, y lograr además nuevos contribuyentes, lo que entraña necesariamente derribar lo que califica como “la percepción de hostilidad” que tienen los asegurados independientes respecto del sistema, lo que conduciría (o debería conducir) a modificaciones más profundas que las formuladas hasta ahora. El otro objetivo es mejorar sustancialmente la gestión de listas de espera a partir de una intervención estadística quirúrgica que, mediante la ciencia de datos y gracias al EDUS, permita reconfigurar el sistema de atención. De los desafíos de nuestra seguridad social, conversamos con el Dr. Álvaro Ramos.

El rompecabezas político del 2022 puso de relieve en uno de sus espacios más visibles la figura de Rodrigo Arias como contraparte o contrapeso del gobierno de Rodrigo Chaves. El presidente legislativo, así nombrado el 1 de mayo con el voto no solo de una amplia mayoría opositora, sino también de la propia bancada oficialista, es actor relevante en el inicio del cuatrienio. Se trata de un veterano de los cuadros tradicionales que maneja como pocos el arte de la negociación política. El dos veces exministro de la Presidencia fijó posiciones y objetivos de construcción colectiva en su discurso del 1° de mayo y en la réplica al discurso presidencial el 2 de mayo; también en el mensaje de juramento al presidente Chaves y en las jornadas posteriores conduciendo un plenario que también está aún en fase de acomodo, condicionado por lo que proponga el Ejecutivo en sus primeras de arranque. Con una experiencia vastísima, con el peso de un PLN golpeado, en tiempos de cuestionamiento a la política tradicional y en circunstancias delicadas del país y del mundo, Arias Sánchez dice comprender la responsabilidad del momento con los apremios económicos que repercuten en nuestra convivencia. "No exagero en subrayarle que estamos frente a una emergencia nacional multisectorial que amenaza nuestra estabilidad y exige soluciones impostergables", dijo al juramentar al mandatario el 8 de mayo. Con el presidente legislativo realizamos nuestro Hablando Claro.

La comunicación en política nunca es un "producto", sino parte de los procesos para alcanzar las metas concretas. Nunca nadie ha votado por un candidato porque "comunicará bien en su gobierno", aunque esto resulte fundamental para desempeñar el poder siempre, sobre todo en un país de poderes acotados para la Presidencia. Mucho de ese proceso de comunicación se desarrolla con los medios de comunicación. Aunque la prensa hace tiempo perdió el "monopolio" del trasiego de información pública, es protagónica aún en la discusión pública, aunque a veces no queramos reconocerla, o aunque a veces sea puesta como enemiga en función de objetivos políticos. No es nada nuevo ni original. Se ha visto en otros momentos y en otros países, y se seguirá viendo en la medida en que genere réditos aparentes a costa de la salud de la discusión ciudadana y de la democracia misma. Lo bueno es que la enorme mayoría de los actores de poder así lo comprende; lo malo es que a veces pesa la tentación de jugar en contra. Podemos ubicar aquí al gobierno del presidente Rodrigo Chaves en sus cortísimas dos semanas, cuyos voceros colocan a los medios de comunicación (todos, en general) como enemigos y plantean un objetivo de "comunicación directa con la gente", sin que hasta ahora tampoco se vea definida. Y a través de esa comunicación, con sus titubeos iniciales, viajan los mensajes en temas que sí se admiten como sustantivos, por una parte, de la población. El último de ellos, el anuncio de este domingo con medidas tendientes a contener el duro aumento del precio de los combustibles. Merece el tema un análisis que emprendemos con el periodista y analista Eduardo Ulibarri.

Fotografía: Fabián Hernández / Semanario Universidad. El cuatrienio legislativo ha comenzado lento, como esperando que el Ejecutivo haga valer ese poder de control de proyectos, pero en Zapote también están en su acomodo propio, nada fácil, por cierto. El parlamento en sus primeras tres semanas ha sido más de señales y promesas, que nunca faltan y también importan. Entre ellas, las de Frente Amplio como minoría distinta del resto de bancadas que se unieron para conformar el Directorio el 1 de mayo. Pero no solo eso, es la bancada que ideológicamente ocupa en soledad el flanco de la izquierda y eso lo refleja, por ejemplo, en la oposición al proyecto de legalizar las jornadas laborales de 12 horas en cuatro jornadas por semana. Esas posiciones las escuchó el presidente legislativo Rodrigo Arias y las reconoció como válidas. Hay espacios que el Frente Amplio luchará por ocupar, aunque nadie tiene la tarea fácil. De estos primeros movimientos y del nuevo Congreso como contraparte del nuevo Ejecutivo conversamos con el jefe de la bancada frenteamplista, Jonathan Acuña, invitado de turno en nuestra ronda paulatina de conversaciones con los voceros de las fracciones.

Con la masificación de la telefonía celular y la alta bancarización se multiplicaron también los ladrones digitalizados. Las estafas se han incrementado por alguna razón en los últimos meses, este año en concreto, quizás tanto como el estrés financiero de muchas personas en un contexto difícil. Solo en la provincia San José los usuarios perdieron más de ¢3.000 millones y más de $1 millón por estafas digitales o por llamada telefónica durante el 2021, reportó el OIJ. Mucho tiene que ver con la cultura de nosotros los usuarios, pero parece que otra parte considerable de la responsabilidad la tienen también las casas bancarias. ¿Cuánto corresponde a cada parte? La conversación en Hablando Claro la tenemos con Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero.

Tenemos que hablar también sobre los plaguicidas, ese factor invisible con implicaciones económicas sobre la producción agrícola, con efectos indudables sobre el ambiente y con consecuencias que también están probadas sobre la salud humana. El problema es que en Costa Rica los indicadores superan (por mucho) a los promedios internacionales y las razones no parecen suficientemente justificables, de acuerdo con las conclusiones con un completo estudio que publicó esta semana la sede local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los investigadores determinaron que Costa Rica es uno de los mayores consumidores de plaguicidas del mundo, que el Estado utiliza un método inexacto para calcularlo y que se dejan de percibir más de $22 millones por año debido a la exoneración fiscal vigente, mientras el país gasta por tratamientos de salud asociados al menos $9 millones al año. Esto nos involucra a todos. Con Elídier Vargas, autor de la investigación, y Kifah Sasa, representante residente adjunto de PNUD en Costa Rica, colocamos este miércoles la mirada sobre un sector que nos suele resultar invisible en la discusión pública.

La lenta o nula recuperación económica pospandémica para ciertos grupos de la población se cruza con la escalada de los precios en este 2022 y el resultado es doloroso para muchas familias, sin que el Gobierno tenga a la mano el recurso suficiente para evitarlo de manera inmediata. Prometido o no. El incremento fuerte de las materias primas en el mundo coincide con el fortalecimiento del dólar y nuestro tipo de cambio sube hasta rangos históricos; son momentos de decisiones difíciles para muchos hogares y casi todos los negocios, pero también para autoridades políticas del país, conscientes de que también hay que cuidar las cifras fiscales. El entorno es adverso, los pronósticos son reservados y el margen, estrecho. Es alta la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la guerra al este de Europa, tanto como la reacción de otros agentes que mueven las agujas de la economía sin discriminar países. Hay confusión, sí, pero también datos para proyectar, quizás útiles para atenuar temores y tensiones que poco ayudan. Repasamos y analizamos el escenario económico con el economista José Luis Arce.

Este lunes se cumplen cuatro semanas desde que supimos del ataque informático a las plataformas del Ministerio de Hacienda y después a sistemas de otras instituciones estatales, lo que configuró una nueva emergencia de agente invisible, pero esta vez en el momento de la transición de un gobierno a otro. La verdad es que no tenemos aún claro el tamaño del perjuicio, el riesgo sobre la información privada en manos de quien sabe quién y el grado de vulnerabilidad que tiene el resto de plataformas. Los expertos ni siquiera pueden dar por seguro que el autor real del ataque sea ese grupo ruso Conti, a pesar de ser el emisor de los mensajes amenazantes y extorsivos con los que pidieron primero 10 millones de dólares y más recientemente 20 millones. Parece fácil coincidir en que es la amenaza más moderna a la seguridad del Estado, pero aún es amplio el margen de lo desconocido para la opinión pública y quizás también para las autoridades. El abordaje lo emprendemos en nuestro Hablando Claro con Jorge Mora, quien asumió el liderazgo de la crisis en el gobierno recién terminado como director de Gobernanza Digital, y con el experto Mario Robles, CEO y fundador de la empresa de ciberseguridad WhiteJaguars.

No debe ser nada fácil coordinar a la bancada legislativa más grande del Congreso, cuando esta se compone de figuras de peso propio y nos encontramos en tiempos de deterioro de las líneas partidarias; tal el caso del tradicional e histórico, Liberación Nacional (PLN). Tampoco debe ser sencillo ser la voz de una fracción que casi se sentía oficialista hasta que el resultado de la elección presidencial colocó en el gobierno a don Rodrigo Chaves, cuya promesa es cambiar el orden de las cosas, orden que ha sido instaurado en mucho por el PLN. La diputada Kattia Rivera encabeza esa variopinta bancada que tiene promesas electorales que cumplir, liderazgos que probar y retos que afrontar conforme avance la nobel administración, por no hablar del enorme trabajo de redefinición que debe desarrollar la agrupación que ganó hace 12 años sus últimos comicios presidenciales. Con la legisladora Rivera, como será también con las jefaturas de las otras bancadas, analizamos los primeros aconteceres en la nueva Asamblea Legislativa en nuestro Hablando Claro.

En Estados Unidos se filtró la propuesta de un fallo de la Suprema Corte que limitaría la práctica del aborto en el país y, aunque no era una sentencia formal, ya provocó fuertes cambios en la política estadounidense. Nunca antes había ocurrido allá algo semejante, pero ahora sabemos que las filtraciones de asuntos judiciales no son solo una costumbre en nuestros ambientes tropicales. La sociedad estadounidense, pro aborto y antiaborto, espera ahora esa sentencia inminente, pero las agujas indudablemente ya se movieron. Cada senador o congresista -y ni qué decir el gobierno de Joe Biden- han tenido que posicionarse y prever las negociaciones alteradas por ese factor tan polémico. En este caso se trata del derecho al aborto establecido desde 1973, pero podría ser cualquier otro tema o la Corte, nacional o internacional, podría estar en cualquier otro país. Lo cierto es que cada vez hay más propensión a las filtraciones de procesos judiciales, cada vez es más fácil su difusión y más normalizada también. ¿Cuánto afecta y cómo se podrían detener en aras de garantizar el método procesal? Lo abordamos con la jurista Elizabeth Odio Benito y el constitucionalista Marvin Carvajal.

“Los rusos no están ganando y los ucranianos tampoco. Estamos un poco estancados”. Así de corto y directo habla el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense, Scott Berrier, pasados 80 días desde que detonó la guerra en el este de Europa. La emergencia de febrero parece ya una crisis instalada y el miedo a una tercera guerra mundial ha perdido exposición, pero la población ucraniana sigue contando los muertos y las reservas, mientras Putin cuenta los kilómetros que le faltan para cruzar hasta una zona prorrusa del territorio ucraniano. Ambas partes creen tener logros militares y así no hay asomo de retiro de Rusia ni de rendición de Kiev, cosa que Occidente no quisiera ni mencionar. Los trastornos globales en materias primas continúan y cada nación sabrá como responder, o no, Costa Rica incluida. Hemos ido perdiendo asombro ante la tragedia y quizás prudentemente asumiendo que la guerra va para largo, pero conviene repasar la situación en nuestro Hablando Claro de miércoles. Con el ex canciller y abogado Enrique Castillo actualizamos las claves de ese estancamiento, la vigencia de las opciones diplomáticas que se asomaban semanas atrás y las repercusiones para el futuro inmediato.

La pandemia no ha terminado. No es exactamente lo que quisiéramos que nos machacaran tras dos años y dos meses de habernos trastocado la vida. Pero la verdad es tercamente majadera, y eso es lo que nos están diciendo hoy diversas agrupaciones médicas y expertos científicos frente a los primeros polémicos y aún no conocidos decretos de eliminación del uso obligatorio de mascarilla y también de la vacunación. A falta de conocerse los textos de las decisiones presidenciales adoptadas en el primer Consejo de Gobierno, los márgenes de interpretación corrieron como regueros de pólvora. Por un lado, las opiniones jurídico técnicas y por otro los criterios eminentemente sanitarios científicos, de conveniencia y oportunidad. En lo legal, se suele argumentar en términos populares que si hay dos abogados, habrá tres criterios. En este caso, sin embargo, parece claro que el Ejecutivo sí tenía potestad para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla, pero no la tenía la misma competencia para traerse abajo la vacunación obligatoria sin el previo sustento técnico y el consecuente acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Entonces esto está por dirimirse. Donde sí parece no hay mayor discusión en la comunidad científica y médica es en cuanto al sentido de oportunidad y conveniencia de ambas medidas, particularmente de cara al ascenso de contagios de la quinta ola de Covid-Ómicron, producto de todas las actividades masivas habilitadas durante y posterior a la Semana Santa. ¿Por qué la pretensión de eliminar la mascarilla se considera inoportuna? ¿Qué impacto puede tener eliminar la vacunación obligatoria en los adultos, cuando ya la inmensa mayoría tiene el esquema completo? ¿Qué sucede con la vacunación obligatoria para todos los pequeños de cinco años en adelante en un caso como este? ¿Será acaso suficiente en nuestro caso, la concientización y la educación en salud de tantas décadas para no depender de una medida reglamentaria de vacunación? ¿La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (que dirige ahora la ministra Joselyn Chacón) está “obligada” a aceptar un acuerdo ex-post para acomodarse al decreto presidencial? Las preguntas son muchas y este martes esperaríamos que se pronuncie al respecto la sucesora del Dr. Daniel Salas, según lo anunció este lunes la titular de Presidencia, Natalia Díaz. En tanto, en Hablando Claro acudimos al criterio experto de la infectóloga pediátrica y ex ministra de Salud, María Luis Ávila.

Fue un domingo de muchas señales, gestos, mensajes y anuncios, como corresponde a la entrada en funciones de un nuevo jefe de Estado. En esta ocasión es don Rodrigo Chaves Robles, su propuesta de cambio radical, la necesidad imperiosa de resultados para una gran parte de la población, la mirada internacional y el significado de eso que llama "reconstruir" la casa, más que ordenarla. El juramento constitucional se ejecutó de nuevo sobre una Biblia, un pequeño grupo de manifestantes recordó aquello del acoso y los Colegio de Médicos y de Farmacéuticos salieron muy pronto a declarar inoportuna la decisión de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y de la vacunación. Desde cada sector hacen sus lecturas y quizás cada ciudadano hace la suya, o al menos aquellos que siguieron los actos de la jornada de investidura. Nosotros también hacemos la tarea con la aspiración de abordar las líneas principales del discurso presidencial y ponerlas en su contexto como punto de partida para el cuatrienio que viene. Compartimos apuntes con el politólogo Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.

Contra las cuerdas. Como fue usual, cuatro años. Con minoría legislativa y el muy limitado poder que se le concede al Ejecutivo en nuestro sistema. A 48 horas de concluir el mandato constitucional, el presidente Carlos Alvarado corre (así lo admitió) para vetar la Ley de Información Pública que por unanimidad los ahora exdiputados votaron terminando funciones. Fueron decenas de proyectos que se aprobaron como en maquila y ahí pasó entre aquel cúmulo, información pública, ahora rebautizada como ley mordaza y para no “jugarse el chance” de que no la vete el mandatario Chaves Robles que asume el domingo, la presión sobre Alvarado fue fuertísima y surtió efecto. En el continuum de asuntos de la gobernanza y las decisiones de política pública, la Administración Alvarado Quesada no le trasladará entonces esa brasa a su sucesor. Le dejará sí la compleja definición de la continuidad o no del servicio de la revisión técnica vehicular que vence a mediados de julio. También, la búsqueda de un paliativo para el golpazo que está ocasionando en las últimas semanas la guerra contra Ucrania sobre el precio de los combustibles, la vulneración por el ataque informático que empezó el 18 de abril, el acatamiento del fallo de la Organización Mundial de Comercio sobre el indigesto e ideológico asunto del aguacate, y en el orden estructural, la crisis de nuestra muy venida a menos educación pública. Esos algunos de los pendientes. En la contracara de los logros, el mandatario insiste haber rehuido cualquier tentación populista para así poder dejar la casa en orden. Haber sido tercamente congruente para no caer en el precipicio del default al que nos asomamos con vértigo en 2018, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que incluyó la aplicación de la (odiosa) regla fiscal y la ley de empleo público, en el contexto de unas huelgas que no olvidaremos en el 18 y el 19 y, como si fuera poco, en el 2020 con unos bloqueos y una virulencia que no veíamos en décadas con infiltraciones -asegura don Carlos- incluso de delincuencia organizada y con el avieso propósito de hacer tambalear nuestra institucionalidad. Todo ese vendaval de conflictividad social era ya de por sí suficiente para marcar una gestión. Pero como el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, la UPAD fue una lápida que cayó sobre la administración despuntando el 2020. Y luego llegó la pandemia. Y ahí, no hay mayor discusión, nos conducimos mucho muy bien frente a la madre de todas las crisis, la sanitaria. Carlos Alvarado fue el vigía en la tormenta y nos llevó a buen puerto. Supeditó las decisiones políticas al criterio técnico y científico de epidemiólogos, planificadores, estadísticos, equipos médicos. Articuló los equilibrios con los grupos empresariales que soportaban el embate del shock del cierre de fronteras y la caída brutal del turismo. Sacó adelante las ayudas sociales de Proteger para las que faltaron, claro que sí más recursos, pero que al menos procuraron auxilio para los más necesitados en los días más terribles del impacto del covid. Hasta que llegaron poco a poco las vacunas gracias a negociaciones certeras y oportunas con las farmacéuticas adecuadas. Y probamos nuestro éxito en la inmunización nacional. Esos algunos de los logros. De sus experiencias, de sus satisfacciones y sinsabores, conversamos con don Carlos Alvarado Quesada, que el domingo dejará el cargo sin pensión de expresidente por su propia decisión.

Del éxito del manejo de la pandemia en Costa Rica, dará cuenta con el lente amplio y bien calibrado de la ponderación, el tiempo. Pero para muchos de nosotros no hay que esperar para saber hoy que sacamos la tarea, no sin enormes dificultades, sí con mucho temple y determinación, y por supuesto, con el soporte de una institucionalidad y unos liderazgos que son orgullo país. Y si el Ministerio de Salud ofició como director técnico, habría que reconocer que la Caja Costarricense de Seguro Social, fue el equipo en la cancha. Claro, también estaba la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Seguridad Pública y muchas. Otras organizaciones con sus profesionales, técnicos y colaboradores, en muy diversas áreas desdoblándose en extenuantes jornadas para darnos guía, soporte y contención. Pero la Caja fue el buque insignia. ¿Qué no todo fue perfecto? ¡Por supuesto! Nadie se había probado nunca en el mundo del último siglo en una pandemia. Pero nuestros resultados aseguran nuestros méritos. La Caja Costarricense del Seguro Social no solo soportó el embate del desplome de sus ingresos, sino que redobló las inversiones con apoyo de la Ley de Emergencias y los disminuidos presupuestos públicos. No escatimó en habilitación de camas hospitalarias, contratación de personal adicional, pago de horas extras y de altísimas incapacidades, compra de medicamentos, insumos y equipos por cientos de miles de millones y también -hay que decirlo- puso víctimas mortales en las frías cifras. Soldados caídos en las muchas batallas que implicó esa guerra inesperada que nos marcó para siempre. Salimos ya del aro estrecho de nuestros momentos más difíciles. Y hay cambio de autoridades como lo manda la democracia y lo exige el necesario descanso de nuestros conductores. Quedan los resultados, los balances. Las muchas, muchísimas vidas que si se pudieron salvar. Como si fuera poco, en este período se logró ejecutar una postergada reforma (limitada sí pero imprescindible) para darle un balón de oxígeno al sistema de pensiones más importante del país, el IVM. Sostuvimos barco y velas. Ahora quedan las oportunidades de mejora. Muchas y desafiantes. Conversamos con el presidente Ejecutivo de la CCSS el Dr. Román Macaya.

El 13 de marzo de 1963, a las 2:50 de la madrugada, el Volcán Irazú cambió las señales de gasificación de los días previos, por una potente emisión de materiales piroclásticos con fuertes erupciones y sismicidad. Casi en paralelo con el inicio de aquella conmoción que cambiaría el paisaje de la pequeña gran área metropolitana, cinco días después, el 18 de marzo llegaba a Costa Rica el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, para una visita oficial en la que se congregaban los mandatarios de todo el Istmo. Para ese momento, Cynthia Ann Telles tenía 10 años y su padre, Raymond Telles, era el embajador estadounidense que había hecho posible aquel gran acontecimiento político diplomático. Exactamente 59 años después de aquel buen suceso, el 11 de marzo pasado, Cynthia Ann Telles presentaba ante el presidente Carlos Alvarado las cartas credenciales que la acreditaban como la nueva Embajadora de los Estados Unidos en el mismo país en el que vivió desde los 8 hasta los 15 años. No fue exactamente un giro del destino. Acaso una “causalidad” en la que se concatenaron varios factores de la vida de esta embajadora norteamericana con acento tan tico que arrastra las “erres” al hablar como cualquiera de nosotros y que tiene profundos lazos con su antiguo barrio en Escazú, con el Paseo de los Turistas en Puntarenas y con un Limón al que también añora volver, aunque ya no pueda hacerlo como lo hizo cuando era niña, en el tren que por décadas llevó a los viajantes desde la estación del Atlántico hasta el puerto marítimo de la ciudad caribeña. La Embajadora Telles, doctorada en psicología clínica y dedicada con pasión de vida a las luchas por la reivindicación de las condiciones de los migrantes latinoamericanos en California -donde ha vivido los últimos 50 años- hizo una pausa en esa tarea, para regresar a Costa Rica y aportar al fortalecimiento de los estrechos lazos entre los dos países que, bien podría decirse, son sus países.

Si el ministro de Salud fue el relevo idóneo para enfrentar el cataclismo de la pandemia, el ministro de Obras Públicas y Transportes constituye sin duda el símbolo de la apuesta política de unidad nacional que se propuso Carlos Alvarado al iniciar su gestión. Es también el emblema de la resistencia y -no cabe duda- el estandarte de la lealtad que se fraguó en la adversidad de la tempestad política que golpeó a Alvarado con la UPAD y luego a él mismo con los coletazos de la “cochinilla”. Rodolfo Méndez representa todo eso y más. Llegó a la administración el 8 de mayo del 2018 con la advertencia de que estaría poco tiempo en el cargo. Un año o un poco más. Apenas para ponerle orden y darle impulso a un ministerio que es tan complejo, que hoy mismo, a 5 días del cambio de gobierno, no tiene sucesor. Al ingeniero Méndez, pero particularmente al político ducho que la vida partidaria socialcristiana le negó en su día la candidatura presidencial, la finalización de su fructífero servicio público lo hizo aguantar (literalmente aguantar) al mando del MOPT los cuatro años de la gestión. Las voces diputadiles, sindicales y algunos sectores de la prensa, clamaban por su caída. Pero los robles no son fáciles de doblegar. Junto con seis ministros más que pasaron la prueba del cuatrienio, don Rodolfo acompañará el domingo al mandatario (a quien le dobla la edad) a la entrega del poder. Desde la cima de la experiencia y su terca determinación de concluir lo iniciado, le preguntamos sobre los derroteros del país, las reformas políticas que necesitamos para proporcionarle nuevos bríos a la democracia y por supuesto, algo hablaremos sobre infraestructura y obra pública; punto alto del gobierno que fenece.

La transferencia democrática del poder político tenía una parada obligatoria este domingo en la Asamblea Legislativa. Los 57 nuevos diputados ocuparon sus curules y eligieron al Directorio que convivirá con el gobierno de Rodrigo Chaves a partir del domingo próximo. El dominio opositor se materializó en la conformación de ese directorio que, sin embargo, abrió un espacio para la bancada oficialista que desde el principio de la jornada dio señales de acuerdo al dar sus votos para que el liberacionista Rodrigo Arias tomara la Presidencia, como era ya esperable. Arias Sánchez llega a una curul 36 años después de ejercer una semana como diputado, en el gobierno de su hermano Óscar, y 85 años después de que su abuelo también ejerciera la Presidencia legislativa. Hoy asume su rol como una figura de contrapeso ante el gobierno de Chaves, que ha prometido combatir la política tradicional; una sentencia que no se sabe aún en qué consiste exactamente. El experimentado político adoptó de inmediato un mensaje de urgente negociación y búsqueda de acuerdos ante la alta diversidad y dispersión política. “Nuestro gran desafío histórico es lograr los consensos difíciles para dar grandes giros de timón”, dijo en su primer discurso. La primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa deja muchos elementos para el análisis y no todos quedan captados en los titulares. Con el politólogo Daniel Calvo, cercano observador del acontecer en Cuesta de Moras, ponemos detalle y contexto a los hechos y los mensajes de la jornada.

Mientras el gobierno saliente sostiene que se va dejando la casa en orden, en el gobierno entrante el vicepresidente Brunner ya tuvo que aplacar un amago de posible crisis de confianza desmintiendo a una de sus propias legisladoras que -al parecer- sin conocer las implicaciones de las expectativas en la economía, afirmó “el país está quebrado, literalmente quebrado”. Entonces, al referirse a las declaraciones de la próxima legisladora Pilar Cisneros, Stephan Brunner adujo que si bien la situación de las finanzas públicas es “difícil” y “crítica” el país no está en quiebra. ¿Qué tan cerca estamos ahora de una situación límite, tras la aprobación en 2018 de la reforma fiscal y con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional en proceso de aprobación entre la saliente administración y la entrante? ¿Cuál es el balance de resultados que terminará de presentar el presidente Alvarado en su última rendición de cuentas ante el Congreso de la República el próximo lunes? Se lo preguntamos este viernes al ministro de Hacienda, Elián Villegas, quien corre con el trance de la crisis informática que le complicó en estos últimos 11 días la fase final de su gestión. Por supuesto, también conversaremos entonces sobre este hackeo y su resolución para devolverle la tranquilidad a las autoridades hacendarias, los exportadores, importadores y los contribuyentes.

En las últimas semanas, los diputados han librado una carrera contra reloj aprobando cuanta iniciativa fuese posible antes que este jueves el reloj marque la finalización de la última sesión del período constitucional 2018-2022. Quedan en el recuento positivo de la gestión la compleja aprobación de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la ley de huelgas, la ley de Empleo Público, las leyes de implementación del ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el nuevo y necesarísimo reglamento legislativo, la nueva ley de zonas francas para apuntalar el desarrollo periférico del país, la prometedora legislación para el agua de Guanacaste, las leyes de emergencia para la atención de la pandemia y muchas otras más. El que concluye será un Congreso, reconocido por propios y extraños como paradójico: por un lado, inusualmente productivo en tópicos extremadamente importantes para el país, y por otro, con sensibles omisiones y debilidades en sus capacidades de autocrítica y control político, particularmente en un aspecto delicadísimo, como la penetración del narcotráfico en áreas del poder. La Asamblea Legislativa es -ni más ni menos- que la expresión acabada de la fragmentación que padece el sistema costarricense con sus cada vez mayores defectos y disminuidas virtudes. No se trata de dramatizar al respecto, pero sí de apuntar las muchísimas posibilidades de mejoramiento que el agotamiento del modelo ofrece. ¿Habría que pensar en cambiar la forma de elección de los legisladores? ¿Cómo mejorar la representación política? ¿Es posible mejorar el Primer Poder de la República, sin una sensible intervención de los partidos políticos? ¿Cómo mejorar la rendición de cuentas y la autoevaluación de los mismos integrantes que gozan de inmunidad? En Hablando Claro hacemos un balance de la gestión desde la perspectiva de dos de los 57 actores que dejan sus curules. La diputada oficialista Laura Guido y el diputado liberacionista Wagner Jiménez.

Seguimos bajo ataque de los ciberdelincuentes. Claro, no podía pensarse que los hampones del ciberespacio se quedarían campantes con la categórica negativa del gobierno a pagarles su rescate de $10 millones “rebajado” luego (cuál si se tratara de una promoción) a $6.5. Lo cierto es que este martes, 24 horas después que gobernanza digital del MICITT anunciara que no había más bombardeo, trascendió el hackeo de los servidores de la SIUA, la Sede Interuniversitaria de Alajuela, así como del Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Los ladrones andan sueltos. Probando aquí y allá y entonces, ya no con excitativas, sino con órdenes de acatamiento obligatorio, el Ejecutivo urge a tomar medidas para proteger los sistemas de información. Se trata de mantener actualizados los antivirales, asegurar los respaldos y establecer la doble autenticación de contraseñas. Todo ello teniendo claro -como nos han dicho los especialistas- que no existe la invulnerabilidad 100 %. El gobierno además sigue extremadamente cauteloso respecto de la información que libera. Tiene encima ojos y oídos no bien intencionados. Independientemente de que los malignos de conti tengan apoyo local o no, lo cierto es que siguen mortificándonos y aún no hay claridad respecto del levantamiento de sistemas en Hacienda para normalizar las operaciones afectadas. Cuando esto le sucedió el año pasado a todo el sistema sanitario irlandés, que tampoco pagó rescate alguno, se tardaron muchas semanas en volver completamente a la normalidad. ¿Por qué los ciberdelincuentes de pronto atacan gobiernos cuando estos usualmente no pagan y cuando -por el contrario- son las empresas privadas y organizaciones no gubernamentales las que suelen darles sus mal habidas recompensas? ¿Atacar gobiernos es pura demostración de poder o hay otro tipo de motivaciones? ¿Qué dicen los expertos sobre nuestra crisis informática a 12 días de estar bajo asedio? Vamos a tener una conversación de manual básico sobre esta materia tan compleja con uno de los más connotados y jóvenes expertos costarricenses en la materia. Tendremos una master class con César Bravo. Inventor para IBM, autor de tres libros sobre Ciberseguridad, e inventor de más de 100 aplicaciones patentadas en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, China y Japón, entre otros. La mayoría de esos productos versan sobre ciberseguridad, pero también los ha creado en desarrollo tecnológico de vehículos autónomos e inteligencia artificial.

Tras liderar la política sanitaria de la pandemia en el país, el Dr. Daniel Salas Peraza dirigirá a partir de mayo la estrategia de inmunización para las Américas. Por eso dejará su cargo este próximo viernes. Pero no solo liderará desde la capital estadounidense (sede de la Organización Panamericana de la Salud) las campañas como nuevo Jefe de la Unidad de Inmunización Familiar. También tendrá que negociar y pactar alianzas con los gobiernos de los estados miembros de la OPS, para fortalecer las iniciativas de eliminación de enfermedades prevenibles por vacunación. Es -probablemente- el mejor reconocimiento a la labor que -tras enfrentar críticas y hasta intentos de boicots- le genera hoy el aplauso de la inmensa mayoría de ciudadanos y organizaciones del país. En efecto, ha pasado muchísima agua bajo los puentes de la crisis sanitaria. Y hoy que por ventura asistimos a la fase de “gripalización” de la Covid-19, casi no queremos recordar que hace tan solo un año, vivíamos la situación más crítica desde el inicio de la pandemia y el ministro Salas argumentaba con perenne insistencia ruegos de empatía, solidaridad, cooperación y confianza para con las restricciones que volvieron frente a la crítica saturación hospitalaria. “Les pido un esfuerzo. Yo sé que estamos todos cansados pero les pido con respeto y con cariño que hagamos este esfuerzo en este momento crítico”, decía el 22 de abril. El Dr. Salas no llegó a la Administración Alvarado desde sus inicios. Entró de recambio el 29 de noviembre de 2018 tras la efímera permanencia de la ministra Guiselle Amador en el cargo. ¿Quién hubiera pensado entonces que el país requeriría un experto en epidemiología para articular desde el ente rector sanitario 13 meses después los esfuerzos nacionales para hacer frente a una pandemia global? Así, desde su puesto de carrera de muchos años en el Ministerio de Salud como médico comunitario, jefe regional y director de vigilancia epidemiológica, el doctor Salas se preparó, sin saberlo, para la mayor responsabilidad de su carrera profesional. Hasta hoy. Porque ahora va tras un nuevo reto. En Hablado Claro, con el ministro Daniel Salas. Sus experiencias, sin sinsabores, sus gratificaciones.

Es noticia en el mundo: Emmanuel Macron dirigirá los destinos de Francia cinco años más. Con una solvencia contundente, pero con un abstencionismo elevadísimo, el mandatario reelecto este domingo reconoció haber recaudado una gran cantidad de votos no a su favor, sino en contra de la ultraderecha. Los analistas lo validan. “El candidato más detestado se acabó imponiendo a la candidata más temida” Europa respira con tranquilidad. Por ahora. Porque el avance de la ultraderecha sigue marcando terreno. Pero la coyuntura de hoy confirma el momento de los europeístas en el contexto de la guerra con Putin, que -puede decirse- también perdió esta elección. Conversaremos de todo ello este lunes en Hablando Claro, pero también de lo nuestro. Al norte, Nicaragua anunció la expulsión de la OEA de su territorio justo este domingo. La noticia cae mal, en un momento en que al parecer la próxima administración Chaves Robles, cuyos primeros ministros designó el viernes pasado (y entre ellos a su futuro Canciller) anuncia el envío de embajador de ese país, así como reevaluar las relaciones con Venezuela; algo que antes del 8 de mayo, ya motivó pedir a pedir explicaciones al Partido Liberación Nacional, la mayor minoría del nuevo Congreso, que asume el primero de mayo. Luces de alerta temprana para el novel gobierno. Y por cierto, fue noticioso este fin de semana un videoclip del presidente electo, poniendo en la agenda de nuevo el tema del acoso sexual laboral que se le investigó en el Banco Mundial para anunciar acto seguido un compromiso de “cero tolerancia” contra la violencia a las mujeres y anunciando la conformación de un grupo especial que coordinará la vicepresidenta Munive para un plan en la materia. En tanto, la tensión por el hackeo informático parece darle respiro al Ejecutivo saliente, al menos en lo que a Hacienda se refiere, pues anunció el pago puntual de todos sus compromisos, aunque por supuesto no da por finalizada la crisis. Por el contrario, este fin de semana, la electrificadora de Cartago, JASEC, admitió la vulneración de sus sistemas y la compañía Aeropost (Aerocasillas) confirmó también una violación que le obligó a solicitar a los clientes destruir sus tarjetas de crédito y estar atentos a actividades fraudulentas. No se conoce aún la naturaleza de la afectación ni se han señalado presuntos o probables responsables.

Luego de provocar en los años noventa una verdadera transformación de la actividad cafetalera del país convirtiendo a Britt en una exportadora mundialmente destacada y añadirle con su sed innovadora excelentes chocolates y una gama inmensa de artículos más, Steve Aronson, un gringo tico judío con un acento inconfundible y un carisma incuestionable, da lecciones permanentes de crecimiento, capacidad inagotable, liderazgo transformador y extensión filantrópica comunitaria mediante proyectos que nacen crecen y se afianzan para asegurar la sostenibilidad de nuestros parques nacionales, la mejora de la educación y acaso su “hija” más reconocida, la proyección cultural que soñó hace ya 20 años con una impresionante producción teatral, primero en su propia finca en Barva de Heredia y desde hace una década en el Espressivo de Momentum de Pinares de Curridabat. El legado de Steve Aronson es inmenso. “Yo busco y gozo cuando puedo abrazar el cambio. Me gusta preguntar si las verdades absolutas son eternas y cuando pregunto esto, yo sé que estoy vivo”. Por eso, el empresario, ya retirado y volcado de lleno a las actividades de sus otras pasiones de vida, imparte clases en un colegio, idea grandes proyectos para el Espressivo, concreta alianzas maravillosas con el Teatro Nacional de Costa Rica, y no descansa. Estos días está de celebración y por eso conversamos con él acerca no solo de todo lo que ha construido y sigue soñando, sino también de las muchas áreas de mejora que los ticos tenemos que apuntalar.

A menos de tres semanas de entregar la conducción gubernamental, la Administración Alvarado Quesada enfrenta la enésima crisis de su gestión. Una tan improbable como fue la pandemia por Covid-19. Un ataque de delincuentes cibernéticos internacionales ha obligado a Zapote a dejar de lado las tareas (también importantísimas) del traspaso de mando del domingo 8 de mayo para concentrarse en un manejo de crisis “altamente complejo y rigurosamente técnico”, en palabras de la ministra de la Presidencia. En una conferencia en la sede de gobierno este miércoles con el presidente de la República, ministros y técnicos, el titular de Hacienda dijo que la prioridad número uno es la recuperación del programa de Tecnología de Información para el Control Aduanero TICA, para normalizar cuanto antes la importación y exportación de mercancías, pero tranquilizó además al anunciar que los próximos salarios y pensiones se podrán enfrentar “sin problema y sin atraso”. Villegas también pidió a los mil grandes contribuyentes del país que paguen sus obligaciones sin dilación. Mientras tanto, la ministra de Presidencia señaló que el caso está debidamente encauzado en el Ministerio Público y trascendió que también ya bajo indagatoria por el Organismo de Investigación Judicial. Geannina Dinarte también dijo que “no estamos dispuestos a ninguna extorsión ni pago de recompensa” para salir al paso de la supuesta reivindicación de chantaje por 10 millones de dólares que Conti (el atacante) exige a cambio de no liberar el próximo sábado, información de los contribuyentes costarricenses. También confirmó los enlaces con países amigos para enfrentar la situación. Además de la vulneración a Hacienda, los ciberdelincuentes atacaron al propio MICITT, al Instituto Meteorológico Nacional, a RACSA y este miércoles vulneraron el portal de Recursos Humanos de la Caja Costarricense del Seguro Social; aún no trascendió si hubo extracción de datos. En Hablando Claro conversamos sobre la crisis cibernética con la Ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y con el director de Gobernanza Digital del Micitt, Jorge Mora.

El gobierno salió al paso de las dudas respecto del pago mensual de las 61,000 pensiones con cargo al presupuesto nacional previsto para el miércoles 20 y lo adelantó para la tarde del martes. ¿Lo hizo para acallar las voces que sembraban inquietud o para adelantarse a cualquier jugada de los hackers que mantienen en situación de crisis la seguridad cibernética del país? ¿O para cumplir ambos fines? Lo cierto es que un asalto a la ciberseguridad nacional no es asunto menor. Se trata de la acción delincuencial de grupos muy sofisticados en una materia delicada, complejísima y del absoluto desconocimiento de la mayoría de nosotros. Precisamente por ello resulta difícil exigir explicaciones detalladas a las autoridades cuando estas deben manejar la información (como en toda crisis) con guantes de seda, sabiendo que lo que se diga a la opinión pública que por supuesto tiene el derecho a recibir información que es de incuestionable interés común, también se lo está diciendo a las mafias delincuenciales que tienen ojos y oídos puestos en cómo está manejando la crisis. Lo cierto es también que ser víctima de un ataque de estos pone contra la espada a empresas privadas y organizaciones públicas, estatales o internacionales. Por ejemplo, ceder ante la petición de un rescate (aparte de los bemoles legales) deja expuesta la total vulnerabilidad. Por el contrario, no pagar también entraña severos riesgos porque entonces la información penetrada, puede ser liberada con múltiples consecuencias. En este caso hablamos de documentación de los contribuyentes. Por supuesto, privada y sensible. Pero aún no sabemos qué tipo de información exactamente. Acaso las autoridades sepan mucho más de lo que pueden decir abiertamente. Lo que sí sabemos es que el hackeo vulneró sistemas digitales del Ministerio de Hacienda, con lo cual se desactivaron herramientas fundamentales como la plataforma TICA que se utiliza para las declaraciones aduaneras de importación y exportación de mercancías, así como Integra para el pago de planillas de los empleados públicos, entre otras. También los ciberdelincuentes formularon amenazas a la Caja Costarricense del Seguro Social y al propio Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. En un comunicado oficial al término del antepenúltimo Consejo de Gobierno y tras crear una sala de situación para aumentar los niveles de coordinación de la crisis, el Ejecutivo alertó que pese a que hasta ahora los ataques han sido solo contra entidades públicas, “empresas privadas y sociedad en general deben mantenerse atentos y reforzar medidas de seguridad”. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué tan vulnerables somos ante este tipo de ataques? ¿Nos habrán escogido al azahar o fue un evento planificado contra Costa Rica? ¿Cómo se resuelve una crisis de este tipo? Se puede entender que las empresas y los gobiernos tengan sistemas de protección y redoblen sus medidas, ¿pero qué hacemos los ciudadanos de a pie legos en la materia frente a ataques cibernéticos? Con el exministro Luis Adrián Salazar evacuamos todas las dudas posibles en Hablando Claro.

“Ni Le Pen, ni Macron… Estamos cansados de tener que votar siempre al menos malo de los dos”. Eso dicen furiosos electores que tendrán que encarar el próximo domingo la segunda y definitiva ronda para escoger quien gobernará los destinos de Francia en el próximo quinquenio. ¿Le suena familiar? Pues bien, al igual que aquí en nuestro país, a esos dos finalistas los eligió la mayoría de asistentes a las urnas en la primera vuelta, apenas diez días atrás. Macron, el actual mandatario, obtuvo 27.8 % de los votos y la ultraderechista Marine Le Pen, quien se autoproclama como una “mujer de estado” logro 23,1 %. Apenas un punto por debajo quedó el izquierdista Jean-Luc Mélechon y ese es el contingente de votos que podría inclinar la balanza a favor de Macron, aunque ciertamente la derecha en Francia nunca había alcanzado el favor del 30 % del electorado en primera, cifra que se obtiene al sumar los votos de Le Pen más los del Éric Zemmour que obtuvo el 7,1 % y quedó de cuarto entre los 12 aspirantes que participaron en el proceso. Las encuestas a seis días de los comicios le dan ligera ventaja a Macron, pero el desenlace podría deparar una inmensa sorpresa para Francia y para el resto de Europa. Mientras tanto, aquí en nuestro patio, la escena política cumplió con un capítulo importante del libreto institucional democrático: el presidente Alvarado recibió en Zapote al mandatario electo, Rodrigo Chaves Robles, quien aprovechó para ratificar a Natalia Díaz Quintana como su ministra de la Presidencia. La actividad se desenvolvió de acuerdo a los cánones que nos caracterizan; en tanto, en Hacienda se controlaba una crisis en desarrollo habida cuenta del ciberataque que habrían sufrido dos de sus sistemas por parte de un grupo (oh sorpresa) de origen ruso. Por la tarde, fue el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones que emitió una alerta de seguridad a todos los directores, jefes de Tecnologías de Información y a los enlaces de ciberseguridad de empresas privadas e instituciones públicas del país. Con el periodista y exembajador Eduardo Ulibarri conversamos de estos temas de actualidad.

¡Les deseamos las mejores Pascuas de Resurrección! Mientras esperamos (en Costa Rica y muchos otros países) que nos levanten la restricción de uso de mascarillas en espacios públicos, última de las medidas que aún quedan vigentes en el mundo occidental, varias grandes ciudades chinas (cosa absurda de resaltar porque en China cualquier poblado es de decenas de millones de gentes) las situaciones controversiales respecto del aumento de contagios covid se han agudizado estos días con la resistencia de civiles a medidas extremadamente severas como los confinamientos y los desalojos forzados. Difícil conciliar la contención de contagios en el gigante asiático cuando sus ciudadanos pueden ver mediante sus pequeñas pantallas como se reanudan las normalidades prácticamente en el mundo entero. ¿Y la efectividad de sus vacunas? Pero no se nos olvide, la pandemia discurre en esta fase en paralelo con los ensordecedores sonidos de las armas de guerra. Así que mientras la economía china se contrae y presiona a la baja el precio del petróleo, la guerra rusa en territorio ucraniano lo empuja al alza. Pero Ucrania no está lista para ceder. Este domingo el presidente Volodímir Zelenski dijo que no cederán territorio en el este (Donbás) para buscar el fin del conflicto y más aún advirtió que si se “eliminan” militares que resisten en un complejo metalúrgico de Azovstal (cerca de la sitiada ciudad portuaria de Mariupol) Ucrania “pondría fin a cualquier negociación de paz”. Ese es el punto focal de la controversia del mundo hoy, con muchas y muy complejas ramificaciones y lo analizamos con Carlos Murillo Zamora, especialista en relaciones internacionales y director del Observatorio de Desarrollo de la UCR. Este lunes 18 de abril a las 8 a.m. en los 98.7 F.M. de Radio Columbia.

A 11 mil kilómetros de distancia, una cruenta devastación continua en Ucrania. Una guerra injustificable, aunque Vladímir Putin se empeñe en revestirla de operación de "ayuda noble y necesaria" para la región ucraniana prorrusa del Donbás. Este martes, para sorpresa de nadie, el plutócrata moscovita volvió a establecer que no tiene intención alguna de detenerse. El mundo -lo sabemos bien- siempre ha sido el escenario de encarnizadas luchas de poder , sólo que de recientes décadas para acá vemos las guerras en vivo y en directo cada día, y acaso por ello, vamos normalizando la violencia y el irrrespeto absoluto a los Derechos Humanos básicos. Muy lejos de esa tragedia, nosotros descansamos en los días propios de las procesiones y las vacaciones. Y también de una campaña electoral que fue especialmente desafiante en términos del enfrentamiento que produjo, especialmente en los espacios cibernéticos donde -pareciera- todo se vale. La convivencia armónica y los tejidos sociales maltrechos requieren de dedicación y cuido para su restablecimiento. De lo contrario, ¿cómo aspiramos a sostenernos como una democracia madura que procure respuestas efectivas para los múltiples problemas y desafíos de su gente si somos incapaces de reconocer los puntos de vista del otro, sus razonamientos y sus verdades? No es que la reflexión se imponga únicamente en fechas como estas; pero si es cierto que estos son días que debieran permitirnos oxigenar adecuadamente el ambiente para seguir bregando como sociedad en busca de soluciones. Por eso en Hablando Claro este miércoles conversamos con el psicólogo Milton Rosales. Como siempre a las 8 a.m. en los 98.7 F.M. de Radio Columbia. Los esperamos.

“Entrando no más”. Así de rápido asegura la diputada electa Pilar Cisneros que entrarán en vigencia los decretos ejecutivos mediante los cuales el presidente Chaves (ya en funciones a partir de mayo, por supuesto) hará posible la anheladísima disminución de los precios del arroz, la electricidad y los medicamentos. No pasará lo mismo con el costo de los combustibles porque el mandatario electo no hace promesas de corte populista, según explicó la nueva legisladora, razón por la cual tampoco inhabilitará las plataformas tecnológicas de transporte, aunque ello vaya en contra del ruego que le formularon los taxis rojos a don Rodrigo. En la elaboración de la nueva administración -todo pareciera indicar- será más factible avanzar bajo la premisa de que “lo que se hace por ley se deshace por ley y lo que se hace por decreto se deshace por decreto”. A esta tesis, Cisneros apunta que el problema ha sido que extrañamente los presidentes llegan al poder y no lo ejercen, lo que explica que no se resuelvan problemas para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. “Una cosa que curiosa que yo he observado en muchos presidentes, es que pelean durísimo para llegar a la presidencia y una vez que llegan a la presidencia no toman decisiones”. Para la próxima jefa de fracción de Progreso Social Democrático -lo reafirmó este lunes en Hablando Claro- en las elecciones hubo una revolución democrática y pacífica, lapicero en mano, sin armas. “La ciudadanía votó por un cambio con resultados, un ejercicio del poder, con una política honesta, transparente, decidida y valiente”. Y el gobierno -lo explica- ejercerá la administración por metas y con objetivos. Toda la elaboración está permeada inequívocamente por un optimismo y un empuje lleno de buenas intenciones. La interrogante entonces es ¿por qué -efectivamente- otros presidentes prometieron reducir los precios del arroz o de las tarifas eléctricas y no lo lograron y ahora sí se podrá? Conversamos con dos ex funcionarios públicos, para que nos refieran sus experiencias y aporten luces a las soluciones para deshacer los nudos gordianos que nos agobian.

Es indudable el peso de Pilar Cisneros en el resultado electoral del 6 de febrero y del 3 de abril, al margen del cargo para el que se postulaba. Ahora ya es diputada electa y, como era de esperarse, líder de la bancada oficialista del PPSD a partir del 1 de mayo. Será, por tanto, una voz del gobierno de Rodrigo Chaves, se quiera o no. Aunque se repita que hay separación de Poderes y que por aquí el Ejecutivo y por allá el Legislativo, casi todos los caminos pasan por Cuesta de Moras, donde habitarán cinco bancadas opositoras. De nuevo será determinante la negociación y la inteligencia política en su mejor definición. También la coherencia entre las 10 diputaciones oficialistas y un equipo de gobierno que aún no existe, o al menos no se ha anunciado. Del futuro inmediato y los preparativos hablamos este lunes con Pilar Cisneros en nuestro Hablando Claro de Lunes Santo, coincidente con la fecha de 11 de abril, de cuyo valor hablamos el viernes.

Que los humos postelectorales y las expectativas del armado de un nuevo gobierno no nos borren de la memoria las celebraciones de las gestas que nos han marcado el destino del país. Que la Semana Santa o el trajín laboral no nos haga pasar por encima una fecha tan importante como el 11 de abril. El próximo lunes se cumplen 166 años de la Batalla de Rivas y conviene repasar los detalles de la Campaña de 1856, el valor de la figura de Juan Rafael Mora, la importancia de la rendición de William Walker (verdadero origen del feriado del 1° de mayo) y el peso de Juan Santamaría sobre la construcción de la identidad nacional. Acompáñenos a mirar al pasado desde la compleja Costa Rica de hoy, con el historiador Vladímir de la Cruz.

Revisar el acuerdo con FMI "hacia arriba", modificar la ley de Empleo Público que se discutió por tres años, atender pronto el costo de la vida, pero sin reducir el impuesto al combustible, generar confianza interna y ante los mercados internacionales que suelen ser cautos con un nuevo gobierno. Las propuestas, las tareas y los condicionamientos son parte del cóctel económico que marca los primeros días de Rodrigo Chaves en modo de presidente electo. Al fin y al cabo, mucho de su éxito electoral vino de la insatisfacción popular derivada de los problemas de la economía, los viejos y los nuevos. ¿Cómo nos leen los mercados? ¿Qué piensa el FMI sobre modificar los términos del acuerdo (sin saber cuáles y en cuánto)? ¿Qué dicen organismos como BID o el Banco Mundial sobre el nuevo gobierno cuyo gabinete es por ahora una incógnita? El enfoque económico, entonces, resulta ineludible en el análisis del resultado electoral. Es el abordaje del Hablando Claro con el economista José Luis Arce, de la firma FCS Análisis & Estrategia.

No pueden ser mensajes sueltos el discurso del presidente electo Rodrigo Chaves en la noche electoral, la apertura de puertas a otros partidos y el abrazo de este martes con José María Figueres. El desmantelamiento del conflicto de la campaña ha sido rápido y va acompañado del más crudo de los realismos: la gobernabilidad que necesitará la nueva administración y, más aún, la que necesitamos como país. Queda por ver las actitudes de otras figuras alrededor de cada partido y la de algunos simpatizantes, sobre todo en las combustibles redes sociales. Uno de esos factores será la Asamblea Legislativa, cuyas bancadas entrantes ya han definido jefaturas y empiezan a mirar en el horizonte el 1 de mayo como su fecha de entrada, pero sobre todo el inicio de las sesiones extraordinarias con espacio abierto para la agenda del nuevo gobierno. La política exige pragmatismo, valores, coherencia y flexibilidad. El secreto es buscar los equilibrios para cada momento y mostrar resultados pronto, máxima cuando la impaciencia popular se concede a plazos cortos y tasas elevadas. Estas primeras señales ponemos en la mira con los politólogos Gustavo Araya y Eduardo Núñez, y con ustedes si nos vuelven a acompañar en Hablando Claro.

Con frecuencia creemos que nuestro país es único en lo malo o en lo bueno, que "solo en Costa Rica" ocurren ciertas cosas y la verdad es que claramente tenemos condiciones distintas a otros países, pero las tendencias políticas no mueren en las fronteras. Por eso conviene mirar con perspectiva comparada lo que pasó el domingo electora, o más bien lo que hicimos, para ayudarnos a comprender por qué ganó un partido "cero kilómetros", por qué 1,5 millones de costarricenses ni se asomaron a las urnas y por qué el nuevo gobierno tiene márgenes acotados, o en qué circunstancias se pone a prueba la institucionalidad y cómo interpretar los primeros mensajes del Rodrigo Chaves presidencial. A ello vamos este martes a las 8 a. m. en la 98.7 FM con la mirada externa y a la vez familiarizada de Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de Instituto internacional para la democracia y la asistencia electoral (IDEA Internacional), basada en Suecia. Acompáñenos.

"Asumo el sagrado compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo, respetuoso de la Constitución, de la ley y de los valores costarricenses". Esta es una de las principales frases del hombre que presidirá Costa Rica a partir del 8 de mayo, Rodrigo Chaves Robles, favorecido con el 52,85 % de los votos de la segunda ronda electoral de este domingo. "Costa Rica ha hablado y el pueblo ha votado", había dicho poco antes José María Figueres al reconocer la derrota. Ambos calificaron la campaña como "muy dura", la vimos todos y la sufrimos todos, pero el próximo mandatario baja el tono incendiario de la campaña y ofrece señales conciliadoras. Sabe que enfrenta un contexto muy complicado y la campaña ha acabado por fin. La jornada, el mensaje, ese enorme 43,15 % de abstención y lo que viene es parte del análisis inmediato con Rotsay Rosales, director del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) en la UCR.

El grupo de indecisos, grande o pequeño, parece definitorio para la elección presidencial de domingo. Esperan que los debates de esta noche o de mañana viernes ayuden a decidir el voto, o que la conciencia ayude, o que sea el instinto el que actúe, aunque sea ahí frente a la papeleta con los nombres de Rodrigo Chaves y de José María Figueres. Las tendencias de las encuestas señalan una reducción de la ventaja de Chaves o más bien crecimiento del margen de duda. Es difícil que alguien pueda decir "votaré por el que de seguro gana" o que crea que ya el arroz está cocido y no importe ya ir a marcar la papeleta. Los equipos de campaña ajustan tuerzas para las 72 horas finales de una larguísima contienda electoral. Analizamos este viernes cuáles elementos pueden marcar la diferencia en los debates y qué otras acciones pendientes pueden incidir en el resultado. Acompáñenos con Mario Quirós, consultor en investigación estratégica, y Sergio Araya, politólogo.

A veces nos juega en contra la falta de perspectiva y opinamos que esta es "la peor campaña", el "peor gobierno" o el peor momento de sectores determinados. Y puede que tengamos razón, pero es indudable que mejor sería juzgar con un lente amplio en el tiempo y en el espacio. Sobre esos juicios generamos nuestros pensamientos y sentimientos ante la política, ante los partidos o ante los candidatos; por ello siempre viene bien una mirada sanamente distante y analítica como la del politólogo costarricense Eduardo Núñez, radicado en Guatemala, desde donde observa los juegos del poder en toda la región. Aprovechamos su presencia en el país para mirar desde Hablando Claro el epílogo de nuestra campaña electoral y las circunstancias que la determinan.

Tenemos a la vista nuevos datos de encuestas electorales y en tres puntos coinciden todas: los movimientos son pequeños, Rodrigo Chaves mantiene una ventaja sobre Figueres que se ha reducido poco y la suerte de la segunda ronda está en manos de más de 350.000 electores que pretenden votar pero no tienen aún claro cómo hacerlo. Los estudios del CIEP-UCR, de IDESPO-UNA y de la empresa Enfoques, cada uno con sus metodologías y sus momentos de aplicación de entrevistas, merecen un repaso detallado de las tendencias, por tenues que sean, sabiendo que entramos al túnel final de la campaña y los próximos datos que conoceremos serán los que dé el TSE poco después de las 8 p.m., en el fin del larguísimo proceso electoral. A ese punto casi llegamos en un pesado ambiente electoral, dominado por sentimientos negativos y la motivación de un grupo considerable de votar por uno para intentar evitar el triunfo del otro. Con Jesús Guzmán, investigador de la UCR, y Laura Solís, de la Universidad Nacional, comentamos los nuevos datos en la última jornada habilitada para publicación de encuestas.

No pocos costarricenses están en este momento debatiéndose entre el abstencionismo, el voto nulo o el apoyo poco entusiasta a uno de los dos candidatos presidenciales, considerando que al 73 % de la población le desagrada las opciones en competencia para la segunda vuelta (encuesta CIEP-UCR). Entran a jugar elementos relacionados con el voto protesta y sus diversas opciones, cómo apoyar al sistema electoral sin apoyar a un candidato específico o cómo hacer valer la utilidad del voto. ¿Se cuentan los votos nulos para algo más que para la participación electoral y restarlo al abstencionismo? ¿Es posible decir que un partido se beneficia conforme más alejada de las urnas esté la gente? Con Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) miramos el valor que tienen, o pueden tener, las distintas decisiones que puede adoptar un ciudadano este 3 de abril, así como aspectos de la organización electoral y del cierre de esta campaña.

Mientras la campaña electoral sigue caminando por los lodos, resultados de aquellos polvos que hemos acumulado y disimulado por años, muchos problemas de inmediato, mediano y largo plazo siguen ahí. Ocurre -entre otros - con la educación, con la desigualdad y con el funcionamiento de nuestra costosa institucionalidad; y algunos de esos problemas se aceleran con los acontecimientos del mundo. Uno de ellos son las pensiones, cuyos fondos están ahora presionados por la inestabilidad derivada de la guerra en Ucrania. Pueden notarlo en sus rendimientos las personas que tienen su fondo de jubilación, que lamentablemente no son todas. Es un tema de actualidad que también expresa la urgencia de reformar nuestros sistemas de pensiones, condicionados por los cambios en el trabajo, el acelerado envejecimiento demográfico y los impactos que la pandemia tuvo sobre el empleo. ¿Han visto ustedes un abordaje serio o completo de los partidos o candidatos respecto de este asunto? Nosotros tampoco. Por eso queremos repasarlo, aunque falte menos de una semana para la elección definitiva del domingo. Con la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, conversamos en Hablando Claro.

Casi se cumple un mes desde los primeros bombardeos rusos en Ucrania y hemos ido conociendo, aunque no siempre comprendiendo, los motivos, los peligros, los sufrimientos, los contextos y las consecuencias, pero son muchos los ángulos posibles y algunos han quedado por fuera de la discusión pública. Uno de ellos es la repercusión que esa guerra material ha tenido sobre la "guerra" que, con mil dificultades, el mundo ha emprendido contra el cambio climático, esa otra gran amenaza para nuestro planeta y obviamente para nuestra especie. Algunos efectos identificados son el desvío de financiamientos, el nuevo orden de prioridades gubernamentales y la lógica contaminación que emana de la revolucionada industria de la guerra, nos advierte Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente en Costa Rica y actual director del Fondo para el Medio Ambiente, quien, sin embargo, ver algo positivo en medio de todo. Conversamos con Carlos Manuel Rodríguez en Hablando Claro.

Casi se cumple un mes desde los primeros bombardeos rusos en Ucrania y hemos ido conociendo, aunque no siempre comprendiendo, los motivos, los peligros, los sufrimientos, los contextos y las consecuencias, pero son muchos los ángulos posibles y algunos han quedado por fuera de la discusión pública. Uno de ellos es la repercusión que esa guerra material ha tenido sobre la "guerra" que, con mil dificultades, el mundo ha emprendido contra el cambio climático, esa otra gran amenaza para nuestro planeta y obviamente para nuestra especie. Algunos efectos identificados son el desvío de financiamientos, el nuevo orden de prioridades gubernamentales y la lógica contaminación que emana de la revolucionada industria de la guerra, nos advierte Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente en Costa Rica y actual director del Fondo para el Medio Ambiente, quien, sin embargo, ver algo positivo en medio de todo. Conversamos con Carlos Manuel Rodríguez en Hablando Claro.

Muchos días después, el candidato presidencial Rodrigo Chaves concedió una rueda de prensa para acusar a su oponente de "campaña sucia" por dos videos polémicos producidos con fines electorales cuya autoría ahora no la tiene nadie, si nos a tenemos a las versiones oficiales del otro bando. Es solo un paso más en el sendero de la campaña sucia que supuestamente querían evitar, elemento dominante ante la carencia de discusiones de fondo por la que discurre la competencia por la Presidencia para el plazo 2022-2026. En medio de todo ese terreno, desagradable a la vista, se pelea por la intención de voto y los números indican que nada está decidido aún. La ventaja amplia que presentaba Rodrigo Chaves hace tres semanas se ha reducido y ahora José María Figueres parece cerca, revela la encuesta CIEP-UCR publicada hace pocos minutos por Semanario Universidad. Ahora la diferencia es 5 puntos, no 10, pero los márgenes de error del estudio permite concluir que hay empate técnico. Eso y un 16,5 % de indecisos muestran que todavía queda terreno por recorrer y que quizás las estrategias tomen más agresividad en los 10 días finales, pero hay otros hallazgos de la encuesta que permiten vislumbrar algunas acciones de uno y otro bando. Con el investigador Jesús Guzmán comentamos la nueva medición de intención de voto y los acontecimientos que enmarcan el momento de la campaña.

Tras los temores a un default contenidos por el plan fiscal del 2018, el impulso a reformas a ley de huelgas y Empleo Público en 2019, la pandemia en 2020 y el acuerdo con el FMI en 2021, este año electoral 2022 trajo buenos reportes macroeconómicos, reflejados en las nuevas notas emitidas por las calificadoras de riesgo financiero. Pero como nada pudo ser apacible para el gobierno de Carlos Alvarado, faltaba el factor guerra. La invasión rusa en Ucrania trajo nuevos riesgos por el costo de las materias primas y la incertidumbre mundial. La "casa ordenada" que promete dejar en las finanzas públicas esta Administración debe atender de urgencia el encarecimiento de bienes y servicios derivado del alza en el petróleo, sobre todo. De un lado están miles de familias perjudicadas por el golpe económico de la pandemia y del otro los números sanos que pretende heredar Alvarado; algo habrá que afectar, reconocen analistas. Mucho de ello puede explicar y responder Elián Villegas, ministro de Hacienda, quien insiste en que "las bases de la consolidación fiscal son las correctas". Con él hacemos nuestro Hablando Claro.

Los resultados de las encuestas recientes pueden envalentonar a unos, tumbar la moral de otros, liberar del peso de un voto no deseado a los escépticos o quizás movilizar a otros para tratar de revertir, porque 'quién quita un quite'. El voto o abstención implica una decisión más o menos consciente, más o menos racional, pero cada vez es más difícil medir en la globalidad de preferencias electorales. Siguen siendo las encuestas instrumentos válidos, pero es claro que el terreno de apatías y 'deslealtades' complican más esas mediciones. Las encuestas, la publicación periodística de estas, la difusión por redes sociales o las interpretaciones que den a ellas son de considerar, pero no podemos obviar que reflejan también los tiempos de incertidumbre e incluso de desinformación, otro tema de tendencia mundial que no puede faltar en el seguimiento a la campaña electoral nuestra. ¿Está echada la suerte figuerista por su desventaja sustantiva en encuestas de toda procedencia, al faltar dos semanas para el 3 de abril? ¿Pueden los seguidores chavistas desdeñar ese único estudio que coloca ambas candidaturas en empate técnico? ¿Será el triunfo de los abstencionistas? Nos acercamos a esas interrogantes con Eduardo Ulibarri, periodista analista e investigador de las nuevas formas de desinformación que también nos tocan.

Si bien los grandes números de la economía dan muestras de alivio y con ello también mejoran las calificaciones de riesgo país, y eso es muy bueno; lo cierto es que hemos tenido que cerrar válvulas de gasto e inversión pública y claro, ya sabíamos que eso tendría un costo. Vivienda, por ejemplo, ayuda a ejemplificar lo que nos ralentiza el avance en política pública, intentar ponernos al día respecto de tantos años de estrangulamiento de las finanzas públicas. La ministra del sector, Irene Campos, estableció en 58 mil millones de colones los recortes del 2020 a la fecha. Son los famosos recortes de “gastos de capital” que tienen doble impacto, por un lado, impiden mayor reactivación económica y, por otro, constituyen una bomba de tiempo social. Por ejemplo, hace 10 días en La Carpio -el más grande de los 700 asentamientos informales que existen en el país- ocurrió un desalojo de aproximadamente 1.800 personas que pretendieron tomar un terreno privado contiguo a la comunidad y que -debido justamente a que es terreno particular, debió ser evacuado por la Fuerza Pública. Ese día se vivieron horas de angustia y tensión. Por ventura logró aplacar sin violencia la situación. Pero un día, eso no pasará. Probablemente, es un tema al que le volteamos la mirada, excepto justamente cuando un operativo policial hace correr las cámaras y los micrófonos. Y al día siguiente parte sin novedad. Hasta la próxima crisis. En La Carpio por ejemplo, la Municipalidad de San José estima que el 10% de las personas que ahí viven, están en condiciones de hacinamiento. En cuarterías. Como muchas otras que deben ser atendidas. Pero no hay recursos. Y las capacidades institucionales no son, ni de lejos, suficientes. Y cuando estamos en campaña electoral, los candidatos ofrecen resolver el problema, construir cientos de miles de soluciones habitacionales y/o volver a hacernos muy felices con otros arreglos mágicos. Luego aparecen las realidades de los números macroeconómicos y las frustraciones se acrecientan. Con la ministra de Vivienda, Irene Campos, conversamos para comprender el tamaño del desafío, saber como termina su gestión y sobre todo cómo pueden sus sucesores acometer el desafío de atender el déficit habitacional del país.

Por hartazgo o por necesidad de sentirnos más liberados, o finalmente por ambos factores, hemos normalizado (acaso invisibilizado) la coyuntura de la pandemia. Pero tristemente la pandemia no pareciera estar cerca de acabar, aunque todos estemos esperando el día que nos den la ansiada autorización para quitarnos la mascarilla; esa última cadena de inhibición de la libertad que hemos sufrido en estos largos dos años. Y es que si bien es cierto los niveles de inmunización en nuestro país son altamente exitosos, también resulta alarmante cómo se han disparado de manera abrupta y vertical las muertes en Hong Kong, solo para citar un caso. Ahí ni siquiera tienen ataúdes para entregar los cuerpos a los dolientes, lo que nos recuerda los terribles meses previos a la existencia de vacunas. Por eso, la Organización Mundial de la Salud anunció que se esperan brotes y aumentos repentinos de casos, particularmente en áreas donde se han levantado las prohibiciones. Asia va por ahora a la cabeza en esos repuntes, con 29 % de aumento de casos y 12 % de incremento de muertes. En África los contagios aumentaron en promedio un 12 %, pero en algunos sitios específicos como la Isla Mauricio o Nigeria los niveles se dispararon a 180 % y 126 % respectivamente. En Europa la tendencia promedio al alza es mucho menor (2 %) pero ya hay alertas en lugares donde crece, más como Holanda con un 42 %, aunque con baja mortalidad. En América Latina pasamos por un buen momento de casos a la baja hasta en 20 % de contagios y 15 % de decesos; pero considerando el comportamiento de la pandemia globalmente, los especialistas estiman que cabría esperar una nueva ola dentro de algunas semanas. Específicamente para Costa Rica, la alta vacunación es un punto a favor. El último reporte de la Caja dio cuenta de 1,624.107 habitantes mayores de 12 años (31.5 % de la población) ya con esquema triple, mientras que 2,257,157 tienen doble esquema y están a la espera de cumplir plazo para adquirir el refuerzo. El 83 % de la población tiene al menos una dosis para un total de 4,273,569 costarricenses de todas las edades. Así vamos llegan casi a los 10 millones de dosis puestas (9,790.312). ¿Cuál es entonces el margen de maniobra con que acaba en términos de política sanitaria la administración Alvarado Quesada y con qué se iniciará la próxima gestión Figueres Olsen o Chaves Robles? Lo conversamos con el epidemiólogo Juan José Romero.

En ocasiones de impotencia total, los ticos sacamos a relucir el humor paliativo como arma de asimilación y resignación. Seguro entonces usted ha recibido en estos días por lo menos un meme referido al precio de la gasolina y el diesel. Pero como la cosa no es en broma, seguro también habrá notado que hay una disminución en la cantidad de vehículos en carretera. Es mera observación empírica por ahora no anclada en ningún estudio de comportamiento sociológico, pero que no deja de tener algún valor referencial para comprender el impacto del incremento que ya venía presentando el costo de los hidrocarburos y que ahora se cierne como un peligro sobre la dinámica de la actividad económica en su conjunto, dado que apenas empezaremos a sentir el efecto directo del conflicto bélico en Ucrania, pues como todos sabemos, Recope solicitó un alza elevadísima en los derivados que ya está en estudio del ente regulador de las tarifas de servicios públicos. ARESEP. Y es que solo para hablar del diesel que mueve toda la flota de transporte público y también prácticamente toda la de mercancías, 121 colones en incremento para cada litro puede implicar una severa afectación a la imperiosa dinámica de la reactivación del país. El Poder Ejecutivo aquí, al igual que en muchos otros países tan disímiles como Guatemala o Suecia, valora alternativas para disminuir el costo, particularmente quitándole carga al usuario con los impuestos que pesan sobre los derivados que consumimos. Lo cierto es que mientras ello se produce y considerando los vaivenes del comportamiento del mercado, existe mucho nerviosismo en los aparatos productivos y algunos de ellos, como el del transporte remunerado de personas, ya hablan de posibles afectaciones permanentes. ¿Cuáles son las perspectivas de reacomodo de precios? ¿Qué tan temporales y sobre todo qué tan viables son las limitadas opciones de reducción de precios para una economía tan minúscula y dependiente como la nuestra? Con el analista financiero y económico, Daniel Suchar, conversamos sobre los elevados costos del otrora denominado oro negro; aún un lastre en el camino hacia el abandono de un futuro libre de combustibles fósiles.

El sitio de guerra es uno. Pero los escenarios de los intereses políticos, diplomáticos y económicos son varios. Algunos, francamente, inusitados. O acaso, ¿alguien habría podido advertir hace tan solo un par de semanas atrás que Estados Unidos le tocaría la puerta a Venezuela en busca de su petróleo? El inédito capítulo de la diplomacia es harto conocido: funcionarios estadounidenses se reunieron en Caracas sorpresivamente con Nicolás Maduro, quien apareció luego encantado con el cónclave para buscar el deshielo de las relaciones. El mismo mandatario que ha repetido centenares de veces las mismas consignas contra el imperialismo, por el que los norteamericanos pusieron precio a su cabeza de 15 millones de dólares; de pronto en acercamientos para buscar petróleo de sustitución del oro negro ruso. A la reacción estupefacta de la oposición venezolana, le siguió la inmediata respuesta de Colombia, un archi aliado de Estados Unidos que llegó a Washington para ofrecer su petróleo. En mejores condiciones y mayores cantidades. Aseguraron. La cuestión es que así se mueven las fichas y unas se van sumando a otras, en este complejo entramado geopolítico. Por supuesto, hay algunas piezas que son más importantes o más valiosas o determinantes que otras. Así observamos expectantes el papel del gigante asiático. Así seguimos el reposicionamiento de Estados Unidos ante el conflicto, mientras el Presidente Biden se juega las elecciones de medio período en el Congreso. Así seguimos el papel de la Unión Europea, la más sensible y vulnerable a los acontecimientos que puedan derivarse del conflicto ucraniano. Con el politólogo Constantino Urcuyo Fournier conversamos acerca de este tablero.

Fallas de audio de origen de la transmisión. La corta distancia lineal que hay entre Cartago y Heredia, 26 kilómetros, es la misma que hay entre los últimos bombardeos dominicales de Rusia en Ucrania y la frontera con Polonia, país que sí es miembro de la OTAN y que, de recibir ataques, podría implicar la entrada directa de Estados Unidos en el enfrentamiento armado y el inicio de una pesadilla aún mayor. La mención a una "tercera guerra mundial" da escalofríos porque la hizo el propio comandante en jefe del mayor ejército del mundo, Joseph Biden, cuando habló el viernes sobre el escenario posible en caso de que las fuerzas armadas de Putin ataquen suelo cubierto por la alianza occidental OTAN. Dos días después se registraban 35 muertos en una base militar donde había extranjeros, según reportes militares ucranianos tras la ofensiva rusa más cercana a suelo polaco, en el endurecimiento del pulso de Putin con Occidente tras la cadena de duras sanciones económicas que ya padece el pueblo ruso. Con Europa amenazada y Estados Unidos tan nervioso como comprometido y polarizante, las miradas geopolíticas miran lo que pueda hacer China. Los más optimistas plantean que el tácito apoyo inicial a la invasión rusa podría verse objetado ahora por el pragmatismo, si no frialdad, que caracteriza a Pekín. La guerra es un suculento negocio de muchos poderosos, pero también la ruina de otros, éticas aparte. "Lo peor está por llegar", decía al comenzar marzo el presidente de Francia, el otro miembro del Consejo de Seguridad que se queda corto ante los fuegos y las tragedias de la guerra. Londres no quiere ni mencionar acciones armadas de la OTAN, aunque advierte que Putin está decidido a destruir Ucrania y sabe que un paso más lo colocaría en Polonia. Son tiempos para el ajedrez geopolítico y los poderes mundiales, los viejos y los nuevos, aunque cada gobernante se juega lo suyo también dentro de sus propias fronteras, sobre todo por la innegable estela de perjuicios económicos. Y entonces la pregunta que palpita: ¿quién y cómo frenar a Putin por las vías no armadas? ¿Tiene razón Bruselas en mirar con esperanza a China como intermediaria? El analista internacional Carlos Murillo nos acompaña para el análisis.

Un respiro en medio de tanta incertidumbre acongojante: el precio del petróleo bajó luego de semanas al alza. Es un anuncio temporal, porque lógicamente mientras la guerra y sus correspondientes sanciones económicas sobre Rusia estén vigentes los nubarrones sobre los costos internacionales de los hidrocarburos se mantendrán. Pero al menos hubo noticias no desalentadoras en este campo. ¿Qué incidió en ello? Por un lado, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski mostró apertura diplomática, por otro Emiratos Arabes Unidos ofreció aumentar su producción y por último, el autócrata Vladímir Putin aseguró que Rusia mantendrá las entregas pactadas pese a las penalizaciones occidentales. Claro que la inflación en los Estados Unidos no da tregua, acercándose al 8 % a 12 meses al cierre de febrero, la más alta en 40 años desde la crisis de inicios de los ochenta. Y ya sabemos que cuando allá estornudan, aquí nos resfriamos. Ciertamente, la inflación y las tasas de interés están en su momento más susceptible y el tipo de cambio acercándose a los 650 colones, no da indicios de otra cosa que no sea seguir subiendo, todo lo cual presagia un muy complicado inicio para la próxima administración gubernamental puesto que ya la Contraloría de la República advirtió que dado el clima de incertidumbre por la guerra podría ser necesario no solo revisar (a la baja, claro) las expectativas de crecimiento económico para este mismo año, sino además evaluar “medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad fiscal”. Algo especialmente difícil de digerir, tras todo lo que nos ha tocado (incluyendo la pandemia) y pese al esfuerzo realizado en estos cuatro años. Aunque para algunos, casi casi de espaldas a la cruda realidad, la fiesta sigue por el lado de comprar carro endeudándose (todavía) más, para otros, ya pesa hasta el alza en el precio del pan de cada día. Con el economista y especialista en análisis de riesgo Juan Muñoz Giró, cerramos nuestro Hablando Claro de la semana.

Parece correcto decir que en este proceso electoral no sabemos bien qué estamos eligiendo en Costa Rica. Discutimos mucho sobre a quiénes (su pasado largo o corto y sus cuestionamientos en pretérito o en presente), pero desconocemos los "qué" y sobre todo los "cómo" en esta campaña borrosa que no ha llegado a tener temas centrales y casi ni secundarios. Tal vez entonces el verbo correcto no sea "elegir" sino "descartar" o "castigar" o "socorrer", como lo hicimos en otros momentos y como muchos decidieron su voto el 6 de febrero, tras el golpe económico y social que todavía padecemos detonado por la pandemia. Y como si faltaran elementos de incertidumbre, vivimos en tiempo real una guerra que se libra a 11.000 kilómetros de distancia con severas alteraciones a las dinámicas internacionales que , por supuesto, nos golpean y nos golpearán aún más fuertemente. Otras noticias positivas indican que Costa Rica mantiene una reserva de solidez institucional democrática suficiente para atender esos y otros problemas, aunque hay sectores que no lo perciben así y restan importancia a eso que nos envidian desde fuera. Lo cierto es que hay una tendencia internacional de emergencia de populismo y autoritarismo creciente ante la cual tampoco tenemos vacuna. Es un cóctel complejo y potencialmente peligroso para este país cambiado que a veces nos cuesta reconocer. Conviene mirar los factores y las salidas a tres semanas de la segunda ronda y a dos meses de que finalice el gobierno de Carlos Alvarado, con el ojo analítico de Jorge Vargas Cullel, director del Programa Estado de la Nación, que casi todo lo ha venido advirtiendo.

En dos meses estaremos estrenando nuevo gobierno. Pero mientras llega a su final, la Administración Alvarado Quesada no parece perder tiempo en concluir con lo que el mandatario denomina la tarea de dejar la casa en orden. Apenas el lunes una lujosa mayoría de 39 diputados (increíble en plena campaña) aprobaba en segundo debate la muy postergada Ley de Empleo Público y el gobierno le dio el ejecútese el martes. Al tiempo que anunció el envío de iniciativas al Congreso para paliar el sufrido aumento en el precio de los combustibles por la crisis de la guerra en Ucrania, el Presidente Alvarado dejó de lado el estoicismo y lanzó dardos contra los sindicatos que lo han adversado. “Política de chantaje” fue la forma en que calificó la guerra que recibió un proyecto que tardó en trámite tres años y que formaba parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en 2018 y que el Fondo Monetario Internacional estimó dos años después, constituía un prerrequisito para avanzar en un acuerdo como el que ahora será motivo de revisión y podría implicar el segundo desembolso del empréstito de $2.750 para equilibrar la Hacienda Pública. Así que mientras Legislativo y Ejecutivo se encaminan por la senda de sus últimas semanas, la campaña electoral no deja de transitar por sobresaltos: en Progreso Social Democrático el tema del financiamiento previo a la fase formal de inicio de contienda en octubre pasado, ha dejado una estela de humo que no terminará de aclararse sino hasta que se ausculten por parte del Tribunal Supremo de Elecciones no solo las contabilidades, sino también las propias denuncias desde lo interno de la divisa de Chaves y Cisneros que siguen confiados en que nada podrá opacar la solidez de su avance en las encuestas. Y en las tiendas liberacionistas, el remezón vino por el lado de un inesperado y no anunciado viaje del candidato a República Dominicana. Figueres, quien salió con su tesorero de campaña el domingo por la noche y regresó al país 24 horas después, elaboró este martes explicaciones poco convincentes respecto de los motivos para haber realizado el vuelo relámpago en plena fase final de una contienda que no lo favorece. La estela del viaje -sin duda- tendrá sus repercusiones por lo menos de imagen política por una absurda falla de estrategia de la campaña... O vaya usted a saber, acaso por un empecinamiento del mismo candidato. Con el politólogo Sergio Araya conversamos a media semana sobre la coyuntura local de fin de gobierno y antesala de segunda ronda.

Las luchas por una sociedad más equitativa en el acceso a las oportunidades han dado muchos buenos frutos. Pero aún quedan brechas que acortar. Un país como el nuestro -que dichosamente sigue siendo una democracia ejemplar (cuarto lugar del mundo como democracia liberal según el índice V-Dem Institute de la Universidad de Gothenburg)- puede levantar la bandera del camino hacia la paridad política, pero aún debe librar luchas por los temas del desempleo, la feminización de la pobreza, y las cargas desmesuradas de trabajo no remunerado en las tareas de cuido y trabajo doméstico; para mencionar solo algunas tareas donde debemos reforzar las políticas públicas. No muy lejos de esos empeños, tenemos que superar además los patrones culturales que marcan, por ejemplo, el odio en los entornos de violencia en el hogar, en el trabajo y hasta en las redes sociales. Nuestros esfuerzos por supuesto son determinantes porque son los nuestros; aunque cuando comparamos la dramática situación de las presas políticas en Nicaragua, o el drama de las mujeres migrantes con sus hijos por el cambio climático, la guerra en Ucrania, o la falta de oportunidades en el triángulo norte de Centro América o en Haití, comprendemos que el mundo debe hacer más por los derechos inalienables que les asisten. Con la expresidenta Laura Chinchilla Miranda conmemoramos en Hablando Claro el Día Internacional de la Mujer.

Ha costado muchísimos años y esfuerzos saltar los obstáculos de la exclusión para llegar a las metas de la inclusión. Y aunque la equidad de género no es hoy un grito de guerra lanzado al vacío, todavía falta camino que recorrer. “Aún es tiempo” dice Naciones Unidas, cuando argumenta que para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de este 2022 debemos acelerar la ruta de la igualdad para la sostenibilidad. Por el peso determinante que tienen las mujeres en la consecución de metas para revertir los efectos del cambio climático que les afecta, especialmente cuando se trata de migraciones forzadas, pobreza y desigualdad, dadas sus desproporcionadas responsabilidades como encargadas de asegurar el suministro de agua, de alimentos y de combustibles. Esto es así en términos de cambio climático como en cualquiera otro de los desafíos humanos de los que hablemos, porque las brechas siguen marcando todos los indicadores. Por ejemplo, según el Programa Estado de la Nación para el caso de nuestro país para las mujeres es más difícil el acceso y la permanencia en el mercado laboral, así como la ocupación en cargos de jerarquía. Para citar solo un caso, en el Poder Judicial un 30 % de los concursos abiertos no incluyeron mujeres en las ternas, los cargos para la judicatura se otorgan a las mujeres con énfasis en las categorías más bajas, aunque sus calificaciones resulten mayores; por eso en el escalón más alto de juez 5 un 71 % de los nombramientos son para hombres mientras solo un 29 % fueron para mujeres. Otro asunto muy revelador en Costa Rica es que del total de personas con título universitario, el 57 % son mujeres, pero al mismo tiempo son ellas quienes enfrentan los mayores déficits en materia de competencias digitales, ya sea como alumnas o como docentes. Y si se trata de hogares con jefatura femenina hay mucho mayor vulnerabilidad a experimentar inseguridad alimentaria, lo que por supuesto afecta a los niños, niñas y adolescentes. Nuestras brechas son aún más marcadas en las regiones Chorotega, Huetar Norte y Pacífico central. De todos nuestros desafíos de inclusión conversamos en la antesala de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer con Isabel Román, subdirectora del Estado de la Nación.

A falta de temas serios y verdaderamente trascendentes para el país en la campaña electoral quedan las encuestas que logran atraer la atención de (al menos una parte de) la ciudadanía, tanto como los pequeños flashes noticiosos que ponen luz sobre lo que hacen los candidatos cada día, alguno que otro exabrupto como el del principal financista de una campaña que luce su espernible vocabulario, o las adhesiones para las banderas verdes. Ya sea para la verde y azul o para la verdiblanca; esta última un poco descolorida a juzgar por los resultados con que se abrió marzo. Y es que las encuestas muestran diferencias de entre 10 y 13 puntos porcentuales a favor de Rodrigo Chaves a quien parece nada le detiene el crecimiento, mientras que a José María Figueres nada parece ayudarle en su estancamiento e incluso en su pérdida de adhesiones. Claro que las encuestas como bien sabemos son las instantáneas del momento, pero lo cierto es que mientras los estudios de opinión más hurgan en las razones del electorado para decantarse como lo están haciendo, lo que va quedando claro es que están en lo correcto los analistas que afirman que lo que pareciera estar en juego es la capacidad de Chaves Robles para no caer en las intenciones de voto que hoy lo señalan como el gran candidato a vencer. También es cierto que en política un mes es un mucho tiempo y que muchas cosas vendrán, entre ellas los debates, pero particularmente contarán los errores, porque en estos juegos muchas veces ganan quienes menos equivocaciones cometen. Aunque nada hay seguro porque los capítulos de las democracias electorales están todos en proceso de reescritura y tal vez por ello, la campaña liberacionista parece no encontrar un derrotero que lo levante, mientras que los progresistas parecen no tener que desplegar mayor esfuerzo para generar filiación, con todo y lo volátiles son que las adhesiones hoy por hoy. Lo interesante, por tanto, es ver las tendencias y motivaciones que impulsan por el momento a los potenciales votantes para el 3 de abril y lo hacemos con la experimentada mirada de Mario Quirós de Enfoques e Investigaciones MP y de Laura Solís del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional.

Una contundente y categórica condena a la invasión en Ucrania votaron 141 miembros de Naciones Unidas este miércoles. Rusia está prácticamente sola, pero no únicamente porque los únicos cuatro países que la acompañaron en el voto contra la condenatoria fueron Siria, Bielorrusia, Corea del Norte y Eritrea, sino porque los 35 abstencionistas incluyeron, entre otros nada más y nada menos que a China. Aunque como era de esperarse también lo hicieran Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Cuba. Mientras tanto, su incondicional aliado Venezuela, ni siquiera se presentó en la sesión. Tal vez por lo complejo que le resultaría apoyar con su voto una invasión en el territorio libre y soberano de Ucrania y no poder seguir sosteniendo mañana su perenne discurso sobre la supuesta invasión estadounidense que Maduro siempre ha temido. Lo cierto es que la resolución aplaudida de pie en el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque simbólica, fue la respuesta al veto interpuesto por Rusia a una condena similar que se pretendió en el seno del Consejo de Seguridad del organismo. El Secretario General pidió entonces que sean silenciadas las armas, pero evidentemente ello no sucedería. Al acercarse la primera semana de ataques, el avance de las tropas rusas sobre Ucrania es implacable. En la última jornada bélica los rusos asaltaron por vía aérea la ciudad de Járkiv, estrecharon el cerco sobre Kiev y tomaron la ciudad de Jersón. Los ucranianos resisten mientras más de 800 mil ya abandonaron sus hogares, la mayoría saliendo por Polonia, en un éxodo de interminables historias de dolor. Ucrania estima en 2.000 sus víctimas civiles, pero además afirma que han acabado con la vida de 6.000 soldados rusos, aunque Moscú dijo que eran “solo” 498. Independientemente de la cifra, el presidente Volodimir Zelenski se dirigió a las madres de los milicianos rusos para pedir a los vecinos que presionen por el fin de la guerra. El combativo mandatario, hoy estadista de su pueblo y de la comunidad internacional, no solo demandó en las últimas horas el ingreso de su país a la Unión Europea en una sesión del Parlamento Comunitario que recogió lágrimas y vítores para Ucrania, sino que pidió expresamente al Papa Francisco la protección para la Catedral de Santa Sofía, un monumento patrimonio cultural de la humanidad que está como toda la nación a expensas de misiles y asaltos 24/7 desde que empezó la guerra al amanecer del jueves 24 de febrero. En Hablando Claro continuamos con el seguimiento del drama en Ucrania y lo hacemos en esta ocasión con la especialista en relaciones internacionales, Cristina Eguizabal.

La encuesta CIEP-UCR publicada este martes da una ventaja considerable a Rodrigo Chaves sobre José María Figueres, 46.5% sobre 36%, para la segunda ronda del 3 de abril, con tan solo un 15% de indecisos. El expresidente parece haber perdido la ventaja de más de 200.000 votos que logró el 6 de febrero. Hay señales de que resultaron ciertas las advertencias sobre el techo duro que le impediría crecer para una segunda ronda, aunque ya sabemos que una encuesta es el "clic" del momento y también ya aprendimos a esperar sorpresas. Tenemos ahora información que indica que parte de los seguidores de Lineth Saborío y Eliécer Feinzaig en la primera ronda cambiaron de posición en los últimos días y acabaron depositando en Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros el deseo por un cambio, cualquiera, en el funcionamiento de lo público. Sabemos también que priorizamos a la persona candidata sobre la bandera política y, por tanto, resulta determinante la imagen que la población tiene sobre cada aspirante. En esta línea, Chaves luce sobreviviente de las acusaciones por acoso sexual laboral en el Banco Mundial, según la publicación adelantada de los medios universitarios sobre el informe del CIEP. Con el politólogo Roberto Gallardo analizamos el paisaje electoral, sin descuidar el cauce de los acontecimientos sobre la invasión rusa en Ucrania, incluido el informe sobre el Estado de la Unión del Presidente Joe Biden.

Empecemos por señalar lo obvio: hasta hace poquísimos días nada o casi nada sabíamos acerca de Ucrania. Y precisamente por ello, antes de continuar con el análisis de coyuntura de lo que sucede en la última hora, queremos dedicar un capítulo de nuestro apurado aprendizaje en torno al desarrollo de este conflicto bélico inimaginable, al enfoque histórico. Para tratar de entender ¿quiénes son los ucranios o ucranianos? (ambas formas son correctas) ¿cuáles las características de su heterogeneidad cultural, cuáles sus ancestrales raíces? Por ejemplo, ¿sabía usted que según los filólogos Ucrania quiere decir “frontera”? ¿Sabía que en esa gran frontera se desarrolló una idea de libertad que todavía impregna la cultura ucraniana? ¿Sabía que los cosacos, el llamado pueblo de los límites, históricamente defendió a su gente de los invasores? ¿Es entonces Ucrania una invención rusa como afirma Putin? ¿De dónde proviene ese coraje a toda prueba que manifiesta hoy ese pueblo que genera tanta admiración y adhesión de prácticamente el mundo entero? Y de cara a esas conmovedoras escenas de polacos abriendo los brazos para recibir del otro lado de la frontera a los cientos de miles de refugiados ucranios, ¿cuáles son los lazos tan cercanos que los unen? Finalmente, ¿sabía usted que Ucrania es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, esa fuerza multilateral que emergió tras la Segunda Guerra Mundial? De la mano del historiador costarricense Héctor Pérez Brignoli, profesor emérito de las universidades de Costa Rica y Nacional, miembro de la Real Academia de Historia de España y autor de 20 libros y decenas de artículos especializados, conversamos este martes en Hablando Claro.

La información abunda como nunca y aun así no basta para dimensionar el horror humano del ataque ruso en Ucrania, donde oficiales y civiles resisten en desventaja para evitar la caída de Kiev en el quinto día desde el inicio de los bombardeos. Pero las guerras -independientemente de la época- presentan factores que permiten comprender cómo se desarrollan y qué fuerzas poderosas involucran. En esta coyuntura por ejemplo, Europa y EEUU, o la musculosa mano de China que también tiene mucho que decir sobre Rusia. Todos estos actores juegan sus cartas, entre sus propios intereses, las presiones económicas y los llamados (genuinos o no) para una negociación entre Moscú y Kiev. Esta es la puerta que parece abrirse a pesar del escepticismo, pues todo depende de las circunstancias, y una de ellas es la temida carta nuclear que ya deslizó Putin sobre la mesa. El espacio para el eventual diálogo en territorio de Bielorrusia (aliada del Kremlin), fue la noticia del fin de semana y el resquicio para avanzar hacia una salida que detenga los tristes conteos de una guerra. Con el doctor Constantino Urcuyo, politólogo y estudioso de la geopolítica, comenzamos nuestra semana en Hablando Claro.

Estamos atónitos. Estamos asistiendo a una nueva guerra. Es cierto que las democracias viven tiempos complejos y que el mundo tiene muchos puntos calientes, pero una explosión belicista como la iniciada por Rusia contra Ucrania, fue algo que prácticamente todos los expertos se negaban a admitir como posible, hace tan solo unas horas atrás. En el primer día de ataques completos contra el territorio ucraniano, Putin atacó por todos los flancos y el ejército de Ucrania perdió rápidamente el control de la denominada zona de exclusión de Chernóbil, donde se encuentra resguardada la central nuclear que en 1986 causó una catástrofe que aún muchos recuerdan con horror. Las incursiones por el este, el sur y el norte llegaron incluso a las cercanías de la capital, Kiev, hasta tomar control de un aeropuerto de carga. Ucrania vive bajo el asedio y duerme con un ojo abierto bajo toque de queda, llorando ya su primer centenar de muertos. El presidente Zelenski clamó por protección para su pueblo y dijo que los sonidos de la guerra debían escucharse en todo el mundo, más allá del país “porque no solo Ucrania sentirá el impacto. Es el sonido de un nuevo telón de acero que se cierra entre Rusia y el mundo civilizado”. Severas sanciones adicionales de Occidente anunciadas este jueves por Estados Unidos y los aliados europeos, ¿serían suficientes para detener a Putin? Mientras la mayoría del mundo libre, incluyendo nuestro país, condenó la invasión en un día marcado ya en la historia mundial belicista del nuevo siglo, no faltaron las voces aliadas del Kremlin en América Latina, por supuesto Venezuela, Cuba y Nicaragua. Con el especialista en relaciones internacionales Carlos Murillo Zamora tratamos de entender lo irracional e incomprensible de este conflicto armado.

El antecedente próximo del conflicto data del 2014, pero en realidad los condicionantes históricos son de mucho, mucho más atrás. Nos referimos, sí, al actual conflicto entre Rusia y Occidente que tiene como escenario Ucrania, una gran nación de Europa Oriental con 44 millones de habitantes y 600 mil kilómetros cuadrados de extensión, precisamente la segunda en su tamaño después de Rusia, que limita al sur con el Mar Negro, con Rusia al este, Bielorrusia al norte, Polonia al oeste y Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia al suroeste. En las últimas horas, como ha trascendido profusamente, los acontecimientos se precipitaron: después de semanas de escaladas verbales, advertencias y posicionamiento de tropas y armamentos, Moscú corrió el lunes a dar beneplácito de independencia a los territorios ucranianos de Lugansk y Donetsk, en la denominada región del Donbás. Estados Unidos y los aliados respondieron con sendas sanciones económicas a Rusia como territorio y a la alta jerarquía política y económica del Kremlin en sus intereses personales. La medida más severa, sin embargo, fue la aplicada por Berlín, que suspendió la certificación del neurálgico gasoducto Nord Stream 2, construido para llevar gas en grandes cantidades de Rusia a Alemania a lo largo de 1.200 kilómetros bajo el Mar Báltico. Una inmensa obra de 1.200 millones de dólares. Por supuesto, naufragó la cita prevista justamente para este jueves entre los Secretarios de Estado de ambas potencias. El estadounidense Antony Blinken dijo que estamos viviendo “la mayor amenaza contra la seguridad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial”. ¿Estamos ahora sí ante la inminencia de una escalada bélica? ¿Por qué Putin ordenó el despliegue de tropas? ¿Es posible que la diplomacia tenga aún oportunidad? ¿Cuál es el verdadero trasfondo del conflicto? ¿Cuáles los objetivos de Estados Unidos y la OTAN y cuáles los objetivos estratégicos de Vladímir Putin? Volvemos con el conflicto ucraniano y lo hacemos con la guía experta del diplomático costarricense Enrique Castillo.

Estamos en la campaña para la elección definitiva del gobierno que sucederá a la Administración Alvarado Quesada en menos de tres meses. Como todos sabemos bien, la educación es uno de los temas más sensibles de acometer -si no el que más- dada la profunda crisis del sistema. Algo que pensadores latinoamericanos como Moisés Naím califica como “la estafa educativa de América Latina”, como para darnos una idea de que se trata efectivamente de un problema gigantesco que afecta a todo el continente. Pero seamos francos: la discusión político electoral del momento no transita para nada por las premuras educativas y menos aún por las soluciones concretas que habrán de implementarse; que no serán ni rápidas ni mágicas. Los dos finalistas argumentan tener el tópico en su lista de prioridades, y bien podría ser así, pero lo cierto es que el curso lectivo 2022, será atravesado por un Ejecutivo que ya prácticamente cierra su ciclo y uno nuevo que tardará en el acomodo para tomar las riendas. Y un hecho incontrovertible es que debido a las obligaciones fiscales, los presupuestos públicos en ejecución este año (incluidos los de la educación) fueron reducidos. De ahí las maniobras para, por ejemplo, aumentar el tamaño de los grupos, con hasta 36 educandos por sección. De la mano de la coordinadora del Estado de la Educación Isabel Román, repasamos las urgencias y prioridades para mejorar la calidad y los contenidos de la educación pública costarricense en el contexto de la crisis y la coyuntura de la transición gubernamental.

A estas alturas de la pandemia ¡está clarísimo que lo único que queremos saber es que terminó! Es decir, lo único que esperamos con ansias es el día en que mascarillas, distancias y restricciones vehiculares sean pasado. Y si por el anuncio del presidente Alvarado nos guiamos, entonces sabemos que faltan solo unas cuántas semanas para darle finiquito a esta durísima experiencia que nos ha correspondido vivir, justamente porque el mandatario adelantó que antes de terminar su gestión dará por terminadas las limitaciones. Pero siendo honestos: ¿estamos en el momento oportuno para deshacernos de las (molestas) restricciones por la pandemia en nuestro país? El concierto de Nodal en San Carlos reunió a 23 mil personas al aire libre (según la autorización de Salud a los organizadores) En Puntarenas una muy sonada reunión político electoral en un recinto semicerrado mantuvo a más de mil personas plenas de gritos, música, aplausos y abrazos compartiendo el sábado. En otras palabras, para muchos el covid ya se fue. O al menos ya está controlado. Es cierto que las cifras oficiales van a la baja. Las últimas que conocimos la semana pasada (en estas próximas horas se actualizarán los datos) mostraban un decrecimiento de más del 12 % de casos entre las semanas epidemiológicas 6 y 5. El promedio de casos diarios era entonces de casi 5,000 (4,884 para ser exactos) cosa que a nadie ya sorprende y -seamos francos- tampoco parece preocupar, a pesar de que sí creció el número de fallecimientos: de 111 a 126 entre las mismas semanas citadas. Es cierto, hay vacunas y muchas por ventura disponibles, hay pruebas rápidas y hay -también debemos decirlo- subregistro de casos, no solo por la pérdida (hace mucho) del rastreo, sino también porque ya muchas personas contagiadas ni se reportan como tales. Simplemente o se aíslan por propia decisión o continúan su vida como si no estuvieran contagiadas. Entonces, ¿qué es lo propio? Lo conversamos este martes con el especialista en datos y proyecciones Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y el epidemiólogo Juan José Romero de la Universidad Nacional.

“Esto no está ganado, tenemos al frente un enemigo poderoso con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. “No podemos permitir que nos choreen como si fuéramos una bolsita de chorrear café, que nos chorren los votos. Que consigamos 5 o 10 votos cada uno y no permitir que nos chorreen. La democracia requiere esfuerzo del ciudadano”. Se viene “mano peluda” Estas declaraciones fueron hechas el sábado en Chacarita de Puntarenas por la diputada electa Pilar Cisneros y su candidato presidencial Rodrigo Chaves Robles, ante un auditorio repleto no solo de nuevos y entusiastas seguidores de Progreso Social Democrático, sino de ex militantes de muy variados partidos políticos y dirigentes de organizaciones de pescadores. Las declaraciones corrieron como reguero de pólvora y generaron reacción inmediata de ciudadanos indignados por el despropósito de lanzar teorías conspirativas sobre la solvencia del proceso electoral costarricense, uno de los más reputados del mundo entero. Justo a propósito de ello, el politólogo Kevin Casas recordó que Costa Rica ocupa el cuarto lugar de entre 165 naciones del mundo en el indicador de Elecciones limpias, de la organización IDEA Internacional. También es noveno en el mundo y primero en las Américas en el índice de Integridad Electoral de la Universidad de Harvard y finalmente, Costa Rica obtuvo el máximo puntaje posible en el reporte de Freedom House sobre la calidad de su proceso electoral. Menos de 24 horas después de su discurso, Pilar Cisneros aceptó al Diario La Nación “haber cometido un error” al decir lo que dijo. El problema es que una vez instaladas las teorías conspirativas sobre la garantía del proceso, habrá gente que no escuchará la retractación o sencillamente no creerá más que en la primera versión -por cierto muy contundente- que cara a cara recibió de la diputada electa y el candidato presidencial. Como ejemplo de ello, en los Estados Unidos la mayoría de los republicanos siguen convencidos que a Donald Trump le “robaron” las votaciones de su pretendida reelección en el 2020, algo que en su día enardeció tanto a las masas, que fueron hasta capaces de tomar por asalto el Capitolio, en aquella bochornosa jornada del 6 de enero del año pasado. Nos resulta por tanto imperioso hablar acerca de lo delicado de jugar con fuego en materia de credibilidad de los procesos electorales nacionales bajo vigilancia del TSE y lo hacemos este lunes en Hablando Claro con don Luis Antonio Sobrado, expresidente y ex magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones.

Recordamos al presidente saliente en 2010, Óscar Arias, diciendo que dejaba "la mesa servida" a su sucesora Laura Chinchilla, a quien en 2014 Luis Guillermo Solís acusó de dejarle "la finca encharralada", antes de que llegara Carlos Alvarado a un terreno que parecía más que eso, hipotecado. Ahora el mandatario afirma que deja "la casa ordenada", refiriéndose a las cifras fiscales que recibirá el nuevo gobernante el 8 de mayo, después del tortuoso camino que implican dos intentos de reforma fiscal en una misma administración y sin fuerza política propia. Alvarado habla del menor gasto público relativo en 12 años (1,33 % del PIB), excluyendo los intereses de la deuda equivalente a 64 % del PIB. Habla también de un superávit primario de 0,1 % del PIB, el mejor resultado en 14 años, gracias en buena medida a una regla fiscal que sigue causando sudor y lágrimas en las instituciones que no lograron excluirse. Y habla también de un crecimiento de 7,6 % de la economía en 2022, por encima de lo necesario para recuperar la contracción del 2020 pandémico, según el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, que proyecta a su vez un 3,9 % en este incipiente 2022, con la esperanza de que impacte en la reducción del 14 % de desempleo. El problema es que el camino está lleno de nubarrones que vienen de otras partes del mundo en forma de tendencias económicas o pandémicas (que lo diga nuestra golpeada industria turística), pero también de la incierta realidad político electoral, y de cómo esta incide en cumplir un acuerdo con el FMI presentado como salvavidas financiero. Escuchamos entonces en Hablando Claro a una voz autorizada y conocedora de los mercados financieros, la de Rodrigo Cubero Brealey, a menos de tres meses de dejar su silla en el Banco Central.

La jornada electoral de primera ronda le otorgó al novel Partido Liberal Progresista (PLP) el mandato de acompañar desde la oposición parlamentaria el próximo ejercicio gubernamental del país con seis legisladores. Esta representación -expresión del 13 % de los votos emitidos particularmente en la zona central del país- se tradujo en tres curules por San José, una por Cartago, y dos más por Alajuela y Heredia; en definitiva 4 diputados y 2 diputadas. El líder de la agrupación naranja Elí Feinzag, conducirá la bancada y consecuentemente llevará adelante los empeños de negociación y acuerdos interpartidarios con los que el nuevo gobierno de Rodrigo Chaves o de José María Figueres habrá de iniciar sin tiempo que perder, justo en cuanto tenga desenlace el balotaje del 3 de abril, aunque como todos sabemos el nuevo Congreso se instalará hasta el domingo primero de mayo. De los resultados electorales, las prioridades de agenda, las posibles conversaciones (o no) con Liberación Nacional y Progreso Social, conversamos con el economista y fundador del PLP, el diputado electo, Elí Feinzag Mintz.

Una “inmersión” aguda de la expresión de los votantes en las urnas el domingo 6 de febrero, permite elaborar conclusiones muy reveladoras acerca de cómo se pronunciaron (o no) los ciudadanos en esa primera ronda. Así, agrupando los cantones según su perfil de voto, se establecen correlaciones entre cantones con comportamientos muy similares: Por ejemplo, en 24 cantones con un peso especialmente alto del partido Liberal Progresista, también hubo una adhesión significativamente mayor para el partido Liberación Nacional. Un dato no menor es que la suma de ambos grupos de votantes alcanzaba a uno de los dos (obvio pensar en el PLN) para ganar en primera ronda. Aunque “hubiera” como sabemos no existe. Otro hallazgo interesante es que en 19 cantones que votaron en proporción mucho más alta por el partido Progreso Social Democrático, PPSD (como San Carlos, San Ramón, Pérez Zeledón y Grecia) también se manifestó más adhesión para el partido Nueva República, PNR. Aún más, es posible concluir que en los cantones que se produjo mayor abstención fue precisamente en aquellos donde hubo más votación para el PPSD o el PNR; lo que significa que en esas áreas las personas “decidieron finalmente entre no votar o, en su defecto, votar por alguna opción “no tradicional” de la política” El estudio fue formulado de manera independiente -apoyado en los datos emanados del Tribunal Supremo de Elecciones- por el estadístico especialista en marketing Alexander Franck, quien concluye que esa evaluación de los datos muestra que el país básicamente se dividió en dos grandes grupos: “uno que se inclinó por partidos y planes enmarcados dentro de la institucionalidad y mecanismos democráticos y aquellos que prefirieron candidatos enfocados en su persona (sus aparentes valores, disposición y atestados) para resolver los problemas del país”. Este estudio no tiene que ver con el fondo de las campañas ni con las propuestas de los candidatos, sino únicamente con la expresión de los votantes en las urnas en la primera ronda, en lo que él califica como votantes “pro y antisistema”. De estas interesantes correlaciones conversamos en Hablando Claro con Alexander Franck.

Aparte de la sorpresa del resultado del domingo 6 de febrero (producto de la lógica del juego de “reglas claras, resultados inciertos” de una democracia electoral que se precia de serlo) el proceso transcurrió con absoluta normalidad. La misma noche de la elección, y acaso más temprano de lo que esperábamos, los perdedores reconocieron su derrota cediendo el espacio a los vencedores. Tan natural y usual que ni siquiera hablamos de ello. Ahora el TSE lleva una semana escrutando juntas receptoras de votos y parte sin novedad alguna. Ni una sola impugnación, ni un solo reclamo. Acaso lo que más ha dado de qué hablar -porque nos importa- es el elevado ausentismo que aún estamos digiriendo y que, no tenemos idea de si aumentará o no en la segunda vuelta; aunque muchos ya advierten que es posible que se incremente. Con todo, el proceso mereció elogios y reconocimientos de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos que en su informe preliminar nos urgió (de nuevo) a resolver cuanto antes los vicios y problemas del financiamiento electoral, habida cuenta de “la necesidad de romper la dependencia con el sistema bancario y establecer modalidades de financiamiento público directo e indirecto (franjas en los medios para propaganda)”. Por otra parte, aun cuando resaltó que a diferencia del 2018, esta vez el discurso de odio no alcanzó el preocupante nivel registrado entonces, si constató con preocupación “la violencia de los mensajes en las redes sociales especialmente dirigidos contra mujeres políticas y candidatas”. Aprobar un proyecto de ley para tipificar esa violencia si bien no depende en absoluto del TSE sí va en la dirección de impulsar conjuntamente y cuanto antes varias reformas como las aludidas por la OEA y otras como la de inscripción y desinscripción de partidos políticos o la más profunda de replantearnos como sociedad la forma de elegir a nuestros diputados. Con Gustavo Román Jacobo, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones hacemos repaso obligado de la primera ronda y de la que viene el domingo 3 de abril.

La Unidad de Inteligencia e Investigación del poderoso y reconocido grupo editorial The Economist, acaba de confirmar a Costa Rica como una democracia plena. No es poca cosa; sobre todo cuando consideramos que de acuerdo al Índice de Democracia del 2021 únicamente 21 naciones del planeta ostentan esa categoría, según la cual, nuestros estándares de pluralismo y garantía del proceso electoral, funcionamiento gubernamental, participación política (usualmente nuestra mayor debilidad), cultura política y libertades civiles, es tan sólida para ocupar precisamente el puesto 21 con una calificación de 8.07. Junto con Uruguay (8.85) en la destacadísima posición #13, somos los únicos latinoamericanos en el club, habida cuenta de la caída de Chile (puesto #25) que pasó de la clasificación de plena a defectuosa; una luz de alerta que advierte que las democracias son plantas de muy cuidadosa poda, abono, y atención permanente. Somos privilegiados. El índice Democrático nos recuerda que solo el 45.7 % de la población mundial -menos de la mitad- vive en un régimen de garantías plenas. Son únicamente 21 de 167 estados independientes, mientras que más de una tercera parte de los habitantes del planeta (37.1 %) viven bajo la bota de un régimen autoritario; lo que coloca al 17,2 % de ciudadanos globales en democracias defectuosas y regímenes híbridos. Recordemos que las categorías son 4: democracias plenas y defectuosas, así como regímenes híbridos y autoritarios. Pero nada nos está dado para siempre. “Los antiguos filósofos -según recuerda la destacada autora Anne Applebaum- siempre tuvieron dudas sobre la democracia. Platón temía las falsas y jactanciosas palabras del demagogo y sospechaba que la democracia podía no ser más que un punto de partido hacia la tiranía”. La historia le ha dado la razón dramáticamente varias veces. Este lunes 14, conversamos con el investigador de INCAE, Jaime García, acerca del Índice de Democracia mundial y acerca también de la participación política de los costarricenses en nuestro propio y destacado régimen pleno. A las 8 a.m. en los 98.7 F.M. de Columbia y en nuestras vías digitales.

Entre las certezas de las elecciones del domingo sobresale la conformación de seis bloques en la Asamblea Legislativa; entre ellos, el regreso de una bancada significativa del Frente Amplio con seis curules, muy distintas a las nueve que logró en 2014. Ahora son más jóvenes, vallecentralistas y, parecería, más homogéneos. Casi 160.000 personas adhirieron la propuesta de izquierda liderada por José María Villalta, un volumen nada despreciable para tiempos de votaciones pequeñas. Claramente quedó lejos de pasar a una segunda ronda, pero la fracción augura papel preponderante a partir del 1° de mayo. Ese protagonismo, sin embargo, puede llegar antes si hubiese conversaciones con los dos partidos clasificados a la segunda ronda. También mediante las posiciones del saliente diputado para los proyectos de peso que aún quedan para resolver por la actual Asamblea Legislativa y que son de interés para el gobierno que se va y el venidero, aunque a los candidatos no resulte grato decirlo en campaña. Con José María Villalta cerramos la semana "de después" de las elecciones, que tanto ha dado para el análisis.

Ecos de una elección… ¿Hacia adónde parecemos dirigirnos? ¿Llegamos a las puertas del discurso que alimenta las frustraciones de las expectativas no cumplidas, como ocurre en otras democracias occidentales? ¿Qué mensajes envió el abstencionismo? ¿Qué tipo de campaña nos espera en estos dos meses? ¿Qué tipo de alianzas podrían redimensionar las apuestas de los dos candidatos al balotaje? ¿Qué papel juegan esta vez los derechos humanos, el estado laico y otros temas que ya fueron ejes la pasada campaña? Estas y muchas otras interrogantes esperan por respuestas, aunque si por la víspera se saca el día, estamos ya inmersos en una ronda definitoria de alta tensión. Así que vamos intentando de a poco desentrañar respuestas que nos serán más que necesarias para adoptar la decisión del primer domingo de abril. Este jueves 10 en Hablando Claro conversamos con el especialista en comunicación Carlos Sandoval García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

En Hablando Claro de miércoles el fundador del PAC analiza la derrota histórica de su partido, pero además revela que quien recomendó a Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda fue la ministra de Planificación Pilar Garrido y finalmente, tras señalar que podría votar nulo en segunda ronda, dice que la mejor opción para el balotaje entre las 6 que pugnaron finalmente en el proceso del domingo, sin duda hubiera sido Elí Feinzaig.

Fotografía: Miriet Ábrego - Semanario Universidad. Don Rodrigo Arias Sánchez será la figura más visible y el líder previsible de la bancada más grande del próximo Congreso. Y aunque en los actuales tiempos no hay como otrora fracciones holgadamente mayoritarias, lo cierto es que para el PLN pasar de 17 a 19 diputados no puede leerse sino como una victoria. Después de todo no hubo previsiones que les anticiparan semejante rédito de la elección del domingo. Lo cierto es que liderando el oficialismo o la oposición, Arias Sánchez el experimentadísimo político, dos veces ministro de la Presidencia y una vez diputado por 10 días, será eje pivotal en el próximo pleno legislativo. Para comenzar -como el diputado de mayor edad- presidirá la sesión de investidura presidencial del 8 de mayo y le colocará la banda al líder de su partido José Maria Figueres o al rival recién llegado a la política Rodrigo Chaves. Pero su tarea no empezará hasta entonces. Desde ahora lleva la responsabilidad de conducir con Figueres a la fracción liberacionista saliente para tratar de avanzar imperiosamente algunas iniciativas que le harían menos difícil el inicio al próximo gobierno. Cualquiera que sea. De eso y muchas particularidades del nuevo Parlamento hablamos este martes 8 de febrero con don Rodrigo Arias Sánchez y con la politóloga Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.

Analizamos este lunes los resultados de la voluntad soberana para la segunda ronda del primer domingo de abril y la integración del próximo Congreso de la República. La de este domingo 6 de febrero ya es una página más que queda inscrita en los anales de la historia democrática de esta Patria nuestra. Con el politólogo Rotsay Rosales Valladares entramos a fondo en su evaluación.

Muchos pequeños pero imprescindibles detalles del proceso electoral se están afinando en estas horas previas a la jornada del domingo. Pero sin duda, la atención más que más está colocada en los debates televisivos de los canales privados 6 y 7. Repretel se decidió días atrás por el formato con los seis que puntúan en las encuestas y el candidato del partido de gobierno. Un ejercicio complejo justamente por la cantidad de actores, aunque la tarea de Telenoticias no será menor, ya que aunque inicialmente invitó solo a los tres punteros, la tendencia de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, lo urgió a invitar a los tres del segundo grupo. Tenemos entonces debates cada vez con más aspirantes, pues la primera ronda del 2018 hizo subir a 5 al escenario y como sabemos de sobra, llegaron al balotaje los dos últimos de la preferencia en los sondeos. Si bien es cierto en la coyuntura actual no existen los detonantes de aquel ultra polarizado torneo, los indecisos o los decididos que pudieran cambiar de opinión a última hora, dejan abiertas todas las opciones. ¿Se ganan votos en los debates o más bien se confirman las intenciones o se pierden adhesiones con malos desempeños? La pregunta es siempre pertinente. En sesión obligada, analizamos la contienda mediática del debate Repretel con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez. Imagen debate Repretel.

A las cero horas de este jueves, se silencia el barullo de los spots publicitarios. Quedan pendientes los debates televisivos. Estarán entre la audiencia muchos de los ya decididos, pero también muchos otros de ese cúmulo importantísimo de 31 % de indecisos queriendo encontrar los motivos, las razones, los argumentos que logren hacerlos conectar con alguna de las seis ofertas de los dos pelotones que adelantan la contienda electoral (en el caso del debate de Canal 7 el viernes) y de los siete que invitó Repretel este mismo jueves; incluyendo al aspirante del partido de gobierno. Viendo el vaso medio lleno podríamos aventurar el señalamiento de que esos votantes aún en proceso de reflexión, ensayan con madurez su decisión final. Muchas décadas de ejercicio continuo de asistencia a las urnas nos han enseñado que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y la decisión se requiere para el momento de la convocatoria. No antes. O tampoco, acaso, no comunicándola a los encuestadores de aquí y allá. No lo sabemos. Sabemos sí que es gente que no quiere perderse la invitación de un domingo que a pesar de las críticas y señalamientos fundados y hasta de las infaltables chotas y chistes tan propios de nuestra forma de hacer, es un domingo especial; porque no lo tienen muchos otros ciudadanos del mundo. Un ritual cuatrianual que nos hace sentir orgullosos de nuestra democracia electoral. Pero el ejercicio del sufragio supone más que la decisión de asistir al encuentro con la urna en ese momento íntimo y decisivo. Supone además conocer las reglas del juego y entender que en un proceso sui géneris como el que vivimos con tantísimas ofertas y nominaciones, tendremos que armarnos de paciencia, por un lado, mientras esperamos los resultados y también de mucha mesura y raciocinio para no nos engañen los armadores de noticias falsas con teorías conspirativas de supuestos fraudes que -lo sabemos bien- se aderezan en cada torneo electoral. Hablamos de todo ello con Gustavo Román Jacobo, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones.

Con 32 % de indecisión entre probables votantes y cambios pequeños en la intención de voto, la campaña electoral entra a la fase definitiva y revela solo dos verdades claras: solo un milagro evitaría una segunda ronda y la competencia por esos dos puestos se resolverá por poquísimo, aunque José María Figueres parece firme ahí con su pequeño 17 %. Esto muestra la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR cuyos resultados se revelaron este martes, aunque el documento completo lo conoceremos el miércoles, en la última jornada habilitada legalmente para la publicación de estudios de intención de voto. Con esa información entonces nos vamos a las urnas y los próximos datos que conozcamos serán los que emita el Tribunal Supremo de elecciones (TSE) la noche del domingo. Sobre el cierre de la primera ronda y los movimientos de las candidaturas presidenciales, sin dejar de lado la elección legislativa (mucho más incierta aún), conversamos con el politólogo y estadístico Jesús Guzmán, del equipo del CIEP/UCR.

Han pasado 15 años desde que el 1 febrero de 2007 abrimos nuestra ventana de opinión Hablando Claro, en la casa de Radio Columbia. Vivimos aquel año, apenas dejando atrás la disputadísima campaña electoral que le otorgó el favor de la mayoría al repitente don Óscar Arias Sánchez en 2006, un periodo trepidante de cambios significativos. Y el cambio es algo a lo que los costarricenses nos resistimos. Lo cierto es que el 2007 fue el año del referéndum. El único que hasta hoy nos permitió decidir por voto directo una política pública de gran calado. Y fue a favor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Un acuerdo comercial que aseguraba los rumbos del intercambio entre las siete naciones, dejando atrás la Cuenca del Caribe, un pacto de beneficios unilaterales otorgados años atrás por el poderoso socio comercial del norte. No hay decisión fácil y aquella realmente fue muy compleja. Dividió a familias y amigos. Ya para entonces estaban muy debilitados los cables de acero del bipartidismo. Pero aun así, el PLN volvería a ganar (esta vez sin dificultad) en 2010. Gobernaría doña Laura Chinchilla, que pasó por turbulencias y dificultades como el primer gobierno con redes sociales irrumpiendo en el debate público y una oposición durísima que se trajo abajo los empeños fiscales para reconducir las finanzas públicas ya bastante deterioradas. Vinieron luego 4 intensas rondas electorales en 2014 y 2018; dos gobiernos del PAC. Y hoy, a pocos meses de concluir la Administración de Carlos Alvarado, el gobierno de la reforma fiscal, las huelgas de educadores, la pandemia, los bloqueos de carreteras, los intentos de diálogos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estamos de nuevo ante una decisión crucial para encarar el futuro inmediato, a tan solo seis días de los comicios. ¿Cuánto hemos cambiado como sociedad en tan corto lapso? ¿Somos una democracia madura a prueba de golpes de autoritarismos o populismos o, por el contrario, estamos bordeando peligrosamente los precipicios de los ocasos democráticos de otras naciones? Con nuestros compañeros de estos quince años, el politólogo Roberto Gallardo y los periodistas Boris Ramírez y Álvaro Murillo, reflexionamos en nuestro décimo quinto aniversario.

Eliecer Feinzaig Mintz y su proyecto Liberal Progresista (PLP), es uno de los outsiders de la actual campaña. Aunque estrictamente hablando la justa no transita en Costa Rica por las definiciones ideológicas, si hay una bandera a la que se le atribuye calificativo es a la suya. Hacia la derecha. Tanto como al Frente Amplio al que se sitúa en el extremo contrario. Desde los medios de comunicación y otros frentes se le ha calificado incluso de “extrema derecha” algo que el novel contendor rechaza por completo. Se siente a gusto definiéndose como un liberal. En términos prácticos lo que sí es cierto es que el PLP tiene la propuesta más osada de reestructuración de instituciones estatales. Una apuesta arriesgada que lo coloca frente a los sindicatos del sector público, porque plantea abrir el monopolio de la distribución de combustibles, revisar el tamaño del estado tanto como la estructura impositiva, en la línea de eliminar gravámenes, a tal punto que quiere reducir las onerosas cargas patronales en la planilla de la seguridad social, en la misma línea que ha recomendado una y otra vez la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Muy bien. Solo que estaría por verse de dónde saldrían los recursos que hoy sostienen los programas sociales de Asignaciones Familiares y el IMAS, nada más y nada menos que el 2 % del PIB que se financian con esas cargas. Lo cierto es que si hay una propuesta disruptiva y controversial en el escenario es esta. Para Elí, como se le conoce al candidato, no es posible esperar modificaciones en nuestro anquilosado aparato estatal si no estamos dispuestos a cambiar nada. Este lunes 31 de enero conversamos con él y sus pretensiones de convencer a un electorado que apenas lo está conociendo y que apenas empieza a darle el beneficio de “tal vez” en las encuestas.

Lineth Saborío Chaverri era hasta hace ocho meses una funcionaria legislativa en el despacho de la diputada (entonces socialcristiana) Shirley Díaz. La ex directora del OIJ, ex vicepresidenta de la República y ex ministra de la Presidencia de la Administración Pacheco de la Espriella, parecía ser una política en el retiro, pero las circunstancias se fueron acomodando para que ella decidiera entrar a la piscina electoral y se convirtiera en la primera mujer en asumir la candidatura presidencial del PUSC, otrora grande. Ahora es, por tanto, protagonista. Forma parte de la tripleta que disputan el liderato en las encuestas para el 6 de febrero. Son altas las posibilidades de que al menos entre en una probable segunda ronda, con lo que la bandera rojiazul aparece 20 años después como una opción de triunfo electoral. Los motivos de ese ascenso son variados y muchos son indefinidos, como lo es la decisión del voto en cada individuo, pero es innegable su estilo de aparente afabilidad y el distanciamiento que prefiere adoptar ante posiciones concretas, incluso las más sencillas. Corresponde entonces preguntarle más sobre su pasado, sus ideas, la consistencia de su partido y las habilidades de conciliación que sus afines le acreditan. A 10 días de las elecciones abrimos micrófono con la abogada de 61 años. Bienvenido usted también al ejercicio cívico en nuestro Hablando Claro.

Por el momento, la anunciada inminente (posible) guerra entre Rusia y Estados Unidos por el eje ucraniano, es una batalla de nervios y expectativas. El problema es que no hay certeza que las vías diplomáticas logren apagar los enconados ánimos. En estos días varios gobiernos han sacado a sus conciudadanos del territorio sobre el que se posan las miradas de la política internacional con más énfasis que en cualquiera otro de los muchos sensibles de la confrontación multipolar. El de Ucrania es un conflicto añejo, de múltiples aristas. ¿Qué desató las correas de esta guerra de amenazas y advertencias? ¿Por qué el gobierno de Kiev insiste en que todo está bajo control y los ucranianos deben seguir viviendo en calma su cotidianeidad? ¿Por qué Alemania avala esa línea discursiva? ¿Y por qué Estados Unidos insiste en los peligros que la política rusa significa para las decisiones soberanas de Ucrania, hablando en el mismo lenguaje de Inglaterra? ¿Qué papel juega la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la antesala de este conflicto político, diplomático, militar? En el último capítulo de la escalada de tensiones, tanto Estados Unidos como la OTAN rechazaron las exigencias de Vladimir Putin para que se frenen las acciones militares de los aliados occidentales en el flanco oriental europeo, en tanto se siguen sumando más tropas a los 130 mil soldados rusos desplegados en la frontera con Ucrania. Las últimas semanas la tensión ha ido “in crescendo” y aunque la política internacional claramente no es un tema del que se ocupe la campaña electoral costarricense, en Hablando Claro hacemos una pausa en estos ajetreados días de encuestas, debates y entrevistas para tratar de entender lo que sucede en y alrededor de Ucrania. Con el especialista en relaciones internacionales Carlos Murillo Zamora conversamos en Hablando Claro.

Son muchísimas las personas que pretenden votar el 6 de febrero sin saber por quién. Claro que es difícil saber quiénes son, dónde están y qué están demandando antes de decantarse por una u otra candidatura. Las respuestas, cuando las hay, son incompletas y los comandos de campaña tratan desesperadamente de acercarse a ellas. Se sabe que las mujeres son más indecisas que los hombres y que los jóvenes más que los mayores de 34 años. Se sabe que hay provincias donde las dudas son más acentuadas que en otras. Eso permite algunas explicaciones y estrategias, pero es imposible ser preciso cuando hablamos de cientos de miles de personas con razones y anhelos distintos. Lo certero es que de ellos, de cada probable votante que se vaya decidiendo, dependen los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que celebraremos dentro de solamente 11 días, porque los electores ya decididos son solo una parte del paisaje y se reparten en pequeñas cuotas por varios partidos. Por eso las investigaciones serias intentan auscultar el alma del votante indeciso, hasta donde se pueda. Es lo que han hecho el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) en mediciones recientes, por lo que conviene el abordaje del tema con Nelly López y Jesús Guzmán, investigadores de ambas organizaciones. Probablemente, hablemos de usted o personas de su entorno, por lo que le invitamos a escuchar nuestro Hablando Claro.

La nota relevante y concordante en todas las encuestas de esta campaña es el altísimo porcentaje de indecisos. Y cuando faltan menos 13 días para la elección, el complemento de ese hecho indiscutible es que a la par de la indecisión de a quién darle el voto, viaja la determinación de hacerse presente a las urnas. Es nuestra convicción cívica de tantas décadas la que nos llama a no perder la oportunidad, el privilegio, el derecho y la obligación cívica de pronunciarnos Según IDESPO y su encuesta de cultura política de la Universidad Nacional, los indecisos llegan al 49 %. CIEP de la Universidad de Costa Rica, pocos días después registró 42,6 % de no decididos. Por su parte, Enfoques Investigaciones MP del fin de semana, reportó que 73 % de encuestados dicen que definitivamente irán a votar (47 %) y posiblemente lo harán (26 %) mientras que solo 25 % está inclinado a no hacerlo (12 %) y totalmente convencido de no ir a los recintos de votación (13 %). ¡El lago de “pesca” en la recta final entonces es inmenso! Al menos 6 de cada 10 indecisos no tienen por quién votar aún; otros barajan varias opciones, pero no llegan al criterio final. Lo que sí dicen es que la mitad (50 %) no quiere quebrar el voto y 42 % se inclina más bien por hacerlo. Curiosamente, hay muchos indecisos que sí tienen claro por quién no quieren votar. Un 41 % no apoyaría a Lineth Saborío, un 46 % no apoyaría a Rodrigo Chaves, un 64 % no quiere a José María Figueres, mientras 57 % dicen que no avalarían al FA. Ni al Frente Amplio de José María Villalta ni a Fabricio Alvarado de Nueva República. Un 43 % no avalaría a Eliecer Feinzag hoy en sexto lugar muy por debajo de los otros cinco delanteros citados. Conversamos con el periodista y analista Eduardo Ulibarri en Hablando Claro sobre 15 interrogantes que le ayudarán a tomar su decisión el 6 de febrero.

Desde que José María Figueres regresó al país en el año 2011, tras una prolongada ausencia viviendo en Europa, traía hoja de ruta. Una guía directa para conseguir de nuevo la silla presidencial de la que hoy obviamente está más cerca que entonces, pero sin el suficiente favor de los potenciales votantes en las encuestas, ni siquiera para estar tranquilo con el pase al balotaje. En efecto, don José María, recorrió en estos últimos 10 años todos los laberintos (encuentros y desencuentros incluidos) en la trinchera liberacionista para poder volver a Zapote. Así se reconcilió con antiguos rivales partidarios con tal de hacerse con la nominación, aunque igualmente no pudo unir todos los puentes rotos después de la convención de junio. Pero eso es casi historia. Por ahora. Luego habrá chance de analizarlo. Ahora lo que importa es lo que está poniendo en juego para intentar ganar el boleto a segunda ronda en las escasas dos semanas que faltan para el día D. El aspirante verdiblanco pide que no volvamos a ver para atrás y que -por el contrario- confiemos en su experiencia para apostar al futuro. Encabeza la intención de voto en todas las encuestas. Pero las opiniones desfavorables (63 % última encuesta MP) le significan un lastre que podría costarle carísimo si no puede alzarse por encima de dos oponentes cercanos como Lineth Saborío y Fabricio Alvarado y… ¿Por qué no si ya ocurrió antes? De oponentes aún hoy “pequeños” que podrían colarse en la segunda ronda. En Hablando Claro conversamos con José María Figueres y sus desafíos inmediatos en la contienda electoral.

En el mercado de las divisas político partidarias, el Frente Amplio es una marca conocida y su mejor "producto" hoy por hoy es -por mucho- José María Villalta. Ahora por supuesto no es el novato abogado ambientalista que llegó a su primera diputación en 2010 con 32 años. Ahora, lleva dos períodos como legislador y esta es su segunda nominación como estandarte del FA para los comicios presidenciales que están a la vuelta de la esquina. Su mayor mérito político es que al dejar la diputación en 2014 y llevar la candidatura del Frente logró un inédito tercer lugar en votos y con ello el arrastre de casi una decena de diputados para conformar una bancada que fue tanto histórica por numerosa, como -hay que decirlo- decepcionante por su desempeño. Lo cierto es que la marca Villalta, nuevamente auspicia más diputados para la próxima legislatura, que su unipersonalismo actual que- por cierto hay que decirlo también- sabe llevar muy bien; a punto que tirios y troyanos dicen de él que debería ser legislador de carrera. “La política implica sacar la mejor versión de uno mismo, escuchar activamente, dialogar con propósito, trabajar por el bienestar colectivo y proponer cambios que resistan el paso del tiempo”. Ese es su grito de campaña, junto con el lema “hay esperanza” con el que se rebautizó esta vez el partido de bandera amarilla. Lo más notable de estos ajetreados días de cara a la primera ronda, es el empeño de Fabricio Alvarado por convertirlo en enemigo visible. ¿Es o podría llegar a ser algún día el Frente Amplio un peligro para el sistema político? Con José María Villalta Flórez-Estrada y sus propuestas sobre las reformas políticas que requiere el país.

Parecen días muy lejanos, pero fue apenas en la contienda electoral anterior que el partido Restauración Nacional (PRN) fue protagonista de primer orden. Eran los días de la amalgama conservadora de un sector político-religioso que se elevó ante aquella opinión consultiva de la Corte de Derechos Humanos sobre matrimonio igualitario que dividió al electorado. Días que quedaron atrás luego de conflictos insalvables en la cúpula restauracionista (Fabricio Alvarado incluido) por los dineros de la campaña. Diferencias irreconciliables que terminaron con la fractura en dos de una numerosa bancada de 14 legisladores. Lo cierto es que el empuje del PRN en la presidencial pasada permitió que resultaran electos diputados como Eduardo Cruickshank, que en esta campaña es el abanderado presidencial del partido amarillo y azul, aunque las encuestas indican que sus posibilidades son residuales. Cruisckank Smith, acumula hoy experiencia de desempeño político no solo como legislador sino como expresidente del Parlamento del difícil tercer año de la legislatura y levanta esa bandera para pedir los votos de un electorado que se le resiste. Sobre su oferta política, el pasado reciente del PRN, su equipo y las circunstancias que lo rodean hablamos con el candidato limonense.

Asistimos a una campaña electoral que luce -por calificarlo de alguna manera- difusa. Queremos que algo ocurra o que se nos muestren señales más concretas, para facilitar la ardua decisión electoral. Pero ya faltan 20 días y la oferta es la que hay. Queda ver cómo responden las candidaturas en las entrevistas y los debates de cierre, aunque parece muy probable que llevemos la indecisión hasta las horas previas al domingo 6 de febrero. Muchos decimos que buscamos votar por la mejor opción, o la menos perjudicial, aunque entran a jugar elementos como el "voto útil", según lo que muestren las encuestas para la desembocadura de la campaña, las que ya conocemos y las que conoceremos en estas semanas. Ahí es donde la competencia por la Presidencia parece cerrarse entre cinco nombres, aunque recordando que hay cientos de miles de votos flotando y todas las apuestas son arriesgadas. Corresponde mirar la disposición al voto, el perfil de la población indecisa, los rasgos de quienes simpatizan con cada candidatura y, por tanto, los duelos que entre ellos pueden ocurrir para ver quiénes acceden a la muy posible segunda ronda de abril. En la mira están sus propuestas, sus talantes, sus partidos y, por supuesto, sus cuestionamientos. Todo ello sin desdeñar la elección legislativa, donde los nublados se observan más densos que en la presidencial para siquiera acercarse a la posible ocupación de los 57 escaños en el cuatrienio 2022-2026. Conversamos en Hablando Claro con Jesús Guzmán, politólogo y estadístico del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR.

Más allá de los fuegos artificiales de los enfrentamientos reales o imaginarios, los memes y los anuncios con o sin contenidos, la campaña electoral pasará, dejará un ganador (más tarde que temprano) y quien sea electo Presidente/a de la República tendrá que tomar el toro por los cuernos para seguir gestionando la cosa pública en el país con un panorama poco halagador en la economía mundial para este y el próximo año. Esta es toda la realidad. De acuerdo con las Perspectivas Económicas del Banco Mundial, América Latina y el Caribe apenas crecerán 2,7 % este año y 2,6 % en el 2023. Por su parte, CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyecta que la región desacelerará su ritmo de crecimiento este año a 2,1 %, aunque ese promedio refleja alta heterogeneidad porque el Caribe crecería hasta 6,1 %, Centroamérica podría crecer alrededor de 4,5 % mientras América del Sur llevará la peor parte con 1,4%. Tanto el Banco Mundial como la CEPAL coinciden en las razones de la ralentización. La pandemia y los efectos inmediatos de nuevas variantes, presiones inflacionarias, menor espacio fiscal, lenta recuperación del empleo o aumento incluso en el desempleo, decisiones complejas en materia de gasto público, política monetaria, aumento de las distintas desigualdades (de ingresos, de acceso a la salud, la educación, género y otras) En el caso de Costa Rica, el Banco Mundial proyecta crecimiento de 5 % este año y 3,5 % el próximo. CEPAL nos sitúa en 5,5 % y 3,7 % y nuestro Banco Central coincide en el 2022 con un 5,4 % aunque en el 2023, esperaría una mejoría del 4.5 % ¿Cuáles son entonces las realidades con las que se enfrentará el próximo equipo de gobierno? ¿Podrían darse el lujo de negociar un nuevo acuerdo con el FMI, como varios candidatos ofrecen? Conversamos, con los pies puestos en el suelo, con los economistas José Luis Arce y Fernando Rodríguez.

De entre 25 candidatos presidenciales, Rodrigo Chaves Robles es uno de pocos que ha logrado visibilizarse y las razones de ello llevarán mucho espacio en los análisis políticos de los próximos meses. Claro que esa visibilización es favorable para él al momento de enfrentar el cierre de la competencia electoral, presentándose como una opción de (nuevo) cambio y un rostro nuevo en el partido que alojó sus aspiraciones presidenciales, el debutante Progreso Social Democrático. Acompañado de la mediática figura de la periodista Pilar Cisneros, cabeza de lista de su papeleta diputadil, llega al final de la contienda con explicaciones pendientes sobre el señalamiento de un "patrón de comportamiento no adecuado de naturaleza sexual" de acuerdo con un Tribunal Administrativo de jueces independientes del Banco Mundial. Es la sombra que lo acompaña a todo recinto y con la que debe lidiar el resto de su vida pública en los tiempos del #MeToo en el orbe. Por supuesto, también en Costa Rica. Además -claro está- presenta propuestas sobre temas de fondo, centradas en una economía que conoció en su fugaz y escabroso paso por el cargo de ministro de Hacienda menos de un semestre en el gobierno actual. Cargo al que accedió -por cierto- a falta de informarle al presidente Alvarado en la entrevista de trabajo, que cargaba con un problema de naturaleza ética de su cargo anterior. Con este economista de 60 años comenzamos las entrevistas de cierre electoral con los candidatos que protagonizan la competencia que nos convoca a votar el próximo 6 de febrero.

Nuestra percepción del tiempo ha cambiado en estos dos años. Hace tantas semanas que no estábamos en alerta naranja, que francamente lo habíamos archivado en los rincones de la conciencia donde vamos alojando todo aquello que queremos considerar pasado. Pero hoy, pasado, presente y futuro se entremezclan en olas de contagios. Así que estamos de nuevo en alerta naranja en todo el territorio nacional, igual que estuvimos por cinco meses en el 2021, desde el 19 de mayo hasta el 29 de octubre. La diferencia hoy, obviamente, es que los niveles de vacunación atenúan en mucho las alteraciones de la vida cotidiana que tuvimos, incluyendo los estados anímicos y hasta los ataques de pánico que muchas personas vivieron en las primeras etapas de la pandemia. Precisamente por ello, adoptar medidas restrictivas mayores luce imposible y, como hemos visto, la preocupación está centrada en las incapacidades laborales y el manejo adecuado de los internamientos para que no se conviertan de nuevo en una situación tirante para el sistema hospitalario. Por eso la elevación del nivel de alerta no implica más que advertencia sobre el autocuidado y la responsabilidad, entendiendo que los casos seguirán aumentando en las semanas por venir. Cantones como Escazú, Santa Ana, Tibás, Moravia, Curridabat, Montes de Oca, Dota, Turrialba, San Pablo, Heredia, Belén, Quepos, Garabito, Talamanca y Santa Cruz tienen hoy más contagios que los registrados durante toda la pandemia. Por cierto, Santa Cruz es un buen ejemplo de la dificultad de gestión de restricciones. Ahí el área de salud revocó un permiso otorgado para la realización de un festival con decenas de personas, pero el Tribunal Contencioso Administrativo avaló el convivió musical dejando pintada en la pared la autoridad sanitaria para intentar contener los contagios, en una zona de por sí “caliente” en cuanto a la transmisión de Ómicron. Por supuesto, eso no tiene nada de extraño si consideramos que el gobierno australiano sigue aún trenzado en una batalla político-judicial-diplomática-deportiva-sanitaria, con el número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic (jocosamente llamado Novac Yo-covid). El caso es intrincado, pero se resume en el hecho de que el jugador antivacuna y recientemente convaleciente de SARS-CoV-2, violó las reglas de cuarentena, aparentemente amañó los documentos de viaje y en fin, ha generado todo un revuelo digno de telenovela, pero tristemente también muy revelador de la condición humana de quienes siguen negando toda evidencia científica y mostrando un comportamiento insensible e indolente para con la situación comunitaria. Cerramos nuestra semana en Hablando Claro con el presidente de la Comisión de Emergencias, Alexander Solís, quien por cierto está demandado judicialmente y con medidas cautelares por tomar decisiones de política pública en la pandemia.

Cada campaña electoral es única, de modo que referirse a esta como una campaña sui géneris, no dice nada en particular. ¿Qué definiciones le caben entonces a la actual contienda? ¿Cómo caracterizamos sus puestas en escena, la elaboración de los mensajes y el abordaje de los temas? ¿Y de qué temas? Hablamos de una campaña caracterizada por el poco entusiasmo, con la mayor cantidad de candidatos presidenciales inscritos, pero la mayoría de ellos con el claro interés de llegar a Cuesta de Moras en lugar de ocupar la silla del primer servidor/a en Zapote, con muy limitados debates sustantivos que permitan realmente avizorar el panorama de las posibles soluciones a los muchos desafíos severos que tenemos como sociedad. Hablamos, en cambio, de una campaña con muchos chascarrillos, frases hechas, elementos graciosos (o no tanto) en redes sociales y la sensación de que a falta de menos de un mes para los comicios, todo está dispuesto para esperar solamente que los ciudadanos decidamos, quiénes pasarían a una segunda ronda para finalmente elegir con una Asamblea Legislativa más o menos fragmentada, a quién deberá maniobrar en el Ejecutivo con los estrechos márgenes con los que hoy se gobierna en las democracias. Ese podríamos decir es, grosso modo, el panorama general. Con dos millones de electores indecisos de los 3,5 millones habilitados para votar, ¿qué lectura hacen un par de observadores agudos de la campaña a 24 días del domingo 6 de febrero? Conversamos con Saúl Buseta politólogo y comunicador y con Esteban Mora, analista y estratega digital. Hablando Claro 15 años apoyando la deliberación democrática.

Uno de los tantos temas de los que prácticamente no se habla en la campaña electoral -acaso porque las decisiones a adoptar son como los tratamientos médicos complejos- es el de la sostenibilidad a largo plazo del régimen de pensiones del país. O mejor dicho, de los distintos regímenes existentes. Lo cierto del caso es que el principal, el conocido por todos IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social, recibió una receta que le permitirá la solvencia necesaria durante tres décadas, mientras los costarricenses nos decidimos a cerrar filas para que las próximas generaciones también tengan una pensión digna al final de su vida laboral. La receta fue publicada este martes en el diario oficial y empezará a regir en dos años exactos, el 11 de enero del 2024. Por ahora, podríamos decir, el tratamiento es amargo, pero sin efectos secundarios muy severos: se confirmó la pensión a los 65 años para los hombres y se estableció en 63 para las mujeres; eliminando las condiciones anteriores para el adelanto; lo que significa que desde ahora y por los próximos 24 meses, quienes cumplan plazos y cotizaciones si podrán optar por pensión adelantada: los hombres 61 años y 11 meses con 462 cuotas y las mujeres 59 años y 11 meses con 450 cuotas. La receta también implica que la pensión disminuirá entre un 3 % y un 12 %, dadas las nuevas fórmulas para calcular el monto. El sueldo cotizado actualmente es el resultado del promedio de los últimos 240 salarios reportados y en la nueva tabla será con los mejores 300 salarios reportados de toda la etapa laboral del contribuyente. De acuerdo con el parte oficial de la CCSS, el tratamiento a largo plazo implicará que un equipo experto (mesa de trabajo nacional) discuta las eventuales propuestas que le permitan al IVM acceder a fuentes alternativas de ingresos más allá de las planillas, para adecuar el sistema a los cambios del mercado laboral y a la necesidad imperiosa de incorporar a los trabajadores informales, con el objetivo de impulsar la cobertura previsional a toda la población adulta mayor. Un claro objetivo nacional de largo aliento. Para explicar adecuadamente el tratamiento en curso para estos dos años conversamos con Ubaldo Carrillo, Director de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los contagios de covid siguen alza. Solo en los primeros siete días del año se registraron 12.000 casos; lo que prácticamente equipara los contagios de todo noviembre y diciembre que llegaron a 12.200. Más que una saturación hospitalaria en camas moderadas, lo que hoy por hoy pareciera constituirse en mayor riesgo es la posible afectación a la fuerza laboral con una reducción que implicaría un importante costo económico adicional por incapacidades. Precisamente los reconocidos especialistas de la Universidad Cenfotec, Tomás De Camino Beck y Santiago Núñez Corrales, hicieron un análisis para determinar el impacto de ómicron tanto en la fuerza laboral como en la ocupación hospitalaria. Para ello tomaron escenarios de 6, 10 y 15 mil casos diarios del padecimiento y llegaron a establecer que podríamos tener hasta 135 mil personas incapacitadas de sus tareas en el pico más alto de la ola, dado que incluso sin necesidad de acudir a un centro médico, siendo positivas deberían guardar medida de aislamiento hasta pasar el riesgo de contagiar a otros. De acuerdo con los expertos, considerando un período de recuperación de 14 días como el que actualmente establece la CCSS, llegaríamos a una cifra récord de 500 mil incapacitados en este cuarto embate. Para darse una idea del impacto de esa cantidad, tómese en cuenta que en las tres olas anteriores hubo en total 584 mil incapacitados. Precisamente para reducir los tiempos de aislamiento y evitar costos mayores, es que estas proyecciones sirven para justificar técnica, científica, política y económicamente, las medidas para intentar reducir los contagios. Es decir, no se trata de simples juegos de números y proyecciones, sino de correlaciones que permiten a las autoridades tomar las medidas más adecuadas para seguir manejando complejos equilibrios en la pandemia. Este lunes se anunció el restablecimiento de la restricción nocturna de 10 de la noche a 5 de la mañana en todo el país, así como la suspensión de asistencia de público en los eventos culturales y deportivos; cosa por demás esperable, sobre todo considerando los contagios masivos en los equipos de fútbol. Pese a las evidencias, no faltan reclamos: los de los bares pegaron el grito al cielo y hubo hasta una manifestación para oponerse a la vacunación infantil, que por suerte ¡ya se inició! Con el epidemiólogo Juan José Romero repasamos la coyuntura sanitaria.

El 2022 comienza incierto en lo económico como pocas veces, con un cóctel que tiene como principales ingredientes el acertijo electoral, las dudas sobre los proyectos fiscales pendientes en este cuatrienio y el desasosiego mayúsculo que causa la pandemia en nuestros hogares y en el mundo entero. Ahí en medio está nuestra economía, con sus desigualdades internas y las proyecciones relativamente optimistas. Hablamos de recuperación del PIB, de los ingresos de las arcas públicas y del disponible de los hogares merced a una lenta (leve e insuficiente) baja en el desempleo, ahora en 14%. En el paisaje, sin embargo, parece más visible la amenaza de la inflación y el temor a un incremento eventual en las tasas de interés que presione más a familias y empresas endeudadas. Todo en paralelo al comportamiento del tipo de cambio, ahora que los dólares lucen caros para una economía que adolece del volumen de divisas que antes llegaba de la mano de millones de turistas. Pocas veces ha sido tan difícil mirar las pintas económicas del año, pero no por complejo podemos rehuirle a la tarea. Hay inversiones pendientes, decisiones de cada hogar y afanes de los negocios de hallar el camino correcto para la recuperación. ¿Ahorro? ¿En qué moneda? ¿Invierto? ¿Me endeudo? ¿Vendo ahora o me espero? ¿Cabe el pronóstico del clima? Con el economista José Luis Arce y la amplitud de su abordaje de análisis comenzamos la semana.

Estamos perdiendo vidas valiosísimas de manera absurda. Sin sentido. Y no, hoy no hablamos de pandemia. Hablamos del nefasto coctel de negligencia, impericia e imprudencia que mata en las carreteras nacionales y para ser más precisos aún, mata a personas en su mejor momento de productividad y realización. Fríamente se trata de recursos invaluables de la sociedad. Emocionalmente se trata de padres, hijos, hermanos, afectos irrecuperables que truncan familias enteras. El año que acaba de concluir, 365 conciudadanos perdieron la vida en las vías. Casi la mitad (143) de ellos tenían menos de 30 años y prácticamente cien (97) estaban entre los 31 y los 40 años. Otro medio centenar de personas tenían aún por delante muchos años de vida que se truncaron, pues apenas llegaban a los 50. Pero, reiteramos, no son cifras. Son duelos y tragedias que marcan por siempre. Lo más peligroso, lo sabemos todos, es jugarse la vida en la nocturnidad. Uno puede manejar con mucho cuidado, a la defensiva, pero no será suficiente si alguien invade el carril contrario o simplemente pierde el control y arremete contra lo que se le ponga por delante. No hay duda. De los 365 fallecimientos, 213 ocurrieron durante entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Pero con no salir de noche tampoco estamos suficientemente seguros al frente del volante. Hubo 152 muertos entre las 6 a.m. y las 6 p.m. La mayoría (93) del mediodía al atardecer. Estas terribles y frías estadísticas, no dan cuenta del drama total de la accidentabilidad en las carreteras. Muchas víctimas sobreviven pero en la supervivencia inician el calvario de una vida postrada por lesiones permanentes y congojas de sostenimiento y manutención propias y de sus dependientes. ¿Qué elementos disparan la conducta humana al frente del volante? ¿Cómo cambiar esta dura realidad? Conversamos con el inspector Oscar Araya, Director de Capacitación de la Policía de Tránsito

Se pensó hace algunos años que uno de los caminos para depurar la acción política era la descentralización y, por tanto, el empoderamiento de gobiernos locales en este país tradicionalmente centralista. Seguro que ese camino es viable aún, pero los resultados hasta ahora no son ni de lejos satisfactorios. Ahora hay gobernantes locales enfrentando exactamente los mismos problemas que a otra escala experimenta el gobierno nacional. Imposible obviar lo de la corrupción. Dirigentes territoriales, aunque no todos por supuesto, han demostrado que el frío no estaba en las cobijas necesariamente. El último incidente es el del alcalde del pobre cantón de Corredores, Carlos Viales, capturado por el presunto desvío de fondos públicos en favor de un sospechoso de narcotráfico. Así de grosero cómo se lee. El problema lo tiene el régimen municipal y el partido Liberación Nacional como dominante en estos cargos, pero también lo tenemos todos en cuanto es ineludible la importancia de los gobiernos locales, más allá del tipo de dirigentes que escogemos. Por eso el proyecto para limitar la reelección de alcaldes, entre otras propuestas que se discuten al calor de las noticias, menos mal. Los enfoques varían incluso entre quienes han promovido la descentralización por años, como el abogado Juan José Echeverría, ex presidente del Instituto de fomento y asesoría municipal (IFAM), quien nos acompaña en nuestro Hablando Claro.

La verdad es que la velocidad del contagio de la cuarta ola del Covid -si bien la empezamos a sentir ahora entre familiares y amigos- ya era sabido que vendría desde el 21 de diciembre cuando la tasa de contagio se situó en 1.39 y justo ahí nos colocamos en situación de “muy alto riesgo”, de acuerdo con el Dr. Juan Ignacio Barrios, especialista en informática médica y científico de datos. En nuestro país, los tres picos anteriores se produjeron en julio del 2020, abril del 2021 y en setiembre pasado. El punto es cuando la tasa R sobrepasa 1, como claramente sucede desde la tercera semana de diciembre, automáticamente dos semanas después explotan los casos. Y sí, literalmente explotan. De acuerdo con el Ministerio de Salud la semana epidemiológica 52 (26 diciembre al 1 enero.) se registraron 3.385 casos, mientras que la semana anterior, la 51 (del 19 al 25 diciembre) se presentaron menos de la mitad, 1.267, lo que significa un incremento de 167 %. De acuerdo con los conocedores, una proyección realista de casos indica que en menos de dos semanas podríamos andar por el orden de los 4.000 o más contagios diarios. El consuelo por ahora es que los decesos no solo no aumentaron sino que bajaron de 11 a 7, y en cuanto a las hospitalizaciones hubo una leve baja también 124 a 119. Pero, los ingresos hospitalarios sí están aumentando un poquito ya (pasaron de 51 a 53) y eso seguiría subiendo si los casos aumentan tan desproporcionadamente como todo parece indicarlo. Solo el este martes hubo 1.500 casos y 3 decesos con 135 internamientos, de los cuales 49 estaban en cuidados intensivos. Los motivos de relativa tranquilidad eran que tenemos muchos vacunados y que ómicron pese a su facilidad de contagio podía doblegarse precisamente ante la vacunación y hasta llegar a significar el fin de la pandemia. Pero como las noticias respecto del SARS-CoV-2 y sus variables cambian todos los días, ese buen augurio no duró más que unas horas, pues este martes Catherine Smallwood, de la Organización Mundial de la Salud afirmó que el aumento de las tasas de infección tener un efecto contrario al esperado, puesto que “cuanto más se extienda ómicron, más se transmita y más se replique, más probabilidades tiene de generar una nueva variante”. Y si de contagios extendidos se trata, la situación luce desbordada. Estados Unidos registró en las últimas 24 horas un millón de positivos y Europa marcó cinco millones en la última semana del 2021. Según la especialista, el impacto total de lo que está sucediendo con esta variante no está claro aún. Por eso tenemos que volver sobre el tema. Y lo hacemos con la científica especialista en virología Eugenia Corrales.

En la solvente historia del Tribunal Supremo de Elecciones de nuestro país, esta es la primera vez que una mujer lidera el proceso que nos conducirá a la escogencia del próximo o próxima Presidente/a de la República. La magistrada Eugenia Zamora no tenía planteada esa conducción apenas 3 meses atrás, pero la abrupta renuncia de Luis Antonio Sobrado, generó un cisma inesperado en la sede del arbitraje electoral y la colocó en la posición que hoy ocupa dado que estaba en la línea de sucesión. Era hasta ese momento la vicepresidenta. Con mucha experiencia – puesto que llegó al cargo en 2005 y, por tanto, ha vivido todos los procesos electorales desde el referéndum del 2007- Zamora Chavarría ahora alza la voz por la reforma constitucional que habría de convertir en efectivo el adelanto del 50 % de la deuda política para equipar en algo la muy desequilibrada cancha en la que los partidos se juegan la elección. Pero eso -de suceder- sería en el futuro. Hoy por hoy, vamos a elecciones el domingo 6 de febrero con nada menos que 25 nominaciones y aunque algunas claramente solo aspiran a alcanzar una curul legislativa, varias sí pretenden en serio llegar a la segunda ronda del torneo presidencial, porque como sabemos, no hay nada en el horizonte que nos diga ahorita mismo que la justa no se extenderá hasta abril. Es pues, un ejercicio largo aliento que habrá de requerir mucha dosificación de prudencia, mesura, energía y firmeza de los conductores del proceso, todo el cuerpo colegiado del TSE al mando la magistrada presidenta Eugenia Zamora, con quien conversamos en Hablando Claro.

¡Feliz año 2022 para todos! Ese es nuestro mejor deseo. Pero como sabemos que los meros deseos no generan resultados, habremos de seguir bregando y fuerte en la lucha tenaz que tenemos por delante ante tanto desafío. Entre otros, por supuesto, salir bien librados de la nueva ola pandémica que ya para finales del año, es decir, para la semana pasada, marcaba los más altos índices de contagio desde que allá por marzo del 2020 registramos nuestro primer caso. Así que no queda más. “A Dios rogando y con el mazo dando”. Aunque como bien escribía estos días en El País de España el científico y periodista español Javier Sampedro “la sensación generalizada entre la población en este comienzo de año es de hartazgo. ¡Esto no se acaba nunca!, es la frase más oída… Si el 2020 fue el año del miedo y el 2021 el de la vacunación, 2022 será el de la resignación. No, las vacunas no han acabado con la pandemia. Sí, son el elemento esencial para gestionarla, pero no, no bastan por sí mismas…” Lo cierto entonces es que en Europa como en Estados Unidos y también por nuestros lares la nueva ola de covid-ómicron -que ya se sabe es muy contagiosa, aunque menos peligrosa- afecta mucho más a los no vacunados, y entre ellos, a los más pequeños. Por eso la vacunación para los niños de 5 a 12 años ya empezó y pretende ser muy acelerada, tanto como vacunas disponibles haya, aunque por supuesto los adultos antivacunas también serán determinantes respecto de la protección para los chicos. En Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta dada a conocer en plena navidad reveló que el 42 % de los padres de familia se niegan a vacunar a sus hijos por temor a efectos secundarios. La evidencia científica asegura que los pequeños deben ser vacunados pues aunque en general la mayoría cuando se contagian sufren covid moderado, también está demostrado que 1 de cada 7 desarrolla “covid persistente”, mientras algunos pueden desarrollar el denominado “síndrome multisistémico” y algunos otros pueden incluso fallecer. Por lo demás, la vacunación infantil será clave para controlar la pandemia. En nuestro país la vacunación infantil empezará en estos días y es necesario también contar con la confianza de los padres para hacer la tarea y por ello conversamos en nuestro Hablando Claro con el Dr. Carlos Jiménez, Director a.i. del Hospital Nacional de Niños.

¡Felices Pascuas de Natividad! En Hablando Claro esperamos que la esté pasando de lo mejor en este tiempo de encuentros y gratitudes. Porque siempre, aún en condiciones de limitación o adversidad, siempre tenemos motivos de agradecimiento para con la Vida. Y para esta última semana del 2021, les presentamos nuestro regalo de fin de año: una serie de cinco reflexiones con el Motivador Mauricio Corrales sobre “Ser mejor para estar mejor”: 1. Lunes 27 Información de calidad. 2. Martes 28 Desarrollo de la calidad humana. 3. Miércoles 29 Importancia de la casa y el trabajo. 4. Jueves 30 Los cuatro enemigos de la calidad de vida. 5. Viernes 31 El amor es la fuente de los valores. ¡No les adelantamos nada! Solo los invitamos a acompañarnos en la semana número 52 para despedir el año y darle la bienvenida de la mejor manera posible al 2022.

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“¿Hace cuánto no le hace una carta al niño? A esta edad: ¿usted que pediría? ¿Cómo sería su carta? ¿En qué clase de papel la escribiría? ¿Con lápiz, lapicero o pluma? ¿De qué color es su tinta?”. Quien lanza esta prescripción, es el conocido médico internista Marco Vinicio Boza quien, acostumbrado a revisar la condición de sus pacientes para ayudarlos a sanar, asegura que revivir la inocencia nos da la capacidad de sorprendernos y que tener anhelos en el corazón nos proporciona ilusiones que son vitaminas para bien vivir. Parece una receta sencilla, de sentido común, pero lo cierto es que entre tanto corre corre a veces perdemos de vista lo esencial. Nos dejamos llevar por la corriente y olvidamos todo lo bueno que somos, todo lo bueno que tenemos. Como familias y como país. En este 24 de diciembre conversamos con el querido Dr. Boza y escuchamos y compartimos sus anhelos, ¡los suyos y los nuestros!

Costa Rica rompió este 2021 el récord de valor de las exportaciones de bienes colocadas durante los primeros 11 meses, con crecimiento en todos los sectores; algunos incluso llegaron a superar en 51 % la cuota del año previo. La recuperación en pandemia no ha sido fácil, pero hay márgenes de mejora que se han aprovechado y aquí están los resultados favorables para compañías de diversos tamaños y sus trabajadores. Que los sectores ligados a la economía interna no hayan crecido así es un punto para analizar, pero no le quita valor al comportamiento de los segmentos orientados hacia el mercado exterior. La Promotora de Comercio Exterior destaca además que un 23 % del valor de esas exportaciones se originó en zonas geográficas fuera del centro del país y que son los dispositivos médicos los dominantes en la venta de bienes; pues uno de cada tres dólares percibidos fue generado por ese neurálgico sector en estos 11 meses. "El crecimiento es extraordinario aun cuando comparamos con años prepandemia", asegura el jerarca de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, consciente que hay mucho trabajo pendiente para lograr que ese efecto se expanda en otros actores de la economía. Sobre los detalles de este crecimiento, la dimensión de las exportaciones y los desafíos inmediatos para responder a los factores globales conversamos con el ministro Valenciano.

Está visto que el poder de los alcaldes sobre decisiones en la Asamblea Legislativa está echando raíces de hiedra invasiva. Esto no es para nada nuevo ni sorpresivo, solo confirma una especie de paradoja en el balance de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. En su día, líderes políticos de la talla de la expresidenta Laura Chinchilla y del expresidente legislativo y ex ministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco lo advirtieron. La municipalización del primer poder de la República y el peso de sus pareceres sobre las estructuras de los dos partidos políticos tradicionales, están ahora dando muestras de que todo podría mantenerse más o menos como está en punto a la necesidad de detener la sangría que está implicando para la credibilidad democrática, la reelección sempiterna de los alcaldes. El viejo dicho de “hecha la ley, hecha la trampa” es el que un grupo de alcaldes y diputados pretenden hacer realidad. ¿Cómo? Muy fácil: al proyecto de ley que cortaría por fin la nociva reelección indefinida por una nueva normativa para ejercer únicamente hasta dos períodos en el cargo con posibilidad de volver a presentarse luego tras ocho años de separación, se la harían sendos “remiendos”. Uno consistiría en que la postulación se permitiría con solo un período de refrescamiento; es decir, cuatro años y no ocho. El otro, argumentando que la ley no puede ser retroactiva (¿?) los diputados municipalistas pondrían un transitorio para que la ley no pueda aplicársele a todos los alcaldes que hoy están ejerciendo el puesto; lo cual significaría simple y ridículamente que la ley entraría a regir hasta el año 2028. Es decir, una sencilla ley con un trámite más complejo que el de una reforma constitucional. Sin andarse con rodeos, el diputado oficialista y ex alcalde de Aserrí, Víctor Morales Mora, pidió ayuda para rescatar el proyecto. “Quienes queremos terminar con la reelección de los alcaldes no somos muchos y, por eso, requerimos del apoyo de la ciudadanía que, harta de la corrupción, ponga bajo escrutinio a la Asamblea Legislativa y no permita que el bipartidismo se vaya a celebrar la Navidad sabiendo que ha asegurado a los “diamantes”” (alcaldes hoy investigados judicialmente) la oportunidad de seguir gozando de un poder que han concentrado inconvenientemente por largo tiempo. Siendo así, y convencidos de la necesidad democrática de enderezar este proyecto por su cauce, en Hablando Claro hacemos lo propio, conversamos con el diputado Morales Mora.

Las autoridades francesas advirtieron que la variante ómicron del SARS-CoV-2 se está expandiendo por Europa a la velocidad de un rayo y esto para nada alegra la Navidad. Las actividades sociales, comerciales y culturales han vuelto a limitarse casi dos años después de que el mundo conoció la palabra ‘Covid’. Las preocupaciones se han reactivado y las restricciones también parcialmente, lo que implica necesariamente el retorno de las protestas opositoras. Las noticias no nos son ajenas. Este domingo se confirmó en laboratorio que la variante nueva también está ya en Costa Rica, como era de esperar es un país abierto con mínimas restricciones para viajeros. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles son los márgenes de maniobra que tienen las autoridades sanitarias? ¿Vivimos la Navidad a plenitud antes de que vuelvan las restricciones, o más bien extremamos medidas cada uno para evitar revivir aquellos meses de angustia en los hospitales? Conviene preguntar también sobre ajustes al avanzado programa de vacunación o la pertinencia de habilitar pruebas rápidas casera. Con el ministro de salud, Daniel Salas, respondemos a estas preguntas en nuestro Hablando Claro.

Un joven de 35 años, apenas en el límite mínimo permitido para ser candidato es hoy el Presidente Electo de Chile y ganó en segunda ronda con una contundente diferencia de 12 puntos porcentuales, con lo que disipó rápido la incertidumbre de las horas precedentes sobre el resultado final. Gabriel Boric, que hace 10 años protestaba en las calles de Santiago por el derecho a la educación pública, tendrá que enfrentar inmensos retos, entre ellos formar gobierno y negociar con un Congreso que algunos advierten que podría tornarse ingobernable. ¿Por qué? ¿Podrá hacerlo? ¿De qué depende qué pueda arrancar en marzo una gestión en condiciones más o menos normalizadas, considerando un proceso de constituyente en marcha? ¿Cuál es la deriva de la democracia chilena en un momento tan determinante para la historia de ese país tanto como para la historia democrática latinoamericana? Análisis obligado en Hablando Claro con el sociólogo politólogo y ex Embajador de Costa Rica en Chile, Manuel Rojas Bolaños.

El alcalde de Corredores, Carlos Viales, fue detenido por autoridades judiciales solo unas semanas después del informe de mayoría de la comisión de diputados que supuestamente investigó ese mismo caso y que no encontró ni una mínima razón para cuestionarlo. Es un nuevo capítulo de las investigaciones policiales sobre aparentes hechos de corrupción en la función pública, pero es también un nuevo motivo para preguntarnos todo y más sobre las sonoras comisiones investigadoras que los legisladores instauran como parte de su acción política. No es que esperáramos grandes revelaciones del grupo especial que supuestamente investigaba la penetración del narcotráfico en la política. Ni siquiera -digámoslo Hablando Claro- un interés genuino en acercarse a la verdad. Los antecedentes de comisiones investigadoras de los diputados actuales y anteriores nos han ido lavando la confianza en ese tipo de foros al punto de que no solo resultan ya escenarios circenses, sino peor aún, se han vuelto contraproducentes para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Salvo muy contadas excepciones, las tales comisiones acaban siendo una oportunidad de golpear al opositor mediante las cámaras y ya luego veremos qué se pone en el informe final; de por sí las conclusiones no son de acatamiento obligatorio y lo más que generan son denuncias que podrían formularse también sin necesidad de tantas horas y millones invertidos en aparentes interrogatorios, peroratas, (insultos e irrespeto a incluidos) denuncias al aire y supuestas conclusiones. Y casi siempre, oh sorpresa, los culpables son esos otros. ¡Y ni qué decir de los tiempos electorales! Por eso conviene anclar en el fondo de esa herramienta, más allá del preocupante acecho del narcotráfico sobre los estamentos políticos. ¿De qué y para qué sirve una comisión legislativa investigadora? ¿A quién le sirve? ¿Es posible hablar de un efecto búmeran en la confianza de la ciudadanía sobre la clase política en general? Nos consumimos en esas aguas con la mirada aguda y experimentada del exmagistrado y exdiputado Carlos Arguedas.

Llegamos a las puertas de la navidad con una cobertura exitosa de vacunación. Si se considera la población total del país tenemos un 76 % con primeras dosis y un 65 % con doble dosis. Pero si vemos los índices de la población meta a vacunar, (mayores de 12 años) tenemos prácticamente un 92 % con primeras dosis y casi un 79 % con doble inoculación. Habida cuenta del inicio de la campaña de refuerzo esta semana ya más de 62 mil personas recibieron la tercera inyección para un 1.5 %. Sin duda el ritmo de vacunación de estos días hasta llegar a Nochebuena, será tan intenso como el ajetreo en las calles. Y el inicio del año, cabe esperar, sería igual porque tendríamos además el inicio de la vacunación de los niños de 5 a 12 años, debidamente confirmada por la Sala Constitucional que, una vez, rechazó pretensiones de quienes pretendían que se negara ese derecho básico sanitario a esos pequeños habitantes. Hay ambiente festivo y hasta la restricción vehicular va a tono con la mejoría de nuestras condiciones: baja el índice de positividad ya por tres semanas consecutivas. Tenemos 259 hospitalizados a este miércoles, aunque confirmados por el SARS solo 157, de los cuales 56 están en UCI. Y si de fallecimientos se trata, también vamos torciéndole el brazo al virus. De acuerdo con el especialista en guarismos Alejandro Urbina, “por cada 1.000 personas hospitalizadas por Covid, al 30 de setiembre morían 25, ahora fallecen 14; casi la mitad”. De ahí que en varios días de la última semana hemos tenido la esperanzadora noticia de hasta 72 horas sin un solo deceso, como lo anunció Salud el martes por la tarde. La cuestión es cómo disfrutar y seguirnos cuidando en Navidad y Año Nuevo cuando hay tanta necesidad de reunirse para celebrar. Lo conversamos con el epidemiólogo y miembro de la Sala de Situación de la CCSS, Dr. Roy Wong Mclure.

Decir que los tiempos han cambiado es una completa obviedad. Lo que antes constituía una costumbre hoy resulta inaceptable. Y a la clase política (dicho así en términos generales, aunque excepciones hay, por supuesto) le está costando comprenderlo. Por eso la campaña electoral pareciera emerger de los libretos de cuatro o cinco décadas atrás. Por eso, los legisladores se enfrascaron por días en fraguar acuerdos bajo la mesa para irse de vacaciones pagadas un mes entero hasta que fue tanto el repudio público que tuvieron que dar marcha atrás. Por eso aun cuando muchos decían estar a favor de prohibir la reelección indefinida de alcaldes lo cierto es que desde la poderosa (aunque cada vez más venida a menos) Unión de Gobiernos Locales (UNGL) se fraguaba el boicot al proyecto por supuesto con alianzas en Cuesta de Moras. El Congreso tuvo que tomar cucharadas amargas de sus medicinas. Anunció que daba marcha atrás con el empecinamiento de las vacaciones de enero, y con la detención del Alcalde Corredores (¡uno más!) envuelto en el escándalo de una célula de narcoatividad, y las develaciones de las maniobras desde la UNGL, corrieron a anunciar el apoyo (¿ahora sí?) a la prohibición de reelección indefinida de los alcaldes. Reelección que está dejando expuesta la fractura del profundo daño que se ha causado con esa práctica de vieja data a la institucionalidad democrática. Repetimos, lo que antes era “normal” hoy no lo es. Pero unos alcaldes con 30, 20 o 15 años en el puesto, fueron incapaces de entenderlo y el declive de sus propios partidos políticos, tampoco ayudó. Todo lo contrario. Mientras tanto, un Ejecutivo que se percibe ya de salida, ha dejado al presidente Alvarado libre de amarras y, por tanto, con la soltura de decir lo que quiere y casi casi cuando quiere. Este martes desafió a los candidatos presidenciales a explicarle a la ciudadanía cómo renegociarían el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin nuevos impuestos. En pocas palabras, el mandatario les dijo que si no es por el lado del ajuste en gravámenes (que es la crítica que recibe todos los días su propuesta) qué indiquen si lo harían despidiendo empleados públicos, reduciéndoles el salario o cerrando instituciones. A media semana se impone balance de los hechos políticos y lo hacemos con la jefa de la bancada del PAC, la diputada Laura Guido. Miércoles 15 de diciembre a las 8 a.m. en los 98.7 F.M. de Radio Columbia y en nuestras vías digitales.

José María Figueres tiene un inmenso desafío para lograr su cometido de volver a ser presidente de Costa Rica. Mientras la mayoría de los ciudadanos consultados (54.8 %) estiman que cuenta con las mayores posibilidades de ganar y que tiene mejores condiciones 26,7 %, entendido ello como capacidad, experiencia y equipo, un contundente 48 % asegura que nunca (nunca) votaría por él. Los datos emanan de una muestra de 600 censados por la firma Demoscopía para el Diario El Observador y salió el fin de semana, antes que se conozca también en estos días el último estudio del año del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. De acuerdo con Demoscopía si las elecciones fueran el próximo domingo, el 63.7 % iría a votar, un 20 % posiblemente lo haría, un 8 % es posible que no acudiría y un 6,8 % definitivamente no se movería a las urnas. Claro que habría segunda ronda porque de los que irían, 18,2 % votaría por Figueres, 16,5 % lo haría por Linneth Saborío, 13,3 % por Fabricio, un sorpresivo 9 % por Rodrigo Chaves y un 7,3 % por José María Villalta. Es decir, que estos son (por ahora) los que conforman el grupo puntero. La muestra también señala que el 44,7 % no pensaría en quebrar su voto, en contraposición del 38.5 % que sí lo haría y un 11 % que aún no sabe qué hacer con la elección diputadil. Sobre el momento político electoral acercándonos a fin de año conversamos con el sociólogo y director general de Demoscopía, José Alberto Rodríguez.

Concentrados como estamos siempre en nuestro patio, ponemos poca atención -por decir lo menos- a los asuntos allende las fronteras. No es algo nuevo. Así somos. El caso es que la paz mundial en no pocas ocasiones pende de hilos frágiles en distintos puntos del planeta y Ucrania es uno de ellos. La semana pasada el Presidente de los Estados Unidos Joe Biden sostuvo una videoconferencia de dos horas con el soviético Vladímir Putin en torno a las tensiones por una posible invasión a Ucrania que se especula para el inicio del año nuevo. El jefe de la Casa Blanca no habló solo a título personal. Lo hizo también por los aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y le dejó muy claro a su interlocutor que “responderían con fuertes medidas económicas y de otro tipo una la eventualidad de una escalada militar” El mensaje fue expreso: “las cosas que no hicimos en el 2014 (cuando Rusia anexó Crimea) estamos preparados para hacerlas ahora”. Por eso ahora, Estados Unidos y los aliados están dispuestos a arriesgar más para evitar una circunstancia similar en Ucrania y ello incluye más apoyo de equipamiento y más presencia de tropas internacionales. Desde la perspectiva rusa, el problema no lo causan ellos sino los aliados de la OTAN que intentan ganar terreno en Ucrania para aumentar la presencia en las cercanías rusas. ¿Quién lleva razón? ¿Qué tan en riesgo está la paz? Si de tensiones se trata las que tiene Washington con Pekín no constituyen asunto menor. El foco más visible de estos días está en el boicot a las olimpiadas chinas anunciado por los Estados Unidos y seguido por otros aliados. Por cierto, nuestro inmediato vecino del norte dio finalmente el paso hacia la normalización de relaciones con China continental dejando al histórico aliado taiwanés como lo hicimos nosotros en 2007. ¿Qué implicaciones reviste ello en un territorio tan cercano a Rusia como el nicaragüense? Finamente, en un vistazo al panorama internacional como el que haremos con el especialista Constantino Urcuyo Fournier no podemos dejar de lado el desafío electoral del domingo entrante en Chile, obligado a decidir entre dos polos del espectro ideológico, la derecha de José Antonio Kast (58) y la izquierda del joven Gabriel Boric (38).

“La población joven se enfrenta a una suerte de carrera de obstáculos, donde una vez vencida la primera barrera, se encuentra una nueva y así consecutivamente”. En esta competencia algunas de las vallas más difíciles de superar son la territorial y la de género, pero hay otras también complejas como la situación socioeconómica de salida y, por supuesto, la misma edad. Transitando la pista de sobrevivencia, es fácilmente entendible que los jóvenes (una población por demás heterogénea, que va desde los 18 a los 35 años) no tengan tiempo para distracciones y mucho menos para aquellas que no les representan ningún reto o desafío. En términos generales, si de incidir en la vida política se trata, a ellos les atraen el activismo ecológico, los movimientos feministas contemporáneos y otros no tradicionales que impliquen acciones colectivas y nuevos movimientos sociales. Y si ese es el panorama rápidamente esbozado, no resulta para nada sorpresivo llegar a la conclusión de que los jóvenes no tienen ningún compromiso con la política tradicional. Lo que si tienen, por el contrario, es mucha desconfianza en las instituciones y una ruptura con los mecanismos de representación. Todo ello se traduce en antipatía hacia los partidos políticos y por la participación política, excepto si se trata de estrenar la cédula en las urnas. Es decir, del primer voto. Todas estas consideraciones emanan del “Estudio de cultura política de las personas jóvenes frente al proceso electoral costarricense, 2022”. Se trata de uno de varios valiosos insumos que está presentando en estos días el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con varias contrapartes nacionales. En esta oportunidad, con el capítulo costarricense de la Facultad Costarricense de Ciencias Sociales, FLACSO, con cuya directora Ilka Treminio conversamos este viernes en compañía de Randall Brenes del PNUD.

Las deudas que acumula la población costarricense morosa en el sector financiero no regulado, no solo aumentaron de manera considerable tras el primer año de la pandemia, sino que cubren a más personas y empeoraron hacía cuentas incobrables o de ejecución judicial. Hay entonces una alerta encendida sobre la situación de la deuda morosa (casas financieras, comercio al detalle y telecomunicaciones) por la posibilidad de que la situación se deteriore aún más, dada la reactivación desigual de los empleos, según explican los investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) al realizar el segundo estudio sobre este tema, en alianza con la empresa Equifax. El promedio de mora creció 7,75 % desde el primer estudio efectuado en 2020, de acuerdo con el análisis de casi un millón de estas cuentas. El monto promedio de deuda morosa aumentó más en la población más joven y en los mayores de 75 años y también hubo un deterioro en la morosidad de las mujeres, aunque son los hombres los que más rezagos arrastran. Y así podemos seguir sacando datos, conscientes de que son muchas y muy variadas las realidades de los hogares en el actual contexto de la economía. Para precisarlos y enmarcarlos recibimos en nuestro Hablando Claro al investigador Gustavo Cubillo, del TEC y a Michel Florit, de la firma de datos Equifax.

Aunque no sepamos nada de la larga disputa comercial entre Costa Rica y México por el exquisito aguacate Hass, casi nadie se abstrae de estar al tanto de la consecuencia de ese diferendo: hace siete años ya (en 2014) dejamos de tener en la mesa la fruta azteca, los precios de similares productos traídos de Perú, Chile, Honduras o Panamá- para apuntalar la reducida producción local- se elevaron cuantiosamente, las cadenas de frío del transporte no pudieron garantizar la misma buena calidad del mexicano y en fin… Quedamos atrapados en un diferendo político, diplomático y fitosanitario-arancelario, que al parecer está muy cerca de terminar. Ahora un informe preliminar que ya fue entregado a los representantes legales de ambos países señala que Costa Rica debería derogar la decisión que inhibió -en la Administración de Luis Guillermo Solís- la importación de ese excelente fruto de la exportación mexicana. ¿Y cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos exactamente por qué hasta ahora la información que tenemos es por una filtración anticipada que publicó la semana pasada el exembajador de nuestro país ante la OCDE, Manuel Tovar. Y el gobierno costarricense, según lo que ha indicado el Ministerio de Comercio Exterior, no puede pronunciarse hasta que el fallo no constituya una resolución definitiva lo que aparentemente ocurrirá en los primeros meses del próximo año. La cuestión es que existen alrededor del tema, decenas de cuestionamientos que probablemente no terminaremos de dilucidar hasta no conocer el fallo final. Para algunos conocedores, no habría hecho falta siquiera constatar la afectación científico-técnica por la enfermedad de la mancha del sol de la semilla del Hass mexicano, pues solo con el procedimiento atropellado y oneroso que de un día para otro y de manera inconsulta llevó adelante el país, habría sido suficiente para perder el pleito. Es decir, por haber hecho las cosas mal y no observar un procedimiento como el que establecen las reglas del comercio internacional en este siglo. ¿Será así? ¿Qué márgenes le quedan al país? ¿Cuál es el precio a pagar en términos de reputación y relaciones maltrechas con el socio mexicano o solo con restablecer la autorización de importación, habrá borrón y cuenta nueva? Por primera vez en su historia Costa Rica es llevado a un panel internacional comercial y todo apunta a que saldremos culpables. Así que nos acercamos a este tema, que en su día consumió páginas y horas enteras de noticias y debates, con el ex embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, Álvaro Cedeño.

El mercado de las buenas ideas políticas pasa por un mal momento. Es más, algunos días el mercado de las ideas políticas da la sensación de haberse quedado por completo desabastecido; sin inventario, pero no solo de buenas ideas, sino hasta de ideas simples y sencillas. Lo que tristemente nos inunda en el mercado de la oferta político electoral son las ocurrencias y los gazapos que son oportunísimos para desenfocarnos de tanto problema real que requiere de solución. Así, si un candidato a diputado se hace una mascarilla facial, de inmediato inunda las redes y es motivo de cuanta elaboración se pueda imaginar. Si en la campaña del PLN, se hace una apología de la pobreza envolviendo en la bandera partidaria a una humildísima mujer de Pérez Zeledón clamando a la Providencia por la elección de Figueres Olsen arden también las redes divididas entre la incredulidad y la indignación. De paso, por cierto, cayó el tercer jefe de prensa liberacionista en cinco meses. Las redes sociales van marcando el pulso de las campañas electorales en todas las democracias. No solo llegaron para quedarse. Llegaron para imponerse. De acuerdo con los expertos, ese proceso de intromisión en la vida política democrática, evidencia el desvanecimiento de los límites que marcaron en un pasado no lejano, las diferencias entre lo público y lo privado y es por eso que la explosión de las emociones se ha vuelto extremadamente pública. Es lo que se conoce como la intimidad exteriorizada, (eximidad) que define las sociedades contemporáneas. Más aún dice “Fakecracia” (una publicación reciente de varios autores latinoamericanos) que “la relación que los ciudadanos establecen hoy con la política, se asemeja cada vez más a un modo de consumo, en la cual las experiencias están cada vez más asociadas con la emoción que con la razón”. Y ese mundo nos inunda, y entonces vemos la realidad solo de reojo. Esa realidad política que hace cada vez difícil avanzar en lo sustantivo, como la simple y llana conformación del quórum legislativo para votar un proyecto complejo como la nueva ley de empleo público. Con el periodista Eduardo Ulibarri lo conversamos en Hablando Claro.

En otros tiempos no tan lejanos la gente iba al mercado de la política y pasaba frente a las tiendas políticas, miraba, regateaba y consumía o no, pero más o menos se sabía quién era quién. Lo que pasara después con el “producto adquirido” era otro tema, pero la oferta-demanda se comportaba como tal. Ahora los partidos parecen ir recorriendo los pasillos en medio de las tiendas de electores para intentar complacerlos con un menú a la carta. Exigentes, desganados o enfadados, desconfiados, variados y confundidos, resultan ser un acertijo para los candidatos y sus estrategas. De ahí las posiciones reactivas y las propuestas pirotécnicas, a ver qué pega. No extraña tanta indecisión dos meses antes de las elecciones, más aún con las complejidades pandémicas y el cierre de un gobierno debilísimo con prioridades muy críticas, FMI incluido. Antes de que se ponga pausa a la campaña, analizamos el curso de la competencia y lo que falta, que es mucho, con el politólogo Gustavo Araya.

Como el muy reconocido expresidente del Banco Central, don Eduardo Lizano y el ex ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, le dieron un rotundo espaldarazo al acuerdo que negocia el país con el Fondo Monetario Internacional, el candidato liberacionista Jose María Figueres corrió a precisar la noche del miércoles que sí está a favor del tratado, luego de que el martes había dicho algo distinto. Estrictamente hablando no fue que se desdijo, más bien argumentó que había sido malinterpretado, luego de que esos dos connotados miembros de su equipo económico se desmarcaran del anuncio electoral del aspirante en el sentido que perseguiría su propio nuevo acuerdo con el Fondo; señalando que estaba en contra de los nuevos impuestos que el odioso pero necesario plan contiene. La cuestión es que se le hizo tal zafarrancho interno que debió salir a precisar su postura. Y al menos por ahora parece que avala el acuerdo. Para intentar emparejar las canchas Figueres envió dos mensajes adicionales; le pidió al Ejecutivo que no se “recueste en el PLN” (algo así como que se remoje aún más en la faena) y le pidió a los otros partidos políticos en la contienda que se sumen a adherir el acuerdo (algo así como si yo debo pagar costo político, que los demás también lo hagan y no se esquinen). Por casualidad o como fuera, el PUSC anunció al mismo tiempo por boca de su candidato a la vicepresidencia Franco Arturo Pacheco, que respaldarán el acuerdo, pero como se sabe algunos de los diputados de la bancada están opuestos. La cuestión es que devaneos aparte de los aspirantes presidenciales con este tema que se las trae, el proyecto de Empleo Público, determinante para que continúe con vida el pretendido acuerdo con el FMI, parece estar -literalmente- en la cola de un venado. Como si no fueran suficientes los resquemores a su aprobación, el diputado frentamplista José María Villalta encontró un buen (muy buen) portillo para tirarlo al canasto: la oposición del Tribunal Supremo de Elecciones externada tres veces respecto de su inclusión en la nueva ley, haría imposible que el proyecto se aprobara en época electoral… Así las cosas, lo único que pareciera factible en el Congreso en estos días prenavideños y de antesala de la campaña fuerte de enero, sería la tramitación en segundo debate del cannabis medicinal, pues el Ejecutivo no se hizo de rogar con el envío del expediente, luego de la bendición de la Sala Constitucional. Tal vez ese paliativo nos sirva como tranquilizante para tanto sube y baja emocional de la política local. Con el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, evaluamos la coyuntura de la semana en nuestro Hablando Claro.

Acaso sea por sabiduría popular, acaso por la intuición de que será más difícil que mover la piedra de Aserrí, poner de acuerdo a los decisores políticos en época de ofertas electorales, el Índice de Confianza del Consumidor apenas se sostiene en torno al 39 % (38.9 % para ser precisos). Es decir, ni siquiera la navidad con sus estimulantes vientos fríos logra vencer el pesimismo instalado en los costarricenses. De acuerdo con el ICC que efectúa trimestralmente la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, ya llevamos seis meses instalados en el pesimismo, y eso no es asunto trivial cuando, a decir del propio coordinador del estudio, el experimentado estadístico, Johnny Madrigal, históricamente tanto la navidad como las elecciones insuflan optimismo y este año se esperaba incluso más dado el bajo nivel de contagios de Covid-19, el impacto de la vacunación y la reactivación económica con su reducción de desempleo en curso. Pero si nos atenemos a las noticias puras y duras, y a las señales contradictorias que recibimos todos los días, el escepticismo de los consumidores pareciera ser la respuesta más cuerda que podía esperarse. Veamos. El Ejecutivo viene advirtiendo hace días que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debe avanzar, sin embargo el Legislativo pareciera estar instalado en que mejor que no. Ayer mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -cuya membresía apenas estamos estrenando- advirtió por aquello de quienes no le creen nada al Gobierno, que un bloqueo político que retrase la aprobación de los proyectos de ajuste fiscal “obstaculizaría estas mejoras y comprometería la sostenibilidad de la deuda pública, con posibles repercusiones negativas en los mercados financieros y el tipo de cambio” Suena francamente atemorizante. No obstante, en la acera del frente, el contendor político más relevante de la campana hoy según las encuestas, el Partido Liberación Nacional respecto del acuerdo con el FMI, un día dice que no, otro que quien sabe y mañana nadie puede adivinar, con lo cual la confusión reina en el ambiente y ya sabemos que la economía es vulnerable a los nervios, las confusiones y las incertidumbres. Total que el buen golpe de efecto que dio esta semana la agrupación verdiblanca anunciando un solvente equipo económico para una eventual conducción a partir de mayo, quedó sofocado, porque Jose María Figueres anunció su intención de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo. Pero su primer aspirante a la diputación josefina, miembro de ese staff y experimentado ex ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, mantuvo su consecuente postura de que el acuerdo negociado es vital para el país y que, por tanto, él mantendrá su compromiso con la agenda de proyectos para procurar el equilibrio fiscal. Menudo embrollo que, por supuesto, los consumidores que tienen oídos saben sopesar, con el conocimiento del sentido común. Y ni que decir si se atienen las noticias que emanan de la economía estadounidense donde crece la amenaza de la inflación alta y persistente que ha pinchado las expectativas de optimismo de la mismísima Reserva Federal. Y ya sabemos que si allá tosen, aquí nos refriamos. Si a eso añadimos, la variante Ómicron, el aumento persistente del costo de los combustibles y la incertidumbre de ir a elecciones extendidas hasta abril, estamos avisados. En clave de complicaciones entonces conversamos con el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero Brealey.

Es la marca por excelencia de nuestra excepcionalidad como conglomerado social. No es única en el mundo, pero si nos hace parte de un exclusivo pequeño grupo de Estados del planeta: aquellos que decidieron vivir sin fuerzas armadas. Para muchos habitantes del globo eso resulta inconcebible hoy, y seguramente lo parecía más increíble 73 años atrás, en el contexto del surgimiento de la Guerra Fría tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en el entorno de las dictaduras latinoamericanas. Pero para nosotros, en cambio, lo inconcebible sería tener ejército. Ninguno de nosotros podría imaginarse como una Costa Rica con milicias, tanques, cohetes y lanza granadas, con chicos asistiendo al servicio militar (voluntario u obligatorio). Ninguno. O casi ninguno. Lo nuestro es, por encima de las diferencias y las acostumbradas quejas que reflejan nuestras inconformidades democráticas cotidianas, el orgullo y la tranquilidad de sabernos un país sin ejército. De saber, como lo dijo en su día el filántropo japonés Ryoichi Sasakawa, y nos encanta repetir cada año, que es “dichosa la madre costarricense que sabe, al dar a luz, que su hijo nunca será soldado”. Por eso, cada primero de diciembre en la celebración de un aniversario más de la Abolición del Ejército, vale la pena recordar los hechos históricos, políticos y culturales de este signo distintivo costarricense. Rememorar para traer a valor presente la responsabilidad que heredamos y la que debemos heredar también a las generaciones venideras, particularmente mejorando como sociedad. Y en Hablando Claro lo hacemos con la historiadora Mercedes Muñoz Guillén.

Son tiempos de vertiginosidad sanitaria pandémica y, por tanto, de inmediatez informativa. Apenas las autoridades mundiales están evaluando las implicaciones de la nueva variante del SARS-CoV-2, Ómicron, y ya las farmacéuticas Pfizer y Johnson & Johnson nos anunciaron este lunes que empezaron a trabajar en una versión de sus vacunas en caso de que las actuales en el mercado no sean lo suficientemente eficaces. Es la maratón de las mutaciones y la ciencia para ganar una de las competencias más crudas de nuestra era; aunque ya está claro, que en el horizonte (cercano?) se anuncian nuevos desafíos que obligarán a la comunidad internacional a establecer nuevas reglas para enfrentar las pandemias venideras. Y en la geopolítica de las vacunas, mientras unos renuevan propósitos de cooperación y al tiempo cierran sus fronteras a los países ubicados al sur del continente africano, el gigante asiático, principal socio comercial del continente rezagado, avanza con determinación y en el marco del Foro de Cooperación China-África anunció el envío de mil millones de vacunas, 60 % de ellas como donaciones y 40 % mediante la creación de unidades de producción de biológicos en sitios como Egipto, Sudáfrica y Senegal. En nuestro país, también hubo noticias sobre vacunación este lunes. Los colegas de Delfinocr dieron a conocer que la Sala IV volvió a confirmar por unanimidad que la vacunación obligatoria es constitucional siempre que así lo determine la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, dado que es una medida de acción preventiva para evitar la propagación de una enfermedad transmisible. Y aún más, los magistrados le dieron de puerta en las narices al exdiputado Otto Guevara que pretendía traerse abajo las medidas de control sanitario enmarcadas no solo contra la vacunación obligatoria sino también contra la implementación del código QR como requisito de ingreso a comercios no esenciales, tal y como se está aplicando en otros países del mundo. De esta manera con este coctel de asuntos sanitarios, políticos y geopolíticos, todos entremezclados, conversamos con el especialista en virología Dr. Christian Marín Müller para seguir aprendiendo sobre el SARS-CoV-2 y su efecto, Covid-19.

Conmemoramos o vimos conmemorar este jueves el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y no podemos pasarlo como una fecha más, porque los factores históricos siguen vigentes y porque las nuevas dinámicas agregan realidades que también suelen cargarse contra ellas: más trabajo no remunerado, mayor brecha económica y más horas dentro del hogar a menudo violento. Pero se suma también la volatilidad de las expresiones violentas en los espacios digitales donde ahora, como nunca antes, desarrollamos buena parte de nuestra vida, además de los movimientos de contra-reacción política a las manifestaciones políticas de grupos que claman por la igualdad. La violencia contra las mujeres no es igual hoy que hace tan solo dos años. Sin dejar de lamentar las peores formas de violencia machista, incluso fatales, o la insuficiente respuesta desde el Estado y la sociedad en general, conviene que también visibilicemos las nuevas expresiones que se ejecutan en política y en la comunicación desde la falsa superioridad masculina. De la mano de las investigadoras Larissa Tristán y Yanet Martínez, del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), de la Universidad de Costa Rica, hacemos nuestra tarea en el cierre de la semana sobre un tema que nos afecta a todos y todas como sociedad y que podría hacerlo en lo individual como quizás no hemos dimensionado. .

Una nueva variante de SARS-CoV-2 se presenta como un nubarrón oscuro en el panorama de viento fresco y agradable que nos anuncia la navidad. Si algo debiéramos haber aprendido de este tiempo incierto que nos tocó vivir es que las certezas son muy pocas y las interrogantes muchas. Nuestros registros de contagio han mostrado números muy satisfactorios. Solo un dato de la semana pasada nos reflejaba por fin dos dígitos (menos de 100 casos) en el reporte, lo que no habíamos alcanzado en prácticamente año y medio. En el mismo sentido, la vacunación la semana pasada cubría ya a más del 75 % de la población. Pero Ómicron, la variante que acaba de ser detectada en Sudáfrica y que la Organización Mundial de la Salud cataloga como “de preocupación” dado que implicaría un mayor riesgo de reinfección respecto de las otras conocidas, podría aguarle la fiesta de millones de habitantes, especialmente aquellos que enfrentan el invierno en medio de nuevas olas de contagio. En nuestro pequeño territorio, seguimos no solamente imbuidos del ánimo de vientos alisios y esperanzados en abrazar las fiestas como tanto lo hemos esperado, sino también de lleno metidos en campaña electoral, encuestas y enojos ciudadanos incluidos. ¿Cómo nos preparamos para la amenaza de una nueva ola de contagios? ¿Qué lecciones aprendidas nos permitirían desempeñarnos mejor? ¿Están las ofertas políticas a la altura de las circunstancias o prefieren dejar hacer, dejar pasar el tema, excepto cuando de poses se trata? Conversamos con Carlos Murillo director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y especialista en diseño de políticas públicas.

El magistrado Luis Fernando Salazar fue reelecto para otros ocho años de mandato en una Corte Suprema de Justicia que atraviesa momentos delicados, donde el balance de poderes resulta crítico para asuntos mayúsculos, como la elección de la persona que dirigirá el Ministerio Público en estos tiempos donde la corrupción nos preocupa como hace tiempo no lo hacía. Después de la salida de Emilia Navas por su conflicto de interés al ser pareja de un abogado del caso 'Cochinilla', la designación parece aún más relevante y se suma a los elementos delicados para un Poder Judicial que -bastión como es en nuestro sistema institucional- padece aún las consecuencias derivadas del "Cementazo" (2017) y evidencia también la reconfiguración política del país. Porque eso es política también, más allá de los sistemas de puntajes que dan apariencia de objetividad y que derivan en una votación sin que ninguno de los 22 magistrados deba justificar por qué quiso a tal candidato para Fiscal General y no a otro. Algo similar a la manera en que a su vez los diputados los eligen a ellos, sabemos ya. Por eso conviene apuntar la luz hacia el proceso de elección de la jefatura del Ministerio Público y para ello contamos con la colaboración de expertos reunidos en un panel independiente que monitorea, documenta y divulga lo que no siempre se refleja en las noticias del día. Con dos de sus integrantes, el sociólogo Manuel Solís Avendaño y la consultora y académica Sonia Navarro, detallamos y contextualizamos lo que ocurre en Corte.

A fuerza de escándalos el tema de la corrupción se va colando en la discusión electoral y le agrega complejidad a la campaña. Los equipos de los candidatos lo perciben y salen con reacciones que también dan para analizar y opinar, cómo no. En el terreno, de por sí incierto, hay noticias como la renuncia de la jefa de campaña del candidato oficialista Welmer Ramos, mientras la dinámica legislativa pone cuesta arriba la agenda fiscal del gobierno saliente, débil como nunca. La noticia del lunes fue el tropiezo del plan para gravar el salario escolar que reciben trabajadores estatales. Se suma a los apuros propios del Gobierno en materia económica y social, pero también en el sensible sector de Educación, donde tras cuernos palos. Con el politólogo Jesús Guzmán, del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) miramos el momento y los factores políticos en nuestro Hablando Claro.

Aunque sean muchos los hogares en aprietos económicos y con dificultades de acceso a las necesidades básicas, es fácil identificar a las poblaciones que más atrás se van quedando: mujeres jóvenes y habitantes de las periferias. Lo subraya el Estado de la Nación al retratar la situación de creciente desigualdad en nuestro país tras el primer año de la pandemia, pero la pregunta urgente se impone: ¿qué hacer con esta información? ¿Qué no ha hecho este gobierno pudiendo haberlo hecho? ¿Qué se puede hacer en los meses restantes? ¿Cuál es el impacto de los programas que hay (porque los hay!)? Es realista revertir una situación que viene desde años atrás? Y en todo caso: ¿cómo hacerlo? Una parte de responsabilidad aún tiene el gobierno de Carlos Alvarado y su ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, a quien dirigimos esas y otras preguntas en nuestro Hablando Claro.

Ya conocimos la nada sorprendente situación que nos presentó el Estado de la Nación, sobre el deterioro de las condiciones de vida de la población causado por la pandemia, sí, pero también por las tareas que por años Costa Rica dejó de hacer para evitar tanto rezago. La pregunta es ¿dónde están las soluciones? Y todas las respuestas pasan, nos guste o no, por la política. Entonces pasamos las páginas del Informe y nos encontramos que el sistema de representación (base de cualquier sistema democrático) pasa momentos de flaqueza y que los partidos están en peligro de ser capturados por los grandes capitales financieros, incluso de actividades criminales, porque distintas camadas de diputados se han rehusado a cambiar las normas de financiamiento. Es momento para analizar la salud del sistema político ahora que avanzamos en una campaña electoral tan incierta como insatisfactoria. A ellos nos abocamos en Hablando Claro con el politólogo Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación.

La desigualdad acelerada los últimos 20 años en el país se agravó con la pandemia y, para peores, la recuperación económica está profundizándola. A algún sector la pandemia le benefició y a otro lo acabó de hundir y amenaza con quitarle lo último que se pierde: la esperanza. El momento y la tendencia están marcados por las inequidades por género, por edad, por región, por grado educativo y por sectores de la economía, según demuestra el Informe Estado de la Nación 2021, presentado esta semana. ¿Quién debería corregir eso y devolver al país a lo que fue (o creemos que fue)? Se supone que el Estado, pero la institucionalidad pasa también momentos flacos por las limitadísimas capacidades financieras y por las atrofias políticas, ahora que tan evidentes nos resultan en el actual proceso electoral. Hemos ido tapando goteras, no reforzando las columnas y menos modernizando las estructuras, indica el Estado de la Nación. Cerramos una semana profusa en acontecimientos políticos hablando del problema de fondo: las dificultades de nuestra sociedad para vivir mejor y hacerlo en conjunto, no salvándose quien pueda. Con Pamela Jiménez-Fontana, economista investigadora del Informe.

El otorgamiento de dádivas para acceder a contratos de obra pública y la apuesta al financiamiento de campañas electorales siempre han sido caras de la misma moneda. Por eso no es de extrañar que en las denominadas operaciones Diamante y Azteca, (como secuelas de Cochinilla) estén saliendo a relucir conexiones entre alcaldes, regidores y al menos un aspirante a diputado y empresarios que financiaron (o estaban financiando) sus campañas, como tampoco da para sorprenderse que en meses pasados se establecieran nexos entre sujetos ligados al lavado de activos con diputados, alcaldes, regidores. La corrupción, desde el Imperio Romano (y seguro aún antes) busca por todos los resquicios posibles, penetrar en las estructuras del poder para beneficiarse al margen de leyes, normas y procedimientos y aunque parece ser inevitable que exista -porque es consustancial a la naturaleza humana- lo cierto es que en tanto operen los mecanismos de sanción que eviten la impunidad, es decir, en tanto la institucionalidad responda, no todo está perdido. El problema de fondo, sin embargo, es el incuantificable costo que representa para la democracia la desilusión, el desconcierto y hasta el hastío que se produce en la ciudadanía con cada destape. Y esos son los tiempos que vivimos. Por un lado, desvelamos los negociados de la corrupción y por otro, la gente se indispone contra el sistema. De estos malestares, del soporte institucional y de los tiempos que vivimos, conversamos con el politólogo especialista en temas de corrupción, Eduardo Núñez.

Desde el inicio mismo de su carrera profesional y sin proponérselo, la entonces joven abogada Nancy Hernández López se topó de frente con el tema de los Derechos Humanos. Fue con los privados de libertad. Y ello marcaría el énfasis de su especialización en el derecho, porque de ese primer trabajo en el Ministerio de Justicia pasó a la naciente Sala IV donde convirtió su expertiz en pasión de vida. O su pasión de vida en expertiz. Eso fue hace 33 años. Y ahora a las puertas de su primera reelección como Magistrada y con recomendación unánime de la comisión legislativa que la evaluó (su periodo vence el próximo mes) Nancy Hernández deja la constitucionalidad local para suceder a doña Elizabeth Odio Benito como Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La noticia de su elección en primera ronda el pasado viernes por la mañana en la sede de la Organización de Estados Americanos OEA, en Washington, corrió como reguero de pólvora para beneplácito de todos aquellos que no dudan en calificar su designación como un lujo y un reconocimiento, tanto a sus atestados, como al país que somos: una potencia solvente y reconocida internacionalmente en la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos. Así que si bien la votación que obtuvo no podría decirse que fuera precisamente una sorpresa habida cuenta de la impecable recomendación que emitió un Panel Independiente de Expertos de la OEA, sí hay que decir que ratifica el buen momento de las nominaciones costarricenses impulsadas por la Cancillería, a quien la jueza electa afirma, deberles el trabajo de construcción de su candidatura, a partir de la iniciativa del Presidente de la República 10 meses atrás. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Qué implica dejar la Sala Constitucional? ¿Cómo funciona un tribunal internacional no permanente? ¿Qué aporte puede hacerle a la consolidación de los Derechos Humanos ese órgano jurisdiccional en momentos en que las democracias del continente están sufriendo los embates de la falta de credibilidad, la fragmentación política y social, el populismo y la confusión de las redes sociales? En Hablando Claro hacemos un aparte en la vorágine de malas noticias de estos días y conversamos con la Magistrada Nancy Hernández.

El resultado lógico que implicaba la renuncia de la ministra Giselle Cruz y los responsables máximos del grave error con las pruebas Faro, aún nos queda debiendo la explicación de lo ocurrido. La noticia, sin embargo, debe ir más allá de las implicaciones legales y políticas, que abundan, en torno a las pruebas. Se impone analizar este episodio en el contexto crítico de la educación, la atención urgente de los efectos provocados por la pandemia y la necesidad -urgente también- de enderezar lo que desde antes venía torcido. Corresponde ver el día D (después) del descabezamiento en el MEP. A ello nos disponemos en nuestro Hablando Claro con la mirada crítica de Abril Gordienko, abogada, administradora y activista cívica.

Junto con la justificada indignación de la ciudadanía y actores políticos, resulta imperiosa la elaboración reflexiva del calado de la crisis de la rectoría de la educación que venimos señalando una y otra vez. Como si no fuera suficiente todo lo que ocurría ya en la política pública de un sector social tan determinante, la calidad de sus formadores, la pertinencia de sus contenidos, el control de los mandos medios y la cada vez más sentida debilidad de los altos mandos jerárquicos (ciertamente no solo en esta institución, sino en muchas otras) lo que nos faltaba: una crisis autoinfligida por la vulneración de derechos constitucionales. Las pruebas FARO que -debemos recordar- siempre fueron objetadas por los gremios magisteriales y que finalmente fueron impuestas por primera vez este año como método diagnóstico sobre el estado de la educación de los escolares, han provocado -nos atrevemos a decir- (si no la mayor) una de las mayores crisis políticas que recordará la Administración Alvarado. El meollo, como se sabe, es que se aplicó una prueba de extensísima duración que llevaba unos contenidos de “factores asociados” que implicaban intervención en ámbitos privados de los hogares para obtener información “para conocer cuánto influye el contexto en las calificaciones de las personas estudiantes”. Tan graves los requerimientos que formulaba como el hecho de hacerlos sin consentimiento de los padres. Inaceptable y por tanto incomprensible. ¿Un error? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo pensar en que algo de tanto bulto podía pasar inadvertido? ¿Quiénes y qué formación tienen los que hacen esas pruebas? ¿Quiénes las revisaron? ¿Qué sucede en el MEP? ¿Por qué fallaron tan groseramente los mecanismos de verificación de contenidos evaluativos? ¿0 es que no los hay? ¿Cómo resolver ahora la crisis en proceso? Una noticia en desarrollo nos obliga a iniciar la semana en Hablando Claro con el abogado especialista en Derecho Constitucional Marvin Carvajal y el politólogo Sergio Araya Alvarado.

La Universidad de Costa Rica anunció este jueves que retomará las clases presenciales hasta el próximo curso lectivo (2022) y que procurará obligar a todos sus estudiantes a vacunarse contra el virus que produce la COVID-19. La dirección corre en el mismo sentido que la ordenanza emitida para todos los funcionarios, tras diálogo de la Rectoría con los líderes sindicales para atender escepticismos. El retorno al campus no es menor. Implica un cambio en la dinámica estudiantil de miles de jóvenes que han estado condicionados por las circunstancias de la pandemia y su innegable impacto en la calidad de la enseñanza, en la salud emocional y en la limitada o nula socialización que ha conllevado. La mayor casa de estudios superiores del país se prepara también para recibir a una generación de colegiales que, en general arrastran mayores rezagos que los sufridos por los universitarios más avanzados, debido al factor de la conectividad. Todo, además, en un entorno de limitación financiera del país y con insoslayables repercusiones en sus capacidades de respuesta. Con el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, conversamos en Hablando Claro.

Algunos hechos se reflejan en las noticias y otros van bajo el agua, pero todos condicionan el ambiente político que marca la discusión de la agenda fiscal vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La negociación es compleja y la campaña electoral también la altera, mientras otros ingredientes adicionales meten más ruido. El mejor ejemplo de esto fue la mención que dos representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hicieron ante diputados sobre la medida (por demás inviable) de ponerle impuesto al aguinaldo. Con ello lidia la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y con ella conversamos en Hablando Claro.

Las universidades públicas se aprestan a cerrar su segundo año de virtualidad a pesar del regreso presencial de muchas actividades, y particularmente del retorno hace meses de niños, niñas y adolescentes a preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo se justifica esa decisión de no volver a reencontrar más allá de las pantallas a universitarios con sus pares y sus educadores hasta el 2022? ¿Cómo ha afectado y afectará esta prolongada interrupción a toda una generación, considerando que muchos de ellos ni siquiera conocen sus campus y sabiendo que se reportan incluso casos de depresión debido a falta de interacción social? Este es solo un elemento de los muchos que marcan la aguda crisis del sistema educativo en el contexto de la pandemia. Un tema incuestionablemente sustantivo de entre el abanico de desafíos del país y que, constituye para los costarricenses, el tercer tópico de preocupación nacional, solo después del costo de vida y el desempleo como males mayores. Esto, de acuerdo con la última encuesta de opinión pública la semana pasada del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP/UCR). Y en tanto la campaña electoral discurre por temas livianos y aparentemente fáciles de digerir para candidatos y candidatas, incluyendo propuestas hasta descabelladas, ¿adónde se sitúa el abordaje de la educación y sus retos en la campaña electoral? Dos especialistas reconocidas en la materia, Isabel Román y Marcela Román del Estado de la Educación nos ayudan a centrar el foco de la atención en un tema del que nadie se puede considerar abstraído.

Latinoamérica es la región del mundo de menor crecimiento en progreso social en la última década y en el 2020 más bien retrocedió. Institucionalidad, inclusividad, seguridad y gestión libre de corrupción son anhelos comprometidos por una realidad de la que no escapa Costa Rica. Nuestro país aparece como segundo en Latinoamérica en el Índice de Progreso Social, recientemente publicado por una organización asociada al INCAE. Por debajo de Chile y por encima de Uruguay, pareciera que no estamos tan mal, pero si nos comparamos con nosotros mismos surgen motivos de preocupación, pues continúa la tendencia de desaceleración de avances vista ya en los últimos 5 años. Los factores son variados y de diversa índole, dentro de 58 criterios aplicados a 168 países, pero de especial cuidado si miramos lo que está ocurriendo en seguridad y en acceso a la educación avanzada, más allá del efecto de la pandemia que también incide en muchos ámbitos. Con Jaime García, investigador de INCAE a cargo del IPS para Costa Rica, analizamos el momento y la tendencia de Costa Rica.

Lo de este domingo en Nicaragua -ya lo advertía la prensa internacional antes que terminara la pantomima de cerrar urnas y hacer el teatro de esperar resultados- ya era en cierta medida una copia de las elecciones del 2016. Ortega se declara ganador de las votaciones a las que se presentó sin rivales verdaderos, sin observadores internacionales verdaderos, sin prensa internacional. Y sobra decir, sin prensa local independiente en libertad de acción y movimiento. Todo parecido, aunque claro, cada vez más turbio, ilegítimo, violento y falso. Lo de este domingo era un paso más hacia el abismo de la degradación. No importaba que la comunidad internacional endureciera sus críticas o incluso sanciones de aislamiento político económicas, no importaba la estrepitosa caída en las encuestas previas que dejaban claramente establecido que cualquier candidato opositor (todos encarcelados) le hubiera ganado fácilmente (razón que explica su terror a un proceso eleccionario real). Tampoco importa ya el aislamiento internacional en el que se encuentra. Ortega y Murillo están dispuestos a todo con tal de permanecer el mayor tiempo posible en el poder. Pero las agallas nicaragüenses desde fuera de fronteras alienta el coraje de quienes resisten adentro. Y Costa Rica fue punto focal de las pseudo elecciones dominicales, no solo porque aquí radican parte de los más de cien mil académicos, periodistas y dirigentes de oposición que tuvieron que escapar tras las protestas y la matanza del 2018, sino porque aquí se concentró la prensa internacional para cubrir los acontecimientos. Con Edipcia Dubón y Ana Quiróz, activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanca conversamos en Hablando Claro.

A 72 horas de consumarse la farsa electoral nicaragüense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió con urgencia al régimen dictatorial la liberación inmediata de todos los opositores; incluyendo por supuesto los siete candidatos presidenciales que obviamente no participarán en los maquillados comicios del domingo próximo. En un esfuerzo aunado con otros organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la Corte hemisférica volvió a exigir protección para los detenidos y sus núcleos familiares, urgió pruebas de su condición de salud, pero además también requirió la realización de una visita in situ por parte de uno de sus jueces, para corroborar una situación que obviamente ha incumplido con las mínimas garantías procesales y de seguridad a la salud física y emocional de las decenas de detenidos por la dictadura de la vecina nación del norte. En ese contexto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó también esta misma semana legislación para incrementar la presión diplomática sobre la pareja Ortega Murillo. La denominada ley Renacer que por sus siglas en inglés significa “Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua” fue aprobada en segunda instancia y por abrumadora mayoría (387 a 35) en la Cámara de Representantes. Renacer contiene un arsenal de medidas para atacar la corrupción y los abusos de los derechos humanos y deberá ser ratificada por el Presidente Biden para luego ejecutar en coordinación con la Unión Europea, Canadá y otros países del hemisferio, sanciones selectivas a aliados del régimen responsables tanto por abusos a los derechos humanos, como a afectaciones a un proceso electoral libre. No solo ello, Renacer también pide revisar la inclusión de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, así como ampliar la supervisión de empréstitos internacionales al país. Finalmente la ley endurece requisitos de visado para aliados de la pareja dominante y requiere mayor inteligencia de las actividades rusas en la tierra de Darío, incluyendo las ya habituales ventas de armamento. Para el domingo entonces lo que tenemos son inmensos signos de interrogación. Ya se sabe que a la fuerza ganará Ortega, pero ¿triunfará el “quedémonos en casa”? O ¿ganará la presión de los aliados del régimen para salir a votar? Lo sabremos por lo que puedan informar los propios ciudadanos armados con sus celulares, dado que la valiente prensa independiente de Nicaragua y las decenas de corresponsales extranjeros que pretendían cubrir ese domingo fatal, no podrán hacer su trabajo. Como no podía ser de otra forma en un país que sojuzga todas las libertades. Conversamos con el comunicador e investigador costarricense Carlos Sandoval y la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra.

Por amplia mayoría (7 de cada 10) los costarricenses avalan la obligatoriedad de la vacunación, tienen confianza en ella (9 de cada 10) y además estiman que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias han valido la pena (casi 7 de cada 10). Tales conclusiones se desprenden del último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) dado a conocer este miércoles. La investigación científico social alcanzó -en proporción muy similar a los datos oficiales de vacunación- a un 72 % de ciudadanos mayores de edad con dos dosis de inoculación, mientras que consultó al 20 % con únicamente una inyección y tan solo un 8 % de no vacunados. ¿Qué dicen estos datos acerca de nuestra población y nuestro sistema de salud? ¿Cómo convencer a los pocos pero significativos reticentes que no quieren aún vacunarse? O, puesto en otros términos, ¿es suficiente la cobertura que alcanzaremos pronto, como para no preocuparnos de los que queden sin vacunar? Por otra parte, ¿cuán determinante será la inminente fase de vacunación de niños de 5 a 11 años que está en proceso de aprobación en el país para iniciar el año próximo? Estas preguntas y muchas más relacionadas con anticuerpos, dosis de refuerzo, estrés y cansancio emocional; es decir salud mental, y retorno a la presencialidad completa, las abordamos con el Dr. Marco Vinicio Boza, ex integrante de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Calderón Guardia, hoy pensionado.

Economía, política y salud. Un factor dependiendo del otro. Uno afectando al otro. Y en el medio, elementos como la expectativa, la incertidumbre y la confianza, (o la falta de ella) también condicionándolo todo. Apenas saliendo del ojo del huracán de la pandemia que puso literalmente de rodillas al mundo, una crisis multifactorial de logística y aprovisionamiento (también consecuencia del virus) vuelve a insuflar presión a las economías aún tan golpeadas, a la generación de empleo, a la recuperación y la reactivación. Un fenómeno global para el que tenemos limitadísimos márgenes de acción. Encima, nuestro tipo de cambio tendió al alza en las semanas precedentes y aunque el Banco Central confía en que se normalice pronto, algunos economistas estiman que el precio de la divisa seguirá aumentando un tiempo más. Así y todo la previsión de crecimiento de nuestra economía terminará siendo mucho mejor de lo estimado a mediados de año cuando cifró el aumento del Producto Interno Bruto para el 2021 en 3,9 %. Este lunes el ente emisor nos dio la buena noticia de un empujón que alcanzaría para crecer hasta 5,4 % para finales de diciembre y un 4,5 % para el 2022; también más alto que la proyección inicial de 3,7 %. Las causas, de acuerdo con la autoridad monetaria: un repunte significativo de las exportaciones y la inversión privada en la construcción, el consumo y la recuperación del turismo (dado el avance de las campañas de vacunación). Otro sector de empuje es el de manufactura (dispositivos médicos y microprocesadores) así como el encadenamiento de las multinacionales con las compañías locales. Ahora bien, ¿de qué factores depende que sigamos recuperándonos? O dicho de otro modo ¿cuánto daño nos puede provocar la llamada crisis de contenedores? Y si por la víspera se saca el día y ya vimos el zafarrancho por el marchamo ¿qué pasa si la política electoral impide el avance del trámite de los proyectos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Seguiría aumentando el precio del dólar más allá de la condición de estacionalidad que marca cada año el incremento? Muchas consultas y dos buenos economistas para conversar en. Hablando Claro Luis Mesalles y José Luis Arce.

A estas alturas del año y con la Navidad encima, seguro hasta los menos informados ya habrán escuchado al menos una noticia -aunque sea tangencialmente- acerca de la llamada “crisis de los contenedores”. Se trata en realidad de una crisis global de logística y abastecimiento nunca antes vista que provocará (cuando no está provocando ya en varios países) desabastecimiento y consecuentemente encarecimiento de productos tan variados como zapatos, insumos agrícolas, licores, juguetes, vehículos, artículos de línea blanca y sin fin de materias primas insustituibles para industrializar, producir y a su vez, exportar. Se trata entonces de una situación de caos e incertidumbre que podría generar -a las puertas de la salida de la pandemia- una crisis sin precedentes de incremento de precios o, peor aún, de desempleo y cierre de pequeñas y medianas empresas que podrían sucumbir ante el aplastante peso de la pérdida de inventarios y los elevadísimos costos de los fletes que transportan el 80% de las mercancías que utilizamos por los mares del planeta. ¿Cómo y cuándo este coletazo de monstruo marino gigantesco nos impactará a nosotros en nuestro ínfimo territorio? ¿Es posible hacer algo aunque sea de corte paliativo para aminorar el impacto de una crisis que los optimistas sitúan en el 2022 pero algunos expertos aseguran que podría extenderse hasta el 2024? Si Estados Unidos con todo su poder está considerando sacar a la Guardia Nacional para enfrentar el problema de los puertos californianos donde llegan casi todas las mercaderías de China, y aun así ya se dan por descontados desabastos para Acción de Gracias y Navidad, ¿es posible que nuestra actividad económica y nuestro empleo no se vea golpeado por este tsunami? Conversamos con la ex ministra de Comercio Exterior y actual Directora de la Cámara de Comercio Dyalá Jiménez y con el CEO del Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia Pacífico-América Latina, Andrés Gamboa.

Luis Antonio Sobrado es uno de los testigos de excepción más cercanos del proceso de transformación social y política del país en este acelerado siglo. Un proceso que inició allá por 1998 con el boquete que abriría el sistema bipartidista desde el abstencionismo que, por primera vez en esa elección nos sorprendía con señales de clara disconformidad, hasta constituirse hoy en un sistema totalmente fragmentado con casi tres decenas de nominaciones presidenciales. “No hay personas imprescindibles”, dijo al renunciar la semana pasada a su puesto como magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Elecciones; un cargo que mantendrá hasta agotar vacaciones y terminar el copioso informe de labores que deberá presentar como lo obliga la ley, para alejarse definitivamente de su casa laboral por los últimos 22 años y dirigirse a la academia universitaria y -con casi total seguridad- al mundo amplio que requerirá del concurso experimentado de uno de los árbitros electorales más reconocidos de nuestra América Latina. Por supuesto que no hay personas imprescindibles y que el todo es la suma de muchas partes. Lo valioso es que algunas de las figuras que se elevan por encima de la media y mediocre actitud del promedio para abajo que somos casi todos en estos tiempos, permite aquilatar y dimensionar que, en efecto, aunque todos seamos descartables algunos se hacen realmente necesarios en su ejercicio, pero sobre todo en su actitud ejemplarizante. Nada nuevo hay que aportar al recordar el reciente hecho de que la dimisión tiene que ver con evitarle al TSE el bochorno de señalamientos de posible conflicto de interés por la nominación de su cuñada, la hermana de su esposa, candidata a vicepresidenta de Rolando Araya. Cosa dificilísima de evitar en un país chiquititico en el que todos somos -de una manera u otra- cercanos, conocidos o parientes. Luis Antonio Sobrado podrá ilustrarnos más de todo cuanto ha observado y vivido en estos tiempos políticos cuando deje definitivamente el cargo. Sin embargo, conversar con él horas después de tan personalísima decisión, podrá ilustrarnos un poco acerca de cómo enfocar el proceso eleccionario tan sui géneris al que asistimos.

Dícese que no hay nada peor para un partido político que caer en la irrelevancia o quedar aplastado por una dinámica de discusión electoral que le resulte completamente ajena, esa que ni fu ni fa. En ese afán de ganar notoriedad van las frases altisonantes y las propuestas grandiosas (aunque difusas o ilusas), pero también posiciones que intenten enganchar a una parte del electorado, aunque ello signifique alejarse de supuestos principios de la agrupación o desmarcarse de posiciones que se expresaron tiempo atrás. Un buen ejemplo, aunque no único, es la propuesta pro armas contenida en el programa de gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN), que no ha caído bien ni siquiera en sectores internos, cuyos señalamientos ya no se quedan para discusión intra muros. Aunque se supone aventajado, el PLN no escapa a la corriente de los discursos erráticos, si entendemos como propuesta electoral correcta aquella que sea oportuna ante los mayores problemas del país, responsable en el argumento y la justificación, y coherente con los valores ya instalados en nuestro país y con los de la divisa política, máxime si es una agrupación tradicional. Corresponde leer con cuidado los planes de gobierno, los contenidos de las redes sociales, las respuestas a las entrevistas, la escasa propaganda que produzcan y todos aquellos mensajes que, en la teoría, podrían definir lo que ocurra el 6 de febrero. A este terreno de discusión acudimos en nuestro Hablando Claro con el politólogo y ex ministro liberacionista Roberto Gallardo.

Acosado por la posibilidad de que su parentesco político (no consanguíneo) con una de las decenas de candidatas a vicepresidencia y diputaciones inscritas en la contienda, convirtiera al Tribunal Supremo de Elecciones en víctima de dudas acerca de su imparcialidad, y ello pudiera entonces manchar la solvencia de las elecciones, el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado renunció sorpresivamente al cargo este miércoles. Es sin duda la noticia más relevante en lo que llevamos del proceso electoral y el detonante procede justo del corazón mismo del árbitro de la contienda. Hay que decir que desde hace semanas atrás, justo desde que Rolando Araya Monge anunció como su candidata de fórmula presidencial a Ana Lupita Mora Chinchilla -hermana de la esposa de Sobrado- la especulación en torno al posible conflicto de interés iba y venía en corrillos políticos. Y si bien es cierto el criterio legal y la jurisprudencia establecieron que no había (legalmente, repetimos) dicho antagonismo y que incluso siendo muy quisquillosos podía haberse inhibido del proceso unos meses y seguir en el puesto, él mismo consideró ello como impropio y optó por la renuncia al alto cargo como la vía más digna para él y dignificante para la institución que por casi 15 años lideró como su presidente. Sobrado llevaba 20 años como magistrado, pero aún no tiene condición (edad) para acceder a la jubilación por lo que volverá a las aulas universitarias como docente. Al hasta ahora presidente del órgano electoral mejor valorado en América Latina y uno de los mejor puntuados del mundo, le correspondió encarar en estos años inmensos desafíos, pero sin duda el que más polarización causó en la sociedad y más “facturas” políticas habría de reservar fue el referéndum al que fuimos en 2007 para dirimir nuestra adhesión al TLC de Centroamérica con Estados Unidos. En este proceso tan complejo por el número de aspirantes y el total fraccionamiento de divisas políticas, Sobrado iba a cumplir su último desafío de envergadura antes del retiro, pero decidió dar un paso al costado. En Hablando Claro, tema obligado. Con Gustavo Román Jacobo, asesor político del TSE y el politólogo especialista en proceso electorales, Rotsay Rosales Valladares.

Si bien es cierto las mujeres son el grupo poblacional más disciplinado para el ahorro, la tendencia señala claramente que los jóvenes cada vez se preocupan más por desarrollar este importante hábito previsional. Las mujeres tienden ahorrar más porque son más ordenadas a la hora de hacer las cuentas, pagar las deudas y tener una mayor cultura en la maximización de los recursos. En el Grupo Mutual, por ejemplo, las mujeres tienen el 58 % de las cuentas activas y el 71 % de las llamadas cuentas “Multiahorro”, mientras que los hombres tienen apenas el 41 % de las activas y el 39 % de las tarjetas de ahorro. “Aunque los montos de ahorro de las mujeres son un poco menores que las cantidades de dinero que disponen los hombres para este fin, ellas parecen tener más claros los objetivos financieros dentro del hogar. Muchas los utilizan para gastos médicos, compras navideñas, pago del marchamo, aguinaldo extra, para la cuesta de enero y como prima para obtener una vivienda”. Tal conclusión se desprende de los estudios constantes que realiza el Grupo Mutual acerca de los hábitos de sus clientes. En cuanto a rangos etarios, aunque quienes más ahorran tienen entre 31 y 45 años (34 %) y los más jóvenes de entre 19 y 30 años llegan ahora apenas al 21 %, lo cierto es que hay una clara tendencia a que sean ellos quienes crezcan más en ahorro y de acuerdo con Grupo Mutual esto es así “porque visualizan la necesidad de trabajar en sus propios emprendimientos, garantizarse la educación superior y la de su familia, pagar la prima de su casa y hasta tener alguna garantía en caso de desempleo”. La pandemia demostró también que quienes tenían ahorros lograron asirse con mayor seguridad al embate del desempleo y de las reducciones de jornada. ¿Es posible ahorrar en tiempos de pandemia? Acompáñenos en Hablando Claro para conmemorar el Día Nacional del Ahorro con Mayela Rojas Sub Gerente de Grupo Mutual.

Las noticias de cada día no son especialmente halagadoras. Y siempre, por una razón u otra, preferimos ver para otro lado. Hace unas semanas el Estado de la Educación volvió a poner de manifiesto la muy crítica situación que vive el peldaño más importante de la escalera de la movilidad social del país. Imposible hacer un recuento de los padecimientos que aquejan al sector. Baste recordar que el año próximo un niño, una niña, que ingrese a cursar el quinto grado no sabrá leer y escribir adecuadamente. Todos los correctivos ensayados han resultado menos que tibios y la crisis es de tal magnitud que no se resolverá en pocos años. Menos aún si no la encaramos ya. Nuestro sistema de salud tan vigoroso como es, ha sabido responder a la pandemia, pero las necesidades de financiamiento permanente y el agujero en gasto público que deja la crisis sanitaria en pleno curso es motivo de preocupación para los gobiernos del mundo entero. Y ¡qué decir del enorme desafío de salvaguardar el sistema nacional de pensiones! La semana pasada, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2021) nos tiró un balde de agua fría. Llevamos una década de insuflar el índice de desigualdad, pero para empeorar nuestro desempeño. El coeficiente de Gini per cápita alcanzó el valor más alto desde 2010 (0,507) marcando 0,524. Un año antes, en 2020, fue de 0,519. Un desafío de sobra conocido será por supuesto generar empleo. Pero el otro, será encarar a largo plazo, la disminución de esa brecha que nos coloca hoy por hoy como el país con mayor nivel de desigualdad de los 38 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos adentramos en un nuevo torneo electoral con una cantidad inédita y variopinta de candidaturas presidenciales. ¿Están estos temas puestos en las mesas del debate público? Si no lo están ¿cómo hacemos para sembrarlos y no dejarnos seducir cada día por los triquitraques y artificios que se apoderan de las campañas? Los desafíos de las elecciones venideras y las responsabilidades de sus actores lo conversamos con Eduardo Ulibarri, periodista y agudo analista de nuestra realidad sociopolítica.

Cada campaña electoral es única en su puesta en escena. La actual, por ejemplo, se presenta sui géneris por el abultado número de protagonistas que aspiran al difícil favor de los votantes que, por lo demás, terminaran por decidirse acaso en los días previos al primer domingo de febrero y de aquí a ese entonces, podrían incluso decantarse varias veces por opciones diametralmente diferentes. Así, en este nuevo capítulo de nuestra democracia electoral, prácticamente todo el guion está por escribirse. Pero sin ánimo agorero, también sabemos desde ya, que algunos episodios sí o sí se repetirán, con sus muchos matices. Uno de ellos es el histórico e infaltable papel de los medios de comunicación y sus periodistas de oficio frente a la tirantez que implica la relación con partidos y políticos en el complejo tinglado de campaña electoral. El otro, de mucho más reciente data, pero totalmente anclado en el escenario, es el de las redes sociales, con sus claroscuros; es decir, con lo bueno que tienen para ofrecer, pero también con toda la carga de mentiras, medias verdades, insultos y descalificaciones. Descalificaciones muchas veces -a falta de ideas y buenos argumentos- dirigidas a los mensajeros y no a los mensajes. Artillerías de grueso calibre, en términos de sus consecuencias para una ciudadanía ya de por sí desorientada por la inundación de ofertas y presa de teorías y elucubraciones de todo tipo. Desde las más absurdas falacias, hasta las pujas por la adhesión de los codiciados votos que pretenden alimentarse del ataque a la prensa. Así que al aluvión de sobre información -ungüento del que ya han ingerido mucho con la pandemia- los ciudadanos se enfrentan hoy por hoy, a la disyuntiva de ¿qué creer, y a quién(es) creerle? Con el agravante de que si algunas de las teorías conspirativas emanan de actores mediáticos, la cuestión se torna aún más complicada. El discernimiento, pues, estará a prueba. Hacemos nuestro Hablando Claro sobre el tema con el politólogo Gustavo Araya y el periodista Cristian Cambronero.

La elaboración de las leyes pasa -casi que invariablemente- por la verificación de Sala Constitucional y eso, que es verdad de Perogrullo, quedó más que evidente esta semana parlamentaria en la que los magistrados inhabilitaron (hasta su reparación, claro está) la intención de los diputados de aprobar una ley para que la Caja Costarricense de Seguro Social condonaran deudas pendientes derivadas de cargas sociales tanto a trabajadores independientes como a empresas. La Sala consideró improcedente que se perdonara el principal de esas deudas. Hay que decir que usualmente en las moratorias se perdonan intereses y multas de modo que el fallo no parece para nada sorprendente y, por tanto, ahora los legisladores tendrán que resolver las inconstitucionalidades advertidas. Apenas llegando esa resolución a Cuesta de Moras, los legisladores devolvieron el correo con una consulta -que más constituye estrategia de entorpecimiento- para frenar el avance a segundo debate de la iniciativa de legalización del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial. (Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta). Y mientras ese intercambio se produce entre el Judicial y el Legislativo, el Ejecutivo tiene otra brasa en las manos porque contra viento y marea y pese a la falta de fundamento técnico y por todo sustento, un gran afán de pose electorera, los diputados aprobaron (32-6) la rebaja a los marchamos 2022 que servirán de muy poco a los propietarios de vehículos de menos de 15 millones, pero generan un agujero de 30 mil millones de colones a las ya maltrechas finanzas públicas; lo que significa que ahora el presidente Alvarado queda contra la pared. Si veta el proyecto se gana (aún más) la animadversión de la oposición y si no lo veta, se vería muy poco serio frente al seguimiento de cumplimiento de acuerdos para estabilizar las arcas, amén de que Hacienda se queda sin posibilidad de reponer esos recursos. Finalmente, (tampoco es que fuera sorpresa) los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación rechazaron la reforma legal que permitiría romper el arqueológico monopolio del CNP como proveedor de los alimentos para instituciones estatales (cárceles, escuelas, hospitales) de modo que el estado seguirá comprando productos muchas veces de dudosa o hasta muy baja calidad a precios más altos que los de un supermercado de clase A. De todo este crisol parlamentario, conversamos con el diputado Roberto Thompson.

Seis seres humanos, cinco de ellos costarricenses y a todas luces ajenos a una cita fatal, fueron asesinados el domingo con saña en Llano Bonito de Brunka, en Buenos Aires de Puntarenas. Asistimos pues a una semana de duelo por la violencia delincuencial que se ensaña contra inocentes. Y no podemos de ningún modo soslayar la reflexión acerca de temas que resultan tanto sustantivos como -desgraciadamente- inevitables en todo conglomerado social. Como sucede en cada homicidio hay una historia detrás. Por ahora respecto de este asesinato múltiple, no se sabe mucho y las autoridades guardan con celoso y comprensible hermetismo los pormenores de la investigación, con el propósito de dar cuanto antes con los responsables del macabro hecho. Pero algunos elementos sí que se conocen. Se sabe que el estadounidense Stephen Paul Sandusky (61) que era tico por decisión porque tenía al menos dos décadas de vivir en el país, se quejaba de que a menudo le robaban sus pertenencias. Se sabe también que estaba vendiendo su propiedad de 104 hectáreas en casi 1,200 millones de colones y se sabe que tenía una maquinaria descompuesta y llamó al mecánico César Mauricio Quesada Cascante ese domingo fatídico para que se la reparara. Quesada se hizo acompañar por su hijo, el también mecánico Daniel Mauricio de tan solo 20 años y su mamá Claudia Alina Villarevia (41) y como se trataba, creían ellos, de aprovechar la faena para dar un paseo, llevaron también a sus amigos Susan Anyelic Zúñiga (40) y Willy Alfredo Borbón (38). La muerte los encontró a todos en la propiedad de Sandusky en circunstancias que se indagan porque a decir de expertos en el tema, el ensañamiento en los asesinados no pareciera explicarse en un simple intento de robo. Más allá del móvil, lo cierto es que la violencia es cada vez mayor en la acción delincuencial. Lo es desde hace mucho tiempo y debemos hablar en voz alta de esto para actuar como sociedad y procurar los correctivos necesarios, en la política pública y en la acción comunitaria. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, con vasta experiencia en la materia, nos ayuda a abrir el lente y reflexionar sobre este doloroso hecho de violencia extrema.

Con la mitad de la población meta vacunada por completo y prácticamente un 70 % con la primera dosis puesta, las cifras de hospitalización y decesos siguen decreciendo; aunque claramente todavía no podemos cantar victoria, porque hablar de 25 decesos diarios promedio cuando hubo un momento que aspirábamos a bajar promedios de 5 por día, nos da una idea muy precisa del porqué de la gradualidad de las medidas hacia la apertura total. En las últimas dos semanas epidemiológicas hubo un descenso de prácticamente un 27 % de contagios diagnosticados (de 9,333 a 6,817) en tanto las muertes por Covid-19 pasaron de 200 a 178. Las hospitalizaciones también bajaron; de 1,241 a 1,085 para un 12.5% y los nuevos ingresos cayeron poquito más del 20 % de 659 a 525. Pero, aunque suene cruel señalarlo, las cifras no parecen importar mucho ya a todos quienes no las viven y sufren en carne propia. Hoy el debate está centrado en las medidas en ejecución, especialmente la muy rebatida restricción vehicular nocturna y de fin de semana, así como por las acciones que se pretenden establecer para la navidad. Los reclamos están a la orden del día. Los memes también. Que la vacuna sea obligatoria para el sector público es motivo de indignación para unos (campaña electoral incluida) y, por supuesto, que haya que acceder a un QR para certificar que se está vacunado, se ha convertido en uno de los temas top del momento. La saturación del sistema de salud compite con la saturación para las entradas de Coldplay, pero en un caso es motivo de indignación, mientras en otro se celebra pasar por el aro estrecho del privilegio que tendrán los únicamente 40 mil asistentes al concierto más importante de la reapertura 2022 en el país. Lo cierto es que -aunque falte bastante para el 1° de diciembre- el Ministerio de Salud y sus aliados estratégicos en la implementación y fortalecimiento del sistema informático de validación del cumplimiento del requisito de presentación del ya célebre QR, tendrán que redoblar el paso o anunciar pronto la posposición de la fecha, antes que la situación lleve a mayores tiranteces. Lo conversamos con el ministro de Salud Daniel Salas.

Una cosa está clara: en la lucha por restaurar el planeta de los devastadores efectos del cambio climático, lo único que no puede hacer la civilización humana es abdicar. Y en esa gigantesca batalla, cada estado, cada conglomerado social, tiene un papel que cumplir en la trinchera que le corresponde. Costa Rica no va a mover las agujas del restablecimiento de las temperaturas adecuadas. Es cierto. Pero es un referente hoy en el mundo respecto de los esfuerzos por la recuperación de la cobertura forestal y en general, por el mantenimiento de áreas protegidas, por la generación de energías limpias y porque sueña en grande cuando se plantea la descarbonización de su economía como una meta. Este domingo, algunos de esos empeños fueron reconocidos -una vez más- por el ojo mundial. Al prestigioso “Earthshot Prize” de la Royal Foundation se nominaron 750 participantes. Pero solo 15 alcanzaron un espacio en la final. Y solo 5 resultaron ganadores. Uno de ellos fuimos nosotros; los costarricenses. Obtuvimos el premio de la categoría “Proteger y Restaurar la Naturaleza” porque como dijo el Presidente de la República al aceptar el galardón “somos pioneros en desarrollar de manera exitosa modelos de conservación en tierra”. Solo así pudimos revertir en solo 20 años la cobertura forestal de un 47% a un 60% del territorio. Este “empujón” a nuestros esfuerzos de varias décadas con una política de estado sostenida, nos permiten acceder a un premio de 1,3 millones de dólares (unos 863 millones de colones) que ahora debemos utilizar para replicar lo que hemos hecho con el programa de Pago por Servicios Ambientales y el cuidado de nuestras áreas protegidas, en implementar novedosos modelos en y para la conservación marina. Ello porque, en efecto, el concurso -que se considera el equivalente en términos del medio ambiente a los Premios Nobel- además de reconocer los logros y celebrar a quienes inspiran el cambio, es para “formular llamados a la acción, para juntar iniciativas con donantes, empresas e individuos, para maximizar el impacto y ejecutar las soluciones a mayor escala… Por restaurar el planeta”. En Hablando Claro conversamos sobre este feliz momento con la ministra de Ambiente Andrea Meza y el director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) Jorge Mario Rodríguez.

Las medidas anunciadas para mantener limitaciones a la circulación vehicular de fin de semana y nocturna, así como el establecimiento del requisito de ingreso a varias actividades recreativas y de entretenimiento a partir del 1 de diciembre, y el previo anuncio de vacunación obligatoria para empleados públicos, han generado no solo un aluvión de críticas con su consecuente chaparrón de insultos ya comunes. No. También un ejército de abogados comandados en algún caso por un político, alistan recursos legales y hasta refuerzan estrategias electorales contra las decisiones del Ejecutivo. Hay de todo en el panorama. Pero sin duda lo más notorio por la forma, por el tono y por el fondo, ha sido la triple alianza de un sector sindical, un diputado y la tristemente célebre defensora de los habitantes, apoyando a los antivacunas. Un respaldo que llegó a límites penosos el viernes cuando los movilizados llegaron hasta las instalaciones del Ministerio de Salud a vociferar contra los funcionarios responsables de la rectoría de la política pública sanitaria del país. Aunque las restricciones de acceso están a la orden del día en muchos países del mundo en plena transición pandémica, a juzgar por el debate local, los costarricenses parecemos olvidar que los grandes obstáculos a la vida cotidiana que nos infligió el SARS-Co-V-2 no solo nos afectan a nosotros. Por ejemplo, en Suiza, una democracia de incuestionable defensa a las libertades individuales, es indispensable presentar el QR acreditando la vacunación para ingresar a bares, sodas, restaurantes y museos, entre otros. Lo mismo sucede en otras naciones europeas e incluso en varios estados de los Estados Unidos. La premisa es ofrecer la máxima seguridad y garantía a los asistentes a un evento determinado, de modo que el derecho de admisión que hace cumplir con interés legítimo la empresa privada o la institución estatal, sea tanto un sello del negocio, al mismo tiempo que el cumplimiento de una política pública sanitaria para mantener a raya los contagios en tanto se logra la estabilización completa de la circulación del virus y el retorno a la normalidad vuelve a ser la constante, como lo fue hasta la irrupción mundial de la Covid-19. De todos estas medidas y sus consecuentes tiranteces, conversamos en Hablando Claro. Con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís.

Fotografía: Miriet Ábrego/Semanario Universidad. A falta de dos semanas para que concluya el actual período de ordinarias -en el que tienen control de sus iniciativas- los diputados aceleran el paso limpiando una amplia agenda de pequeños proyectos de ley. Necesarios, sí. Pero la mayoría, pequeños. Es decir, de poca o limitada envergadura. En el argot parlamentario, históricamente estos proyectos se han conocido como “chayotes”. Al paquete actual, se le ha endilgado el mote de “olla de carne”. Lo cierto es que en 8 sesiones más, el 28 de octubre, concluirán las ordinarias y los legisladores quedarán a expensas del diálogo y la negociación obligada con el Ejecutivo, que pugnará por la agenda de proyectos duros. Los que (de aprobarse, claro está) nos permitirán acceder a las siguientes fases del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ambos poderes, además, quedan atados a partir del 1° de noviembre por el trámite tortuoso del proyecto de presupuesto ordinario de la República, un campo tradicional de guerra política, que debe llegar a término el 30 de noviembre, momento para el cual la campaña electoral previsiblemente estaría ya a temperatura media. Así, entre ofertas electorales, el imán del trabajo de organizar la caza de votos que es consustancial a la faena de los diputados y las obligaciones de avanzar en lo sustantivo, el Congreso se encamina a uno de sus momentos de mayor intensidad política por un lado y por otro, también de dificultad, para todo. Incluso para formar quórum. Es la dinámica habitual del escenario político por excelencia en la democracia republicana. Y sobre ello, sobre las iniciativas aprobadas y en curso y acaso sobre las proyecciones para lo que ha de venir en Cuesta de Moras, conversamos a cierre de semana en #HablandoClaro con el cronista parlamentario Aarón Sequeira y el comunicador y politólogo Saúl Buseta.

Son tiempos complejos. Y no porque nos haya sobrevenido lo impensable, lo inimaginable que pudo haber resultado hace unos meses una pandemia, hasta para el más avezado en la ciencia ficción. No. Los tiempos ya corrían inciertos y difíciles antes del virus. Por la exacerbación de los ánimos confrontados, por la inconformidad para con la(s) democracia(s) y sus magros resultados, por el recrudecimiento de los conservadurismos frente a las banderas cada vez en alto de las libertades y derechos, y por un sinnúmero de otros temas, atizados todos por la guerra sin fin de las comunicaciones, las mentiras, las verdades a medias, las posverdades… Y en prácticamente todos los órdenes de la vida de hoy, encienden luces potentes los Derechos Humanos. Los viejos derechos y los más nuevos. Los que nadie (a casi nadie) discute. Y los que son en extremo debatible. ¿Es posible y hasta adonde obligar a un escéptico a vacunarse? La pregunta no pretende ahondar sobre lo que ya sabemos. Porque ya sabemos que sí se puede. Al menos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Estado de Derecho, la vacuna obligatoria sí va. ¿Es posible que con subterfugios legales -como pretenden ahora hacerlo para favorecer a empleados públicos reacios- se sobreponga el derecho individual al derecho colectivo a la salud pública? ¿Las multas, sanciones y eventuales procedimientos serán de verdad "ejecutables" para un sencillo empleado público y hasta para un diputado de la República? El Ejecutivo avanza sin vacilación y, al igual que en naciones europeas o en estados de los Estados Unidos, establece para las próximas semanas la apertura total con obligatoriedad aparejada de carnet sanitario. ¿Somos lo suficientemente maduros en términos de ciudadanía, para cumplir y hacer cumplir ese requisito de ingreso a espectáculos y divertimentos? Lo observamos desde la perspectiva constitucional y de Derechos Humanos con el jurista Marvin Carvajal en nuestro Hablando Claro.

El salario mínimo es un obstáculo para la generación de empleo, se decía con frecuencia mucho antes de que pandemia y tecnología se mezclaran como un cóctel contra el modelo de trabajos que primó por décadas. Y se dice ahora también, contrario a lo que mostró el economista canadiense David Card, que acaba de ser reconocido con el Premio Nobel de Economía 2021. Los aportes a la economía laboral de Card, del estadounidense Joshua Ingrist y del holandés Guido Imbens recibieron el galardón mundial ahora que la mayoría de los países busca el camino de aumentar los empleos en circunstancias que no acaban de aclararse. Sí está claro, desde los estudios de los tres economistas, el valor del salario mínimo, del impacto de la educación general en el mercado laboral y del fenómeno migratorio sobre la producción, elementos importantes los tres en el contexto de nuestro país. Con el economista José Luis Arce traemos a contexto propio los postulados que se reconocen con el Nobel y los proyectamos a la discusión que sin duda deberá ocupar un espacio en la competencia electoral ya encaminada.

Cuando hablamos de las áreas donde tenemos rezagos enormes necesariamente tenemos que incluir al transporte público, que en nuestro país casi se reduce al servicio de autobuses. No es que lo ignoremos, pues en años recientes ha ido creciendo la discusión sobre la necesidad de mejorar el servicio y eso pasa por mejorar unos aspectos, como la calidad de la flota o la precisión de horarios, y por incorporar otros, como el pago electrónico o la postergada sectorización. Lo malo es que poco avanza, sea por incapacidad de la institucionalidad o por el alto poder de influencia de una industria que generaba hasta antes de la pandemia $385 millones anuales concentrados en pocas manos. El resultado final lo paga, además, el sector de la población con menos capacidad de presión sobre instancias públicas. El último episodio fue el fracaso del MOPT en la ejecución de las concesiones en nuevas circunstancias, lo que hace que las empresas continúen dando el servicio pero bajo otra categoría legal que, a fin de cuentas, permite que poco cambie. En la práctica son casi monopolios y ya sabemos lo que eso provoca en la calidad del servicio o las tarifas. Sobre este sector sensible y complejo, y lo que viene, conversamos con Jessie Vega, representante de los usuarios en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).

Mucho del paisaje político actual tiene que ver con la irrupción del PAC hace 20 años, de sus cinco campañas, de la tercera vía que representó y de los dos gobiernos que acumula ya. Luego vienen muchos otros factores, como la postergación de soluciones complejas, la transformación del electorado (o los electorados) y la detonación de circunstancias que crecían en silencio. Para muchos, el PAC fue un cambio inútil, un no-cambio o incluso un cambio indebido. Para otros, el PAC fue solo el partido al que llegó la papa caliente y para otros, una transición del sistema político hacia algo que aún no alcanzamos a dibujar con precisión. Otros, seguro que la minoría, ven que el PAC hizo en esta administración un esfuerzo por "hacer que la democracia funcione" materializándose en decisiones que ciertamente no reciben el agrado popular. Esto último es lo que dice Ottón Solís, el nombre asociado al PAC durante toda su historia hasta ahora, después del frustrado nombramiento ante la OCDE que, sin embargo, no lo inhibe de halagar lo que considera un punto alto de este gobierno: no renunciar a maniobrar en los cauces de la democracia (la realidad política) para proponer algo tan inusual como dos reformas fiscales en un mismo cuatrienio. El fundador y referente del partido rechaza entonces que la administración Alvarado, a siete meses de su despedida, contenga el neoliberalismo o la traición que le atribuye el sector del PAC representado en buena medida por su candidato presidencial, Welmer Ramos, a quien hasta hace un tiempo los periodistas llamábamos "ottonista". Pocas piezas calzan en el oficialismo y el entorno lo mira atento. Con Ottón Solís conversamos en Hablando Claro.

Podríamos quedarnos con las buenas palabras que sobre la economía de Costa Rica contiene el comunicado la misión del FMI después de dos semanas de reuniones con sectores varios y variados de la dinámica política nacional. Sí podríamos, pero conviene hacerle una lectura fina para saber trascender los elogios a la política económica y a la mejoría de la proyección de crecimiento del PIB, además del cumplimiento "holgado" de las metas fiscales al cierre del mes julio. La misión le llama "crucial" y al mismo tiempo "ambicioso" al proyecto de Empleo Público que flota en la Asamblea Legislativa y que recibe el esperado rechazo de gremios en tiempos ya electorales. También dice que "esencial" avanzar en toda la agenda que también transita desperdigada entre las manos legislativas sin que el Gobierno logre hacer mucho para aprobarla y poder decirle "cumplí" al FMI. ¿Qué valor tiene un pronunciamiento como este? ¿Cuál es el mensaje lanzado hacia el corto plazo? ¿Estamos más cerca del salario único para funcionarios o de nuevos impuestos para cumplir los compromisos? ¿Es sostenible la regla fiscal tal como se está aplicando? Las preguntas abundan y se las planteamosa Elián Villegas, ministro de Hacienda con la compañía del economista José Luis Arce.

"La democracia es eso que no puede cambiar para que podamos seguir cambiando lo que queramos cambiar", dice en su discurso el magistrado Luis Antonio Sobrado al firmar el decreto de convocatoria a un nuevo proceso electoral en casi 70 años de que el país los celebra de manera ininterrumpida y envidiada por muchos otras naciones. Es claro que el momento es crítico y complejo en lo económico, político y lo social. Entendemos además que la oferta electoral es engorrosa como también es difícil para los partidos ganarse el voto de un electorado diverso, a menudo exigente, tal vez desconfiado y a veces hasta contradictorio, pero también interesado en las elecciones y convencido de que en las urnas se incuban muchos cambios sustantivos. Para que salga bien, sin embargo, no podemos dar por sentado el buen proceder de todos los actores de la contienda. Por eso Sobrado llama a los partidos (de cualquier tendencia o edad) a conducirse con ética y respetar las reglas electorales, a los electores a no dejarse vencer por el hastío o la frustración y a los medios de comunicación -a nosotros- a ofrecer información de calidad, aunque se supone que siempre debería ser así. Tomamos la palabra al magistrado Sobrado en nuestro Hablando Claro con Ilka Treminio Sánchez, doctora en Procesos Políticos Contemporáneos, para releer los mensajes planteados desde el TSE y el contexto en que nos encauzamos al ejercicio del voto. De nuevo.

Cinco años después de los Papeles de Panamá nos llegan los de Pandora y en el fondo la noticia vuelve a ser la misma: una red transnacional de abogados que permite a dueños de grandes riquezas esconderlas en países que hacen de refugios fiscales y así no tributar todos los impuestos establecidos en los países de origen. De Shakira a Pep Guardiola, de Sebastián Piñera al rey emérito de España, de los Legionarios de Cristo o Vargas Llosa a la cooperativa costarricense Dos Pinos… Los beneficiarios de esos entramados se conocen ahora gracias a la nueva revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en asocio con decenas de medios de comunicación en varios países. Costa Rica Medios fue la contraparte en nuestro país con la coordinación de la periodista Mercedes Agüero, que nos acompaña este miércoles junto al economista Fernando Rodríguez para detallar y contextualizar las nuevas informaciones sobre uso de paraísos fiscales. Con nuevos datos sobre personas o empresas que desde Costa Rica aprovechan esos caminos, y con la actualización de lo que pasó (o no) tras los Papeles de Panamá en 2016, los esperamos en nuestro Hablando Claro.

Dice Christiana Figueres en su libro que no creer en los efectos del cambio climático es como no creer en la fuerza de la gravedad, que ejerce sus efectos contundentes independientemente de lo que pensemos o digamos. También dice que vamos tarde con la contención del calentamiento global, pero que aún hay márgenes para evitar escenarios radicalmente distintos del mundo en el que hemos vivido. Muchos de los adultos actuales no estarán para ver las consecuencias de su generación, pero sí la juventud y la niñez a la que decimos desear un mundo mejor. Ahora también está constatado que la crisis climática es una crisis de los derechos de la niñez, según un informe reciente de UNICEF sobre las consecuencias de vivir en edades tempranas la degradación del ambiente y la consecuente insatisfacción de necesidades básicas. Hay que mirar las políticas de sostenibilidad ambiental con los ojos de los menores y dar cabida en la discusión sobre el clima, ya enclavada en el debate político local e internacional, a los liderazgos que de allí surgen. Por eso los invitamos a nuestro programa con Zoraya El Raiss, Oficial de Cambio Climático y Reducción de Riesgos en UNICEF para América Latina y el Caribe, y con los activistas jóvenes costarricenses Sara Cognuck, consultora, y Antonio Muñoz, estudiante, que recién participaron en la reunión juvenil mundial preparatoria para la conferencia COP26 que se realizará en noviembre en Escocia.

En esta semana entramos formalmente a campaña electoral y no debería ser una mala noticia, aunque desde luego el ánimo está lejos de percibir que llegamos a una ‘fiesta electoral’ como se decía antes. Sobra decir que los partidos, los gobiernos, los diputados, instituciones y otros actores de poder tienen sus cuotas altas de responsabilidad no asumida, pero sería demasiado fácil para los ciudadanos señalar que todo es por culpa de ellos, de los otros, de los de allá. La tarea ciudadana no se limita al voto, pero mucha radica ahí e implica otros ejercicios, como el de informarse bien, no morder la manzana de la resignación y discutir en tiempo electoral sin echar combustible al ambiente. De convivencia en tiempos de elecciones, de ciudadanos perseguidos por plataformas de desinformación sofisticadas o no, y de las circunstancias del paisaje nacional que condicionan una sana convivencia en tiempo de campaña hablamos con el abogado Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y estudioso permanente de la comunicación en política.

Acaba la semana en que el FMI avanzó consultas diversas sobre el (no) avance de los proyectos del acuerdo bilateral, en que los diputados le hicieron la cruz a la comisión que (no) investigaba la señalada penetración del narcotráfico en la política y en que se asomaron expresiones de rechazo a la vacunación anti COVID-19, ahora que se anuncia obligatoria para funcionarios y posiblemente muchos empleados de empresas privadas. Son temas que marcan el terreno político mientras termina de armarse la oferta electoral para la campaña que se inicia tan pronto como este miércoles. Es posible, pues, que sean temas de campaña manifestados en discusiones sobre sector privado/sector público (motivo de conflictos internos en partidos tradicionales), corrupción o politización de la pandemia. Tampoco podemos descartar otros ejes posibles de la campaña, quizás resabios del pulso conservadurismo/progresismo que ya experimentamos en 2018. Y debemos, así, en imperativo, colocar en campaña el abordaje de la crisis en educación y del financiamiento de la sanidad social e incluso pensiones. Conviene unir noticias, conectar hechos que por sí no ocurren aislados e interpretarlos en su contexto. Con el análisis de Eduardo Ulibarri hacemos la tarea iniciando un mes que se prevé copioso.

Nos asustamos en mitad del 2020 cuando el desempleo nacional llegó a 24 % y de alguna manera nos alivia que se reduce en cada nuevo reporte, pero cuidado con los detalles: ya se empieza a mirar en el horizonte el fin del 2021 y exactamente esa es la tasa de desempleo actual para las mujeres, aún cuando menos de la mitad de la población femenina busca o tiene una actividad remunerada. Y del total de las que tienen trabajo, casi un 20 % posee solo un tiempo parcial y desea laborar más horas. Luego se puede mirar la calidad de ese empleo y la remuneración comparada, y sabemos que los resultados no son favorables, pero la brecha en el acceso a recursos llega también a otras áreas: son menos las beneficiarias de los créditos que los beneficiarios, además de que a ellas les prestan menos dinero que a ellos, según un informe reciente de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef). Claro, tienen menos ingresos que reportar ante la entidad acreedora y también menos posibilidades de una garantía hipotecaria. El 25 % del todo no califica para créditos, mientras en los hombres es el 18 %. Y aún así, son menos morosas. Junto a estas realidades, basadas en problemas históricos pero visibles en el momento de crisis por la pandemia y sus efectos en la economía, corren proyectos como el de permitir la ampliación de jornadas laborales para poder trabajar cuatro días y descansar tres, lo que puede impactar diferente en la mujer trabajadora y sumarse a las condiciones del mercado laboral que obviamente impactan también en el proyecto de una pensión. A la situación laboral de las mujeres y los márgenes políticos para afrontar posibles soluciones dedicamos nuestro Hablando Claro con la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero.

La vacunación contra COVID-19 es obligatoria para trabajadores del Estado. Se dice fácil y se puede celebrar la medida, cuestionarla o someter a dudas por la posibilidad de ejecutarla, pero es una noticia relevante para Costa Rica, una decisión quizás única en América Latina. Además los patronos podrán obligar a sus empleados a aplicarse la vacuna y hay apoyo de algunos sectores empresariales que ven esta medida como una manera de frenar el avance de la pandemia sin volver a las restricciones del 2020. Además se prolonga un par de semanas más la restricción vehicular atenuada, se permite hasta 10 pasajeros de pie en autobuses y los bares podrán ocuparse hasta un 50 % de su capacidad. Hasta 5.000 aficionados podrán asistir al encuentro de futbol de la Selección Nacional el 10 de octubre... Pero solo si están vacunados con el esquema completo. Los hoteles prácticamente no tendrán limitación sanitaria a partir de noviembre, en antesala de la esperada temporada alta para turismo que, sin embargo, podrá llegar sin haberse vacunado. ¿Es eso suficiente y oportuno? Como en toda la pandemia, en la mira está el equilibrio entre economía y salud. Desde ambos lados ha habido molestias, pero entramos ahora a una fase más centrada en la vacuna, después de comprobar que una parte de la población muestra desidia ante la campaña de inoculación y que esa parte es significativa. Y los indicadores de la pandemia aumentan. Con el epidemiólogo Juan José Romero y la compañía del economista José Luis Arce analizamos la pertinencia, suficiencia y factibilidad de las medidas.

Las celdas del OIJ están llenas de personas que deberían estar en cárceles regulares y las cárceles regulares están llenas con personas podrían pasar a un régimen abierto, según el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia más bien se aferra a la posibilidad de seguir utilizando los centros al margen de las órdenes judiciales de cierre, e incluso de alojar privados de libertad en gimnasios para cumplir los aislamientos sanitarios contra COVID-19. Autoridades del Poder Judicial advierten del peligro de entorpecimiento de los procesos penales porque no pueden disponer de las celdas temporales del OIJ y ahí va la cadena. Podemos concluir que se trata del colapso del sistema carcelario y de un conflicto entre Poderes, sin que en la discusión aparezca necesariamente un enfoque de derechos humanos. La situación es grave aunque se quiera seguir escondiéndola bajo la alfombra. Ponemos ahí el foco con el abogado Marco Feoli, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y exministro de Justicia.

La gran mayoría de la oferta electoral del 2022 está definida después de dos semanas intensas en los principales partidos políticos del país. Ya podemos estudiarlas, descartarlas o considerarlas. Conocemos ya buena parte de las candidaturas propuestas para la Asamblea Legislativa, nombres con poder propio en algunas ocasiones, y otras veces lanzados al ruedo en función de la competencia presidencial. Eso de presentar ‘equipos’ es la norma en partidos de toda especie, que no falta variedad. Las nominaciones son también el resultado de las relaciones internas de los partidos, ahora que es cada vez más difícil lavar los trapos en casa. Y eso también merece análisis, porque hay importantes damnificados. Para ello conversamos con el politólogo Constantino Urcuyo y su acervo vasto en procesos electorales y sus tendencias.

No ha sido días neutros en acontecimientos políticos y las repercusiones en la Asamblea Legislativa merecen atención nuestra. El presidente Alvarado hizo en su discurso de Bicentenario un llamado de urgencia por los proyectos del acuerdo con el FMI, pero pronto tornó en escaramuza y pedradas con la fracción más grande de la Asamblea Legislativa, PLN, que prefería seguir a paso lento; pero después vino la presentación de Rodrigo Arias como el elegido del candidato Figueres para ser diputado en 2022-2026 y él -voz que escuchan- dice que eso urge. Esto ocurre mientras un equipo del FMI hace la primera revisión de seguimiento a las metas comprometidas por el Gobierno, mientras los proyectos apenas se mueven entre comisiones y reglamentos, y mientras los distintos partidos arman sus cuadros de candidaturas para las elecciones de febrero... y mientras se manifiestan en hechos concretos las medidas de austeridad: la regla fiscal impide al INEC hacer el Censo del 2022. Así empieza a verse en el horizonte el final del Gobierno, sí, pero también el final de la actual integración legislativa, con temas múltiples, variados y valiosos o adversos para una campaña electoral. Queda conectividad educativa, prohibición petrolera y empleo público como proyecto central de la agenda fiscal, y la lista continúa. ¿Qué márgenes hay para acuerdos políticos? ¿Qué expectativas tiene el Gobierno en su flaqueza legislativa? ¿Tiró la toalla o parte de ella? Tenemos preguntas y repreguntas para Geannina Dinarte Romero, ministra de la Presidencia invitada a nuestro programa de Hablando Claro.

Hace varios meses la Superintendencia de Telecomunicaciones decía que es “urgente” que el Gobierno disponga de las frecuencias necesarias para implementar esa 5G que entendemos como una autopista de alta velocidad de internet que permitiría “atraer inversión, ganar competitividad y potenciar el desarrollo económico y social del país”. Ese “urgente” ahora entendemos como un término relativo. Desacuerdos y dudas institucionales han imperado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), grupo empresarial público que tiene en su poder las frecuencias necesarias para esa 5G y que no acaba aún sus análisis técnicos propios para cederlos o no. Ahora conocemos que el Micitt (es decir, el Gobierno central) teme que una recuperación rápida de esas frecuencias provoque reclamos de indemnización por parte del ICE, empresa a fin de cuentas, a pesar de las particularidades y los pulsos internos que allí se alojan. Atenidos a lo que señala Sutel, se requieren unos dos años desde el banderazo de salida hasta un refrendo final, pero el proceso ni siquiera empieza en lo formal, con el agravante de que respiramos ya política electoral y en el horizonte se ve el final del gobierno de Carlos Alvarado, de posiciones más bien pasivas en relación con 5G. Vamos tarde, como en otras áreas. Pero podríamos ir tardísimo si persisten los nublados institucionales y de cuotas de poder. Mientras, hay una industria esperando y beneficios públicos que también se proyectan en los estudios. Volvemos al tema este jueves con el exministro Luis Adrián Salazar y sus posiciones aferradas al sentido de urgencia que señalaba la Sutel.

Fotografía: Semanario Universisdad/ Miriet Ábrego No estaba en el guion la posibilidad de ver en una misma foto al candidato presidencial José maría Figueres y al exministro Rodrigo Arias, ahora candidato legislativo del Partido Liberación Nacional para las elecciones de febrero. Aunque han vivido por años en la misma casa política, lo han hecho en pasillos diferentes. Las circunstancias y las negociaciones, sin embargo, se imponen al momento de presentar la oferta electoral y este es un movimiento que agita las aguas internas y capta la atención desde fuera también. El anuncio en el PLN se suma a la conformación de papeletas legislativas de los partidos de todo tamaño, ahora que la pelea por el acceso a la Asamblea Legislativa cobra especial relevancia. No es gratuito, ni intrascendente. La pérdida de poder relativo de los gobiernos eleva el margen de acción del Congreso como un todo y de cada uno de los 57 escaños. Y ese panorama para el periodo 2022-2026 se prevé tan o más fragmentado como ahora, complejidad incluida. Las candidaturas son también, quizás sobre todo, llamado electoral con mensajes desde la experiencia, la renovación o la cercanía con sectores específicos del electorado. Se incluyó también la supuesta capacidad para atender los problemas que acusa la mayoría de la población, muchos de ellos del ámbito de la economía. Hacemos nosotros el análisis en mitad de semana con la politóloga Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la UCR y con el economista José Luis Arce.

La velocidad a la que están muriendo pacientes con COVID-19 en Costa Rica hace muy probable que al menos una vida más se haya apagado durante la hora de nuestro programa de este lunes. Son más de 6.000 los fallecimientos registrados al incluirse los datos el último fin de semana, mientras cientos de trabajadores de la Caja del Seguro Social esperaban a personas que quisieran vacunarse, y muchos otros salieron a buscarlos puerta por puerta, en ferias del agricultor, en paradas de buses, en canchas de futbol... En los hospitales, más de 1.300 personas internadas y casi 500 en las salas de pacientes críticos, dos registros que llevan irreductibles por varias semanas y que se manifiestan en la cifra más dolorosa: la del luto por enfermos que sucumbieron ante el coronavirus o incluso por otras patologías donde la atención médica compite con la que requieren los pacientes con COVID. Porque son dos los elementos particulares del momento de la pandemia en los hospitales: el cansancio que crece y crece en el personal sanitario y el aumento de otros padecimientos que también resultan críticos. Por ejemplo, la reducción de accidentes de tránsito registrada en 2020 ya no es tal. Porque en la calle también hay un momento particular de la pandemia: la circulación veloz del virus, la población vacunada a medias y la actitud colectiva de recuperar muchas de las actividades de antes de marzo del 2020 porque sentimos que ya es demasiado. Volvemos entonces a asomarnos por una de las ventanas de la pandemia. Lo hacemos con la presencia del doctor Roy Wong, epidemiólogo y miembro de la sala de situación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al tanto de la disponibilidad de recursos, de las curvas y las proyecciones de COVID-19 y otras enfermedades que pesan.